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La Lectura se situaba en la planta alta de la Quinta del Sordo, junto a Dos mujeres y un hombre, por lo que podría existir una relación entre ambas imágenes, hasta ahora desconocida. Las figuras se arremolinan alrededor de un hombre barbado que perece leer el periódico. El significado es indescifrable aunque se apuntan diferentes hipótesis como el analfabetismo español en el siglo XIX o el control del absolutismo de Fernando VII hacia la cultura, por lo que ésta sería una reunión clandestina realizada en los sótanos de una casa. La inseguridad podría encontrarse en la figura que mira hacia arriba, vigilando para evitar ser descubiertos. La pincelada rápida, casi con manchas, y los tonos oscuros se adueñan de la composición, definiendo las características principales de las Pinturas Negras.

La matanza de los abogados de Atocha provocó numerosas muestras de solidaridad, a la vez que demostró que el PCE era capaz de controlar a sus masas y actuar de una manera extremadamente responsable. En efecto, el entierro de los militantes comunistas tuvo una repercusión política importante y sirvió de una manera decisiva para la legalización de su partido. A partir de entonces se dio la paradoja de que las fuerzas de orden público de un Estado que no reconocía la existencia legal del PCE se utilizaban para proteger a algunos de sus miembros. La legalización del Partido Comunista tuvo lugar el día 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa. Desde diciembre de 1976, en realidad, el PCE estaba en una situación de tolerancia. En febrero de este año había regresado del exilio su principal dirigente, Santiago Carrillo, permaneciendo oculto aunque también mantenía contactos con la oposición. Por su parte, el Rey, a través del presidente de Rumania, le hizo llegar el mensaje de que tuviera paciencia y evitara la confrontación en la calle. No obstante, Carrillo pretendió forzar algún tipo de reconocimiento del PCE por el procedimiento de dejarse ver por la capital. Su detención en los últimos días de diciembre de 1976 se explica por la necesidad que tenía el Gobierno de Adolfo Suárez de demostrar su autoridad y su eficacia policial. Carrillo tan sólo estuvo detenido una semana y, durante ella, el Gobierno tuvo la tentación de enviarle fuera de España, sin tener en cuenta que esa medida era incompatible con un Estado de Derecho. Finalmente fue liberado y de hecho su partido adquirió la condición de definitivamente tolerado. Con toda probabilidad los dirigentes gubernamentales de la transición pensaron en un principio, por temor a la reacción militar, no legalizar al Partido Comunista hasta después de las elecciones. Este caso demuestra hasta qué punto la transición fue un complicado proceso en el que se entrelazaron de forma sucesiva las posturas de Gobierno y oposición. El PCE, aunque con poca ayuda del resto de los partidos de la oposición, continuó insistiendo en su legalización y, finalmente, Suárez acabó aceptándola en el momento preciso. El presidente del Gobierno tuvo un primer encuentro secreto con el secretario general del PCE en casa de un amigo común. La conversación fue muy fructífera, no porque se llegara a acuerdos precisos sino porque se produjo un entendimiento entre los dos políticos que duraría todo el período de la transición. Sin embargo, una prueba de la complejidad de la situación es que, al día siguiente de la entrevista, el Gobierno Civil de Madrid prohibió un acto que los comunistas intentaron convocar ocultándose tras una denominación inocua. Por el momento, el Gobierno intentó evitar una cuestión especialmente espinosa para él y remitió al Tribunal Supremo la decisión acerca del carácter supuestamente totalitario del PCE. Mientras tanto, la propia evolución de la opinión pública hizo necesaria la legalización que daría veracidad a todo el proceso. Las encuestas de opinión del mes de marzo arrojaron un 40% de la población a favor de la legalización y un 25% en contra, pero el mes siguiente ya los porcentajes eran 45 y 17, respectivamente. El Tribunal Supremo devolvió la pelota al Gobierno a principios de abril, transmitiéndole la decisión de legalizar el PCE. Suárez decidió la legalización el 9 de abril, un Sábado Santo en que, por ser vacaciones, era menor la capacidad de reacción de la clase política y de la prensa. Sin duda fue la decisión más arriesgada de toda la transición política, una auténtica obra de artesanía desde el punto de vista jurídico. La falta de decisión del Tribunal Supremo le sirvió al Gobierno para adoptarla. Lo peligroso fue que la legalización podía suponer un inmediato contragolpe por parte de la derecha. El propio Fraga, con una actitud desafortunada, calificó lo sucedido como "un verdadero golpe de Estado", aunque con el transcurso del tiempo acabaría por rectificar. Pero lo peligroso era la influencia que podía tener no sólo en los cuarteles. En este momento hubo una tensión grande en los altos mandos militares que se mostraron contrarios a la medida, aunque la aceptaran por "disciplina y patriotismo". Afortunadamente, el Ejército no tenía una cabeza dirigente ni una voluntad política precisa en estos momentos. El almirante Pita da Veiga dimitió como ministro de Marina produciendo la segunda crisis militar de la transición. A lo largo del mes de abril continuó la vertiginosa labor del Gobierno. Poco antes de la legalización del PCE había decidido la desaparición del Movimiento Nacional, cuyo ministro pasó a ser secretario del Gobierno. Su estructura burocrática se integró en la Administración, como ella quería y aceptaba la oposición. El 25 de abril Adolfo Suárez hizo un viaje oficial a México, país opuesto tradicionalmente a la dictadura de Franco. Unos días después, a comienzos de mayo, anunció su deseo de presentarse a las elecciones. Ya era posible percibir un balance netamente positivo de la legalización del Partido Comunista que, en sus mítines, hizo abandonar la bandera republicana a aquellos que todavía la portaban. Entretanto, el Gobierno fue logrando unos resultados aceptables en su lucha contra el terrorismo. ETA asesinó a un presidente de Diputación y continuó manteniendo a su favor a una parte de la opinión pública vasca, pero la policía actuó de manera eficaz contra los GRAPO o la extrema derecha. Pero la poca comprensión de los políticos del régimen por los sentimientos de catalanes y vascos mantuvo las tensiones: el propio presidente Suárez no aceptó el uso de la ikurriña e hizo unas declaraciones despectivas acerca de la capacidad del catalán para la ciencia moderna.

