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Francisco Franco era consciente de que se encontraba ante la coyuntura más crítica en la historia del Régimen y de que tendría que llevar a cabo ciertos cambios para sobrevivir en el mundo de la posguerra de la Europa occidental socialdemócrata. No hay pruebas para creer que contemplara la idea de abandonar el poder y si lo hizo, el final de Mussolini y las purgas que se hicieron en Francia y los Países Bajos le harían cambiar de opinión. El caudillaje, una vez que lo había puesto en marcha, era una empresa a seguir hasta la muerte. Como le dijo a uno de sus generales: "Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio" (citado en Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, 187). En la primavera de 1945 Franco ya había diseñado con bastante detalle sus futuras acciones. Habría que introducir nuevas leyes fundamentales para dar al Régimen un contenido jurídico más objetivo y proveerlo de algunas garantías civiles básicas. Se haría un esfuerzo importante para atraer a nuevos políticos católicos y para intensificar la imagen católica del Régimen para ganar el apoyo del Vaticano y reducir la hostilidad de las demás democracias. La Falange perdería protagonismo, pero sin desaparecer del todo ya que todavía tenía utilidad. No se permitirían otras organizaciones políticas, aunque se relajaría la censura hasta cierto punto. Se promulgó una ley de Gobierno municipal y se hizo un plebiscito para legitimar el Régimen como una monarquía bajo la regencia de Franco. La idea era crear una especie de versión española del viejo ideal alemán del Reichstaat, el Estado autoritario administrativo basado en la ley. Este concepto, que había impresionado a los teóricos de derechas de la generación anterior, tenía poco o nada que ver con un gobierno constitucional. Aunós, el Ministro de Justicia, había empezado a hacer un borrador para una nueva superestructura legal en 1943, y le apoyó Lequerica, que había pedido a Franco que tomara medidas. El proyecto para las garantías civiles al principio se le asignó a Arrese, pero después sé pasó al Instituto de Estudios Políticos cuyo Director, Fernando María Castiella, había nombrado el propio Arrese. Castiella era un joven político y teórico de la derecha de preguerra y más tarde neofalangista y coautor de las -hoy día vergonzosas- Reivindicaciones de España. Pero era flexible y tenía una imaginación relativa. Con la ayuda de varios intelectuales del Instituto elaboró un nuevo fuero para los ciudadanos españoles al que se opusieron firmemente Arrese y algunos de los falangistas más duros, pero Franco lo aceptó. El Fuero de los Españoles -en el título se utilizaba el lenguaje tradicional tan querido por el Régimen- se promulgó el 17 de julio de 1945. Se basaba, en parte, en la Constitución de 1876, pero pretendía resumir los derechos históricos de la ley tradicional española y garantizaba muchas de las libertades civiles comunes en el mundo occidental, como la libertad de residencia y correspondencia y el derecho a no ser detenido durante más de 72 horas sin una vista preliminar ante un juez. Al parecer, Castiella fue quien añadió el artículo 12, en el que se especificaba el derecho de todos los españoles a expresar sus ideas libremente mientras no atacaran los principios fundamentales del Estado y el 16, en el que se declaraba que los españoles eran libres de reunirse y asociarse si sus objetivos eran legales. Esto preocupaba a Arrese, pero la libertad que otorgaban estas secciones se recortaba en el artículo 33, que especificaba que ninguno de los derechos garantizados por el Fuero podía aprovecharse para atacar la unidad espiritual, nacional y social del país, y el artículo 25 permitía que el Gobierno suspendiera temporalmente estas libertades en caso de emergencia. La promulgación del Fuero coincidió con cambios sustanciales en el gabinete al día siguiente -18 de julio-. Las características más destacadas eran la pérdida relativa de importancia de la Falange y el nombramiento de Alberto Martín Artajo, un civil católico y moderado, como Ministro de Asuntos Exteriores. Hasta entonces había sido Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica y sería la pieza clave en una maniobra gubernamental para reforzar el catolicismo del Régimen y ofrecer una nueva imagen al mundo. Los cambios en el Gobierno fueron precedidos por una nueva Ley de Educación Primaria, que subordinaba oficialmente toda la educación primaria a las normas católicas. Al leal Arrese se le destituyó del cargo, aunque había logrado domesticar a la FET y modificar su fascismo; así que su Secretaría General quedó vacante. Sin embargo, el falangista Girón -cuya demagogia era bastante útil- siguió como Ministro de Trabajo y estaría en este puesto un total de 16 años -hasta 1957- lo que le convertía en el Ministro de Franco que más duró en el cargo después de Carrero Blanco. Al carlista Esteban Bilbao le sustituyó como Ministro de Justicia el antiguo Secretario General de la FET, Fernández Cuesta y a Miguel Primo de Rivera, un falangista del círculo de Arrese, Carlos Rein Segura, en el Ministerio de Agricultura. El Ministro de Gobernación, Blas Pérez, siguió en el cargo, así como el Ministro de Educación, Ibáñez Martín, que era un católico de derechas y muy cercano a Franco. A Juan Antonio Suanzes, amigo de la infancia de Franco y Presidente del INI, ya se le había nombrado Ministro de Comercio e Industria en la reordenación parcial del Gobierno que había tenido lugar en 1944. Aunque algunos ministros se sentían cercanos a la monarquía y dos de ellos se consideraban políticos católicos, éste era un gabinete formado fundamentalmente por leales de Franco, quien tenía todas las razones para pensar que ninguno de ellos le traería problemas. La excepción a esto podía haber sido Artajo, quien había expresado sus dudas de colaborar con el Régimen a varios católicos destacados desde el Primado para abajo. La mayoría, aunque no todos, le animaron a formar parte del Gobierno para llevar a cabo una reforma institucional. Se dice que él informó a los miembros de Acción Católica de que habría una transformación de envergadura en un periodo de cuatro meses, y parece que el 28 de agosto le dijo al nuevo embajador americano que Franco ya debía haberse dado cuenta que pronto tendría que renunciar. Obviamente, Franco no pensaba en nada semejante y, de hecho, Martín Artajo se estaba imaginando que el sistema de Franco iba a transformarse rápidamente en una monarquía católica y corporativa, semiautoritaria, quizá no muy diferente de las reformas que estaba llevando a cabo Salazar en Portugal. En las reuniones con su gabinete de septiembre y octubre, Franco