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El políptico Stefaneschi fue encargado por el cardenal Jacopo Stefaneschi para decorar el altar de los Canónigos de la antigua basílica de San Pedro de El Vaticano, hacia 1313. La estructura gótica del retablo es de unas dimensiones muy considerables, lo que acentúa la grandeza de una realización tan conseguida. La tabla central presenta la figura de Cristo sentado en su trono, en actitud de bendecir y con las Sagradas Escrituras en la mano izquierda. El trono se muestra muy elegante y estilizado en su estructura de carácter gótico, que crea un gran efecto espacial. Está abundantemente decorado en oro, lo que acentúa la consistencia y volumetría de Cristo. Rodeándole, grupos de ángeles se disponen siguiendo las líneas del trono, formando una pequeña curva, la que describe su propia estructura. Abajo, sobre el suelo, delante del pedestal ornamentado en estilo cosmatesco, el donante de la obra aparece cerrando el círculo, a la izquierda. Está arrodillado ante Dios Padre, en actitud de oración y con el capelo cardenalicio en el suelo, como señal de respeto. Parece como si se abalanzara sobre Cristo intentando besarle los pies. En la tabla de la derecha se presenta el Martirio de San Pedro, donde destaca la imagen del santo, crucificado boca abajo, sobre el fondo dorado de la obra. Al martirio asisten cantidad de personajes tratados minuciosamente para una caracterización precisa. En el panel de la derecha figura el Martirio de San Pablo, decapitado, en una de las imágenes de más tensión emocional y dramatismo que figurara Giotto. Cuando que la cabeza del santo ya rueda por el suelo, su tronco todavía no ha caído, mientras el verdugo está envainando su espada. Todo ello transcurre en medio de un paisaje de magnífica profundidad. Algunos historiadores han señalado que la escena se asemeja a un Juicio Final, con el Cristo del Último día en el centro y, los martirios como símbolos de la Salvación de las almas y testigos de la fe cristiana. En el reverso se desarrolla el Lado de Pedro.

El Políptico Stefaneschi, que está pintado por las dos partes, es una de las obras más importantes que realizara Giotto en tabla. El cardenal Jacopo Stefaneschi le encargó esta ambiciosa obra que el artista realizaría casi con toda seguridad hacia 1313. La ubicación primera de la obra fue en el altar de los Canónigos, en la antigua basílica de San Pedro, en un momento en el que la residencia papal estaba en Aviñón. Con la obra, el comitente reclamaba la vuelta del Papado a la cuna de la Cristiandad, a Roma. Giotto figura un retablo como si fuera una iglesia de cinco naves, ocupando la principal la figura entronizada de San Pedro, en el panel central. El artista consigue un gran espacio en perspectiva en esta parte, dado a partir de las líneas de fuga del suelo y el pedestal desde donde se levanta el trono gótico de Pedro. Su figura alcanza una gran volumetría que le confiere un carácter auténticamente escultórico. El santo, mirando de frente al espectador, bendice con su mano derecha mientras sostiene la llave de la Iglesia con la izquierda. La decoración de tipo cosmatesco del pedestal, suelo y trono, con el fondo de oro, le confiere gran luminosidad a la tabla y hace resaltar más las cualidades rotundas de la figura. Flanquean la "silla papal" dos ángeles, santos y, arrodillado en el suelo, el Papa Celestino V, con ropas oscuras de ermitaño y el propio comitente Stefaneschi, que ofrece el retablo a San Pedro. De esta manera, el cardenal Stefaneschi aparece por segunda vez, en una solución de "cuadro dentro del cuadro" que se verá muy desarrollada en el Renacimiento, a partir del modelo ideado aquí por Giotto. En las tablas laterales, esto es, en las naves de una hipotética iglesia de cinco, la representación de Pablo y Santiago a la izquierda y, en el otro lado, San Juan y San Andrés, todos ellos de pie y de formas rotundas, siguiendo la monumentalidad del San Pedro de la tabla central. Giotto ha dado forma así a un encargo que ya nació con pretensiones muy altas, haciendo avanzar su arte hacia las puertas del primer renacimiento.

