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En 1957 el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Harvard, J. K. Galbraith publicaba su célebre obra La sociedad opulenta. En ella, y pese a la prosperidad reinante en un mundo que creía -al parecer profundamente y sin visos de duda- en el progreso indefinido, ya auguraba entonces, y de forma sorpresiva en medio del clima general de "progreso indefinido", un porvenir en exceso negro y desastroso para los muy pobres.Excluidos de cualquier sistema político como consecuencia de su absentismo electoral, iban a experimentar sucesiva y progresivamente la insolidaridad de las nuevas capas sociales que se estaban beneficiando del próspero sistema industrial; y, ya se tratara de trabajadores manuales bien pagados, ya de burócratas de cuello blanco o de los profesionales de la clase media que se habían, casi sorpresivamente, convertido en los nuevos ricos, todos valoraban y defendían el esfuerzo propio por encima de cualquiera consideración sobre la justicia o la aproximación social entre los hombres. Parecía volver la vieja idea de que los pobres se habían sumido en la miseria gracias a un destino desconocido o a consecuencia de su personal incuria.Esta concepción tan pesimista del futuro, que chocaba con el clima de progreso y con las perspectivas de un Estado de Bienestar, resultó en exceso benigna. Porque diez años más tarde, en 1967, además se constata lo que diez años antes apenas podía avizorarse: la degradación del medio ambiente como efecto de un desarrollo industrial incontrolado; la inflación como mal endémico en la sociedad de la abundancia; la caída en recesiones igualmente graves cuando se creía solución el vuelco y compromiso con simples medidas monetaristas."No comprendí -insistirá más tarde el economista en sus Memorias- lo enormes que llegarían a ser los costes públicos de la congestionada vida en las grandes metrópolis, costes agravados por la inmigración de gentes socialmente no preparadas de las zonas rurales pobres. No me di cuenta de que un equilibrio social mínimamente tolerable para la ciudad de Nueva York exigiría un gasto público muy superior a lo imaginable en aquel entonces".En los años setenta, y en medio de un crecimiento a todas luces evidente, las diferencias se acrecientan. En muchos países europeos en los que se seguían poniendo el énfasis en el crecimiento económico y en la reconversión de las empresas comienza a crecer el desempleo, que a la vez acaba convirtiéndose en un virus resistente a cualquier decisión de choque. Pero estas decisiones, verdaderos antibióticos sociopolíticos, aun cuando en los países más adelantados supusieron la creación de millones de puestos de trabajo nuevos, se han visto contrarrestadas por el aumento antes ni siquiera imaginando del número de personas que se hallan por debajo del umbral oficial de la pobreza: más del 20 por 100 de la humanidad vive una marginación rayana en la más elemental supervivencia; el 70 por 100 que le sigue no ve el futuro con esperanza, en tanto sus sectores más bajos temen seguir o desembocar en una pobreza crasa, y sólo un 10 por 100 goza, como señala R. Dahrendorf, de oportunidades vitales cada vez mayores."Una sociedad -concluirá el mismo Galbraith- tiene que realizar una tarea más elevada que la de analizar sus objetivos, reflexionar sobre cuanto afecta para alcanzar la felicidad y la armonía y los triunfos que consigue en la lucha contra el dolor, las tensiones, la desgracia y la omnipresente maldición de la ignorancia. También debe, en cuando sea posible, garantizar su propia supervivencia".Aunque no conviene abusar, ni tampoco creer en demasía, en series estadísticas bajo las que se suelen disimular verdades evidentes al servicio de intereses u objetivos no siempre claros, los datos plantean en este caso una verdad evidente: en los años setenta, cuando se manifiesta y casi perpetúa la crisis económica, en los países más adelantados del mundo occidental, y peculiarmente en los de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), en el llamado Club de los ricos, el número de empleados en el sector agrícola estaba por debajo del 10 por 100 sin por ello haber disminuido, más bien al contrario, las productividades de casi todas las facetas del sector. La población de empleados en la industria comenzó también a descender con cierta rapidez, al par que aumentaba, ya en los primeros ochenta, por encima del 50 por 100 el número de empleos en el sector terciario, en las conocidas habitualmente como áreas de la distribución y de los servicios.Hay, pues, razones para justificar esta realidad y este proceso, el de sociedad postindustrial; y el hecho de que D. Bell, precisamente en 1973, publicara su clásica obra con este mismo título vino a ratificar lo que desde los años sesenta ofrecía ya los visos de futuro que todavía hoy se mantienen en progreso: las áreas de ocupación dominantes a partir del siglo XX ceden su protagonismo y continúan siendo reemplazadas hasta el presente por otras, las de los servicios, que han dado el consiguiente lugar a una clase social mayoritaria, la que se emplea en este sector terciario de la economía: un sector en auge, progresivamente ampliable y también crecientemente abierto a los nuevos retos y expectativas que la más reciente sociedad de la información ha querido y creído impulsar en beneficio de un crecimiento económico nuevo.La sociedad postindustrial es, primordialmente, una sociedad de servicios; y, a la par que la estructura social coetánea se ha hecho depender del también nuevo orden tecno-económico, la nueva sociedad ha invertido los viejos principios calvinistas del ahorro, el trabajo duro y de la esperanza de gratificación para un mundo futuro y trascendente.La sociedad, y con ella la vida, está ahora dominada por la cultura del disfrute inmediato. Domina, o parece así al menos, la atención a la distribución sobre el impulso a la producción; se impone la venta por encima de la fabricación, y la cultura, como escribiría Bell, se ha hecho primordialmente hedonista, preocupada por el juego, la pompa y el placer.En los años ochenta la tendencia continúa, crece y se generaliza, porque el ahorro, que la economía clásica consideraba y creía locomotora del crecimiento, ha sido reemplazado por el crédito. Frente a la vieja virtud del ahorro ha triunfado de forma general y casi monopolísticamente el aumento obligado de la deuda, la generalización de la hipoteca y la capitalización del futuro.La capacidad para endeudarse ha desbancado y sustituido con una prisa hasta ahora desconocida a la vieja virtud del ahorro; y en precipitada marcha hacia el año 2000 ni los individuos, ni las empresas, ni todas las economías de cualquier tipo y volumen podrán mantenerse sin el galopante aumento de los créditos.No viven mejor los que más ahorran, sino los que mejor acceden al préstamo en cualquiera de sus formas, porque, según juicio del propio Bell, se ha impuesto el giro hedonístico de la ética protestante. La gente -entiéndase su referencia a las sociedades occidentales- provoca y experimenta a partir de los años setenta una revolución silenciosa (R. Inglehart), un cambio de valores y de estilos desde lo material a lo postmaterial: los valores de los occidentales han ido cambiando desde un exagerado énfasis en el bienestar material y en la seguridad física hacia un énfasis mayor en la calidad de la vida.R. Dahrendorf comenta la encuesta realizada por R. Inglehart en 1973 en los Estados Unidos de América y en nueve países de la Unión Europea; y concluye este proceso de cambio desde un materialismo que valora, en primer lugar, el crecimiento y la estabilidad económicos, la lucha contra la inflación y las preferencias por la ley y el orden, a un postmaterialismo en el que priman el amor por la belleza, la libre expresión, la mayor participación sociopolítica y una sociedad menos impersonal: después de un período prolongado de crecimiento económico casi ininterrumpido, el eje principal de la política comenzó a cambiar desde las cuestiones económicas a las cuestiones relacionadas con el modo de vida, lo que trajo consigo una modificación en el electorado más interesado en conseguir el cambio.