parecía estar de acuerdo con algunas de las sugerencias de Martín Artajo frente a la resistencia que oponían Girón y Rein Segura. Se discutieron unas reformas limitadas, como una amnistía por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la reforma electoral de las Cortes, una relajación de la censura y una ley de referéndums. Había momentos en los que Franco parecía creer en un sistema más cercano al sistema constitucional; por ejemplo, cuando comentó que la catástrofe de la Alemania nazi había sido motivado por la decisión de un solo hombre, o cuando aseguró que existía ese mismo peligro para las monarquías que podían sufrir el peligro de desviación del rey por mirarse sólo al espejo (según las notas que tomó Martín Artajo en las reuniones del gabinete citado en J. Tussell, Franco y los católicos, Madrid, 1984, 103). Sin embargo, los cambios que se realizaron en los meses siguientes se hicieron muy lentamente, fueron mínimos y en algunos aspectos, cosmética pura. El consejero más influyente que insistía en que se hicieran los cambios posibles era Carrero Blanco. En un memorándum decía que por encima de todo el Régimen debía confiar en el orden, la unidad y aguantar, y así se hizo. El 12 de octubre la nueva legislación se mandó a las Cortes, donde se suavizarían algo los términos como reuniones, asociaciones y garantías civiles individuales de acuerdo con el Fuero de los Españoles. Se anunció que se celebrarían elecciones municipales en marzo. Los miembros de los ayuntamientos se elegirían por un procedimiento indirecto -un tercio por los cabeza de familia, otro tercio por los sindicatos, y el tercio restante por aquellos que habían salido elegidos por los dos canales mencionados aunque el Gobierno seguiría nombrando los alcaldes a dedo. El 20 de octubre, se anunció una amnistía para los prisioneros que estuvieran haciendo tiempo por crímenes cometidos en la Guerra Civil y dos días después salió una nueva Ley del Referéndum en la que se dictaba qué cuestiones de trascendencia nacional se someterían a un referéndum popular a la discreción del Gobierno. La Falange no se disolvería, pero se le restaría importancia. Una semana después del cambio en el gabinete, la Vicesecretaría de Educación Popular, que era donde se controlaba la censura, se retiró de la FET y se colocó bajo el ministerio de Educación, que se había convertido en un feudo católico. El brazo en alto o saludo romano, declarado saludo nacional en abril de 1937, se abolió oficialmente el 11 de septiembre de 1945, sin tener en cuenta las objeciones de los ministros falangistas que quedaban. La burocracia de la FET se dejó bajo la administración del Vicesecretario, Rodrigo Vivar Téllez, un ex juez de reconocida honestidad. Vivar Téllez no era un fascista y no entendía por qué se quería mantener la organización del Movimiento. Franco, sin embargo, tenía muy claro el valor que tenía. En una conversación anterior con Martín Artajo, había observado que la Falange era importante para mantener el espíritu y los ideales del Movimiento de 1936 y en la creación de opinión pública. Como organización de masas, tenía potencial para atraer a toda clase de gente y era la que preparaba el apoyo popular del Régimen, que Franco aseguraba ver en sus viajes. También proporcionó el contenido y los cuadros administrativos de la política social del Régimen y sirvió como baluarte contra la subversión, ya que después de 1945 los falangistas no tuvieron otra alternativa que volver al Régimen. Por fin, el Caudillo observó con cierto cinismo, que funcionaba como una especie de varilla de castigo y se les inculpa de los errores del gobierno, quitándole la presión a éste, según Javier Tusell. Franco declaró que era una especie de instrumento de unificación nacional, más que un partido. No había que prestar mucha atención a las actividades clandestinas de un puñado de activistas resentidos por la pérdida de protagonismo. Mientras tanto el camisa vieja, Luis González Vicen -jefe del grupo de jóvenes Guardias de Franco- estaba maquinando una maniobra muy diferente para la que había iniciado negociaciones ese verano en Madrid con el nuevo Secretario General clandestino de la CNT, José Leiva. Su objetivo era conseguir el apoyo de la oposición anarcosindicalista para crear un sindicalismo más fuerte, más numeroso y más popular, y rescatar así la Falange. Franco terminó rechazando las exigencias de la CNT y las negociaciones se rompieron al año siguiente. Se reanudó la persecución de la organización anarquista y de sus líderes. La construcción de lo que se ha llamado un constitucionalismo cosmético se completó por el momento, mediante la publicación de una nueva ley electoral el 12 de marzo de 1946. No incluía grandes cambios. Se mantenía el principio de las elecciones corporativas indirectas y controladas, pero admitía representación en los ayuntamientos y una participación sindical más activa. Ninguna de estas reformas suponía un cambio fundamental en el Régimen, pero sí significaba la creación de una fachada de nuevas leyes y garantías de las que se podía echar mano en términos de representación política y derechos civiles, aunque la realidad fuera otra muy diferente. Es decir, que la nueva meta era presentar el Régimen como un sistema de gobierno cuyo poder ejecutivo estaba limitado por el legislativo, lo que era cierto en la forma, pero engañoso en cuanto a la estructura política. Incluso antes de la muerte de Hitler, un ensayista de Arriba declaró el 12 de abril de 1945, "España tiene un modelo de democracia susceptible de desenvolvimientos amplios, sin desnaturalizarse. Un modo original. Uno más entre la veintena de tipos de democracia que ha registrado la Historia y han elucubrado los proyectistas políticos hasta nuestros azarosos días". El 14 de mayo de 1946 Franco insistiría sobre este aspecto: "El primer error que se comete consiste en querer presentar a nuestro Régimen como un régimen de dictadura, pretendiendo con ello asignar a la magistratura que ejerce facultades extraordinarias y despóticas, cuando... el poder judicial es desempeñado por unos magistrados y jueces de carrera... Jamás, en la vida de la nación, se ha movido la justicia en un área de mayor independencia" (citado en A. de Miguel, La herencia del franquismo, Madrid, 1976, 29). Diez meses después informó a un corresponsal, "Yo no soy, como fuera se cree, dueño de lo que quiero; necesito, como todos los Gobiernos del mundo, la asistencia y acuerdo de mi Gobierno"; y una vez más, definió el Régimen como una democracia popular orgánica (Arriba, 6 marzo 1947), y repitió el eslogan acuñado en 1944 que se seguiría empleando con muchas variaciones durante las tres décadas siguientes.