Una de las características fundamentales de la empresa de Alejandro hay que buscarla en su situación paradójica como defensor de los intereses de unas poleis en decadencia desde la perspectiva de una monarquía primitiva, donde la polis sólo fue un proyecto que buscaba sus modelos en el exterior. Ahora bien, para la defensa de esos intereses, se construyó el proyecto de Filipo de conquistar territorios que pudieran convertirse en subsidiarios y proporcionar poblaciones dependientes. La mayor paradoja hay que buscarla posiblemente en que esos territorios se convirtieron en punto de atracción para el proceder de una realeza primitiva, porque allí había una realeza más evolucionada, que podía satisfacer mejor las aspiraciones despóticas de un individuo ambicioso. Pero, además, el sistema de dependencia tributaria se revelaba, en definitiva, más eficaz para la nueva estructura, basada en un amplio dominio territorial, que el sistema de dependencia esclavista basado en el mercado, donde cada esclavo era objeto de compraventa, sólo garantizada por sistemas de solidaridad integrados en una ciudad ahora en decadencia como tal, pues los libres estaban en peligro y no se sentían suficientemente identificados en cada una de las estructuras representadas por cada polis. En el mismo movimiento expansivo se va viendo cómo es preferible la adopción del sistema tributario en el territorio conquistado y cómo pueden buscarse sistemas equiparables para extender al mundo griego. De ahí que se tienda a someter a la monarquía a la ciudad griega, no ya para proporcionarle los medios de conservar sus anteriores estructuras, sino para facilitar el camino que llevará a las nuevas estructuras. El influjo de la conquista de Alejandro viene a traducirse en que la polis se somete paulatinamente al sistema tributario hasta ahora representado por los grandes imperios de oriente, que los propios persas no han podido imponer en las ciudades griegas y que éstas ahora reclaman con la ayuda de una realeza no persa, sino vencedora de los persas. Ello no impide que en el sistema de Alejandro se intentara conservar y fomentar el mundo del mercado, empezando por la nueva concentración en torno al puerto fluvial de Babilonia y por el fomento de intercambios con Egipto a través de la nueva ciudad de Alejandría. El mercado pasa a desempeñar, en la nueva estructura, una nueva función, aunque posiblemente, desde el punto de vista subjetivo, Alejandro pretendía recuperar la funcionalidad antigua. Casi toda la obra de Alejandro puede definirse de esa manera, como la de quien sirve de vehículo para la renovación cuando pretendía conservar la estabilidad de los métodos antiguos, del reino macedónico y de la ciudad griega, igual que los de las monarquías orientales. La renovación se orienta precisamente por el camino de las estructuras más tradicionales y arcaicas del mundo antiguo.

Doctrina o religión que adora a varios dioses.

El archiduque Alberto de Austria, gobernador de los Países Bajos, tras renunciar a sus dignidades eclesiásticas y ser dispensado de su estado religioso, en 1598 abandonó Bruselas en busca de su prometida y prima la infanta española Isabel Clara Eugenia, con la que compartiera educación y juegos. Ya casados, entraron solemnemente en sus Estados como soberanos, siendo calurosamente acogidos en las tierras del Sur, cuyas principales ciudades les recibieron con festivas celebraciones: procesiones religiosas, cabalgatas cívicas, banquetes, conciertos y bailes. Enraizadas en la tradición local y en las costumbres europeas del Renacimiento, las felices entradas les fueron tributadas en Lille, Arras y Bruselas, permaneciendo célebre la que -diseñada y ejecutada bajo la dirección de O. Venius- le rindió Amberes (1599), perpetuada por los Plantin-Moretus en una edición con 31 láminas calcográficas (J. Bocchius, "Pompae triumphalis et spectaculorum in aduentu et inauguratione Seren. Prin. Alberti et lsabellae..." Amberes, 1602).Sin menospreciar el flujo cultural del jesuitismo postridentino y la aportación formal y estilística de Rubens, es evidente que, sin la activa intervención de los archiduques Alberto e Isabel -proseguida, sin solución de continuidad, aunque cada vez con menor intensidad, por el cardenal-infante Fernando y el archiduque Leopoldo Guillermo-, el arte flamenco hubiera ido por unos derroteros paralelos, cuando no muy similares, a los de sus vecinos del Norte. Sin embargo, la necesidad celebrativa de la Monarquía y la propagandística de la reputación del Estado, les llevó a favorecer un arte áulico centrado en plasmar la grandeza y los intereses políticos