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Durante el verano de 1900 Toulouse-Lautrec tuvo la oportunidad de admirar varias óperas en Burdeos, sintiéndose especialmente atraído por la opereta "Mesalina", escrita por A. de Sylvestre y E. Morand con música de Isidore de Lara, posiblemente por la relación de la esposa ninfómana de Claudio con el mundo de la prostitución que tanto atraía al artista. Tanto llamó la atención a Lautrec el asunto que realizó seis lienzos sobre este tema; Mesalina, Mesalina entre dos comparsas y Mesalina en el trono son compañeros de la serie. La emperatriz desciende solemnemente por las escaleras vestida con una túnica roja, apreciándose al fondo, sobre la balaustrada, la estatua de una loba posiblemente en referencia al cartel de "Mujer Lobo" que la anunciaba en el burdel al que acudía todas las noches. La mujer se dirige hacia el primer plano donde se hallan dos guardias - con los que Mesalina también pasaba el rato - que serán los encargados de poner fin a su vida, no porque a Claudio le importara que se acostara con otros sino porque estaba acaparando demasiado poder. Las figuras de los soldados están delimitadas con un contorno negro aunque es la mancha la que llama nuestra atención. Los contrastes lumínicos que se consiguen en el escenario otorgan un aspecto amenazador a los futuros asesinos mientras que el vestido rojo de Mesalina simbolizaría la pasión y la muerte sangrienta que le espera. El estilo lineal de trabajos anteriores ha dejado paso a una manera más violenta donde la mancha se convierte en la protagonista.
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Las posibilidades de una actuación eficaz por parte de la oposición cesaron de esta manera. De ahora en adelante, antes del comienzo de la guerra del Peloponeso, no se conocen acciones en este sentido. Se sabe, sin embargo, que existían movimientos contrarios, por supuesto, en las ciudades del imperio que sufrieron algún tipo de represión, como los representados por Meliso de Samos o Estesímbroto de Tasos. También en Atenas se conoce un escrito significativo, posiblemente de esta época, la "Constitución de Atenas" que aparecía entre las obras de Jenofonte, pero cuyo autor real permanece en el anonimato. En ese escrito se critica el tipo de relaciones establecido entre Atenas y las ciudades, sobre todo el hecho de que los ricos de éstas tengan que acudir a los juicios a la cabeza del imperio. Ahora bien, el autor sabe bien que todo ello ocurre porque el demos obtiene beneficios y que todo el sistema se organiza así porque trata de atender a los intereses del demos, frente a ricos, nobles y propietarios agrícolas. El sistema democrático, desde su punto de vista, no es bueno, pero si fuera bueno no podida servirle al demos en su propio beneficio. Se trata de un escrito claramente contrario a la democracia, pero capaz de analizarla con enorme lucidez. En los años anteriores a la guerra del Peloponeso, se conocen algunas actuaciones contrarias a aquéllos que aparecen más próximos a la figura de Pericles, a los llamados círculos intelectuales orgánicos, lo que se interpreta habitualmente como modo de manifestarse los movimientos de oposición, incapaces de dirigirse contra Pericles mismo. Anaxágoras, autor de la teoría del nous o mente organizadora, que suele identificarse como teoría del poder personal y democrático, fue objeto de una condena por tratar de los asuntos del cielo, lo que se había prohibido a través del decreto de Diopites, adivino a quien se consideraba vinculado a las prácticas oraculares délficas. También fue condenado Fidias, el escultor de los frisos del Partenón, autor de la Atenea que era símbolo de la ciudad misma y de las esculturas donde las fiestas de la ciudad aparecen como representación de las pretensiones integradoras de la nueva Acrópolis, de aspiraciones panhelénicas. Se duda si en tales círculos contrarios a Pericles se encuentran representados los aristócratas relegados en torno a Tucídides o si empieza a fraguarse un tipo de política donde actúan los nuevos personajes que luego se definirán en figuras como la de Cleón, tendentes a formas de demagogia que conducen hacia posturas consideradas extremadas las aspiraciones imperialistas del demos.