En este contexto, las bases del nuevo sistema administrativo de las provincias hispanas fueron creadas durante el principado de Augusto (31 a.C.-14 d.C.) y afectan a la ordenación territorial; al organigrama administrativo y su materialización en los correspondientes magistrados, y al sistema impositivo. En el plano territorial, la reorganización administrativa afecta a la totalidad del territorio peninsular, completamente anexionado tras las victorias obtenidas en la guerra contra cántabros y astures. El punto de partida estaba constituido por el ordenamiento administrativo existente, que articulaba el territorio conquistado en dos provincias, denominadas Ulterior y Citerior en función de su proximidad o lejanía de Italia. Sobre el mismo se proyectan otros factores, de los que unos son específicos de la realidad histórica y geográfica hispana, mientras que otros expresan los nuevos equilibrios sociopolíticos con los que se funda el Principado. El condicionante hispano lo constituye la heterogeneidad histórica existente en la organización de los distintos pueblos que habitan la Península. La conciencia de esta diversidad se proyecta en la visión que de Hispania poseen determinados geógrafos de época augústea, como el griego Estrabón, que en el libro III de su Geografía claramente contrapone una realidad civilizada propia de la Hispania meridional y más específicamente del curso medio del Betis habitada por los turdetanos, donde impera la ciudad, y el mundo de los pueblos del norte de la Península, donde domina la barbarie, en clara consonancia con el carácter montañoso del espacio que habitan. Sobre esta diversidad histórica, donde se ha proyectado el fenómeno romanizador previo que se desarrolla en las zonas meridionales y levantinas de manera inmediata a la conquista, incentivando los procesos urbanos generados por la colonización griega y fenicio-púnica, actúan los nuevos equilibrios sociopolíticos presentes en la articulación del principado. En él se yuxtaponen las prerrogativas en el plano territorial y en el control de recursos de princeps y la subsistencia del antiguo sistema provincial propio de la desaparecida República que sobrevive en las prerrogativas que se le adscriben en el plano administrativo al senado romano. La reorganización del territorio hispano se realiza en el 27 a.C., año en el que se institucionaliza el nuevo sistema político surgido de las guerras civiles; concretamente, según la información que nos proporciona Casio Dión, en este año se produce la subdivisión de todas las provincias que conforman el imperio en senatoriales e imperiales en función de que se encontrasen pacificadas y, en consecuencia, fueran inermes, o no pacificadas, lo que comportaba la presencia de los correspondientes contingentes legionarios. Las primeras quedaron bajo jurisdicción administrativa del senado y fueron gobernadas por un procónsul elegido por este último, mientras que las restantes fueron consideradas como provincias imperiales y serán administradas por un legado designado por el emperador.

La fijación exacta de los limites sólo se produjo con las reformas llevadas a cabo por Solón, en el arcontado del ano 594. Una de las medidas fundamentales fue la determinación y evaluación de las fortunas en términos agrarios, sobre la base del medimno como medida de los cereales, pero, según Plutarco, con el establecimiento de equivalencias en ganado y en términos monetarios, aspecto este último sometido a crítica, pues no hay acuerdo sobre la difusión de la moneda o equivalentes en esta época. Es posible que algún tipo de sistema promonetal, al menos, se estuviera generalizando. En la ciudadania quedan incorporados los thetes, los que se hallan por debajo de los ciento cincuenta medimnos, que, sin embargo, no tienen participación en la boulé, órgano representativo de las cuatro tribus, donde se integran los miembros de la ciudadanía activa. Ésta está constituida por los hoplitas, denominados zeugitai en la legislación, aludiendo con ello al aspecto agrario, a la yunta. Sólo por encima de los trescientos medimnos podía el ateniense tener acceso al arcontado, cuando estaba encuadrado entre los hippeis o hippotai, los miembros de la caballería. Dentro de esta clase aristocrática ampliada existe un grupo más restringido que posee los quinientos medimnos y así se denominan pentakosiomedimnoi, de quienes no se conocen atribuciones específicas y que puede tratarse de un grupo de prestigio diferenciado sólo en el plano de los reconocimientos sociales como gene, miembros destacados próximos a los sacerdocios. Solón, uno de los siete sabios, recibió sus atribuciones legisladoras como mediador en un violento conflicto creado dentro de la ciudad y mostró en la práctica la ideología de la medida, al intentar colocarse en medio sin permitir que los ricos abusaran o que los pobres llegaran a ser como los ricos, según expone en sus versos elegíacos, modelo de la poesía lírica representativa de la aristocracia arcaica no competitiva. Según Aristóteles, lo peor de la politeia del momento era que la mayoría estaba esclavizada por no tener ningún derecho. La expulsión del cuerpo cívico pone al hombre al borde de la esclavitud en un momento en que, por el desarrollo económico y los intercambios, tal institución comienza a difundirse por las ciudades griegas. En la práctica, la situación se concretaba en que quienes se habían apoderado de las tierras esclavizaban a los pobres y lo habían hecho a través de las deudas. Los pobres caen en la situación de pelatai o hectemoroi, término este último alusivo a la parte que deben entregar a los dueños. El primero, menos concreto, equipara a los campesinos áticos con los clientes romanos de época arcaica, forma de dependencia similar a la que amenazaba al campesinado ático de principios del siglo VI. Como la situación era conflictiva y existía el peligro de que algún aristócrata intentara romper la solidaridad de su clase por apoyarse en el descontento campesino y acceder a la tiranía, funcionó momentáneamente esa solidaridad y se entregó a Solón la posibilidad de la reforma, de cambiar para que nada cambiara. La medida principal fue la sisactía, la descarga de las deudas y obligaciones que pesaban sobre el campesinado. Con la estructuración censataria citada, la politeia disminuía, le quedaba reconocida también a los thetes, sin tierras suficientes de la ciudad, para desempeñar las funciones secundarias que la nueva urbe requería, en los intercambios y en las manufacturas. Paralelamente, la explotación del trabajo esclavo permite liberar de la presión al campesino de la ciudad y estructurar la comunidad de modo que la politeia, incluso la mínima, sirva de protección frente a la dependencia, de la que queda libre el ateniense. Al parecer, ekklesía y heliea, órganos de plena participación ciudadana con funciones legislativas y judiciales, respectivamente, cobran en este período un nuevo impulso de gran trascendencia posterior como arma de la actuación política del demos subhoplítico.