Los vélites conformaban la primera línea de la formación. Eran 1200 soldados de infantería ligera que se situaban delante de la formación ordinaria de la legión. Eran los encargados de iniciar el combate, arrojando las lanzas, y posteriormente retirándose detrás de las tropas de infantería pesada. El resto de la legión se dividía en tres líneas: hastati, princeps y triarii. Los hastati constituían la primera línea, y los princeps la segunda. Ambos se componían de 1200 soldados de infantería pesada. Se dividían en 10 manípulos de 120 hombres cada uno. Los triarii por su parte, también de infantería pesada, se distribuían en 10 grupos de 60 hombres cada uno, ya que esta tercera línea la formaban 600 soldados. En el momento del combate, los hastati, previamente situados en una línea continua, lanzaban sus lanzas, las pila, para después contactar cuerpo a cuerpo con el ejército enemigo. Si eran debilitados, o caían exhaustos, eran reemplazados por la línea de princeps, que a su vez, y en caso ser necesario, eran reemplazados por los triarii. Junto a estas tropas, el ejército romano durante la época republicana disponía de tropas auxiliares, las cuales estaban formadas por diferentes pueblos, con su atuendo y armamento propio. Se situaban fuera de la formación romana, siendo unidades independientes, pero complementarias. Podían ser desde infantería ligera hasta caballería de apoyo a la romana. Durante las Guerras Celtibéricas, las tropas auxiliares tuvieron su máxima presencia con Nobilior y con Escipión. Con el primero destacó la presencia de tropas númidas, que apoyaron al ejército romano con elefantes, que se situaban detrás de la formación en forma de damero que tenían los ejércitos de Roma. Para atacar, la formación se abría estableciendo pasillos por los que pasaban los elefantes. En ambos casos, fue importante la presencia de caballería númida. La artillería constituía también una parte importante de las tropas romanas. En las batallas campales jugaba un papel secundario, ya que era estática y no se encuadraba en la formación de la legión. Se empleaba como artillería de posición, especialmente en la defensa de campamentos, así como en el asalto a ciudades. Está documentada su presencia en Numancia, empleándose en las torres del cerco establecido por Escipión. En los restos de los campamentos del cerco se encontró munición, así como plataformas en las que se situaba la artillería.

El año 621/620 es el que se considera como momento adecuado para situar un hecho por lo demás extremadamente oscuro, el de la legislación atribuida a Dracón. Lo más claro en sus contenidos se refiere a la estatalización de los juicios por delitos de sangre, que vienen a estar en manos de los philobasileis, los jefes de tribu que perviven con carácter militar, antecedentes de los estrategos y de los ephetai, institución oscura pero reveladora de la tendencia del texto hacia la profundización en la labor jurídica de las instituciones supragentilicias. Al margen de las referencias a la "Política" aristotélica, se conoce una inscripción en que se hace una reproducción tardía del texto legal y en ella destaca la importancia que da a las condiciones de ciudadano o extranjero (polites, xenos) en los trámites legales del proceso. Da la impresión de que la politeia va cobrando entidad en sus repercusiones jurídicas. Por ello, a pesar de que en la "Política" Aristóteles dice que sólo consistía en la recopilación de la tradición existente, puede también tenerse en cuenta el texto de la "Constitución de Atenas" donde el mismo autor o los miembros de su escuela se refieren a las condiciones económicas precisas para desempeñar determinados cargos y, sobre todo, a que la politeia se atribuía a los que eran capaces de proporcionarse armas, hopla. El proceso legal y la circunstancia social permitían así consolidar el poder de la oligarquía hoplítica, al menos como definición de la politeia y ampliación hacia los que se consolidan como campesinos libres hasta poder emanciparse de las clientelas aristocráticas. Por supuesto, con unos datos tan precarios no es posible determinar el alcance exacto de la ampliación.

