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El concepto de clase media, alrededor de 1835, está lejos de expresar todavía una concepción política de clase, como han estudiado Brotel y Bouil. Se trata de un concepto sociológico de capa intermedia nueva en vías de desarrollo que aspira a subir en la escala social: ennoblecerse o aburguesarse al menos en las formas de vida. Unos quince años más tarde, a finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, numerosos textos evocan el número creciente de las clases medias (por absorción de otros grupos que mejoran su situación, buena parte de labradores entre ellos) y su pujanza social y política. En todo caso, durante todo el siglo XIX el término clase media conserva el significado de capa intermedia en la jerarquía social entre pueblo y aristocracia. En los años sesenta y siguientes del mismo siglo, y por parte del sector -escaso todavía- del proletariado más consciente y combativo, se utiliza el concepto clase media de una forma igualmente poco precisa en el sentido de clase dominante o, lo que es lo mismo "clase explotadora y poseedora de los medios de producción", identificándola con la burguesía de los negocios (Brotel y Bouil). Esta última simplificación, quizás útil para las contiendas sociales contemporáneas pero empobrecedora para el conocimiento de nuestra historia social, es la que se ha transmitido a parte de la historiografía más reciente. La realidad es que cuando tienen una cierta capacidad de ahorro, como ha señalado Palacio (1978), prefieren comprar bienes inmuebles y sólo escasas veces invierten en actividades productivas y generadoras de riqueza. Su mentalidad económica es muy arcaica, lo que les lleva a considerar la tierra como la propiedad más sólida. Salvo excepciones, el cultivo directo o indirecto de estas tierras es igualmente arcaico. Hay que señalar sin embargo un cambio a medida que avanza el siglo, especialmente a partir de la década de los sesenta, cuando algunos individuos de las clases medias también invierten en nuevas actividades como el ferrocarril, el comercio o la industria o incluso depositan su dinero en las nacientes entidades financieras. En mi opinión, las clases medias engloban parte de la burguesía de los negocios, así, los medianos comerciantes de los núcleos urbanos y los más importantes labradores. Sin embargo, hay otros grupos de clases medias que no se pueden identificar con la burguesía de los negocios. Los funcionarios, profesionales liberales, maestros artesanos con taller abierto, empleados cualificados, profesores, periodistas, escritores, clero, propietarios o rentistas y medianos labradores son grupos diferentes susceptibles de estudios específicos cada uno de ellos con cortes horizontales que representan diversos niveles. Estas clases medias, urbanas y rurales, sin ser mayoría en la población como hemos visto, constituyen el nervio del país y controlan la administración pública, la cultura y la enseñanza, la información, la institución eclesiástica, el ejército, el comercio de distribución de los productos agrícolas y el resto de los bienes de consumo, los talleres y modestas fábricas más próximas al Antiguo Régimen que a la industria contemporánea. Al mismo tiempo que son responsables en buena parte del freno al desarrollo del país, la actitud y actividad de algunos grupos provoca lentos cambios que, en ocasiones, se aceleran (1833-35; 1854-1855; 1868). Por todo ello, el análisis de esta clase social es clave para entender la evolución de la historia española del siglo XIX. La administración pública no sólo experimentó los cambios de organización y estructura que acompañaron a la implantación del sistema liberal, sino que sus funciones aumentaron de tal manera que el Estado fue asumiendo cada vez más parcelas de servicios. Los empleados públicos, en términos absolutos, se multiplicaron por tres entre 1797 y 1877. El Estado actuaba directamente o a través de las diputaciones y ayuntamientos. En 1860, los empleados civiles del gobierno, en su mayoría distribuidos por las delegaciones provinciales, eran unos 30.000. Otro tanto los empleados de los municipios. La administración provincial, a cargo de las diputaciones que se encontraban en fase de expansión, tenía solamente unos 5.000 funcionarios. Ejército y Armada, salvo circunstancias bélicas especiales como las guerras de Independencia y carlistas, estaba formado por unos 150.000 hombres de los que un tercio aproximadamente eran profesionales desde suboficiales a jefes. El número medio de soldados movilizados por el sistema de quintas era de unos 100.000. El sistema se fue modificando hasta que una ley de 1837 generalizó teóricamente a toda la población masculina la entrada en el sorteo. De esta ley se excluían los que tuvieran alguna causa prevista: enfermedad, baja estatura, hijo único de viuda o de padres mayores y otras. El total de mozos restantes eran divididos en cinco series o listas. Los mozos o quintos que integraban la serie agraciada era el contingente de soldados de ese año. Aunque, de hecho, los que tenían medios económicos no llegaban nunca a vestir el uniforme de recluta. Una vez que se había realizado el sorteo, había otros medios de eludir el servicio: la evasión (por la que se pasaba a la categoría de prófugo); la sustitución, acto mediante el cual por escritura pública ante notario, un quinto pagaba de 4.000 a 6.000 reales a otro mozo "voluntario" (de entre las otras cuatro series excluidas en el sorteo) y la redención, por la que se pagaba una cantidad al Estado. Para la mayoría, las quintas eran odiosas. El deseo de suprimirlas se convirtió en una de las peticiones populares de la revolución de 1868. El reciente y concienzudo trabajo de José Jiménez Guerrero demuestra que, en la década de 1860, casi una cuarta parte de los mozos se libraban de su obligación de ir a filas mediante la redención o la sustitución. Las bajas por redenciones se cubrían con voluntarios entre los mozos excluidos del sorteo y los quintos reenganchados que recibían una contribución económica. Entre 1852 y 1867, unos 60.000 mozos se reengancharon por ocho años y otros veintidós mil lo hicieron por un plazo menor. 