¿Se trata de una tendencia positiva, de una tendencia nueva? ¿O acaso se plantea una forma de respuesta, una opción por valores volubles, sujetos a influencias poco estables y a vientos de soplo pluridireccional?.Hasta los primeros setenta, y desde 1945, se acrecienta y desarrolla la cooperación entre las naciones occidentales, al abrigo de la coyuntura económica alcista y del global enfrentamiento a la órbita soviética y se logra en líneas generales un sistema internacional relativamente estable. La Comunidad Europea -comenta Dahrendorf - es la historia de un éxito: el primer ejemplo duradero de ejercicio conjunto de soberano por seis países, nueve después, posteriormente diez y finalmente quince.Para 1970 también, superadas las fases de constitución y ampliación, se proyectaba ya el tercer proyecto: la creación de la unión económica y monetaria en el espacio de una década.¿Que ocurrió mientras tanto? La suma, y a veces la potenciación, de la crisis petrolífera, la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, la flotación de la moneda y, sobre todo, la inflación existente en los países de la OCDE han provocado un auge sin freno de las relaciones de poder por encima o frente a la defensa del derecho como el sumo determinante de las relaciones internacionales.Cada cual tiende a defenderse a sí mismo. Las alianzas, incluidas la de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la de la Comunidad Europea, están debilitadas. Los países en vías de desarrollo se hunden profundamente en sus propias ciénagas. Varios de ellos se han convertido en exportadores netos de capital hacia los países ricos. La paz mundial depende por entero de las dos superpotencias y de sus líderes."La estanflación -continúa apuntando en la misma línea Dahrendorf- fue la plaga de los años setenta, pero los ochenta experimentaron el fenómeno más desconcertante del desempleo, a pesar de que el crecimiento económico se extendiera a muchos países avanzados".Entonces, cuando todavía creían algunos hombres, más por rutina que por convicción, en ciertas permanencias de la teoría marxista, los sociólogos habían logrado demostrar suficientemente su plena superación como teoría científica. La relajación paulatina del frente clasista a consecuencia de los cambios estructurales tanto de la organización empresarial como del conflicto entre clases a lo largo de los años sesenta ha permitido el predominio de grupos de intereses y de cuasigrupos con poder y dominación en las empresas industriales, en los Estados e incluso en las iglesias.Funcionan todos ellos como asociaciones de dominación; y los conflictos que en los mismos se desarrollan y se manifiestan vienen a reflejar las estructuras autoritarias que en todos ellos se constituyen y amplían. Porque, como concluyera Bendix, allí donde se fundan empresas, habrá siempre algunos que manden y muchos que obedezcan.Todas las empresas, todos los tipos de empresas, en toda época y lugar constituyen asociaciones de dominación; y hasta la orquesta mejor constituida y trabada necesita de un director capaz de articular unos sonidos de manera que surja la melodía de la manera más perfecta y mejor interpretada. Precisamente porque los intereses son comunes, los músicos son compañeros y no enemigos, se impone una dirección. Porque, de no ser comunes los intereses, no cabría el conflicto ni nada por lo que luchar.Hay, además, que tener en cuenta que los intereses de los grupos dominantes tienden a convertirse en valores vigentes dentro de la comunidad estructural, ya se trate de empresarios, de dirigentes políticos o de jerarquías eclesiásticas. Y aun cuando los viejos capitalistas sean sustituidos por los nuevos dirigentes, o managers, no por ello quedan suprimidas las bases y razones del conflicto. No son las personas sino los puestos de dirección los que actúan al frente de las empresas como grupos de dominación; y sus estructuras continúan generando y manteniendo grupos e intereses latentes en pugna.Dominan, pues, los intereses de grupos sobre los viejos conflictos de clase. Y, aunque queden en muchos lugares restos de los viejos enfrentamientos a consecuencia de la lucha por la redistribución que la llamada clase mayoritaria continúa planteando, en las modernas sociedades abiertas la movilidad individual ha sustituido a la lucha de clases, y los movimientos sociales han dejado igualmente obsoletos a los partidos de clases.En los primeros setenta, en fin, a partir del ya señalado derrumbamiento del orden mundial, el Club de Roma lanzaba el primer S. O. S. en el que se mezclaban el incremento de la población y el auge de la injusticia, la crisis energética y el desempleo, la ruptura monetaria, el proteccionismo, analfabetismo, corrupción y terrorismo mundiales, en un prediagnóstico que venía a resumir la sorpresa por un crecimiento negativo en los países más ricos y habituados a índices situados permanentemente en alza. Si las tendencias de crecimiento actual de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de bienes y la disminución de los recursos continúa como hasta ahora, en los próximos siglos habremos alcanzado los límites al crecimiento en este planeta.El debate comenzó a renovarse y lo que solía discutirse con más fuerza, una vez resuelto el primer susto generado de forma inmediata por la subida del precio del petróleo, era esta doble cuestión: ¿Seguía siendo viable el crecimiento económico? ¿Seguía, además, siendo deseable? Y las respuestas fueron tantas y tan diversas que no lograron levantar del todo el pesimismo, a la par que generaban intentos nuevos de búsqueda de una responsabilidad civil ante las dificultades que traía el ya insostenible Estado de Bienestar.Se comenzó entonces a insistir en la búsqueda de alternativas a un bienestar exclusivamente medido en renta real o en producto interior bruto; y se tendió a la preocupación y proyección por el crecimiento equilibrado, o por el crecimiento cualitativo. Los ciudadanos y los Gobiernos tenían que elegir. Tenían que ser capaces de costearse el lujo, tal como era, caprichoso y de corta vida. Otros trataron de revivir el espíritu del crecimiento económico en su más cruda forma cuantitativa. Trataron de hacerse ricos rápidamente. La teoría y la práctica de la política económica respondieron pasándose al lado de la oferta, estimulando a los empresarios, incentivando a los empleados y librando subvenciones para la tecnología.

