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El pánico que, según Richard Herr, atenazó a Floridablanca, no era un miedo injustificado, sino que se hallaba apoyado en la desconfianza que resultaba del conocimiento de dos importantes realidades españolas: la constatación de que faltaba un dispositivo de seguridad y orden público que pudiera contrarrestar la delincuencia política y, en segundo lugar, el malestar existente en muchas ciudades por la escasez y el alto precio del pan, situación que guardaba cierta similitud con lo ocurrido en París. El mismo Floridablanca había sufrido el 18 de junio de 1790 un intento de asesinato protagonizado por un francés, llamado Juan Pablo Peret, residente en España, al que se le relacionó con los clubes que alentaban la propaganda antiespañola desde el otro lado de la frontera y que prometían fraternidad y "ayuda a todos los pueblos deseosos de ganar su libertad". No pudo probarse la vinculación del asesino con los revolucionarios franceses, y Peret fue ahorcado el 18 de agosto en la plaza madrileña de la Cebada sin que confesara los móviles de su acción. Desde los motines de 1766, el orden público estuvo presente en las inquietudes gubernamentales, y esa preocupación dio lugar a la creación de toda una serie de cuerpos destinados a velar por la seguridad, como la Compañía de Fusileros de Aragón, dependiente del Capitán General de aquella región, y cuya misión era la represión de delincuentes, vagos y desertores; los llamados Miñones, creados en Valencia en 1774; y la Compañía de Escopeteros Voluntarios de Andalucía, que iniciaron su labor en 1776 y que venían a sumarse a cuerpos creados durante el reinado de Felipe V, como los mossos d'esquadra en Cataluña, nacidos durante la Guerra de Sucesión por iniciativa de catalanes borbónicos. Las instituciones de seguridad existentes en España al iniciarse el reinado de Carlos IV, según Enrique Martínez Ruiz, estaban caracterizadas por su multiplicidad y sus escasos efectivos, su desconexión entre sí y sus competencias limitadas a áreas territoriales reducidas, con prioridad en los centros urbanos. En ese mosaico institucional descentralizado no existía ninguna dirección capaz de su coordinación. En 1782 se había establecido una Superintendencia General de Policía dependiente de Floridablanca, pero que estaba circunscrita exclusivamente a Madrid y que sería desmantelada en junio de 1792, poco después de la caída del Secretario de Estado. En 1789 era claro que no existía una visión de conjunto del orden público; y resultaron insuficientes las medidas tomadas por el gobierno para paliarla, como la creación de la Comisión Reservada, la confección de un censo de extranjeros en España o la remisión de órdenes a los corregidores para retirar toda la propaganda que estimaran subversiva. La llamada Comisión Reservada fue creada por Floridablanca en 1791 con el fin de poder afrontar la amenaza política. Tenía como objetivo perseguir a los maledicentes políticos y evitar, así, que pudiera prender en España la semilla subversiva. Sus comisionados debían introducirse en las tertulias de personajes influyentes e informar de los temas de conversación y de quiénes intervenían: para observar, y oír si o no hablan contra los Reyes de España, sus ministros, el Excmo. Sr Gobernador del Consejo, del Gobierno, contra los tribunales, si o no se hace justicia contra otros Reyes de la Europa, sus ministros o gobiernos, si son buenos o malos... La segunda medida, que pretendía lograr un mayor control de los extranjeros, especialmente franceses, existentes en el país, se convirtió en una necesidad inaplazable. Si bien desde 1764 existía la obligatoriedad de confeccionar anualmente listas de extranjeros residentes en los puertos y lugares de comercio, esta disposición había caído en desuso y hubo que sustituirla por otra más precisa y mejor adaptada a las necesidades del momento. Una Real Orden de 12 de julio de 1791 estipulaba la formación de matrículas de extranjeros residentes en estos Reinos con distinción de transeúntes y domiciliados. Según su contenido, se exigía a los alcaldes de barrio de Madrid y a los corregidores del resto de España la confección de matrículas de extranjeros, distinguiendo entre transeúntes y avecindados, anotando su nacionalidad, su estado civil, su oficio y el motivo de su residencia. Sólo se permitiría la estancia en España a aquellos avecindados católicos que jurasen fidelidad a la religión y al rey, por lo que tenían que renunciar a sus derechos de extranjería, y a los transeúntes que contaran con licencia de la Secretaría de Estado, prohibiéndoseles a estos últimos el ejercicio de profesiones liberales u oficios mecánicos. La disposición se complementaba con el refuerzo del control de pasaportes por parte de los Capitanes Generales de los territorios fronterizos, mediante el riguroso examen de la identidad de sus poseedores, si bien esta medida no parece que diera los resultados apetecidos, pues tuvo que ser reiterada por una circular del Consejo el 2 de septiembre de 1802. Por los trabajos efectuados sobre las listas confeccionadas cumpliendo la Real Orden de julio de 1791, especialmente por Salas Ausens, sabemos que su elaboración no fue todo lo precisa que cabía esperar de las minuciosas especificaciones que se indicaban en el texto legal, pero al menos ha permitido conocer algunos aspectos genéricos de la presencia extranjera en España a la altura de 1791. Los portugueses se concentraban en Extremadura, contando con cierta presencia en la Andalucía Occidental y Galicia, donde se dedicaban preferentemente a trabajos en el medio rural. Los italianos se circunscribían, sobre todo, al levante español, Cádiz, donde constituían la colonia extranjera más numerosa, y Madrid, mientras que los inmigrantes procedentes de países de habla alemana estaban mayoritariamente asentados en tierras andaluzas y dedicados a la agricultura. Pero era la colonia francesa la que recibía una atención especial. Los franceses residentes en España se encontraban preferentemente en núcleos urbanos. Todas las ciudades portuarias contaban con una colonia francesa, siendo Cádiz, con 1.716 franceses censados, la que reunía un mayor número de residentes. Madrid también aportaba un censo elevado, en torno a los 1.500 individuos, y existían núcleos de cierta entidad en poblaciones próximas a la frontera que, tradicionalmente, eran focos de transacción mercantil, como Tudela o Pamplona. Lógicamente, en su mayor parte se dedicaban al comercio, tanto al por mayor como al minorista. La crisis de subsistencia, y el malestar consiguiente, incrementaban la preocupación en el estado de ánimo de Floridablanca. Los años de 1775 a 1789 están considerados como un período que conoció alzas violentas en los precios del cereal. Las malas cosechas, especialmente la de 1788, y las prolongadas sequías, dieron como resultado que en 1789 los precios alcanzaran cotas muy elevadas. En febrero de ese año, cinco meses antes de que se viviera en París el inicio de la Revolución, tuvo lugar en Barcelona un motín que elevó el grado de preocupación de la Corte, temerosa de que se extendiera por Cataluña y el resto de España, como sucedió en 1766 tras el motín de Esquilache. El 28 de febrero, ante una nueva subida del pan, cientos de personas saquearon las panaderías de la capital de Cataluña, obligando al Capitán General, conde del Asalto, a ponerse a salvo de las iras de los manifestantes, produciéndose durante tres días violentos choques entre el ejército y el pueblo. Hubo 40 detenidos y se ahorcó a cinco hombres y una mujer. Estos "rebomboris del pá", estudiados por Irene Castells, elevaron notablemente la alarma de Floridablanca, y el Real Acuerdo de Cataluña resolvió que en todas las poblaciones del Principado se detuviera a todo aquel que iniciara alborotos, pues también se habían producido algaradas en Mataró, Valls y Vic. La crisis, no obstante, se mantuvo en una situación extrema por lo elevado del precio del cereal y la inquietud social que provocaba. En mayo, por ejemplo, el precio del trigo alcanzó en Cervera cotas hasta entonces desconocidas, y hubo que crear una Junta de Caridad para socorrer a los vecinos más necesitados que no podían adquirir pan en el mercado. Gonzalo Anes ha observado que en estos motines nacidos de la crisis de subsistencia comenzaban a aparecer elementos ideológicos muy preocupantes para las autoridades, como gritos alusivos a la libertad o pasquines subversivos. En 1791, por ejemplo, los trabajadores del gremio de la seda valenciano remitieron un escrito al marqués de Mirabal, donde le manifestaban la situación de paro y hambre en que se hallaban y amenazaban, si no se les daba trabajo y pan, con amotinarse, quemar la ciudad y hacer lo mismo que en Francia.

