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Las monedas de bronce o folles siguieron circulando. El denarius argenteus de Diocleciano, moneda de plata pura, equivalía a 1/96 de libra y pesaba 3,27 gramos. Era de la misma pureza y peso que el denario de la época de Nerón. Paralelamente, lanzó la emisión del aureus, de 1/60 de libra, de oro. Pero la emisión de buenas monedas de plata y oro propició que la moneda fraccionaria, el follis de bronce, fuera depreciado y muchos comerciantes se negaran a aceptarla como pago. La reacción fue un encarecimiento de los productos y un deterioro de las condiciones de vida de las clases inferiores puesto que, lógicamente, el follis de bronce era la moneda más accesible para los pobres. Fue esta situación la que llevó a Diocleciano en el año 301 a publicar un Edicto de precios máximos con el fin de defender el curso de la moneda fraccionaria. Este decreto establecía el precio máximo que debía pagarse por cada producto agrícola o manufacturado e incluso por la mano de obra de un trabajador y amenazaba con la pena de muerte a los compradores y vendedores que la contravinieran. Los resultados del Edicto fueron mediocres mientras estuvo en vigor, pero la reforma monetaria emprendida años después por Constantino volvió a plantear un problema similar. El solidus áureo creado por Constantino en el año 310 pesaba 4,55 gramos. Inicialmente se impuso en las Galias, Hispania y Britania. A partir de la derrota de Majencio, se extendió por todo el Imperio Occidental y, posteriormente, por todo el Imperio romano. A partir del año 320 creó dos monedas de plata: la miliarensis, de mayor peso (1/60 parte de libra) y otra más ligera (1/72 de libra) que equivalía a la cuarta parte del solidus. Continuó además en curso el argenteus de Diocleciano. La abundancia de solidi áureos redujo rápidamente el valor de las monedas de bronce. De aquí resultó una gran inestabilidad de los precios y la ruina de los humiliores, cuyos salarios e ingresos se pagaban con esta moneda inflacionada; mientras que la moneda de oro salió pronto de este circuito comercial para utilizarse sólo en las transacciones entre los potentiores o tesaurizarse. En este comportamiento monetario ha visto Mazzarino una de las causas de la decadencia del Imperio: "La revolución constantiniana del sistema monetario permite el nuevo orden jerárquico de la sociedad... los posesores de oro se han convertido en dueños de esa sociedad y los posesores de la moneda de vellón han sido arruinados". Piganiol constata el hecho de que las compras de seda, perfumes y demás productos de lujo que se exportaban desde Oriente y Extremo Oriente eran pagados en oro. También a los germanos reclutados como soldados se les pagaba en oro e incluso cuando se compraba la paz, el precio se fijaba en oro. Esta hemorragia, sin compensaciones monetarias, ha sido también invocada por el gran historiador como una de las causas de la crisis del Imperio. Cierto que las reservas de oro imperiales debían ser cuantiosas tras tantos siglos de confiscaciones, Además, el Estado percibía en oro y, a veces plata, un buen número de tasas: la chrysargira o impuesto de los mercaderes, la gleba de los senadores, el canon de las vastísimas tierras imperiales cedidas mediante arriendos enfitéuticos o perpetuos, los donativos con ocasión de los aniversarios de los emperadores que se exigían a los senadores (oro oblaticio) y a los decuriones (oro coronario), además del oro extraído en las minas -no las hispanas del noroeste, que en esta época ya no eran explotadas-. El autor anónimo de un texto del siglo IV, el De rebus bellicis, dice que sólo la confiscación del oro y plata a los templos paganos permitió a Constantino todas sus prodigalidades. Hasta el año 318 se siguió utilizando el follis diocleciáneo como moneda de vellón. A partir de ese año fue sustituido por otra moneda revalorizada llamada nummus que inicialmente equivalía a 25 denarios y que fue devaluándose progresivamente. Así, tres años después equivalía a sólo 12,5 denarios, lo que da idea del ritmo de inflación. En el 337 se disminuyó el peso del nummus de 2,6 a 2 gramos. La estabilidad constante del solidus se opone sistemáticamente a la creciente depreciación de la moneda de vellón. El De rebus bellicis hace un análisis de la reforma monetaria de Constantino en estos términos: "Fue en época de Constantino cuando una excesiva prodigalidad asignó el oro, en lugar del bronce -hasta entonces muy apreciado- a los comercios viles, pero el origen de tal avidez es, según se cree, el siguiente: cuando el oro, la plata y gran cantidad de piedras preciosas depositadas en los templos fueron confiscadas por el Estado, aumentó el deseo que todos tenían de poseer y regalar. A consecuencia de esta abundancia de oro, las casas de los poderosos se enriquecieron y aumentaron su nobleza en detrimento de los pobres, que se encontraban oprimidos por esta violencia. En su aflicción los pobres se veían empujados a diversas tentativas criminales y no mostrando ningún respeto hacia el derecho, confiaban su venganza al mal. Frecuentemente ocasionaron al Imperio grandes daños, despoblando las campiñas, perturbando el orden con sus saqueos, suscitando el odio y, de una iniquidad a otra, favorecieron a los tiranos, que son mucho menos producto de la audacia que de los tizones encendidos para hacer valer la gloria de sus méritos". La referencia alude, sin duda, a los bagaudas, los humiliores empobrecidos que durante el Bajo Imperio sembraron el pánico actuando como bandas armadas y saqueando las grandes propiedades de los poderosos. Los sucesores de Constantino intentaron remediar los inconvenientes del sistema constantiniano procurando revalorizar la moneda de vellón. En el año 348 Constante y Constancio II acuñan nuevas monedas que pasan a sustituir al devaluado nummus de Constantino. La mayor, de plata y cobre, pesaba 5,20 gramos y se llamó la maiorina o maior pecunia. La segunda, de cobre, pesaba 2,60 gramos y se llamó nummus centenionallis. No obstante y en contra de sus previsiones, los precios no bajaron y la maiorina tendió a desaparecer de la circulación. Constancio lI creó posteriormente una nueva moneda de plata, el silicum, con un peso de 2,27 gramos y que valía en torno a 1/24 parte de solidus. Durante el breve reinado de Juliano pareció superarse esta polarización entre los poseedores de oro