82.000 soldados que cubrieron a los 75.000 redimidos. Los hijos de las clases altas y medias e incluso parte de los que pertenecían a las medio bajas, especialmente de las ciudades y cabezas de partidos judiciales, no fueron al ejército, como clase de tropa. Esta estaba formada por las clases bajas especialmente rurales mediante sustituciones y reenganches. En contraste, la Milicia Nacional y la oficialidad del ejército estaban compuestas casi exclusivamente por los grupos sociales que tenían capacidad económica para no ser quintos. Los oficiales y jefes, en tiempos de paz constituían una proporción demasiado elevada para las dimensiones y el tipo de ejército. Muchos de ellos se dedicaban a tareas de lo más diversas, entre las que destacaba la política. Un cuerpo especialmente cualificado, como el de ingenieros, llevaría a cabo trabajos técnicos que hubieran correspondido a civiles en una sociedad más evolucionada. Los ingenieros civiles, junto con los arquitectos, se irían incorporando de manera gradual a los trabajos técnicos hasta llegar a ser contabilizados unos 5.500 en 1877. Cabe señalar aquí un grupo especialmente interesante, el de los capitanes de buques de la marina mercante, unos cinco mil, según recoge el Censo de 1860. Los censos no son claros respecto al número de magistrados. La evolución del de abogados, aunque éstos proporcionaban también otros servicios, nos puede servir para medir el peso de la administración de justicia. Redondeando las cifras se puede afirmar que entre 1797 y 1860-1877 los abogados pasan de unos 6.000 a 12.000. Una multiplicación por dos que significa bastante menos en proporción al conjunto de la población. Es muy interesante observar la concentración paulatina de estos profesionales en Madrid, prueba del peso cada vez mayor que la capital va tomando en la actividad política y financiera del país, actividades con la que muchos de los abogados madrileños tenían una estrecha relación. Hay otro conjunto de profesionales liberales entre los que destacan los facultativos: médicos, cirujanos, veterinarios (albéitares) y boticarios. Los veterinarios se multiplican por dos en números absolutos (5.200 en 1797 y 10.200 en 1797). Se trata de una profesión, como casi todas las anteriores, que ejercían exclusivamente los hombres hasta el punto de que el Censo de 1877 lo especifica así: "todos son hombres". La importancia de este incremento radica en la cualificación de aquéllos que atienden especialmente la cabaña ganadera, lo que implica un modo nada desdeñable de intensificación de esta producción especialmente observable en la cornisa cantábrica. Médicos y cirujanos permanecen estables, en torno a los 13.500 y 14.000 en un período tan prolongado de tiempo. Esto significa que descienden paulatinamente en relación con el resto de la población. Cada médico debía atender a un mayor número de pacientes. Sin una estructura sanitaria adecuada a las necesidades del país, asistimos a un estancamiento en uno de los sectores básicos del mundo contemporáneo que nos deja ver un grado escaso de modernización en este aspecto. Los boticarios (3.978 en 1797 y 3.989 en 1860), tras una larga etapa en la que la situación fue semejante a la de los médicos, van a incrementarse rápidamente para superar los 6.300 tan sólo unos años más tarde (1877). La creación de nuevas facultades de Farmacia y las grandes posibilidades del mundo rural, por donde se extendieron los nuevos farmacéuticos, explicarían este crecimiento. Los profesionales de la enseñanza se multiplicaron proporcionalmente a la disminución del analfabetismo. El Censo de 1797 no recoge la profesión de maestro, lo que ya es significativo, mientras que los de 1860 y 1877 dan unas cifras de algo más de 23.000 y cerca de 32.000, respectivamente. En la última fecha aproximadamente un tercio son mujeres. Además de estos maestros que se censan como tales, había otros muchos que compartían otras dedicaciones, como por ejemplo el párroco de un pueblo. El número de profesores de enseñanza secundaria y universitaria era de unos 1.500 en 1797 y cerca de 4.000 en 1860. De ellos, unos 2.600 enseñaban en institutos dependientes de las diputaciones y las universidades del Estado y 1.400 en colegios privados. Los datos de 1877, año en el que aparecen 3.300 profesores sin especificar, posiblemente se refieran a profesores de enseñanza pública, mientras que los de la enseñanza privada se han censado en su mayoría como religiosos. Entre 1797 y 1860, el clero regular ha disminuido notablemente. Las monjas en un tercio y los religiosos han quedado reducidos a casi sólo los escolapios por causa de la exclaustración. La interpretación laxa del Concordato de 1851 no se hizo hasta después de 1875. En 1877, se refleja el crecimiento salvo en unos cuantos miles que se incrementarán rápidamente desde entonces. Respecto al clero secular, que también disminuye, creo que fundamentalmente desaparecen entre los beneficiados, capellanes, etc. que pierden buena parte de sus bienes desde 1798. Sin embargo, permanece un número muy semejante de clero parroquial. El número y la dedicación de los auxiliares eclesiásticos del clero secular en 1797 y 1860 es prácticamente el mismo. Ello a pesar de haber disminuido considerablemente el número de sacerdotes y haber aumentado la población. La gran mayoría de estos asistentes trabajaba en las parroquias y éstas siguieron siendo prácticamente las mismas entre ambas fechas si bien con una media de parroquianos mucho más elevada. El comercio de distribución de los productos agrícolas y el resto de los bienes de consumo estaba en manos de tres grupos que he simplificado en tres epígrafes de los censos comerciantes, arrieros y carreteros y fondas/cafés. Las familias que podríamos agrupar entre las clases medias están fundamentalmente en el primer grupo: comerciantes. En conjunto, el número de comerciantes (unidos a sus familias) se multiplica por tres entre 1797 y 1860 y de nuevo por dos entre esta fecha y 1877. De tal manera que entre 1797 y 1877 los comerciantes son 5,5 veces más. En términos relativos con la población de cada año, los comerciantes se ha triplicado con creces. Los dueños de talleres y modestas fábricas, más próximas al Antiguo Régimen que a la industria contemporánea (maestros artesanos con taller abierto) así como algunos empleados cualificados, formarían parte de las clases medias, si bien en los límites inferiores. Situados dentro de una numerosa población activa del sector secundario, no son fácilmente cuantificables porque salvo en 1797, que señala cerca de 118.000 maestros dentro de los fabricantes, los censos de 1860 y 1877 no diferencian entre propietarios y asalariados. Queda, por último, aludir al grupo más numeroso de las clases medias en el mundo rural: los medianos labradores, que cultivaban tierras en propiedad o arrendamiento. Estos labradores, que denominamos medianos, sembraban extensiones que les proporcionaban excedentes, después de reservar parte del rendimiento para el consumo familiar. Vendían el resto normalmente el mismo año de la cosecha porque no podían esperar más. La diferencia con los labrantines o pequeños propietarios estaba en que la cantidad de tierras cultivadas era suficiente para mantener al labrador y su familia sin necesidad de trabajos accesorios. A diferencia de los grandes labradores no solían emplear mano de obra asalariada, salvo en momentos y circunstancias excepcionales. Son los labradores de "buen pasar", que viven en