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El asunto del conde de Teba, Eugenio de Palafox, era una constatación de la oposición aristocrática, cuyo líder seguía siendo Aranda, al escandaloso encumbramiento de Godoy, y del descontento por su política. Entre amplios sectores de la aristocracia se fue incrementando el encono hacia Godoy y la reina, ya que el primero era considerado un usurpador de las funciones tradicionales de la aristocracia, y el malestar por la manera de conducir la política internacional. El conde de Teba, hijo mayor de la condesa de Montijo, impulsora del movimiento parajansenista español y de talante reformista, redactó en 1794 su Discurso sobre la autoridad de los ricos hombres sobre el Rey y cómo la fueron perdiendo hasta llegar al punto de opresión en que se halla hoy para su lectura en la Academia de la Historia. Inspirado en los escritos aristocratizantes que habían corrido en Francia en vísperas de la Revolución, auspiciados por el movimiento neofeudal encabezado por el conde D'Antraigues, Teba en su Discurso ofrecía una nostálgica visión de los tiempos en que el poder de los reyes se hallaba limitado por la autoridad y la independencia de la alta nobleza, y afirmaba que la sujeción de ésta a la autoridad del rey no había sido buena para España, reivindicando un modelo de monarquía más equilibrada, en la que el monarca compartiese el poder con la aristocracia, cuya opinión se manifestaba en el sistema de Consejos. La incorporación de los Maestrazgos de las Ordenes Militares a la Corona durante el reinado de los Reyes Católicos; la supresión del Justicia de Aragón; la sustitución del auxilium al rey con las armas por el pago del tributo conocido como de lanzas; la pérdida de los empleos de condestable y almirante de Castilla, habían sido jalones en el retroceso del papel de la nobleza, que había culminado en el siglo XVIII. Según el conde de Teba, "hecho ya costumbre en ellos no tener empleo ni parte en el Gobierno, creyeron más con razón inútil el instruirse, se imposibilitaron de este modo de obtenerlos y se formó un círculo, el más perjudicial a ellos y a la nación. Esta es la lastimosa historia de los ricoshombres, abreviada en todo, pero más particularmente desde los Reyes Católicos". El Discurso... era un intento de pulsar la opinión de Godoy sobre la eventual participación de la aristocracia en el gobierno, pero de inmediato quedó evidente la imposibilidad de entendimiento con Godoy, que ejercía una absoluta influencia sobre las personas reales. Su ejemplo fue seguido por otros escritos. En 1798, fray Miguel Suárez de Santander, escribió una Carta sobre la constitución del reino y abuso del poder, en el que intentaba demostrar que los reinos de España estaban, antes de los Reyes Católicos, "en el pleno goce de su libertad". Las opiniones de Teba fueron consideradas subversivas, pues en el fondo subyacía una crítica al monarca por entregar su confianza a Godoy y una advertencia sobre los peligros que de ello se derivaban, y el conde fue condenado a exiliarse a Avila primero y más tarde a Cuenca, para ser denunciado en 1800 y 1802 a la Inquisición por libertino, criticar a las órdenes mendicantes y hasta "por tener en su casa una Venus muy obscena". La purga política de septiembre de 1805, que afectó a su madre junto a más de 200 personas, entre ellas el duque del Infantado, más tarde figura central en el complot de El Escorial, impulsó nuevamente al conde de Teba a la conspiración y a ingresar en el incipiente partido fernandino, o "partido del cuarto del príncipe de Asturias", participando en todas las intrigas contra el valido que desembocaron en el motín de Aranjuez de marzo de 1808.