La Inquisición española era un organismo ligado a la Iglesia y a las formas históricas de religiosidad hispana, con cierta autonomía respecto del poder eclesiástico de Roma y sometida al poder de los monarcas. Fue creada a instancias de los Reyes Católicos para investigar y castigar los delitos contra la fe, en especial para hacer frente al problema de los conversos judíos. El primer tribunal creado actuó en Sevilla en 1480 y en 1483 se creó el Consejo de la Suprema y General Inquisición con autoridad sobre todos los tribunales provinciales y como Inquisidor general Fray Tomás de Torquemada.El período de actuación más dura de la Inquisición fue durante el reinado de los Reyes Católicos, a partir de Carlos I los procedimientos fueron menos rigurosos. Fue suprimida en 1808 durante las cortes de Cádiz y definitivamente en 1834. El cuadro Auto de Fe de Berruguete nos da una idea del contexto en que se desarrollaban las penas impuestas por la Inquisición.

El 1 de noviembre de 1478 el papa Sixto IV, a petición de los Reyes Católicos que habían enviado a Roma al obispo de Osma, concedía a los reyes la bula Exigit sincerae devotionis por la que se creaba la Inquisición. La concesión del Papa a la potestad regia de la facultad de elegir inquisidores sólo afectó inicialmente a la Corona de Castilla, pero a partir de febrero de 1482, en que se erigió el tribunal de Zaragoza, y de octubre de 1483 en que el Inquisidor Tomás de Torquemada unió a su jurisdicción castellana la de la Corona de Aragón, puede considerarse el establecimiento definitivo de la nueva Inquisición en los reinos de la Corona de Aragón. Al menos, en el tiempo de gobierno de los Reyes Católicos, se pueden distinguir dos etapas en la puesta en funcionamiento de los tribunales; una, que va de 1478 a 1495, registra la creación en ambas coronas de un gran número de tribunales, y es el período en el que se desarrolló una dura represión contra los judaizantes. La otra, que abarca los años 1495-1510, por disminución de la actividad represiva antijudía y haberse prácticamente terminado el proceso de expulsión, obligó a una concentración de tribunales y distritos debido al alto costo económico de su funcionamiento. Con mucha frecuencia se ha descrito la Inquisición como una institución cuyo carácter represivo se proyectó sobre los judíos, los moros y los herejes, y también sobre quienes difundían ideas que podían ser consideradas heterodoxas. La instalación de los primeros tribunales es coincidente con otros esfuerzos que tienden a procurar la conversión de judíos y de moriscos, y en este sentido han de destacarse los trabajos catequéticos llevados a cabo por el arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza, con los judeoconversos y por el arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, con los moriscos. Éste, al poco de terminar la guerra de Granada, escribió una instrucción para la comunidad morisca del Albaicín que es un compendio de exigencias mínimas cuya observancia equipararía el cumplimiento morisco al de los cristianos, y que al tiempo revela cuáles eran los vehículos culturales que se sospechaba servían para perpetuar su religión. Fray Hernando de Talavera hace una llamada al abandono de la lengua arábiga, "olvidando quanto pudiéredes la lengua araviga y faziendola olvidar y que nunca se hable en vuestras casas"; al olvido de las ceremonias que entre los moriscos acompañaban los momentos más señalados de la vida, nacimiento, bodas y funerales, y a la adopción de las costumbres cristianas en materias como el vestir, calzar y comer. Estos consejos, que van unidos a lógicas recomendaciones sobre las oraciones que habían de rezar, la doctrina que tenían que aprender y sobre otros aspectos relacionados con la recepción de los sacramentos, respeto a las fiestas, asistencia a la iglesia, etc., se completan con dos llamamientos significativos, "que embieys a vuestros hijos a las yglesias a aprender leer y cantar o a lo menos las oraciones susodichas, y que los que sabeys leer terminadas todos libros en aravigo de las oraciones y salmos que vos serán dados y de aqueste memorial y rezeys por ellos en la yglesia". El programa de Hernando de Talavera expresa una tolerancia inicial que informa también otros procesos anteriores y posteriores a la fecha próxima a 1492 que es cuando se escribe; por un lado, la vigilancia sobre los vehículos de perpetuación de la religión islámica y la desconfianza que inspiran -lengua, ritos, costumbres, hábitos de comportamiento-, no impide que se utilice la lengua prohibida como medio capaz de acelerar el aprendizaje de la religión y, por tanto, de la conversión deseada. Es uno de los métodos utilizados por los misioneros españoles en Indias: la traducción de catecismos y doctrinas a las lenguas indígenas tuvo una gran transcendencia. Aunque los ejemplos que pueden referirse son muy abundantes, baste citar a Francisco de Pareja, un franciscano que escribió una Doctrina cristiana, catecismo y confesionario y otros tratados de devoción en lengua timuquana, en la que es consumado, y que incluso publicó en 1614 el Arte y pronunciación en lengua timuquana y castellana. Pero si la lengua sirvió para el fin de la conversión, algunos rasgos culturales atrajeron el rechazo social de la mayoría cristiana, y se convirtieron en elementos de diferenciación que contribuyeron a identificar mejor lo morisco o lo judío. Así, el cronista eclesiástico Andrés Bernáldez identificaba a los judíos porque "(...) nunca perdieron el comer a costumbre judaica de manjarejos e olletas de adefina, manjarejos de cebollas e ajos, refritos con aceite, y la carne guisaban con aceite, ca lo echaban en lugar de tocino e grosura por escusar el tocino (...)". Y todavía en 1612, otro eclesiástico, el padre Aznar Cardona, destacaba en un tratado que pretendía justificar la expulsión de los moriscos el elevado consumo de fruta, y anotaba que "ni bebían vino ni compravan carne ni cosa de caças muertas por perros, o en lazos, o con escopetas o redes, ni las comían, sino que ellos las matassen según el rito de su Mahoma". La tolerancia y la coexistencia pacífica habían sido las notas características de las relaciones entre los practicantes de las tres religiones. Sin embargo, grados y coyunturas diferenciadas permiten apuntar una diversidad de trato que se hace muy compleja en tiempos especialmente conflictivos. Pese a los intentos más o menos forzosos de asimilación, la sociedad hispánica del tiempo de los Reyes Católicos se presentaba ya como el resultado de un complicado conjunto estratificado con anterioridad, cuya nomenclatura encierra precisas connotaciones de tipo religioso, económico, social y cultural. Junto a las señas de identidad de los moros y judíos puros, los mudéjares eran los súbditos de la Corona que, viviendo en sociedades mayoritariamente cristianas, continuaban practicando la religión musulmana. Diferentes del morisco, que era el musulmán que había sido bautizado por una decisión voluntaria o forzada, y que seguía conservando casi todos los hábitos de su antigua religión, y del moro, que era el musulmán dependiente del poder político reducido en la Península al reino de Granada, los mudéjares se distribuían por toda la Corona de Castilla, siendo particularmente importante la presencia de sus comunidades en Hornachos, Avila, Valladolid, Arévalo, Agreda, Guadalajara, Burgos, Plasencia, Trujillo, Mérida, Benquerencia y Uclés, con unos efectivos humanos próximos a los veinte mil individuos. Aunque desde la época visigótica la actividad legislativa no paró de producir disposiciones antijudías repletas de denominaciones ofensivas y despectivas, la comunidad de cristianos viejos denominó marranos a los judíos que aparentaban una vida de cristianos. Desde la descripción de los fingimientos que se veían forzados a realizar para que los cristianos viejos no conociesen su verdadera afición, y que son sintetizados en la crónica de Andrés Bernáldez, hasta la opinión de los viajeros extranjeros que visitaron la España de la época, el marrano se representaba como un falso cristiano que en secreto continuaba practicando su antigua religión. Un viajero alemán, Jerónimo Munzer, en su visita a Valencia se refiere en 1495 a la iglesia de San Cristóbal, donde "tenían sus sepulcros los marranos (es decir, los falsos cristianos, judíos en su interior). Cuando moría alguno de ellos fingían conformidad con los ritos de la religión cristiana