condiciones bastante duras pero que, salvo accidentes climatológicos, no necesitan préstamos y, por lo tanto, no están expuestos a la pérdida de sus tierras por impago de hipotecas. Sin embargo, en las zonas de arrendamientos cortos, sí tienen periódicamente, en la parte de tierras que arriendan, la espada de Damocles del desahucio. No sabemos con precisión la evolución del número de estos labradores, pero sí que aumentaron mucho entre 1797 y 1877, singularmente durante el período isabelino. Hubo muchos pequeños labradores que por sucesivas acumulaciones de tierras en propiedad pasaron de tener, por ejemplo, de diez a veinte hectáreas en propiedad, lo que les permitió disminuir el número de tierras en arrendamiento con los gastos e inseguridad que ello comportaba. El número de propietarios crece llamativamente entre el Censo de 1797 y 1860. Aun suponiendo que todos los hidalgos, que he considerado que se dedicaban a la labranza en 1797, fueran propietarios y sumados a los que el censo señala expresamente como propietarios (más sus respectivos dependientes) el resultado final sería cerca de 2.250.000 españoles frente a los casi 3.100.000 que recoge el Censo de 1860. Sin embargo, los arrendatarios habrían descendido desde 1.775.000 de 1797 a menos de 1.075.000 en 1860. La suma total en números absolutos es algo menor (100.000 labradores menos en 1860 que en 1797) y sobre todo, disminuye en proporción a la población de cada año, pues pasan del 36,6% en 1797 a poco más del 27% en 1860. Lo significativo es el aumento de propietarios. Obviamente, el hecho de que el censo los identifique como propietarios no significa que no tuvieran tierras en arrendamiento sino que mientras que años antes el grueso de su labranza estaba formada por las que llevaban en arrendamiento, aparcería u otras formas semejantes, ahora, en 1860, lo predominante eran las de su propiedad. No todos ellos pueden considerarse medianos propietarios, pero me atrevo a considerar que sí lo era buena parte de ellos al menos en las regiones de predominio de la mediana explotación. Hay un hecho sobre el que conviene llamar la atención y que afectaba, en la sociedad rural, especialmente a estos labradores: la movilidad social. El sistema liberal, con todos los mecanismos de mercado que introdujo, permitió el ascenso de labradores situados en las clases bajas a una posición más holgada que permite ubicarlos en las clases medias. Así, nos encontramos pequeños labradores que pasaron a labradores acomodados. La compra acumulada de tierras en la desamortización -a través de varias generaciones en un proceso lento- fue una causa decisiva de ello en algunas regiones, especialmente en la España del norte.

Era proverbial en España la abundancia de funcionarios y, en general, de empleados del Estado. A la cifra de 27.000 que recogen los recuentos de la época, habría que añadir aquellos que dependían del ejército y de la marina, así como los empleados de la administración de justicia y del correo. Durante la última etapa del reinado de Fernando VII se llevó a cabo una importante reforma en la administración pública tendente a la centralización, a la jerarquización y a la profesionalización de los diferentes cuerpos. El cesante, es decir, el funcionario que ha sido destituido, pero que conserva una modesta pensión y que pasa a constituir una reserva utilizable, se convierte ya en esta época en una figura emblemática. Para Alberto Lista, este numeroso grupo de ciudadanos ligados a la administración está situado entre la clase superior y aquella de los jornaleros y de los proletarios. Para los observadores extranjeros seguían siendo dignas de reseñar las costumbres populares de la nobleza en España así como el carácter elevado de las clases populares, las cuales conservaban un sentido de la dignidad y una nobleza natural como no se encontraban en otros países. Poco más de la mitad de la población española se ocupaba en la agricultura, mientras que sólo la décima parte lo hacía en la industria y en la artesanía. Más de un tercio de la población era improductiva y eso escandalizaba al embajador francés, quien afirmaba que "si a eso se le añade la costumbre de la siesta, el cigarro y la gran cantidad de días de fiesta existentes, uno podría convencerse de que España es uno de los paises de Europa donde menos se trabaja". También Sebastián Miñano señalaba que apenas había una semana con menos de tres días en los que exista una excusa para dejar de trabajar. La abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz y la aplicación de esta medida durante el periodo constitucional iniciado en 1820 planteó una serie de conflictos sociales ya que los campesinos se negaron a continuar pagando sus rentas en aquellos lugares en los que los nobles no podían demostrar fehacientemente la propiedad efectiva de la tierra. Muchos nobles reclamaron a las Cortes que sus rentas procedían de contratos libremente pactados con los colonos y que, por consiguiente, si éstos tenían algo que reclamar que lo hiciesen ante los tribunales, pero que debían seguir pagando hasta que no se produjese una sentencia firme por parte de estos. El problema, no resuelto por la caída del régimen constitucional, volvería a plantearse crudamente después de la muerte de Fernando VII. Según los datos disponibles, el numero de artesanos disminuyó considerablemente durante el primer tercio del siglo XIX. El proceso de crisis se había iniciado ya en el siglo XVIII, pero el aumento de las actividades fabriles y la decadencia de los gremios influyó en la progresiva mengua de este sector de la sociedad. En realidad, la desaparición de los gremios fue decretada por primera vez cuando las Cortes gaditanas plantearon en 1813 la libertad de asociación de los trabajadores. En 1814 fueron restablecidos con ciertas limitaciones y durante el Trienio Liberal se les dio un duro golpe cuando se permitieron las iniciativas económicas sin respetar las normas gremiales. Aunque la abolición definitiva de los gremios no se produciría hasta 1834, estas corporaciones se habían ya ido extinguiendo de hecho a lo largo del reinado de Fernando VII. La disminución del número de artesanos fue acompañada por un incremento paulatino de los operarios de fábricas que encontraron su oportunidad en la aparición de los numerosos negocios que surgieron al amparo de las nuevas leyes que garantizaban la libertad industrial. Estos trabajadores carecían de todo tipo de protección, ya que la burguesía que regentaba el comercio y la industria trataba de impedir cualquier tipo de asociación que velase por los intereses de éstos. Comienza a nacer, pues, un proletariado en las grandes ciudades que tomará conciencia en pocos años de su débil situación y mostrará una mentalidad muy alejada ya de la tradicional que había presidido la de los trabajadores gremiales.