y los poseedores del vellón. Juliano siguió acuñando la maiorina y el centenionallis. Para aumentar su valor reajustó la política de precios y de impuestos. Por Amiano Marcelino sabemos que disminuyó el impuesto canónico obligatorio en las Galias -posiblemente también en Hispania- de 25 solidi por unidad imponible a 7. Pero esta medida tenía además la finalidad de evitar los abusos cometidos por los funcionarios o curiales perceptores del impuesto de la aderatio. La práctica fue instituida en época de Constantino, en el año 324, y consistía en que los contribuyentes, que tradicionalmente pagaban sus impuestos en especie, pudieran pagarlos en dinero si querían. Pero los funcionarios traducían a dinero la contribución valorada en especie fijando para éstas un precio más alto que el del mercado. Cuando estos mismos burócratas tenían que pagar a los soldados su sueldo en especie, las adquirían en el mercado a un precio inferior. Así la diferencia de precio entre estas dos operaciones suponía un beneficio para el intermediario. Contra esta forma de robo actuó Juliano bajando el impuesto percibido por unidad fiscal, reajustando los precios oficiales con los del mercado e intentando que éstos bajaran. Para que los fraudes no se hicieran en el peso de los productos hizo distribuir pesos marcados con el sello estatal, de los que debían dejar constancia. Además comenzó a pagar al ejército en metálico, práctica que continuó durante todo el siglo IV y que, en el caso de Hispania, se aduce como una de las razones por las que esta diócesis careció de ceca a lo largo de este siglo al no disponer de un gran contingente de tropas. La moneda que con más frecuencia se encuentra en Hispania es la de bronce, sin duda en relación con los intercambios comerciales. Escasas piezas de oro se han hallado en los tesorillos de la diócesis y, menos aún, de plata. Esto no quiere decir que no la hubiera, pues existía incluso en grandes cantidades, pues como hemos visto era exigida para el pago de determinados impuestos. Las cecas de las que se nutría el numerario hispano eran principalmente las de Arlés y las de Roma, aunque también hay mucha moneda procedente de cecas orientales. El mayor número de monedas halladas corresponde a la época de la dinastía constantiniana, un 63,9% del total de monedas del siglo IV y un 45% del total general del Bajo Imperio. También hay gran cantidad de monedas pertenecientes a la época de Teodosio, que se han encontrado en varios tesorillos como los de Cástulo, Tarragona, Tarifa, Monte do Castro o Caldas de Monchique, entre otros. En esta época de finales del siglo IV, la producción monetaria de los talleres occidentales parece haber disminuido sensiblemente o, al menos, así lo demuestran los hallazgos numismáticos en Hispania que proceden casi por completo de talleres orientales. Es significativo que en la época de Honorio hubiera un aumento de la circulación monetaria en Hispania, incluso bastante moneda de oro y plata y que, tras la entrada de los bárbaros, se observe la casi total ausencia de monedas en Hispania. Cabe suponer que los hallazgos numismáticos aún pueden modificar este panorama que hace pensar en una relativamente escasa circulación monetaria en Hispania. En este sentido se puede aducir como prototipo el caso de Conimbriga (Coimbra) de lo que más o menos sucedería en el resto de la Península. En Coimbra se han hallado más de 5.000 monedas del siglo IV que representan el 70 del total de las halladas en la diócesis. El valor de la moneda sigue vigente durante todo el Bajo Imperio en Hispania. Prueba de ello son los tesorillos o, en otros términos, la ocultación de moneda aunque en ocasiones se trate de cantidades modestas. Las razones de este ocultamiento a veces parecen justificadas por la inestabilidad política, peligro exterior o de tipo local desconocidos para nosotros, o invasiones aunque esta práctica habitual de tesaurizar la moneda pudo obedecer también a cuestiones de índole personal difíciles de entender desde nuestra óptica.

La concesión de los privilegios de municipio siguió ritmos distintos en las diversas provincias del Imperio. Mientras que en las provincias de Hispania hubo dos momentos significativos en el avance de la municipalización (el de César-Augusto y el de los Flavios), en las provincias de Africa fueron muchas más ciudades las que obtuvieron el estatuto de municipio durante los Antoninos y los Severos. La obra de Claudio ha quedado en gran parte desdibujada; el emperador concedía privilegios de ciudadanía a particulares o a comunidades sin exigir que siempre fueran inscritos en una sola tribu. Pero a través de múltiples dedicaciones en honor del emperador testimoniadas en la epigrafía provincial así como por la información de los miliarios, se va desvelando paulatinamente que Claudio contribuyó al desarrollo de muchas ciudades provinciales; los efectos de su obra se comienzan a ver unos años más tarde, bajo los Flavios. Pero también hay testimonios más explícitos que ponen de manifiesto la creación de colonias y municipios: así, Baelo Claudia, Bolonia, cerca del estrecho de Gibraltar; colonia Claudia en la actual Colonia, etcétera. Los soldados de las tropas auxiliares al ser licenciados y otros muchos provinciales griegos, galos, hispanos e incluso britanos recibieron la ciudadanía romana. Pero Claudio también se sirvió del procedimiento de conceder el derecho de ciudadanía latina a comunidades o particulares como paso previo a su plena integración posterior en la ciudadanía romana. Y este rasgo de su política demuestra que fue menos parco que Augusto en la concesión de privilegios de ciudadanía y, sobre todo, que comprendió que el Imperio no podía continuar con una marcada diferencia entre Italia y las provincias cuando éstas soportaban las cargas fiscales y militares en mayor grado que Italia. Como prueba de ello, baste comparar los datos de dos años del censo: el 28 a.C., como resultado del censo realizado por Augusto, la cifra de ciudadanos romanos adultos ascendía a 4.063.000; en el censo de Claudio del año 47 d.C. los ciudadanos romanos ascendían a 5.984.072 (Tác., Ann., XI, 25 ). En ese marco político, se debe entender la decisión aún avanzada de integrar en el Senado romano a los nobles de las tres Galias, tal como se nos cuenta en la Tabula Lugdunensis, cuyo contenido está refrendado por las noticias de los autores antiguos.