e iban en procesión con el ataud cubierto con un paño dorado, llevando delante la imagen de San Cristóbal. Sin embargo, lavaban en secreto los cuerpos de los muertos y los enterraban de acuerdo con sus ritos". La sociedad cristiana vieja los conocía también como conversos, confesos, y en general, mezclando el origen no cristiano de buena parte de la sociedad hispana, los cristianos nuevos vinieron a designar a judíos y musulmanes convertidos, de los que existían sospechas fundadas de seguir secretamente los ritos y costumbres de sus antiguas religiones. También debieron producirse casos al contrario, de los que disponemos de un primer catálogo sistematizado para los siglos XVI y XVII: los renegados fueron los cristianos de origen que, voluntariamente o forzados a ello, se convirtieron a la religión musulmana; con la base de la documentación inquisitorial, hoy sabemos que entre 1550 y 1700, los cristianos de Alá que por una u otra causa tuvieron problemas con el Santo Oficio fueron cerca de 500 individuos. La convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, regalada con más o menos violencia por la Iglesia y por la monarquía, tendió a señalar diferencias espaciales y personales entre los distintos grupos; en todos los casos, el establecimiento de estas medidas ha dejado huellas que han permanecido hasta nuestros días: la segregación en barrios apartados, el uso obligatorio de señales externas colocadas en los vestidos, la prohibición de los matrimonios mixtos, la limitación efectiva del ejercicio de algunas profesiones, el sometimiento a un régimen tributario especial, la prohibición de utilizar nombres cristianos y determinados trajes y aderezos, tanto en personas como en caballerías, y la presión de la predicación y del afán mayoritario de convertirlos al cristianismo, son las principales manifestaciones de una convivencia basada en claves de una intolerancia que se agravó con el establecimiento de la nueva Inquisición. En efecto, la historiografía especializada en el análisis del funcionamiento de los primeros tribunales inquisitoriales y de las causas y procesos que siguieron, coinciden en señalar que entre 1478 y 1495 se produjo una temible represión. Tanto la erección de tribunales como sus procedimientos provocaron una diferenciada reacción; se ha convertido en tradicional asignar a la sociedad de la Corona de Aragón una capacidad de insumisión y de rechazo bien estudiados en comparación actual con los resultados obtenidos por los historiadores en la Corona de Castilla. Como narra el cronista Andrés Bernáldez, si la llegada de los inquisidores a Sevilla en 1480 provocó el miedo y la huida de los conversos, que en número cercano a los ocho mil se refugiaron bajo la protección señorial, produciendo su ausencia carencias en el comercio y una disminución sensible en las contribuciones fiscales al ayuntamiento sevillano, la dura represión efectuada a lo largo de la década siguiente no logró organizar una protesta sistemática contra el abuso inquisitorial. Sí, en cambio, se organizó en Valencia, donde la oposición social al establecimiento y actuaciones inquisitoriales se desarrolló desde sus mismos comienzos durante los años 1484 a 1486; en Valencia, se denunció la "inconstitucionalidad" de tribunales formados por extranjeros; su nombramiento era un atentado contra los "furs e privilegis" de la ciudad de Valencia, y también se lesionaban intereses de los brazos militar y eclesiástico. La Inquisición planteaba un problema jurisdiccional y limitaba de hecho el poder económico de la iglesia; además, la aplicación de las condenas de confiscación de los bienes e imposición de multas, conculcaba varios fueros concedidos por Jaime I y por Martín I. Hasta las Cortes de Monzón y Barcelona de 1510-1512 no volvieron a esgrimirse argumentos forales en la lucha antiinquisitorial; la limitación de los abusos cometidos por los inquisidores, el deseo de limitar las competencias jurisdiccionales, que habían sido ampliadas por el inquisidor Diego de Deza a los casos de usura, sodomía y bigamia, la reivindicación de una mayor intervención del obispo en las cuestiones relacionadas con los procesos incoados por herejía, y la propuesta de adopción de medidas que salvaguardasen la inocencia, fama y bienes correspondientes a la familia de los condenados, son las principales muestras de rechazo de unos procedimientos y resultados que se amparaban en la ambigüedad con que actuaba la inquisición, y que en muchas ocasiones permitía la extensión social de la culpabilidad a la inocencia de los allegados al procesado. El conjunto de cuestiones presentadas por castellanos, aragoneses, valencianos y catalanes, primero en Valladolid en 1518, y después en Zaragoza en 1519, permiten sistematizar un conjunto de agravios que ayudan a explicar el descontento general, la resistencia organizada y, al tiempo, la múltiple contestación violenta: el 13 de septiembre de 1485 fue asesinado en la catedral de Zaragoza el inquisidor Pedro Arbués, probablemente por un tal Juan de Esperandeo, zurrador, y por su criado Vidal Durango, que pagaron con su vida la acusación. Ambos fueron ejecutados de la forma más infamante en Zaragoza, antes de cumplirse el aniversario del crimen; el primero fue arrastrado vivo por las calles de Zaragoza, y delante de la catedral le fueron cortadas las manos; luego, en el mercado, fue decapitado y descuartizado. El criado tuvo suerte semejante y los ejecutores, por haber dicho la verdad, después de arrastrarlo, lo ahogaron, y luego procedieron igual que con su amo. Hubo más implicaciones que acabaron en el simple suicidio, como el protagonizado por Francisco de Santa Fe, que se arrojó desde lo alto de una almena, o en intentos desesperados por lograrlo, como el de Juan de Abadía que tragó los vidrios de una lámpara. Pero la represión había comenzado mucho antes; en los últimos días del mes de diciembre de 1485 y primeros meses de 1486, fueron quemadas en Zaragoza varias personas por practicar ceremonias judaicas, ayunar en tiempos distintos, guardar el sábado y trabajar en domingo, por entregar aceite en la sinagoga, o por manifestar su incredulidad en el misterio de la Santísima Trinidad. Si la brutalidad fue un exceso que sensibilizó a la opinión pública, consiguiendo por el miedo alterar la convivencia, sembrando la sospecha permanente de la delación y desarrollando sentimientos antijudíos, la teatralidad de los actos inquisitoriales, los medios de los que se sirvió para obtener información, y la perfecta correspondencia de la autoridad civil con las decisiones tomadas por los inquisidores, contribuyeron a que la desaparición de los Reyes Católicos abriese un camino a la esperanza. Por eso, todos a una, desde Valladolid y desde Zaragoza, más que en las barbaridades cometidas se insistió al nuevo rey Carlos I en los procedimientos que las originaban. En Valladolid se pedía justicia, que los jueces inquisitoriales fueran hombres de generosidad, fama y conciencia probadas. A los castellanos se les prometió una intervención positiva: los jueces serían mayores de cuarenta años, se les pagaría con un salario establecido y no sobre las condenas que fallasen, proponiéndose que en cada iglesia se reservasen dos canongías, podrían ser recusados por los presos, serían objeto de visita por funcionarios reales ajenos al aparato inquisitorial, y los testigos no podrían ser buscados, ni inducidos a declarar, si no se hacía voluntariamente y bajo juramento, y podrían ser reprobados por los acusados por razones de malquerencia e incapacidad. En Zaragoza prácticamente se solicitó lo mismo. Se ponía en entredicho la capacidad, la voluntad y la actuación de los jueces; se pedía la humanización de las relaciones con los acusados, la existencia de cárceles dignas, la posibilidad de que los familiares visitasen a los presos y una equiparación de los métodos seguidos por los tribunales inquisitoriales con los más benéficos de los tribunales eclesiásticos. Lo que se cuestionaba era, por tanto, la existencia de los tribunales y los procedimientos que seguían; la Inquisición resultaba ser un aparato represivo, ostentoso y brutal, capaz de conseguir información a cualquier precio, incluidas las prácticas de la delación y de la tortura, facilitando confesiones inspiradas por el miedo y ejecutando con pleno apoyo del poder sus sentencias. La intolerancia fue un programa y la violencia el instrumento encargado de su reproducción