de la Corona, comisionando obras glorificadoras de la institución monárquica y de sus regias personas o de sus órganos de gobierno y sus representantes, junto a otras puestas al servicio de los ideales de la Iglesia, que -defendidos por las órdenes religiosas- estaban en íntima ligazón con el hecho público.De ahí, por ejemplo, que el retrato cortesano y de aparato alcanzase entre los pintores flamencos unas cotas altísimas, procurando hacer evidente, si es que no realzar, con pompa -hasta por las dimensiones del soporte y a la complejidad temático-compositiva de los cuadros-, el empleo político o la dignidad eclesiástica, además de la clase social, de la persona retratada, empleando en ocasiones, y según conveniencia, el simbolismo cristiano o la alegoría pagana. O que abunden en Flandes las obras de arte de tema alegórico y mitológico, adaptadas en cuanto a su dramatismo, alcance y significado a las exigencias políticas y morales del momento histórico, y destinadas a la ostentosa decoración -hasta por la desmesura de sus tamaños- de palacios y residencias campestres, de palacetes o de casas urbanas y de edificios públicos.Cultos y sinceros aficionados a las artes, educados en Madrid por Felipe II en el amor a la arquitectura y particularmente a la pintura, los archiduques le imitaron en la política que emprendieron en Flandes en favor de las artes. Apreciaron las creaciones pictóricas del Bosco, Patinir y P. Brueghel el Viejo y buscaron las de Mabuse y Metsys o los cuadros de Raffaello y Tiziano, con los que decoraron el Palacio real de Bruselas y el Castillo residencial de Tervuren, convirtiendo sus salas en maravillosas kunstkammeren con las piezas de mayor rareza de sus colecciones. Allí, entre pinturas, esculturas, obras de orfebrería y joyas, tapices, monedas, libros, estampas o instrumentos de música, se amontonaban ingenios técnicos y aparatos científicos, elementos de estudio y medición, más otros objetos tan curiosos como extraños.Prueba del delicado y ecléctico gusto de Alberto e Isabel son las tablas de J. Brueghel de Velours: La Vista y el Olfato, y El Tacto, el Oído y el Gusto, encargadas en 1618 por la ciudad de Amberes como una ofrenda a sus soberanos (destruidas, sólo se conocen las excelentes repeticiones ejecutadas por el artista con G. Seghers, F. Francken el Joven, H. van Balen y J. de Momper (Madrid, Prado). Como aquéllas de la magnífica serie de Los Cinco Sentidos, pintadas en colaboración con Rubens (Madrid, Prado), nos introducen en la naturaleza del refinado y cosmopolita mecenazgo y en el planteamiento de la política emprendida en los Países Bajos españoles por los archiduques que, apoyándose en sus súbditos más cultos, en las órdenes religiosas más emprendedoras y en la inquietud de los artistas, potenciaron antiguas tradiciones del país (D. van Alsloot, Fiesta del Ommeganck, de 1615. Madrid, Prado) y lograron que su pequeña corte se convirtiera en centro de intensa vida social alta cultura en los inicios del siglo XVII (Pourbus el Joven, Fiesta palatina ante los archiduques (La Haya, Mauritshuis). Para el cardenal Bentivoglio, nuncio en Flandes, la corte de Bruselas (a pesar de la rígida etiqueta hispano-borgoñona y de la dura tutela española) era, frente a Madrid, "más alegre, más agradable, a causa de la mayor libertad del país y de la mezcla de naciones que allí se encontraban" ("Memorie", edic. Milán, 1807).No en vano, entre 1631-38, fue albergue de señores franceses que, con sus familias y casas, huían del poderoso cardenal Richelieu, como María de Médicis, Gastón de Orleans y Carlos de Lorena. Y ello, sin arrebatar a Lovaina su carácter intelectual y universitario o sin anular la índole mercantil y la función financiera de Amberes. Por respetar, hasta consintieron que los mejores artistas cortesanos no residieran en Bruselas; ejemplares fueron los casos de Brueghel de Velours y Rubens que, nombrados pintores archiducales en 1609, siguieron -gracias a su permisividad- con sus casas y talleres abiertos en Amberes, la verdadera capital artística de Flandes, núcleo generador de una de las versiones más originales y atractivas del arte barroco transplantado desde Italia.Reveladora de la protección dispensada a las artes, de la aureola con que se rodearon y del gusto que fomentaron entre sus súbditos, más allá de la nobleza, es la imagen (familiar casi) que de su mecenazgo nos ofrece El gabinete de Cornelis van der Geest (1628) (Amberes, Rubenshuis), obra del antuerpiense W. van Haecht (1593-1637). En ella. se pretendió representar la visita que en 1615 giraron a la galería de ese rico comerciante y aficionado