Busqueda de contenidos

"La Segunda Guerra Mundial -escribe Raymond Cartier- comenzó el 7 de julio de 1937". Un intercambio de disparos entre tropas chinas y japonesas propició uno de los conflictos más sangrientos del período de entreguerras, que terminó alineando a sus protagonistas en los dos grandes bloques mundiales de la guerra de 1939-45. El conflicto chino-japonés posee una triple vertiente que lo hace sumamente complejo. De un lado, el ya tradicional enfrentamiento entre los dos países asiáticos, prácticamente ininterrumpido -salvo una corta tregua- entre 1931 y 1945. De otro, la prolongada guerra civil china entre nacionalistas y comunistas, suspendida de modo harto precario tras el acuerdo de Sian y reanudada apenas terminaron las hostilidades con Japón. Y, finalmente, la inclusión de la guerra chino-japonesa en el marco general de la guerra del Pacífico. China era la vía más adecuada para el expansionismo nipón. Sus riquezas naturales, su potencial humano y económico y el atraso y la debilidad de sus estructuras estatales, constituían irresistibles tentaciones para una potencia industrial como Japón, lanzada precozmente a la búsqueda de mercados neocoloniales y de bases militares. Coincidiendo con la grave crisis económica de los primeros años treinta y con el colapso de la democracia liberal, los círculos del triunfante militarismo japonés desarrollaron una doctrina que, basándose en el memorial Tanaka y en otros textos imperialistas, justificaba en razón del interés nacional la conversión del norte de China en un protectorado nipón. A las razones económicas se añadían consideraciones de otra índole: la búsqueda de territorios de colonización más allá de Corea y la conveniencia de establecer una posición avanzada como cuña entre dos peligrosos rivales de Japón, la China de Chiang Kai-chek y la Rusia de Stalin. La situación interna de China a comienzos de los años treinta favorecía los propósitos de los expansionistas japoneses. Ciertamente, Chiang Kai-chek había proclamado la reunificación del país tras su expedición al norte y la toma de Pekín, en junio de 1928. Pero su Gobierno, establecido en Nankín, sólo controlaba de un modo efectivo las provincias costeras del centro y del norte y parte de los cursos del Hoang-ho y del Yangtsé. Su poder era combatido por los comunistas desde sus numerosos reductos campesinos; por los señores de la guerra, que dominaban en el sur y en las regiones del interior, e incluso por el ala izquierda de su propio partido, el Kuomintang, disconforme con el autoritarismo y la política anticomunista del general. China era rica en recursos, pero los tenía poco y mal explotados. Su potencial industrial estaba en manos extranjeras, principalmente japonesas. Las principales vías férreas y la mayor parte de la industria siderúrgica se concentraban en la vulnerable Manchuria. Los grandes puertos -Shanghai, Cantón, Tientsin- absorbían la mano de obra industrial, mientras la inmensa mayoría de la población era una masa campesina, pobre e inculta, a la que sólo la actividad de los comunistas parecía capaz de dotar de una conciencia social y política. En el verano de 1931, los agentes japoneses comenzaron a moverse en Manchuria y Mongolia interior. Había llegado el momento de cobrar la presa mientras el Ejército nacionalista se hallaba enredado en las costosas e inútiles campañas de exterminio contra los comunistas. La ejecución por los chinos del mayor Nakamura cuando efectuaba tareas de espionaje en Mongolia y un oscuro incidente en las vías del ferrocarril transmanchuriano en Mukden dieron a los nipones el esperado casus belli. Con precisión matemática, sus tropas ocuparon Changchun, Kirin, Liaoyang y otras ciudades manchúes. El gobernador militar de la región, Chang Hsue-liang -hijo de Chang Tso-lin recibió órdenes de Nankín para retirarse hacia China del norte sin oponer gran resistencia. Manchuria cayó en manos de Japón como una fruta madura largo tiempo codiciada. Sobre su suelo surgió un Estado títere, Manchukuo, y a su frente se colocó al último emperador de la vieja China, Pu-yi. La posesión de Manchuria no aplacó la sed de tierras de los conquistadores. Como los chinos boicotearan los productos japoneses, las tropas niponas desembarcaron en Shanghai a finales de enero de 1932 y forzaron un acuerdo humillante para el Gobierno de Nankín. Un año después caía en su poder la estratégica provincia de Jehol, que fue incorporada al Manchukuo. A continuación, los japoneses atravesaron la Gran Muralla y penetraron en Hopeh, la región que tenía por capital a Pekín. Pero no tardaron en replegarse. El Gobierno de Tokio no deseaba una guerra abierta con China. El 31 de mayo de 1933 se firmó la tregua de Tungku, que fijaba las posiciones de ambos bandos y establecía un territorio desmilitarizado al norte de Pekín. Durante estos años de humillación nacional, el Kuomintang se reveló incapaz de capitalizar la reacción popular contra el invasor. Pese a que hechos como la desesperada defensa de Shanghai, en 1932, o el renacer del movimiento estudiantil antijaponés demostraban la existencia de un espíritu de lucha en el pueblo chino. Chiang prefería ganar tiempo haciendo concesiones territoriales. Su verdadero objetivo era la aniquilación de los comunistas, y a ello dedicaba los principales recursos humanos y económicos de su régimen. Esta política servía a los intereses de los comunistas. En febrero de 1932, el Gobierno soviético de Kiangsi declaró la guerra al Japón y propuso poner fin a la guerra civil y concluir una alianza antijaponesa entre todas las fuerzas nacionales. Tales objetivos parecían utópicos en aquellas circunstancias. La tregua de 1933 permitió a Chiang volcar sus fuerzas contra los comunistas, que se vieron obligados a emprender la Larga Marcha y a refugiarse en Yenan. Pero no había de pasar mucho tiempo para que se comprobase que la política de los dirigentes comunistas no sólo era acertada, sino la única posible para el país. El principio estratégico de Chiang Kaichek, "primero la represión, después la resistencia", se fue tornando cada vez más indefendible. Los japoneses buscaban reforzar su posición en China sin provocar una guerra abierta. La Mongolia interior, enorme región semidesértica y gobernada por una aristocracia nómada, se mostraba reacia a aceptar la autoridad de Nankín y los japoneses fomentaban el desarrollo del nacionalismo local. Temerosos de perder aquella importante zona, los políticos del Kuomintang tuvieron que hacer importantes concesiones. En abril de 1935 se formó un Gobierno autónomo presidido por el príncipe Teh Wang que, teóricamente sometido a la Administración china, actuaba en la práctica en favor de los nipones. También en Hopeh presionaban los invasores para estimular la secesión. Ante la formación de un Gobierno projaponés en Pekín, Nankín cedió de nuevo. Hopeh y Chahar, las dos provincias fronterizas con Manchukuo, se convirtieron en regiones autónomas en noviembre de 1935, reservándose muy pocas competencias el Gobierno central. Este hubo de aceptar un acuerdo aún más humillante. Se comprometió a reprimir cualquier manifestación antijaponesa en el interior de China. En los círculos nacionalistas del Ejército y de la burguesía cundía la indignación. A finales de 1933, el XIX Ejército, que había combatido a los japoneses en Shanghai, se levantó en Fukien en nombre de la resistencia contra Japón y tardó varios meses en ser reducido por tropas leales a Chiang. En los medios culturales eran la intelectualidad de izquierdas, encabezada por Lu Hsun, y los universitarios quienes desarrollaban la protesta, no sólo contra la inoperancia gubernamental, sino contra la prosecución de la guerra civil. El movimiento del 9 de diciembre de 1935, que se inició con una gigantesca manifestación de estudiantes pekineses, exigía medidas concretas contra el invasor y las libertades civiles y políticas. No es extraño que este clima de protesta, que iba alcanzando incluso a sectores del ala oficialista del Kuomintang, fuera aprovechado por los comunistas de Shensi. El 25 de diciembre de 1935, durante una reunión del Comité Central del PCCh en Wayaopao, Mao Tsé-tung planteó las tesis del frente nacional antijaponés e hizo un llamamiento a la burguesía nacional para que se uniera a la defensa de la patria. El informe -que hasta cierto punto puede asimilarse al frentepopulismo coetáneo- ofrecía una disminución de la conflictividad social en aras de la salvación nacional. A estas propuestas políticas