Rivales en el sur por el control de las parias, los reyes de Aragón y los condes de Barcelona chocan también en el Norte: en 1108, Alfonso el Batallador recibía el homenaje feudal del conde de Tolosa, que ofrecía al rey las ciudades de Rodez, Narbona, Beziers y Agde, y poco más tarde, el vizconde de Beziers ratificaba el acuerdo y se acogía a la protección aragonesa vendiendo a Alfonso, para recibirla inmediatamente en feudo, la ciudad de Razes, venta y feudo que no tienen en cuenta los acuerdos firmados en 1057 entre Ramón Berenguer I de Barcelona y Ramón Bernardo de Beziers ni impedirán que en 1112 Bernardo Atón se reconozca vasallo de Ramón Berenguer III por Carcasona, especificando que en lo referente al castillo y condado de Razes, éste se incluiría en el vasallaje si el conde de Barcelona pudiera conseguir su cesión por Alfonso el Batallador. A través de éstos y otros pactos o conveniencias, condes de Barcelona y reyes de Aragón se convierten en señores feudales al Norte de los Pirineos, con claro predominio catalán cuando el barcelonés consigue unir a su condado los de Besalú, Cerdaña, Carcasona, Razés y Provenza, este último por el matrimonio de Ramón Berenguer III con Dulce de Provenza en 1112; aunque en su testamento el conde deja Provenza al segundo de sus hijos, la presencia barcelonesa es continua y se reafirma en 1144 al hacerse cargo Ramón Berenguer IV de la tutela de su sobrino provenzal y recibir el vasallaje de numerosos señores del condado. Entender la política occitana desde mediados del siglo XII hasta la incorporación de Toulouse y Provenza a la monarquía francesa en los años iniciales del siglo XIII no es fácil: el territorio está dividido en multitud de condados y vizcondados relacionados entre sí por una maraña de acuerdos feudales que permiten cambiar de alianzas continuamente en función de los intereses del momento o prestar vasallaje simultáneo al conde de Toulouse y al de Barcelona. Tolosanos y catalano-aragoneses están condicionados, además, por la situación europea: los enfrentamientos entre franceses e ingleses repercuten en la zona, al apoyar los primeros a Toulouse y contrarrestar esta ayuda los ingleses aliándose a Provenza, y por encima de Capetos y Plantagenets está el emperador alemán que es, legalmente, señor de Provenza, y aunque su fuerza efectiva en la zona sea nula, no es conveniente prescindir de su apoyo y éste será solicitado por tolosanos y catalanes procurando no entrar en conflicto con la Iglesia, enfrentada al Imperio durante estos años. Los problemas religiosos suscitados por la difusión del catarismo en Toulouse y Provenza influyen igualmente en la política, por cuanto la situación eclesiástica puede servir de pretexto para intervenir en favor de unos o de otros y, por último, el control político dependerá también de la situación económico-social de la zona dividida por los enfrentamientos entre burgueses y señores feudales en las diversas ciudades y por la rivalidad pisano-genovesa por el control del comercio provenzal en el que intervienen o aspiran a intervenir las ciudades de Montpellier, Niza, Marsella, Toulouse y Barcelona. La combinación de todos estos factores da como resultado un sistema móvil de alianzas en el que el enemigo de ayer puede ser el más firme aliado de hoy, en el que las paces o treguas firmadas por cinco años duran meses o días, en el que el fallecimiento de un personaje puede poner en marcha nuevas alianzas para controlar la herencia..., sin que sea posible describir todos y cada uno de los cambios efectuados. En líneas generales, podemos distinguir tres etapas: la primera se extiende hasta la muerte de Ramón Berenguer IV en 1152 y tiene como característica esencial la intervención del emperador alemán, que confirma los derechos del conde-rey sobre Provenza; en la segunda (1162-1176) el motor de las alianzas es la rivalidad entre pisanos y genoveses y se traduce en un relativo equilibrio entre tolosanos y provenzales, que firman un tratado de paz en 1176; y en la tercera (1176-1213) la política occitana se complica con la intervención eclesiástica frente a los cátaros, cuyos seguidores tienen obispos en las principales ciudades del sur de Francia y en el valle de Arán, incorporado a la Corona en 1176 por vasallaje de sus habitantes. La paz firmada este mismo año coincide con un período de entendimiento entre el Pontificado y el Imperio y permite a la Iglesia intervenir contra los cátaros en el III Concilio de Letrán (1179), que prohíbe defender a los herejes y comerciar con ellos (la herejía se extiende a través de los mercaderes) al tiempo que pone bajo la protección eclesiástica dispensada a los cruzados a cuantos tomaran las armas para reducir a los cátaros. Ante el problema albigense, Pedro intentó conjugar los intereses de sus vasallos y aliados con sus deberes hacia Roma y con esta intención acudió a la ciudad pontificia (1204) y se hizo coronar por el papa, al que renovó su vasallaje. Inocencio III no dejó de recordar a su vasallo la obligación de combatir a los herejes. Tras realizar algunas campañas que le justificaran ante el papa, Pedro abandonó el sur de Francia y volvió a ocuparse de los asuntos peninsulares, a pactar con el monarca castellano una nueva división de Navarra; Alfonso VIII de Castilla recuperó Álava y Guipúzcoa, pero el monarca aragonés tuvo que renunciar a las campañas militares por no disponer de medios económicos, situación que permitió a Sancho VII de Navarra comprar la paz mediante un préstamo hecho al aragonés. En 1212, el rey de Aragón colaboró en la cruzada castellana contra los almohades e intervino activamente en la victoria de Las Navas de Tolosa. Un año más tarde moría en Muret al intentar defender a sus aliados y vasallos contra los cruzados de Simón de Montfort, es decir, contra Francia.