Los dos aspectos del programa reformista que ofrecían mayor interés para los socialistas eran la reforma agraria y la transformación de las relaciones sociolaborales a través de los instrumentos de previsión y mediación en manos del Estado. Ambas líneas se integraban en un proyecto socialdemócrata que buscaba, a través de una actuación no específicamente socialista, por lo menos a corto plazo, y en alianza con la burguesía progresista, otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de "relaciones de clase". Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente, haciendo a la burguesía menos traumático "el trance final de la expropiación". En resumen, se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores (UGT), que inspiraría la obra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, presidido en esta etapa por Francisco Largo Caballero. El proyecto caballerista implicaba, a partir de una cierta continuidad con el modelo corporativista de la Dictadura, una reforma total del sistema de relaciones laborales, por lo que precisaba del concurso unánime y disciplinado de la UGT y del respaldo de los partidos de izquierda mayoritarios en el Parlamento. Favorecida por ambas condiciones, la reforma se plasmó durante la etapa preconstitucional en una serie de decretos, dirigidos en su mayoría a mejorar la situación del campesinado, y que sin duda influyeron en el enorme crecimiento de la ugetista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) en estos meses. Posteriormente, las Cortes otorgaron rango de Ley a estas medidas y aprobaron otras. Ocho fueron las iniciativas legales básicas del Ministerio de Trabajo en el primer bienio. La mitad de ellas se referían propiamente a la regulación del mercado laboral: la Ley de Contratos de Trabajo, la de Jurados Mixtos, la de Colocación Obrera y la de Intervención Obrera en la gestión de la Industria, si bien esta última, que estaba destinada a ser la pieza fundamental del proyecto, no llegó a ver la luz. Otras dos reorganizaron el propio Ministerio y sus Delegaciones provinciales. Y las dos restantes, la de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros y la de Cooperativas, buscaban consolidar el modelo sindical y ofrecer a los trabajadores unos beneficios sociales más amplios. Dada la brevedad de la etapa reformista y los obstáculos que se opusieron a esta normativa por parte de los grupos económicos y de la oposición parlamentaria, sólo las dos primeras leyes alcanzaron cierto desarrollo e incidieron notablemente en la evolución de la coyuntura social. La Ley de Contratos de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 se basó tanto en la experiencia sindical del equipo gubernamental como en los proyectos elaborados años antes por el Instituto de Reformas Sociales. La Ley afectaba al conjunto de los trabajadores y establecía normas obligatorias para la contratación laboral. Su aspecto fundamental era la regulación de los convenios colectivos, negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes. Contenía, además, normas sobre los salarios, dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos, establecía siete días de vacaciones pagadas al año y protegía el derecho a la huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido. La Ley de Jurados Mixtos se inspiraba en el funcionamiento de los Comités Paritarios de la Dictadura, en los que habían participado los socialistas. Los Jurados Mixtos fueron creados por Decreto de 7 de mayo de 1931 para arbitrar las condiciones de contratación y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector agrario. La Ley, aprobada por las Cortes el 27 de noviembre de ese año, amplió los Jurados Mixtos a la industria, los servicios y la actividad profesional, y los clasificó por ramos. Había Jurados locales o comarcales, provinciales y nacionales. Sus vocales eran elegidos paritariamente por las asociaciones patronales y obreras inscritas en el censo del Ministerio de Trabajo y los presidía un representante del Ministerio. Su misión era mediar en los conflictos laborales -aumentos salariales, condiciones de trabajo, etc.- estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso. Si el dictamen era rechazado por alguna de las partes, el Jurado lo podía remitir al Ministerio, que podía a su vez elevarlo, en última instancia mediadora, al Consejo Superior de Trabajo. En el apartado de los seguros sociales, el equipo de Largo Caballero dio un considerable impulso a su obligatoriedad y universalización, apoyándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la labor organizativa del Instituto Nacional de Previsión. No se pudo establecer la unificación del sistema en un régimen general, tanto por falta de tiempo y recursos como por la resistencia de los empresarios y de los propios trabajadores a incrementar sus cuotas de afiliación. El Seguro obligatorio de Retiro Obrero, que en 1930 incluía a tres millones y medio de trabajadores, integró a otros dos millones durante la República, lo que supuso que casi se duplicaran los ingresos por cuotas. El Seguro de Maternidad se estableció, con carácter obligatorio, por Decreto de 26 de mayo de 1931 y garantizó la asistencia sanitaria por maternidad al conjunto de las trabajadoras asalariadas. Otro tema prioritario fue el seguro de accidentes de trabajo, que se convirtió también en obligatorio en octubre de 1932 y cuyas indemnizaciones se fijaron por Ley. Pese al efecto beneficioso de todas estas medidas, la paz social, uno de los objetivos del reformismo republicano, estuvo casi siempre ausente en las relaciones laborales del período. Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial de Largo Caballero buscaban reducir la conflictividad, encauzando las disputas laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o "lock-out" patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, tratable por la autoridad como problema de orden público. Durante el primer bienio, sin embargo, la conflictividad laboral fue en continuo aumento. De las 402 huelgas de 1930 se pasó a 1.127 en 1933, mientras la cifra de huelguistas se cuadruplicaba y se superaban los doce millones de jornadas perdidas por año. Las causas de este proceso son múltiples: la incidencia de la recesión económica; la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaban con el corporativismo de la Dictadura, y su manifiesta tendencia a convocar huelgas políticas; la resistencia de un empresariado, acostumbrado a imponer su ley, a aceptar las decisiones de los Jurados Mixtos cuando beneficiaban a los trabajadores; el creciente descontento de las bases de la UGT ante la lentitud y moderación de las reformas, y su paulatino abandono de la línea legalista que les marcaba el aparato sindical socialista, etc.