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El movimiento intelectual servía de plataforma ideológica, a la par que funcionaba como mediador entre unas elites políticas y una sociedad civil cuyos instrumentos de comunicación y cuyo intercambio de demandas y propuestas aún no estaban consolidados. En los años anteriores a 1868 se había desarrollado un círculo de intelectuales que despuntaron tanto por su actuación personal como por su capacidad de movilización sobre ciertos sectores sociales. Desde una actitud severamente crítica frente al sistema, la intelectualidad difundió ideas renovadoras muy influidas por el ideal democrático, el krausismo y el librecambismo. La acción de estos hombres, caracterizados mayoritariamente por su juventud, contribuyó notablemente a la caída de Isabel II y configuró una nueva concepción de la sociedad y del Estado -democratización, descentralización, laicización...-, concepción que quedó plasmada en un discurso político. Las principales armas de este movimiento eran la prensa, las cátedras universitarias y el Ateneo de Madrid. Personalidades como Sanromá, Figuerola, Castelar, Moret, Giner de los Ríos o Canalejas, entre otros, exponían su ideario en las aulas y a través de artículos de prensa, logrando una gran repercusión. No todos ellos, sin embargo, ocuparon más tarde puestos de responsabilidad política, ni todos pretendían hacerlo. Además ejercían como oradores en el Ateneo, que se convirtió en un valioso foro de debate político. Uno de los momentos de mayor crispación tuvo lugar a raíz de la publicación, en el periódico La Democracia, de un artículo que cuestionaba éticamente a Isabel II. La autoridad dispuso una serie de medidas represivas contra el autor del escrito, Emilio Castelar, lo cual, unido a hechos como el cierre del Ateneo, provocó una protesta estudiantil que se convirtió en la primera gran revuelta intelectual del siglo. Dichos acontecimientos, bautizados como la Noche de San Daniel de 1865, pusieron en evidencia el fracaso político y moral que había sufrido el Gobierno. Un fracaso cuyas consecuencias estribarían en la posterior acentuación de la línea demócrata que orientaba al sector más destacado de la intelectualidad española.
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Como los carlistas, tampoco los republicanos gozaron de homogeneidad en la oposición. El republicanismo español era una compleja amalgama, donde convivían proyectos políticos dispares, supuestos sociales de muy distinto signo y referentes ideológicos diversos, aunque emparentados. Todos bajo el manto mítico de la República, concepto que albergaba opciones bien distintas y, a veces, contradictorias. En el republicanismo confluyeron tanto defensores a ultranza del principio de la propiedad, a la manera constitucional, como socialistas utópicos o individuos que cuestionaban tal principio. Es preciso recordar que la Internacional en España vino, inicialmente, de la mano del republicanismo, y en sectores de las bases del partido confluyeron durante un cierto tiempo ambas opciones. Por otro lado, había republicanos cuyo horizonte era, en sentido estricto, la república como forma de Estado; republicanos a secas, para los que se acuñó el apellido de unitarios. Frente a ellos, los partidarios de la estructuración federal del Estado: los federales. Desde el punto de vista de la táctica a seguir, existían republicanos benévolos, partidarios de la vía electoral y abiertos a la colaboración con los radicales, y republicanos intransigentes, defensores de la vía insurreccional. El centro equilibrador del partido, es decir, la línea parlamentaria y federalista de Pi y Margall, tenderá a verse desbordado durante el período 1871-1872 por la opción intransigente, al mismo tiempo que un grupo dirigido por Castelar basculará hacia posiciones más moderadas. Por otro lado, las fisuras entre el directorio y las bases del partido, sobre todo a partir de la insurrección armada de 1869, se acentuaron. En su oposición a la monarquía, amplios sectores del partido cada vez vislumbraron con más claridad la táctica de la insurrección generalizada. Añadamos esa especie de competencia con la Internacional que amenazaba, aunque sólo fuera tímidamente, con atraer a sus filas a un sector partidario del republicanismo.