El viraje religioso promocionado por Calígula se puede relacionar con una parte de su programa político. Desde César se había aceptado en Occidente la divinización de los emperadores difuntos; Augusto llego a permitir un culto a su persona en vida, pero siempre que se asociase al culto a la diosa Roma y en ámbitos alejados de Italia. En las tradiciones orientales, se aceptaba el carácter divino del monarca. Calígula pretendió presentarse igualmente como divino, comenzando por la propia Roma, lo que chocaba con la mentalidad y tradiciones occidentales así como con la del pueblo judío. Esculturas de Calígula podían encontrarse en el interior de los templos. Para dar más autenticidad a la idea de su carácter divino, se presentaba a veces ataviado con barba dorada, atributo de los dioses, o vestido con atuendos propios de dioses. Así, un poder político de origen divino no podía ser compartido por humanos ni someterse a las críticas de los senadores. La pretendida divinización del emperador vivo era una de las ideas que más repugnaban a la mentalidad occidental: contra ese modelo de rey oriental, se había movilizado todo el Occidente al lado de Augusto antes de la batalla de Accio. Calígula volvió a permitir el culto de Isis en Roma, a la que erigió un templo en el campo de Marte. Este culto no sería suprimido a su muerte y, años más tarde, terminó teniendo una gran difusión por todo el Imperio. En los comportamientos anteriores, se constata la referencia a la monarquía helenística de Egipto, donde era permitido el matrimonio entre hermanos y el carácter divino incluía a los familiares más próximos del rey. El intentar repetir ese modelo explica las noticias sobre la pretensión de que sus hermanas fueran invocadas en las oraciones públicas; la acusación de mantener relaciones incestuosas con su hermana Drusila se explica igualmente desde la incomprensión occidental de la propaganda del modelo político del Egipto helenístico.

El reconocimiento de cultos de la Constitución de Caracalla es un exponente indicativo de la política religiosa de los otros Severos. Seguían apegados al panteón romano tradicional -excepto Heliogábalo- pero reconocían la validez de otros dioses para proporcionar satisfacción espiritual al creyente. De Alejandro Severo se nos cuenta que, en su larario privado, además de los dioses del panteón romano, tenía estatuas de Orfeo, de Apolonio de Tiana y de Jesús. Pero la libertad de cultos no representaba para el poder un elemento desestabilizador. El avance de las ideas sincréticas que venían siendo propugnadas por el estoicismo y el neoplatonismo era una realidad. Caracalla creía encontrar en Júpiter-Serapis la solución para armonizar a los diversos dioses. Desde las instancias del poder de los hombres cultos de la época, se entendía que todos los dioses no eran más que manifestaciones de un único principio divino. La gran tragedia del poder era la limitación social de esa ideología, incapaz de calar en las masas populares. El monoteísmo cristiano rechazaba todo intento de sincretismo. Septimio Severo, que se regía por las normas de Trajano sobre el trato a dar a los cristianos, tuvo que cambiar de conducta más de una vez en Oriente, al comprobar que los cristianos eran un elemento de desestabilización social incluso en plenos momentos de tensiones bélicas, y no dudó en aplicar condenas. Tertuliano hace, en su "Apologético", defensa pública del credo cristiano; Clemente de Alejandría no duda en sostener ante otros filósofos la superioridad del conocimiento cristiano. Bajo Alejandro Severo, se celebran ya sínodos de obispos y se ve al papa Calixto, en Roma, más interesado por las finanzas que por la expansión de las creencias. En otros términos, los cristianos comienzan a tener una organización sólida. La amenaza persa que se manifiesta de modo evidente al final del gobierno de Alejandro Severo, va a servir de acelerador de las tendencias sincréticas. Los persas organizan un Estado en el que su rey es el representante del dios en la tierra; todos los súbditos deben participar de las mismas creencias del zoroastrismo. La intelectualidad romana terminará, después de los Severos, encontrando la unidad religiosa en el culto al dios Sol, pero entonces ya son muchos los cristianos.

Durante los Constantínidas persiste el dirigismo estatal iniciado con Diocleciano: el Estado no sólo posee monopolios entre ellos la importación de objetos de lujo o las minas sino que controla directamente sus propias empresas: tintorerías, fábricas de armas, talleres monetales... Pero incluso aquellas a las que no alcanza su control directo las controla de dos formas: a través de las corporaciones profesionales -la mayoría de las cuales son estatales- y a través de las requisiciones. El interés del Estado es prioritario y, en virtud de este principio, el Estado puede requisar no sólo productos elaborados, sino también medios de transporte e incluso horas de trabajo gratuitas de los ciudadanos para el mantenimiento de las vías u otras ocupaciones. Este intervencionismo se manifiesta también en la organización de la actividad laboral del Imperio, que se asienta sobre un principio inmovilista: la adscripción del individuo a su oficio, que además es hereditaria. Según el autor anónimo de la "Expositio totius mundi", el comercio era a mediados del siglo IV muy intenso en el Mediterráneo oriental. Destacaban los puertos de Tiro, Seleucia, Laodicea, Alejandría, Efeso y Corinto. En el Mediterráneo occidental la actividad era mucho menor. Al igual que en la época anterior, la mayoría de los grandes barcos era propiedad de armadores (navicularii) organizados en corporaciones vinculadas a un puerto, a una provincia o a una actividad determinada. El Estado podía obligarlos eventualmente al transporte de mercancías generalmente destinadas al abastecimiento de las grandes ciudades del Imperio. La necesidad de asegurar