acompañaba una actividad bélica de cierta consideración. A lo largo de los años 1935 y 1936, pese a la presión de las tropas nacionalistas, el Ejército Rojo se consolidó y alcanzó un alto grado de eficacia. A finales de ese período contaba con unos 90.000 hombres, dirigidos por Chu The y encuadrados por oficiales salidos de la Academia de Yenan. Desde principios de 1936, los comunistas lanzaron ofensivas contra las tropas niponas a través de Shansi. Pese a su corto alcance, estas operaciones suponían un gran éxito propagandístico. Temeroso de las represalias japonesas, Chiang Kai-chek decidió lanzar una nueva campaña de exterminio. Para ello encargó al ejército manchú de Chang Hsue-liâng, establecido en Shensi desde 1933, que atacara la base de Yenan. Pero las tropas manchúes tenían la moral muy minada por la inactividad y el alejamiento de sus hogares y eran muy receptivos a la propaganda comunista. Su general no perdonaba a Chiang Kai-chek la retirada de 1932 y anhelaba guerrear con los japoneses. El 7 de diciembre de 1936, el generalísimo realizó una visita de inspección al frente. En Sian se entrevistó con Chiang Hsueling y con Yang Hu-cheng, señor de la guerra de Shensi. Ambos se negaron a emprender una nueva campaña y urgieron a su superior para que llegase a un acuerdo antijaponés con los comunistas y con la URSS. Como Chiang rechazara sus peticiones, le detuvieron. No hay pruebas de que los dos generales actuaran de acuerdo con los rojos, pero desde luego trabajaban en la misma línea. El 13 de diciembre, un avión enviado desde Sian recogió a Chou En-lai y a otros dos dirigentes comunistas y los condujo hasta la prisión de Chiang Kai-chek. Chiang terminó cediendo y aprobó la unificación de los ejércitos chinos y la formación del frente nacional antijaponés. A cambio, sus mortales adversarios pidieron su liberación y le reconocieron como jefe del Gobierno chino. A su vuelta a Nankín, Chiang se atuvo en líneas generales a lo convenido. El Comité Central del Kuomintang aprobó una resolución reconociendo que la "reconquista de las provincias perdidas debía ser la primera tarea de China". A mediados de marzo comenzaron las negociaciones entre ambos partidos. En mayo se llegó a un acuerdo: el territorio en poder de los comunistas -que habían ocupado entretanto el norte de Shensi- se convertiría en región fronteriza especial y el Ejército Rojo pasaría a ser el VIII Ejército chino. Los presos comunistas serían liberados. Por su parte, el Partido Comunista cesaría en sus ataques al Kuomintang y suspendería la confiscación de tierras en los territorios que ocupase. De la derrota y la amenaza de exterminio, los comunistas pasaban a la alianza con el Kuomintang y se convertían ante las masas en abanderados de la causa nacional. Las noticias sobre los acontecimientos de China provocaron la alarma en Tokio. El Gobierno Konoye tenía motivos para sospechar la inminencia de una alianza entre China y la URSS -que en agosto de ese año firmaron un pacto de no agresión- y decidió actuar antes de que Chiang tomase la iniciativa. En la noche del 7 de julio de 1937 se produjo un tiroteo entre una pequeña columna japonesa que buscaba a un desertor y la guarnición china de Wanping, al suroeste de Pekín. Era el incidente que esperaba el ministro de la Guerra japonés, Sugiyama, que ordenó el envío de un poderoso ejército al norte de Hopeh. A finales de julio, el general Kawabé disponía de 160.000 hombres entre Pekín y Tientsin. Por su parte, Chiang se apresuró a enviar cuatro divisiones al norte a la vez que se negaba a aceptar el ultimátum japonés. Fracasadas las inútiles conversaciones, el Ejército nipón se puso en marcha y, tras un bombardeo aéreo, entró en Pekín el 8 de agosto. Sus defensores la habían abandonado poco antes. El avance japonés en China del norte fue fulgurante. El entrenamiento de las tropas, la calidad del armamento y los bombardeos masivos contra las poblaciones garantizaban a su Ejército el mantenimiento de la iniciativa. La ofensiva tomó tres direcciones que seguían el trazado de otros tantos ferrocarriles estratégicos. Una columna penetró en la Mongolia interior tras forzar las defensas de Nankou. A finales de agosto cayó Kalgan en su poder y poco después Tatung, en el norte de Shansi. Al sur de esta ciudad, en las proximidades de la Gran Muralla, había tomado posiciones el VIII Ejército. El terreno, muy montañoso, brindaba magníficas defensas a las tropas comunistas. El 25 de septiembre, una de sus divisiones, mandada por Lin Piao, se apuntó la primera victoria china en el paso de Pinghsingkuan. El moderno material que cayó en sus manos permitió reforzar notablemente la capacidad ofensiva de los rojos. Pero era un triunfo aislado. Desde el norte y el este los japoneses confluían sobre Taiyuan, capital de Shansi, cuyo cerco se cerró el 2 de noviembre. Su caída, producida pocos días después, permitió a los invasores seguir el curso del río Fen y, tras ocupar Fenyang, alcanzar el Hoang-ho en Puchou. En el Hopeh central, otra columna evolucionaba siguiendo el ferrocarril Pekín-Hankou. Su avance fue también muy rápido: el 25 de septiembre cayó en su poder Paoting y a mediados de diciembre se encontraban a orillas del Hoang-ho, frente a Kaifeng. Finalmente, una tercera agrupación, salida de Tientsin, ocupó a últimos de diciembre la mitad norte de Shantung, incluidas las importantes ciudades de Tsinan y Tsingtao, sin que las tropas del Kuomintang opusieran otra resistencia que la destrucción de las principales poblaciones. Cinco meses escasos de campaña habían dado a Japón el control de China del norte. Sólo la región fronteriza especial de Shensi, Kansu y Ningsia, y algunas zonas de Shansi, defendidas por los comunistas, escapaban a la ocupación. En China central otro incidente -la muerte de dos marinos japoneses a manos de un centinela chino- sirvió para justificar el desembarco de infantes de marina en Shanghai, el 11 de agosto. Los chinos acumularon grandes efectivos en la zona y la batalla por la ciudad, muy encarnizada, se prolongó por espacio de tres meses. Sólo un nuevo desembarco japonés en Hanchou, el 5 de noviembre, forzó a los defensores a retirarse para evitar ser cercados. Tras la toma de Shanghai, los japoneses remontaron el Yangtsé hasta Nankín. Pese a sus esfuerzos defensivos, Chiang hubo de abandonar su capital, que cayó el 13 de diciembre, y refugiarse en Hankou. El saqueo y la matanza de civiles a que se entregaron los conquistadores en Nankín despertó una ola de protestas en todo el mundo. A lo largo de 1938 prosiguió el incontenible avance japonés en China central. En el mes de marzo, los chinos obtuvieron un importante éxito defensivo en las proximidades de Suchou, que no impidió la continuación de la ofensiva enemiga hacia Kaifeng. Incapaces de vencer al enemigo en campo abierto, los generales nacionalistas ordenaron la voladura de los diques del Hoangho. Esta estúpida medida no evitó la caída de Suchou y de Kaifeng, pero causó la muerte a cientos de miles de campesinos y destruyó la riqueza agrícola de Anhwei y Kiangsu. A finales de año, el frente se estabilizó en Honan. A comienzos del verano, los japoneses reanudaron el ataque a lo largo del Yangtsé, con la mirada puesta en Hankou, uno de los principales centros industriales del país y nueva capital del Kuomintang. En pocas semanas los atacantes superaron las sucesivas barreras defensivas establecidas por los chinos. Dos columnas que remontaban el río ocuparon Kieukiang el 23 de julio. Otra columna atravesó por el norte los montes Tapiehsan y se situó a espaldas del dispositivo enemigo. El 21 de octubre se rindieron a los japoneses las importantes ciudades de Hankeu y Wuhan. Chiang y su Gobierno escaparon de nuevo y se refugiaron en Chungking, en la recóndita provincia de Szechuan, una ciudad de clima insano y mal acondicionada para ser capital; pero era muy difícil que llegaran hasta allí los japoneses. Estos parecían a punto de alcanzar sus más ambiciosos objetivos. A la conquista de Shanghai había seguido la ocupación de los enclaves costeros de Amoy y Suatou. El 21 de octubre, coincidiendo con la caída de Hankeu, desembarcaron en Kuangtung y tomaron su capital, Cantón, sin encontrar apenas resistencia. A partir de ese momento, el avance nipón se ralentizó. La conquista de casi todas las zonas de interés para Japón y los problemas que planteaba el alargamiento de las vías de suministro en regiones que carecían de ferrocarril aconsejaban frenar el ritmo de penetración en el país.