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En estas circunstancias en que se juntaban la paz con Persia, los planes coloniales y la afirmación del imperio como elemento de reforzamiento de la democracia, los sectores oligárquicos, según Plutarco, se asustaron ante la posibilidad de que Atenas cayera definitivamente en manos del demos, a pesar de que el dirigente teórico, personalizado, fuera Pericles. Por ello, comenzaron a gestar planes dirigidos específicamente contra éste. Como alternativa, se promueve la candidatura representada por Tucídides, hijo de Milesias, a quien comparaban con Cimón, como si se tratara de hacer renacer una política basada en la alianza con Esparta y en las relaciones sociales expresadas principalmente en el evergetismo. El objetivo era que los oligarcas recuperaran el control del estado. La campana de Tucídides se proyectó en las acusaciones, dirigidas contra Pericles, de dilapidar el dinero público procedente de los aliados en gastos favorables a la ciudad. El objetivo era, por tanto, el tipo de redistribución que Pericles había ofrecido como alternativa al evergetismo, el dinero demosion como fondo para el bien colectivo. Según Plutarco, Pericles se ofreció a actuar en consecuencia. Si no se admitía el gasto público para sus proyectos, emplearía sus dineros privados, lo que fue rechazado por el demos que, evidentemente, se inclina por el sistema que él mismo había preconizado. En relación con esto se encuentra, sin duda, el ostracismo del año 444-43, promovido al parecer pensando que la popularidad de Pericles podría considerarse peligrosa, por tender a transformar su superioridad democrática en superioridad tiránica, como se dirá luego del imperialismo. El resultado, sin embargo, fue que el mismo Tucídides resultó el objeto de los votos negativos de la mayoría del demos. El sistema se halla en un momento espléndido y la colaboración entre Pericles y el demos, basada en el imperio, posiblemente se encuentra en su punto culminante.
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Al comenzar los años cincuenta, la oposición al régimen de Franco, protagonizada por los supervivientes del exilio y de la represión de la posguerra, vio cómo se agotaban sus estrategias de lucha. Y esto ocurría tanto con la resistencia guerrillera como con la creación de plataformas unitarias que atendieran a la evolución de la coyuntura internacional. Mientras todavía en 1949 observadores extranjeros como Gerald Brenan encontraban, al viajar por España, un ambiente de hosquedad y de antifranquismo colectivo no sólo entre los vencidos sino entre parte de los vencedores, hacia 1962, en cambio, otros viajeros como Rossana Rossanda, creían observar una sociedad anómica, silenciada y alejada de la esfera de la política. Y, sin embargo, poco después, intelectuales exiliados como Francisco Ayala, Juan Goytisolo o Max Aub, constataban la emergencia de una nueva sociedad que cada vez tenía que ver menos con las consecuencias de la Guerra Civil y entraba por la senda del consumo de masas. Estos testimonios literarios del ambiente en la España de los años cincuenta y primeros sesenta resumen perfectamente la realidad social con que tuvo que enfrentarse la oposición democrática. Durante este período de apogeo del poder de Franco, la repercusión de las actividades antifranquistas sobre la estabilidad de la dictadura fue mucho más reducida que durante la década de los cuarenta o de la que habría de alcanzar a partir de 1970. No obstante, la oposición mantuvo el papel de ejemplo moral y, además, desde 1956, se inició la prehistoria de lo que habría de ser el sistema de partidos existente con la restauración de la democracia. Por otro lado, la transformación de la sociedad española permitió el surgimiento de la protesta de movimientos sociales que, con el tiempo, alimentaría de nuevo las maltrechas filas de la oposición.