El peso de los problemas económicos del siglo recayó de forma especial sobre los hombros de los más humildes. Las clases populares padecieron en mayor grado que ninguna otra los efectos del endurecimiento de las condiciones de vida. En las ciudades el artesanado acusó negativamente las consecuencias de la contracción de la demanda de manufacturas y de la competencia de la industria rural. El paro aumentó. Los gremios, debido a la rigidez de sus estructuras, no alcanzaron a adaptarse a las nuevas circunstancias y, por regla general, la respuesta a la crisis consistió en la reacción corporativa. Los gremios cerraron filas en la exigencia de hacer valer sus privilegios, y ello contribuyó al enquistamiento de la institución. En algunos países, como Francia, los oficiales y aprendices de los oficios llegaron a organizarse secretamente para la defensa de sus derechos, estableciendo lazos de solidaridad y desarrollando acciones de carácter reivindicativo. Estas organizaciones, conocidas como "compagnonnages", resultaron muy activas en las principales ciudades industriales francesas, como sucedió en el caso de Lyon. Intentaron controlar las contrataciones y presionar para mejorar los salarios. Para ello no dudaron en recurrir a la huelga. La ausencia de oportunidades para ascender al grado de maestro y el creciente control de la industria urbana por parte de grandes empresarios capitalistas contribuyeron a aumentar los factores de conflictividad laboral en las ciudades. Este tipo de movimientos ha sido justamente calificado como la auténtica prehistoria de la lucha obrera. En el ámbito rural los campesinos hubieron de enfrentarse a los graves problemas por los que atravesó la producción agraria, pero también a la ofensiva señorial. Las condiciones de vida en el campo, crónicamente dificultosas, se agravaron aún más. Las malas cosechas y las deudas arruinaron al pequeño campesinado. A este cuadro sombrío se sumó el fenómeno de reseñorialización activado como respuesta espontánea de la nobleza ante la crisis. Los señores presionaron sobre sus vasallos al objeto de intentar mantener sus niveles de renta, al tiempo que los privaban de tierras de disfrute comunal. Muchos campesinos quedaron en la miseria y alimentaron el ejército de vagabundos que caía sobre las ciudades en busca de medios de subsistencia. En algunas áreas los campesinos lograron complementar sus ingresos mediante el ejercicio a tiempo parcial de manufacturas domésticas. La industria domiciliaria mejoró algo las expectativas de la población rural, si bien a expensas de una mayor inversión en horas de trabajo complementarias, que incrementó el grado de explotación del campesinado y lo hizo depender de los empresarios urbanos que organizaban este sistema de producción. La coyuntura bélica del siglo incidió de manera profunda sobre las clases populares, tanto por sus consecuencias directas como por sus efectos indirectos. La guerra significaba, en sus escenarios más inmediatos, la destrucción y la desorganización de la vida económica. Pero también, en términos generales, la movilización y el aumento de la presión fiscal. La escala creciente de la magnitud de los fenómenos bélicos implicaba la necesidad de nutridos ejércitos. La demanda de hombres para la tropa se conjugaba mal con la escasez de recursos humanos resultante de la crisis demográfica. El enrolamiento voluntario, por otra parte, tendió a descender. Consecuencia de todo ello fue la apelación por parte del Estado a la movilización obligatoria de contingentes, reclutados en su mayor parte entre los sectores más humildes. La guerra trajo también el aumento de los impuestos, que recayó sobre una población menos numerosa y económicamente debilitada. Los grandes gastos de financiación de los ejércitos recaían directamente en forma de contribuciones sobre la población pechera. La voracidad fiscal del Estado contribuyó así de forma decisiva a hacer más gris aún el cuadro de la crisis. El resultado de este conjunto de factores desde la perspectiva de las condiciones de vida del pueblo llano fue doble. Por una parte, la agudización del problema del pauperismo y la mendicidad, que cobró preocupantes dimensiones. Por otra, la intensificación de la conflictividad y de la protesta social, tanto en el ámbito urbano como en el campesino, que se materializó en gran número de revueltas y rebeliones, extendidas por toda Europa.