al arte, uno de los más tempranos protectores de Rubens y miembro de honor de la guilda amberina de San Lucas, o de los pintores. A pesar de su aire realista, es una visión ideal, no documental, reveladora del refinado gusto y las preferencias estilísticas de la burguesía flamenca (Van Eyck, Metsys, Rottenhammer, Tiziano, Elsheimer, Venius, Rubens, Giambologna, etc.) y de aquellos personajes que, como comitentes, aficionados y coleccionistas o como creadores, más influencia ejercieron sobre la sociedad del momento: Rubens, que habla con el archiduque sobre la tabla que les muestra el anfitrión; aparte de Ladislao Segismundo Vasa, futuro rey de Polonia, rodean a los príncipes el general y consejero A. de Spínola y la dama de honor de la infanta, duquesa de Croy; conversando con Van Dyck, el maestro de la ceca de Bruselas J. de Monfort; delante de la condesa de Arenberg, el regidor de Amberes N. Rockox, coleccionista de Rubens (F. Francken el Joven, Gabinete del burgomaestre Rockox. Munich, Alte Pinakothek), y el humanista J. van den Wouwer, consejero del Tribunal de Cuentas bruselense; aparte, J. de Cachiopin, coleccionista italiano, residente en Amberes, y P. Stevens, mejor marchante que pintor. Además de Rubens y Van Dyck, figuran los pintores P. Snayers, J. Wildens, F. Snyders y H. van Balen, así como el autor del cuadro, y los escultores H. van Mildert y el alemán J. Petel.Tan dilecto y experto fue el mecenazgo de los archiduques, que se potenció la tradicional afición de los flamencos por el arte, y muy en especial por la pintura, multiplicándose por todas partes los cabinets d'amateurs, sobremanera entre la alta burguesía mercantil, y no sólo entre la aristocracia. Además de los casos citados, Balthazar Moretus, el nieto del gran tipógrafo Ch. Plantin, encargó en 1613 doce retratos de hombres ilustres para decorar, con fin ejemplarizante, la remozada imprenta familiar antuerpiense de los Plantin-Moretus.

Don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, sería el nuevo hombre fuerte del Gobierno hispano durante la mayor parte del reinado del siguiente rey, Felipe IV, pues, aunque no le faltaban cualidades para poder ejercer personalmente el mando, éste prefirió depositar toda su confianza en el valido, dándole en consecuencia las riendas del poder. Así pues, el fenómeno del valimiento siguió cobrando importancia en menoscabo del protagonismo de la Corona, cuyo titular claudicó muy pronto como dirigente político, dedicándose casi enteramente a disfrutar de la vida cortesana y los placeres culturales a los que tan aficionado era, aun a costa de tener ciertos remordimientos por su actuación y por los graves problemas que se iban a suscitar durante su reinado, sin que fuera capaz de cambiar su comportamiento ni de atajar las dificultades. No obstante, el rumbo de la política española sí que cambió pues la personalidad de Olivares era muy distinta a la de Lerma o a la de Uceda, teniendo una talla de estadista que éstos no tuvieron y unos objetivos, en exceso ambiciosos, que contrastaban con la mediocridad de los planteamientos de los anteriores validos. A grandes rasgos, la política de Olivares se orientó hacia los siguientes objetivos: reforzar el poder estatal, que implicaba llevar a cabo una serie de reformas administrativas que acabasen con la corrupción y pusieran orden en la gestión burocrática; acentuar la centralización de decisiones y la unificación del territorio, exigiendo una mayor participación de todos los componentes en los destinos comunes y también la contribución material y humana correspondiente; moralizar la sociedad española y racionalizar el ordenamiento estamental para que los diferentes grupos actuaran de acuerdo con sus funciones; una proyección exterior de grandeza que convertiría a la Monarquía hispana en gran potencia mundial. Desgraciadamente para Olivares, la situación que atravesaba España por aquellos tiempos no era la más idónea, ni mucho menos, para la realización de sus objetivos. El choque entre lo que se quería y lo que se podía hacer por entonces iba a ser muy fuerte, terminando por provocar la caída del conde-duque. Pero a pesar del fracaso de su política, muchos planes renovadores se intentaron poner en práctica, aunque la mayoría de ellos no pasaron de la fase inicial a la hora de su realización. En los primeros años de su mandato Olivares efectuó una verdadera purga en el anterior equipo dirigente, ordenando castigos ejemplares para demostrar que pretendía acabar con la corrupción generalizada existente, a la vez que hacía suyos los capítulos de reformas que al final del anterior reinado se