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A todo el descontento provocado en poco tiempo por la frustración de las expectativas que había creado en muchos españoles la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento de la Monarquía absoluta, había que añadirle la actitud de sectores concretos contrarios al sistema, que comenzaron a trabajar en la clandestinidad para restablecer en España el sistema de libertades contemplado en la Constitución de 1812. De estos sectores citaremos en primer lugar al ejército, algunos de cuyos miembros encabezarían los pronunciamientos que intentarían durante esta etapa derribar la Monarquía absoluta y restablecer la Constitución. La Guerra de la Independencia, de efectos tan trascendentales para la posterior historia de nuestro país en tantos aspectos, tuvo una especial incidencia en el desarrollo del ejército español. La confrontación que se había iniciado en 1808 contra las tropas napoleónicas y las circunstancias que presidieron una lucha tan desigual, habían dado lugar a la conformación de dos ejércitos diferentes. Por una parte, el ejército regular, que en los primeros momentos del levantamiento mostró una actitud pasiva, o incluso colaboracionista, con los franceses, hasta el punto de que Murat agradeció públicamente a la guarnición de Madrid que no hubiese utilizado sus armas contra ellos en los levantamientos populares del mes de mayo. Eso haría exclamar a José Bonaparte que "Toutes les troupes espagnoles se réunissent á ceux qui les poyent". Sin embargo, esa actitud fue evolucionando hacia un claro alineamiento contra quien había usurpado el trono al rey legítimo, aunque la mayor parte de los generales nunca llegaron a entenderse bien con las nuevas autoridades de las Juntas provinciales con las que quería rivalizar en poder, lo que contribuiría a colapsar al ejército y a acrecentar su debilidad frente a las tropas francesas. Las Cortes se opusieron también a que surgiese un poder militar y pretendieron acabar con la peculiar subordinación existente hasta entonces del ejército con respecto a la Corona. Quisieron crear un nuevo modelo de ejército, pero la falta de dinero y de hombres lo hacía difícil. Así pues, la mayor parte de los altos mandos militares mantuvo durante estos años un cierto distanciamiento de las Cortes, en la conciencia de que tanto la gran masa del ejército como la nación se mantenían fieles a la persona del Rey ausente. En las filas de este ejército se respetaron con escrúpulo las ordenanzas que establecían los ascensos y que regulaban los mecanismos de su funcionamiento. Asimismo este ejército se situó al lado de Fernando VII a su regreso y lo apoyó en su decisión de prescindir de las reformas aprobadas por las Cortes durante su ausencia. Pero por otra parte, junto a este ejército regular, disciplinado y bastante maltrecho por los avatares de la guerra, había surgido un ejército nuevo: el de la guerrilla. Sus filas habían ido nutriéndose de hombres de origen muy heterogéneo, cuya disciplina, formación y rigor en el cumplimiento de las más elementales normas castrenses, dejaban mucho que desear. Sin embargo, los guerrilleros se habían convertido en héroes que habían ido creando sus propias reglas en el transcurso de sus acciones. Sus jefes lo habían llegado a ser por aclamación popular. No había hecho falta ir a la academia militar de la Isla, ni proceder de una familia de abolengo para convertirse en jefe de una guerrilla. Unicamente había hecho falta demostrar heroísmo y capacidad de liderazgo para convertirse en mariscal de campo o en general, como fue el caso del carbonero de Valladolid, Juan Martín El Empecinado, o el campesino navarro Espoz y Mina. Una vez terminada la guerra, ni el primero podía volver a recoger leña, ni el segundo estaba dispuesto a reanudar sus antiguas actividades agrícolas en su tierra. Su condición de héroes populares y su hábito de mandar, junto con la conciencia de haber salvado al país con su esfuerzo y con el riesgo de sus vidas, requerían, al menos, un reconocimiento oficial de la situación que habían alcanzado en el campo de batalla. Al gobierno de Fernando VII se le planteó un grave problema con la situación en la que se encontraba el ejército. ¿Qué hacer? Aunque la guerrilla se hubiese disuelto, no era posible aceptar la demanda de sus jefes, puesto que los oficiales regulares podían protestar por la desigualdad de tratamiento. Pero, de otro lado, no podían dejar de reconocerse de alguna forma los méritos de estos hombres y su valiosa contribución a la derrota napoleónica. Desde el ministerio de la Guerra, el general Eguía comenzó, desde 1814, a practicar una drástica reducción del ejército, que afectó especialmente a los líderes de la guerrilla. A los que se les mantuvo dentro del ejército, se les relegó a puestos secundarios en provincias o se les destinó a las milicias provinciales o a las plazas vacantes que quedaron en las