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Las grandes conquistas del siglo XIII fueron seguidas de la entrega de tierras a quienes habían intervenido en la campaña, y en casos como el mallorquín, el inicio de la guerra fue precedido del reparto de tierras en función de la contribución militar o económica ofrecida por cada uno. Jaime I se reservó la mitad de la isla y distribuyó el resto entre los nobles; de la parte real saldrían las concesiones hechas a los oficiales del rey, a las ciudades que habían intervenido en la campaña y a quienes quisieron repoblar la isla; al rey le correspondieron 2.100 casas, 320 tiendas, 24 hornos y 30 molinos, que unidos a las tierras y a los derechos reales servirían para incorporar a la Corona el condado de Urgel, en 1231, previo acuerdo con Pedro de Portugal, viudo de Aurembiaix de Urgel, que cedió el condado a cambio de los derechos del rey en Mallorca. En la recién tomada ciudad de Valencia fueron asentadas 300 familias de Barcelona, otras tantas de Teruel, 250 de Tortosa, 200 de Zaragoza, 175 de Lérida, 150 de Montpellier, 130 de Daroca...El territorio andaluz, aunque los sistemas de repoblación variaron de unos a otros lugares en función de la modalidad de conquista, puede aceptarse que fue dividido en donadíos y heredamientos; los primeros constituyen la recompensa a quienes han intervenido en la campaña de modo directo (fuerzas militares) o indirecto (personas y organizaciones que han contribuido a financiar las expediciones, avituallar las tropas, gobernar el reino durante las ausencias del monarca...), y los segundos son entregados a los repobladores que acuden a sustituir a los musulmanes huidos o expulsados. Los heredamientos de la conquistada ciudad de Sevilla varían entre las 8 aranzadas (4.000 pies de olivar) y 2 yugadas de tierra que reciben los caballeros y las 4 aranzadas y 1 yugada de los peones. Junto a estos repobladores, campesinos en su mayoría, se establecieron en la ciudad 200 caballeros de linaje que recibieron, además de las 8 aranzadas de olivar, 5 de viña, 2 de huerta y 6 yugadas de tierra. Dentro del término sevillano se asignaron bienes a los marinos y a los artesanos de la construcción naval, cuya presencia era necesaria para la defensa de Sevilla por mar; a cada cómitre o jefe de nave se entregaron 100 aranzadas de olivos e higueras y 5 aranzadas de cereal; el monarca entregaba además la galera en perfectas condiciones y el cómitre se comprometía a efectuar las reparaciones que fuesen necesarias y a sustituir la nave por otra cada siete años; los beneficios obtenidos en el mar, el botín, se repartirían entre el monarca y los marinos. Finalizadas las conquistas peninsulares, los nobles buscan salida en el exterior contratándose como mercenarios, entre los que cabe destacar en los años iniciales del siglo XIII a Sancho VII de Navarra, cuyo reino carece de fronteras con los musulmanes, que obtiene de su actividad militar dinero suficiente para convertirse en prestamista de los reyes de Aragón; tropas castellanas intervienen en la defensa del Norte de África e igual papel realizan las milicias catalano-aragonesas existentes desde mediados del siglo XIII en Túnez, Bona, Bujía y Constantina, cuyo jefe era nombrado por el rey aragonés, al que correspondía una parte del salario de estos caballeros, valorada entre cuatro y nueve mil dinares de oro al año.

Desde finales del siglo XVII, los Habsburgo pretendían el intercambio de Baviera por los Países Bajos, pues de esta forma consolidarían su posición en el Imperio al dominar otro Electorado. En 1777 moría Maximiliano José de Baviera sin descendientes y, de acuerdo con los códigos medievales, el territorio se uniría de nuevo al Palatinado, con Carlos Teodoro al frente, también sin descendencia. José II reclamó sus derechos por estar casado con María Josefa de Bohemia y Baviera y rescató antiguas costumbres para avalar sus pretensiones, que eran de muy difícil comprobación. La habilidad de la diplomacia vienesa se manifestó en la presentación del problema de la sucesión bávara a Carlos Teodoro, pues, según José II, Federico II ambicionaba los ducados de Berg y Juliers y, para evitar mayores pérdidas, debía aceptar la tutela austriaca y la desmembración, a cambio de Baviera. En enero de 1778 firmaron el Tratado de Partición y los ejércitos imperiales tomaron posesión de manera inmediata para, después, buscar la aprobación internacional, donde Francia jugaba un papel crucial, pues era la única que frenaría las quejas de los afectados, sobre todo Prusia; no obstante, Vergennes declaró la neutralidad. Siempre impetuoso, José II ofreció territorios en Westfalia a Federico II si confirmaba el tratado de reparto bávaro. No podía esperar nada de la neutralidad francesa y de la influencia de María Antonieta en Versalles. Pero ante la sorpresa de todos, Prusia rechazó cualquier entendimiento con el argumento de la defensa del equilibrio de poder y de la Constitución imperial. Detrás estaba el miedo al poder de los Habsburgo y a sus previsibles reclamaciones sobre Silesia y otros dominios en poder de los Hohenzollern. El cerco diplomático francés dio sus frutos y la mayoría de los Estados se centraron en sus cuestiones particulares, por ejemplo, Gran Bretaña en América y Rusia en el mar Negro. Así, Federico II sólo halló respaldo contra la desmembración en el elector de Sajonia y el duque de Zweibrücken, ambos con derechos sobre Baviera y el Palatinado, respectivamente. Con tales acusaciones, conminó a José II para la evacuación del Electorado, lo que supuso la inminente declaración de guerra. La primera campaña fue la invasión de Bohemia, aunque sin éxito para los prusianos. Por su parte, María Teresa, considerando demasiado peligrosas las acciones de José II, inició