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El panorama de la Iglesia de la Corona de Castilla en el siglo XIV no era precisamente muy edificante. El episcopado, por lo general procedente de las filas de la nobleza, parecía más preocupado por los asuntos mundanos que por los espirituales. Hubo obispos que, en todo el período de su episcopado, no aparecieron por la diócesis que gobernaban. El bajo clero, por su parte, tenía una deficiente preparación intelectual y tampoco sobresalía por llevar una vida ejemplar. A pesar de las disposiciones que exigían saber latín para recibir las órdenes sagradas es lo cierto que cuando el obispo de Segovia, Pedro de Cuéllar, escribió un catecismo, en el año 1325, utilizó la lengua castellana por la sencilla razón de que la mayor parte de los clérigos de su diócesis ignoraban el idioma oficial de la Iglesia. En cuanto a la vida moral del clero, el panorama no era nada modélico. Basta recordar la protesta expresada en las Cortes de Valladolid de 1351 por los procuradores del tercer estado, los cuales denunciaron las "muchas barraganas de clerigos...que handan sueltamiente sin rregla trayendo pannos de grandes quantias con adobos de oro e de plata... con ufania e soberbia". Los monasterios, por su parte, eran asimismo, en buena medida, centros caracterizados por la relajación de las costumbres. No obstante, en las últimas décadas del siglo XIV hubo en Castilla serios intentos de promover una reforma en el seno de la Iglesia. Se pretendía mejorar la formación del clero, dar nuevo aliento a la vida monástica y, al mismo tiempo, poner coto al progreso experimentado por la superstición entre los fieles. El principal artífice de esos intentos reformistas fue Pedro Tenorio, a la sazón arzobispo de Toledo. Sobre todo le preocupaba al inquieto prelado toledano el problema de la formación del clero. De ahí que el sínodo de Alcalá de Henares del año 1379, que él presidió, aprobara unas Constituciones que, aunque destinadas exclusivamente a los eclesiásticos de la diócesis toledana, marcaban la línea a seguir para la reforma de la Iglesia en Castilla. Paralelamente tuvieron lugar importantes novedades en el ámbito de la vida monástica. El monasterio de San Benito de Valladolid, fundado por Juan I en el año 1390, tenía como objetivo esencial la vuelta a la pureza de la regla benedictina. San Benito fue la cabeza visible de la reforma en el campo monástico pero su ejemplo, justo es decirlo, no despertó demasiados entusiasmos. Pese a todo, el movimiento reformista continuaba su marcha. Casi por las mismas fechas los franciscanos habían iniciado un camino similar en el convento de Salceda. Por su parte a finales del siglo XIV llegaron a tierras de la Corona de Castilla los cartujos, cuyo primer establecimiento fue el de El Paular, en Segovia. Señalemos, finalmente, la aparición de una nueva orden, de origen hispano, la de los jerónimos, que ponía el acento en la práctica de una religiosidad intimista. Su primer cenobio fue el de Lupiana, en tierras de Guadalajara (1373), al que seguirían los de Santa María de Sisla (1374), Guadalupe (1389) y La Mejorada, en Olmedo (1396).

La necesidad de reformas obligó a los liberales (whigs) que, bajo la dirección del conde Grey, habían accedido al Gobierno en noviembre de 1830, a promover una reforma del sistema electoral ya que, como la determinación de las circunscripciones electorales procedía de mucho tiempo atrás, apenas guardaba ya relación con la distribución de la población y los intereses económicos del momento. Por otra parte, las exigencias económicas para ser elector respondían a criterios muy heterogéneos. Había, por lo tanto, que extender el derecho de voto, para dar cabida a nuevos sectores sociales y redistribuir más racionalmente los escaños existentes.El gobierno whig presentó varios proyectos que trataban de dar respuesta a demandas de reformas parlamentarias que se habían venido produciendo desde principios del siglo XVIII (Pitt). La batalla parlamentaria se prolongó a lo largo de casi todo 1831 y exigió unas nuevas elecciones (junio) en las que los liberales vieron ratificado el apoyo de los electores, pero el proyecto no se aprobaría hasta junio de 1832, después de una reñidísima pugna con la Cámara de los Lores.La reforma suponía una cierta rectificación de los distritos electorales (56 perdieron su representación y 31 la vieron disminuida), en orden a la disminución de los intereses rurales del sur de Inglaterra, y una homogeneización de la franquicia económica (censo) exigida para ser elector. El electorado pasó de 480.000 a 815.000, lo que significaba algo menos del 14 por 100 del total de la población masculina adulta. La representación parlamentaria de Inglaterra disminuyó levemente (de 489 a 471), en beneficio de Gales, Escocia e Irlanda, que pasaron a disponer de 29, 53 y 105 escaños, respectivamente.La reforma electoral no afectó profundamente el carácter oligárquico del sistema, ni al predominio de los intereses rurales, pero acrecentó la competitividad de los procesos electorales (contested elections) y fortaleció al sistema político bipartidista. En las elecciones del siguiente mes de diciembre los whigs partidarios de la reforma casi triplicaron (483 a 175) a los tories que se habían opuesto a ella. La alianza de whigs y liberales volvería a obtener la victoria (385 contra 273 tories) en las elecciones de enero de 1835 y la ratificaría en las elecciones de agosto de 1837 (345 contra 313).De todas maneras, los radicales, que exigían reformas democráticas aún más profundas, mantuvieron sus exigencias, que tenían como objetivo final eliminar el carácter oligárquico de la sociedad inglesa, lo que equivalía a disminuir la influencia de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia Anglicana establecida. Estos radicales aglutinaban a sectores marginados de las clases medias, pero también a los obreros y a los disidentes (dissenters) en materia religiosa.