plantearon como posibles remedios para dinamizar de nuevo la vida nacional, abarcando éstos cuestiones de todo tipo (económicas, sociales, políticas, morales...). Las oposiciones se hicieron sentir desde muy pronto, lo que unido a las crecientes dificultades de financiación y a la ausencia del personal idóneo para llevar adelante su programa de gobierno, contando además con los muchos rechazos que la propia figura del valido suscitaba tanto por su arrogancia como por su encumbramiento, explica la paralización de los cambios y el surgimiento de los problemas internos, que la ambiciosa política exterior de Olivares no hizo sino agudizar e incrementar. La presión sobre los grupos privilegiados para que ayudasen más a los gastos estatales, el aumento de la carga fiscal sobre las clases humildes, la petición de dinero y hombres a los distintos reinos que formaban la Monarquía hispana, la venta de cargos y de tierras de realengo, las manipulaciones monetarias que tanto daño iban a producir en la economía española, en fin, todo cuanto pudiera servir para recaudar fondos que posibilitasen los planes de grandeza exterior sería utilizado. Las nefastas consecuencias de estas disposiciones gubernamentales no tardarían mucho tiempo en hacerse notar, alcanzándose en la década de los cuarenta una crítica situación de la que fueron buena muestra las agitaciones, revueltas y rebeliones que estallaron por doquier, amenazando con romper en múltiples pedazos el complejo entramado del Estado absolutista montado con tantas dificultades desde tiempo atrás.

Las relaciones entre Estado y economía a lo largo del siglo XIX estuvieron guiadas por el progresivo desmantelamiento de las prácticas mercantilistas desarrolladas por el Estado absoluto, atravesadas por el régimen señorial. En teoría, el liberalismo económico planteaba la retirada del Estado del ámbito económico, dejando al mercado el predominio en la asignación de recursos. Sin embargo, en todo el conjunto europeo estos presupuestos doctrinales se ejecutaron, en la práctica, a diferente ritmo, según la voluntad política de los poderes públicos y la capacidad de influencia sobre los mismos de los grupos de interés, más o menos articulados, o de la influencia de determinadas clientelas políticas asociadas a individuos de las elites económicas. Así, el debate proteccionismo-librecambismo, uno de los puntos centrales de la desarticulación de dichas prácticas mercantilistas, adquirió un tono diferente en los distintos países europeos, según se percibieran las posibilidades internas para el despegue industrial. En la propia Gran Bretaña, cabecera de la industrialización, la derrota definitiva del proteccionismo tuvo que esperar a 1846 con la abolición de la ley de granos. En el caso español resulta visible la interferencia de la ruptura del Estado transoceánico y la pérdida del mercado colonial, lo cual, al coincidir en el tiempo con la crisis interna del Antiguo Régimen y la construcción del Estado liberal, hizo asimétrico lo que en teoría estaba planteado como una evolución paralela que llevara al unísono la renuncia de las prácticas mercantilistas y el fin de las relaciones económicas del antiguo régimen, con su máximo en la abolición del régimen señorial. Al igual que durante su primer ensayo práctico de 1820-1823, el liberalismo derrumbaba la sociedad señorial y las relaciones estamentales, respondía a la pérdida del Imperio con la reivindicación de los principios proteccionistas para el sector exterior. Un proteccionismo agrario que posteriormente se vería acompañado de similar tendencia por el sector punta de la industrialización española: el textil catalán. Así, el mercantilismo quedaba disociado de su noción global: mientras el proteccionismo continúa aplicado al sector exterior, la legislación económica y social de los años treinta edificó un mercado interno bajo presupuestos liberales. La articulación real, y no sólo virtual, estará sujeta, entre otros condicionantes, a partir de entonces, a las mayores o menores dosis de proteccionismo exterior. De ello se derivarán diversas formas de integración de la economía española en el mercado mundial. La tendencia secular se encaminó hacia una reducción paulatina del proteccionismo que culminará con la potencialidad librecambista de la legislación de 1869 al abrir el horizonte de un futuro librecambismo truncal de 1875. Así, el arancel de 1869 respondería a la concreción del ideario demócrata, que vincula el desarrollo de la economía española a una mayor competencia con el exterior. A la altura de 1870, cuando los demócratas librecambistas tuvieron la ocasión