Probablemente el personaje más importante en la historia azteca, Tlacaélel, el gran reformador y configurador de la política y la sociedad aztecas, no alcanzó nunca a ser el máximo responsable del Estado, el tlatoani. Sin embargo, desde su puesto como segundo, cihuacóatl, a él se le debe la consolidación del Imperio mexica. Sobrino del tlatoani Itzcóatl y hermano de Chimalpopoca y Motecuhzoma I Ilhuicamina, alcanzó gran prestigio y aumentó su poder gracias a la victoria en la guerra contra Azcapotzalco. Ascendido al cargo de cihuacóatl, que desempeñó bajo el gobierno de los citados y, probablemente, de Tízoc y Ahuitzotl, es posible que rechazara ocupar el cargo de tlatoani. Como cihuacóatl, sin embargo, realizó profundas reformas en la base política y social azteca. En lo político, se le adjudica la creación de un consejo de notables integrado por cuatro miembros: tlacohcálcatl, tlacatécatl, ezhuahuacatl y tlillancalqui. Estableció además que su mandato duraría lo que durara el del tlatoani. La creación de estos cargos aparece recogida en las páginas del Códice Ramírez de la siguiente forma: Oyendo, pues, el rey (Itzcóatl) la comanda de Tlacaélel se le concedió muy buena gana, y tomando su parecer hizo señores y grandes en su reino de esta forma. Primeramente ordenaron que siempre se guardase este estatuto en la corte mexicana, y es que después de electo rey en ella, eligiesen cuatro señores, hermanos o parientes más cercanos del mismo Rey, los cuales tuviesen dictados de príncipes: los dictados que entonces dieron a estos cuatro, el primero fue Tlacochcalcatl, (...) el segundo Tlacatecatl, (...) el tercero Ezhuahuacatl, (...) el cuarto Tlillancalqui". Además se le debe a Tlacaélel la creación del título de tiacahuan, con el que se premiaba a los guerreros que habían destacado en la batalla, así como de otros cinco altos cargos más. Originalmente estos cargos y títulos estaban ligados al calpulli, aunque, con el paso del tiempo, devinieron en cargos independientes, no hereditarios y destinados a recompensar las acciones en beneficio de la comunidad. Según las fuentes, Tlacaélel mismo desempeñó sucesivamente los cargos de atempanécatl tiacauh, tlacochcálcatl y, finalmente, cihuacóatl, cuando su prestigio había adquirido su punto máximo. En lo económico, el impulso dado por Tlacaélel supondrá a los mexica sumar numerosos territorios. Las tierras anexionadas serán repartidas entre los militares, siguiendo el orden jerárquico y de acuerdo con los méritos contraídos. Las nuevas tierras, descontadas las que correspondían al tlatoani, al cihuacóatl y a los templos de cada calpulli, se repartían entre los tiacahuan, los jefes más destacados en el combate y, finalmente, los guerreros que habían sobresalido en el combate. Lo más novedoso era, sin embargo, que no importaba que fueran gente noble o del común. Pero, con ser importantes sus reformas políticas, económicas y sociales, las que atañen al campo religioso no se quedan atrás. Tlacaélel se ocupó de crear un aparato ideológico que aglutinase al pueblo mexica, dotándole de unas señas de identidad que le acompañarán en adelante. Huitzilopochtli es elevado a la categoría de dios tribal e identificado con el culto solar, una idea que es transmitida al resto de pueblos con los que los mexica tienen contacto. La reforma es, en este aspecto, clave: el culto al dios solar Huitzilopochtli requiere del permanente sacrificio de cautivos de guerra, pues los aztecas piensan que el Sol que rige sus vidas habrá de acabar algún día en medio de grandes cataclismos, lo que sólo puede ser evitado si se le ofrece la sangre de los sacrificados como alimento. Para obtener cautivos es, pues, necesario emprender campañas de conquista, lo que empuja a los aztecas a un estado de guerra permanente. La importancia de éste concepto es central, por cuanto su culto requiere sacrificios humanos y, por tanto, la captura de víctimas mediante la guerra. Consideran los mexica que el Sol que rige sus vidas tiene una duración limitada y que su muerte, como sucedió con los otros cuatro soles anteriores, provocará grandes catástrofes. La única manera de aplacar la voluntad divina es ofrecer alimento a Huitzilopochtli, esto es, la sangre de los sacrificados, para lo que se emprenderán guerras de conquista con la triple misión de anexionar territorios, incrementar el comercio mediante la obtención de bienes y materias y conseguir prisioneros para el sacrificio. Desde un punto de vista funcional, el culto a Huitzilopochtli está en la base del éxito militar mexica, siendo un rasgo fundamental de su identidad como pueblo. Así, se amplía el antiguo Templo Mayor de Tenochtitlan dedicado a Huitzilopochtli y Tláloc y, por inspiración de Tlacaélel, se borran los antiguos escritos que hacían referencia al humilde pasado mexica y se reescribe la historia, haciéndolos emparentar con la esplendorosa cultura tolteca y otorgando a los propios mexica una base ideológica para justificar y fomentar la conquista de los pueblos vecinos. Itzcóatl, por indicación de Tlacaélel, ordenará destruir los manuscritos que hablan sobre su origen humilde y escribirlos de nuevo de manera acorde al papel hegemónico que ahora desempeñan. Las fuentes nos ofrecen un testimonio de esta tergiversación de la historia azteca emprendida por Tlacaélel: "Se guardaba su historia. Pero, entonces fue quemada: cuando reinó Itzcóatl, en México. Se tomó una resolución, los señores mexicas dijeron: -no conviene que toda la gente conozca las pinturas (los códices). Los que están sujetos (el pueblo llano) se echarán a peder y andará torcida la tierra, porque allí se guarda mucha mentira, y muchos en ellas han sido tenidos por dioses" (Informantes indígenas de Sahagún).

El 12 de abril de 1813 se creó la Dirección General de Hacienda y, desde ese momento hasta la disolución de las Cortes, se emitieron 26 decretos relativos a la reforma económica. El espíritu que presidía esa reforma era doble: por una parte se pretendía remover los obstáculos que habían impedido el desarrollo de la economía, y por otra se deseaba crear una nueva estructura tributaría que sustituyese a la del Antiguo Régimen y que tanto había favorecido a los privilegiados. En cuanto al primero de estos propósitos, se aprobó una ley agrícola por la que se autorizaba a los agricultores a cercar sus cultivos, hasta entonces abiertos para que los ganados pudiesen aprovechar los rastrojos. Se establecía la libertad de cultivo, de venta, de transporte de los productos del campo, y al mismo tiempo se declaraba que los mismos terrenos podían ser arrendados en cualesquiera condiciones. El mismo sentido tenía la ley de industria, que daba libertad para establecer fábricas sin ningún tipo de permiso ni licencia. Desde su aprobación, los españoles podrían ejercer cualquier industria sin examen ni título, lo cual implicaba la derogación de las ordenanzas gremiales. Por último, la ley ganadera suprimía los viejos derechos de la Mesta. En lo que se refiere a la reforma de la Hacienda, debatida durante el verano de 1813 y que nunca llegaría a aprobarse, pues las Cortes se disolvieron antes, se centró en cuatro aspectos fundamentales. La sustitución de las contribuciones indirectas por los impuestos directos. Su aplicación sobre los tres ramos: territorial, industrial y comercial. Supresión de las aduanas y resguardos. Por último, se debatió también la supresión de las facultades de corporaciones y particulares de seguir percibiendo rentas enajenadas por la Corona. Todas estas medidas que adoptaron las Cortes extraordinarias tuvieron una consecuencia esencial: el encumbramiento de la burguesía. Los dos estamentos privilegiados recibieron los más duros impactos, de tal manera que puede afirmarse que la pretendida revolución social a la que aspiraba el liberalismo tendía más a la sustitución que a la igualación. En cualquier caso, la gran tragedia de todas estas reformas es que tardarían todavía mucho tiempo en poder aplicarse en la realidad. La finalización de la guerra y, por consiguiente, las circunstancias extraordinarias que habían favorecido la reunión de las Cortes y la aprobación de estas medidas, y el regreso de Fernando VII con el firme propósito de restablecer la Monarquía absoluta, impondrían un compás de espera ante la frustración de los liberales. Las Cortes extraordinarias dieron por finalizadas sus sesiones el 14 de septiembre de 1813 y, aunque no se ha escrito mucho sobre ello, se sabe que se convocaron a continuación las Cortes ordinarias que celebraron sus sesiones, primero en Cádiz y después en la isla de León. Cuando las circunstancias permitieron el traslado a Madrid, los diputados se reunieron en el teatro de los Caños del Peral, en el lugar en el que más tarde se edificaría el Teatro Real, para trasladarse a comienzos de mayo de 1814 a la antigua iglesia de doña María de Aragón. Fueron siete los meses de vida de estas Cortes ordinarias, hasta que el rey decretase su disolución.