y perpetuación; los resultados fueron siempre los mismos y explican por qué la intolerancia duró tanto tiempo, y por qué los fines de la Inquisición fueron acomodándose a los cambios sociales y a la evolución de las ideas que producían los nuevos tiempos. Las actuaciones inquisitoriales fueron siempre llamativas, y en la variedad de sus procesos pueden espigarse datos cualitativos que revelan una intolerancia premeditada y pensada únicamente para castigar a los seleccionados y escarmentar a todos. Sin entrar en los procesos de herejía, y fijándonos sólo en algunos que se relacionan con la superstición, se da la impresión de que la obsesiva preocupación por los detalles buscaba probar siempre unos mecanismos de detección del error que habían sido previamente estudiados. Cada interrogatorio es un precioso formulario pensado para torturar. Como en tantas otras, en una actuación del tribunal de Cuenca de 1518, se obtienen informaciones del acusado siguiendo una secuencia de preguntas acerca de su identificación personal, naturaleza y vecindad, estado civil y domicilio. A continuación el inquisidor formula una serie de preguntas sorprendentes para el acusado; si sabe el día de la semana, el mes o el año en el que vive. Después le interroga sobre el grado de conocimiento que posee de las principales oraciones y conjuntos doctrinales, pasando más adelante a verificarlos y a formular nuevas preguntas sobre el cumplimiento de las obligaciones pascuales impuestas por la Iglesia. Algunos ejemplos sobre pecados concretos, envidia, lujuria, hurto, pretendían averiguar la correcta opinión de conciencia del acusado sobre tales extremos y, por último, o se insistía sobre los errores advertidos o se pasaba directamente a conocer sobre el delito, pecado o hecho denunciado. Los Reyes Católicos fueron los inventores de esta máquina pensada para la represión de todo tipo de desviaciones nacidas en el interior del cristianismo: las recurrentes de los conversos judaizantes y moriscos, las progresivas de los cristianos heréticos y renegados, y hasta las simples manifestaciones de la ignorancia, la superstición y la inmoralidad. El cristiano fue el gran castigado; su fe individualizada, al ser pública desde el instante en que es asumida por el Estado, convierte su falta en un delito común cuya penitencia se administra por igual desde el confesionario, desde el tribunal eclesiástico y desde el tribunal inquisitorial. La administración del perdón, que fue muy abundante, no logra todavía empequeñecer la brutalidad y la perfección de un sistema creado para homogeneizar a la sociedad. Este sistema, que obtuvo en la institucionalización de un alto organismo del Estado, el Consejo de la Suprema y General Inquisición, la garantía de su perpetuación, no sólo convirtió en funcionarios a los inquisidores, sino que además fue un poderoso mecanismo al servicio del Estado para reprimir otro tipo de desviaciones y, de paso, hacer de las condenas un medio de exacción y de marginación. La pena inquisitorial fue al mismo tiempo una fuente de ingresos para el Estado y una garantía pública de que, además de la raíz del mal, se secaba el tallo, la hoja y la flor: las confiscaciones de bienes, la prohibición de ejercer cargos públicos, eclesiásticos y políticos y de trabajar en determinadas profesiones, afectó a los familiares próximos y remotos del acusado. La inhabilitación que solidariza por decreto a condenados y a sus familiares es de 1488; antes, en 1476, las Cortes castellanas de Madrigal y, más adelante, las Cortes de Toledo de 1480, hacían una profesión de fe antisemita: en aquella ocasión había que señalar al réprobo desde su traje hasta el barrio en el que había de concentrarse. El signo de identificación, la limpieza de sangre, la demostración de la pertenencia a una familia intocable para la Inquisición, trataba de solidarizar unas pruebas de idoneidad sujetas al riesgo de la falsificación. En la actualidad sólo conocemos unos pocos de los casos más relevantes del ascenso social consentido de los conversos; estaban presentes en todos los cuadros que representaban el poder: desde mayordomos, confesores, médicos, oficiales, letrados y eclesiásticos al servicio de la casa real, hasta las propias autoridades eclesiásticas e inquisitoriales al más alto nivel, el predominio de los conversos fue una de las muchas claves que hizo posible la elevación de la catedral de la intolerancia. En la actualidad, por más trabajos arquitectónicos que se empeñen en ello, la comparación historiográfica entre catedrales resulta ser siempre odiosa y estéril; cada intolerancia tuvo su método, sus ejecutores y sus resultados. En la España plural de los Reyes Católicos, el gobierno de la intolerancia apostó por la expulsión intransigente. En 1492 empezaba el tiempo nuevo de una asimilación anunciada; el reducto de los moros, representado en el reino de Granada, dejaba de serlo como poder reconocido; el judío tuvo que exiliarse forzado por un decreto de expulsión firmado por los Reyes Católicos en Granada el 31 de marzo, y en lugares más apartados aparecieron, como problema, nuevas sociedades que había que definir para proyectar sobre ellas la misma intolerancia que había dictado la gran intransigencia anterior.

El 1 de noviembre de 1478 el pontífice Sixto IV concedía a los Reyes Católicos la facultad de nombrar dos o tres inquisidores en Castilla. El 27 de noviembre de 1480 los Reyes Católicos aplican esta prerrogativa y nombran inquisidores de Castilla a Miguel Morillo y Juan de San Martín, los cuales se instalan en Sevilla en enero de 1481. En diciembre de 1481 el rey Católico nombra dos inquisidores para Valencia y dos para la Inquisición de Aragón. El Papa, en abril de 1482, se veía forzado a asumir la institucionalización inquisitorial en la Corona de Aragón. Tras diversos conatos de volverse atrás de esta decisión, la situación se consolidó con el nombramiento de fray Tomás de Torquemada como inquisidor general tanto para la Corona de Castilla como para la de Aragón. Había nacido la Inquisición moderna. El número de procesados por la Inquisición ha sido muy discutido. Llorente estimó un total de 348.021. Hoy el conocimiento de fuentes como los registros de causas de fe, que lamentablemente sólo existen desde 1550 a 1700, nos permite concluir que la cifra que da Llorente es exagerada. Apoyada en diversas especulaciones, la cifra global de procesados por la Inquisición española hasta su desaparición en 1833 debió ascender a unos 150.000, menos de la mitad de los cálculos aportados por Llorente. El ritmo represivo no sería idéntico a lo largo del tiempo. J. P. Dedieu atribuyó cuatro tiempos diversos a la actividad represiva del Tribunal de Toledo, generalizándolos a todos los tribunales. Estos tiempos serían: 1480-1525 (gran intensidad represiva dirigida sobre todo a los judaizantes); 1525-1630 (actividad represiva sostenida, polarizada especialmente hacia los cristianos viejos, fundamentalmente por delitos ideológicos y brujería, y cristianos nuevos moriscos, sobre todo en los tribunales de Zaragoza y Valencia); 1630-1720 (reducción de la actividad del Tribunal hasta la reactivación del antijudaísmo en la primera década, en función de los judaizantes portugueses); y 1720-1833 (ralentización absoluta del Santo Oficio). Ciertamente, el número de procesados sería mucho mayor en el siglo XVI que en el XVII. La tipología global de los delitos registra un predominio de los atribuidos cristianos nuevos, judíos o moriscos (cubrirían la mitad del total de procesados por la Inquisición), seguido de los delitos ideológicos (la tentación de pensar) en sus distintas expresiones de luteranismo, proposiciones heréticas, blasfemias... con un 35 por ciento, y tan sólo un 15 por ciento de delitos de naturaleza relacionada con el sexo (solicitaciones, bigamia, sodomía...). El significado de la incidencia de la Inquisición sobre la cultura española de los siglos XVI y XVII ha sido muy polémico. La discusión, como es sabido, arranca del siglo pasado, planteándose especialmente en los debates de las Cortes de Cádiz y en torno a la valoración del presunto retraso científico español. Hoy los términos de la polémica se configuran sobre todo respecto al nivel de eficacia real que tendría la voluntad supuesta del Santo Oficio. Los trabajos de Márquez y Alcalá han venido últimamente a ratificar la imagen de la eficacia de la acción represiva de la Inquisición sobre la cultura