La actividad legislativa de los primeros años del Franquismo, ya desde el levantamiento de 1936 y su posterior extensión por el territorio nacional, consistió, en primer lugar, en abolir la legislación republicana. Se restablecieron algunas leyes anteriores, que habían sido suprimidas y, sobre todo, a partir de 1939, se implantaron otras de tipo restrictivo con respecto al periodo de la República. Tan sólo una década después, alrededor de 1950, se abrió el camino de las reformas, de la mano de algunas abogadas que habían sufrido ellas mismas la discriminación y que, desde sus puestos privilegiados en el mundo jurídico -algunas desde la misma Sección Femenina del Movimiento- reclamaban cambios para que definitivamente, las mujeres casadas, por el hecho de estar casadas, dejaran de depender de sus maridos, convertidas en "eternas menores". El hecho de que fueran mujeres las que emprendieran este camino de mejora, y además que lo hicieran desde el ejercicio de la abogacía, da cuenta, de entrada, de que ya habían cambiado muchas cosas una década después del final de la contienda. Gráfico La vinculación que se estableció entre el Franquismo y las mujeres, ha llevado a algunos autores, como Rosario Ruiz Franco a preguntarse "¿qué es lo que induce a muchas mujeres a apoyar un sistema político en el que no sólo se recortan los derechos ciudadanos, sino muy especialmente los suyos propios? Por otra parte ¿cómo consiguen estos regímenes contactar con la población femenina para conseguir el apoyo a su proyecto, ¿de qué medios se valen?, ¿Cuál es el objetivo último de esta aproximación?". La respuesta está en relación con ciertos estereotipos femeninos. En primer lugar, las mujeres son consideradas un sujeto idóneo. Tres son las condiciones que hacen de la mujer un instrumento precioso para este tipo de regímenes: su capacidad de sacrificio, considerada por algunos superior a la del varón, y que será fomentada; su puesto en el origen mismo del núcleo familiar, lugar privilegiado para la transmisión de ideas, normas y costumbres; y su ascendente anímico y moral sobre el varón. Cabe recordar que los regímenes totalitarios se levantaron sobre la crisis de las democracias occidentales en el ámbito de sociedades débilmente estructuradas desde un punto de vista orgánico y con un referente claro a la situación de desequilibrio creada por la Primera Guerra Mundial, y en el caso español tras la Guerra Civil. En esta circunstancias, es frecuente y casi generalizada la llamada a la reconstrucción nacional, una labor sacrificada en la que se intentan cohesionar nuevas estructuras sociales, políticas y económicas a través de una participación activa de toda la población civil bajo un único y excluyente signo político." En segundo lugar, continuando con este lúcido análisis, podemos hablar de un discurso emocional: reconocida la trascendencia de las mujeres en la construcción del nuevo estado, se hace necesario vincularlas a su nueva misión. "Las mujeres se sienten protagonistas de la misión que el Estado pone en sus manos de manera directa y que es transmitida a través de un discurso específico. En tercer lugar, están los motivos subyacentes: a los totalitarismos les interesa la recuperación demográfica de una población que ha sido duramente castigada por conflagraciones internacionales o civiles. Estos países pondrán en marcha una política natalista con doble interés: situar a la mujer en la esfera de lo privado y colocar a sus respectivos países en la estructura del poder internacional apoyada en la tasa alta de crecimiento. En el caso español los mecanismos que contribuyeron a la vinculación de las mujeres con el Franquismo fueron tres: la Sección Femenina; una educación marcada por la ideología de la doctrina católica que avalaba el papel diferenciador de cada sexo en la sociedad, favoreciendo el mantenimiento de la estructura patriarcal familiar; y un ordenamiento jurídico que veía a las mujeres, además de como sujetos con unos derechos inherentes a su condición de seres humanos, como seres con una función social específica basada en su capacidad reproductora y educacional. De la Sección Femenina se habló ya en el Primer Franquismo. Veamos más detenidamente los otros dos vehículos de adaptación de las mujeres al régimen franquista: la doctrina católica y el ordenamiento jurídico.