A principios de la Edad Moderna el estamento nobiliario comenzó a experimentar un proceso de mixtificación. En sus filas coincidieron dos sectores netamente diferenciados por su origen social. Por un lado, la vieja nobleza feudal representaba la continuidad de los antiguos linajes medievales, elevados a los cuadros de la aristocracia por servicios militares y herederos de una mentalidad en la que el estamento se autorrepresentaba como clase por excelencia guerrera. Tales linajes se distinguían por su fuerte poder económico, de base territorial, por la acumulación de señoríos y por su grado de influencia político-social. En algunos casos, los territorios bajo su jurisdicción constituían pequeños Estados cuasi autónomos, auténticos obstáculos en el proceso de construcción de un poder centralizado en manos de las Monarquías renacentistas. Pero la vieja nobleza guerrera se enfrentaba ahora a la ascensión de una nueva nobleza, nutrida en buena medida de elementos de origen burgués, cuya vía hacia el ennoblecimiento vino representada por el privilegio real, dispensado en ocasiones como forma de compensación de servicios al Estado. La joven maquinaria estatal requería servidores útiles y capaces, de formación jurídica y universitaria, que ejercieran eficazmente funciones burocráticas en los cuadros de la Administración, cuyos servicios se pagaron a veces mediante la concesión del estatuto de nobleza. Estos nuevos nobles lo eran, por tanto, por privilegio real, pues sólo al rey correspondía la facultad para hacer nobles. Generalmente la vieja nobleza miraba con desdén y recelo a éstos que consideraba advenedizos de inferior calidad. Un dicho común sostenía que "el rey podía hacer un noble, pero no un caballero", aludiendo a la autenticidad de la nobleza heredada. En el siglo XVI se produjo una dialéctica en países como Francia, Italia o Flandes entre escritores que mantenían una cierta teoría racista de la nobleza, como condición transmitida por herencia (Stefano Guazzo, Alessandro Sardo) y otros que, como Guillaume de la Perrière o Girolamo Muzio, defendían una nueva ética fundada en los ideales renacentistas, según los cuales la nobleza derivaba de las virtudes individuales como la educación o el servicio al Estado; es decir, tratadistas que ensalzaban la nobleza de espíritu frente a la de sangre (H. Kamen). El desprecio hacia los nuevos nobles era aún mayor cuando el dinero se encontraba detrás del ascenso a la aristocracia. En momentos en los que atravesaron por fuertes aprietos financieros, las Monarquías no dudaron en vender cartas de nobleza como una forma añadida de atraer recursos monetarios hacia sus exhaustas arcas. Otras veces, muy frecuentes, se trataba simplemente del ascenso de la burguesía enriquecida, que utilizaba su fortuna como palanca de promoción social. Así pues, junto a la vieja nobleza del feudalismo tardío creció una nueva nobleza de privilegio que aportó al estamento un factor de diversificación. De todas maneras, durante el siglo XVI los monarcas no abusaron de su prerrogativa de elevar a individuos a la nobleza, aspecto que diferencia al siglo XVII, en el que se produjo una verdadera inflación de honores. En Francia, por ejemplo, Francisco I expidió tan sólo 183 cartas de nobleza en sus treinta y dos años de reinado (J.-R. Bloch). Sin embargo, el ennoblecimiento mediante cargos cortesanos, judiciales o municipales fue relativamente frecuente, en la medida que ciertos cargos conferían automáticamente la categoría nobiliaria a sus titulares, algunas veces de forma completa, es decir, hereditaria, y otras con carácter vitalicio (P. Goubert).

Para enmarcar el tema que ahora nos ocupa tomaremos en cuenta algunos elementos en función de los cuales se suele determinar la existencia o no de clases sociales en un concreto contexto. Entre ellos están las relaciones que guardan diferentes sectores de una comunidad con respecto a los medios de producción; el lugar que ocupan en lo que toca a la organización del trabajo; el consiguiente beneficio que derivan de su trabajo y de la producción en general; los distintos rangos que, en una especie de estratificación, van ocupando esos sectores que, en diversas formas, participan en la producción: sus privilegios o carencias de los mismos; su participación en otros campos como los de la política, organización religiosa, arte, etcétera. Atendiendo a estos puntos de vista, pasamos a describir la situación que prevaleció en la sociedad azteca por lo menos durante el último siglo antes de la conquista española. En primer lugar haremos referencia a los macehualtin, "gente del pueblo", que continuaban integrados en sus correspondientes calpullis. Los macehualtin, en términos de producción, se ocupaban sobre todo en la agricultura y en tareas de índole artesanal. Correspondía a ellos trabajar las tierras que eran propiedad comunal de su calpulli y, otras veces, también las que pertenecían a los pipiltin, "los príncipes, los nobles", así como las del estado azteca, de la organización religiosa, y aquellas cuyos rendimientos se dedicaban a los gastos de guerra. Desde luego era fundamental el papel de los macehualtin en el contexto de la organización del trabajo. A ellos de debía, en máximo grado, el abastecimiento de productos agrícolas que hacían posible el sustento de la población. Además, en su calidad de productores de muy variadas formas de artesanía -materiales para la construcción, cerámica, arte plumario, orfebrería, trabajos en piel, etcétera- satisfacían tanto requerimientos cotidianos y necesarios como otras urgencias de carácter suntuario o destinadas a fines religiosos o bélicos. Desde luego los macehualtin, individualmente y en su calidad de miembros de los calpullis, participaban en la riqueza obtenida, aunque en mucha menor proporción y de manera distinta, si se compara su situación con la del ya mencionado sector de los pipiltin. Los macehualtin no tenían propiedad de tierras en forma individual. Más aún, en los casos en que determinados calpullis poseían escasas tierras laborales o, por razón de su desarrollo demográfico, no podían ofrecer trabajo a sectores de sus miembros, había entonces macehualtin que realizaban tareas agrícolas en lugares que no pertenecían a su propia comunidad. Los que así laboraban se conocían con