La reforma electoral significó, antes que nada, un aumento del cuerpo electoral que superó el 100 por 100 para el conjunto del Reino Unido, ya que pasó de poco más de 1.000.000 de electores a más de 2.300.000. Ese electorado estaba cerca del 40 por 100 de la población adulta masculina.Este crecimiento fue lógica consecuencia de la rebaja de la franquicia que daba derecho a voto, tanto en los condados como en los burgos. En los primeros la franquicia quedaba señalada en la propiedad de un bien que rentase por lo menos 5 libras al año o la ocupación de una tierra que pagase tasas anuales correspondientes a un valor de 12 libras. En los burgos, la franquicia alcanzaba a los propietarios que pagasen impuestos por un valor de 12 libras, o a los inquilinos que pagasen un alquiler similar, siempre que acreditasen un año de permanencia.Por otra parte, se disponía la redistribución de 53 escaños, de los que 25 eran asignados a los condados ingleses y siete a Escocia. Se creaban 11 nuevos burgos y se concedía un representante a la Universidad de Londres. El resto de los escaños sirvió para aumentar la representación de algunos burgos ya presentes.La nueva legislación distaba mucho de estar clara y provocaría muchos problemas a la hora de fijar las condiciones de la franquicia. En cualquier caso, la reforma contribuyó a incrementar la participación electoral y también el grado de lucha electoral. La proporción de circunscripciones en las que se produjo verdadera lucha electoral aumentó en 1868, como también lo había hecho con posterioridad a la reforma de 1832. Esto, como es natural, fortaleció a los partidos y contribuyó a la pérdida de independencia por los parlamentarios. No resultaba aventurado prever que una nueva forma de hacer política empezaba a abrirse paso en el Reino Unido, con la consolidación del sistema bipartidista.La reforma de 1867, a diferencia de la de 1832, fue un resultado del juego de las mayorías parlamentarias y no de la presión de la calle. Parece una impresión generalizada que, al impulsar la reforma, predominó en Disraeli el oportunismo político, que le llevaba a tratar de consolidar el gobierno tory y, de paso, fortalecer su propio liderazgo en el seno del partido. De ahí que cuando, en febrero de 1868, Derby se retira de la vida política, Disraeli pueda sucederle al frente del mismo Gobierno conservador.En todo caso, las elecciones siguientes, en noviembre de 1868, proporcionaron un rotundo triunfo a los liberales, que aumentaron en más de 30 escaños su ventaja sobre los conservadores (387 escaños frente a 271 conservadores). Éstos habían vencido en la mayoría de los condados ingleses, pero los liberales les desbordaron con los votos de las grandes ciudades, junto con los de galeses, escoceses e irlandeses. El resultado electoral provocaría un cambio de orientación política en el siguiente mes de diciembre, cuando William Gladstone, el antiguo peelita, formó su primer Gobierno. Se iniciaría así un periodo de doce años en el que la rivalidad entre Gladstone y Disraeli, que trascendía lo meramente político, fue característica de la vida política británica.