de llevar las riendas de la política económica, España había empezado, desde hacía quince años, a integrarse de forma más coherente en el mercado mundial. El contexto internacional había creado nuevas pautas a partir del viraje librecambista británico de finales de los años cuarenta, y de la posterior firma del tratado comercial francobritánico de 1860, inaugurando una secuencia librecambista para el resto de países europeos. Esta mayor integración provocó transformaciones radicales en el comercio exterior español como condición necesaria para asegurar los proyectos de modernización económica emprendidos. El sector exterior, pues, se convirtió en un acicate fundamental para el crecimiento económico. Un sector exterior que fue alejándose de la estructura monoexportadora. Las exportaciones se diversificaron al socaire de las transformaciones del mercado interior. Igualmente fueron significativas las variaciones en la estructura de las importaciones: la progresiva disminución de los artículos alimentarios y el paralelo incremento de las materias primas, y, principalmente, de los bienes de equipo, en consonancia con el aumento de la producción industrial interior. Los demócratas del Sexenio fueron más lejos que los progresistas del Bienio en su valoración de las ventajas de una integración más profunda de la economía española en el contexto internacional. Durante el Bienio la acción del exterior se había entendido en la lógica del auxilio, la necesidad de tecnología, capitales y gestores. Los demócratas de 1868 valoraban la cuestión en términos de la necesidad de una mayor competencia con el exterior, de un contraste que asegurase mayores cotas de modernización y de crecimiento. Esta vocación extravertida incorporaba ingredientes políticos y doctrinales en un largo debate proteccionismo-librecambismo que venía desarrollándose desde decenios atrás y se prolongaría más allá del Sexenio, pero que había alcanzado una especial intensidad en los años sesenta. Había sido en esta época cuando la reivindicación librecambista alcanzó su máximo nivel teórico y de elaboración con la creación y expansión de la Asociación para la reforma de los aranceles. En su interior confluyó la intelectualidad demócrata que, por coherencia doctrinal, abanderó la causa librecambista. Esta había sido una constante en los comerciantes españoles, sobre todo aquellos vinculados al mercado exterior y al capital extranjero. Utilizaban el término librecambio en una doble acepción, interior y exterior, al igual que para los teóricos demócratas, hasta componer un discurso arbitrista en el que todos los males de la economía se atribuían al sistema proteccionista, desde la incapacidad de los fabricantes para adaptar las innovaciones tecnológicas, hasta la rigidez de la demanda. Según esta perspectiva, el sistema arancelario proteccionista encarecía las importaciones y favorecía un sistema de impuestos indirectos basado en los derechos de puertas y consumos, que entorpeció la circulación interior, creando, de hecho, una tela de araña aduanera que compartimentaba el mercado interior. En ambas direcciones, interior y exterior, se dirigió la política comercial de los Gobiernos del Sexenio desde sus orígenes. Respondiendo a la reivindicación popular, pero también por lógica doctrinal, tal como hemos apuntado, los derechos de puertas y consumos fueron abolidos. Se perseguía una mayor cohesión del mercado interior y un abaratamiento de los productos de beber, comer y arder, que permitiría destinar un porcentaje mayor de las rentas domésticas a otros tipos de consumo. Por su parte el ministro Figuerola, que había presidido la Asociación para la reforma de los aranceles, dio un viraje aperturista en materia de comercio exterior que se materializó en la Ley de Bases Arancelarias, promulgada el 12 de julio de 1869, que potenciaba el librecambismo. La ley no llegó a consumar plenamente sus objetivos, relacionados con la fijación de los derechos arancelarios en un máximo del 15%, pero sí logró una reducción apreciable de los mismos. Como resultado, los intercambios con el exterior provocarían una mayor competitividad interior, incrementándose considerablemente, por añadidura, la recaudación. Además del plano comercial los Gobiernos del Sexenio, sobre todo el Provisional, acuciado por una Hacienda Pública en pésimas condiciones y una grave crisis económica, se vieron forzados a maniobrar en los ámbitos fiscal, hacendístico y monetario. Laureano Figuerola intentó la recuperación de la Hacienda Pública. Para ello se hacía necesaria la disminución del déficit presupuestario y, por consiguiente, de