el nombre de mayeque, "los que tienen brazos", es decir una especie de braceros que prestaban servicios a otros. Mencionaremos también aquí a los tlatlacotin, peculiar forma de esclavos. Su venta no era de por vida, ya que ellos mismos u otra persona podía hacer su rescate. Los hijos de los tlatlacotin no eran considerados esclavos. En realidad ni los mayeques ni los tlatlacotin constituían propiamente clases sociales diferentes de los macehualtin o gente del pueblo. Además de participar así en el contexto de la producción del estado azteca, los macehualtin integraban, de manera obligatoria, los ejércitos. Su educación la recibían en escuelas, en cada calpulli, las denominadas telpochcalli, "casas de jóvenes". Su preparación incluía, de modo especial, las técnicas del arte de la guerra. Distinta era, en cambio, la clase de los pipiltin o nobles. Estos podían ser propietarios de tierra en forma individual. Con frecuencia disponían del trabajo de mayeques, "braceros", y tlatlacotin, "esclavos". Había también pilpiltin beneficiados con la percepción de tributos. Sus hijos recibían una educación más esmerada y ejercían luego los más elevados cargos del gobierno. Sólo de entre ellos podía ser elegido el rey o tlatoani. Interesante resulta destacar el acercamiento que, por razones económicas, habían llegado a tener con los pipiltin los grupos, básicamente de macehualtin, que integraban los sectores de comerciantes. Nos referimos en particular a los pochtecas o mercaderes que habían obtenido una especie de código jurídico y económico que determinaba las funciones que les correspondía desempeñar. Los pochtecas tenían ritos y ceremonias religiosas exclusivas de ellos. Poseían sus propios tribunales. Organizaban los diversos sistemas de intercambio comercial, en particular con gentes de regiones muy apartadas. Desempeñaban con frecuencia las funciones de embajadores, emisarios y espías. Llegó a ser tan grande la importancia social y económica de los pochtecas que a veces contaban más en la vida pública que muchos nobles o pipiltin. Podría decirse que con los pochtecas o mercaderes se repitió un fenómeno parecido al de la burguesía de industriales y comerciantes que tanta importancia tuvo en la historia de los países europeos. Los pochtecas, entre otras cosas, estaban libres de trabajos personales y podían poseer tierras en forma individual, cosa que los colocaba casi a la par con los miembros de la nobleza.

A su posesión de Saint Thomas, que se convirtió pronto en un importante foco de contrabando, añadieron los daneses Saint John, otra isla del archipiélago de las Islas Vírgenes, donde se instalaron en 1717. Dos años después, estas islas fueron a parar a la Compañía de las Indias Occidentales danesa, que se ocupó de llevar a ellas numerosos esclavos y de fomentar los cultivos tropicales de caña azucarera, algodón y añil. En 1733, estalló una sublevación de esclavos que fue dominada con mucha dificultad. Ese mismo año, Dinamarca compró por 3.200.000 francos la isla de Saint-Croix a Francia, que añadió a su pequeño, pero próspero, complejo colonial. En 1754, la Corona asumió el gobierno de las tres islas que orientaron su economía al contrabando, compaginado con la producción de algunos frutos tropicales. Saint Thomas fue puerto libre desde 1755, arribando a ella embarcaciones de todas las colonias en busca de efectos y manufacturas baratas. A fines del siglo XVIII, las islas Vírgenes danesas tenían 31.436 habitantes, de los que 28.854 eran negros y el resto blancos. Gozaban entonces de un envidiable tráfico comercial. A comienzos del siglo XIX, las islas danesas fueron invadidas por los ingleses.

Antes de la guerra, la administración de las colonias asiáticas era distinta según el país colonizador. Ni los Gobiernos conservadores ni los liberales británicos habían deseado controlarlas directamente. Veían mal el dirigismo de Estado, que requería mantener un gran ejército en primer plano de la actividad política y gastos cuantiosos. Los ingleses preferían el gobierno indirecto, ejercido a través de las autoridades autóctonas, que dejaba intactas las estructuras sociales y de dominio interior. En las colonias con gran población europea se había avanzado mucho hacia el autogobierno, establecido en Nueva Zelanda en 1854 y Australia en 1890. El Gobierno local, autónomo en las cuestiones de política interna y economía, configuraba una sociedad de gobierno blanco capaz de establecer sus propias leyes para controlar la inmigración. En 1901, la política de White Australia había establecido limitaciones a la entrada de personas de color, por temor a una afluencia masiva de inmigrantes chinos. Las prerrogativas en la política exterior eran, en cambio, escasas. Un gobernador, nombrado por el rey, defendía los intereses de la política imperial, de modo que durante la Primera Guerra Mundial, Australia movilizó 450.000 hombres; Nueva Zelanda, 200.000, y la India, 953.000, con unos 60.000, 17.000 y 60.000 muertos, respectivamente. Las colonias donde la población europea era escasa se gobernaban a través de las autoridades indígenas, controladas por un gobernador inglés, un consejo ejecutivo, los funcionarios y el Ejército. La India era un caso aparte, con un ministro especial y un virrey. Abarcaba las provincias de la India británica y más de 500 principados bajo protectorado inglés. Los británicos consideraban que la evolución política de la India marchaba a la constitución de un dominio, por la adopción progresiva de instituciones políticas similares a las inglesas. Así, en 1939, la British India Act había establecido una constitución para todo el subcontinente, pero no llegó a aplicarse. La administración colonial francesa nada tenía que ver con la británica. El principio jacobino del centralismo a ultranza había sido exportado al imperio colonial sometido a un estricto control. Lejos de conceder autonomía, los franceses procuraron crear elites afrancesadas que colaborasen con la Administración. Cualquier sentimiento indigenista, cualquier cultura autóctona era despreciada ante la superioridad de la lengua y civilización francesas. Estas tendencias eran todavía más crudas en las colonias holandesas, donde los indígenas eran sometidos a una sistemática marginación cultural. Cualquier crónica publicada en un