contra lo que historiadores como Defourneaux habían sostenido. La beligerancia inquisitorial se ejerció legalmente siempre sobre el libro ya publicado. Naturalmente, para ejercer la praxis prohibitiva hacía falta la previa elaboración del código de lo legible a través de los famosos Indices de libros prohibidos: dos para el siglo XVI, el de Valdés de 1559 y el de Quiroga de 1583; cuatro en el siglo XVII, los de Sandoval y Rojas, de 1612-14, Zapata de 1628-32 y Sotomayor de 1640 y 1667. Virgilio Pinto ha analizado en detalle lo que él llama proceso al libro en todos sus estadios: la delación, la calificación y la provisión final, que ponen de relieve cómo la decisión final sobre la obra denunciada o sometida a examen estaba realmente centralizada en el Consejo de la Suprema, única instancia que podía ordenar su ejecución, y también la importancia destacada de los calificadores, auténticos censores. El mecanismo de la visita a las librerías quedó institucionalizado y reglamentado de forma precisa. A partir de 1605 se obligó a los libreros a llevar un inventario de los libros que tenían en su tienda, para responder de ellos en cualquier momento ante los ministros inquisitoriales. Pero además, desde 1614, deberían entregarlo anualmente a los inspectores inquisitoriales. Ello tendría consecuencias perniciosas por la actitud prudente de los libreros, que no deseaban ver comprometido su negocio con obras que les pusieran en peligro ante el Santo Oficio. El tribunal que recibía la denuncia calificaba y elevaba un informe a la Suprema, a la que correspondía adoptar la decisión al respecto. Buena parte de los calificadores de estos tribunales locales pertenecían al clero regular, con personajes del mundo académico (teólogos de las Universidades) y académicos reconocidos (Arias Montano, Juan de Mariana, Juan de Pineda). Los calificadores no eran propiamente funcionarios inquisitoriales, pues no tenían asignado salario alguno. Sin embargo, el cargo les confería una consideración social estimable. Quizás por este motivo, tendió a crecer su número a finales del XVI. El Inquisidor General podía otorgar licencias especiales para leer libros prohibidos (facultad claramente establecida en el breve de Pablo IV, que se imprimió junto al catálogo de 1559), lo que, en opinión de Pardo Tomás, resultaba otra medida de control, puesto que mediante este instrumento el Santo Oficio establecía el privilegio de una reducida minoría de lectores que, mediante el acceso a las obras que estaban vedadas al resto, se convertían en un aliado de la propia institución inquisitorial. ¿Qué obras fueron condenadas? La diversificación temática e ideológica es enorme. La cronología de la represión inquisitorial contra el libro en el siglo XVI puede dividirse en dos etapas: A) Antes de 1583: la configuración del cuerpo de lo legible. De 1520 a 1545, destaca la ofensiva contra Lutero y el protestantismo, en que se inserta la primera prohibición de los Coloquios de Erasmo en 1536. Las primeras listas de libros heréticos se formalizan desde 1545 (Catálogo de Lovaina de 1546, el primer Indice de 1551, la censura general de biblias de 1554 y el Indice de Valdés de 1559). El Indice de Valdés realizado con rapidez tiene como principales objetivos: las biblias, los grandes autores heréticos de la época, incluyendo los autores espirituales más leídos en Europa (Tauleruo, Herpe, Savonarola y, sobre todo, Erasmo) y en España (Fray Luis de Granada, Avila, Borja), la vieja patrística (Durando, Cayetano, Orígenes, Tertuliano) y los escritores de la Antigüedad pagana (Luciano, Aristóteles, Demóstenes, Hipócrates, Séneca, Platón). Además, los libros de horas con supersticiones, los libros arábigos o hebraicos, los de nigromancia, los libros sin autor y los manuscritos que trataran de la Sagrada Escritura, de los sacramentos o de la religión cristiana. Todavía en 1559 la vigencia del manuscrito generaba la necesidad de su control. Pero el gran Indice prohibitivo del siglo XVI es el de Quiroga. Las 562 prohibiciones de 1559 se amplían a 2.166 prohibiciones en 1583. Las innovaciones respecto al Indice anterior son abundantes.. Se amplía el concepto de hereje con la inclusión de las obras que contengan dogmas condenados o errores aunque sean sus autores no condenados y católicos. Se establece una jerarquización de herejes: primero, los protestantes heresiarcas, desde los medievales (Wiclef y Huss) a los clásicos Lutero, Zwinglio y Calvino, y los reformadores españoles Servet, Valdés, Casiodoro de Reina, Antonio del Corro, Cipriano de Valera...; segundo, el humanismo que no había contemplado el Indice de 1559, con Petrarca, Dante, Boccaccio, Maquiavelo, Valla, Aretino, Rabelais, Vives, Moro...; y, finalmente, el pensamiento científico con los Paracelso, Huarte, Fuchs, Gesner... Se introduce el miedo a la polémica o la confrontación ideológica: la polémica podía servir para dar a conocer el pensamiento del enemigo, lo que había que evitar ante todo. Se presta atención, asimismo, a los nuevos métodos de infiltración ideológica: imágenes, retratos, figuras, pasquines, canciones, coplas, monedas, medallas, lo que implica una ampliación considerable de los medios de difusión que ya no contempla sólo el libro. Se incluye un expurgatorio, sin duda importante por la presión de los libreros. El primer expurgatorio fue el de Amberes de 1571. B) La segunda etapa: 1583-1616. El fenómeno censorio se complica, proyectándose el control más que sobre los autores, sobre los géneros o las corrientes de pensamiento. Destacan, al respecto, la obsesión inquisitorial por la literatura devota que deja traslucir el miedo al alumbradismo; la inmersión de la Inquisición en la problemática del pensamiento político en plena confrontación del regalismo y del poder eclesiástico. Aquí la Inquisición española sólo jugó a favor de los intereses de Roma en obras de autores extranjeros, pero colaboró con los intereses de la monarquía española en plena politización del Santo Oficio. Desde 1616 se abriría una nueva etapa marcada por la prohibición de que los autores españoles puedan imprimir fuera del país y, sobre todo, por la obsesión por la moral, al hilo del asentamiento de la Contrarreforma tridentina. Como balance de la cultura más afectada por la Inquisición, podemos decir que las prohibiciones de la Biblia fueron mucho más lejos que las del propio Concilio de Trento y los sistemas católicos de vigilancia de otros países europeos. Nunca se imprimió la famosa Biblia de Alba, versión del Antiguo Testamento por un rabino de Guadalajara hacia 1430, ni el Nuevo Testamento en la versión castellana de Martín de Lucena. Se quemaron todos los ejemplares impresos de la traducción de la Biblia al catalán que había hecho Bonifacio Ferrer. El Nuevo Testamento sólo fue conocido en la adaptación de fray Ambrosio de Montesinos. El Antiguo Testamento fue divulgado a través de los sermones. Sólo desde 1580 se traducen los Salmos. Nunca circularon por España las cuatro Biblias castellanas impresas fuera, en el siglo XVI, por heterodoxos españoles que aspiraban a acercar al pueblo lector la palabra de Dios. En el ámbito de las ciencias, es patente que nombres como los de Mercator y Munster, Libavius y Mizauld, Gesner, Muslerius, Kepler, Tycho Brahe, aparecen con significativos expurgos de algunas obras. No así Galileo, procesado por la Inquisición romana en 1633 y que no fue incluido en ningún Indice español. Tampoco Copérnico, cuya ausencia la ha explicado Pardo Tomás como un error en la confección del Indice de 1640. Las obras de nigromancia y astrología judiciaria fueron severamente prohibidas. En cuanto a la medicina, la Inquisición fue dura con sus aplicaciones extracientíficas, a veces rayanas en pura heterodoxia. Tampoco toleró doctrina alguna que pusiera en duda la inmortalidad del alma o sobrepasara los límites de las doctrinas escolásticas. El paracelsismo fue duramente perseguido. Desde esta perspectiva, mucho más significativos que la prohibición tajante de muchas obras del gran médico y botánico suizo Leonhard Fuchs (1501-1566), quizá sólo por ser protestante, y de prácticamente todas las obras del polifacético mallorquín medieval Arnaldo de Vilanova (1240-1311), resultan los sintomáticos expurgos decretados para obras de los cuatro médicos humanistas de mentalidad más abierta del siglo XVI español: el vanguardista Examen de ingenios para las ciencias, de Huarte de San Juan (expurgado en 