una deuda pública que superaba los 22.000 millones de reales. Se puso en marcha una operación financiera a gran escala que, además de comprometer al Estado en un conjunto de préstamos, afectó sobremanera al sector minero, utilizado como garantía de la devolución de los mismos. El 1 de enero de 1869 entraba en vigor la nueva Ley de Minas. Inspirada en el principio librecambista de la propiedad perfecta, creaba las condiciones objetivas adecuadas para impulsar la minería española hasta un momento de auge que repercutiría favorablemente sobre la recaudación tributaria. La ley permitía el traspaso prácticamente a perpetuidad de la propiedad de las minas, antes pertenecientes a la Corona, a manos de inversores privados, para quienes la compra y explotación de las mismas sería más rápida y sencilla. La liberalización del sector atrajo hacia sí cuantiosas inversiones extranjeras que lo reanimaron y aumentaron el nivel de recaudación fiscal. España se convirtió en uno de los principales proveedores de minerales de las economías industriales europeas, con el consiguiente alivio de la balanza de pagos. Este proceso ha sido denominado la desamortización del subsuelo español. La legislación minera de 1868 abrió los cauces de una segunda oleada de inversiones extranjeras, antes centradas en el ferrocarril, que ahora acabarán por controlar los recursos básicos del subsuelo español. Las consecuencias de estas inversiones han sido objeto de amplio debate historiográfico. Para Sánchez Albornoz las minas terminaron por convertirse en una suerte de enclaves extranjeros sólo ligados territorialmente a España, pero sin articulación con el resto de la economía, salvo en el caso del hierro. En la misma onda se sitúan Ramón Tamames y Juan Muñoz. El extremo opuesto lo ocupa Gabriel Tortella: "Ejercieron una demanda de mano de obra, estimularon el desarrollo de una tecnología minera nacional, de una industria de bienes de equipo y de explosivos, que ocasionaron considerables inversiones en infraestructuras, como la construcción de ferrocarriles y puertos, y vinieron a paliar el déficit en la balanza de pagos". Es un tema abierto. En el caso del hierro, la nueva situación coadyuvó, según los análisis de González Portilla, al despliegue de la industria siderúrgica vasca, sobre todo por la presencia de capitales vascos en la explotación del hierro de Somorrostro y en la combinación de los beneficios de la venta de hierro a Gran Bretaña y de la importación, desde allí, de la energía necesaria. Sin embargo, la explotación del cobre y el plomo, casi enteramente en manos extranjeras, no desembocó en un proceso industrializador afín. La balanza comercial quedó aliviada, pero las expectativas tributarias resultaron frustradas al convertirse el sector en un auténtico paraíso fiscal, sometido a una baja presión y a todo tipo de fraude. Además, la penuria hacendística forzó, en 1870, la concesión de la explotación y comercialización del mercurio de Almadén a los Rothschild, por un período de cincuenta años, y en 1873 la venta de las minas de cobre de Riotinto al capital británico, por 22.800.000 pesetas. En el terreno monetario lo primero que Figuerola planteó fue la implantación de la peseta como unidad monetaria española, bajo los acuerdos de la Unión Monetaria Latina, firmados en 1865, que establecían un patrón bimetálico, en plata y oro, para la acuñación de monedas. Este patrón bimetálico, a medio plazo, no podría sostenerse y acabaría siendo sustituido por el predominio de la circulación fiduciaria. El decreto de fijación de la peseta como unidad monetaria fue de 19 de octubre. En su preámbulo se hacía un canto a la soberanía nacional: "la moneda de cada época ha servido para marcar los diferentes períodos de la civilización de un pueblo, presentando en sus formas y lemas el principio fundamental de la constitución y modo de ser de la soberanía, y no habiendo hoy en España más poder que la nación ni otro origen de la autoridad que la voluntad nacional, la moneda debe ofrecer a la vista la figura de la Patria... borrando para siempre de este escudo las lises borbónicas". En 1874 la concesión del monopolio de emisión al Banco de España vendría a regular el ordenamiento monetario, además de posibilitar una sustitución estable y ordenada del dinero metálico por dinero fiduciario. Los antiguos bancos emisores se transformaron en sucursales del Banco de España, o tuvieron que cambiar su horizonte. El privilegio de emisión descansaba, además, sobre razones hacendísticas. Se trataba de establecer las bases de un modelo más estable de tratamiento de la deuda, para evitar las desventajas