El siglo XVIII fue un período de relativa estabilidad política. En la transición a esta centuria, el gobierno de Tsunayoshi (1680-1709) ha sido considerado culpable de haber precipitado el bakufu a su primer periodo de turbulencias, agotado las finanzas y provocado la devaluación; coincidió además con el agotamiento de las minas shogunales de metales preciosos. La superficial estabilidad del Setecientos no lograba paliar la necesidad de nuevas reformas acordes con los cambios que se avecinaban. El octavo shogun, Yoshimune (1716-1745), uno de los más activos de la dinastía Tokugawa, puso en marcha la reforma Kyoho, destinada a reparar las finanzas del bakufu y restablecer el control feudal. Abogó por la frugalidad, elevó los impuestos y trató de incrementar la disciplina de los funcionarios del tesoro, impuso levas a los daimyos, fomentó la recuperación de tierras, intentó promover a los funcionarios de más talento, revisó el código legal básico del bakufu, fomentó la educación y la construcción de escuelas en los dominios y alivió las prohibiciones que afectaban al desarrollo de estudios occidentales, dando vía libre a la presencia holandesa en Nagasaki. Como resultado de estas medidas, a mediados del siglo XVIII -cuando comenzaba a notarse su efecto-, los ingresos del bakufu llegaron al punto más alto de todo el período Tokugawa. Yoshimune se ganó la reputación de shogun capaz. Pero el funcionario que más hizo por encauzar la política bakufu hacia derroteros mercantiles fue Tanuma Okitsugu (1719-1788), estableciendo en tal sentido fuertes lazos con el capital comercial. La política de Tanuma acentuó el crecimiento comercial utilizando capital mercantil para financiar osados proyectos de recuperación de tierras en lagos y pantanos; sin embargo, contacto tan estrecho con los comerciantes generó cierta corruptela; ricos mercaderes se afanaban por sobornar a Tanuma, cuyo poder era casi dictatorial, para obtener a cambio mayores privilegios. De modo que, a pesar de haber intentado adecuar la política del bakufu a la realidad comercial de la época, Tanuma se ganó en el proceso la incómoda reputación de corrupto. A partir de 1781, transcurridos unos veinte años de gobierno Tanuma, Japón comenzó a sufrir una serie de desastres naturales. La erupción del monte Asama, en 1783, elevó el número de víctimas mortales a 20.000, sumiendo un área de varios kilómetros cuadrados bajo una espesa capa de ceniza volcánica. No obstante, el problema mayor fue el hambre causada por inusuales condiciones climáticas, exacerbadas por las erupciones. La cosecha de 1785 fue tres veces menor a la de un año normal. Millares de campesinos abandonaron los campos yermos y se volcaron a las ciudades, donde, provocada por la escasez, la subida vertiginosa de los precios del arroz condenó a las masas a la más rancia pobreza. En 1784 se sucedieron desórdenes en varias ciudades fortificadas, entre ellas Edo, Osaka y Kyoto. Los campesinos de las aldeas, incapaces de soportar el elevado impuesto anual exigido por el bakufu o los daimyos, se sumaron a los levantamientos. Entre 1780 y 1782 hubo 230 revueltas por todo el país. En este contexto, Tanuma Okitsugu tuvo que abandonar el poder. En su lugar fue nombrado el daimyo Matsudaira Sadanobu, introductor de las denominadas reformas Kansei. Uno de sus objetivos consistió en aliviar a las aldeas devastadas por el hambre y la indigencia. Otro, quitar el excesivo peso de los impuestos que agobiaban a los empobrecidos samurais. Un tercer objetivo, organizar la incipiente clase mercante. En el primer caso, se procedió a reconducir a los campesinos que se habían refugiado en Edo hacia sus campos y aldeas, donde comisionados especiales, daikan, administrarían las tierras bajo el control directo del shogun. En cuanto a los samurais, se perdonaron todas las deudas con más de cuatro años de antigüedad. Aunque ello les alivió evidentemente, la pérdida financiera llevó a los comerciantes a no concederles más préstamos, lo que en definitiva vino a acentuar la pobreza de los samurais menos pudientes. En el terreno económico, el bakufu realizó ingentes esfuerzos por recomponer sus finanzas, invitando a los mercaderes más poderosos a participar en la planificación política. Otra de las intenciones de las reformas Kansei, de Matsudaira Sadanobu, era el control ideológico sobre las publicaciones y prohibió, como subversivos, los comentarios críticos hacia la política del bakufu. En parte la reforma Kansei del bakufu tuvo éxito y Edo volvió a ser próspera, pero, por otra parte, las reformas fomentaron la oposición popular e hicieron poco por frenar la decadencia del endeble poder del bakufu o mejorar las condiciones de vida de los samurais. El bakufu ya no recuperaría su autoridad sobre los daimyos. Más no podían hacer los funcionarios por mantener a flote una economía administrativa desvencijada.