el panis gradilis, o distribuciones gratuitas de pan a los ciudadanos, explica en gran parte la política de requisiciones, así como la promulgación de edictos fijando el maximun de los productos alimenticios. Mediante uno de estos edictos logró Juliano hacer salir de los graneros el trigo almacenado. Tanto Constantino como Constancio pusieron gran empeño en mejorar la posta pública. Esta no sólo servía para el desplazamiento de los funcionarios, sino para el traslado de los impuestos pagados en especie y otras mercancías estatales. Pese a las soluciones que aporta Constantino para hacer eficaz este servicio (nombramiento de unos agentes que inspeccionaran los permisos, establecimiento de una oficina encargada de los desplazamientos imperiales...) los problemas no se solucionaron. Los permisos para viajar en la posta pública debían concederse con excesiva facilidad. Además, desde la época de Constantino los obispos y clérigos requerían constantemente permisos de viaje para asistir a sus frecuentes reuniones, de modo que los municipios por donde pasaban se veían obligados a incesantes prestaciones de caballos. Incluso se dio el caso de llegar a requisar los bueyes con los que un campesino estaba arando. Juliano prohibió muchas de estas requisiciones, así como que se utilizaran los carros de la posta para el traslado de mercancías privadas y retiró al clero cristiano el derecho a viajar con cargo al Estado. Uno de los rasgos más novedosos respecto a la sociedad de esta época es el papel que el clero cristiano va a jugar en el campo de la asistencia social y su constitución como gran propietaria de bienes, aspectos ambos que con el tiempo no harán sino aumentar. Los altos funcionarios se reclutaban bien entre los senadores por nacimiento, bien entre los hombres nuevos, generalmente procedentes del ejército e incorporados posteriormente al Senado mediante una adlectio del Emperador. Aunque los puestos más elevados: prefecturas, proconsulados... eran desempeñados principalmente por los primeros, los hombres nuevos o nueva aristocracia, que era el sector más vital y más leal al emperador. Estos senadores, por nacimiento o por adlectio, siguen siendo la clase más poderosa y los hombres más ricos del Imperio: son los honestiores, los que poseen riquezas y honores militares, como se dice en el "Querolus", una comedia satírica del 410. Sus grandes latifundios debían proporcionarles enormes rentas si consideramos, por ejemplo, que el senador romano Syimmaco se gastó unas 2.000 libras de oro para celebrar la pretura de su hijo. Olimpiodoro, a comienzos del siglo V, describe con gran asombro el tipo de vida que llevaban los riquísimos senadores romanos y dice que sus casas eran casi como ciudades. Muchos de estos grandes latifundistas vivían fuera de la ciudad, en sus dominios. No obstante, hay que señalar que el modelo de vida occidental difiere del modelo oriental. Mientras en Occidente la crisis municipal determinó un progresivo deterioro de las ciudades -sólo contrarrestado por los obispos, que a menudo actuaron como defensores o patronos de su ciudad- en Oriente, por el contrario, la economía ciudadana continuó siendo sólida durante varios siglos más. Los curiales de las ciudades siguen gozando, aparentemente, del mismo prestigio que en los siglos anteriores. La mayoría es de propietarios rurales, pero sus tierras están en cierto modo hipotecadas por el Estado pues pesaba sobre ellos la responsabilidad de que se recaudaran todos los impuestos de la ciudad. Eran pues avales forzosos ante el Estado de los impuestos a recaudar en sus ciudades. De ahí que Constantino prohibiera que los curiales abandonaran o vendieran sus tierras. Al convertirse en un cargo hereditario, los hijos le sucederían como curial con las mismas propiedades como garantía. Dentro de los humiliores se engloban diversas categorías cuya situación, ciertamente, era bastante diferente: comerciantes, artesanos, plebe urbana y rústica, colonos y esclavos. En la polarización social del Bajo Imperio, las clases intermedias no tienen una consideración especial: por debajo de los curiales, en las ciudades, sólo está la plebe o, dicho de otro modo, los que no tienen tierras. Las profesiones útiles al Imperio se convierten en obligatorias y hereditarias. Sin duda las más necesarias son las que permiten el abastecimiento de víveres y útiles. La pérdida de libertad profesional y, en cierto modo personal, de los artesanos es paralela a la pérdida de libertad de los trabajadores agrícolas. El colonato fue el origen del régimen de los patronatos rurales. Los campesinos entregaban sus tierras a aquellos patronos que ofrecían mayores garantías frente al fisco. De esta manera se fue extendiendo un nuevo modo de evasión fiscal que no hizo sino aumentar a medida que el régimen de patronato se fue extendiendo y consolidando. Libanio, en un pasaje de su obra "Sobre los patronatos", describe cómo un vicus de campesinos, gracias a la protección de un jefe de una de las guarniciones de las campiñas sirias hace frente a los recaudadores de impuestos: "Estos -los recaudadores- se dirigen hacia los pueblos en cuestión a fin de cobrar el impuesto: es su obligación y su función. Entonces reclaman, lo que se les debe, primero con suavidad y en tono moderado, después fingiendo desprecio y sarcasmo, ahora con acento indignado y levantando la voz, como es lógico en los que no alcanzan sus justas reivindicaciones. Amenazando con recurrir a las autoridades municipales, pero es inútil ya que éstas se encuentran en inferioridad de condiciones frente a estos expoliadores de pueblos. En esto han alargado la mano y hecho el gesto de arrebatar, pero los otros les han hecho ver que tienen piedras. Así lo único que han recogido los recaudadores han sido golpes y se vuelven a la ciudad demostrando, a través de la sangre que cubre sus vestidos, los sufrimientos que han soportado".