diario europeo de la época veía en Asia un mundo pintoresco y bullicioso, donde los blancos, o dioses blancos, residían en increíbles palacios, entre jardines exuberantes, con una legión de servidores vestidos de blanco. Nadie comentaba que la mayoría de aquellos dioses tenían una cultura escasa y una altura moral despreciable. Los grandes señores de Asia eran europeos mediocres disfrazados de señor, sobre la miseria de las masas asiáticas. Aquellos funcionarios, grandes plantadores, comerciantes y militares coloniales no pensaban que su poder descansaba en los millones de desgraciados que les servían y agasajaban. Excepto en las colonias blancas como Australia y Nueva Zelanda, los europeos eran pocos. En todas las posesiones asiáticas francesas apenas había 300.000. La guerra de 1914-18 había rearmado moralmente a los partidarios de una economía imperial y saneado sus negocios. Dada la problemática creciente del Viejo Mundo, desde los años veinte se hizo un esfuerzo por racionalizar y sanear la explotación colonial, con formas más flexibles de dominación. En 1930, la conferencia imperial diferenció los asuntos de interés general y los privativos de cada territorio y la British Commonwealth of Nations se redefinió como una asociación libre alrededor de la Corona. La crisis económica de 1929 obligó a una organización imperial más estricta, y los acuerdos de Ottawa de 1932 acabaron con el librecambio e impusieron un mercado colonial preferencial. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra vivía sobre todo de los intercambios coloniales, que representaban la mitad de sus ventas. La prosperidad creada por la Primera Guerra Mundial duró hasta los años 1926-27. La crisis de 1929 repercutió dramáticamente en países como la India, poco preparados y con una industrialización incipiente, o como Indochina, donde la baja del precio del arroz arruinó a los campesinos. La usura y la mala administración hicieron recaer la miseria sobre los proletarios y cultivadores directos. En la Conchinchina de 1932 se prestaba dinero al 36 por 100, y en Annam, las masas hambrientas se volvieron contra los mandarines. Cualquier movimiento interior era reprimido por el omnipotente Ejército; las fuerzas de choque eran indígenas, con oficiales blancos. De 1818 a 1941, el mundo colonial se transformaba bajo las plantas insensibles de los blancos, ocupados en su bienestar. Nuevas tendencias morales y políticas aparecían a medida que evolucionaban las poblaciones. Los capitales locales tenían poca importancia y la mayor parte de la inversión era metropolitana, administrada por los blancos. En 1934, las inversiones gubernamentales británicas representaban 50.823 millones de libras, frente a la inversión total de 127.884; las francesas, 34.783, frente a 103.682, y las holandesas, 188.368, frente a 293.096. Pero había surgido una burguesía indígena que desempeñaba cargos, poseía tierras y controlaba muchos resortes locales del poder. En las grandes ciudades del sudeste asiático vivía una población heterogénea: compuesta por indígenas de las diversas regiones, europeos, chinos, indios. Cada grupo con su modo de vida separado, sus antagonismos externos y su cohesión defensiva respecto a los demás. La colonización hizo posible el asentamiento de colonias chinas en el sudeste asiático, que controlaban gran parte del comercio. En la India surgió una burguesía capitalista en rápida expansión. Junto a los altos funcionarios de origen europeo, se creó una burocracia subalterna, cada vez más importante en número. En la Indochina de 1914 había 12.200 funcionarios indígenas; en 1930 habían pasado a 23.600. La mayor parte habían sido formados en escuelas coloniales. En China, la burguesía de negocios se instalaba sobre todo en Shanghai, Cantón, Wu-han y Tiensin. Los tratados desiguales la ponían en inferioridad de condiciones respecto a los grandes bancos europeos que controlaban la mayoría de los asuntos, de modo que los sentimientos nacionalistas estaban exacerbados. Las necesidades de tropa habían creado otro grupo social nuevo. Los suboficiales indígenas, excombatientes y soldados licenciados percibían pensiones y sueldos superiores a la mayor parte de la población, estaban muy vinculados al poder colonial, miraban con superioridad a sus paisanos y, a menudo, no respetaban la autoridad de los jefes locales. También había aparecido el proletariado. Primero con la creación de los caminos, los puertos y las líneas férreas; luego en las primeras industrias alimentarias, textiles, las plantaciones y las minas; después, en una industria que era esencialmente de artículos de consumo. La instrucción recibida era muy desigual. Los ingleses, en 1857, a raíz de la sublevación de los cipayos, comprendieron la necesidad de formar una clase alta moderna, capaz de colaborar con la Administración colonial, y fundaron universidades en Madrás, Bombay y Calcuta. Desde 1835, la lengua y cultura inglesa fueron base exclusiva de la enseñanza media y superior que servían para obtener puestos en la Administración. En las colonias franceses, la política educativa se basó en la creencia de la superioridad de la lengua y civilización francesa, que debían ser asimiladas en su totalidad. Holanda sólo admitió a los aristócratas indígenas en sus escuelas normales o como alumnos de las universidades metropolitanas. El conjunto educativo local estuvo representado por tres tipos de escuela: una con enseñanza de holandés, otra en lengua local (javanés, malayo, etcétera), con el holandés como segunda lengua, y las escuelas populares, en lengua local, donde apenas se impartía otra cosa que conocimientos muy elementales. En 1939, sólo unos 150 indonesios de familias aristocráticas tenían diplomas de la enseñanza superior holandesa. Para la Administración se eludió emplear el holandés, en la creencia de que su ignorancia favorecería la sumisión de los indígenas. La lengua administrativa fue el malayo, que se hablaba en los bazares y todas las clases comerciales eran capaces de comprender. En Indochina se dio un fenómeno más original. Los misioneros del siglo XVII habían inventado el quoc nou, una escritura simplificada para eliminar la influencia cultural china. Progresivamente, los movimientos nacionalistas lo utilizaron y extendieron como instrumento propio.