El siglo XVIII fue un período de relativa estabilidad política. En la transición a esta centuria, el gobierno de Tsunayoshi (1680-1709) ha sido considerado culpable de haber precipitado el bakufu a su primer periodo de turbulencias, agotado las finanzas y provocado la devaluación; coincidió además con el agotamiento de las minas shogunales de metales preciosos. La superficial estabilidad del Setecientos no lograba paliar la necesidad de nuevas reformas acordes con los cambios que se avecinaban. El octavo shogun, Yoshimune (1716-1745), uno de los más activos de la dinastía Tokugawa, puso en marcha la reforma Kyoho, destinada a reparar las finanzas del bakufu y restablecer el control feudal. Abogó por la frugalidad, elevó los impuestos y trató de incrementar la disciplina de los funcionarios del tesoro, impuso levas a los daimios, fomentó la recuperación de tierras, intentó promover a los funcionarios de más talento, revisó el código legal básico del bakufu, fomentó la educación y la construcción de escuelas en los dominios y alivió las prohibiciones que afectaban al desarrollo de estudios occidentales, dando vía libre a la presencia holandesa en Nagasaki. Como resultado de estas medidas, a mediados del siglo XVIII -cuando comenzaba a notarse su efecto-, los ingresos del bakufu llegaron al punto más alto de todo el período Tokugawa. Yoshimune se ganó la reputación de shogun capaz. Pero el funcionario que más hizo por encauzar la política bakufu hacia derroteros mercantiles fue Tanuma Okitsugu (1719-1788), estableciendo en tal sentido fuertes lazos con el capital comercial. La política de Tanuma acentuó el crecimiento comercial utilizando capital mercantil para financiar osados proyectos de recuperación de tierras en lagos y pantanos; sin embargo, contacto tan estrecho con los comerciantes generó cierta corruptela; ricos mercaderes se afanaban por sobornar a Tanuma, cuyo poder era casi dictatorial, para obtener a cambio mayores privilegios. De modo que, a pesar de haber intentado adecuar la política del bakufu a la realidad comercial de la época, Tanuma se ganó en el proceso la incómoda reputación de corrupto. A partir de 1781, transcurridos unos veinte años de gobierno Tanuma, Japón comenzó a sufrir una serie de desastres naturales. La erupción del monte Asama, en 1783, elevó el número de víctimas mortales a 20.000, sumiendo un área de varios kilómetros cuadrados bajo una espesa capa de ceniza volcánica. No obstante, el problema mayor fue el hambre causada por inusuales condiciones climáticas, exacerbadas por las erupciones. La cosecha de 1785 fue tres veces menor a la de un año normal. Millares de campesinos abandonaron los campos yermos y se volcaron a las ciudades, donde, provocada por la escasez, la subida vertiginosa de los precios del arroz condenó a las masas a la más rancia pobreza. En 1784 se sucedieron desórdenes en varias ciudades fortificadas, entre ellas Edo, Osaka y Kyoto. Los campesinos de las aldeas, incapaces de soportar el elevado impuesto anual exigido por el bakufu o los daimios, se sumaron a los levantamientos. Entre 1780 y 1782 hubo 230 revueltas por todo el país. En este contexto, Tanuma Okitsugu tuvo que abandonar el poder. En su lugar fue nombrado el daimio Matsudaira Sadanobu, introductor de las denominadas reformas Kansei. Uno de sus objetivos consistió en aliviar a las aldeas devastadas por el hambre y la indigencia. Otro, quitar el excesivo peso de los impuestos que agobiaban a los empobrecidos samurais. Un tercer objetivo, organizar la incipiente clase mercante. En el primer caso, se procedió a reconducir a los campesinos que se habían refugiado en Edo hacia sus campos y aldeas, donde comisionados especiales, daikan, administrarían las tierras bajo el control directo del shogun. En cuanto a los samurais, se perdonaron todas las deudas con más de cuatro años de antigüedad. Aunque ello les alivió evidentemente, la pérdida financiera llevó a los comerciantes a no concederles más préstamos, lo que en definitiva vino a acentuar la pobreza de los samurais menos pudientes. En el terreno económico, el bakufu realizó ingentes esfuerzos por recomponer sus finanzas, invitando a los mercaderes más poderosos a participar en la planificación política. Otra de las intenciones de las reformas Kansei, de Matsudaira Sadanobu, era el control ideológico sobre las publicaciones y prohibió, como subversivos, los comentarios críticos hacia la política del bakufu. En parte la reforma Kansei del bakufu tuvo éxito y Edo volvió a ser próspera, pero, por otra parte, las reformas fomentaron la oposición popular e hicieron poco por frenar la decadencia del endeble poder del bakufu o mejorar las condiciones de vida de los samurais. El bakufu ya no recuperaría su autoridad sobre los daimios. Más no podían hacer los funcionarios por mantener a flote una economía administrativa desvencijada.

Si Manuel Azaña dejó de ser un político prácticamente desconocido por la opinión pública para convertirse en jefe del Gobierno y líder indiscutido de la izquierda republicana, fue en gran parte por su labor al frente del Ministerio de la Guerra. Las medidas que aplicó para racionalizar y democratizar las obsoletas Fuerzas Armadas constituyen uno de los aspectos más destacados de la obra del bienio reformista, y prácticamente el único que apenas fue rectificado por los posteriores gobiernos radical-cedistas. Azaña se rodeó de un equipo de técnicos, al frente de los que puso a los generales Ruiz-Fornells y Goded y al comandante Hernández Saravia, con quienes preparó una amplia normativa reformista. Algunas de sus iniciativas buscaban resolver situaciones urgentes, mientras que otras, de más lenta aplicación, pretendían alterar sustancialmente la estructura de las Fuerzas Armadas. Las primeras cuajaron en una serie de decretos durante la primavera y el verano de 1931, que serían luego refrendados por las Cortes. Las segundas, mediante leyes promulgadas durante la permanencia de Azaña en la presidencia del Consejo de Ministros. Los decretos más importantes fueron los siguientes: a) La promesa de fidelidad a la República. Este Decreto, de 22 de abril, pretendía vincular personalmente a los militares a la defensa del régimen naciente, forzando la baja de los monárquicos recalcitrantes. La práctica totalidad de los profesionales suscribió la promesa, pero es seguro que muchos lo hicieron para no perder su empleo y que ello no les hizo sentirse más obligados hacia el régimen. b) El Decreto de retiros extraordinarios de 25 de abril, buscaba aligerar las plantillas del personal sobrante, antes de acometer la reforma orgánica del Ejército. Quienes se acogieran al retiro voluntario en el plazo de un mes -plazo que luego se amplió- conservarían el sueldo íntegro. Si no se alcanzaba el número de retiros necesario, el ministro se reservaba el derecho a destituir, sin beneficio alguno, a cuantos oficiales estimase oportuno. Por conveniencia o por miedo, se acogieron voluntariamente a la medida un total de 84 generales, 8.650 jefes y oficiales -más del 40 por ciento del total- y 1.866 clases de tropa y auxiliares. Abandonaron el Ejército los militares menos profesionales, lo que mejoró la calidad media. La reducción de mandos facilitó, además, la reorganización de las unidades y ofreció mejores expectativas de promoción a los que se quedaron, ya que el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores. c) Reorganización del ejército metropolitano, iniciada por un Decreto de 25 de mayo de 1931 por el que la División era mantenida como unidad básica de combate, pero las 16 existentes eran reducidas a ocho, con sus efectivos al completo, más unidades independientes de ametralladoras, montaña y cazadores. La Aviación, hasta entonces dependiente del Ejército de Tierra, pasó a formar un Cuerpo General independiente, con su propio escalafón de oficiales (Decreto de 27 de junio). Se disolvió