Busqueda de contenidos

Como es fácil suponer, las relaciones sociales durante el siglo XVIII no fueron, precisamente, una balsa de aceite. Había suficientes planos de tensión como para que los conflictos no estallaran. Y abundantemente, aunque, en cualquier caso, de forma más atenuada que en el siglo anterior. Siguiendo a G. Rudé, podemos establecer su tipología. Hubo revueltas campesinas, que en algunos casos adquirieron especial gravedad; protestas de pequeños consumidores, rurales y urbanos; de los nuevos trabajadores industriales; y, por otra parte, complejos movimientos urbanos (más abundantes en la segunda mitad del siglo) y que con frecuencia presentaban claras connotaciones políticas. Veámoslos muy someramente. En el mundo rural había, como no podía ser menos, un marcado contraste entre la Europa del Este y la occidental. En la Europa oriental las revueltas campesinas estaban relacionadas, de una forma u otra, con la servidumbre y llegaron a adquirir caracteres de rebelión abierta, la más importante de las cuales fue la del cosaco E. Pugachov, de 1773-1774, en la Rusia de Catalina II. Pugachov se hizo pasar por el asesinado zar Pedro III -que gozaba de un especial apoyo popular por algunas de sus reformas, que favorecieron a los siervos de los monasterios-, que se habría salvado milagrosamente, y aprovechando la rebeldía cosaca por el recorte de sus derechos tradicionales, consiguió acaudillar lo que ha sido calificado como el mayor levantamiento popular ocurrido en Europa entre las revoluciones inglesa y francesa. La rebelión afectó básicamente a las regiones del Volga y los Urales y entre las heterogéneas masas sublevadas destacaban los siervos rurales y los campesinos-obreros vinculados a las fábricas y minas de los Urales, ansiosos por librarse de su penosa situación. El temor que suscitó en los círculos del poder fue grande, pero su derrota, a cargo de los mejores generales de la zarina, no resultó difícil. Tras ella, Catalina II no sólo abandonó los proyectos de reforma de la situación del campesinado, sino que la Carta de la Nobleza de 1785 confirmaba, entre otros privilegios nobiliarios, su absoluto control jurisdiccional de los siervos rurales. Aunque fueron menos amplios e intensos que en Rusia, los levantamientos campesinos en el Imperio austriaco estuvieron también guiados por la protesta contra las exacciones fiscales y la servidumbre. En algunos casos -rebelión de Silesia en 1767 contra el robot (nombre de las prestaciones personales)- precedieron a las reformas de José II o estuvieron provocadas por la creencia errónea de que ya se habían promulgado -sublevación en Bohemia en 1775- y fueron una explícita manifestación de inquietud y apoyo a las medidas imperiales. El descontento provocado por la tardanza en aplicar las reformas, las exclusiones que entrañaban, sus limitaciones y su anulación posterior provocaron nuevas protestas, aunque no se llegó a la rebelión, probablemente por el desánimo y frustración que tales medidas habían provocado en los campesinos. En Europa occidental hubo, por supuesto, tensiones constantes que no solían dar lugar a estallidos violentos. Fueron a este respecto típicas las fricciones entre arrendatarios y propietarios, que dieron lugar a frecuentes enfrentamientos personalizados, resistencias pasivas y recursos a los tribunales ordinarios; otro tanto puede decirse con respecto al pago de los diezmos y de ciertos derechos señoriales. Pero las revueltas campesinas fueron, por lo general, más esporádicas y atenuadas y adquirieron formas y motivaciones distintas según los países. En Francia, por ejemplo, el siglo se abrió con las revueltas generalizadas de 1709, motivadas por una de las más agudas hambres de los tiempos modernos y la presión fiscal causada por la Guerra de Sucesión española. Luego hubo protestas localizadas contra diezmos y derechos señoriales, pero el clima de descontento en el campesinado -que no desapareció en esta centuria- no afloraría violentamente sino al agravarse las condiciones económicas generales, en los años previos a la Revolución. El siglo XVIII fue, pues, desde este punto de vista relativamente tranquilo y sólo se suelen registrar agitaciones de pequeños campesinos que no producían suficiente para su consumo y debían comprar un cereal cada vez más caro -consumidores, pues-, en los clásicos motines de subsistencia a los que nos referiremos en breve (en la década de los veinte, sin embargo, los motines de hambre fueron particularmente graves). Probablemente, la explicación de esta relativa calma resida en la mejora económica experimentada por el sector más destacado de los agricultores, lo que, sin duda, les llevó a relegar los problemas de fondo a un segundo plano mientras duró aquélla. En Inglaterra las protestas campesinas estuvieron relacionadas con los cambios socio-económicos que se estaban produciendo protestas contra peajes en las carreteras y caminos de nueva construcción y cercamientos- y, aunque poco espectaculares por lo general, fueron abundantes, antes y sobre todo después de la Enclosure Act de 1760. Sus protagonistas, otra vez, fueron los pequeños campesinos, que trataban de defenderse de las usurpaciones y restricciones derivadas de la extensión de los cercamientos, intentando restablecer los aprovechamientos comunales tradicionales. En los dos países -Francia e Inglaterra- en que la economía industrial había alcanzado mayor grado de desarrollo, la protesta de los trabajadores industriales comenzó a cobrar cierto relieve. Desaparecidos o limitado el alcance de los gremios, hubo jornaleros que comenzaron a agruparse en asociaciones ilegales (compagnonages en Francia, comisiones de trabajadores en Inglaterra) que animaron huelgas, casi siempre acompañadas de violencia, como respuesta al descenso de salarios, las jornadas excesivamente largas, la contratación de extranjeros (irlandeses en Inglaterra, saboyanos en Francia, por ejemplo) o, ya a finales del siglo y en ocasiones, contra la introducción de máquinas que reducían las necesidades de mano de obra. Aunque se sitúa cronológicamente fuera de la época que estudiamos, no está de más recordar que, en Inglaterra, uno de los más violentos y complejos movimientos de este tipo, que no solamente actuaba contra las máquinas, sino también contra manufactureros particularmente odiados, fue el de los ludditas -así denominado en referencia a un supuesto o real King Ludd que en algún momento estuvo al frente de los amotinados en los Midlands- en 1811-1812. No obstante, eran más frecuentes y característicos del siglo XVIII, incluso en las zonas más industrializadas, los motines de subsistencia. Podían prender tanto en el medio rural como en las ciudades; más raramente (aunque también los hubo), en las capitales políticas, debido al especial cuidado que los gobernantes tuvieron en asegurar su abastecimiento precisamente por el temor a los levantamientos y la ejemplaridad que podrían tener en el resto de la nación. Constituían, de hecho, la forma de protesta más habitual de los pequeños consumidores contra la carestía del pan, el alimento todavía básico en la dieta popular. La tipología social de sus protagonistas, dentro de su característica común de pequeños consumidores, era amplísima: desde el pequeño u, ocasionalmente, el mediano campesino al pequeño artesano, pasando por toda la amplia galería de trabajadores urbanos