aduanas. Esa situación de despecho los lanzó al campo liberal y los convirtió en caldo de cultivo para cualquier intentona que se tramase contra el sistema que había propiciado aquella situación. La burguesía era el otro sector que con mayor claridad buscó el alineamiento en el campo liberal durante esta primera etapa del reinado de Fernando VII. Como ha señalado con acierto Fontana, la burguesía había vivido un feliz maridaje con la Monarquía del Antiguo Régimen desde el momento en que ésta se había convertido en la principal protectora de sus intereses al defender el sistema de monopolio en las relaciones comerciales con las colonias del Nuevo Mundo. Pero esta situación de privilegio de los sectores que se dedicaban a la industria y el comercio estaba empezando a cambiar. Ya el decreto de libre comercio de neutrales de 1778, necesario para mantener abastecidos aquellos territorios durante la guerra con Inglaterra, había hecho ver el peligro que para el tráfico marítimo de la metrópoli suponía la apertura de los mercados americanos a otras naciones. Los habitantes de las colonias se dieron cuenta de que sin la intermediación de España podían ser mejor abastecidos y de forma más rentable. Ahora, aquel peligro se convertía en una realidad consolidada desde el momento en que las colonias estaban ya iniciando el proceso de su emancipación. Estaba cada vez más claro que si había que buscar otros caminos para recuperar la actividad de la producción industrial y de los mercados, estos tendrían que conducir a la propia España, y España no estaba precisamente en aquellos momentos en disposición de generar una demanda que sustituyese a la que ya no se podía recuperar en América. El campo estaba arruinado y la creciente presión fiscal había colocado a los campesinos en una situación de miseria que difícilmente les podía llevar a consumir más que lo estrictamente necesario para la supervivencia. Era necesaria una reforma que cambiase las condiciones de la población rural del país, y eso pasaba necesariamente por un cambio en la estructura de la propiedad campesina. En definitiva, la burguesía, entendiendo por tal ese reducido sector de la población española que se dedicaba a la industria y al comercio, se dio cuenta de la necesidad de reorientar su actividad hacia el propio mercado español y para ello era necesario llevar a cabo profundas reformas en él. De ahí su adscripción al liberalismo y de ahí su apoyo a las intentonas que se produjeron en este periodo contra la política absolutista que trataba de dejar las cosas como estaban en 1808. Los elementos discordantes -militares y burgueses- tenían que actuar en la cladestinidad si querían evitar el control que pretendía ejercer sobre toda disidencia el aparato represivo de la Monarquía absoluta. Para ello encontraron un instrumento idóneo que les permitiría tramar una serie de conspiraciones para restablecer la Constitución de 1812 y obligar a Fernando VII a aceptar las reformas. Ese instrumento fue la sociedad secreta de la masonería. La masonería entró en España en el siglo XVIII, aunque, como ha señalado Ferrer Benimeli, no adquirió verdadera importancia hasta la llegada de los franceses con José Bonaparte. En sus primeros tiempos, la masonería no era más que una secta filantrópica de carácter simbólico y deísta que predicaba la fraternidad entre los hombres y la tolerancia. Sin embargo, para los Borbones, como para otros monarcas absolutos, la idea masónica de la tolerancia era por definición subversiva y peligrosa. Por eso, Felipe V firmó una Ordenanza contra los francmasones en 1740, y en 1751, Fernando VI proclamó un severo decreto contra esta sociedad secreta. La invasión francesa y la ocupación del territorio por parte del ejército napoleónico hicieron proliferar las logias en España, aunque el caracter de éstas parece que era más bien conservador. Todo lo contrario que las logias de influencia inglesa que entraron a través de Gibraltar y que captaron a elementos liberales y reformistas en Cádiz, como Istúriz, Alcalá Galiano o Mendizábal. Sin embargo, cuando terminó la guerra, los prisioneros que volvieron de Francia trajeron también una concepción nueva, según la cual, la francmasonería podía perseguir legítimamente fines políticos y revolucionarios. Lo que es cierto es que la masonería española iba a adquirir pronto un carácter claramente político que no es frecuente encontrar en la logias de ningún otro país por esta época, donde eran otras sociedades secretas, como los Carbonari en Italia, o los Chevaliers de la Liberté en Francia, las que asumieron este papel revolucionario y liberal que la masonería asumió en nuestro país. Debemos tener presente que ésta es ya la época del Romanticismo y el gusto por lo esotérico, por los comportamientos heroicos y por la lucha en favor de los objetivos utópicos, forman parte de los elementos que impulsan a los hombres a buscar estas sociedades para alcanzar sus fines.