el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, constituido por los capellanes castrenses, se traspasó el Cuerpo de Carabineros, encargado de la vigilancia fronteriza, al Ministerio de Hacienda y se independizó a la Cruz Roja, hasta entonces dependiente de las Fuerzas Armadas. Las Regiones Militares, divisiones administrativas de la Monarquía, fueron sustituidas por ocho Divisiones Orgánicas y sendas Comandancias Militares en Canarias y Baleares, al tiempo que desaparecían las Capitanías Generales y la categoría de teniente general, con lo que, en adelante, el empleo más alto que podía alcanzar un militar era el de general de división (Decreto de 16 de junio). d) Reorganización del ejército de África. En la visión de Azaña, se trataba de un ejército de tipo colonial, que debería tener una estructura diferente del peninsular. Procuró reducir los efectivos militares del Protectorado y crear una administración civil que potenciara la colonización del territorio. El Decreto de 4 de julio disminuyó los efectivos de las tropas coloniales en unos siete mil individuos y poco después se separaron los cargos de Alto Comisario, encomendado a un civil, y de Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, asumido por un general y subordinado al primero. e) Reforma de la Justicia militar, dictada por el principio constitucional de la unidad de jurisdicción. Una de las primeras medidas del Gobierno provisional había sido anular, el 17 de abril, la Ley de Jurisdicciones de 1906, que colocaba bajo la Justicia militar a los civiles acusados de delitos contra la Patria o el Ejército. Azaña llegó más lejos al situar la propia jurisdicción castrense bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, traspasando sus funciones al Tribunal Supremo, donde se creó una Sala especial con magistrados civiles. Los fiscales militares quedaron bajo la autoridad del Fiscal de la República y se reorganizó el Cuerpo Jurídico militar, que dejó de depender de los mandos territoriales (Decreto de 26 de julio). Las medidas a largo plazo eran mucho más complejas, ya que suponían un ambicioso programa de modernización material y humana. Buena parte de ellas no alcanzaron sus metas por falta de tiempo o de recursos, pero en conjunto constituían un plan realista y coherente, que hubiera dotado a España de un Ejército acorde con sus necesidades. Las líneas fundamentales de esta actuación fueron las siguientes: a) Política de destinos y ascensos. Resuelto el problema de la sobrecarga de plantillas, la reforma del personal se centró en la reglamentación de escalas y en la eliminación de las divisiones clasistas que amparaban. El Decreto sobre destinos de 4 de mayo establecía su provisión mediante criterios de antigüedad y dejaba los de los generales a la discrecionalidad del ministro de la Guerra. Posteriormente, las Cortes aprobaron una Ley determinando el pase a la reserva de los generales que no hubiesen tenido destino en seis meses, facultad que permitió a Azaña retirar a algunos de fidelidad dudosa al régimen. Respecto a los ascensos, sendos Decretos de mayo y junio de 1931 posibilitaron la anulación de gran parte de los producidos durante la Dictadura por elección o por méritos de guerra, lo que supuso la pérdida de uno o dos grados para unos 300 militares y un fuerte retroceso en el escalafón para otros que, como los generales Franco y Fanjul, no llegaron a perder el grado. Finalmente, la Ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad, aprobada el 12 de septiembre de 1932, confirmó estas medidas, estableció un baremo para los ascensos en el que primaba la antigüedad y capacitación profesional y unificó en una sola escala a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa, discriminados hasta entonces. b) Se determinaron también nuevas modalidades de reclutamiento. Los soldados de reemplazo permanecerían un año en filas, pero los universitarios y bachilleres sólo deberían pasar un período de instrucción de cuatro semanas. La reforma mantenía el injusto sistema de redención del servicio militar mediante dinero, aunque sólo podría aplicarse a partir de los seis meses de permanencia en filas. c) Reforma de la enseñanza militar (Decretos de 1-7-1931). Una de las primeras medidas de largo alcance del ministro, que deseaba oficiales con una cultura ni más fuerte ni más débil que otros funcionarios públicos de su categoría y su responsabilidad, fue cerrar la Academia General Militar de Zaragoza, creada en 1927 y cuyo director era el general Francisco Franco, repartiendo sus alumnos por Armas entre las academias de Toledo (Infantería, Caballería e Intendencia), Segovia (Artillería e Ingenieros) y Madrid (Sanidad Militar). Para los nuevos cursos de promoción de coroneles y generales se creó la Escuela Superior de Guerra y se abrieron otros centros especializados, como la Escuela Central de Tiro, la Escuela de Automovilismo o el Centro de Transmisiones y de Estudios Tácticos de Ingenieros. d) Creación del Cuerpo de suboficiales y refuerzo de la Escala de Complemento. La oficialidad de complemento era para Azaña la solución ideal para disponer de mandos sin sobrecargar las plantillas profesionales. Por otra parte, la conversión en suboficiales de determinadas clases de tropa, otorgándoles la propiedad de su empleo y posibilitándoles un posterior ingreso en el Cuerpo de oficiales, no sólo obedecía a criterios técnicos de creación de mandos auxiliares, sino al deseo de mejorar la posición en el Ejército de un sector de profesionales poco favorecido hasta entonces y que era más proclive hacia el régimen democrático que la oficialidad de carrera. La reserva del sesenta por ciento de las plazas en las academias de oficiales para alumnos procedentes de la Escala de suboficiales buscaba, en ese sentido, democratizar la base social e ideológica de los mandos del Ejército. e) Modernización del material. Aunque en los primeros meses de la República se redujo bastante el gasto militar, continuó siendo una partida importante del gasto público. En 1932 era de 387 millones, lo que suponía un 8, 6 por ciento del total, y en 1933 ascendió a 433 millones, el 9,5 por ciento. No obstante, el dinero para financiar las reformas militares nunca fue abundante. Frente a lo que a veces se dice, Azaña incrementó los efectivos humanos del Ejército y la retirada de diez mil profesionales no supuso un alivio económico, ya que siguieron cobrando sus sueldos íntegros. En tales condiciones, más que una política de rearme mediante compras en el extranjero, se imponía el incentivo a la producción propia. Para ello, la Ley de 6 de febrero de 1932 creó el Consorcio de Industrias Militares, que agrupaba a las fábricas de armas existentes con el fin de centralizar y aumentar su producción. Pero durante el primer bienio, el Ejército apenas compró material de guerra al Consorcio, que tampoco pudo penetrar en el abarrotado mercado internacional. En conjunto, la legislación militar del primer bienio constituyó un esfuerzo impresionante de planificación, y de haberse podido aplicar como fue diseñada, habría cambiado la faz de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la reforma y, especialmente, la reducción de plantillas, fue duramente combatida por la derecha y por un sector de la oficialidad que, como el general Mola, veía en ella un propósito político de "trituración" de un Ejército del que desconfiaban los gobernantes republicanos. Azaña, no exento de soberbia política, hizo poco para defender su proyecto ante la opinión pública y sus desahogos verbales, que le llevaron a ser tachado de jacobino, contribuyeron a crear agravios que pesaron luego en la actitud contraria al régimen de muchos militares. El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de ese año, fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no estrictamente políticas. La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares.