Aunque el ambiente favorable al renacimiento monástico era general en Occidente, la importancia histórica de Cluny reside en su originalidad institucional. Su acierto consistió, en efecto, no tanto en potenciar o encabezar el retorno a los ideales benedictinos en una serie de monasterios, cuanto en ligar a todos ellos a una misma estructura orgánica. La fundación de una orden superadora del aislamiento, hasta entonces crónico, entre las distintas casas, permitió así sentar las bases de una nueva unidad del mundo cristiano, que encontraría en la centralización pontificia su otro pilar básico. De forma paralela, aunque sin presentar la uniformidad institucional cluniacense, se desarrollaría en Alemania un movimiento de renovación monástico de importancia equiparable en el que, a diferencia del modelo francés, la vinculación a determinados linajes aristocráticos resultaría altamente beneficiosa. Ambos movimientos junto a otros de rango menor localizados en Flandes e Italia, constituyen la primera gran oleada de renovación monástica del tronco benedictino que se plasmaría, con el tiempo, en el nacimiento de nuevas órdenes.

El tema de la regeneración política era uno de los principales propósitos que habían llevado al general Primo de Rivera a hacerse cargo del gobierno del país y a ello se dedicó desde el primer momento, centrándose, sobre todo, en la persecución del caciquismo. Para ello, el general utilizó fundamentalmente dos métodos: por un lado, la intervención del Gobierno a nivel local y, por otro, una serie de medidas legislativas de carácter nacional. Sin duda, la más espectacular de ellas fue la actuación a nivel local. Durante los meses comprendidos entre septiembre de 1923 y abril de 1924 se intentó poner en marcha lo que Joaquín Costa había denominado "política quirúrgica" que, fundamentalmente, consistía en perseguir a los caciques de los pueblos y prohibir las recomendaciones. Para ello se disolvieron todos los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales y fueron sustituidos por los vocales asociados. Ahora los gobernadores civiles de las provincias eran militares y ellos fueron los encargados de llevar a cabo una labor de investigación en los municipios pequeños. En la mayoría de los municipios, incluido el de Madrid, se descubrieron casos de inmoralidad y fueron aún más numerosos los casos de denuncias anónimas que no fueron probadas porque no se correspondían con la verdad o porque era muy difícil llegar a demostrar el delito. En cada partido judicial se encomendó la tarea de investigación a unos delegados gubernativos que pertenecían al estamento militar. En esencia, la misión de los delegados gubernativos provinciales era realizar a nivel local lo que Primo de Rivera hacía en todo el territorio nacional. En la práctica, esta medida resultó poco efectiva, ya que el estamento militar al que se le encargaba realizar esta misión participaba de los mismos defectos que el resto de los españoles. También se dieron casos de corrupción entre ellos e incluso algunos delegados gubernativos se convirtieron en auténticos caciques. En los casos en que la gestión de estos delegados gubernativos fue bienintencionada e imparcial, por supuesto cabe atribuirles una manifiesta superficialidad. Los impedimentos que los delegados gubernativos con frecuencia encontraron entre las autoridades judiciales locales y la conocida arbitrariedad de Primo de Rivera tuvieron, como consecuencia, un enfrentamiento de éste con la totalidad del Poder Judicial. Es cierto que en muchas ocasiones los jueces municipales eran los representantes más caracterizados del caciquismo, pero la realidad es que también los colaboradores de Primo de Rivera, a través del Consejo Judicial y las Juntas inspectora y organizadora del Poder Judicial, actuaron en un sentido marcadamente partidista. A partir del año 1928, cuando la Dictadura se encuentra en su fase descendente de popularidad, estos enfrentamientos directos con algunos jueces adquirieron tintes de gravedad. Primo de Rivera suspendió las disposiciones vigentes en materia de traslado del personal judicial y se creó un juzgado especial para perseguir los delitos de conspiración. Por supuesto, ya no quedaba nada del propósito inicial del Dictador de desvincular de la política la administración de la justicia. En los pequeños municipios tuvieron una amplia repercusión en la prensa las disposiciones relativas a la persecución del terrorismo aunque, en realidad, éstas fueron poco efectivas. También hubo otras medidas tendentes a cambiar la legislación de rango nacional, aunque muchas de ellas ni tan siquiera llegaron a ver la luz. Así, por ejemplo, parece que Primo de Rivera contempló la posibilidad de llevar a cabo una reforma electoral. De haberse realizado, ésta habría consistido en el establecimiento de un sistema de representación proporcional que en reiteradas ocasiones había sido solicitado no sólo por los católicos sino también por los socialistas, que