y, también, por el asalariado industrial por cierto, más preocupado todavía por conseguir pan a bajo precio que por aumentar su salario ordinario-. Y así, cuando el precio del pan subía hasta hacerse casi inalcanzable para muchos, la ira popular estallaba en forma de motín contra las figuras clave del mercado de granos, comerciantes, acaparadores y especuladores las actitudes seguidas en este tipo de motines han sido descritas por E. P. Thompson- y se asaltaban graneros, hornos y tiendas, saqueando las reservas, destruyéndolas en algunos casos y, si se contaba con cierto grado de organización, llegando a establecer una tasación justa del precio del pan -mantenimiento de la economía, moral de los pobres de que habla E. P. Thompson-. Según G. Rudé, nada menos que 275 de los 375 motines ocurridos en Inglaterra y reseñados por los periódicos entre 1730 y 1795 respondían a este tipo; y no menos de 100 ha registrado D. Mornet en Francia entre 1724 y 1789. Los más importantes, sin lugar a dudas, fueron los del verano y otoño de 1766 en Inglaterra, en que los amotinados, tras los acostumbrados asaltos a mercados y tiendas, impusieron precios tasados al grano, la harina, el pan y otros alimentos, y la guerra de las harinas francesa de la primavera de 1775, provocada por las medidas de liberalización del comercio interior de granos dictadas por Turgot, que llegó a prender en París. Las turbulencias urbanas, nada raras en la mayoría de los países, solían ser de naturaleza más compleja. Podía haber problemas de abastecimiento en sus orígenes, pero también presentaron tintes xenófobos o religiosos; adquirían muchas veces connotaciones políticas, si no estaban ya en su raíz, y podían deberse a la inspiración de grupos e intereses ajenos a la multitud. Podemos citar como ejemplo los tumultos parisinos de 1720, relacionados con las medidas financieras de Law, o bien los de 1753, en apoyo de las posiciones del Parlamento en su pugna con la Corona: en ambos casos, y en otros muchos a lo largo del siglo, el Parlamento de París fue su instigador. En Londres, los más destacados fueron los de 1736 (que mezclaban protestas contra la inmigración irlandesa y contra las medidas parlamentarias que restringían el consumo de ginebra), 1768-1769 (en apoyo de las pretensiones políticas de John Wilkes) y 1780 (de carácter religioso, anticatólico con elementos xenófobos, con lord Gordon como cabeza más destacada). En el caso español los motines más importantes fueron los ocurridos en Madrid y otras localidades (cerca de 70, según el mapa que presenta L. Rodríguez) en la primavera de 1766 y que genéricamente son conocidos como motín de Esquilache. La medida concreta que provocó el levantamiento en Madrid fue el conocido bando de Esquilache relativo al tamaño de capas y sombreros, pero hubo otros factores sin los cuales no pueden explicarse. Ante todo, un fondo común de descontento por el encarecimiento de los alimentos provocado por la abolición de la tasa de los cereales el año anterior. Algo hubo, pues, del clásico motín de subsistencias alegado por P. Vilar, pero más en provincias (el caso es, por ejemplo, bastante claro en Zaragoza) que en Madrid, dirá L. Rodríguez. Localmente, intervinieron otros elementos concretos -tensiones antiseñoriales en alguna zona valenciana (J. M. Palop), municipales en el País Vasco (P. Fernández Albaladejo), por ejemplo- que en más de una ocasión hicieron derivar los tumultos en abiertos enfrentamientos de clase. Y en el caso madrileño no se pueden menospreciar las motivaciones políticas: elementos de xenofobia contra los extranjeros que estaban impulsando las reformas; frustración general de la alta aristocracia al verse relegada del poder por nobles de inferior categoría; rechazo a las reformas por parte de una fracción de los estamentos privilegiados (como es sabido, la posible participación de los jesuitas, aunque nunca plenamente demostrada, llevó a decretar inmediatamente su expulsión); decepción de ciertos nobles reformistas apartados del poder (la referencia al marqués de la Ensenada, desterrado tras el motín, se hace casi obligatoria)... No hubo, pues, una sola forma de protesta en el siglo XVIII, en correspondencia con la diversidad de problemas y causas que las motivaron y el medio social en que se produjeron. Pero, concluye G. Rudé, si exceptuamos los casos de Europa oriental y algunos de la centro-oriental, de corte más primitivo, se pueden destacar ciertos elementos comunes a las revueltas de Europa occidental, que constituyen los rasgos característicos de la protesta en la sociedad de transición o preindustrial. No solían iniciarlos los más desheredados, aunque éstos los apoyaran y contribuyeran a amplificarlos; eran iniciados más bien por quienes se encontraban en la clásica situación de equilibrio inestable y temían caer en la pobreza. Se trataba, normalmente, de manifestaciones con un alto grado de espontaneidad y, paralelamente, un escaso nivel de organización; los elementos en quienes recaía el castigo, una vez finalizados, solían ser, simplemente, los que mayor actividad habían desplegado. Y cuando había un líder reconocido (se daba a veces en los motines urbanos) no era raro que perteneciera a un grupo social superior. Eran actos de violencia, pero casi siempre dirigidos contra la propiedad y (hubo excepciones, claro está) no contra las personas. Y solían, por último, mostrar una elevada selectividad en cuanto a los objetivos propuestos. En la sociedad preindustrial, la ideología popular constaría de dos elementos: el denominado inherente, constituido por el cuerpo tradicional de ideas y actitudes procedentes de la memoria colectiva, y el derivado, integrado por las ideas transferidas por otros grupos sociales (los grupos dominantes) por diversas vías (púlpito, boca a oreja, escritos...); el segundo podía superponerse al primero, lo influía e, incluso, contribuía a conformarlo (elementos ideológicos derivados en una generación, una vez asimilados, podían ser inherentes para la siguiente o siguientes). Así, las formas más elementales y espontáneas de protesta (motines de subsistencia, primeras huelgas...), respondían al impulso básico del sistema ideológico inherente y sus objetivos solían ser muy simples y sencillos, estando cifrados, por lo general, en lo que se consideraba restauración de la justicia (restablecer los justos precios o salarios o los justos usos de la tierra...). En las protestas más organizadas había una mayor influencia de elementos ideológicos derivados, lo que explicaría la frecuente tendencia conservadora que solía latir en ellas. Sería la Revolución Francesa la que, aun partiendo también de elementos ideológicos derivados (el concepto de fraternidad, los derechos del hombre, la soberanía popular...), dotaría a la protesta popular de una más profunda dimensión política. La asimilación y elaboración de aquéllos terminaría dotando al pueblo de sus propias ideas políticas. Finalmente, el lento influjo de la revolución industrial y de las asociaciones obreras de alcance nacional aportarán otros elementos: la huelga sustituirá al motín, los proletarios a los campesinos y la plebe urbana, las reivindicaciones concretas que trataban de mejorar su situación a la restauración de la justicia... Pero esto se produjo ya con, el siglo XIX bastante entrado, lo que, evidentemente, queda muy lejos de nuestros límites cronológicos.