Al comienzo de la civilización sumeria, la economía de autosubsistencia que caracteriza a las ciudades-estado y ciudades-templo hace que la mayoría de la población se encuentre apenas indiferenciada bajo la autoridad de un en, lugal o ensi, trabajando en la agricultura o la artesanía controladas por el templo. Al mismo nivel que éste, el palacio también tiene una gran cantidad de personal a su servicio, aunque cuenta con la particularidad de poder controlar, si ello es necesario, un contingente militar, para la defensa de la ciudad. Las fuentes indican que entre los sumerios existieron tres grandes grupos sociales. La primera en la escala social era la denominada lu (hombre), integrada por los dirigentes políticos y religiosos, los funcionarios y una gran masa de trabajadores libres, nombrada con los términos gurush (hombre) y eren (trabajador). Ambos términos son también utilizados para referirse a los trabajadores reclutados para la construcción de obras públicas o la milicia. El segundo grupo se caracterizaba por su obligación de trabajar para el lugal, es decir, personas semi-libres. Son los llamados shub-lugala. Por último, la escala inferior la ocupaban los esclavos, cuyo número es difícil de precisar y cuya característica principal debió ser la privación de libertad. Fundamentalmente desempeñaban los mismo trabajos que los hombres libres.

Consecuencia inmediata de la prosperidad económica fue que el crecimiento de la población no resultó un obstáculo para una mejora generalizada de las condiciones de vida. El paro se redujo a niveles no considerables mientras que la emigración descongestionaba el mercado de trabajo, lo que permitió que los salarios evolucionaran por encima del coste de la vida. En su conjunto, por lo tanto, la clase trabajadora vivía mejor, como se demostraba en el hecho de que disminuyera continuamente la proporción de los que recibían la ayuda de pobres. Esto hizo que se alejaran las amenazas revolucionarias y que los nuevos sindicatos que se constituyeron (Amalgamated Society of Engineers, 1851) tuvieron una mayor preocupación por la cualificación técnica de sus adheridos y se mostraron siempre dispuestos a caminar por la vía de la negociación. A través de ella consiguieron mejoras laborales como la jornada semanal de sesenta horas y la interrupción de la jornada laboral a mediodía del sábado. También es representativa de esta mejora de las condiciones de vida de los trabajadores la generalización de las cooperativas de consumo (Cooperativa Wholesale Societies, 1863) así como las Friendly Societies, organizaciones mutuales reguladas a partir de la Ley de 1855 y que hacia 1870 habían rebasado el millón de adheridos, y las cajas de ahorro (Savings Banks). La sociedad británica demostró síntomas de movilidad y fueron normales los casos de quienes se convirtieron en ricos desde muy humildes orígenes (Henry M. Stanley o Thomas Cook) o, por lo menos, de quienes consiguieron que sus hijos pudieran acceder a puestos de trabajo más considerados (white-collar workers). De todas maneras, las posibilidades de prosperar no eran iguales para todos. El patronazgo continuó existiendo y hasta se puede decir que la desigualdad social se había acentuado desde comienzos del siglo. Pero la nueva sociedad era, sobre todo, una sociedad de clases medias, entendiendo por tales el amplio sector situado entre la aristocracia y los trabajadores especializados. El concepto, pese a toda su evanescencia, es muy común en la sociedad inglesa de aquellos años. Algunas estimaciones fijan su extensión entre un quinto y un sexto del total de la población y parece que su crecimiento fue mayor en las actividades relacionadas con el comercio y los empleados. A la consolidación de estos sectores sociales corresponde también la institucionalización de grupos profesionales, para fijar las condiciones de cualificación y ejercicio de las diferentes profesiones. Es un fenómeno que ya venía produciéndose desde comienzos de siglo, pero que se acentuó con la regularización de profesiones ligadas a las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo. En 1837 se había organizado el cuerpo de arquitectos y en 1847 lo haría el de ingenieros mecánicos. La British Medical Association se fundó en 1856 y, por ley de dos años después, se establecía un Consejo General de la Medicina, para determinar las condiciones de su ejercicio. Pocos años antes, en 1852, se había fijado la regulación de la actividad farmacéutica. Estas clases medias impusieron una ética en la que los valores fundamentales eran el trabajo duro, la competitividad, la seriedad y la observancia religiosa. De ahí derivó un concepto básico, el de respetabilidad, con el que querían aludir a la consecución de la independencia económica por el propio esfuerzo, la autodisciplina, la vida austera y el respeto a los valores de la familia. Frente a ese concepto estaba la realidad de sectores de la sociedad (clases peligrosas) que trataban de vivir a costa del Estado y en pésimas condiciones morales y materiales. El movimiento por la templanza (temperance mouvement) trataba de evitar comportamientos desordenados, casi siempre ligados a los excesos en la bebida. El consumo anual de cerveza en el Reino Unido, a mediados del siglo pasado, era de 158 litros por persona (en la España de 1994 es de 67) y se había concedido una licencia de venta pública por cada 186 habitantes. La vivienda familiar se convirtió en el ámbito normal de esa vida sobria, en la que el cabeza de familia ejercía un papel determinante. La mujer quedaba en la casa para cuidar de los hijos y gobernar el servicio. Su papel en la sociedad civil (en 1861 sólo representaban un 1 por 100 de la población empleada en oficinas) tenía muchas limitaciones y la introducción del divorcio, en 1857, se hizo en condiciones desiguales para la mujer. La ley sobre propiedades de las mujeres casadas, de 1870, concedió sólo una parcial independencia a las mujeres. Las mujeres, por otra parte, estaban excluidas del Parlamento y hasta 1848 no fueron admitidas en la Universidad de Londres. Aunque algunas estudiaron carreras como medicina, lo normalfue que hicieran los estudios de enfermeras o maestras. Las condiciones de vivienda fueron malas, aunque no hay una inmediata relación entre este hecho y el proceso de industrialización que transformó algunas ciudades. De los grupos reformistas y de las clases privilegiadas surgió la preocupación por proporcionar casas modelo que respondieran a las nuevas necesidades. Se debe recordar, a este respecto, la intervención del príncipe Alberto en la creación de este tipo de viviendas con ocasión de la Exposición Internacional de 1851. Estas medidas respondían a una creciente preocupación por la sanidad pública, como demostraban los proyectos para construir desagües y bombear corrientes de agua. A la seguridad en el abastecimiento del agua se añadiría, más adelante, el abastecimiento de gas y el de electricidad. La lucha contra las enfermedades se generalizó desde la aprobación de la Ley de Sanidad Pública de 1848, a la vez que proliferaban los hospitales especializados, pero los resultados distaron de ser concluyentes. La muerte del príncipe Alberto, en 1861, como consecuencia de fiebres tifoideas, es buena muestra de la persistencia de estas enfermedades y la persistencia de un elevado índice de mortalidad (en torno al 22 por 1.000) que no comenzó a decaer sensiblemente hasta comienzos de la década de los ochenta. En el campo educativo, la tendencia a la intervención estatal culminó en la Ley de Educación Elemental de 1870, que tenía un carácter subsidiario al fijar ayudas para las 20.000 escuelas privadas existentes. Se preveía también la constitución de consejos escolares (School Boards) en aquellos lugares en los que faltaba la suficiente dotación de escuelas, con lo que aumentó la intervención pública en materia educativa a la vez que se incrementaba sensiblemente el gasto estatal en estas actividades. El resultado fue un sensible retroceso del analfabetismo y una lucha sostenida contra el absentismo escolar, especialmente el ocasionado por el trabajo de los niños. Por otra parte, surgieron nuevas universidades como consecuencia de las nuevas realidades económicas. Esefue el caso de la Universidad de Manchester, iniciada en 1851, a partir del testamento de un rico industrial y que desembocó, en 1880-1881, en la Victoria University, formada a partir de la aglutinación de otros centros académicos de Leeds y Liverpool. Otras muchas universidades iniciaron sus tareas en aquellos años y, por otra parte, se reformaron las viejas universidades existentes. Oxford tuvo que aceptar estudiantes no anglicanos mientras que Cambridge recibió nuevos estatutos en 1858. El Reino Unido se convertía paulatinamente en una sociedad más culta y distendida, que encontraba más tiempo para la lectura y la diversión. La prensa diaria superó en varios casos los 100.000 ejemplares, a lo que había que sumar una creciente prensa especializada. El tiempo libre, fijado por las nuevas condiciones de trabajo, facilitó la práctica de deportes y la fijación de sus reglas. En 1846 se fijaron las del cricket, mientras que en 1863 lo eran las del fútbol (soccer), y la Rugby Union quedaba establecida en 1871. En algunos de estos casos (boxeo, carreras de caballos) confluía el interés de la nobleza por los asuntos deportivos, pero en otros casos se debía más al apoyo popular. La creación de la Football Association en 1863 se debió mucho a sectores acomodados pero pasó pronto a tener un gran apoyo popular.