realmente en ese momento eran las dos fuerzas representativas de la sociedad española. Se habría confeccionado un nuevo censo electoral y establecido un carnet electoral. Asimismo, se habría adoptado la admisión del voto femenino, medida que tenía un carácter muy democrático y que, por ejemplo, en Francia no se llegaría a implantar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros meses de la Dictadura se mencionó en varias ocasiones la posibilidad de realizar una convocatoria a las urnas. Asimismo, parece que el dictador pensó también en la posibilidad de realizar una reforma del Senado, cosa que no suponía una transformación de la Constitución de 1876 y que había sido solicitada entre sectores importantes del pensamiento liberal. Según su proyecto, en la Cámara Alta se habría dado una mayor importancia a la representación corporativa, y en cambio se recortaría la representación de la Grandeza española, limitándose en el tiempo la antigua representación que hasta ahora era vitalicia. Sin embargo, estos dos proyectos de reforma de la Ley Electoral y del Senado no se llevaron a la práctica. En cambio, lo que sí llegó a cumplirse fue otra parte esencial del programa del regeneracionismo político: la elaboración de un Estatuto Municipal con un sentido marcadamente autonomista y descentralizador. Su principal impulsor fue José Calvo Sotelo, que era Director General de Administración Local, y consiguió convencer a Primo de Rivera que, en este aspecto, resultaba fácilmente influenciable, de que la reforma de la Administración Local era uno de los pilares fundamentales del programa regeneracionista. El proyecto estaba inspirado en el planteado anteriormente por Antonio Maura pero, a diferencia de éste, el de Calvo Sotelo tenía un carácter más democrático y autonomista. En su preámbulo comenzaba diciendo que el Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres, lo que no deja de ser una afirmación sorprendente para una disposición legal de una etapa dictatorial. Por ello, no tiene nada de particular que cuando fue discutido en el Consejo de Ministros surgiera una decidida oposición a algunos de sus aspectos más liberales, como la elección democrática de los alcaldes o el voto de la mujer. El proyecto fue aprobado tras su discusión y acabó siendo aplicado en lo que tenía de más esencial. Aunque ahora tampoco se interrumpió la tradición de que el Estado nombrara a los alcaldes y todos continuaron siendo elegidos por el Ministerio de la Gobernación, incumpliendo así el propósito regeneracionista. Un aspecto positivo que tuvo la aprobación del Estatuto fue el espectacular aumento de las posibilidades de gasto y, por lo tanto, también las mejoras en la infraestructura municipal.

Si se puede considerar la etapa del Gobierno Arias como la fase final del régimen de Franco, la que se inició a continuación supondría el comienzo del camino hacia la democracia. En este momento, la elección de Suárez de entre los tres jóvenes ministros reformistas tiene una fácil explicación. Tenía unas características biográficas óptimas para conseguir la aprobación de una ley de reforma política, pues toda su carrera había estado vinculada al Movimiento Nacional, había logrado un éxito espectacular -nada menos que vencer al marqués de Villaverde, yerno de Franco, en la elección para cubrir un puesto del Consejo Nacional- y no levantaba prevenciones por la mezcla entre su aparente inanidad y su simpatía. Le ayudaba, en fin, su condición de persona de la misma generación que el Rey, a quien ya había prestado una ayuda importante en la difusión de su imagen como director de RTVE. Pero para llegar a descubrir la significación de Suárez en la política de la transición es preciso tener en cuenta que, en realidad, hay dos personajes, separados por la fecha cardinal de 1979, a partir de la cual sus insuficiencias se hicieron patentes. Con anterioridad predominaron los aciertos que le adecuaban para la tarea que debía abordar. Su modestia le hacía ser capaz de oír, aceptar consejos y plegarse a las circunstancias respetando la realidad. Su reforma política podía ser mucho menos clara y precisa que la de Fraga, pero le hacía ser capaz de plegarse a las peticiones de la oposición. En una de las primeras intervenciones públicas su famosa frase de que él intentaba "elevar a categoría de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal" testimonia su respeto por la realidad. Entre las virtudes de Adolfo Suárez es necesario recordar también su extremada habilidad y listeza: cuando le visitó Tierno Galván, su primera impresión fue que era "bondadoso y sumamente avispado". Lo primero debe ser recalcado porque si algo caracterizó a Suárez fue ausencia de crispación por el uso del poder y propósitos honestos de servir el interés nacional. Adolfo Suárez demostró ser una buena persona, su trabajo estuvo guiado por intereses que superaban lo individual y que tenían muy presente las objetivas necesidades del pueblo