La sociedad española no era un cuerpo estático de agregados que se superponían según un orden prefijado en los libros de los juristas. Antes al contrario, la vida social era un complejo dinámico y en transformación. Entre la formalidad jurídica y estamental, que situaba a cada cual en un cuerpo estanco, y las evidencias económicas y sociales, la distancia fue cada vez mayor. A medida que el siglo avanzó, la sociedad real fue dejando a un lado a la sociedad legal. La propiedad de los medios de producción, el nivel de rentas y el acceso a la política fueron imponiendo su ley en el momento de jerarquizar el conjunto social. Es decir, por debajo de la rígida teoría medieval de los tres órdenes se situaba una estructura social basada en la desigualdad de las fortunas. El resultado de este proceso fue la creación de una especie de pirámide social compuesta por una reducidísima elite de familias que disfrutaban de espectaculares niveles de riqueza, de un nutrido grupo de súbditos que llevaban una vida de cierto desahogo sin ostentación, de una amplísima base que debía asegurarse la supervivencia cotidiana con el trabajo diario y cuyo gasto lindaba los niveles de subsistencia y, finalmente, de miles de españoles que sencillamente carecían de fortuna y de posibilidades reales de consumo. Esta clasificación provisional de gruesas pinceladas puede afinarse mejor si observamos la estructura socioprofesional tipo que definía la mayoría de las ciudades y pueblos de la geografía hispana. En efecto, en las grandes ciudades existía un patriciado urbano compuesto por nobles titulados, elite eclesiástica, grandes comerciantes y funcionarios de alcurnia que dominaban buena parte de los circuitos económicos, acaparaban el prestigio social y dominaban los diversos resortes de la política. Ellos eran los principales interlocutores del poder real y los que tenían mayor y más clara conciencia de ser la clase dirigente regional presta a regir los destinos de la provincia en connivencia con las autoridades centrales. Ellos eran los que compartían sin demasiados problemas los mismos salones de baile o las mismas tertulias. Por debajo de esta elite social se establecía una amplia capa de mercaderes minoristas, artesanos agremiados, funcionarios modestos y profesionales, que conformaban una especie de mesocracia del trabajo que estaba cómodamente instalada y con claros deseos de mantener la estabilidad del orden vigente. Eran los encargados de producir servicios y manufacturas que tenían en el propio ámbito urbano o regional su demanda más segura. En los linderos entre el trabajo y el paro, entre la subsistencia y la miseria se encontraban importantes capas de artesanos humildes y asalariados industriales, así como una cohorte de hombres y mujeres poco cualificados siempre dispuesta a vender su fuerza de trabajo. Había otros miles que no tenían ni siquiera esa precaria condición y pasaban a engrosar las filas de los pobres y los vagos que poblaban las instituciones de beneficencia y los arrabales urbanos. Alrededor de las ciudades importantes solía haber también un traspaís de campesinos, unos modestos y otros acomodados, que nutrían las necesidades alimentarias de las poblaciones y que sólo indirectamente tenían cabida en el seno de la propia estructura social de la ciudad. En los pueblos, por el contrario, los números solían inclinarse en favor de una mayor presencia de labriegos y artesanos y una disminución proporcional de la nobleza, el alto clero y la burguesía de negocios. Aunque no debe tomarse esta taxonomía al pie de la letra, parece aceptable afirmar que el país se encontró durante el siglo bastante polarizado. En las diversas regiones españolas existía una estructura de clases de carácter marcadamente piramidal en la que una exigua minoría de ricos dominaba los recursos de una inmensa mayoría de modestos con un grupo intermedio a veces vigoroso pero siempre poco abundante y que supo sacar buenos beneficios del reformismo borbónico. Una situación de estas características suponía la defensa de intereses diferentes y a veces encontrados. La inmensa mayor parte de los conflictos se dirimieron por la vía pacífica y jurídica. Las audiencias y chancillerías, el Consejo de Castilla y la Junta General de Comercio se llenaron de pleitos y recursos de las más variada índole que enfrentaban a diversos sectores socioprofesionales. Los señores, los propietarios, los arrendatarios, los pequeños campesinos y los jornaleros porfiaron en los tribunales por la posesión de la tierra o por las formas de arrendamiento de los contratos agrarios. Los pueblos disputaron terrenos que consideraban de su propiedad, a veces durante décadas. Comerciantes, mercaderes y artesanos pusieron a sus órganos institucionales a pleitear por sus intereses corporativos. Y no fue extraño que el capital comercial y el industrial se enfrentaran con verdadera tenacidad por la vía de la judicatura. Todo ello venía a significar que la sociedad española del Setecientos se encontraba fuertemente solidificada en instituciones corporativas encargadas, a través de la magistratura, de canalizar unos conflictos de intereses que el crecimiento de la economía hispana a veces atenuó y en otras ocasiones avivó. Incluso los campesinos que no disponían de organismos de esa naturaleza porfiaron por la senda judicial a título individual. El continuo pleitear de los campesinos castellanos contra sus señores, la polémica gallega de los despojos (renovación de los foros en manos de los mismos llevadores) o las luchas de los viticultores catalanes (rabassaires) contra los propietarios de las viñas por el tiempo de duración de los contratos que los primeros deseaban intemporales, son otras tantas muestras de cómo cotidianamente se preferían los caminos de la magistratura en temas relacionados con la tierra y el régimen señorial. Pero esa situación básicamente estable y legalista tuvo también su contrapunto en algunas manifestaciones violentas que las autoridades no pudieron evitar. La condición cercana a la pobreza de importantes colectivos sociales, urbanos o rurales, era, sin duda, un caldo de cultivo para la revuelta. Una revuelta que aparecía como medio de defensa de los sectores más modestos ante la imposibilidad de canalizar adecuadamente sus aspiraciones sociales y económicas en el marco de unas reglas del juego político que los marginaba claramente. Así pues, cuando los impuestos apretaban demasiado se producían motines antifiscales, a veces con ribetes de foralidad, como los ocurridos en el País Vasco durante la Machinada de 1718 y la Zamacolada de 1804; cuando el Estado parecía incumplir las tradiciones se desarrollaban algaradas contra el reclutamiento militar, como el Aldarull de las quintas en Cataluña durante 1773 y los sucesos de Valencia en 1801; finalmente, cuando el abastecimiento de alimentos se entorpecía y los precios subían por efecto de las malas cosechas y los acaparadores, tenían lugar revueltas urbanas, como las producidas en toda España en 1766 o las más acotadas de Granada en 1748 y los Rebomboris del pá acontecidos en Barcelona durante 1789. Parece generalmente admitido que el conflicto que tuvo mayor trascendencia política y social fue el denominado Motín de Esquilache. En efecto, en pleno corazón del siglo, en Madrid primero y en varias poblaciones después (País Vasco, Zaragoza, Alicante, Cartagena, Elche), estallaron una serie de revueltas que llevaron la más honda preocupación a los primeros gobernantes reformistas de Carlos III. Por la extensión de los motines, inaudita hasta entonces, por la confluencia de los sectores sociales actuantes, por la virulencia de las acciones en la propia capital, las revueltas de 1766 llegaron a provocar un punto de inflexión en la política reformista. Los acontecimientos empezaron a precipitarse en forma violenta a partir del decreto firmado por el marqués de Esquilache el 20 de marzo. En dicha disposición se conminaba a cumplir la vieja orden que prohibía a los hombres llevar capas largas y sombreros anchos y redondos, medidas pensadas para evitar el embozo de la identidad personal y la comisión de delitos criminales. Después de tres días de malestar, estalló la primera manifestación que logró reunir a cinco mil personas en la Plaza Mayor de Madrid. La multitud se dirigió primero a casa del ministro, que tuvo que refugiarse en el Palacio Real bajo el amparo del monarca, y al día siguiente fue a exponer sus demandas ante Carlos III. Dado el cariz que tomaban las reivindicaciones y con el temor de que las mismas pusieran en cuestión la monarquía, el propio soberano salió a escuchar las solicitudes de los manifestantes. Por boca de un fraile hicieron saber al monarca las principales peticiones: seguir manteniendo la indumentaria española, el cese de los gobernantes extranjeros, la rebaja de los precios de los alimentos básicos (especialmente el pan), la supresión de la Junta de Abastos y la retirada de las tropas a los cuarteles. Aunque el soberano concedió casi todas las demandas, sus dudas sobre el control de la situación hizo que marchara a Aranjuez, medida interpretada por los amotinados como una vuelta atrás en