Las transformaciones demográficas y económicas marcan los límites de los cambios en la estructura social de España durante las primeras décadas de la Restauración. En conjunto, la sociedad española siguió siendo una sociedad extremadamente desigual y predominantemente rural, con un gran peso de los valores y jerarquías tradicionales. No obstante, en determinadas regiones, los efectivos urbanos -tanto burgueses como obreros- experimentaron considerables aumentos y, con ellos, la afirmación de nuevas mentalidades. La propiedad de la tierra, sobre todo, y la titularidad de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales fueron la base económica de este grupo, en el que también cabe incluir a las capas más altas de la Administración y de las profesiones liberales. Un grupo estrechamente relacionado, con una notable endogamia matrimonial. Nada fundamental cambió en la estructura de la propiedad: sólo una parte marginal de la desamortización se consumó en este período, en el que el Estado ingresó unos 1.000 millones de reales, de los 11.300 que obtuvo por toda la operación entre 1836 y 1900. La élite agraria -aristocrática y burguesa, que mayoritariamente vivía de las rentas, lejos de sus propiedades- estaba ya completamente formada. Los latifundios, predominantes en la mitad sur de la Península, contrastaban con la proliferación de pequeñas propiedades en Galicia, León, Burgos y la cornisa cantábrica. Resulta difícil cuantificar el pequeño grupo que poseía la mayor parte de la riqueza del país. Dos indicadores fiscales -la contribución rústica y las cédulas personales- nos proporcionan algunas pistas. Según la distribución de la riqueza rústica de 1830, estudiada por Pascual Carrión en una obra clásica -distribución similar, sin duda, a la de principio de siglo-, el 0,9 por 100 de los propietarios (17.349), que pagaban cuotas superiores a 5.000 pts, ingresaba el 42 por 100 del líquido imponible; el 4 por 100 de los propietarios (73.092), que pagaba de 1.000 a 5.000 pts, contribuía con el 25,2 por 100; mientras que el resto de la contribución, un 32,6 por 100 era aportado por el 94,4 por 100 de los propietarios (1.699.585). Tenemos así que el 4,9 por 100 de los propietarios, 90.441, pagaban el 67,2 por 100 de la contribución rústica. La recaudación mediante las cédulas personales -una forma de imposición fiscal directa- hacia 1890, ha sido estudiada por Miguel Martínez Cuadrado. Según la clasificación que establece este autor, sólo 121.819 personas, el 1,05 por 100 de la población mayor de 14 años, componía la clase superior -constituida por todos aquellos que pagaban más de 300 pts de contribución directa o recibían unos haberes anuales superiores a las 1.250 pts-; las clases medias comprendían 2.050.572 individuos, un 17,74 por 100, que pagaban una contribución directa de menos de 300 pts o ganaban menos de 1.250 pts anuales; las clases bajas sumaban 4.595.822, un 39,76 por 100, y estaban compuestas por jornaleros, sirvientes y asimilados; mientras que el mayor número, 4.791.192, el 41,45 por 100, no recibieron cédula personal alguna y son considerados clases excluidas. Lo que llama la atención en ambas estadísticas no es tanto el pequeño número -en torno a 100.000 individuos- de la clase superior española de la época -esta clase ha sido siempre reducida en las sociedades capitalistas-, sino la gran riqueza que concentraba en sus manos, frente a la debilidad de las clases medias y a la gran masa de desposeídos. Se ha destacado con frecuencia el peso que la aristocracia ejerció en este grupo, y en toda la sociedad. Mucho antes de que se pusiera de moda hablar de la persistencia del Antiguo Régimen, Jaime Vicens Vives escribió, en 1957: "Suele afirmarse, de manera harto ligera, que la nobleza perdió su influencia a lo largo de los siglos XIX y XX (...) En España la nobleza desapareció como categoría en los censos oficiales, pero no de su lugar predominante en la estructura social del país. Se ha de considerar pues una realidad viva, no sólo por el complejo de sus riquezas agrarias, sino también por el atractivo que ejerció sobre las restantes clases sociales, a los que impuso buena parte de sus mitos y creencias". Un buen indicador de ello, en la Restauración, es el número de títulos concedidos. En el período 1875-1900, según Manuel Tuñón de Lara, fueron creados 288 títulos de nobleza, además de otros muchos rehabilitados. Entre los ennoblecidos figuran elementos de ya reconocidas grandes familias, como López y López de Lamadrid (marqués de Comillas), Figueroa (conde de Romanones), y Gonzalo (conde de Mejorada del Campo); miembros de la alta burguesía, industrial y financiera, como Ussía (marqués de Aldama), Cubas (marqués de Fontalba), y Careaga (conde del Cadagua); grandes comerciantes cubanos como Ramón de Herrera (conde de la Mortera); políticos destacados: Elduayen, Rius i Taulet, Alonso Martínez; militares: Martínez Campos, Primo de Rivera (marqués de Estella), Loma (marqués de Orio); y hombres de la prensa, como el director de La Época, Escobar (marqués de Valdeiglesias). Esta proyección social de la aristocracia no fue, sin embargo, absoluta. Un nuevo estilo, más moderno, caracterizó la actividad económica vizcaína, que también debió impregnar las actitudes de sus protagonistas. Sin duda, el fenómeno no fue exclusivamente vasco. Por otra parte, está lo que Tuñón de Lara ha denominado "otra burguesía", el grupo de importantes elementos de esta clase que, lejos de integrarse en el "establishment" de la época, -el bloque de poder, según la interpretación de este autor- se comprometieron con las fuerzas de oposición; entre ellos destacan los vascos Ramón de la Sota, nacionalista, y los Echevarrieta, republicanos; la familia Pedregal, en Asturias, también republicanos, igual que el madrileño Gabriel Rodríguez. La estrecha capa de las clases medias era extraordinariamente diversa y variada. Las llamadas "sufridas clases medias", como recuerda Tuñón de Lara, estaban compuestas por "cientos de miles de pequeños comerciantes y de artesanos de las aglomeraciones urbanas, los pequeños funcionarios -y todavía ¡los cesantes!-, las viudas de la clase media con sus hijas casaderas, sus pisitos tristes del quiero y no puedo, todo ese mundo insuperablemente descrito por Galdós. Pero hay también los labradores que trabajan, con sus familias, sus parcelas de tierra, teniendo que hacer frente a las malas cosechas, al usurero (...)". Junto a ellos hay que citar a los profesionales liberales -abogados, médicos, farmacéuticos, veterinarios, enseñantes...