1584), la Sacra philosophia, de Francisco Vallés (expurgada en 1612), la versión romance con notas del famoso Dioscórides, por Andrés Laguna (expurgado en 1632), y la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, de Miguel Sabuco (expurgado en 1632). También deben mencionarse las obras de Alonso de Freilas, Jerónimo Pardo, Sebastián de Soto y Juan Manzaneda. La literatura es el ámbito mejor conocido. Según Márquez, el total de escritores procesados por la Inquisición española fue de 24 (12 en el siglo XVI, 5 en el XVII, 5 en el siglo XVIII y 2 en el XIX). De estos autores sólo figuran con alguna obra prohibida o expurgada en los Indices de libros prohibidos Talavera, Valdés, Avila, Arias Montano, Pérez, Golínez y Molinos. Hubo procesados como fray Luis de León o Sigüenza que nunca tuvieron obras prohibidas o expurgadas en los Indices. Las ramas literarias más afectadas por la censura fueron los ensayos religiosos, seguidos del teatro, novelas y poesía por este orden (de poesía se censuraron 15 autores y de novela 18). La peligrosidad de los ensayos religiosos y del teatro a los ojos de los censores radicaría en su proyección popular. El ensayo, como señaló el inquisidor Valdés, "lleva a la mística a las mujeres de los carpinteros", y el teatro tuvo una constatada capacidad de penetración en las masas que no sabían leer. Entre las obras religiosas destacan las de Talavera, Valdés, Guevara, Granada, Avila, Cazalla, Gracián... En el teatro sobresalen Encina, Torres Naharro, Gil Vicente, Carvajal, Feliciano de Silva, Palau, Natas y Huete que se mantuvieron en los Indices de principio a fin. La preocupación por el mercado consumidor es muy clara y se denota en diversos dictámenes sobre la prohibición de obras literarias, el más famoso de los cuales fue el de Zurita. Significativamente, éste propugna que se salven los escritos en lenguas clásicas, pero no accesibles al vulgo, y los que sobresalgan por su valor literario. De la literatura clásica estuvieron siempre prohibidos el Ars amandi de Ovidio y la desvergonzada Priapeia; efectos secundarios alcanzaron a otras varias obras. Entre las extranjeras hay que subrayar que la literatura italiana fue tratada en los Indices con llamativa dureza. De Dante prohíben su De la monarquía, algunos versos del Infierno y otros del Paradiso. De Boccacio, el Decamerón fue prohibido en 1559, y más tarde lo serían, la Fiametta y el Corbaccio. Petrarca ve tachados algunos sonetos y frases de Remedios y de Triunfos; Poggio Braciolini, prohibidas sus Facetiae, colección de atrevidos cuentos; Massuccio Salernitano, todas sus Novelle. Entre otros autores italianos del Renacimiento, prohibidos o expurgados, hay que contar también a Maquiavelo, a Sannazaro, a Guicciardini, a Manetti, a Ludovico Pulci, al Ariosto. De la literatura española, el género que salió más malparado resultó ser el teatro del XVI. Gil Vicente es prohibido con casi todas sus obras; Encina, con Plácida y Victoriano; Torres Naharro, con dos comedias. Algunas de las mencionadas en el Indice de Valdés no se han podido identificar, pues se han perdido todos sus ejemplares; de otras queda uno, o dos, casi siempre fuera de España. La generación teatral más afectada fue la antecesora de Lope de Vega. Párrafo especial merecería el trato dado a La Celestina: publicada en 1499 fue afectada por la censura en el siglo XVI, se expurgaron unas cincuenta líneas en el Indice de 1632 y sería prohibida en 1793, pese a que no se había publicado en España desde 1634. La Cárcel de amor, publicada en 1492, no sería prohibida hasta el Indice de Zapata de 1632. ¿Cómo fue el trato inquisitorial a la poesía y la novela españolas? Algunos poemas o colecciones de ellos, como la glosa de B. Díaz, el romance del Conde Arnaldos, las Obras de Burlas del Cancionero General, la Peregrinación a Jerusalem, de P. M. Ximénez de Urrea, otros varios romances, todos han desaparecido en virtud de su prohibición o nunca pudieron ser editados. Otras prohibiciones afectan a cancioneros espirituales de dudosa ortodoxia. Sobresalen los numerosos expurgos decretados en el Indice del Inquisidor general Valladares, de 1707, de la obra poética de Quevedo, y asimismo los impuestos por el jesuita Pineda a Góngora. También algunas novelas prohibidas por la Inquisición han desaparecido. Otras, populares en su tiempo, dejaron de serlo antes del nuestro. La clave del anonimato de El Lazarillo quizá se encuentra en algún no-identificado expediente inquisitorial. El Lazarillo fue prohibido en 1559; cuando apareció en 1573 en edición expurgada, le faltaban varios capítulos. Y no volvió a ser editado completo hasta después del final de la Inquisición. Es posible que ello influyera en que la picaresca tardara cuarenta años en reaparecer con el Guzmán de Alfarache. En cualquier caso, es difícil encontrar una lógica en los criterios represivos del Santo Oficio. Los tan denostados libros de caballerías podían circular con bastante libertad. La misma amplitud de criterio denota la censura de las novelas picarescas (aunque fue expurgada la novela de Espinel sobre Marcos de Obregón). Cotejando las ediciones originales de la Propalladia de Torres Naharro con la edición expurgada de 1573 se observa que las modificaciones no afectaban a la sustancia... En cambio, Jorge de Montemayor encontró dificultades cuando intentó publicar su Cancionero Espiritual: le dijeron que no estaba preparado para escribir libros de espiritualidad y teología. Cervantes, a pesar de su indiscutible espíritu religioso, no se distinguió precisamente por su beatería, y sin embargo apenas hubo de sufrir molestias por parte de la Inquisición, que sólo puso reparos a un pasaje del Quijote en el que se dice que las obras de caridad son inútiles, idea ésta que se asociaba con alumbrados y protestantes. El control social de la literatura amena en el siglo XVI influyó poco en el desarrollo de ésta. La censura, sobre todo en el teatro, se hizo más severa a partir de 1600. Escritores de la altura de Quevedo y de Tirso tuvieron sus roces con la Inquisición. Particularmente vigilante fue ésta con el teatro "a lo divino" por su manipulación, un tanto frívola, de las figuras bíblicas. Así se censuró rigurosamente en 1658 Los tres portentos del cielo de Vélez de Guevara. El Indice de 1633 fue mucho más duro que el de 1612: se le añadieron muchos autores censurados, y ello por la incansable labor controladora del padre Juan de Pineda. Desde 1667 se publicaron los Indices con un rigor formal del que habían carecido: se intercalaban los Decretos específicos de cada tribunal, se adoptaba el orden alfabético, se precisaban las licencias para leer. En este Indice Quevedo aparece particularmente controlado. Se permite la Política de Dios, Govierno de Christo, impresa en Madrid en el año 1626 por la viuda de Alonso Martínez, y no otra impresión. El propio Quevedo pidió a la Inquisición que recogiera obras suyas cuya edición él alegaba no haber controlado. El Indice permite la publicación de algunas obras y precisa taxativamente: "Todos los demás libros, tratados impresos, y manuscritos, que corren a nombre de dicho autor, se prohíben, lo cual ha pedido por su particular petición, no reconociéndolos por propios".

Un tema tan delicado como las inspecciones médicas periódicas que tenían que pasar las prostitutas para ejercer su profesión es tratado por Toulouse-Lautrec con la mayor naturalidad, reflejándose en la escena cierto poso de tristeza. Las mujeres levantan sus faldas para que, como todas las semanas, el doctor realice su revisión, sin estar exentas de cierta vergüenza. Si el diagnóstico era positivo - de enfermedad - debían ser internadas en las Hermanas de Saint-Lazare. Si ejercían a pesar del diagnóstico y se las descubría asumían una condena que oscilaba entre los tres meses y el año de prisión. La primera figura que contemplamos es Gabrielle la Danseuse, con la que el artista mantuvo relaciones aunque desconocemos de qué grado. De la otra mujer pelirroja desconocemos su identidad; tras ella vemos una poderosa espalda que correspondería a la madame. Toulouse-Lautrec basa su pintura en el dibujo, marcando sabiamente los trazos de las figuras. El color tendría para él un papel secundario, igual que la luz: ésta es la gran diferencia con la mayor parte de impresionistas y el punto de conexión con Degas. Por eso aplica el color con largas y rápidas pinceladas que otorgan un aspecto inacabado a la escena.