las promesas y el inminente inicio de la represión. Un nuevo parlamento entre los emisarios rebeldes y el rey finalizó con una carta real leída ante miles de madrileños garantizando las concesiones realizadas. La revuelta acababa con un balance de cuarenta muertos, la mitad rebeldes y la mitad soldados, y algunas decenas de heridos. Los sucesos de 1766 son fruto de un haz de causas complejas producto de una situación estructural y de medidas políticas coyunturales. La base del conflicto, y uno de sus desencadenantes principales, se encontraba en la estructura agraria española y el desabastecimiento periódico de las ciudades populosas. La respuesta popular ante una subida de los precios era un motín de subsistencias. Una serie de malas cosechas en los años anteriores y el acaparamiento de granos por parte de los especuladores clásicos, favorecida por la medida promovida por Campomanes en 1765 de abolir la tasa del precio de los granos y potenciar su libre comercio, resultaron decisivas para provocar las revueltas. La respuesta popular a los avances de la economía política propiciada por las autoridades favoreciendo la libertad de mercado fue contestada por la economía moral de la multitud que reivindicaba medidas proteccionistas tradicionales que salvaguardasen sus intereses de la tendencia monopolista de los poderosos propietarios. Y si este componente de subsistencias intervino en el estallido madrileño, fue especialmente evidente en los motines que jalonaron las diversas provincias. En el caso de Madrid, los problemas agrarios de fondo fueron aprovechados para dirimir otras cuestiones. Unas tenían que ver con la xenofobia del pueblo madrileño hacia los gobernantes extranjeros, sentimiento alentado demagógicamente por los partidos que se disputaban el favor real. Otras hunden sus razones en una intencionalidad claramente conspirativa de una parte de la nobleza, que intuyó una buena oportunidad para atacar con criterios reaccionarios el programa de reformas políticas. Una nobleza que no estaba dispuesta a que la gobernaran modestos nobles como Campomanes o Floridablanca y aún menos extranjeros como Esquilache o Grimaldi. Y, por último, fue una lucha por el poder dentro del propio bloque reformista, donde personalidades como el anterior ministro Ensenada, creyó vuelta su hora de entrar en lides de gobierno. Las consecuencias del motín fueron diversas. Aunque en un primer momento el rey y las autoridades locales concedieron buena parte de las peticiones a fin de calmar los ánimos y ganar tiempo, posteriormente el nombramiento del conde de Aranda como presidente del Consejo de Castilla significó la marcha atrás en las concesiones ante el argumento de que habían sido cedidas bajo la presión de un levantamiento ilícito. A partir de 1766 quedó establecida en Madrid una fuerza permanente de 15.000 soldados, clara muestra de que el orden era prioritario y de que las algaradas no iban a tener resultados positivos. Dentro de esta línea debe interpretarse también la nueva organización de los barrios ciudadanos, vigilados por patrullas de notables. Igual origen tiene la instauración de los síndicos personeros y los diputados del común como intento de hacer participar a las masas en diversas facetas de urbanismo y control de abastos. Políticamente, Esquilache tuvo que abandonar España, Grimaldi fue confirmado, Ensenada desterrado al exilio y los jesuitas, fervorosos militantes de la asonada, fueron expulsados de España. Al final, el Motín de Esquilache vendría a resultar un primer aviso de lo difíciles que iban a ser las reformas y de lo esencial que era el orden para que las mismas, en opinión de las autoridades del momento, pudieran llevarse a buen puerto. Así pues, cuando los poderosos utilizaban todos los resortes del poder (local, judicial o central) para salirse con la suya, las clases populares más desfavorecidas creían tener legitimidad (moral y política) para utilizar la revuelta como medio de parar los pies a los ricos. En este contexto tardofeudal, el motín continuaba siendo una respuesta de los más (y menos favorecidos) para mantener una economía moral que frenase la posible desmembración de la comunidad tradicional por las nuevas formas de explotación o por los abusos de poder. De este modo, puede decirse que eran motines reguladores de la tasa permisible de explotación y que en ningún caso cuestionaban el modelo social vigente, a lo sumo, cuando adquirían una mayor radicalidad, podían llegar a poner en solfa algunos aspectos secundarios del régimen señorial. En estas protestas los protagonistas fueron similares en todos los lugares: pequeños campesinos que veían peligrar sus haciendas, trabajadores no cualificados de las grandes ciudades, consumidores urbanos con escasa capacidad de renta que se veían muy afectados por las carestías y, por supuesto, los que nada tenían que perder porque habían entrado en el mundo de la marginalidad. Frente a ellos se situaron también siempre los mismos: los señores laicos o eclesiásticos, los propietarios y arrendatarios importantes y las oligarquías urbanas. O dicho de otro modo, todos aquellos que se llevaban la mayor parte de la renta agraria o de los beneficios comerciales y que hegemonizaban la política local. En medio de estos enfrentamiento fue usual que se situara la jerarquía eclesiástica en funciones de "iris de la paz" que no podía enemistarse con el conjunto de la feligresía pero tampoco estaba en condiciones de permitir impasible el ataque a las autoridades y a los poderosos, en cuyas filas se encontraba. Los gobiernos reformistas tuvieron particular miedo a las revueltas callejeras de los sectores populares, en especial tras los acontecimientos de 1766. Un pánico que provenía no tanto de la asonada en sí misma o de las concesiones que hubieran de hacerse, siempre particulares y negociables y que nunca cuestionaban la figura suprema del buen rey, sino de la manipulación política que de ellas pudieran realizar los enemigos de la reforma. Eso era lo que al menos habían demostrado los acontecimientos de Madrid durante el Motín de Esquilache: a una crisis de subsistencia se podía superponer una conspiración política personal o colectiva. Y en ese contexto difícil de resolver se ahogaron bastantes de las buenas intenciones ilustradas. Ante el dilema de orden o reforma se escogió el primero pensando que era la condición para llevar a buen puerto la segunda: puestos a elegir eran los cambios los que podía esperar. Y cuando tomaron partido por la reforma, anduvieron por el sendero de las medidas técnicas y de algunas resoluciones a la defensiva, incapaces de resolver los verdaderos problemas que estaban en la base de la conflictividad sociopolítica, pacífica o violenta, de la sociedad española.

Uno de los mayores problemas a los que hubo de enfrentarse la II República fue el de la conflictividad social. Ya en junio de 1931 se produjo un oscuro complot en el aeródromo de Tablada (Sevilla), en el que el aviador militar Ramón Franco y un grupo de suboficiales del Ejército y de anarquistas sevillanos fueron acusados de preparar un levantamiento. Tras varias huelgas generales convocadas en varias ciudades durante el otoño de 1931, al año siguiente se inicia un período insurreccional. La primera acción es el levantamiento armado de Figols, Berga, Cardona y otras poblaciones catalanas, donde proclamaron el comunismo libertario. En 1932, las principales huelgas revolucionarias se produjeron en La Coruña, Vigo, Zaragoza, Sevilla y Málaga, siendo cada vez más radicales. El 8 de enero de 1933, la FAI - Federación Anarquista Ibérica- hizo un llamamiento a la insurrección general. Graves incidentes se produjeron en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, expeditivamente reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los sucesos más graves ocurrieron en la aldea gaditana de Casas Viejas, donde los guardias de Asalto provocaron una matanza entre los peones agrícolas. En diciembre de 1933, los levantamientos anarquistas más importantes se produjeron en Gijón, Fabero, Logroño, Barbastro, Manresa, Zaragoza, Calatayud, Daroca y Villanueva de la Serena. Al año siguiente el conflicto se recrudeció. En octubre de 1934 Asturias, Bilbao, León, Palencia, Barcelona, Madrid, Ciudad Real, Jaén, Murcia o Huelva fueron los principales focos revolucionarios. En Madrid, el País Vasco y Cataluña, los enfrentamientos se saldaron con varias decenas de muertos y una brutal represión. El movimiento armado de mayor entidad lo protagonizaron los mineros de Asturias y del norte de León. Cerca de 20.000 trabajadores se levantaron en armas. El gobierno procedió al envío de tropas, acción planificada por el general Franco. Entre el 6 y el 20 de octubre de 1934 se produjeron violentos combates, que dejaron un saldo de cerca de un millar de muertos y destrucciones masivas. Vencida la sublevación, la represión militar fue intensa, con cerca de treinta mil prisioneros, ejecuciones sobre el terreno y torturas a los detenidos. La Revolución de Octubre abrió una etapa de confrontación en la convivencia nacional y aceleró los procesos que desembocarían en la guerra civil de 1936-39.