-, un sector dinámico y en lento crecimiento, y a los componentes del Ejército cuya situación y consideración social fue deteriorándose, lo que fomentó el surgimiento de un nuevo espíritu corporativo. La Administración pública siguió estando regida por los criterios de la época de Bravo Murillo; es decir, esencialmente políticos más que profesionales. La ley de presupuestos de 1876 añadió algunos requisitos formales para el ingreso y ascenso en la carrera administrativa, afirmando los derechos del cesante a reingresar en el servicio activo. Durante la última década del siglo, los ajustes presupuestarios afectaron de manera particular al personal de los ministerios; en 1890-91, los gastos en este capítulo se redujeron en un 20 por 100, rebaja aumentada un 10 por 100 en el ejercicio siguiente. "Tan considerable poda administrativa -ha escrito Francisco Villacorta- tuvo efectos obviamente desastrosos sobre la vida profesional de los funcionarios administrativos. Las cesantías masivas, relativamente sepultadas ya en la memoria colectiva de la corporación, al menos para determinadas categorías intermedias, retornaban ahora por imperativos de las economías presupuestarias".

Se entiende por solicitación las palabras, actos o gestos por parte del confesor que tengan la finalidad de la provocación o seducción de la penitente en la administración del sacramento de la penitencia (165). Se consideró delito en la segunda mitad del siglo XVI y continuó como tal hasta la extinción del tribunal en el siglo XIX. Indudablemente el delito era una transgresión del celibato eclesiástico y además se consideraba un desprestigio para el sacramento de la Penitencia, rechazado por los protestantes. La solicitación fue perseguida por el tribunal del Santo Oficio porque minaba la buena fama de un sacramento capital del catolicismo romano (166). La confesión al menos anual se considero una obligación para los cristianos desde el Concilio IV de Letrán. El Concilio de Trento impulsó notablemente la teología sobre este sacramento negado por los protestantes y también impulsó la utilización de confesonarios con rejilla que separara al clérigo del penitente (167). Se consideraba herejía de modo secundario, cuando el sacerdote culpable quisiera convencer a la penitente de que no pecaba (168). Gráfico A mediados del siglo XVI, cuando los reformadores protestantes atacaban la doctrina sacramental de la Iglesia y alegaban que era un invento de los clérigos para explotar a sus fieles, la jerarquía católica se propuso como objetivo limpiar de toda sospecha el sacramento de la Penitencia; había que velar por la pureza de su administración evitando facilitar argumentos a sus detractores: "No era una simple transgresión del celibato sino algo mucho más grave: un sacrilegio cometido en el transcurso de uno de los sacramentos fundamentales de la Iglesia Católica" (169). Por este motivo fueron frecuentes las admoniciones a favor de una correcta administración de la Penitencia. Ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, las Instrucciones del orden que han de tener los Inquisidores en México en los negocios que se ofrecieren tocantes a los confesores que en el acto de la confesión solicitan a sus hijas en penitencia, fechada el 18 de abril de 1577 (170). Hasta 1559 el delito de solicitación era juzgado por los tribunales episcopales; desde entonces pasó a depender del Santo Oficio, que castigaba con la excomunión a la penitente que no delatara al clérigo solicitador (171). El 16 de abril de 1561, el Papa Pío IV envió al inquisidor general Fernando de Valdés la bula Cum sicut nuper. En ella se indicaba que los solicitantes son sospechosos de herejía por abusar de un sacramento instituido por Jesucristo, aumentar los pecados propios y de las penitentes y provocar escándalo entre los fieles (172). También se consideraba una profanación del sacramento de la Penitencia y del templo de Dios (173). Las penas para el sacerdote solicitante podían ser: suspensión a divinis, privación de beneficios y dignidades, destierro, reclusión en la cárcel, condena a galeras, relajación al brazo secular en casos especialmente graves. Por otra parte, las falsas denuncias de solicitación se penaban con la excomunión reservada al Papa (174) . Las penas más graves se aplicaron en los años posteriores al Concilio de Trento (175). Se ha estudiado la frecuencia de la solicitación en diversos tribunales españoles; se sabe que en el de Cuenca supusieron el 5% del total de los delitos juzgados, en Toledo el 4%, en Granada el 2,1% y en Galicia el 1,8%. (176) En el tribunal de Cuenca, que es el estudiado por Sarrión Mora, es posible conocer otros detalles de este delito: - la edad de las solicitadas en su mayoría oscilaba entre los 18 y los 27 años. - entre las solicitadas había un 41,40% de mujeres casadas, 7,67% de viudas, 9,88% de beatas, 7,67% de monjas y 39,52% de doncellas (177). Entre 1550 y 1700 se han registrado un total de 1241 casos de solicitación en territorio español (178). En el caso de los tribunales americanos los casos de solicitación en el periodo señalado fueron: <table> <tr> <td>Lima</td> <td>75 casos</td> </tr> <tr> <td>M&eacute;xico</td> <td>76 casos</td> </tr> <tr> <td>Cartagena</td> <td>10 casos (179)</td> </tr> </table> Se conoce también la procedencia de los sacerdotes solicitantes en el tribunal de Lima durante el reinado de Felipe II: <table> <tr> <td>Cl&eacute;rigos</td> <td>33%</td></tr> <tr> <td>Dominicos</td> <td>23,91%</td></tr> <tr> <td>Mercedarios</td> <td>21,47%</td></tr> <tr> <td>Franciscanos</td> <td>11,95%</td></tr> <tr> <td>Agustinos</td> <td>5,98%</td></tr> <tr> <td>Otros regulares </td> <td>3,69%. (180)</td></tr> </table> También se ha podido estudiar la solicitación en algunos tribunales de la península durante el siglo XVIII: <table> <tr> <td>Valladolid</td> <td>43 casos</td></tr> <tr> <td>Murcia</td> <td>32 casos</td></tr> <tr> <td>Granada</td> <td>37 casos</td></tr> <tr> <td>Toledo</td> <td>23 casos (181)</td></tr> </table> Se conocen datos parciales de algunos tribunales; por ejemplo, en el tribunal de Lima durante el reinado de Felipe III hubo 24 casos de solicitantes en su mayoría pertenecientes al clero regular. No obstante, la sentencias fueron suaves: penas de tipo espiritual y traslados de conventos (182). En el mismo tribunal durante la etapa borbónica hubo 13 casos de sacerdotes solicitantes (183).