La primera estrategia del Régimen para adquirir legitimidad había sido acentuar sus características católicas, la segunda sería hacer mayor uso del monarquismo. El desarrollo de los acontecimientos en Europa fue el motivo, en gran medida, de que Franco pasara los primeros nueve años de su mandato contemporizando y se negara a introducir los cambios institucionales necesarios en el sistema. Si hubieran ganado la guerra Hitler y Mussolini, no hay duda que una dictadura perpetua o semifascista hubiera sido factible. Pero Franco había sido lo suficientemente astuto para darse cuenta de que lo más viable sería una monarquía autoritaria en la que se combinara la legitimidad tradicional con nuevas características específicas. Incluso después de que don Juan escribiera el Manifiesto de Lausana, Franco declaró ante el Consejo Nacional, el 17 de julio de 1945, que para "asegurar mi sucesión... de los sistemas universalmente aceptados para la gobernación de los pueblos solamente uno se presenta a nosotros como viable: el tradicional español... de acuerdo con los principios de nuestra doctrina" (citado en López Rodó, Largo marcho, 5556), y anunció que en breve se prepararía la legislación necesaria a este fin. Siempre con la esperanza de obtener el apoyo del pretendiente legítimo, Franco tuvo mucho cuidado, tanto en público como en privado, de no mostrarse a favor del principio de la legitimidad dinástica. Decía que éste era especialmente dudoso en el caso de los Borbones españoles, a la vista de su historia familiar. En una ocasión en que se estaba hablando en privado de la promiscuidad de la reina Isabel II, comentó que "el padre del rey no podía haber sido el último con quien se acostaba doña Isabel". La sucesión monárquica era un asunto delicado en el que había que mostrar habilidad y principios, no había que dejarse cegar por los resultados biológicos. Uno de sus típicos comentarios sería "lo que salga del vientre de la reina, a ver si es apto" (según las notas de Martín Artajo citadas en Tusell, Franco y los católicos, 58). El 2 de febrero de 1946 don Juan fijó su residencia en Estoril, cerca de Lisboa, para tener una base cerca de España. Enseguida empezó a haber rumores de un posible acuerdo con Franco y 458 miembros de la elite española, entre ellos dos ex ministros, firmaron una carta de apoyo al pretendiente. Esto enfureció a Franco, quien pidió a su hermano Nicolás -embajador en Lisboa- que comunicara al pretendiente el 15 de febrero que habían roto relaciones. Pasaron meses hasta que Carrero Blanco suplicó a Franco que hiciera uso del apoyo al Gobierno que se había ido fraguando entre 1946 y 1947 -en parte, real- para establecer una sucesión monárquica factible en sus propios términos. De este modo les quitaría la iniciativa a los políticos monárquicos y se legitimarían los poderes de Franco, al convertir el sistema en una monarquía nominal. Además, el anuncio de la doctrina Truman el 12 de marzo de 1947, con la que se inauguraba oficialmente la primera fase de resistencia a la expansión del comunismo, abría nuevas perspectivas para una situación internacional polarizada que un Régimen español legitimado podría explotar para poner fin al ostracismo. El 27 de marzo estaba preparada la nueva Ley de Sucesión. En el primer artículo estipulaba que España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino. En el segundo, que La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde. Se declaraba así que el Estado español era una monarquía que Franco podía gobernar hasta su muerte o incapacidad. Tendría el derecho de nombrar a su sucesor real para que fuera aprobado en Cortes. El futuro monarca tenía que ser varón, católico, tener al menos 30 años y debía someterse a las Leyes Fundamentales del Régimen y del Movimiento. No se hacía mención a ningún derecho dinástico de sucesión de la familia real hasta que Franco hubiera designado un sucesor real, mientras que la ley le reservaba el poder de cancelar el derecho de cualquier miembro de la familia real en caso de que ésta se alejara de los principios fundamentales del Estado. Se crearon dos nuevas instituciones, el Consejo de Regencia y el Consejo del Reino. El Consejo de Regencia tenía que estar compuesto por tres miembros: el presidente de las Cortes, el General más veterano de las fuerzas armadas, y el prelado de más rango sería consejero del Reino. La función de este Consejo sería la de servir como regencia en el ínterin de la transición hacia el sucesor de Franco y, en el caso de que éste muriera sin nombrar a uno, reunir a los miembros del Consejo del Reino y al gabinete y elegir a uno conjuntamente. Las funciones del Consejo del Reino serían ser consejero especial del ejecutivo con prioridad sobre otros cuerpos consultivos y asistir al Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. El presidente de las Cortes también lo sería de este Consejo junto con el prelado de más rango y antigüedad en las Cortes, el General más veterano, el jefe del Alto Estado Mayor, y dos miembros elegidos por el Consejo Nacional del Movimiento, los sindicatos y los oficiales del Gobierno local, y un miembro elegido por los rectores de las universidades y los colegios profesionales. El Consejo del Reino tendría la responsabilidad de declarar la guerra y revisar todas las leyes votadas en las Cortes. Esta legislación se diseñó para legitimar el caudillaje de la Guerra Civil y reconocer a Franco como cabeza suprema del Estado, al que no se podía relevar de su cargo sin la aprobación de dos tercios de los ministros del Gobierno y dos tercios del Consejo del Reino, seguida por una votación de dos tercios de las Cortes. Como todos los miembros de estas instituciones estaban nombrados directa o indirectamente por Franco, era bastante inverosímil, a no ser que cayera en un coma prolongado. El 31 de marzo, horas antes de que Franco anunciara esta legislación, Carrero Blanco le entregaba el texto de la misma al pretendiente en Estoril. Esto produjo grandes iras en el círculo de la realeza. Don Juan escribió otro manifiesto en el que defendía el principio de la sucesión e insistía en que el nuevo sistema seguía un sistema de selección que no se basaba ni en la dinastía real ni en un parlamento