Por aquellos mismos días de junio, el rey Victor Manuel también escuchaba los planteamientos de los jerarcas,- representados por el conde Dino Grandi. A las suaves presiones de éste para conocer la postura del rey ante una potencial sustitución de Mussolini, el monarca había dado pie a esperanzas, pero no aclaró su posición en ningún punto fundamental. "El momento llegará -había dicho a Grandi-. Deje que su rey elija el adecuado y mientras tanto, ayúdeme a buscar una solución de acuerdo con la Constitución".Víctor Manuel, veinte años antes, había facilitado, no sin complacencia, la toma del poder por los fascistas tras la escenográfica farsa de la "marcha sobre Roma". Ahora, tras la prolongada connivencia, que había llegado a aportarle el titulo de emperador a costa de la invasión de un país soberano, trataba de abandonar a su cómplice, pero conservando las formas legales.Victor Manuel era la cabeza motriz de todas las fuerzas conservadoras, lideradas por el Ejército, que ahora temían, al igual que los jerarcas del partido, un desbordamiento de la presión social, demasiado reprimida por el sistema. También todas estas fuerzas, que actuaron con total autonomía, habían percibido entonces pingües ganancias materiales y conservado su privilegiada posición social. Complacientes, y aún colaboracionistas, con el régimen, veían ahora a éste como un factor peligroso, a extirpar, por tanto, antes de que provocase un caos irreparable.La salida de la guerra es la primera medida que apoyan la Casa Real, la todavía influyente aristocracia, los altos mandos militares y los medios industriales y financieros que componen este sector. Hubieran preferido hacerlo con Mussolini, pero la cerrada actitud de éste les obliga a considerar su apartamiento del poder.La mayor preocupación de estas fuerzas conservadoras es la preservación de las conquistas del fascismo en los planos social y económico, así como la ordenación de una efectiva defensa contra posibles acciones revolucionarias. La caída del Duce, de suceder de forma incontrolada, podría provocar una serie de desórdenes que incluso llegarían a poner en peligro la institución monárquica, dada su profunda implicación.La misma familia real, en previsión de esta eventualidad, había iniciado contactos con los aliados desde varios meses antes. A partir de 1942, Ginebra, Madrid y Lisboa serían escenarios de los frustrados intentos de acercamiento a los anglosajones por parte de todos los sectores italianos interesados en una inmediata paz conservadora del actual status.El general Pesenti, conocido antifascista y por ellos sometido a ostracismo por el mismo Badoglio, constituiría en Libia un directorio militar con apoyo de las fuerzas presentes. Este directorio contaría con suficiente representatividad para entablar conversaciones con los británicos. Pero de nuevo, la Gran Bretaña habría de desdeñar el plan y rechazar las pretensiones italianas de armisticio por separado.

En 1519 Magallanes inicia el famoso viaje que acabará proporcionando a España su ruta marítima hacia Asia; Pedrarias Dávila funda la ciudad de Panamá, en el Pacífico; Hernán Cortés desembarca en México. De nuevo, descubrimiento, conquista y colonización se entrelazan y superponen. Al encontrar la América Nuclear, Cortés se convierte en el verdadero descubridor de América, económicamente hablando (y aquello era una empresa económica); las Indias, que durante años apenas fueron una curiosidad geográfica, que casi caen en el olvido, de pronto adquieren valor por sí mismas y no como punto de apoyo, cuando no obstáculo, en el camino a Asia. Desde 1519 en adelante, las expediciones comerciales que habían posibilitado la exploración de las costas americanas y la fundación de factorías, darán paso a otras empresas encaminadas ya a incorporar efectivamente unos territorios que se suponían repletos de oro. Empezaba la conquista. Es evidente que casi desde el primer momento las relaciones entre españoles e indios fueron conflictivas y violentas (los enfrentamientos comenzaron en 1493 con la muerte de los pobladores del fuerte Navidad a manos de los taínos), y que la invasión, el sometimiento por la fuerza y las operaciones de castigo a los indígenas rebeldes (como la ordenada por Colón en 1494) fueron sin duda acciones de conquista. Pero sus características permiten que las califiquemos más bien como incursiones para cazar esclavos, muy diferentes de las verdaderas campañas de conquista emprendidas a partir de 1519 y que en apenas 20 años condujeron a la incorporación de unos inmensos territorios habitados por decenas de millones de personas (en superficie y población duplicaban varias veces a la metrópoli). El proceso expansivo continuará a lo largo de todo el siglo XVI -aunque a partir de 1573 pasa a denominarse pacificación por orden de Felipe II-, y llegará hasta el XVIII, conociendo la progresiva incorporación de áreas marginales, pero la era de la conquista, la de las grandes y espectaculares empresas que conducen al dominio de los pueblos más avanzados, es la que se produce en la primera mitad del XVI. La fecha convencional para marcar el fin de la etapa puede ser 1542: cincuenta años después del primer viaje de Colón, lo esencial de la América española ya estaba conquistado y las Leves Nuevas promulgadas ese año pretenden organizar ese territorio y regular las relaciones entre conquistadores y conquistados, convertidos sin solución de continuidad en colonizadores y colonizados. El proceso de conquista española de América presenta tres etapas bien diferenciadas: 1) conquistas antillanas o tempranas, 1502-1519; 2) conquistas continentales o intermedias, 1519-1549; y 3) conquistas interiores o tardías, desde 1550 en adelante. En la primera etapa las empresas son a la vez de expansión territorial y de exploración. La conquista propiamente dicha comienza en realidad en 1502, con las campañas sistemáticas del gobernador de la Española Nicolás de Ovando, que derrota y ahorca a la cacica Anacaona y envía a Juan de Esquivel al este de la isla a someter la región de Higüey y Saona. En los años siguientes la Española será la célula de la conquista y de aquí partirán en 1508 Juan Ponce de León a la conquista de Puerto Rico y Juan de Esquivel a Jamaica (cuyo sometimiento completará en 1514 Juan de Garay). Poco después, en 1509, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa emprenden las conquistas continentales: Urabá y Veragua, en el golfo del Darién, con participación de Vasco Núñez de Balboa, fundándose la primera ciudad estable en el continente, Santa María la Antigua del Darién, base para la posterior conquista y fundación de Panamá (1519). En la segunda década del XVI, con Diego Colón como virrey de la Española, Diego Velázquez de Cuéllar conquista Cuba tras una serie de campañas particularmente crueles que duran de 1511 a 1514 (aquí el símbolo de la resistencia indígena será Hatuey, quemado por Velázquez). Muy pronto, Cuba será la base de partida para la exploración y conquista de México. La característica de esta etapa es la puesta en explotación de los lavaderos auríferos, con dos importantes consecuencias: a) formación de capitales indianos que se reinvertirán en las posteriores empresas de conquista; y b) rápida desaparición de la población indígena en las Antillas mayores, que se procura subsanar con expediciones para capturar esclavos en las regiones cercanas (islas y continente) de forma que el tráfico esclavista estimuló también las exploraciones. La segunda etapa es la más compleja e intensa. Veremos después los dos episodios más significativos, las conquistas de México y del Incario. Pero señalemos ahora un breve esquema de la etapa, una mera relación de nombres para recordar la enormidad de la empresa acometida y lograda entre 1519 y 1542. Dos grandes escenarios: México, conquistado entre 1519 y 1521, y convertido en foco de irradiación hacia el norte (Nueva Galicia, conquistada por Nuño Guzmán entre 1529 y 1536) y sur (Guatemala, Pedro de Alvarado en 1524); y Perú, conquistado desde Panamá entre 1531 y 1533 y a su vez convertido en base de partida de nuevas conquistas, tanto hacia el norte (Quito, Sebastián de Benalcázar en 1534) como hacia el sur (Chile, Pedro de Valdivia en 1540). Existen, además, otros procesos autónomos o subnúcleos de conquistas (Colombia, Jiménez de Quesada, 1538; y el Río de la Plata, Pedro de Mendoza, 1534), y, simultáneamente, una serie de empresas que no conducen a ocupación de territorio (como la de Hernando de Soto en Florida, 1539; Francisco Vázquez Coronado en Nuevo México entre 1540 y 1542; o la exploración del Amazonas, intentada por Gonzalo Pizarro en 1540, y lograda por Francisco de Orellana en 1542). La relación es incompleta y casi marea... La tercera etapa queda ya fuera de lo que hemos denominado era de la conquista, pero merece la pena mencionarla como muestra de la pervivencia del afán explorador de los españoles, que extenderán el área colonizada mucho más allá del escenario que habían ocupado las grandes culturas indígenas. En la segunda mitad del siglo XVI se conquistan Nueva Vizcaya y Nuevo México, la Florida y Costa Rica, y se produce la definitiva fundación de Buenos Aires en 1580. En el siglo XVII continúa la expansión por el norte de México y se penetra en las cuencas del Orinoco y Amazonas. Pero será en el siglo XVIII cuando se produzca el último gran movimiento expansivo que, al incorporar California, Nayarit, Texas y Tamaulipas, duplicará el territorio mexicano.