A lo largo de los años treinta, la situación internacional empeoró de forma sustancial, sobre todo tras el triunfo de Hitler en Alemania. La guerra, o la amenaza de guerra, reapareció como factor principal en las relaciones internacionales. Significativamente, la Conferencia de Desarme de la Sociedad de Naciones antes mencionada, se disolvió en 1934 sin que se hubiese logrado acuerdo alguno. Cronológicamente, la primera crisis alarmante fue la llamada "crisis de Manchuria" de 1931, cuando las tropas japonesas allí estacionadas extendieron su control sobre la región como castigo por la explosión que se había producido el día 18 de septiembre al paso de un tren militar japonés. La crisis demostró la incapacidad de la Sociedad de Naciones -cuya intervención solicitó China- para hacer efectivo el principio de la seguridad colectiva. La Sociedad nombró una Comisión, presidida por lord Lytton, y logró que Japón se retirase de Shanghai (atacada a principios de 1932). Pero no impuso sanción alguna a Japón ni entonces, ni cuando en febrero de 1933 hizo de Manchuria el Estado satélite de Manchukuo, ni más tarde cuando en 1937 estalló la guerra abierta entre Japón y China. La crisis de Manchuria sancionó, por tanto, el derecho de la fuerza y creó un gravísimo precedente. La llegada de Hitler al poder el 30 de enero de 1933 desestabilizó el equilibrio europeo. Hitler significaba -y nadie podía ignorarlo- la denuncia del Tratado de Versalles, el rearme alemán, la idea del Anschluss (unión) con Austria, una amenaza cierta sobre los Sudetes, el enclave alemán en Checoslovaquia, y sobre Danzig, puerto también alemán enclavado desde 1919 como "ciudad libre" dentro de territorio polaco, y aún la posibilidad de que Alemania buscase para sí un "espacio vital" (Lebensraum) en las regiones eslavas del este de Europa. Hitler no perdió el tiempo. El 14 de octubre de 1933, Alemania abandonó la Conferencia de Desarme y la Sociedad de Naciones. En enero de 1935, recuperó el Saar tras un plebiscito. El 15 de marzo de ese año, Hitler repudió de forma expresa el Tratado de Versalles, restableció el servicio militar, anunció la formación de un Ejército de medio millón de hombres y reveló la existencia de la Luftwaffe y planes para la construcción de una nueva marina de guerra (que, tras el acuerdo naval con Gran Bretaña de 18 de junio de 1935, aceptó en principio reducir a una tercera parte de la flota británica). La comunidad internacional no supo reaccionar con firmeza. El problema estuvo en la distinta percepción que de la significación de Hitler hubo entre las principales potencias, y en las diferencias que entre ellas existieron a la hora de articular respuestas consistentes y coordinadas. Francia, una Francia dividida y debilitada por sus propios problemas internos, volvió a su tesis tradicional de aislar a Alemania y de cercarla a través de la colaboración con Gran Bretaña, la aproximación a Italia y activando una política de alianzas con países del Este europeo. Louis Barthou, el inteligente diplomático que estuvo al frente de Exteriores en 1934, estrechó lazos con los países de la Pequeña Entente (Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia) y con Polonia, y preparó un pacto con la Unión Soviética que firmaría, en mayo de 1935, su sucesor Pierre Laval. Los líderes británicos (MacDonald, Baldwin, Simon, Neville Chamberlain, Hoare, Halifax) tuvieron que contar con una opinión pública mayoritariamente pacifista y con la existencia de círculos influyentes proclives al entendimiento con Alemania; en todo caso, se vieron absorbidos nuevamente por los problemas coloniales (India, Palestina). Gran Bretaña trató de eludir la confrontación directa con Hitler, aunque inició pronto un prudente rearme. Algunos de los hombres que en la década estuvieron al frente del Foreign Office (como John Simon, Samuel Hoare, Lord Halifax y con ellos, Neville Chamberlain, primer ministro entre 1937 y 1940) creyeron que una política de concesiones podría satisfacer las aspiraciones alemanas y que incluso acabaría por hacer que Alemania volviera a la Sociedad de Naciones y a las negociaciones de desarme. En todo caso, Gran Bretaña se mostró dispuesta a apoyar a Francia en caso de agresión directa por parte de Alemania, pero no a acompañarle en su política en el Este de Europa, y descartó la idea de ir a una nueva guerra europea por problemas que se derivaran de los conflictos en esa región (como quedaría de relieve en la crisis de Checoslovaquia de 1938). Italia, temerosa de que Hitler procediera a la unión austro-alemana, quiso hacer de la colaboración entre los cuatro (Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania) el fundamento de un nuevo equilibrio europeo. Pero la idea, que pareció posible tras la firma del llamado Pacto de Roma de 15 de julio de 1933, fracasó por la propia actitud alemana: quedó descartada tras el intento de golpe de Estado de los nazis austríacos de julio de 1934, tras de lo cual se vio la mano de Alemania. Italia buscó entonces, primero, el entendimiento con Francia, para lo que encontró un buen interlocutor en Pierre Laval, ministro de Asuntos Exteriores de noviembre de 1934 a enero de 1936 (y jefe del gobierno francés desde junio de 1935 a enero de 1936), política que se materializó en los acuerdos bilaterales entre ambos países de enero de 1935. Luego, favoreció la formación de un frente entre Gran Bretaña, Francia y la propia Italia, el llamado "frente de Stresa", por el lugar donde, en abril de 1935, tuvo lugar la conferencia correspondiente para hacer frente a una futura agresión alemana. Pero el "frente" se desintegró rápidamente. En junio de 1935, Gran Bretaña negoció unilateralmente -y sorprendentemente, pues se trataba de una violación del Tratado de Versalles- el "acuerdo naval" con Alemania más arriba mencionado. Peor aún, en octubre de ese año, Mussolini, tomando como pretexto ciertos incidentes fronterizos entre tropas etíopes e italianas, invadía Abisinia (Etiopía). La invasión, a la que ya hubo ocasión de referirse al estudiar el fascismo italiano, fue mucho más que una violación flagrante del derecho internacional y que un acto gratuito de agresión y violencia (perpetrado, además, con el más moderno material destructivo ideado hasta la fecha: tanques, aviación, lanzallamas, gas). Fue un desafío abierto -y un golpe definitivo- a lo que pudiera aún quedar de autoridad de la Sociedad de Naciones: puesto que los dos países implicados eran miembros de ésta, la invasión de Abisinia puso en evidencia la total incapacidad del organismo para prevenir y castigar la guerra. En efecto, la Sociedad de Naciones, reunida en asamblea el 7 de octubre de 1935, acordó, tras un emotivo discurso del Emperador etíope Haile Selassie, declarar a Italia "agresor" y aprobó la imposición de "sanciones económicas" contra ella. Pero, primero, la Sociedad de Naciones tardó más de un mes en hacer efectivo el embargo; segundo, éste fue desobedecido por Alemania y Austria; tercero, se excluyeron de las sanciones productos tan esenciales como el petróleo, el acero y el carbón; cuarto, Italia siguió abasteciendo a sus tropas en Abisinia desde sus colonias en Eritrea y Somalia; y quinto, Gran Bretaña no cerró el canal de Suez al tráfico italiano. Más aún, en diciembre de 1935, la prensa internacional filtró los detalles de un posible pacto sobre Abisinia diseñado por los ministros de Exteriores británico y francés (Hoare y Laval) que preveía entregar a Italia las dos terceras partes de Abisinia a cambio de facilitar a este país una salida al mar. El proyectado "pacto Hoare-Laval" -que indignó