La guerra de España es la única ocasión histórica en que nuestro país ha jugado un papel protagonista en la Historia del siglo XX, aunque fuera como sujeto paciente de un acontecimiento de enorme repercusión. Tan sólo en otro momento, mucho más grato en sus consecuencias, como fue la transición a la democracia, España ha resultado protagonista de primera fila en la vida de la Humanidad. No puede extrañar, por tanto, que desde una óptica nacional o extranjera, se haya considerado como eje interpretativo de nuestro pasado lo sucedido en el período 1936-1939. Este tipo de interpretación tiene un obvio inconveniente que nace de considerar la totalidad de la Historia española del siglo XX (o incluso la anterior) como un paso más que, de modo inevitable, llevaba a la guerra entre dos sectores de la sociedad española enfrentados a muerte. Es cierto, por supuesto, que nada parecido a una guerra civil con centenares de miles de muertos se dio en otro país del Occidente europeo durante el primer tercio del siglo XX y menos aún en la época posterior. Eso, sin embargo, no debe hacer pensar que el enfrentamiento violento fuera algo imposible de eludir, ni menos aún que estuviera escrito en la Historia como inevitable desde el siglo XIX o antes. Hasta el último momento la guerra civil pudo haber sido evitada. Los testigos presenciales, en especial los que tenían responsabilidad política de importancia, suelen considerar que no era así, pero ello se debe quizá al deseo de exculparse por sus responsabilidades. La prueba de que se podría haber evitado la guerra reside en que de haber sido otro el comportamiento de Casares Quiroga o si hubiera sido sustituido antes por Martínez Barrio, el curso de los acontecimientos podría haber sido muy otro. En realidad, pocos desearon originariamente la guerra, aunque hubiera muchos a quienes les hubiera gustado que se convirtieran en reales sus consecuencias, es decir, el aplastamiento del adversario. Con el transcurso del tiempo ese puñado de españoles que quería la guerra consiguió la complicidad, activa o pasiva, de sectores más amplios y se olvidó que los fervorosos entusiasmos políticos que llevaban a una España a desear imponerse sobre la otra implicaban, para su realización, el derramamiento de sangre. Cuando éste empezó y la barbarie creó un abismo entre dos sectores de la sociedad española, fue cuando la guerra civil resultó inevitable. Pero, si no lo había sido en el pasado remoto, en cambio tuvo consecuencias decisivas para la Historia de España. Hay interpretaciones simplificadoras que atribuyen a un supuesto carácter nacional una proclividad hacia la guerra civil o que ven la causa de la de 1936-1939 en peculiaridades de una clase social, sea la burguesía o el proletariado. Todas estas caracterizaciones no son ciertas, pero sí lo es, sin duda, que existe una peculiaridad en la Historia española respecto del resto de las naciones europeas derivada de esta guerra civil. No nace, por tanto, de un rasgo inamovible del carácter de todos o de una parte de los españoles sino de una experiencia colectiva, como la de esta guerra peculiar y lo suficientemente decisiva para crear traumas difíciles de superar. En cierto sentido la guerra civil no concluyó hasta 1977 y durante el período intermedio, desde 1939, todos los rasgos de la vida española estuvieron marcados por la impronta bélica; el régimen del general Franco no podía entenderse sin la experiencia bélica que engendró además, a título de ejemplo, el nacional catolicismo y la condenación de toda una parte de la tradición cultural española (la liberal). Claro está que también en la etapa mencionada se superaron esas situaciones, pero a fin de cuentas al mismo tiempo se seguía viviendo en la órbita histórica de aquel decisivo acontecimiento. El pueblo español ha sido consciente de la realidad de esta influencia de la guerra civil sobre el presente. Durante décadas se ha sentido mal informado y luego apasionadamente interesado. Ha pasado ya el momento en que no se hablaba de la guerra civil sino que se discutía sobre ella. Ahora, quizá, tras haber pasado varias décadas desde la guerra civil, la tendencia más frecuente es considerar que se ha llegado ya a una saturación de información acerca de ella. Paralelamente a este cambio que se ha producido en el estado de la opinión pública acerca de la guerra, el conocimiento científico de la misma ha ido progresando de manera significativa. Conviene tener en cuenta que aunque desde hace décadas la bibliografía acerca de la guerra civil española fuera oceánica, no quería decir que necesariamente fuera buena, sino que indicaba el grado de polémica al que se había llegado en torno al acontecimiento. Acerca de la Revolución rusa, un acontecimiento más importante, el número de títulos publicados era inferior hace unos años al de los que se habían publicado sobre la guerra civil española. En realidad, sólo a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX se inició la utilización de los fondos archivísticos españoles, esenciales como fuentes. En la actualidad, los puntos de coincidencia de los historiadores de las diversas significaciones ideológicas son muchos, en especial acerca de los factores estrictamente militares de la guerra. La conmemoración del cincuentenario no dio lugar a grandes descubrimientos, pero sí a la acentuación del interés por determinadas cuestiones como la represión, las colectivizaciones o el papel de la Iglesia en el conflicto. Sin embargo, quedan todavía muchos aspectos que investigar, tanto sobre la evolución de cada uno de los dos bandos en conflicto, como sobre determinados aspectos de la política exterior durante el mismo. La aportación de algunos archivos públicos y sobre todo privados habrá de ser fundamental en el futuro para los avances historiográficos. De todos modos, la actitud del historiador respecto de una cuestión como la guerra civil española necesariamente ha de ser humilde. Como se ha dicho respecto de la Revolución Francesa, nunca podrá escribirse una Historia definitiva de la guerra civil española por la sencilla razón de que afectó demasiado gravemente a un número demasiado grande de personas. Con todo, el mayor problema del historiador respecto de la guerra civil española no es tanto el de las fuentes como el de la objetividad. Es, por supuesto, un propósito siempre en peligro y siempre difícil de alcanzar. Tanto es así que incluso afecta a la misma denominación del conflicto y de quienes en él fueron contendientes; todavía no están tan lejanas la fechas en que los términos guerra civil eran considerados como inaceptables. Todavía existe un problema para el historiador en la denominación de los contendientes porque las que resultan peyorativas o no corresponden a la realidad resultan frecuentes; incluso en libros recientes todavía se representa con el color azul y el rojo a los beligerantes cuando probablemente, esos dos colores, en su significación política, resultan una simplificación. Quizá una buena terminología consistiría en recurrir a una denominación negativa, anticomunistas y antifascistas, pero con ello se excluiría a una gran parte de la población que era ambas cosas. La contraposición republicanos - nacionales o nacionalistas tiene el inconveniente de que en el bando de los primeros no sólo había quienes aceptaban esa definición, mientras que tan nacional era una causa como la otra. Por tanto, quizá conviniera denominar a unos como los sublevados, la derecha o los franquistas (la persona de Franco siempre representó muy bien la acumulación de sectores políticos que dirigió), y a otros como los frentepopulistas, puesto que en realidad lo que sucedió en la guerra civil fue que el Frente Popular originario se amplió con la presencia de los nacionalistas vascos y los anarquistas.