negociaciones secretas con Federico II, con la mediación de Francia y Rusia. Empeñado en sus proyectos bélicos, el emperador reclamó el apoyo francés según lo estipulado en el segundo Tratado de Versalles, pero recibió la negativa por respuesta y la calificación del acto de inconstitucional. Dado el aislamiento, aceptó el armisticio de enero de 1779, que concluyó en el Tratado de Teschen, en mayo de 1779, de difícil gestación por los complejos intereses abarcados. Se acordó la anulación de la renuncia de Carlos Teodoro, elector del Palatinado, una pequeña compensación fronteriza para Austria en la región de Inn, el reconocimiento a los Hohenzollern en la sucesión de los margraviatos franconios de Ansbach y Bayreuth, pertenecientes a una rama colateral casi extinguida, la recuperación de las prerrogativas hereditarias del duque de Zweibrücken y la indemnización económica al elector de Sajonia. El gran vencedor fue Federico II: confirmaba su poder de estadista al lograr la ampliación sucesoria a los margraviatos franconios y aparecía como el defensor del equilibrio europeo y de las libertades germánicas. Francia y Rusia garantizaron el nuevo orden fijado en Teschen y se convirtieron en los árbitros de los conflictos europeos.

La apertura de las economías latinoamericanas tuvo importantes repercusiones sociales, que afectaron especialmente a los estratos más bajos de la población, como eran los indios y los negros. Pero también los privilegios de algunas corporaciones fueron barridos por el principio de la igualdad de los individuos ante la ley, siendo éste el caso de los gremios de artesanos y de los mineros. Las dos mayores corporaciones existentes, la Iglesia y los militares, vieron como desaparecían los fueros militar y eclesiástico, aunque llegarían hasta nuestros días conservando buena parte de sus privilegios, si bien atravesaron momentos de gran debilidad. Algunas instituciones eclesiásticas (fiestas religiosas, pago de diezmos, censos, propiedades y manos muertas, etc.) eran contradictorias con los principios del liberalismo económico y llevaron a que muchos gobiernos avanzaran sobre las posiciones de la iglesia. La aplicación de políticas liberales antieclesiásticas se vio favorecida por la negativa del Vaticano a reconocer a los nuevos Estados, en consonancia con la postura seguida por España en la misma materia.La esclavitud había retrocedido de forma creciente, salvo en Brasil y Cuba, ante el avance paralelo del trabajo asalariado y a mediados del siglo comenzaría a ser liquidada definitivamente. El último país hispanoamericano en abolir la esclavitud fue Paraguay, en 1870, aunque se trataba de una medida testimonial, ante la falta de vigencia del trabajo esclavo. En Cuba, que seguía manteniendo sus lazos coloniales, seguían estimando que la esclavitud era vital para la producción azucarera, aunque ya se planteaban serios problemas para garantizar el abastecimiento de mano de obra a las plantaciones. La falta de trabajadores se intentó paliar con la inmigración de indios de Yucatán, coolies chinos o campesinos gallegos y canarios. Durante la Guerra de los Diez Años, los dos bandos en pugna ofrecieron la libertad a quienes se enrolaban en sus filas. A partir de 1870, con la ley Moret, comenzaría el derrumbe definitivo de la esclavitud en Cuba, que recibiría su punto final en 1886.Al mismo tiempo que se acababa con la esclavitud, se intentaba desmantelar las bases de las propiedades de las comunidades indígenas. La concepción liberal, presente en casi todos los países, estimaba que la propiedad comunal y la existencia de privilegios corporativos eran contradictorios con los principios individualistas que debían imperar. Estas posturas estaban respaldadas por los deseos de los terratenientes y de otros sectores sociales de ampliar el mercado de tierras con las propiedades indígenas, de modo que los indios, convertidos en ciudadanos y propietarios individuales, iban a estar más indefensos ante el resto de la sociedad.El régimen colombiano, de signo liberal, manumitió a los esclavos en 1850 y para acabar con los privilegios corporativos también liquidó buena parte de las prerrogativas de las comunidades indígenas, especialmente en lo tocante a la propiedad de sus tierras. En Perú, en 1854 se abolió la esclavitud, al igual que en Venezuela. En Bolivia, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, se sometió a las comunidades indígenas a un gran despojo y en 1866, fueron expropiadas la mayor parte de sus tierras ante los apuros financieros del Estado. Dos años más tarde la totalidad de las tierras comunitarias se declaró de propiedad estatal, al tiempo que se abolía el tributo indígena, que fue rápidamente restablecido como una contribución personal. Pese a las previsiones, no se trató de un buen negocio para el Estado, pero sí para los particulares que habían comprado tierras. Las protestas indígenas fueron contundentes y en 1869 y en los dos años siguientes se produjeron serios alzamientos, dirigidos por Santos Willca. El ataque contra las comunidades respondía al deseo de quedarse con las tierras indígenas, pero también a la necesidad de ir creando un mercado de trabajo, ante la creciente demanda de unas economías en expansión. A mediados de siglo vivían en las comunidades bolivianas cerca de 620.000 indios, lo que suponía el 51 por ciento de la población rural. La pérdida de sus propiedades estimuló el proceso migratorio dirigido a las principales ciudades, que se aceleraría con el nuevo siglo.En México, la ley Lerdo, de 1856, que inicialmente iba contra la Iglesia y las órdenes religiosas, también afectó seriamente a las propiedades comunitarias, al igual que otras leyes de la Reforma liberal, pero cuyos efectos no se dejaron sentir hasta el porfiriato.