a la opinión internacional y forzó la dimisión de los dos ministros responsables- pretendía mantener a la Italia fascista dentro de la órbita occidental. Pero en la práctica, vino a condonar un brutal acto de fuerza. Además, el pacto, aunque frustrado, era premonitorio. Revelaba que Gran Bretaña y Francia podrían optar por una política de apaciguamiento hacia los dictadores, una expresión que empezó a utilizarse ya por entonces, aunque luego se asociaría a la política y personalidad de Neville Chamberlain. De momento, la crisis de Abisinia tuvo una primera y catastrófica derivación. Mussolini, insatisfecho con la conducta de Gran Bretaña y Francia, que acabaron sumándose a las sanciones, basculó definitivamente hacia su único valedor internacional en aquel conflicto, la Alemania de Hitler. Italia y Alemania colaboraron ya decididamente en la guerra civil española (1936-39), apoyando abiertamente el levantamiento del general Franco. En octubre de 1936, Hitler y Mussolini proclamaron el "Eje Berlín-Roma" e Italia abandonó la Sociedad de Naciones a fines de 1937. Japón se aproximó al Eje tras firmar con Alemania (25 de noviembre de 1936) el "Pacto Anti-Comintern". Italia y Alemania suscribieron una alianza formal -"el Pacto de Acero"- en marzo de 1939; Japón se incorporó a ella al año siguiente. Por un lado, por tanto, la debilidad de la Sociedad de Naciones y las evidentes contradicciones en que se movían Gran Bretaña y Francia -mientras Estados Unidos permanecía al margen de la política europea y la Unión Soviética sólo empezaba a salir de su aislamiento- reforzaron los planes de la política exterior de Hitler. Luego, enseguida lo veremos, la "política de apaciguamiento" hizo el resto. La escalada de la tensión resultó incontenible. En marzo de 1936, tomando como pretexto el acuerdo franco-soviético de 1935 -que según Alemania violaba los acuerdos de Locarno-, tropas alemanas ocuparon, entre el entusiasmo de la población, la zona desmilitarizada del Rin. El acto destruía literalmente el sistema de Versalles. Gran Bretaña no hizo nada (y probablemente, una buena parte de la opinión no condenó el acto, que hasta fue visto como un derecho de Alemania). Francia se limitó a reforzar su estrategia defensiva en la región, esto es, a ampliar la serie de fortificaciones que había empezado a construir en 1929 el entonces ministro de la Guerra, André Maginot. Italia estaba implicada en Abisinia. Durante la guerra civil española, Gran Bretaña y Francia trataron de localizar el conflicto e, impulsando una política de neutralidad y no intervención, impedir que la guerra española pudiera desembocar en una conflagración europea. Por su iniciativa, la Sociedad de Naciones creó (septiembre de 1936) un Comité de No-Intervención, con sede en Londres. La iniciativa fue poco menos que una burla. Alemania e Italia, que en teoría aceptaron la resolución, violaron cínicamente el acuerdo enviando armas, soldados y asesores a Franco (unos 70.000 soldados italianos; unos 10.000 técnicos y aviadores alemanes); la República española sólo recibió la ayuda de la Unión Soviética. El uso de la fuerza determinaba la política internacional; la seguridad colectiva era ya un concepto inoperante. El peligro de una nueva guerra mundial era evidente. El deseo de evitarla fue precisamente lo que decidió al nuevo primer ministro británico, Neville Chamberlain (1869-1940), que llegó al poder el 25 de mayo de 1937, a adoptar una política de conciliación hacia los dictadores, una "política de apaciguamiento", que era, al tiempo, una política exterior más activa que la de su predecesor Baldwin, y que iba acompañada de un nuevo impulso al reforzamiento militar británico. La "política de apaciguamiento", sin embargo, no pudo evitar la guerra. Hasta cierto punto la hizo inevitable, dando la razón a quienes como Winston Churchill -el dirigente conservador británico apartado del gobierno de su país desde 1929- habían reclamado políticas de firmeza contra las agresiones de Hitler y Mussolini. Así, Hitler volvió en 1938 su estrategia hacia el centro y este de Europa, dos áreas que de siempre habían sido objeto de las ambiciones hegemónicas alemanas. En Austria -donde los nazis ambicionaban imponer precisamente aquella unión entre los dos países ("Anschluss") prohibida en los tratados de 1919- Hitler contaba ahora con una baza adicional: la neutralidad de Italia (con la que no había podido contar en julio de 1934; entonces, Italia estuvo incluso dispuesta a intervenir militarmente para impedir el triunfo del intento de golpe pro-nazi que se produjo en la república austríaca en aquella fecha). En febrero de 1938, Hitler impuso al canciller austríaco Schuschnigg la legalización del partido nazi, prohibido desde 1934, y su participación en el poder mediante la incorporación de su líder, Arthur Seyss-Inquart, al gobierno como ministro del Interior. Schuschnigg trató de resistir y de organizar un plebiscito sobre la independencia austríaca. Pero ante la amenaza de intervención militar alemana dimitió. Su sucesor, Seyss-Inquart, pretextando que la seguridad de su país estaba amenazada por la agitación interna, solicitó ayuda a Hitler: el 12 de marzo de 1938, tropas alemanas entraron en Austria, aclamadas por la mayoría de la población, y Seyss-Inquart proclamó, el día 13, el "Anschluss". El gobierno británico, presidido ya por Chamberlain -con Halifax en Exteriores- protestó. Francia, que carecía prácticamente de gobierno en aquel momento, aún hizo menos. Hubo, pues, una aceptación "de ipso", del hecho consumado. En Checoslovaquia, nuevo objetivo de la estrategia alemana, el pretexto de intervención lo proporcionó la agitación que en demanda, primero, de la autonomía, y luego de la independencia de los Sudetes (región donde vivían unos 3 millones de alemanes), realizó desde 1934, con apoyo alemán, el Partido Alemán-Sudete. La agitación provocó graves y frecuentes disturbios y culminó cuando en septiembre de 1938 el gobierno checo declaró el estado de guerra en la provincia. La posibilidad de que, en caso de intervención militar alemana -que Hitler anunció reiteradamente- el conflicto derivara en una guerra europea era, si cabe, mayor que en la crisis austríaca: las fronteras checas estaban garantizadas por los tratados de Locarno; Checoslovaquia había firmado acuerdos defensivos con Francia y con la URSS. Fue eso precisamente lo que llevó a Chamberlain a mediar en el conflicto. En agosto de 1938, envió una misión, presidida por lord Runciman, que pareció inclinarse por las tesis independentistas de los nazis sudetes. En septiembre, Chamberlain asumió personalmente la responsabilidad, poniendo en marcha, primero, una diplomacia de relación directa entre él y el propio Hitler (con el que se entrevistó sin éxito los días 15 y 22 de aquel mes); promoviendo luego, con la colaboración de Mussolini (con quien Chamberlain, deseoso de romper el eje Berlín-Roma, había establecido una aceptable comunicación personal), una reunión entre los cuatro grandes de la política europea (Chamberlain, Hitler, Mussolini y Daladier, el primer ministro francés) que se celebró el 29 de septiembre en Munich. En Munich se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro a la independencia de Checoslovaquia. La reunión se cerró con la declaración que Hitler y Chamberlain firmaron el día 30 expresando su voluntad de no ir jamás a la guerra. De la solución acordada en Munich, Chamberlain dijo que creía que era la paz para nuestro tiempo. Churchill y ocupó Danzig. El día 3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La II Guerra Mundial había comenzado.