El conflicto sucesorio que se produce a la muerte de Enrique IV dio lugar a una guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana, pretendientes al trono castellano. En favor de Isabel se situaron algunas ciudades, como Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Segovia, Avila o Toledo, además del reino de Aragón. A favor de Juana se alzaron Burgos, Atienza, Arévalo, Madrid, Alcántara o Trujillo. El conflicto se hizo internacional con la entrada de Portugal y Francia, ambos en apoyo de Juana. Tropas portuguesas penetraron por el valle del Duero, estabilizándose el frente en la región de Zamora. En marzo de 1476, tropas de Isabel lograban tomar Burgos tras un largo asedio. Ese mismo año, el ejército de Fernando el Católico lograba una gran victoria cerca de Toro y, al mismo tiempo, se conseguía expulsar a los franceses de Fuenterrabía y detenerlos en el Rosellón. La guerra continuó durante los tres años siguientes, salpicados de treguas y escaramuzas militares. En 1479 las tropas portuguesas fueron derrotadas en Albuera. Finalmente, el perdón a los partidarios de Juana y la firma del tratado de Alcaçobas-Toledo con Portugal dejaban el trono castellano en manos de Isabel. Castilla sale muy fortalecida de la guerra. A la unión con la Corona de Aragón, aunque manteniendo instituciones diferentes, se sumará en los años siguientes la anexión de los reinos de Granada y Navarra, al tiempo que comienza su expansión por el Atlántico.

Se podría decir que, en el fondo del conflicto, latía la crisis o las dificultades que ahondaban las diferencias en el seno de la sociedad catalana. Ello justifica que, aunque la guerra civil no fuera puramente una lucha de clases, las clases y grupos sociales, tal como habían sido construidos por el desarrollo de la producción y los privilegios o las servidumbres, lucharan en ella por su supervivencia o liberación. Antes del conflicto o, mejor dicho, antes de la absurda detención de Carlos de Viana, que por unos meses unió a todos los catalanes contra el rey, las posiciones y oposiciones aparecían con nitidez: a un lado estaba la oligarquía constitucionalista, integrada por los barones y caballeros feudales, los grandes eclesiásticos y el patriciado pactista (éste representado por la Biga), que querían deshacerse de la dinastía real, considerada enemiga de las instituciones catalanas y de su praxis pactista, y en el lado opuesto, junto a la monarquía y los barones de la corte, los mercaderes de la Busca, los artesanos y los campesinos, más o menos partidarios del autoritarismo monárquico, un principio, por cierto, que no era patrimonio exclusivo de los Trastámaras, sino que lo habían defendido monarcas de la dinastía originaria tan importantes como Pedro el Grande y Pedro el Ceremonioso, y que, en estos momentos, inspiraba a la mayor parte de las monarquías europeas. No obstante, cuando estalló el conflicto, factores de índole muy diversa (antagonismos familiares, enfrentamientos locales, circunstancias geográficas, fidelidad al principio monárquico) motivaron alteraciones importantes del esquema expuesto, como, por ejemplo, la lucha al lado de Juan II y de los remensas de algunos nobles y eclesiásticos que antes se habían significado por su oposición al autoritarismo real y al sindicalismo campesino (S. Sobrequés). Estas alteraciones explican, a su vez, que la victoria final de Juan II no pueda identificarse con la victoria del sindicalismo artesano y campesino y del autoritarismo real sobre el pactismo y la reacción feudal y patricia. Muy al contrario, en plena guerra, la necesidad de ganar adeptos obligó a Juan II a adoptar oficialmente la doctrina pactista y a comprometerse en la salvaguarda de las constituciones, salvo la humillante Capitulación de Vilafranca. Durante el primer período de la guerra (1462-63), las fuerzas realistas consiguieron una importante victoria en Rubinat, asediaron Barcelona con la ayuda de los franceses y tomaron Balaguer, Tárrega, Tarragona y Perpiñán, mientras un Parlamento reunido en Barcelona ofrecía la corona a Enrique IV de Castilla (1462), que la aceptó como un medio de debilitar al partido aragonesista de su propio reino. Pero Juan II, que era diestro en la maniobra, alentó la guerra civil en Castilla y, con la ayuda del monarca francés, consiguió que Enrique IV se retirara del pleito catalán (1463). Durante la segunda fase del conflicto (1463-66), las instituciones catalanas ofrecieron la corona al condestable Pedro de Portugal (1463-66), que no consiguió los éxitos militares que de él se esperaban, y no obtuvo tampoco el necesario apoyo internacional. En cambio, las circunstancias internacionales adquirían un sesgo favorable a Juan II: Enrique IV de Castilla se encontraba en pleno enfrentamiento con su nobleza (farsa de Avila, 1465) y Luis XI, que de aliado se había convertido en rival, veía cómo una formidable coalición nobiliaria se levantaba frente a él. Sin peligro a sus espaldas, el rey de Aragón pudo ocupar Lérida (1464), Vilafranca del Penedés (1464), Cervera (1465) y Tortosa (1466), mientras sus huestes obtenían una victoria muy importante en Calaf (1465). Las deserciones en el bando antirrealista empezaban a ser importantes, estimuladas, además, por la actitud del rey, que había jurado respetar las constituciones y dictar un perdón general. En estas circunstancias, la inesperada muerte de Pedro de Portugal (1466) podría haber puesto punto final a la lucha si no fuera porque la minoría radical antirrealista, liberada de los moderados que habían hecho deserción, rechazó la paz propuesta por Juan II y ofreció la corona a Renato I de Provenza (1466), el antiguo enemigo de Alfonso el Magnánimo. Al comienzo de la tercera y última fase del conflicto (1466-72), la llegada a Cataluña de Juan de Lorena, hijo y lugarteniente de Renato I, con tropas francesas y napolitanas, reequilibró las fuerzas. Los antijuanistas obtuvieron una victoria en Viladamat (1467) y la capitulación de Gerona (1469), pero no desanimaron a Juan II que, a sus setenta años, era capaz de batirse en todos los frentes, y ahora contaba además con la eficaz ayuda de su hijo Fernando, más tarde llamado el Católico. En política exterior consiguió el matrimonio de su hijo con Isabel, hermanastra de Enrique IV de Castilla (Valladolid, 1469), y una alianza con Inglaterra y Borgoña que aislaba a Francia. En política interior obtuvo la ayuda financiera de aragoneses y valencianos (Cortes de Monzón, 1470). Muerto Juan de Lorena (1470), su hijo Juan de Calabria dirigió las fuerzas de la Generalidad en los años finales del conflicto, cuando las promesas efectuadas por Juan II de respetar las constituciones y el cansancio hacían mella en sus filas. Las huestes reales recuperaron entonces Gerona y numerosas villas del Ampurdán, El Vallés y El Maresme (1471), y pusieron sitio a Barcelona, que se entregó en 1472 (Capitulación de Pedralbes). Era el fin de una guerra tan desastrosa que el vencedor no pudo (y quizá tampoco quiso) ser vengativo: se puso en libertad a los prisioneros, se sobreseyeron las causas judiciales pendientes, se anularon las sentencias relacionadas con la guerra, se restituyeron los bienes confiscados, se fusionó la Generalidad antijuanista con la juanista, el monarca juró de nuevo las constituciones, etc. Es como si se hubiera querido olvidar el pasado para afrontar su nefasta herencia con fuerzas renovadas. Entre los grandes problemas del momento había situaciones nuevas como la pérdida del Rosellón y la Cerdaña; y viejas heridas sin cicatrizar como las reivindicaciones de los remensas, que habían luchado al lado del rey pensando obtener su ayuda para la abolición de las servidumbres; la composición del gobierno municipal de Barcelona por la que seguían disputando las clases medias y el patriciado; numerosos interrogantes de orden constitucional que se habían planteado las Cortes desde el siglo XIV (relativos a la independencia de la administración de justicia, el control de los oficiales reales, la responsabilidad del gobierno real) y, en suma, el dilema pactismo-autoritarismo. Juan II intentó resolver algunas cuestiones, como la recuperación por las armas del Rosellón y la Cerdaña (1473-75), donde fracasó, pero en general se manifestó irresoluto. No afrontó la solución del conflicto remensa, la reforma del gobierno municipal de Barcelona y los problemas constitucionales pendientes, a los que tendría que dar respuesta su hijo Fernando el Católico. J. Vicens atribuye la inacción del viejo Juan II a la edad ("Vivió demasiado tiempo. Nadie puede ultrapasar los límites donde cada generación encuentra la frontera de su eficacia histórica"). Pero quizá la cuestión no es tan simple. Habría que ver hasta qué punto el hundimiento en la crisis a que la guerra había llevado a Cataluña (quiebra de la banca municipal de Barcelona, quiebra de las finanzas públicas, quiebra del gran comercio catalán, devaluaciones monetarias, emigración de hombres y capitales) pudo coadyuvar a la inacción de la política real. En todo caso, para Cataluña, en vísperas de su inserción, a través de la Corona de Aragón, en la monarquía hispánica de los Austrias, era un mal comienzo.