Es una de las obras más misteriosas del autor. Para empezar, no está todavía clara documentalmente su atribución, ni la datación, que oscila entre 1629 y 1633. Con un colorido derivado de Tiziano, representa un tema de preclara estirpe clásica, el de la inspiración del poeta. En el centro de la escena aparece Apolo, dios de la música y la poesía, con su lira. A su lado la musa Calíope, a quien se atribuía el dominio de la poesía lírica. Con ellos, un par de amorcillos con coronas de laurel para coronar al poeta, a la derecha, absorto, esperando la inspiración, dispuesto para escribir. Se ha referido esta figura, tradicionalmente, al poeta Virgilio. Los libros que aparecen en el lienzo son, por el epígrafe que portan, la Ilíada, la Odisea y la Eneida. El significado de la obra es la igualdad de la poesía y la pintura, la igualdad de la invención de las imágenes y las palabras. La tela ha sido ampliada por los costados, desvirtuando la composición original, cuya serenidad debe más a las formas de los relieves griegos y romanos que a los efectos de la luz y el color, de estirpe veneciana. La figura de Apolo es decididamente rafaelesca.

Al igual que en La inspiración del poeta, Poussin recrea un tema habitual entre los pintores del Renacimiento y el Barroco. Tradicionalmente recibía el título de "La inspiración de Anacreonte", en referencia al poeta lírico griego, fundador del género bucólico o pastoril. Sin embargo, esta atribución al personaje histórico ha sido desechada; en cualquier caso, la presencia de la musa Euterpe, musa de la flauta y, por extensión, de la poesía lírica, puede referirse a cualquier poeta en general. Como es habitual en la representación de este tema, Apolo inspira al poeta, al tiempo que éste es coronado con laurel por amorcillos.

Desde finales de septiembre hasta las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869 la situación política pasó por dos fases sucesivas, que reflejaban el juego de las diferentes fuerzas políticas que habían participado en el derrocamiento de la dinastía. En un primer momento, el poder de hecho residió en las diversas juntas revolucionarias que colmaron el mapa español. Estas juntas se habían constituido de forma espontánea conduciendo la revolución, siendo la más importante la Junta Superior Revolucionaría, elegida en Madrid el 5 de octubre, por sufragio universal. En las juntas solía dominar cualitativamente el elemento demócrata, imponiendo su discurso político. En sus manifiestos y proclamas, casi todas ellas coincidieron en unos puntos básicos muy próximos al ideario demócrata: sufragio universal, libertad de imprenta, supresión de los derechos de puertas, libertad de cultos, libertad de industria y comercio, contribución única, abolición de las quintas, etcétera... El 9 de octubre la Gaceta de Madrid publicó la Declaración de Derechos elaborada por la Junta Superior Revolucionaria, que insistía en los principios expresados y que ha sido considerada como la pieza teórica que impregnó la filosofía política del Sexenio democrático. El 8 de octubre se constituyó el primer Gobierno provisional, presidido por el general Serrano, y compuesto por miembros de los partidos progresista y unionista, con los demócratas al margen: Sagasta, Gobernación; Prim, Guerra; Romero Ortiz, Estado; Topete, Marina; Figuerola, Hacienda; Ruiz Zorrilla, Fomento, y López de Ayala, Ultramar. Hasta el día 21 coexistieron dos poderes, el de las juntas y el del Gobierno provisional, situación política inaceptable, finalmente resuelta, previas negociaciones, por el decreto gubernamental de disolución de las juntas. La revolución marchaba hacia su estabilidad legal. Aunque los demócratas no estuvieran representados en el Gobierno, éste hizo suya la mayoría de las formulaciones doctrinales de aquéllos. Puede decirse que en el plano político la actividad gubernamental estuvo dirigida a plasmar, en sendos decretos, los principios básicos del liberalismo democrático, desde la libertad de asociación hasta la libertad de imprenta. Todo ello culminó el 9 de noviembre, cuando Sagasta estableció por decreto el ejercicio del sufragio universal, sólo reservado a las personas de sexo masculino mayores de 25 años, y fijó la circunscripción como célula electoral frente al distrito unipersonal, propio del régimen político de los moderados. El clima de libertades se hacía cada vez más extenso e intenso, abarcando todo tipo de materias, sin que ello dejara de producir conflictos. El más significativo, en estos comienzos, lo fue con la jerarquía eclesiástica, una vez que el Gobierno hizo suyo el principio de libertad de cultos. El 12 de octubre se publicó el decreto sobre la disolución de la Compañía de Jesús, acompañada de la expulsión de sus miembros y de la incautación de sus bienes. Otro decreto, de 19 de octubre, estableció la extinción de conventos y casas de religiosas. Todavía exacerbó más los ánimos el decreto de 6 de diciembre, derogando el fuero eclesiástico. Este recorte de los poderes de la Iglesia se convirtió a la larga en un grave condicionante de toda la dinámica política del Sexenio. Sólo una cuestión básica quedó por defínir de forma explícita en la política del Gobierno provisional: la forma que debía tomar el Estado. El debate monarquía o república estaba servido. Un asunto que había originado algunas fricciones en el seno de las juntas revolucionarias, y que acabó por bifurcar organizativamente al partido demócrata, rompiéndose lo que, hasta entonces, había sido difícil coexistencia en el interior del partido entre las dos corrientes. A mediados de octubre nació el partido republicano federal. Por su parte, el Gobierno provisional se expresó claramente a favor de la solución monárquica en el Manifiesto gubernamental del 25 de octubre. En los mismos términos insistía el Manifiesto de la conjunción monárquico-democrática, de 12 de noviembre de 1868, firmado por los notables de los progresistas, la Unión Liberal y los demócratas. Se matiza la defensa de una forma monárquica, subordinada a la soberanía nacional: "Nuestra monarquía, la monarquía que vamos a votar, es la que nace del derecho del pueblo; la que consagra el sufragio universal; la que simboliza la soberanía de la nación; la que consolida y lleva consigo todas las libertades públicas; la que personifica, en fin, los derechos del ciudadano, superiores a todas las instituciones y a todos los poderes. Es la monarquía que destruye radicalmente el derecho divino y la supremacía de la familia sobre la nación; la monarquía rodeada de instituciones democráticas; la monarquía popular". Si en Madrid el primer debate entre monarquía y república no pasó del plano de las formulaciones teóricas y de la divulgación a través de la prensa y de reuniones, en otras regiones españolas se alcanzaron cotas de mayor enfrentamiento, rompiéndose la unidad del bloque revolucionario. Sobre todo en Andalucía, donde el término república era percibido frecuentemente como sinónimo de transformación de las estructuras de propiedad de la tierra. En un ambiente caldeado por la disolución de la juntas y el desarme de los "voluntarios de la libertad", cuerpo armado civil de los orígenes de la revolución, el 6 de diciembre una sublevación prorrepublicana estalló en Cádiz, hasta el día 13, en que, tras violentos combates, las fuerzas al mando del general Caballero de Rodas restablecieron la situación. El 31 le tocó a Málaga, a la par que estallaban pequeños conatos en Sevilla y Jerez. El 8 de enero el mismo general entró en Málaga.

La fórmula "rex in regno suo est imperator", creada por los juristas franceses de la segunda mitad del siglo XIII, simboliza el ocaso de la institución imperial como foco de poder efectivo sobre el Occidente europeo. Pese a la pervivencia del ideal imperial en la mentalidad de la sociedad política bajomedieval, no cabe duda de que sus contenidos habían quedado un tanto vacíos hacia el año 1300, por mor del imparable ascenso de las monarquías nacionales. En palabras de B. Guenee, "el Imperio universal vivía aún de "iure", (aunque) nadie dudaba, a principios del XIV, de que (ya) no existía de ipso". La autoridad imperial no sólo llegó a ser discutida como potestad universal (Italia), sino que además tuvo que sortear todo tipo de obstáculos en su propio seno, el reino de Alemania. El emperador carecía prácticamente de recursos propios, sobre todo si éstos son comparados con los poseídos por los príncipes germanos. Dichas limitaciones materiales hacían del todo ineficaz su gobierno mas allá de sus propios dominios patrimoniales. A pesar de su fracaso como autoridad real, la institución imperial sirvió como instrumento canalizador de la conciencia nacional germana. Tratadistas como Alejandro de Roes a finales del siglo XIII o, en mayor medida, Lupold de Bebenburgo a lo largo del primer tercio del XIV difundieron la imagen de un Imperio estrictamente alemán, en el que el rey de Germania ejercería las veces de un emperador en su reino, a la manera de los monarcas franceses, ingleses o castellanos. Para ello era imprescindible un programa de reformas. Desde la declaración de intenciones de Carlos IV (1356) hasta la llamada "Reforma del rey Federico" (1442), numerosos teóricos abordaron la cuestión con entusiasmo, como por ejemplo el anónimo autor de la "Reformatio Sigismundi", opúsculo que aboga por un cambio en el plano político y religioso. Todos los esfuerzos reformadores desembocaron en la vana tentativa del emperador Maximiliano I durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna.