Desde Vespasiano se inicia un apoyo institucional a ciertas formas de cultura. El exponente más significativo se encuentra en la creación de cátedras de retórica, una latina y otra griega, costeadas por el Fisco. Al tercer nivel educativo, el aprendizaje de la retórica, sólo llegaban los hijos de las familias más acomodadas, aquellos que desempeñarían después altos puestos de responsabilidad en la administración central. El hispano M. Fabio Quintiliano, de Calahorra, fue el primero que ocupó la cátedra de retórica latina, bien pagada con 100.000 sestercios anuales. Se nos ha conservado completa su obra "Sobre la formación del orador", que contiene muchas influencias de Cicerón. El aprendizaje retórico de época republicana tenía una utilidad más inmediata como preparación de senadores dedicados a la actividad política. Quintiliano quiso revitalizar un tipo de retórica, parcialmente inútil para su época; la decadencia de esa retórica había venido marcada por los cambios en la forma del poder político. De poco servia que recubriera su hacer con expresiones más floridas y con un estilo más ameno, dice: "Los jóvenes deben evitar también un maestro árido, como las plantas tiernas una tierra muy seca; pues con un maestro así, decaen y se inclinan..." (II, 4, 7). El poder y la sociedad necesitaban más abogados que brillantes discursos políticos. Otras partes de su obra, como las técnicas del altercado entre abogados en los juicios, tenían más utilidad. Cuando da consejos, como el que "un abogado prudente y hábil en los recursos tiene mucho ganado si deja a su adversario seguir un falso camino", está atendiendo a una exigencia de mayor futuro para la retórica. Pues la época flavia se corresponde con la consolidación de la profesión de los abogados. Aunque sólo nos hayan llegado fragmentos y nombres de ilustres juristas de esta época (Cello Sabino, Próculo, Casio Longino...), los autores de compilaciones posteriores son deudores de la producción jurídica de estos años. Así, hoy sabemos bien que las diversas copias de leyes municipales flavias conservadas seguían una ley marco adaptada a las condiciones particulares de cada ciudad; esa ley fue redactada por los abogados al servicio del emperador. Tal importancia del derecho escrito terminará dando origen a la figura del especialista como al abobado del fisco, advocatus fisci. Y la carrera jurídica, no reservada a senadores, comienza a ser económicamente rentable incluso con el ejercicio privado de la misma. La renovación literaria de época flavia, en la que siguen participando itálicos y provinciales, se vincula al poder en cuanto se presenta como defensora de los valores del Occidente. El año de la erupción del Vesubio, el 79, moría Plinio el Viejo. La voluminosa obra de Plinio (23-79), su "Historia Natural", de contenido enciclopédico, así como las "Argonautica" de Valerio Flaco, las "Púnica" de Silio Itálico o la "Tebaida" de Estacio, resucitan temas antiguos de la literatura clásica sin poner en duda las bases del poder de su época al recurrir a un relato políticamente neutro. Mayor compromiso con su presente y con la crítica social presentan autores como el hispano M. Valerio Marcial y Juvenal, que mejoran la tradición satírica romana. Pero éstos como otros poetas no reciben ahora protección de los emperadores ni de ninguna persona allegada al poder. Marcial vive gracias a las ayudas de sus patronos privados. La poesía satírica de ambos aporta noticias de gran valor para el historiador actual sobre la vida cotidiana de Roma (el ruido de la ciudad, los aduladores, los nuevos ricos, los favores de una dama, la coquetería...) pero está muy alejada de valoraciones sobre cualquier forma de gobierno. La cultura de época flavia se caracteriza por ser acrítica ante el poder. Sólo en el ámbito de los filósofos surgió alguna manifestación de oposición. Las escuelas filosóficas del Helenismo seguían teniendo representantes en el Occidente romano. El propio Vespasiano era amigo personal de algunos de ellos; bien constatada está su estrecha relación con el estoico Trásea Peto. Pero también hubo casos de persecución contra filósofos. Vespasiano condenó a muerte a Elvidio Prisco en el 70; Domiciano expulsó de Roma o condenó a muerte en el 93 a filósofos de distintas escuelas. Y bajo Domiciano, se llevó a cabo también la expulsión de los astrólogos de Roma en el 90. Ahora bien, tales hechos no deben ser entendidos como una manifestación de odio o antipatía sistemática de los Flavios ante los filósofos, sino como hechos aislados de represión contra aquellos que predicaban una abierta y continua oposición a la forma de gobierno dominante; la condena se llevó a cabo en aplicación de la ley de lesa majestad. Baste el ejemplo de Elvidio Prisco, estoico y familiar de Trásea Peto. Había ejercido diversas magistraturas como correspondía a su rango senatorial: cuestor en Acaya el 51 y tribuno de la plebe el 56; el 66 fue expulsado de Roma cuando su suegro Trásea era condenado a muerte. Rehabilitado políticamente por Galba, el 70 fue pretor. No estamos, pues, ante un marginado social. Pero Elvidio no se plegó al poder y defendió siempre públicamente, en las mismas sesiones del Senado, sus ideales republicanos y la necesidad de devolver el poder a la cámara senatorial. Son casos como el de Elvidio los que están detrás de las condenas, no una actitud de los Flavios contraria a los filósofos, pues participaban de una idea muy común en la época, consistente en considerar al conocimiento filosófico útil para ayudar a vivir y también para aceptar con resignación los cambios de fortuna, incluida la muerte. El Coliseo, monumento destinado al uso del pueblo, y el Palacio imperial son dos de las mejores obras que ilustran la ideología del poder flavio. Su liberalismo político permite cualquier manifestación cultural, apoya a aquéllas como la ciencia jurídica que son útiles para la formación de cuadros de gobierno, pero se enfrenta con sus mejores armas contra el uso del pensamiento con fines de ruptura del consenso social o de oposición política.

Durante los años 70 del siglo XX, si la crisis económica produjo inestabilidad en todo el mundo, un factor añadido de la situación fue que también en el período que estudiamos las relaciones entre las grandes potencias se deterioraron gravemente. Pero esos dos no fueron los únicos factores que permiten explicar lo sucedido en este tiempo de tormentas. La realidad es que el propio Tercer Mundo engendró por sí mismo dificultades complementarias. Ya sabemos que la descolonización no tuvo las consecuencias tan positivas que de ella se habían esperado. El movimiento de los países no alineados tampoco fue capaz de mantener su unidad y de actuar con independencia con respecto a las superpotencias; una parte de los países del Tercer Mundo se identificaron con los soviéticos mientras que otros mantenían la línea primigenia de este movimiento. La confrontación fue patente con ocasión de la Conferencia de los países no alineados celebrada en La Habana en septiembre de 1979: Castro y Tito, ambos comunistas, representaron cada una de las respectivas tendencias. Pero aún hubo un factor más, especialmente significativo en África del Norte, Medio Oriente e incluso más allá del Golfo Pérsico. La evolución del mundo en el último cuarto de siglo no puede entenderse sin tener en cuenta la peculiar relación entre religión y política.