A mediados de julio de 1936 España está dividida en dos zonas tras la sublevación de parte del Ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil. El primer paso es el traslado a la península de un fuerte contingente militar al mando de Franco. Más tarde, columnas de sublevados marcharon desde Sevilla hacia Badajoz, buscando enlazar con los rebeldes de Cáceres. El 11 de agosto las tropas franquistas entran en Mérida, mientras que, en el norte, las de Mola toman Tolosa. El 14 de agosto Yagüe toma Badajoz, mientras, en Cataluña, las columnas anarquistas de Durruti se dirigen hacia Aragón. La ofensiva republicana en Andalucía, comenzada el 29 de julio se da por fracasada el 20 de agosto, ante la imposibilidad de tomar Córdoba. Igualmente resultan fallidos los intentos de recuperar las Baleares. El 3 de septiembre las tropas sublevadas toman Talavera y avanzan hacia Madrid. Dos días más tarde, Mola ocupa Irún y, el día 28, Varela entra en Toledo. En octubre, Madrid es bombardeada por la aviación. El 7 de noviembre los sublevados, al mando de Varela, fracasan en su intento de tomar la capital, pese a lo cual el gobierno republicano decide trasladarse a Valencia. El 14 de enero de 1937 comienza la ofensiva rebelde sobre Málaga, que caerá el 8 de febrero. En el centro, las tropas franquistas intentan estrangular Madrid, produciéndose las batallas del Jarama y Guadalajara. En esta última, el contraataque republicano obligó a las tropas franquistas a retirarse. El 31 de marzo de 1937 Mola inicia la ofensiva en el País Vasco, con fuertes bombardeos aéreos que, el 26 de abril, arrasarán Guernica. El 19 de junio, Dávila, sustituto del fallecido Mola, toma Bilbao. Entre el 6 y el 24 de julio, una ofensiva republicana para romper el cerco de Madrid da inicio a la batalla de Brunete. Hacia el 13 de julio se agotó el empuje republicano, dando lugar al contraataque de las tropas franquistas de Varela. El 24 de agosto de 1937 comienza la ofensiva republicana en Belchite, para distraer el ataque franquista que se estaba produciendo en Santander. Pese a ello, el 21 de octubre las tropas sublevadas toman Gijón y Avilés, desapareciendo el frente norte. El 15 de diciembre los republicanos atacan Teruel, que cae el 7 de enero de 1938, aunque se pierde el 22 de febrero. El 10 de marzo, los sublevados atacan en el frente de Aragón, reconquistando Belchite. Ocho días más tarde Barcelona comienza a ser bombardeada. La ofensiva franquista ya aparece imparable: el 3 de abril cae Lérida, y el 14 llegan al Mediterráneo, rompiendo en dos el territorio republicano. El 25 de julio de 1938 los republicanos lanzan una ofensiva en el Ebro. También en Extremadura, en agosto, para cortar la penetración de Queipo de Llano sobre Almadén. En el frente del Ebro, agotada el 1 de agosto la ofensiva republicana, Yagüe inicia la respuesta franquista, que obliga a los republicanos a replegarse. A finales de 1938 comienza la ofensiva sublevada sobre Cataluña. Paralelamente, en enero del 39 los republicanos atacan en Extremadura, pero serán neutralizados a comienzos de febrero. En Cataluña, el día 26 cae Barcelona, siendo ocupada toda la región. El bando republicano se descompone a marchas forzadas. Azaña, en Francia, renuncia a la presidencia de la República, mientras que en marzo se subleva la guarnición de Cartagena. El 28 de ese mes cae Madrid. Entre el 29 y el 1 de abril se desploman los últimos reductos republicanos, principalmente Alicante y Valencia. La guerra civil ha terminado.

Cuando César atravesó el río Rubicón, que dividía la provincia de la Galia Cisalpina de Italia, dio comienzo la guerra civil. Sin la menor resistencia por parte de las ciudades y con una sola legión -el resto de sus fuerzas se hallaban aún en la Galia Transalpina- se adueñó primero de toda la costa oriental y de Umbría, recogiendo tropas y atrayendo el favor de la opinión pública con su política de clemencia. Sólo la ciudad de Corfino (la antigua Italica que había sido capital de los itálicos durante la guerra social) opuso resistencia, puesto que el cónsul Domicio Ahenobarbo había concentrado allí las tropas reclutadas en los Abruzzos. A los dos meses, César se había adueñado de Italia. Pompeyo partió hacia el Este a reunir sus fuerzas, acompañado de algunas legiones y varios senadores, entre ellos Catón. La guerra tomaba unas proporciones que quizás César no había previsto, pero la rapidez de sus actuaciones -que sería una de las claves de su victoria- le llevó, en primer lugar, a impedir el bloqueo de Italia. Para evitar que dejara de llegar trigo a Italia, decidió ocupar Cerdeña y Sicilia en primer lugar y, a continuación, África e Hispania, donde las tropas de Pompeyo constituían una amenaza a sus espaldas que era necesario aniquilar, antes de dirigirse a Oriente. En pocos meses -verano del 49- César había logrado entrar como vencedor en Gades y los generales pompeyanos habían sido derrotados. En África la campaña prosiguió durante bastante tiempo, aun cuando César no estuviese presente y la ocupación no resultase imprescindible en esos momentos para la victoria final. Los ejércitos de César, comandados por Curión, se enfrentaron a los ejércitos númidas al mando de Juba I. César se hizo elegir cónsul en el 48 a.C. y se dispuso a atacar a las fuerzas pompeyanas en su fortaleza de Grecia. Pompeyo había logrado reunir un gran ejército y organizar una flota. César no pudo reducir la ciudad de Dirraquio (Durres), al frente de cuyas fuerzas estaba Catón, y renunció a tomarla. El combate decisivo en el que se enfrentaron ambos generales tuvo lugar en la llanura de Farsalia (en Tesalia), en junio del 48 a.C. Aun cuando el ejército de Pompeyo doblaba en número al de César, éste mediante una estrategia sumamente calculada logró romper las filas del ejército pompeyano. Pompeyo, sin duda desconcertado y sin capacidad de reacción en una batalla que todavía no estaba claramente decidida, huyó. El ejército se derrumbó y César obtuvo la victoria. Pompeyo esperaba reunir en Egipto tropas y dinero como base desde la cual recuperar su poder en Roma. El rey Ptolomeo XIII (al que su padre había colocado bajo la protección del Senado romano que, a su vez, asignó esta tarea a Pompeyo) era aún un niño y gobernaba junto con su hermana Cleopatra, a la sazón enfrentada en una contienda civil no tanto con su hermano como con Potino, que era quien realmente dirigía la política. Fue éste quien recibió a Pompeyo y mediante un cálculo odioso decidió asesinarlo: necesitaba la ayuda de Roma frente a Cleopatra y, matando a Pompeyo, estaba seguro de que el ganador en Roma sería César. Pero no pudo contar con el agradecimiento de éste. César puso orden a la situación en Egipto entronizando a Cleopatra, asociada con su hermano menor Ptolomeo XIII. Tras la breve victoria contra Farnaces en el Ponto (el mensaje enviado al Senado fue la famosa frase "veni, vidi, vici"), Oriente había sido limpiado de pompeyanos. En Occidente, hicieron falta tres años más para terminar con la última y feroz resistencia de la causa pompeyana en África e Hispania. El final sería en el 45 a.C., en la batalla de Munda, en la que participó César. Cneo Pompeyo, hijo mayor de Pompeyo el Grande, murió en ella y su segundo hijo, Sexto Pompeyo, sólo reanudaría la lucha contra el partido cesariano mucho más tarde, después de la muerte del propio César. Numidia había sido pacificada el año anterior, en la batalla de Tapso, que supuso la derrota de Juba I y la división del país entre Mauritania (un reino vasallo que había permanecido fiel a César) y la provincia romana de África.