Poco antes de la conquista de Baleares, el Estado romano había iniciado un proceso de transformación que durará un siglo y que culminará con la aparición del régimen imperial. Todo ese período final de la república romana es conocido con diversas etiquetas como las de crisis de la república o republica tardía. Lo más significativo del mismo está marcado por la lucha abierta entre las dos tendencias políticas dominantes: la de los populares o defensores de acelerar los cambios políticos para adaptarlos a las nuevas realidades sociales y, por lo mismo, más partidarios de gobernar con el apoyo de la asamblea del pueblo, organizada por tribus, frente a los optimates o representantes de los sectores más conservadores. Los comienzos de este período se vinculan a las figuras de los hermanos Graco, hijos de Tiberio Sempronio Graco, quien había sido gobernador de la Hispania Citerior los años 180-179. El mayor de los hijos, Tiberio, siendo tribuno de la plebe en Roma el 133 a.C. pretendió adaptar el aparato del Estado a las nuevas realidades con propuestas como la fundación de colonias romanas fuera de Italia, repartos de tierra a los sectores ciudadanos empobrecidos y ampliación del privilegio de la ciudadanía romana a muchas ciudades de derecho latino. En ese marco de nuevas propuestas políticas se produjo la conquista de Baleares. El pretexto para la anexión de las islas residía en la acusación de que servían para refugio de piratas que estaban obstaculizando el comercio por el Mediterráneo occidental. A su vez, Roma había desplazado muchas tropas de Italia durante las guerras contra celtíberos y lusitanos y el Estado no disponía de tierras suficientes en Italia para distribuir a los soldados veteranos que pretendía licenciar. El hábil manejo de la honda de los baleáricos, en cuyo dominio se ejercitaban desde niños, no pudo impedir que las tropas de Cecilio Metelo desembarcaran y se adueñaran de las islas el año 123 a.C.. Estrabón nos dice que Metelo llevó como colonos a 3.000 romanos de Iberia (III, 5, 1). Estos romanos, antiguos componentes de tropas legionarias, fueron asentados en las colonias latinas de Palma (Palma de Mallorca) y Pollentia (Pollensa, en la misma isla). Los estudios sobre catastros romanos han comprobado que, efectivamente, en los campos cercanos a Mallorca, hay marcas de lo que fueron los lotes de tierras distribuidos a los soldados veteranos. Con estas intervenciones, las islas recibieron un contingente de itálicos mayor que otras partes de la Península. Tales ciudades sirvieron pronto de modelo de referencia para el resto de las ciudades de las islas. Aunque los baleáricos siguieron teniendo fama de excelentes honderos, ello no debe entenderse como expresión de la pervivencia de costumbres bárbaras, pues, antes de la llegada de los romanos, las islas habían estado bajo la influencia cultural de Cartago: basta sólo con recordar a la ciudad púnica de Ibiza, uno de los centros más activos de la civilización y economía cartaginesa.

Nunca se ha destacado suficientemente en la Historia la importancia del rumor, quizás porque nunca se ha averiguado con exactitud ni su origen, ni los fines que persiguen quienes lo idean y difunden, ni el efecto que provoca en la sociedad. Todo rumor pretende como objetivo inmediato despertar la posibilidad de una alarma social y, para lograrla, usa de determinados mecanismos capaces de sobreexcitar la sensibilidad social y de conducirla hacia los fines apetecidos. Todavía en nuestro tiempo presente continúan funcionando los mismos mecanismos y con más frecuencia de la deseable siguen cosechando los mismos éxitos. Sin entrar en la consideración de que también el rumor es fabricado y propagado por el poder, el hecho del que aquí importa partir es el de que, algunos meses antes del final de 1493, corrió en Castilla el rumor de que era voluntad de los Reyes Católicos expulsar a todos los moros de sus reinos. El bulo debió extenderse con suma rapidez, y los Reyes se vieron obligados a contestar públicamente para tratar de evitar la angustia de los blancos contra quienes iba dirigido el rumor, y también para evitar la especulación y actuaciones consiguientes de quienes esperaban el suceso. Y es que en todo rumor siempre aparecen beneficiarios y perjudicados; ante la posibilidad de una evidencia contrastable con antecedentes como el decreto de expulsión de los judíos, los mudéjares no tuvieron más remedio que averiguar la veracidad de lo que anunciaba el rumor. Escribieron a los Reyes y éstos a las ciudades: "Sepades que por parte de las aljamas de los moros de todas las çibdades y villas y logares de los nuestros reynos e señoríos nos es fecha relaçión por su petición diciendo que de pocos días a esta parte algunas personas a fyn de escandalizar los pueblos contra ellos andan diziendo y dibulgando y echando fama que nos queremos mandar a los dichos moros que salgan fuera de nuestros reynos, a cabsa de lo qual diz que no entienden en sus heredades, ni hallan en qué trabajar para su sustentamiento ni quieren contratar con ellos personas algunas ni tienen de ellos aquella confianza que tenían de antes que la ficha fama se dibulgase, de lo qual todos ellos reçiben mucho agravio y daño, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proveyesemos la nuestra merced fuese, e nos tovimoslo por bien (...)". Los Reyes dirigieron la carta, firmada en Zaragoza el 3 de diciembre de 1493, a los corregidores y justicias de las ciudades y villas, y en ella pedían de sus delegados la detención de los culpables y el secuestro de sus bienes. Era un rumor anticipado en más de un siglo a la decisión tomada por la monarquía a comienzos del siglo XVII; y era lógico que apareciese al poco de conquistar Granada y de expulsar a los judíos. La conquista del reino de Granada es el resultado de un largo proceso que se acelera a partir de 1480, una vez conseguida la pacificación interior de Castilla, y que culmina con la rendición de Boabdil el 6 de enero de 1492. Una serie de campañas militares en las que participaron tropas reclutadas por los Reyes, la Hermandad, tropas nobiliarias y de las Ordenes Militares, milicias concejiles y tropas mercenarias, dirigidas a someter el poder musulmán, a terminar con la piratería en el Mediterráneo, a controlar el estrecho de Gibraltar y al establecimiento de bases en el norte de África, aprovechando la división interna que enfrenta a los partidarios zegríes de Muley Hacén, rey de Granada desde 1464, con los de su hermano El Zagal, rey desde 1485, y los abencerrajes partidarios de su hijo Boabdil, rey tras la guerra civil granadina de 1486-1487, han de asociarse a una política tolerante de concesiones que comienzan a formalizarse mediante capitulaciones firmadas por los Reyes a partir de 1482, año de la ocupación de Alhama por el marqués de Cádiz. La guerra de cerco y de desgaste económico aprovechó las disidencias internas de los granadinos. Entre 1485 y 1489 caen en poder de los castellanos las principales plazas del reino; Ronda, Marbella y Loja en 1485 y 1486; en 1487 se rinde Málaga, al año siguiente Almería, luego Baza y por fin Granada. Las sucesivas rendiciones y el final de la guerra originaron un conjunto de capitulaciones en las que se muestra la voluntad tolerante de los Reyes; desde los primeros momentos, los vencidos sólo fueron obligados a entregar las fortalezas y las armas de fuego, permitiéndoseles fijar su residencia y conservar su bienes, posibilitando la salida voluntaria