elegido democráticamente. Este mensaje no se hizo público en España, donde los órganos del Movimiento lanzaron una campaña contra don Juan convirtiéndole en un enemigo del Régimen y del país. La Ley de Sucesión se aprobó en las Cortes el 7 de junio y se fijó la celebración de un referéndum para el mes siguiente. Esto no suponía un gran peligro, desde el punto de vista del Gobierno, ya que en un sondeo realizado por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento se comprobó que de las 50 provincias españolas sólo dos, Vizcaya y Guipúzcoa, eran claramente enemigas del Régimen y otras seis eran dudosas. El 25 de junio, el Boletín Oficial del Estado anunció -entre otras formas de persuasión- que se exigirían las cartillas de racionamiento para identificar a los votantes y que se sellarían en el colegio electoral. En ese momento, ya estaba bastante claro que la presión diplomática internacional y la oposición interna no estaban obteniendo resultados. Tanto si apoyaban realmente al Régimen como si no, pocos españoles veían una alternativa factible, y después de la votación del 6 de julio el Gobierno anunció una abrumadora aprobación popular. Era un gran paso para el Régimen. No importaba cuáles fueran las cifras reales, se había creado una legitimidad teórica y un mecanismo de sucesión, y se había logrado sin hacer grandes concesiones. Franco actuaba como si estuviera preparado para dar la espalda a la dinastía de los Borbones y buscar un sucesor en otra parte, pero un acercamiento al Conde de Barcelona en sus propios términos sería lo más sensato y reforzaría el Régimen. Por su parte, el heredero tenía pocas alternativas así que aceptó acudir al encuentro que se organizó en el yate del Caudillo, el Azor, en la costa de San Sebastián el 25 de agosto de 1948. Durante las tres horas de conversación no congeniaron del todo ya que Franco trataba al heredero como si fuera un político ignorante de lo que estaba ocurriendo en España. En cualquier caso, don Juan vio que no tenía otra elección más que aceptar una tregua política. Franco prometió dejar de hacer propaganda contra la familia real y don Juan sugirió que sería apropiado que su hijo y heredero, el pequeño príncipe de pelo rubio y ojos castaños, Juan Carlos, continuara sus estudios en España. Franco aceptó gustoso, ya que esto le daba la oportunidad de educar a un joven Borbón y posible heredero dentro del marco del propio Régimen. El príncipe, de 10 años de edad, llegó a España el 7 de noviembre de 1948, con una tarea difícil. Franco no cumplió del todo su promesa de poner fin a la propaganda antimonárquica y, durante una década, Juan Carlos tendría que enfrentarse a la hostilidad intermitente de algunos miembros del Régimen. Fue durante estos años de adolescencia lejos de su familia y en un ambiente de incertidumbre, donde adquirió esa expresión melancólica que luego sería característica. En esta prueba desigual, Franco tenía casi todas las cartas en su mano. Don Juan daba instrucciones a sus seguidores para que continuaran con sus actividades independientes e intentó mantener sus contactos militares, pero no tenía más opción que seguir en los términos de esta relación desigual con Franco.

La lengua hablada en China consiste en un conjunto de varias vertientes, los dialectos, que en ocasiones resultan de difícil entendimiento mutuo, siendo el denominado mandarín, hablado en el área de la actual capital Beijing -Pekín-, el más conocido. Realmente la variedad de los dialectos es tan grande -incluso el mandarín y el cantonés no se pueden comprender si no es por escrito- que explica la profunda separación y la dificultad existentes en el ámbito de la comunicación. El mandarín hablado en el norte del territorio chino, el cantonés hablado en las provincias de Kwangtung, Hong Kong, etc., y el denominado amoy, que es la lengua común de la isla de Taiwan y el sureste de Asia, son algunos ejemplos de las distintas lenguas y sus correspondientes etnias que han habitado en China desde muchos siglos antes de Cristo. La lengua hablada pertenece a una rama de la familia lingüística chino-tibetana. Fonéticamente cada sílaba tiene unos tonos determinados, por lo que la lengua en definitiva depende del tono empleado. Cada palabra o vocablo tiene varios tonos, cuyo empleo define el carácter afirmativo o interrogativo de una frase. Cada sílaba es representada por un carácter escrito, así la lengua china puede ser definida como monosilábica. Consecuentemente, los vocablos chinos son fundamentalmente monosílabos sin ningún componente adicional. Y debido a que éstos no cambian ni en la declinación ni tampoco en la conjugación, su orden general es el siguiente: sujeto + verbo + objeto. Es decir, el sentido se expresa principalmente por medio de la colocación de las palabras en la frase y el uso de partículas auxiliares. En cuanto al método de la romanización de la lengua china, habría que mencionar dos sinólogos, los principales estudiosos de la lengua china que fueron los ingleses sir Thomas Francis Wade -quien creó el primer sistema en el año 1859- y Herbert A. Giles, que lo corrigió más adelante. Este sistema, denominado Wade-Giles, fue utilizado en la mayoría de las transcripciones hasta mediados del siglo XX, cuando fue desarrollado el sistema Pinyin, que resolvió algunos de los problemas y lagunas del anterior. Los sistemas arriba mencionados se basan en la pronunciación, es decir, es un método fonético. El sistema de Wade-Giles ha sido el más utilizado en Occidente en la mayoría de los libros o cualquier otro texto relacionados con China. En el sistema de Wade-Giles, todas las "a" son pronunciadas como la "a" de la lengua española, y si las consonantes "ch", "k", "p" y "t" son seguidas por un apóstrofo, se pronunciarán como tales consonantes, pero si no tienen apóstrofos, se pronuncia como "j", "g", "b" y "d". Las dos letras "j" y "g" tienen sonidos iguales a los de pronunciación inglesa. Tanto el sistema de Wade-Giles como el de Pinyin están hechos basándose en la pronunciación de la lengua inglesa, por lo que para la pronunciación correcta de las palabras chinas para los hispanoparlantes sería conveniente modificar el Pinyin siguiendo la pronunciación de la lengua española.