La I Guerra Mundial dejó un balance de 10 millones de muertos y cerca de 30 millones de heridos. Alemania perdió 1.950.000 hombres; Rusia, 1.700.000; Francia, millón y medio; Gran Bretaña y su Imperio, un millón; Austria-Hungría, una cifra similar; Italia, 533.000 muertos; Serbia y Turquía, entorno a los 325.000 cada una; Rumanía, 158.000; Estados Unidos, 116.000 y cifras ya menores, Bulgaria, Portugal, Grecia y Montenegro. La catástrofe demográfica que ello supuso -agravada por la epidemia de gripe que asoló Europa en 1919- difícilmente podría ser exagerada. Francia, por ejemplo, perdió el 50 por 100 de los varones de 20-23 años. Todas las pirámides demográficas de los países que intervinieron en la contienda registraron acentuados estrangulamientos en la zona de edad de los 20 a los 40 años. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población fueron evidentes en toda Europa desde 1920. Viudas, huérfanos y mutilados de guerra se contaron por millones.

Abd al-Rahman al-Fihri fue otro de los personajes que tuvo un papel importante en estos acontecimientos y de quien ya se ha dicho que fue el primer emir verdaderamente independiente de Qairawan, a partir del año 745. Cómplice del nuevo gobernador, se hallaba en este momento en España, donde se había refugiado después de las derrotas sufridas por las fuerzas árabes en el Magreb contra los beréberes. Derrotas que habían tenido lugar en un contexto de poco entendimiento entre tropas sirias y tropas de Ifriqiya y este jefe, que pertenecía a la misma tribu que el gobernador de Córdoba y que gozaba a su lado de una gran influencia, había cultivado un gran odio hacia los sirios. Un importante contingente de estos sirios, compuesto de una decena de miles de hombres, sabiendo que no les querían en Qairawan, donde habían tratado con altanería y desdén a los ifriqíes, se habían refugiado en Ceuta después de su derrota en el Magreb central. Se encontraban en una posición difícil, sitiados por los beréberes sublevados, y buscaban la forma de pasar a España para refugiarse en ella. Pero los dirigentes de Córdoba, que les manifestaban una notable hostilidad, les negaron los medios de transporte necesarios hasta que la amenaza beréber se hizo demasiado fuerte y les obligó a aceptar una ayuda que se había hecho indispensable. En marzo-abril de 742, los sirios y su jefe, Baly b. Bishr al-Qushayri, pasaron a España y prestaron a los árabes de al-Andalus una ayuda decisiva contra los beréberes, que serían definitivamente vencidos. Pero la conflictiva presencia del nuevo elemento árabe en al-Andalus iba a desencadenar enfrentamientos que difícilmente se podría argüir que no eran tribales. Las luchas civiles no tardaron en estallar entre dos partidos que se proclamaban qaysíes y yemeníes. Estas luchas encarnizadas parecieron calmarse durante algún tiempo, cuando el gobernador de Ifriqiya Hanzala b. Safwan, que había estabilizado temporalmente la situación de Ifriqiya al vencer en varias ocasiones a los beréberes, envió como gobernador a un respetado notable sirio, Abu I-Jattar al-Kalbi. Éste, llegado con otros jefes del mismo origen y, según parece, con una fuerza militar, pudo restablecer el orden durante algunos meses. Chalmeta demuestra que su gobierno, que duró desde finales del 742 o principios del 743 hasta principios del 745, fue marcado por nuevos esfuerzos de normalización administrativa y fiscal. El hecho más importante fue la decisión tomada entonces de fragmentar el contingente sirio cuya cohesión había aparecido entonces como uno de los factores de agitación, y de establecer sus diferentes yund/s -ellos mismos originarios de diversos distritos de Siria- en distintas kura/s o circunscripciones territoriales de al-Andalus (el yund de Emeso o Hims se instaló entonces en Sevilla y Niebla, el de Damasco en Ilbira, etcétera).