Las Cortes de Cádiz emprendieron la tarea de configurar una nueva sociedad basada en la interpretación individualista de los principios teóricos de libertad, igualdad y propiedad, considerados como eje fundamental de las relaciones sociales. Esa nueva organización de la sociedad estaba fundamentada, según Artola, en: 1°) una concepción antropológica según la cual el comportamiento de todos los hombres está determinado por la búsqueda de la felicidad; y 2°) la identificación de la felicidad con la riqueza. Así, las Cortes tienden a configurar una sociedad teóricamente igualitaria, pero que en la práctica deriva hacia una nivelación de tipo económico, pues es la posesión de riqueza y no la sangre, como en el Antiguo Régimen, lo que va a determinar el lugar que cada uno ocupe en la sociedad. Los historiadores Palacio Atard y García Pelayo creen que este proceso se inició ya en tiempos de Carlos III y que lo que se hace ahora es completarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta -como señala Comellas- la ideología que sostiene a estas reformas en uno y otro periodo. Ahora, afirma este autor, es necesario vincular estas reformas a un orden nuevo que las consagra, no como hechos producto de una eventual decisión voluntaria, sino como resultado de un principio fundamental. La más importante de estas reformas fue la llamada Ley de señoríos, promulgada el 6 de agosto de 1811. Determinaba la supresión del régimen señorial y suponía una transformación radical en la estructura de una sociedad que había mantenido durante siglos una discriminación basada en el privilegio. Desde la aprobación de aquella ley, los señoríos jurisdiccionales quedaban incorporados a la nación, y el nombramiento de justicias y demás funcionarios se haría como en los pueblos de realengo. Esa aprobación tropezó con alguna resistencia por parte de las clases privilegiadas, pero a aquellas alturas de 1811 esas clases habían ya perdido en gran medida el sentido feudal de su patrimonio y no tuvieron inconveniente en renunciar a los derechos jurisdiccionales, siempre que ello no significase la pérdida de los beneficios directos de sus posesiones. El decreto abolía, en efecto, los señoríos jurisdiccionales, y los señoríos territoriales quedaban convertidos en propiedad particular, siempre, naturalmente, que sus poseedores acreditasen sus títulos de compra. Esta cuestión sería posteriormente origen de numerosos conflictos por la dificultad de demostrar con documentos la propiedad de aquellos señoríos. La mayor parte de los pleitos que se entablaron por este motivo entre los campesinos que ocupaban la tierra y los nobles, fueron fallados en favor de estos últimos, lo cual generaría un fermento revolucionario en algunos lugares del país, y especialmente en Andalucía. No cuajó, sin embargo, el intento de extinguir los mayorazgos, pues aunque fue presentada una propuesta en 1812, no obtuvo el apoyo suficiente para ser aprobada y tendría que esperar hasta el Trienio constitucional. Sí obtuvo, por el contrario, la aprobación en marzo de 1813 un decreto que prohibía las pruebas de nobleza y todas las muestras que contribuyesen a fomentar la desigualdad legal o la rivalidad de clases. Se les encomendó a los ayuntamientos la demolición de los signos de vasallaje y los escudos existentes en las casas de los pueblos. De carácter social pueden considerarse también la creación de la Orden Nacional de San Fernando, para premiar el mérito y "...que nunca el favor pueda ocupar el lugar de la justicia", o las medidas desamortizadoras que se adoptaron con respecto a los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas cuyos conventos quedaran suprimidos por tener menos de doce profesos. Pero con respecto a la Iglesia, el mayor debate se centró en torno a la supresión de la Inquisición, que finalmente fue aprobada el 5 de febrero de 1813. El tribunal del Santo Oficio se había limitado en los últimos tiempos a impedir la circulación de panfletos subversivos y a censurar los escritos de carácter heterodoxo, de manera que había dejado de tener la importancia y el poder de que había disfrutado en los siglos XV y XVI. No obstante, mantenía esa imagen simbólica de poder opresor y nocivo para las libertades, que resultaba inaceptable para los reformadores. De ahí el interés por su supresión.

Frans Hals era un especialista en retratos, bien fuera de género, como la Gitana o el Bebedor, bien se tratara de encargos colectivos, muy bien remunerados, como estas Regentes o los Oficiales de la Compañía de San Jorge. Hals trató de dar variedad a los monótonos retratos colectivos, que presentaban a los clientes en hileras horizontales, reservando el mismo espacio para todos puesto que todos habían pagado el retrato. Este cuadro forma pareja con el de los regentes varones del mismo hospicio y ambos se consideran obras cumbres de su autor. La individualidad y la penetración psicológica son las armas que Frans Hals esgrime para reflejar un auténtico documento histórico acerca de la personalidad de estas mujeres, ancianas, severas, con una extraña conciencia de grupo y aisladas al mismo tiempo. Las retratadas son Adriaentje Schouten, Maritje Willems, Anna van Damme y Adriana Bredenhof; desconocemos el nombre de la criada que aparece tras ellas, en la esquina derecha, de pie. En el fondo contemplamos un paisaje a la manera de Joos de Momper o de Hercules Seghers, pero no ha podido ser identificado con ninguna de sus respectivas obras. La maestría a la hora de aplicar las pinceladas y el dominio de las tonalidades blancas y negras sitúan a Hals en la cima de la retratística barroca holandesa.