El ejército real cosechó un rotundo fracaso contra los sublevados de Escocia, teniendo que retirarse. Los escoceses por su parte lanzaron un ataque, provocando la urgente necesidad para la Corona de convocar al Parlamento inglés en demanda de ayuda. Se formó así el denominado Parlamento largo (1640-1653), elemento clave en el proceso revolucionario que se abría. Dominado por los presbiterianos, se opuso a la jerarquía episcopal, por un lado, mientras que, además, por otro, lanzaba fuertes acusaciones contra los favoritos del rey, principalmente contra Strafford, quien fue condenado y ejecutado (1641), suerte que poco tiempo después le tocaría padecer a Laud. Al mismo tiempo que ocurrían estos acontecimientos, en Irlanda estalló otra gran revuelta: fue la reacción airada de la población católica desposeída de su territorio, que ocasionó la matanza de miles de colonos protestantes que se habían asentado en el Ulster. Este grave suceso crispó todavía más los ánimos por entonces ya muy exaltados de los ingleses contra los católicos, derivando en animosidad hacia la figura del rey al que hacían responsable indirecto de los hechos por su aceptación de los círculos católicos cortesanos. Desde el Parlamento se atacaba ya con dureza el mal gobierno del rey, quien respondió con un intento de detención de los principales dirigentes parlamentarios, actitud que se volvería rápidamente en su contra al fracasar sus planes de acabar con la oposición. En Londres se constituyó un Comité de insurrección que pudo levantar al pueblo, por lo que sintiendo la amenaza muy próxima Carlos I se decidió a huir de la ciudad dirigiéndose hacia el Norte seguido de sus partidarios. Todo esto ocurría en 1642 y el enfrentamiento estaba servido. Ambos bandos, el parlamentario y el real, formaron bien nutridos ejércitos, aunque en el transcurso de la guerra no se produjeron muchas batallas sino más bien una serie de refriegas, asaltos y escaramuzas que hicieron de aquella conflagración una contienda sin grandes violencias ni devastaciones. Los realistas salieron derrotados en los encuentros más importantes: en Newbury (1643), Marston-Moor (1644) y Naseby (1645). El rey tuvo que marchar hacia Escocia, pero allí tampoco fue bien recibido, como cabía esperar. No quiso aceptar el reconocimiento de la Iglesia presbiteriana y los escoceses terminaron por entregarlo a las fuerzas rivales a cambio de percibir una buena compensación económica. La nueva situación creada resultaba un tanto extraña, inusual y embarazosa para casi todos. No se sabía bien qué hacer con el monarca, quien complicó aún más el crítico estado de cosas con su huida y posterior captura. Por un lado, los realistas seguían inquietando con sus acciones armadas; por otro, los parlamentarios se encontraban divididos entre moderados y radicales. El elemento que inclinaría la balanza hacia posturas intransigentes fine Oliverio Cromwell, jefe militar del todopoderoso ejército parlamentario que se había convertido en el instrumento decisivo para el control de la cadena de acontecimientos inesperados que se estaba produciendo. Terrateniente acomodado, ferviente puritano y hombre enérgico, Cromwell pasó a dominar la situación apoyándose en sus fieles seguidores de la milicia y en un Parlamento reducido que había sido depurado para llevar adelante los planes del nuevo mandatario. Sería precisamente esta asamblea (el Rump Parliament) la que finalmente enjuiciaría al rey y lo condenaría a morir, impactante suceso que se llevaría a la práctica el 30 de enero de 1649. Hasta aquí los acontecimientos, los hechos políticos destacados, entre los que sobresalían, dentro del proceso revolucionario que se había desatado a comienzos de la década de los cuarenta, la guerra civil, la ejecución del monarca seguida de la liquidación de la Monarquía, la caída de la jerarquía anglicana y la desaparición de la Cámara de los Lores. No había ninguna duda de la notable importancia de estos hechos, de que se había producido una verdadera revolución, pero lo que no estaba tan claro, ni lo sigue estando, es por qué ocurrió. Desde aquellos momentos hasta el presente se han dado muchas y diferentes explicaciones; las interpretaciones han sido y continúan siendo divergentes; los intentos de simplificar el desarrollo de lo que aconteció se hacen en función de una u otra causa fundamental, ya sea de tipo estrictamente político (la lucha contra el absolutismo de los Estuardos), religioso (la protesta de los presbiterianos ante el dominio de la Iglesia anglicana y su rechazo del catolicismo), o principalmente económico (la revolución como protesta de clases, producto de los cambios sociales que se estaban dando por la evolución del sistema económico). Hubo de todo un poco, sin que pueda establecerse una única causa (en el estallido revolucionario incidieron factores muy diversos), ni darle el protagonismo a una sola y determinada clase social (hubo burgueses en ambos bandos y los sectores trabajadores, campesinos y urbanos, también repartieron sus preferencias); ni siquiera es válida la rígida distribución geográfica que tanto se ha repetido (el Norte y el Oeste realistas, el Este y el Sur parlamentarios) por la cantidad de excepciones que se dieron según la adscripción territorial de los componentes de cada bando. En suma, la que se conoce como primera revolución inglesa resultó ser un proceso complejo, muy difícil de esquematizar, que se ha prestado de continuo a enjuiciamientos partidistas y a valoraciones enfrentadas desde posturas ideológicas distintas. Abolida la Monarquía, dio comienzo el mandato personalista de Cromwell que se prolongaría hasta 1658, año de su muerte; en una primera etapa secundado por un recién creado Consejo de Estado, y desde 1653 como dictador indiscutible a raíz de proclamarse Lord Protector, tras haber disuelto el Parlamento y suprimido el organismo asesor estatal. Durante una década Inglaterra soportó una férrea dictadura militar, opresiva y asfixiante, que obtuvo rotundos triunfos en el exterior y en el interior. Nada más iniciarse su gobierno, Cromwell tuvo que hacer frente a la oposición armada de irlandeses y escoceses, que apoyaban al hijo mayor del decapitado monarca Estuardo: los primeros fueron ferozmente reprimidos después de ser derrotados en las batallas de Drogheda y Wexford (1649), y los segundos también fueron vencidos en Dumbar (1650) y Worcester (1651). Asimismo surgió un conflicto bélico con Holanda, una vez que desde ésta se reconociese a los Estuardo y se decretase por Cromwell el Acta de Navegación, tan perjudicial para los intereses comerciales de los holandeses, los cuales le declararon la guerra, que finalizaría con la paz de Westminster (1654), nuevo éxito del ya nombrado Lord Protector que veía cómo sus amenazadores enemigos tenían que plegarse a sus condiciones. No sufrieron mejor suerte sus oponentes interiores. Los que rechazaban el fuerte moralismo puritano que se había implantado en todo el país y los grupos más radicales que no admitían el excesivo dirigismo y el control político-social de la dictadura fueron igualmente reprimidos. Este estado de cosas cambió repentinamente con la muerte de Cromwell, ya que su teórico sucesor, su hijo Ricardo, se desentendió de tal misión, abdicando de sus prerrogativas como Lord Protector, dando paso así a una pronta vuelta de los Estuardo al poder.