El 26 de febrero de 1875 se renovó de nuevo la "cuestión universitaria". Las disposiciones de esa fecha establecieron la obligatoriedad de que el Ministerio aprobara los libros de texto y los programas de las asignaturas, tanto en las Universidades como en los Institutos de Bachillerato. Además, se envió una circular a los rectores para que nada en las clases ni en los manuales menoscabara el dogma católico, la sana moral ni la Monarquía. De este modo, se atacaba de nuevo la libertad de cátedra. El 5 de marzo protestaron contra estas medidas dos catedráticos de la Universidad de Santiago, que fueron inmediatamente separados y dados de baja en el escalafón. El 25 y 31 del mismo mes se manifestaron también en contra Giner, Salmerón y Azcárate, que además de padecer las consecuencias académicas ya citadas, fueron confinados por negarse a rectificar. En total se dieron 37 protestas, de catedráticos de Instituto y de Universidad. Este es el acontecimiento que puso en marcha la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, ocurrida el año 1876 y llevada a cabo por los tres profesores destituidos ya mencionados y algunos otros intelectuales o políticos liberales. En principio quisieron organizar una Universidad privada, pero careciendo de recursos humanos y materiales para ello, pasaron de la idea inicial a otra más modesta, la fundación de un colegio. De cualquiera manera, dado el control que el Estado ejercía en la Educación Superior, se hacía imposible la creación de una auténtica Universidad. A lo máximo que hubieran podido aspirar los promotores hubiera sido a un centro que preparara a los alumnos para realizar los exámenes oficiales en la Universidad oficial. Y no era esto, ni mucho menos, lo que pretendían. Gráfico El alma de la Institución Libre de Enseñanza fue Francisco Giner de los Ríos. Vivió la Revolución del 68 en plena juventud (tenía 29 años) y concibió esperanzas para el futuro de España en aquella generación. Pero su decepción fue grande al comprobar que repetían los errores de quienes habían sido derrocados. Por eso perdió para siempre la fe en las revoluciones y sacó la consecuencia de que sólo la educación era capaz de reformar España. En ello puso su ímpetu a partir de aquel momento, en la formación de una nueva generación de hombres, convencido de que la suya, la de la Revolución del 68, había fracasado por la pésima formación recibida. Según uno de sus más fieles seguidores, José Castillejo, secretario general de la Junta para Ampliación de Estudios, el programa de la Institución Libre de Enseñanza se centró desde el principio en el adiestramiento del carácter y en la educación moral. Se trataba de formar la personalidad individual para contrarrestar las ideologías de la igualdad y la veneración por la masa que ya empezaban a hacerse sentir en el último tercio del XIX; su ideal era la tolerancia y la equidad; los buenos modales se entendían como una combinación de libertad, dignidad y gracia, y eran percibidos por Giner como una forma esencial de intercambio social y respeto mutuo. La educación así entendida aspiraba a la aristocracia del espíritu. En religión, la idea de Giner era formar mentes elevadas pero con independencia de los dogmas de un credo particular. La figura humana cultivada por la Institución Libre de Enseñanza era la de hombres con vocación docente, investigadores, puritanos, europeístas, pulcros en el vestir, de buenas maneras, enemigos de la violencia, pero muy radicales ideológicamente. Se trataba de un sistema educativo reformador sostenido por la neutralidad religiosa militante. La influencia de la Institución pronto superó el ámbito de su mera condición de escuela privada. Por una parte, en 1882 Giner fue repuesto en su cátedra. Desde allí, a través de los cursos de doctorado, su magisterio logró una amplia difusión y la formación de un nutrido grupo de discípulos que irradiaron las ideas institucionistas por las Universidades de España. Por otra parte, los alumnos, antiguos alumnos y familiares de la Institución formaron enseguida una especie de 'comunidad espiritual' sin la cual no se podría entender cabalmente la incidencia social de los reformadores. El ideal de hombre educado lo vio personificado Giner en el gentleman inglés. Conoció Eton y Oxford y se sintió irremediablemente atraído por esas costumbres y ese estilo: personalidad cultivada, ejercicio físico, buenas maneras y educación social, tolerancia, espíritu y libertad. Poco tenía que ver todo ello con las características de la educación española en sus diversos niveles, especialmente el universitario. A Giner y a los hombres de la Institución les preocupaban muchos aspectos de la enseñanza superior. Castillejo los enumeró al describir la situación de la Universidad española entre finales del XIX y principios del XX: unos centros sin investigación y con falta absoluta de medios indispensables como libros, laboratorios o salas de reunión; con un cuerpo docente cuya enseñanza se resumía en dar conferencias y con unos alumnos que estudiaban más de la mitad de ellos por enseñanza libre, lo cual se traducía en atracones para realizar los exámenes y lograr así terminar la carrera en un tiempo reducido. Ni Residencias, ni Colegios Mayores, ni vida corporativa de ningún tipo. Los que iban a clase deambulaban por las calles entre conferencia y conferencia, haciendo el lugar intransitable. El propio Giner describió al estudiante español con los siguiente rasgos: jóvenes que hacían mucha vida de teatro, de café, de casino; que iban mucho a los toros pero casi desconocían el ejercicio físico, las excursiones o las salidas al campo; que leían poco y casi sólo periódicos; y que sufrían un sucio hospedaje y recibían una mala bazofia soportados en parte por sobriedad y en parte por atraso. Digamos que la situación era tal que nada aportaba frecuentar las aulas como alumno oficial. El título era un paso necesario para ingresar en un ámbito profesional de cierto nivel (cuerpos del estado fundamentalmente, abogacía, ejercicio de la medicina...), pero se podía conseguir estudiando por libre determinados manuales, y en menos tiempo. A pesar de sus reticencias hacia todo lo estatal, la Institución Libre de Enseñanza nunca fue ajena por completo a la influencia en las esferas oficiales. Como siempre, dependía de quien detentara el poder. Los gobiernos liberales, desde 1881, fueron habitualmente permeables a sus sugerencias. Ya en aquellas fechas dos destacados institucionistas, los profesores de la Universidad de Oviedo, Aniceto Sela y Rafael Altamira, propusieron algunas reformas que entonces parecieron no cuajar, pero que al cabo del tiempo se concretaron en la Junta para Ampliación de Estudios y en las becas a jóvenes profesores para formarse en el extranjero. En 1900, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública (hasta entonces los asuntos educativos dependían de Fomento) las ideas de la Institución comenzaron a influir de manera más decisiva en la organización de la vida universitaria. Estos años puente entre el siglo XIX y el siglo XX se convirtieron en el momento de empuje decisivo de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. Pese a las reticencias de Giner hacia todo lo estatal, sus seguidores asumieron y lideraron un proceso de renovación dirigido por una minoría y desde el aparato administrativo del Estado. Se situó la Institución en aquellos momentos en el centro decisivo de la política educativa nacional con un programa pedagógico e ideológico claro. Los fundamentos de sus reformas estaban presididos por la libertad de cátedra y la libertad de conciencia. Los medios consistieron en una reorganización administrativa de la educación de corte laicista. Así, a partir de 1907, empezaron a surgir organismos desde el aparato administrativo del Estado pero dejados en buena medida a la dirección de la Institución Libre de Enseñanza: en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas; en 1909 la Escuela Superior del Magisterio; en 1910 la Residencia de Estudiantes; en 1911 la Dirección General de Enseñanza Primaria; en 1915 la Residencia de Señoritas; y en 1918 el Instituto-Escuela. El hecho de surgir de las estructuras administrativas del Estado aseguraba su dotación económica (aunque en España los presupuestos para educación nunca han gozado de exceso de recursos). Por otra parte, al ser su dirección ajena en buena parte a este mismo Estado, se aseguraba la eficacia de la orientación pedagógica renovadora, laicista y de neutralidad religiosa.