A comienzos del siglo XVIII, Francia era la tercera potencia colonial de América, con extensos dominios en Norteamérica, formados por la Nueva Francia y la Louisiana, un pie en Suramérica, que era Guyana, y unas Antillas en las que se desarrollaba una floreciente economía azucarera. Inglaterra se apoderó de la joya de la Corona, la Nueva Francia, en la Guerra de los Siete Años, decidiendo París traspasar entonces Louisiana a España. Quedaron en su poder solamente la Guyana y las islas azucareras, restos de un imperio colonial desvanecido, que ni siquiera Napoleón fue capaz de hacer revivir, pese a intentarlo.

Holanda había perdido ya su protagonismo en América, suplantada por los ingleses, que se apoderaron de sus colonias en Norteamérica. La Nueva Holanda antártica fue recobrada por los portugueses y la Compañía de las Indias Occidentales propugnó, desde entonces, una política de sostenimiento de pequeñas claves de comercio y contrabando, en vez de la posesión de grandes colonias, que resultaban muy costosas de defender. Fue una buena política, dicho sea de paso, porque le permitió obtener excelentes ingresos, dominando cómodamente una parte del comercio indiano, sin necesidad de sufragar la construcción de fuertes y el mantenimiento de tropas. El complejo colonial americano de Holanda se limitó a San Eustaquio, las llamadas islas Inútiles y a la Guayana. Las Islas Inútiles, llamadas así por los españoles que fueron incapaces de sacarles un buen rendimiento, se transformaron en manos de los holandeses en verdaderos emporios comerciales. A Curaçao, Aruba y Bonaire llegaron en busca de sal, como vimos anteriormente, pero pronto comprendieron que eran mucho más rentables transformadas en tiendas abiertas frente al escaparate productivo que las rodeaba. Las surtieron de toda clase de géneros e incluso esclavos, y pronto llegaron a ellas balandras de la cercana costa venezolana con cacao, azúcar, algodón, frutas, legumbres, etc. que intercambiaban por manufacturas. En Curaçao, donde no había cultivos a causa de la aridez del suelo y la falta de agua, se conseguían ajos, cebollas, cazabe, cítricos, etc. aparte de holandas, bretañas, paños ingleses, etc. Los holandeses practicaron luego un contrabando agresivo, llevando sus balandras cargadas de productos hasta la costa atlántica colombiana, las grandes Antillas españolas, Centroamérica y la costa atlántica mexicana. Los corsarios españoles de Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo, etc. trataron de obstaculizar este contrabando, especialmente después de 1718, lo que motivó muchas reclamaciones por parte de los gobernadores de Curaçao y hasta de los mismos Estados Generales. El Gobernador de Curaçao Jan Noach Du Fay llegó a considerar que las acciones de los corsarios españoles eran propias de piratas y perturbadores del bien común y se puso de acuerdo con su colega, el Gobernador de Jamaica, para organizar una flotilla que limpiara el Caribe de ellos. Los Estados Generales tomaron cartas en el asunto protestando en 1725 y, finalmente, ingleses y holandeses convocaron un Congreso en Soissons (1728) para estudiar el problema. Presentaron sus quejas e hicieron su solicitud al monarca español para que pusiera fin a dicho corso, pero no pudo llegarse a ningún acuerdo ya que no estaban dispuestos a renunciar a comerciar en la América española, única fórmula que Felipe V estaba dispuesto a aceptar. Tras el Congreso, los holandeses e ingleses reanudaron el contrabando con mayores bríos, y los españoles su corso, que motivó ya duros enfrentamientos por la presencia de los guardacostas de la Compañía Guipuzcoana (creada en 1728), a la que la Corona le había encargado el comercio de Venezuela y la represión del contrabando. En uno de los meses de 1733, estos guardacostas apresaron nueve barcos holandeses y luego, entre febrero y mayo de 1734, cinco balandras holandesas, lo que da idea del contrabando existente. La Guerra de la Oreja tampoco resolvió nada y los holandeses pudieron seguir contrabandeando desde Curaçao sin mayores problemas hasta fines de la dominación española en América. Sus islas fueron invadidas por los ingleses durante las guerras napoleónicas, siendo después restituidas. San Eustaquio no formaba parte de este complejo, pues era una isla situada en el Caribe Oriental. Fue gran plataforma para el negocio negrero durante todo el siglo XVIII, además de un importante centro de contrabando (era puerto libre) con Centroamérica y un apreciable centro azucarero. La colonia holandesa de la Guayana prosperó gracias al contrabando y al cultivo de algunos productos tropicales. La colonia pertenecía a una Compañía Privilegiada, que autorizaba el intercambio con toda clase de buques y naciones. Su principal negocio era comerciar con Curaçao y con la Guayana venezolana. La llegada de colonos holandeses procedentes de Brasil mejoró los cultivos de azúcar, cacao, café y algodón. En 1770, había unas seiscientas plantaciones y gran número de esclavos, lo que permitió exportar productos coloniales a Holanda. Casi un centenar de buques de la metrópoli recalaban por entonces en sus puertos en su ruta a Curaçao. En la década de los setenta, la colonia tenía ya unos 80.000 habitantes, de los que unos 5.000 eran blancos. El resto era población de color, fundamentalmente esclava. Su capital Paramaribo era un próspero centro comercial, con casi dos mil blancos. Surgieron entonces levantamientos de cimarrones, para dominar a los cuales fue preciso pedir ayuda a los Estados Generales. La campaña contra los esclavos alzados duró cinco años y terminó cuando se logró expulsarles a la Guyana francesa. La Guayana revirtió a los Estados Generales en 1791. Cinco años después fue invadida por los ingleses, que restituyeron el dominio en la paz de Amiens. Nuevamente invadida por los británicos en 1803, quedó luego cercenada, pues los ingleses sólo cedieron Surinam a los holandeses, quedándose con el resto para formar la Guayana británica.