La lengua de Colón Este capítulo no se puede desligar del anterior. Ambos caminan inseparablemente unidos, hasta el punto de que la mayor parte de los que han polemizado sobre la patria política de Colón lo han hecho desde las dudas que ofrece su patria lingüística, su formación cultural primera. En algo coinciden todos los testigos castellanos que conocieron y trataron al futuro descubridor antes de 1492: lo veían ageno a su lengua14, a la lengua castellana. Dirán que conocía el español y se expresaba en él, pero con claros matices diferenciadores. Un eminente lingüista como don Ramón Menéndez Pidal quiso esclarecer las particularidades de la Lengua de Cristóbal Colón15, y tras un estudio profundo de los escritos colombinos que se conocen, llegó a conclusiones muy significativas que otros autores corroboran, matizan o complementan. Los principales puntos de acuerdo son los siguientes: -- La primera lengua en que Colón aprendió a escribir fue el castellano. Y lo hizo antes de llegar a Castilla. Es posible que durante su estancia portuguesa. También escribía en latín, pero nunca en italiano ni en portugués. Muchos se extrañan de cómo habiendo vivido casi diez años en Portugal aprendiese en ese reino a escribir castellano y no portugués; este idioma debía hablarlo. Sorprende también su nulo conocimiento del italiano escrito. La abundante correspondencia colombina con sus hermanos, con genoveses e italianos importantes se produce siempre en castellano y sólo en castellano. únicamente conocemos dos notas marginales del descubridor (una en el Libro de las Profecías y la otra en la Historia Natural de Plinio) como que quieren ser italianas, pero resultan una extraña y grosera mezcla de castellano e italiano. Indudablemente desconocía este último idioma. Acaso supiera hablarlo, lo mismo que podría conocer el dialecto genovés, pero no escribirlo. -- El español que escribe Colón está lleno de portuguesismos que se notan sobre todo en la grafía y en el vocalismo. No distingue a menudo entre la l y la ll; confunde el diptongo ue por oe, y no capta la diferencia ortográfica entre gue/ge o gui/gi, por citar algunos ejemplos. Se atribuye a influencia portuguesa (M. Pidal); en algunos casos a italianismos (Arce); o a ambas cosas a la vez con clara preponderancia portuguesa (Varela). -- El latín que escribe Colón en notas marginales a la Imago Mundi, Historía Rerum, etc., suele hacerlo repitiendo las palabras y frases del original que quiere resaltar; no lo domina, comete frecuentes errores que son hispanismos (De Lollis). Es decir, no parece que aprendiera un latín genovesco, sino un latín hispánico, con grafía hispánica. -- Tampoco faltan en sus escritos algún que otro catalanismo. En consecuencia, la nota más característica le los escritos colombinos es su complejidad. Más parece --apunta Varela-- que estemos ante el típico hombre de mar que chapurrea mil lenguas sin lograr expresarse bien en ninguna. Acaso practicara una jerga levantisca, o habla marinera del Mediterráneo en general, ampliada más tarde con expresiones oceánicas aprendidas de marineros portugueses y andaluces. Todo lo dicho aclara bien poco los orígenes y primeros pasos colombinos, si acaso incita más a la duda. ¿Puede sorprender a alguien que haya quienes intenten buscar entronques castellanos a don Cristóbal Colón? Si la lengua significa tanto para reflejar mundos interiores y perspectivas vitales de las personas, Castilla y lo castellano adquieren sitial de protagonista en el mundo del descubridor. Colón pudo nacer físicamente en Génova, pero a la cultura y a la elaboración ideológica de su proyecto descubridor nació de la mano de lo castellano.

La lengua y el estilo Hay que estudiar la lengua de Díaz de Guzmán y también su estilo literario. Este escritor improvisado, que redactaba cartas y denuncias judiciales, un día sintió la tentación de escribir la historia de su patria. Lo hizo con el idioma que había aprendido en Paraguay. Sin duda conocía perfectamente el guaraní, la lengua de su madre y de todos los jóvenes nacidos en esa región. Los lingüistas deben analizar La Argentina para descubrir en ella posibles influencias guaránicas, giros o expresiones no puramente españoles. Y también deben comprobar cómo este semimestizo paraguayo escribía un español que podría ser el de la Península. ¿De qué parte de España? ¿Hay algo de vascuence en sus giros idiomáticos por la proximidad de su abuelo vasco, de la villa de Vergara? (Sabido es que a veces se le llamó el capitán Vergara.) ¿Hay andalucismos en su prosa, por los andaluces que, en aquellos años, abundaban en Asunción? Repetimos que los amantes de la estilística y de la filología tienen en las páginas de Díaz de Guzmán materiales preciosos para un estudio analítico que aún ningún lingüista ha realizado. Es curioso, sintetizamos, que en las lejanas selvas del Paraguay alguien, que nunca había salido de ellas, escribiese con tanto dominio de la lengua castellana páginas que parecen compuestas en algún rincón de la vieja España. El concepto de patria Muchas veces se ha hablado, y aun exagerado, acerca de los sentimientos que unían y desunían a los españoles, a los indígenas, a los mestizos, a los negros, a los mulatos y a los zambos. Todos ellos eran habitantes de la América hispana. Hubo un tiempo en que la escuela del conde de Gobineau, unida al materialismo histórico de Maix, inspiró a los historiadores hispanoamericanos. Fue