Con distintos lenguajes emanados del Barroco clasicista, con dominio de la sintaxis de este estilo aprendido con sus maestros y en la asimilación de tratados de arquitectura, la obra de Rodríguez fue coherente, si bien en ocasiones aparecen modos más severos, que no por falta de ornamentación son neoclásicos. Sus obras estuvieron directamente vinculadas a las Obras Reales hasta 1760 cuando, cesado por decisión de Carlos III, surgieron otros cargos y clientes con necesidades distintas, que sólo aparentemente produjeron un estilo nuevo, más funcional, severo y desornamentado. En el obrador de Palacio, además de los dibujos para el palacio de Aranjuez (1733), participó en la capilla y escalera del Palacio Nuevo en las primeras fases constructivas (Madrid, Biblioteca Nacional). Estos plantean distintos desarrollos espaciales y monumentales, adecuados al ceremonial de Corte, con un estilo dependiente del proyecto general de Juvarra. Al mismo período pertenece la Sección transversal de una iglesia con planta central (Madrid, Museo Municipal, 1738), obra de alzados murales italianizantes combinados con un camarín a la española, de un modo que nadie -salvo Rodríguez- podía hacerlo en España en esa época. En tiempo de Felipe V (1700-1746) Ventura Rodríguez realizó el Túmulo funerario del cardenal Molina (1744), grabado por J. B. Palomino al año siguiente. La estampa muestra cómo, inspirándose en la tradición de Bernini y Juvarra, surgen las formas de un templete octogonal sobre pedestales y escalinatas, con columnas unidas por un entablamento mixtilíneo de tramos cóncavos y convexos, coronado por un remate, cuya fantasía desbordada recuerda las culminaciones de algunos campanarios de Borromini. La fuerza de los órdenes de fuste desnudo se impulsó, frente a los antiguos estípites churriguerescos y la decoración hispana, cuajada de emblemas, representando el fin de una época, como inmediatamente se vería en el de Felipe V, diseñado por J. B. Sacchetti en 1746. El proyecto para la Sacristía de la Capilla de San Isidro en San Andrés de Madrid (1748) presenta similitudes conceptuales con la adición de A. Procaccini en la Colegiata de La Granja (1729-1739). Rodríguez, adaptándose al edificio preexistente, imprimió un ritmo curvilíneo a la fachada, con pilastras en los ángulos para integrarla lateralmente en la obra seiscentista y con cuatro semicolumnas, en el centro, que acentuaban el eje axial, mediante la alineación de ventanas que culmina en el ático abalaustrado del remate, inspirado en el del Palacio Nuevo.

En 1899 Toulouse-Lautrec fue ingresado por sus amigos en una clínica de desintoxicación para que se recuperara del alcoholismo que ya estaba alcanzando cotas peligrosas, llegando a disparar con un revólver a las arañas que veía debido al delirium tremens. Al salir de la clínica sus amistades intentaron alejarle de la bebida por lo que le sugirieron que realizara algunas obras tomando como tema las sombrererías al igual que ya había hecho Degas, su pintor favorito. Henri eligió como modelo a Louise Blouet quien resumía perfectamente el ideal de belleza del artista: nariz respingona, tez blanca y cabello rojo recogido en un moño. La figura está iluminada por un rayo de sol que penetra a través de la cristalera de la tienda, provocando esas sombras malvas características del Impresionismo. Todo lo que no ilumina ese rayo de sol queda en una zona de triste penumbra. Podemos observar cómo esta última etapa de Lautrec es una evocación de sus primeras obras como La gorda María o Lavandera.

Las jóvenes burguesas de París serán las protagonistas de estos cuadros de sombrererías, en los que Degas muestra una imagen de la modernidad diferente de la de realistas e impresionistas. Degas será mucho más intimista que sus compañeros, situándose casi como un "voyeur", sobre todo cuando las mujeres se convierten en el principal foco de atracción. Dos mujeres se están probando diferentes modelos de un rico surtido de sombreros; una de ellas se presenta de espaldas y apoya su delicada mano derecha en una sombrilla; podría ser la pintora norteamericana Mary Cassatt, que sirvió de modelo en algunas obras de Degas - En la sombrerería, por ejemplo - y que acudía acompañada del pintor cuando iba a adquirir sus sombreros. Su compañera se ajusta el sombrero y se mira en el espejo con gesto de satisfacción. En primer plano, uno de los escasos bodegones de la obra de Degas - en Mlle. Hortense Valpinçon de niña encontramos otro - compuesto con sombreros de diferentes calidades; será ésta una excelente nota de color en la composición. El pintor recurre a su ya tradicional perspectiva alzada para realizar la obra, en una marcada referencia a la fotografía al cortar los planos pictóricos. Respecto a los colores, se aprecia un interesante juego entre los naranjas y marrones, colores complementarios, junto a los azules y blancos, que producen un alegre conjunto.