de los que marcharon al norte de Africa. Esta actitud respetuosa de los Reyes Católicos se hizo más notoria en la concesión de derechos y en una generosa amnistía; el reconocimiento de una cultura diferente se significó en la aceptación por parte de los castellanos de las costumbres, ritos y prácticas religiosas; de las autoridades judiciales, administrativas y religiosas musulmanas, y en el respeto a su organización social, régimen hacendístico y, en general, a las formas de vida musulmanas, inviolabilidad del domicilio, respeto a la propiedad privada, libertad en el ejercicio del comercio con Castilla y con el norte de Africa, etc. Estas concesiones, que sólo exigían de los vencidos el reconocimiento de la soberanía de los Reyes, la entrega de cautivos previa compensación económica y la reserva para los castellanos de las administraciones militar y fiscal, también favorecieron a los dirigentes granadinos entregándoles jurisdicciones señoriales y dinero. Tan sólo en las capitulaciones de Granada los Reyes exigieron que en la administración de justicia actuase junto a un juez musulmán otro cristiano, y que se separasen los mercados y las carnicerías. La tolerancia de las capitulaciones fue acompañada de una actuación política en numerosos frentes y decidida a impedir que estallasen problemas derivados del proceso de normalización; la adscripción de Granada a la Corona de Castilla, la concesión del privilegio del voto en Cortes, la organización de la vida municipal, la erección de la archidiócesis de Granada por la bula In eminenti specula concedida por Alejandro VI en octubre de 1492 y, más adelante, la de sus diócesis sufragáneas con sedes en Guadix y en Almería, el traslado de la Chancillería de Ciudad Real a Granada en 1505, la concesión de exenciones fiscales a los repobladores, la entrega de señoríos a la nobleza castellana que había participado en la guerra y una serie de afortunados nombramientos componen las medidas más importantes de una etapa difícil en las relaciones entre vencedores y vencidos. El nombramiento de un virrey y capitán general en la persona de don Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, efectuado el 4 de junio de 1492; de fray Hernando de Talavera, obispo de Avila y confesor de la Reina, como arzobispo de Granada; de Fernando de Zafra, un eficaz secretario de procedencia humilde, a quien se encargó del proceso de reconstrucción y de repoblación del nuevo reino; y de Andrés Calderós, como corregidor de un ayuntamiento mixto formado por cristianos y musulmanes, completan el esfuerzo inicial por no dejar ningún cabo suelto, justo en unos momentos en los que ya había comenzado a manifestarse el descontento castellano por las contribuciones excesivas requeridas por la monarquía para el pago de la guerra. Pronto acabó la tolerancia inicial; primero las diferencias de opinión entre el conde de Tendilla y el arzobispo de Granada, a propósito del método más adecuado para evangelizar a los musulmanes; luego la corrupción en la administración de la justicia y en la concesión de tierras a los repobladores, también el mal entendimiento del virrey con el corregidor, los desacuerdos de la representación musulmana en el municipio granadino, y las diferencias de opinión de Hernando de Talavera con Cisneros, que enfrentaba las posiciones blanda y dura a propósito de la lentitud en la conversión de los moros, contribuyeron a que en 1500 estallase la primera gran protesta por la violación de las capitulaciones. Lo que se debatía era si continuar con los métodos misionales y pacíficos de la conversión, o si sustituirlos por decretos que forzasen a los moros a convertirse a la fe cristiana y, de no hacerlo, a salir de los reinos. Una carta de Jiménez de Cisneros a su cabildo de Toledo, fechada el 23 de diciembre de 1499, señala el fin de la tolerancia: "Ya vos escrevimos como avíamos quedado aquí entre tanto que Sus Altezas llegaban a Sevilla, entendiendo e trabajando en convertir de estos moros a nuestra santa fe catholica, y convertianse tantos que no nos dabamos a manos, y el día de Nuestra Señora de la O, antes de comer, se vinieron a bautiçar trecientas personas. Pero como Satanás siempre procura de estovar todas las cosas buenas, mayormente obra tan santa como esta, el día mismo de Nuestra Señora, y fiesta especial de esa nuestra santa yglesia, a ora de medio día, conmovió a estos infieles para que se alborotasen, de manera que, yendo un alguacil del corregidor encima de una mula, sin facer ni decir le mataron los moros del Albaizin et se levantaron todos et se barrearon e comentaron a quemar las casas que estavan junto con la cerca et tirar con hondas". La rebelión del Albaicín se extendió muy pronto a otras comunidades mudéjares. Durante todo el año 1500 se produjeron revueltas en la Alpujarra, Almería y Ronda, haciendo necesaria la intervención militar del mismo rey. El triunfo castellano no resolvió ninguno de los problemas que la provocaron; desde enero de 1500 comenzaron las conversiones en masa, pero no fue el hecho de la diferenciación religiosa el único que influyó en la rebelión y en los sucesos posteriores. En 1495 y 1499 la Corona exigió a los mudéjares nuevas contribuciones fiscales que no recayeron sobre los pobladores cristianos. Durante los años 1501 y 1502 se desarrollaron nuevas manifestaciones intolerantes; la Inquisición había comenzado a funcionar hacía tiempo: en 1499 se había nombrado inquisidor de Granada a Diego Rodríguez Lucero, y aunque la instalación definitiva de un tribunal en Granada no se llevó a cabo hasta 1526, desde 1500-1501 desarrolló sus actividades desde Córdoba. En octubre de 1501 se ordenó quemar todos los libros relacionados con la religión musulmana y en febrero de 1502 se obligaba a los mudéjares granadinos a decidir entre la conversión al cristianismo y la expulsión. La mayoría de ellos se bautizó a lo largo de un período de tiempo que llegó hasta bien entrado el año 1506. Nuevas capitulaciones que la monarquía suscribió con diferentes comunidades moriscas marcan el cambio de actitud en relación con los problemas derivados de una conversión forzada que hizo fracasar estrepitosamente el viejo ideal evangelizador de fray Hernando de Talavera. La intolerancia comenzó a concretarse en un conjunto de prohibiciones que, pretendiendo acelerar la integración, provocaron el efecto contrario: desde la anulación del régimen fiscal granadino hasta la reglamentación de cómo deberían sacrificarse las reses, un conjunto de medidas afectaron al sustrato cultural y señas de identidad de los granadinos. La limitación del uso de armas, la prohibición de la vestimenta morisca, la elaboración de un catálogo de profesiones y actividades reservadas a los cristianos, vinieron acompañadas de disposiciones que intentaban evitar la relación de los moriscos con los musulmanes del norte de Africa. El 7 de diciembre de 1526 una junta celebrada en Granada decidía radicalizar las prohibiciones y aumentar el grado de intolerancia: la prohibición de la circuncisión, de la lengua árabe hablada o escrita, de la tenencia de esclavos, de los rituales en el sacrificio del ganado, de los vestidos, amuletos, joyas, etc. que tuviesen relación con la religión islámica. El mismo día, el inquisidor de Jaén, el licenciado Juan Yáñez, era trasladado a Granada con el encargo de poner en marcha un tribunal cuya jurisdicción abarcaría todo el territorio del antiguo reino de Granada, el "ganado por los Reyes Católicos".