entonces cuando se inventaron las teorías de que la independencia había nacido de los odios de razas y de los problemas económicos. Los odios de razas fueron, más que de razas, de estratos sociales, de ricos y pobres, de nobles o de clases elevadas, y de las consideradas más inferiores. Todos sabían muy bien que eran españoles; pero unos, sobre todo los mestizos, a menudo odiaban a sus padres. Esta división existía también entre criollos, o sea, hijos de europeos nacidos en la tierra, y sus propios padres. Los testimonios abundan. Lo cuentan conquistadores de Asunción en cartas aún inéditas, llenas de datos preciosos, y hombres de estudio, como Félix de Azara, en el siglo XVIII. Es un sentimiento que, en esta parte de América, y, sin duda, en otras muchas, abarca tres siglos de duración. No obstante, no podemos hallar en estas separaciones raciales y sociales --en algunas conspiraciones los hijos nativos de la tierra quisieron asesinar a sus padres europeos-- ningún intento de independencia política, sueños de crear una nueva nación. Las grandes rebeliones indígenas y las llamadas de los comuneros, tanto de Paraguay como de Nueva Granada, tuvieron otras razones: políticas unas y económicas otras. Díaz de Guzmán no sintió estos sentimientos de aversión hacia lo español ni los españoles. No era una excepción. Las excepciones eran las de los otros: los que odiaban a sus padres. En tiempos actúales hemos visto en calles de ciudades de Europa manifestaciones con carteles que decían: Muera la familia. Abajo los padres y las madres. No más sujeción al hogar. Maldito sea el hogar, y monstruosidades semejantes que, por fortuna, van quedando en el recuerdo. No nos detengamos en los odios del tiempo de la monarquía, en la América hispana, y pasemos a analizar las ideas nacionalistas de Díaz de Guzmán de acuerdo con lo que él mismo expresa en sus escritos. En primer término, se sentía y consideraba español. Estas tierras eran una prolongación de España. Los nacidos en América eran, en su mayoría, hijos de españoles. Díaz de Guzmán dedicó su Argentina, obra, según él, falta de toda erudición y elegancia, a su pariente en la Península Alonso Pérez de Guzmán. Al fin --decía-- es materia que toca a nuestros españoles. Por ello rogaba a Pérez de Guzmán que se digne de recibir y aceptar este pobre servicio como fruta primera de tierra tan inculta y estéril y falta de educación y disciplina, no mirando la bajeza de su quilate, sino la alta fineza de voluntad con que de la mía se ofrenda. Díaz de Guzmán quiso, como Bernal Díaz del Castillo, reivindicar los méritos de los españoles que habían pasado a las indias y aquí habían muerto. Decía, en su recuerdo y homenaje: En diversas armadas pasaron más de cuatro mil españoles y entre ellos muchos nobles y personas de calidad, todos los cuales acabaron sus vidas en aquellas tierras con las mayores miserias, hombres y guerras de cuantas han padecido en las Indias, no quedando de ellos más memoria que una fama común y confusa de lamentable tradición, sin que basta ahora haya habido quien por sus escritos nos dejase alguna noticia de las cosas sucedidas en ochenta y dos años que ha se comenzó esta conquista....Era el homenaje a los caídos en la exploración, conquista y civilización de estas tierras. Cuando escribía estas líneas, el 25 de julio de 1612, se hallaba en Charcas, en el Alto Perú. Sentía, más que nunca, el amor a su patria. ¿Cuál era su patria? Era Paraguay, era América, era España: la España de todas las tierras donde ondeaba su bandera y se hallaba su lengua. Díaz de Guzmán --entiéndase bien, pues el detalle o el hecho tiene su importancia-- fue el primer escritor semimestizo de esta parte de América que empleó la palabra patria. En su obra dice: De que recibí tan afectuoso sentimiento como era razón por aquella obligación que cada uno debe a su misma patria. Es así cómo nacen, en esta parte de América, el concepto y el sentimiento de patria. Este concepto y este sentimiento los estudió, hace años, en la Academia Colombiana de la Lengua, el insigne Luis López de Mesa. Nosotros hemos ampliado este estudio en nuestro extenso ensayo sobre Díaz de Guzmán. No vamos a repetirlo. El concepto nació en Grecia y pasó a Roma. En el Mediterráneo la palabra patria designaba la tierra de los padres. Los pueblos nórdicos empleaban directamente estas palabras para designar lo que los latinos y neolatinos llamaron patria. Decían, en sus diversas lenguas: la tierra de los padres. En las Novelas ejemplares de Cervantes hallamos patria como lugar de nacimiento, separado de nacionalidad. Patria, por tanto, para los hombres de entonces, el lugar en que se había nacido. Este lugar podía extenderse a toda la nación. Díaz de Guzmán fue el primer paraguayo que habló de su patria. El segundo fue un criollo: Hernando Arias de Saavedra, el 3 de febrero de 1619, en una carta al rey: Hace cuarenta años que sirvo a Su Majestad en esta provincia que es mi patria... Hernándarias era hijo de Martín Suárez de Toledo y María de Sanabria, españoles puros. La patria, como tierra de los padres, en los países europeos del Norte, significaba el principio del jus sanguinis. En los países del Sur hacía pensar en el jus soli, el derecho del suelo, del país donde se nace. El jus soli, aceptado e impuesto por todas las naciones hispanoamericanas, en un principio jurídico y político tan antiguo como la conquista y colonización del Nuevo Mundo.