España, que no llega a participar en ninguna de las dos grandes guerras mundiales, tuvo por desgracia su propia guerra. Desde 1936 a 1939, este hecho traumático afectó al libre desarrollo de la arquitectura. Madrid, frente bélico estable durante mucho tiempo, tuvo que solucionar problemas acuciantes de defensa y distintos a la pura teoría o práctica arquitectónica, con la excepción sobresaliente del Pabellón de la República en la Exposición de París-1937. En este año se crea el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento -con Julián Besteiro como presidente, Fernando García Mercadal como secretario y siendo ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas el arquitecto Bernardo Giner de los Ríos-, que elabora el inconcluso Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid (1939). El acoso sistemático a la capital dará como resultado, entre otros, la destrucción de la Ciudad Universitaria (a reconstruir en postguerra por parte de los mismos arquitectos y con el mismo estilo). Situación distinta es la vivida en Barcelona, donde llega a identificarse el concepto de revolución político-social con el de la nueva arquitectura moderna (colectivización del ramo de la construcción, municipalización de la propiedad urbana y otros proyectos urbanísticos asumidos por la Generalitat). Dada la dispersión de los miembros componentes del GATEPAC, será el GATCPAC en esta zona y sobre todo Josep Torres Clavé -puesto que Sert se refugia en París- quien mantenga activo el ideario hasta el último momento posible. La actividad personal de Torres Clavé se desarrolla en tres sentidos: defensa de sus ideas en el campo político-profesional desde los primeros meses de la guerra (creación del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya -SAC-, adheridos a las centrales obreras CNT-UGT y asumiendo las funciones tanto de la Asociación como del Colegio de arquitectos; creación del Comite de l'Escola Nova Unificada -CENU-, habilitando locales para niños no escolarizados; control de la Escuela de Arquitectura y redacción de un Nuevo Plan de Estudios en el que se proponía la enseñanza por ciclos o la especialidad por materias; control del Ayuntamiento y reorganización del ejercicio profesional, etc.); defensa de sus ideas en el campo de la difusión cultural (coordinación, con la ayuda de Joan Prats, de la revista "A.C.", que logra publicar todavía en momentos difíciles e incluso preparar los números 26-29 inéditos); por último, defensa de sus ideas en el campo de batalla. Resulta difícil comprender para quien no vivió por fortuna el desastre de la guerra, ni tampoco las secuelas de la inmediata postguerra, cómo España pudo llegar a un estado tan dramático. Los documentos existentes, mostrados cada vez con mayor objetividad, pueden contribuir a la explicación, pero no a la comprensión. Arquitectos de gran talla y partidarios del arte de vanguardia se desunen o desaparecen en frentes irreconciliables: como J. M. de Aizpúrua, quien muere en 1936 alineado con el bando finalmente vencedor; o el mismo J. Torres Clavé, quien muere en 1939 en bando contrario. Para algunos supervivientes hubo desigual porvenir, según propuesta de la Dirección General de Arquitectura en 1942 (inspirándose en una "Depuración político-social de arquitectos", Orden de 24 de febrero de 1940-BOE de 28 de febrero): L. Lacasa y M. Sánchez Arcas, inhabilitación perpetua para el ejercicio público y privado de la profesión; J. L. Sert, suspensión total en el ejercicio de la profesión y en todo el territorio nacional; R. Bergamín y M. Domínguez, inhabilitación perpetua para cargos públicos y temporal para el ejercicio privado de la profesión; C. Arniches, V. Eced, F. García Mercadal y S. Zuazo, diferentes sanciones o inhabilitaciones temporales. El exilio voluntario o forzoso había sido inevitable ya: Bergamín (Venezuela), Bonet (Argentina), Domínguez (Cuba), Lacasa (Rusia), Sert (USA), o Zuazo (quien, una vez regresa de Francia tras la guerra, vive temporalmente en Canarias). Mientras unos arquitectos -vinculados de un modo u otro al quehacer republicano o en particular a la Generalitat- desaparecían del panorama profesional español o eran disminuidos en sus facultades, otros afines al nuevo régimen iniciarán un camino sin sentido preciso -ni salida acorde con los tiempos- hacia una arquitectura neoimperialista. La identificación de la arquitectura moderna con la Segunda República pudo ser el motivo de algunos para combatir aquélla también, pero debe advertirse que en tan corta duración, dada la crisis económica existente además, difícilmente hubo tiempo de generar una arquitectura moderna que calara en la sociedad de los años treinta, en un paisaje urbano donde la gran mayoría de las obras eran de signo tradicional. Las iniciativas del GATCPAC y la promoción de la Generalitat, pueden considerarse en ese sentido excepcionales. Por otra parte, debe aludirse a los monumentales y escurialenses Nuevos Ministerios (1933-1936. Paseo de la Castellana, Madrid) de Secundino Zuazo -aun siendo más complejos estilisticamente y más próximos a su Casa de las Flores de lo que pudiera parecer a primera vista-, iniciados en tiempos de Indalecio Prieto y por tanto contribuyentes a disolver unos límites rígidos entre una arquitectura moderna de anteguerra y otra anacrónica de inmediata post-guerra (Valle de los Caídos, 1942-1959, Madrid, de Pedro Muguruza y Diego Méndez; Universidad Laboral, 1946-1950, Gijón, de Luis Moya y otros). Esta natural disolución de límites llegará a forzarse en los años 70 con una tesis que avalaba la Exposición Arquitectura para después de una guerra, 1939-1949 (1977), pretendiendo prolongar el racionalismo de los años treinta -camuflado con escudos, chapiteles y espadañas-, sin solución de continuidad y hasta los años 50 considerados de recuperación. No obstante, debe insistirse en que sí hubo argumentos para pensar en una reacción contundente durante los cuarenta, que corroborará más incluso una formación academicista en las escuelas de arquitectura y un dificultoso conocimiento de las tendencias contemporáneas (ténganse en cuenta las circunstancias de crisis, aislamiento, presión o afinidad ideológica con las fuerzas del Eje en plena Segunda Guerra Mundial). Los ejemplos dados por los exiliados se desvanecían, además de permanecer aquí otros arquitectos comprometidos antes con una arquitectura relativamente moderna que retrotraen ahora su estilo -según los vientos que soplan- hacia posiciones historicistas (L. Blanco Soler, J. y R. Borobio, R. Durán Reynals, C. Fernández-Shaw, F. Folguera, L. Martínez-Feduchi, el mismo S. Zuazo, etc.). Mientras Sert -que había trabajado para el vencido- mantenía viva la llama de la arquitectura moderna en el extranjero, Gutiérrez Soto -realizador en otro momento de arquitectura moderna de gran calidad (al margen del GATEPAC, si bien compartiendo muchos de sus criterios) y que había luchado en el Ejército del Aire de parte del vencedor- acaba por realizar el Ministerio del Aire (1942-1951. Plaza de la Moncloa, Madrid) con un estilo que rememora sin duda El Escorial y la arquitectura tradicional villanoviana.