español. Por otro lado, la habilidad es una condición imprescindible y necesaria para un político. En un proceso tan complejo como fue la transición española a la democracia, Suárez supo mantener la iniciativa unilateral, lo cual es señal evidente de que sabía lo que quería. Enrique Tierno afirmaba de él que estaba "muy bien informado de las dificultades políticas y sabía responder a ellas". En efecto, lo que llama la atención de la transición española es el ritmo adecuado y medido que le impuso Suárez. En sus memorias, Garrigues cita una sentencia de Maquiavelo que recomendaba "mantener siempre en suspenso y asombrados los ánimos de sus súbditos" y esto se puede aplicar muy bien al caso de Suárez. Se le ha atribuido no tener ninguna ideología política y, desde luego, el nuevo presidente carecía de la sobrecarga de ideología que caracterizaba a la mayor parte de la oposición. Pero, en primer lugar, eso no es obstáculo para que tuviera unas ideas muy claras respecto del resultado final de su acción política. También tenía algo Adolfo Suárez de lo que carecía la oposición: sentido del Estado, a lo que se añadían la conciencia de la tarea común, moderación, frialdad y capacidad para la concordia. El primer problema grave al que hubo de enfrentarse Adolfo Suárez fue la composición de su gabinete. Aunque intentó lograr la incorporación de la vieja generación reformista, finalmente hubo de renunciar a ello. La mayor parte del Gobierno procedió del sector representado por Osorio, es decir, el sector más reformista de la familia católica del régimen. Muchos de los ministros, como Oreja o Lavilla, procedían del grupo Tácito, representativo de esa zona intermedia entre el régimen y la oposición, característica de la época del tardofranquismo. Únicamente uno de los miembros del Gobierno, el almirante Pita da Veiga, había sido ministro con Franco; la media de edad de los ministros fue de tan sólo 44 años. La primera declaración política de Suárez, en una intervención en televisión, tuvo un gran eco. Afirmó que su Gobierno no representaba opciones de partido sino que se constituía en "gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos" y así continuaría actuando hasta conseguir, como "meta última, que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles". Esta afirmación mostraba un propósito democrático y ya no suscitó rechazo entre los sectores de la oposición. Además, afirmó que el Gobierno debía "esforzarse porque en las instituciones se reconozca la realidad del país". Como apelación final, Suárez hizo una llamada a la necesidad de considerar España como una tarea común, en la que debía presumirse la recta intención de todos los grupos. Desde el mes de julio al de septiembre de 1976 se produjo un importante cambio en el ambiente político gracias al talante del nuevo presidente del Gobierno. Si durante las últimas semanas del Gobierno de Arias la crispación había presidido la política nacional y el nuevo gabinete había sido recibido con irritación y perplejidad, el verano de 1976 estuvo caracterizado por la distensión. Se hizo público un programa gubernamental ratificando los propósitos presidenciales ya a mediados del mes de julio. La amnistía aprobada a finales del mes fue incompleta, aunque abarcó a todos los delitos que no implicaran el uso de la violencia. Se devolvieron sus puestos docentes a aquellos profesores que los habían perdido como consecuencia de los sucesos estudiantiles del año 1965. En especial cambió de manera radical la forma de tratar a la oposición, con la que se iniciaron los contactos que se extendieron hasta el partido socialista. Con ello se hizo disminuir el protagonismo político de la oposición y se aumentó el del Gobierno. Si hasta ese momento la oposición había solicitado de manera insistente un Gobierno provisional para realizar la transición, ahora tan sólo se solicitó un gabinete de "amplio consenso democrático". Así, durante los meses de septiembre a diciembre de 1976 Adolfo Suárez, suavizadas ya las relaciones entre Gobierno y oposición, pudo dirigir de manera decidida la transición. Se cursaron instrucciones a la policía de ampliar el ámbito de la tolerancia de forma gradual a todos los partidos, a fin de no despertar unos temores excesivos entre los más reacios al cambio. Sin embargo, apuntó ya el peligro esencial para la naciente democracia española en una parte del Ejército. El ministro de Defensa, general De Santiago, abandonó su puesto y la responsabilidad vicepresidencial, a caballo entre el cese y la dimisión, tras una tensa conversación con Suárez como consecuencia de los contactos mantenidos con representantes de Comisiones Obreras. La extrema derecha aplaudió al ministro saliente, pero el Gobierno ordenó su inmediato pase a la reserva. Fue sustituido por el general Gutiérrez Mellado, cuya actuación gubernamental respecto a las cuestiones militares fue decisiva, despertando con ello recelos entre el sector más reaccionario del Ejército.