La política española del siglo de las luces no pudo zafarse de los conflictos coloniales internacionales, que gravitaban ya inexorablemente sobre toda América. En sus comienzos se vio inmersa en la Guerra de Sucesión, en la que intervinieron casi todas las naciones de la Europa occidental, y en sus finales en el de las guerras napoleónicas, que afectaron ya a la totalidad de Europa. Entre uno y otro, puede decirse que España participó en casi todos los problemas bélicos internacionales, lo que se reflejó en sus colonias, que jugaron sin saberlo un papel de sostenedoras del status quo mundial. Este status quo fue, seguramente, el que evitó que España se quedara sin la mayor parte de ellas, ya que su potencial militar y naval era claramente inferior al de sus vecinos de Europa. Al término del siglo XVIII, la unidad territorial de Hispanoamérica resultaba así muy semejante, aunque algo mermada, con respecto a la que tenía a comienzos de la misma centuria. España participó en siete grandes guerras: La de Sucesión, la de la Oreja, la de los Siete Años, la de emancipación de las colonias inglesas, la de la Convención, y las dos contra Inglaterra de 1797 y 1804. En la primera no sufrió pérdidas territoriales en América (sí en Europa), salvo la ratificación legal de las anteriormente ocupadas. En la segunda tampoco. En la tercera perdió la Florida, cedida a los ingleses, y tuvo que ratificar la ocupación legal de Belice, pero se le regaló la Louisiana, que le compensó sobradamente. En la norteamericana recobró la Florida. En la de la Convención perdió la parte española de Santo Domingo, que pasó a ser francesa, y en las dos últimas contra Inglaterra la isla de Trinidad. Podemos comprobar, por consiguiente, que las colonias hispanoamericanas mantenían casi intacta su extensión, pese a los problemas bélicos, lo que demuestra el interés de las potencias hegemónicas porque fuera así, ya que esto les permitía colocar sus manufacturas. Tampoco afrontó España grandes problemas políticos internos en Hispanoamérica, contra lo que era de esperar, ya que durante el siglo XVIII se aplastó el poder criollo y se impuso la explotación colonial. Las rebeliones, motines y asonadas se hicieron, principalmente, contra los impuestos y la mala administración, no pasando por lo regular de movimientos de "Viva el Rey y abajo el mal gobierno". Tales fueron las de los comuneros del Paraguay (1717-35), originada por usufructuar el trabajo personal de los indios del Chaco; la de Juan Francisco León (1749?52), contra el monopolio de la Compañía Guipuzcoana; la de Quito de 1765 contra las alcabalas; la de Túpac Amaru de 1780 contra los repartimientos de los corregidores y los nuevos impuestos; la de los Comuneros neogranadinos de 1781 contra la reforma fiscal que creaba nuevos impuestos, y todas las que les sucedieron hasta 1806. Sólo la invasión de Miranda a Coro en este último año tuvo ya un carácter verdaderamente político y revolucionario, fracasando por faltarle el apoyo de las oligarquías, empeñadas en mantener el orden social vigente (amenazado por lo ocurrido en la colonia francesa de Haití), aunque inclinadas ya a relevar a los peninsulares en la administración. El hecho de que estas revoluciones no lograran integrar a los distintos sectores sociales existentes en las colonias permitió que las autoridades españolas las abortaran con relativa facilidad. Guerras internacionales y conflictos internos motivaron, finalmente, que España se preocupara por reforzar su planta militar hispanoamericana. Los gastos de defensa en la primera mitad del siglo fueron del 66% de los ingresos en México, 73% en Nueva Granada, 81% en el Perú. Aumentaron a partir de la Paz de París (1763), cuando se fortificaron mejor La Habana, Cartagena y Callao y se dieron órdenes para que en cada virreinato se mantuviera un contingente de tropas regulares (6.000 en Nueva España, 3.000 en Nueva Granada y 1.500 en Perú), reforzado por milicias (20.000 en México, 40.000 en Perú y 15.000 en Nueva Granada), que se movilizaban en casos excepcionales. Lo mismo se hizo en Buenos Aires, donde las milicias jugarían un papel decisivo frente a las invasiones inglesas de comienzos del siglo XIX. En cualquier caso, fue una planta militar insignificante para la enorme extensión y población hispanoamericana y situada además en lugares claves, como Cartagena, La Habana, Panamá o en las capitales virreinales. Bajo ningún aspecto puede considerarse una organización militar destinada a someter unas colonias rebeldes: sólo a defenderlas de ataques extranjeros.

La lucha de las Monarquías europeas contra las alzas de precios y la adopción de medidas monetarias para superarlas constituyen, desde comienzos del siglo XVI, una buena prueba de que antes de que se emitieran doctrinas mercantilistas existían prácticas mercantilistas. Sin embargo, es evidente que el mercantilismo comprendía otros elementos. Heckscher ha defendido la tesis de que el mercantilismo, además de ser un sistema preocupado por todos los problemas de índole monetaria, era un sistema de unificación, un sistema de poder y un sistema proteccionista. Como sistema de unificación el mercantilismo estaba estrechamente vinculado al proceso de formación y de desarrollo de los Estados nacionales. En materia económica los Reyes Católicos hicieron una política unificadora protegiendo a la Mesta como organización ganadera estatal contra los intereses locales de los agricultores. De la misma forma, constituyeron el monopolio de Sevilla para el comercio colonial, contra los intereses de otros puertos, reforzando con ello la política de unidad económica y geográfica. Además, la unificación y codificación de las diferentes legislaciones referidas a la industria textil, conseguidas con la promulgación de las Ordenanzas de Sevilla de 1511, constituyó el primer paso hacia la unificación técnica y administrativa necesaria para gobernar con eficacia todo un imperio. En Francia esa tendencia unificadora se retrasó por tres razones: el espacio económico era considerable, estaba cortado por barreras aduaneras sometidas a jurisdicciones distintas y se carecía de unidad de procedimiento administrativo. Sólo el estatismo nacionalista del siglo XVI, apoyado por la Corona y por la burguesía, modificó la situación y propició las tareas unificadoras. El estatismo mercantilista apareció especialmente en la legislación y la reglamentación industrial. Se reorganizaron los gremios dotándolos de reglamentos comunes para todos, se aumentó su número, se fijaron mediante edictos regulares los precios de los productos, los salarios y los métodos de fabricación, mientras funcionarios reales se encargaban de inspeccionar técnicamente el trabajo y las mercancías, aunque no siempre estas medidas fueron eficaces ni aceptadas. En Inglaterra, en cambio, el espacio económico era semejante al castellano y aventajaba