Las capitulaciones de conquista -semejantes a las de descubrimiento- consistieron en delegar en un individuo responsable la acción de dominar un territorio indígena insumiso, que luego sería propiedad de la Corona. Dicho individuo corría con todos los gastos de la misma y se beneficiaría con una gran parte del botín que pudiera lograr durante ella. La Corona, como dueña potencial de dicho territorio, imponía las condiciones (demarcación territorial, plazo en que debía realizarse, ciudades que se asentarían en el territorio, etc.) y otorgaba las mercedes que estimaba oportunas (títulos, nombramientos, derecho a repartir tierras y solares, rebajas de derechos, etc.). Recibiría además el quinto real o 20% del botín que se capturase. En cuanto a las encomiendas, fueron decisivas, pues eran lo que realmente movía a los conquistadores. Ninguno de ellos quería vivir de la lanza, como siempre se ha dicho, ni tampoco obtener grandes posesiones de tierra, como igualmente se ha afirmado. Lo que realmente pretendían era vivir como unos señores, sin trabajar (los señores no trabajaban) y a costa de los indios. El conquistador pertenecía, por lo regular, a la ralea de los malditos: soldado sin compañía, villano arruinado, pícaro sin víctimas, criado sin amo, marinero sin barco, segundón o tercerón de familia noble sin oficio ni beneficio, campesino sin tierra, porquerizo sin cerdos, abogado sin pleitos, funcionario sin empleo, etc. Muy pocos habían tenido experiencia militar anterior y los que gozaban de tal entrenamiento eran muy valorados y ponderados. El español se hacía conquistador con el deseo de convertirse en encomendero: lo que de verdad buscaba el soldado conquistador era retirarse después de haber obtenido un buen botín o, lo que es mejor, una encomienda, para no tener que coger la espada en el resto de sus días. Una mezcla de elementos medievales y renacentistas demuestran lo ambivalente de su figura: la imagen señorial constituyó la verdadera obsesión de todo conquistador, pero pocos lograron realizarla. La Corona estuvo en guardia contra las tendencias señoriales que minaban su realengo y cortó muy pronto sus mercedes de títulos nobilarios a los conquistadores. Los primeros encuentros eran terribles y los naturales tomaban entonces la decisión de pactar una alianza -a esto obedecían por lo común la entrega de mujeres a los vencedores-, huir lo más lejos posible o hacerles una guerra de emboscadas, en la que tenían algunas probabilidades de éxito. Los indígenas pertenecientes a culturas formativas, recolectoras y cazadoras, que por lo regular tenían sociedades de tipo tribal luchaban anárquicamente dirigidos por su cacique y eran derrotados fácilmente, huyendo entonces al monte. Los españoles no conseguían nada con su victoria, pues el exterminio de combatientes difícilmente inducía al jefe tribal a solicitar la paz. Aún en el caso de que esto ocurriera, el resultado era siempre mezquino, pues los caciques próximos seguían combatiendo, siendo preciso someterlos uno por uno. Los grandes jefes de las altas culturas azteca o inca o de sociedades muy jerarquizadas fueron comúnmente apresados y sometidos al pago de botines de oro y plata, acabando fácilmente con su resistencia. Se dio así la paradoja de que quienes disponían de infraestructura militar fueron dominados más fácilmente que quienes carecían de ella.

Tras ocho años de guerra ininterrumpida (58-51), cuyos detalles son universalmente conocidos gracias a sus propios Commentarii de bello Gallico, tan brillantes como parciales, César conquistó un territorio de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con un escalofriante balance: 800 pueblos saqueados, grandes regiones devastadas, un tercio de la población masculina muerta, otro tercio esclavizado y un gigantesco tributo de cuarenta millones de sestercios. El saqueo de los santuarios, las contribuciones de guerra, el botín y las arbitrarias requisas pusieron en las manos de César un río de oro, que habría de servir para aumentar su prestigio, popularidad e influencia. Pero, sobre todo, tras sus victoriosas campañas contaba con un medio de poder sin precedentes en la historia romana: una máquina militar, entrenada y devota, con la que podía afrontar, sin miedo, cualquier coyuntura política. Pero mientras César se encontraba en las Galias, Roma se ahogaba en una atmósfera política irrespirable. La debilitación del poder del Senado por obra de los triunviros había contribuido a la aparición de bandas armadas, que ofrecían sus servicios para controlar reuniones políticas o provocar disturbios en ellas o en la calle. Era Pompeyo, presente en Roma, quien más veía deteriorarse su prestigio e influencia, por lo que, utilizando como mediador a Cicerón, uno de los más prestigiosos representantes de la nobleza senatorial -los optimates-, intentó un acercamiento al Senado, que le proporcionó un poder proconsular (la curia annonae) de cinco años de duración, para dirigir el aprovisionamiento de trigo a la Urbe. El encargo enfrió las relaciones entre los triunviros hasta el límite de la ruptura. Fue César, una vez más, quien cumplió el papel de mediador, consiguiendo la renovación de la alianza en Lucca, una localidad costera tirrena, en el año 56. Según sus términos, Pompeyo y Craso investirían el consulado del año 55 y a su término obtendrían un mando militar en Hispania y Siria, respectivamente. César, por su parte, lograba una prórroga en el mando de las Galias por el mismo periodo de tiempo. El pacto quedaría muy pronto en entredicho por una serie de imponderables. Fue el primero la muerte de Julia y el siguiente matrimonio de Pompeyo con la hija de uno de los más encarnizados enemigos de César. Pero fue más grave todavía la muerte del tercer aliado, Craso, en Siria, en una inútil y descabellada campaña contra los partos (53 a.C.). Mientras, en Roma, el Senado, falto de autoridad y sin un aparato de policía, se veía impotente para mantener el orden en las calles, sumidas en una atmósfera de terror y violencia política como consecuencia de la acción de bandas callejeras, como las de Clodio y Milón. Entre César y Pompeyo, los dos únicos personajes con autoridad y con medios reales de poder para reconducir la situación, el Senado optó por el mal menor y logró atraerse a Pompeyo, nombrándole único cónsul (cónsul sine collega).