Una de las manifestaciones más patentes de la creciente urbanización latinoamericana y del ascenso social que la acompañaba, se podía observar en las universidades, que veían como el número de las matrículas se incrementaba de año en año. Muy pronto comenzaron a plantearse entre los estudiantes reivindicaciones de tipo gremial y político. La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa se convirtieron en los dos referentes políticos e ideológicos más importantes de los movimientos estudiantiles que comenzaban a despuntar. Quizá sea el movimiento de Reforma Universitaria, iniciado en 1918 en la Universidad de Córdoba, en Argentina, una de sus manifestaciones más concretas. El movimiento se extendió muy rápidamente a otras ciudades argentinas y fue seguido posteriormente en numerosas universidades de los más diversos países latinoamericanos. Las protestas estudiantiles comenzaron tras la clausura del internado de estudiantes del Hospital de Clínicas de Córdoba y se caracterizarían por las huelgas y los encierros en las facultades. En numerosas oportunidades las manifestaciones estudiantiles no eran bien recibidas por las autoridades, que más de una vez decidieron reprimirlas duramente. En algunos países los presos, los heridos y hasta los muertos se convirtieron en los mártires del movimiento estudiantil y de cierta oposición a los gobiernos establecidos. En seguida se redactó el Manifiesto a la Juventud Argentina del Cómite Pro-Reforma Universitaria en Córdoba y poco después se constituyó en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. En los años siguientes se celebrarían Congresos de Estudiantes en todo el continente americano. En 1919 los estudiantes de la Universidad de San Marcos de Lima se solidarizaron con sus colegas argentinos y el movimiento reformista rápidamente se expandió por Perú. En 1920 encontramos distintas manifestaciones de descontento estudiantil en Chile, Uruguay y Colombia y posteriormente en Bolivia, Panamá y Cuba. La dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela reprimió duramente los intentos de organización de los estudiantes universitarios. Uno de los principales objetivos del movimiento reformista era acabar con el elitismo y la excesiva jerarquización de las universidades latinoamericanas, comenzando por el enorme poder corporativo de los catedráticos y continuando con las trabas que se ponían a los estudiantes que debían trabajar o contaban con escasos recursos para costear sus carreras. Entre las soluciones propuestas por el movimiento reformista a lo largo de los años encontramos la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, el ingreso irrestricto y el cogobierno de estudiantes y egresados junto con el estamento docente. La reforma que buscaba la democratización de la vida universitaria, abrió las puertas de las casas de estudio a la política y los estudiantes se convirtieron en los portavoces de ciertos grupos sociales que hasta ese momento no se podían expresar públicamente. Buena parte de los principales líderes políticos e intelectuales que actuaron entre 1930 y 1960 hicieron sus primeras armas en el movimiento reformista. Este fue el caso de Gabriel del Mazo, Germán Arciniegas, Haya de la Torre, Carlos Quijano, Rómulo Betancourt o Juan Antonio Mella entre una larga lista.

El nuevo monarca, que reinaría con el nombre de Pedro II, había nacido el 12 de diciembre de 1825 en Río de Janeiro y era hijo de Amelia de Leuchtemberg, la segunda esposa de Pedro I. Dada su escasa edad, el gobierno se dejó en manos de una especie de consejo de regencia, integrado por tres personas. Este sistema dificultaba la toma de decisiones, especialmente en los momentos más difíciles, lo que aumentaba la inseguridad y la inestabilidad de la política brasileña en un período especialmente difícil y complicado como éste, donde se cuestionaron tanto la existencia de la monarquía como la integridad del país. Así ocurrieron una serie de sucesos desestabilizadores, como las sublevaciones estalladas en algunas provincias, que resultaron muy difíciles de reprimir a las autoridades establecidas en Río de Janeiro. Las zonas más conflictivas del país eran las más alejadas del poder central, Pará y Rio Grande do Sul. La proliferación de este tipo de conflictos y la persistencia de las fuerzas centrífugas condujeron en 1834 a una reforma de la Constitución. Se buscaba reforzar el poder local, lo que equivalía a una cierta descentralización para las provincias, de modo que la monarquía hereditaria se convirtió en algo muy similar a una república federal. Para agilizar la labor del gobierno se decidió que hubiera un único regente, en lugar de los tres de antaño. En 1835 se hizo cargo del puesto Diego Feijó, quien dedicó buena parte de sus esfuerzos a luchar contra las tendencias centrífugas que se oponían a la consolidación del poder central. Dos años más tarde el regente fue obligado a renunciar y su cargo fue ocupado por el conservador Pedro de Araújo Lima. Los problemas vinculados a la construcción de la Nación eran de tal envergadura, que la magnitud del desafío permitió que el ideal de estabilidad se impusiera sobre las tendencias separatistas o más federalistas, lo que aumentó considerablemente el consenso social en torno a la monarquía y especialmente al joven rey. La existencia de un grupo de buenos políticos, y su capacidad de gestión, permitieron mantener la monarquía y restablecer la autoridad y el orden, garantizando la unidad del Estado y la preeminencia del poder civil sobre los militares.