del Estado en la consecución de anticipos, que había mediatizado hasta entonces su actuación, dadas las onerosas condiciones de los prestamistas y la inmediatez con que siempre fue intentado el arreglo de la deuda. Ahora se vinculaba Hacienda y banco emisor, permitiendo sentar las bases de una estabilidad a medio plazo, sin recurrir a las urgencias y las negociaciones desventajosas, además de que el Banco de España, al financiar al Tesoro, aseguraba la canalización de recursos ajenos hacia la deuda pública. Y es que el problema de la crisis hacendística, heredada del pasado, agobió hasta límites insospechados a los diferentes gobiernos del Sexenio. Técnicamente el Estado estaba en suspensión de pagos. En 1868 el monto de la deuda pública se elevaba a 22.109 millones de reales, con unos intereses de 591 millones de reales, aproximadamente. Si a ello añadimos las deudas a corto plazo por anticipación de fondos de la banca extranjera, los efectos de la crisis agraria de 1867-1868, y la reciente abolición de los derechos de puertas y consumos, se completa un panorama para cuya solución quedaban pocos márgenes de actuación. Los empréstitos exteriores se negociaron cada vez en condiciones menos ventajosas, conforme el Estado se hacía más insolvente, hasta desembocar en la bancarrota hacendística de 1870-1874. El Estado se convirtió, durante la segunda mitad del siglo, en rehén de los grandes prestamistas exteriores, que obtuvieron notables ventajas directas e indirectas, tanto políticas como económicas. Así lo que en principio podría parecer un ruinoso negocio para el prestamista de un Estado insolvente, encubría una especulación beneficiosa a base de concesiones y privilegios. El servicio de la deuda acabó por convertirse en el capítulo más importante del gasto público, llegando a su máximo en 1870, cuando supera la mitad del presupuesto. A largo plazo en la estructura del gasto, entre 1850 y 1890, la partida deuda pública y clases pasivas absorbió un tercio de los gastos, igual proporción que el destinado a gastos militares, de orden público y de mantenimiento del clero, y situándose por encima del presupuesto, atribuido a otros ministerios, y, desde luego, muy superior a la inversión del Estado en obras públicas".

Como ha señalado Eric J. Evans, el Reino Unido comenzaba a rebasar, a comienzos de los años setenta, el punto cenital de su influencia como potencia económica y diplomática, pero eso quedó oculto a muchos de los contemporáneos, impresionados por la consolidación de un gran Imperio colonial. A los avances realizados hasta mediados de siglo sucedió, en los años objeto de este capítulo, la consolidación de un Imperio librecambista, en el que los intereses comerciales parecían ir acompañados de una voluntad civilizadora que era consecuencia de un profundo sentimiento de superioridad moral. Pero también siguieron contando las consideraciones estratégicas y la voluntad de impedir, mediante el asentamiento colonial, la presencia de competidores o el desarrollo de conflictos que pudieran perjudicar los intereses británicos. En la India, que continuaba siendo la pieza fundamental del Imperio, se realizó la anexión de Oudh en 1856 y la gran insurrección de los cipayos en 1857 permitió una profunda reorganización del territorio con la supresión, en 1858, de la East India Company, y la transferencia a la Corona de todos sus territorios y propiedades. El gobernador general se convirtió en virrey. En Australia, el descubrimiento de oro en Victoria a comienzos de los cincuenta aceleró el crecimiento de la población colonizadora, a la vez que aumentaba la importancia económica de la colonia. La opinión favorable al autogobierno de las colonias, desarrollada en la metrópoli desde mediados los cuarenta (Edward Gibbon Wakefield y William Molesworth) se tradujo en la concesión de estatutos de autonomía a Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Australia del Sur y Queensland entre 1852 y 1859. En cuanto a Canadá, la Columbia Británica se convirtió en colonia de la Corona en 1858, y poco después se iniciaron los trabajos que desembocaron en la British North America Act de 1867, por la que las colonias de Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick pasaban a constituir un dominio de la Corona. Poco después se les unirían Manitoba y la Columbia Británica.El Imperio parecía sólido, pero el motín de la India, que tuvo ecos en otras colonias, dañó profundamente la autoestima de los colonizadores, que veían que sus afanes civilizadores no eran correspondidos con el aprecio de los colonizados. Aún tendrían que venir peores tiempos.