al francés en cuanto a la inexistencia de barreras aduaneras interiores. Su geografía facilitaba las comunicaciones y evitaba los compartimentos estancos. Como sucediera en Francia, la Monarquía inglesa reglamentó a escala nacional el trabajo industrial, aunque su legislación sobre precios, salarios y calidad de las mercancías era más flexible. El mercantilismo era un sistema de poder. Durante los siglos XVI y XVII el poder político estuvo ligado en Occidente tanto a la expansión territorial y comercial como a la conquista de los metales preciosos. Los casos portugués y castellano son a ese respecto paradigmáticos. En Francia los monarcas trataron de conseguir una economía sólida con el apoyo de los hombres de negocios, al mismo tiempo que desde el Estado se tutelaba a la industria, especialmente a la relacionada con las necesidades primarias y básicas del Estado: manufacturas de pólvora, minas e industrias metalúrgicas, etc. Así pues, se consideraba que el desarrollo industrial constituía un medio para reforzar el poder del Estado. La actitud con respecto a las relaciones que debían establecerse entre el comercio y el poder político era semejante. Eso es lo que Heckscher denomina sistema proteccionista. Cuando la balanza comercial de un Estado era favorable se retenía metal precioso en el interior de las fronteras nacionales, lo cual permitía su fortalecimiento económico y político. Para conseguir este objetivo era preciso proteger y estimular la industria nacional, importando las materias primas precisas, evitando la exportación de determinados productos y materias primas, estableciendo obstáculos aduaneros y trabas legales a la importación de productos manufacturados, eliminando en el interior toda competencia a los productos nacionales. Así pues, asociado al proceso de su fortalecimiento político, actuando como causa y efecto, los Estados de los siglos XVI y XVII practicaron este nacionalismo económico como sistema eficaz de protección de su soberanía. La consecuencia más inmediata fue la intervención directa de los Estados en la actividad económica, controlándola y organizándola gracias a una reglamentación multiforme, recurriendo al estimulo de la producción interior, a la creación de monopolios estatales, a la búsqueda de recursos, ya fuera mediante la colonización, ya fuera mediante la presión militar o política sobre otros Estados más débiles. Y todo ello, sin prescindir de las burguesías nacionales, pues en su participación y su adhesión a estas políticas estaba el germen del éxito de la balanza comercial y de la acumulación de metal precioso, como base del enriquecimiento nacional. Sin embargo, no todos los Estados consiguieron resultados satisfactorios en sus políticas mercantilistas. En España existió durante el reinado de los Reyes Católicos y de Carlos I una política claramente proteccionista y reglamentista de la industria interior, tanto por lo que se refiere a las limitaciones impuestas a la importación de ciertos productos manufacturados (los tejidos de lana que habrían de someterse a los reglamentos de calidad de los gremios castellanos) como a la prohibición de algunas exportaciones (lino, cáñamo, seda virgen, hierro). La organización del tráfico colonial, por su parte, competía en régimen de monopolio, discriminaba a las empresas marítimas extranjeras e impedía la fuga de metal precioso. De manera semejante, en Francia las medidas políticas en materia económica estuvieron dirigidas durante todo el siglo XVI a proteger fundamentalmente la industria textil contra la competencia exterior y, con ello, impedir la salida de numerario. Tales eran las ideas por las que constantemente luchaban los Estados Generales cuando se reunían. Sin embargo, a pesar de que doctrinalmente el mercantilismo francés había alcanzado una notable madurez gracias a Bodin, a Montchrestien, a Laffemas o al duque de Sully, sería el ministro de Luis XIV, Colbert (1619-1683), quien lo concebiría y lo aplicaría de forma más sistemática y perfecta, hasta tal punto que sus medidas dieron lugar a la acuñación de un nuevo término asociado y confundido con el mercantilismo: colbertismo. Sus elementos doctrinales no fueron nunca recogidos o publicados, pero eso tampoco niega la existencia de tal corriente en el seno de lo que denominamos mercantilismo francés en sentido amplio. El colbertismo presenta los siguientes rasgos: el punto de partida y el fin de toda política es el poder del rey (del Estado). Su atributo y signo de poderío es la abundancia de dinero. A su vez, el poderío nace de la riqueza y la riqueza procede del comercio. Desde estas dos ideas nace una tercera: no hay ni puede haber más que una masa constante de dinero en toda Europa, al mismo tiempo que el volumen del comercio lo es también, pues los pueblos continúan siendo iguales en número y consumo. De esta concepción estática del mercado, Colbert dedujo que la competencia entre las economías de las diferentes Monarquías tenía que ser agresiva. Sólo aquellos Estados que produjeran en cantidad y calidad prioritariamente para el autoconsumo y luego para la exportación, podrían sobrevivir en medio de la competencia general. El estimulo y la reglamentación de las manufacturas, la política aduanera proteccionista y el desarrollo de la marina y los puertos fueron los medios prioritarios que Colbert dispuso para hacer una Francia rica y hegemónica, aunque a la larga los frutos conseguidos fueron inferiores a los esfuerzos realizados. El modelo mercantilista inglés difiere del continental, al menos en su aplicación. Inglaterra no tuvo necesidad de practicar una política de tarifas protectoras, pues sus industrias textil y metalúrgica se adelantaron a las continentales. Por lo que se refiere a la aportación doctrinal también se halla el pensamiento inglés en posición avanzada con respecto al Continente. Las ideas más acertadas acerca del capitalismo comercial fueron desarrolladas por Tomas Mun (1571-1641) en su obra "La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior" (1630), en la cual se le asigna al comerciante un papel muy destacado en el seno de la comunidad económica, se señala la virtud del comercio exterior para enriquecer a un país, se disocian y se distinguen los conceptos de dinero y capital. Para Mun el capital se emplea con acierto en el comercio exterior cuando se logra una balanza comercial favorable. Y si ese es, a su juicio, el único medio para conseguir metales preciosos para Inglaterra, las importaciones deben restringirse, fomentándose, por el contrario, las exportaciones y reexportaciones. Justamente, si España perdió sus metales fue por causa, según Mun, de la incapacidad de los españoles para proveerse de mercancías extranjeras con sus mercancías nativas. Es por ello por lo que en su pensamiento el comercio tiene mayor importancia que la acumulación de metales preciosos por sí mismos.