La Constitución de 1869 estableció el marco jurídico legal en el que se iba a desenvolver el nuevo régimen político español. Se conservaba la monarquía como forma de gobierno, por lo que las Cortes tuvieron que elegir un regente que asumiera la jefatura del Estado mientras se buscaba un rey. Así, el general Serrano, cuya popularidad se hallaba en alza, fue nombrado para tal cargo el 18 de junio de 1869, a pesar de la oposición republicana. Francisco Serrano Domínguez, capitán general y duque de la Torre, título de nobleza concedido por Isabel II en 1862 con grado de Grandeza de España, había protagonizado una densa trayectoria militar y política. Próximo al unionismo, se operó en su actividad política un cambio de rumbo que resumió en sí mismo el devenir seguido por parte de la elite política ligada al régimen isabelino. En 1866 se encargó de intervenir en la represión de las barricadas de San Gil, de signo demócrata y antidinástico, pero en septiembre de 1868 protagonizó el episodio capital del triunfo revolucionario: la batalla de Alcolea. Su encumbramiento a la Regencia tenía otro precedente de envergadura, el general Espartero. El objetivo de su nombramiento era la búsqueda de una situación puente que permitiera, en un contexto de estabilidad y equilibrio, la elección de un monarca. El apoyo parlamentario que recibió su candidatura era el resultado del consenso del bloque monárquico-democrático, médula política del régimen, que, por el momento, prolongaba su dosis de coherencia y se guiaba por el pragmatismo. Pero no sería él quien llevaría las riendas del Estado sino otro general, Prim, también en su momento de mayor prestigio. En Prim se fundía el espíritu de la septembrina. Militar de prestigio, rodeado de una aureola de mito popular, contaba con todos los ingredientes para conducir el rumbo de la revolución. Este hábil político catalán no sólo lideró el núcleo progresista, sino que se lanzó a la ardua tarea de mantener el consenso de la coalición democrática en un prudente equilibrio, mientras se buscaba un monarca para la Corona española, y el desarrollo de los principios democráticos de la Carta Magna a través de un conjunto legislativo que cimentase la estructura del nuevo Estado. Entre el 18 de junio de 1869 y el atentado que le costó la vida, el 28 de diciembre de 1870, Prim fue jefe de Gobierno, cargo que compaginó con la cartera de Guerra, y dirigió las operaciones diplomáticas orientadas a la búsqueda de un rey. Con el fin de mantener el consenso en las filas monárquico-democráticas hubo de recurrir en dos ocasiones al cambio de Gobierno, para satisfacer a todos los grupos presentes en la coalición; demócratas como Echegaray, progresistas como Figuerola o Sagasta y unionistas como Manuel Silvela tuvieron ocasión de ocupar alguna cartera ministerial. Al margen de las cuestiones internas, el gabinete Prim hizo frente a lo que el Gobierno provisional sólo había podido esbozar: el desarrollo práctico, conforme a la realidad, de los principios consignados en la Constitución. En esta fase se impulsó el proceso de modernización de la justicia, en un sentido democrático y unificador. El 6 de diciembre de 1868 había tomado forma legal uno de los puntos del programa de las juntas revolucionarias, hecho suyo por el Gobierno provisional: la unidad de fueros en la administración de la justicia, suprimiendo tribunales especiales y fijando límites en la jurisdicción eclesiástica y militar. Una vez promulgada la Constitución, la obra más importante, en esta dirección, fue la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 15 de septiembre de 1870, por la que se organizaba la administración de la Justicia. Auspiciada por Montero Ríos, era una pieza indispensable que se contemplaba como base de futuras leyes de procedimiento civil y criminal. La primera no llegaría a formularse, prolongándose la de 1855. La segunda sería promulgada en 1872. Esta ley orgánica ordenaba el sistema de funcionamiento de los tribunales, en el plano territorial y jurisdiccional, a partir de una jerarquización en cuya cúspide se situaba el Tribunal Supremo y terminaba con los juzgados municipales, pasando por las Audiencias, los tribunales de partido y los juzgados de instrucción. También recogía el abanico de las funciones -magistratura, fiscalía, secretaría y auxiliaría- y racionalizaba la carrera judicial dando normativas sobre provisiones, categorías, sueldos y ascensos. Los días 15 y 16 de julio de 1870 fue discutida y aprobada la reforma del Código Penal, que procedía del texto anterior de 1848, rectificado en 1850, que fue aprobada como ley provisional. Se acentuaban los criterios democráticos en su articulado, adaptando la tipificación de los delitos y la proporcionalidad de las penas al nuevo régimen de libertades. En el terreno del derecho civil, no se consumó la elaboración de un código, complicada tarea que se había prolongado desde 1851 y que concluyó en los años ochenta, pero se introdujeron algunos aspectos específicos en esta materia. Así, el 17 de junio de 1870 se promulgó la Ley de Registro Civil, y, al día siguiente, la de Matrimonio Civil, una de las innovaciones jurídicas más destacadas del derecho familiar a lo largo del Sexenio. En junio y agosto de 1870 fueron aprobadas, respectivamente, las leyes provincial y municipal, consolidando la fórmula democrática ya esbozada en el decreto del Gobierno provisional de 21 de octubre de 1868. La democratización de la vida local estaba en relación con otra ley, de carácter más amplio, de 23 de junio de 1870: la Ley Electoral, que regulaba el sufragio universal masculino, ratificando así el modelo democrático de participación política. En 1870 se promulgó igualmente la Ley de Administración y Contabilidad, y se publicaron el decreto de reorganización de las secciones provinciales de Fomento y el reglamento que reformaba la carrera de registrador de la propiedad. En este período también se propusieron, desde las corrientes demócratas y republicanas, varios proyectos encaminados hacia la cuestión social que, sin embargo, no empezarían a materializarse legalmente hasta 1872-73. Uno de los fenómenos políticos más significativos del período fue la disidencia insurreccional de un sector del republicanismo español, decepcionado por la naturaleza monárquica de la Constitución de 1869. El republicanismo español comenzó a desarrollar dos líneas de actuación que se superponían, resultando a veces difícil delimitar el comienzo de una y el fin de otra. Al mismo tiempo esta doble vertiente, visible igualmente en el partido carlista, indicaba una escisión dentro del republicanismo, pues los criterios de una censuraban la acción de la otra, y viceversa. Sus divergencias radicaban, pues, más en la metodología aplicada que en la ideología. Así, la línea parlamentaria, ateniéndose siempre al cuerpo doctrinal con que los intelectuales dotaron a la República, desaprobó con frecuencia los episodios de insurrección que protagonizaron los afiliados más radicales a los clubes republicanos. Estos clubes contemplaban el ideal de la federal, una federación republicana singularmente concebida por Pi y Margall. Se trataría de construir una secuencia piramidal de federaciones locales que conformaran el Estado, comenzando por abajo, a través de los llamados pactos sinalagmáticos. Resulta paradójico, no obstante, conocer el rechazo que el propio Pi y Margall experimentaba hacia la vía insurreccional. Desde esta doble perspectiva, pues, han de entenderse las actuaciones del republicanismo español en el panorama político en 1869 y 1870, constituyendo un hecho relevante que el Gobierno Prim tuvo que controlar. Prácticas insurreccionales motivadas por el desencanto que suponía la Constitución de 1869 y, por tanto, la continuidad de la monarquía, se produjeron en una serie cuyos antecedentes podían situarse a finales de 1868, en Málaga y Cádiz, y cuyo máximo exponente fue la insurrección republicana de septiembre y octubre de 1869. En paralelo a este proceso se habían establecido los primeros pactos sinalagmáticos a nivel provincial, en una evolución que partió del Pacto de Tortosa y culminó con el Pacto General, firmado en Madrid el 30 de junio, y la creación del Consejo Federal. La insurrección general de septiembre, que contó con una participación estimada en varios millares de hombres, tuvo más repercusión, lógicamente, en las zonas de signo republicano en el voto: Lérida, Tarragona, Valencia, Alicante, Reus, Arcos de la Frontera, Béjar, etcétera... Estas revueltas se diferenciaban de los clásicos pronunciamientos liberales en que no contaban con el elemento militar y estaban aquejadas de mucho espontaneísmo y bastante descoordinación. Pero no por ello fue menos dura la represión gubernamental, que recurrió al ejército y declaró el estado de guerra a principios de octubre, a la par que eran suspendidas las garantías constitucionales. La insurrección no tardó mucho en sucumbir, pero puso de manifiesto, una vez más, el enorme conflicto que se había creado tras el reconocimiento de los derechos individuales. Estos debían ser preservados, y no era fácil hacerlo a la hora de tratar un problema de orden público como el que planteaban las insurrecciones, los motines de subsistencias o las revueltas por las llamadas a quintas, imposibles de suprimir mientras durasen las guerras carlista y cubana. La Ley de Orden Público, aprobada en abril de 1870, se mostró insuficiente para controlar este tipo de conflictos, especialmente en el agro andaluz. En esta región las autoridades compaginaron en la represión tanto la acción legal como prácticas ilegales, cuyo abuso se denunciaba desde las Cortes. Una de las medidas ilegales más extendidas fue la aplicación de la ley de fugas.