La guerra con Inglaterra fue más desastrosa aún que la sostenida contra Francia entre 1793 y 1795. El primer resultado de la confrontación anglo-española fue muy negativo para los intereses hispanos. En febrero de 1797, una escuadra al mando de José de Córdova, compuesta por 24 navíos, era derrotada frente al cabo San Vicente por la comandada por el almirante Jervis, formada por sólo 15 buques. La preparación de la marinería y de los mandos británicos fue decisiva para imponerse en un combate naval que preludiaba el desastre de Trafalgar, años después. Cuatro navíos españoles quedaron en poder de los ingleses y fueron conducidos al puerto de Lagos, en el Algarve portugués, desde donde operaba el almirante Jervis. Los errores en las maniobras del general Córdova fueron tan graves, que se vio sometido a un consejo de guerra presidido por el capitán general de la Armada, Antonio Valdés. Probada su insuficiencia y falta de acierto, fue condenado a pérdida de empleo y desterrado de Madrid y de cualquiera de los Departamentos marítimos de la península. Dos días después del desastre del cabo San Vicente, los británicos se apoderaron de la isla Trinidad, en las Antillas. Defendida en tierra por el brigadier de Marina José María Chacón, con el apoyo de una escuadra de cuatro navíos al mando de Sebastián Ruiz de Apodaca, tampoco la resistencia al ataque de los ingleses fue adecuada. Apodaca quemó sus buques antes de entrar en combate, y las tropas de Chacón se rindieron a poco de iniciarse el desembarco inglés. Posteriormente, los españoles lograron rechazar los ataques a Puerto Rico, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. En Puerto Rico, los ingleses que habían tomado Trinidad desembarcaron importantes efectivos, pero el gobernador Ramón de Castro fue eficaz en la dirección de la defensa y obligó a los británicos a reembarcarse tras quince días de combates. En España, la escuadra inglesa vencedora en San Vicente, reforzada con nuevos navíos y con Nelson como contraalmirante, decidió atacar Cádiz, incendiar sus arsenales y destruir los buques de guerra allí surtos. La defensa del general José Mazarredo desde la plaza y sus fuertes en los primeros días de julio fue tan contundente que Nelson tuvo que retirarse sin lograr ninguno de sus objetivos, dirigiéndose hacia el archipiélago canario. El 24 de julio los ingleses atacaron Santa Cruz de Tenerife, pero también fueron rechazados por las baterías de la plaza y el fuego de fusilería. Nelson perdió el brazo derecho cuando dirigía el desembarco de sus hombres en el muelle de Santa Cruz. Los efectos económicos de la guerra fueron todavía más calamitosos que los causados por el conflicto con la Convención republicana. Pierre Vilar califica la crisis abierta por la guerra en la economía catalana como la más aguda de todo el siglo XVIII: las manufacturas quedaron paralizadas; la falta de alimentos, al ser imposible la importación de grano, alcanzó una magnitud extraordinaria; y el comercio marítimo se interrumpió. Una situación similar se produjo en otros grandes núcleos comerciales, como Alicante, Málaga, los puertos cantábricos y el centro neurálgico de Cádiz. La situación de la Hacienda, ya enfrentada a graves problemas por las consecuencias de la guerra contra la Convención, se hizo entonces angustiosa, y en el intervalo que va de octubre de 1796 a septiembre de 1798 fueron tres los ministros de Hacienda que se sucedieron, mientras que en ese período los gastos militares se incrementaron en un 12 por ciento en relación a los habidos durante la guerra con Francia de 1793-95 y los ingresos disminuyeron, sobre todo los procedentes de América, aumentando el déficit hacendístico hasta extremos asfixiantes. Para Inglaterra el esfuerzo bélico también tenía efectos preocupantes, que aconsejaron a Pitt iniciar conversaciones de paz con Francia, una vez que la República había derrotado a Austria y el emperador Francisco II se había visto obligado a firmar la paz de Campoformio en octubre de 1797. En las conversaciones preliminares, ni Francia ni Inglaterra deseaban la presencia de plenipotenciarios españoles. España exigía la devolución de Trinidad y Gibraltar, pero las posiciones francesas y británicas estaban tan alejadas que no fue posible el acuerdo. El escaso reconocimiento que el Directorio mostraba hacia sus aliados los españoles, marginados en las conversaciones con Inglaterra, enfriaron las relaciones hispano-francesas y tuvieron efectos importantes en la política interior.

La situación internacional tenía sus dificultades porque, aparte de la lógica preocupación de Austria por la amenaza franco-piamontesa, Napoleón III tenía que extremar las precauciones para no fomentar en su contra una coalición de potencias análoga a las que habían provocado el hundimiento del primer Imperio. Para ello debía abstenerse de perjudicar los intereses de los Estados Papales, para no enajenarse la opinión católica de su propio país, y también debía mantener la integridad del reino borbónico de Nápoles. El Reino Unido y Rusia, que veían con inquietud estos acuerdos, intentaron inútilmente la mediación, mientras que Prusia podía aprovechar las iniciativas francesas para aumentar su influencia en el mundo alemán, especialmente en la frontera del Rin. Tanto Rusia, dolida por el abandono austriaco durante la guerra de Crimea, como Prusia, que había sido humillada en Olmütz, no tuvieron inconveniente en dejar diplomáticamente aislado al Imperio Habsburgo. Finalmente, la acumulación de tropas piamontesas en la frontera con Lombardía provocó el ultimátum austriaco de 23 de abril de 1859, en el que se reclamaba el desarme de las tropas piamontesas. La negativa de Piamonte a aceptar estas exigencias determinó el inicio de las hostilidades, pocos días después. Las tropas austriacas desaprovecharon la ocasión de derrotar por separado a las piamontesas, antes de que Napoleón III se pusiera, a mediados de mayo, al frente de un ejército francés superior a los 100.000 hombres, con los que había jurado que llegaría hasta el Adriático. El peso de las operaciones correspondió a las tropas francesas, que derrotaron a las austriacas en Montebello (20 de mayo) y Magenta (4 de junio) lo que permitió la entrada en Milán cuatro días después. El emperador Francisco José se puso al mando de sus tropas pero no pudo impedir la derrota (24 de junio) en las batallas de Solferino y San Martino, que costaron un elevadísimo número de bajas en todos los contendientes. El resto de la Lombardía quedó en las manos aliadas, que amenazaron Venecia. Fue entonces, sin embargo, cuando Napoleón dio un brusco giro y ofreció una tregua que el emperador austriaco se apresuró a aceptar. Ambos emperadores se reunieron el 11 de julio en Villafranca y firmaron un armisticio por el que Austria entregaba la Lombardía a Francia que la cedería, a su vez, a Piamonte. Los duques de Toscana y Modena fueron restablecidos, mientras que Austria retenía Venecia y afianzaba las fortalezas del cuadrilátero con Mantua y Peschiera. Piamonte, que fue informado del acuerdo después de tomado, acogió con indignación la noticia, y Cavour, que no consiguió que Víctor Manuel rechazara los términos del armisticio, dimitió de la presidencia del Consejo de Ministros el día 12. Todos los historiadores de este proceso se han preguntado por las razones que provocaron un cambio tan brusco en la actitud de Napoleón. De la variedad de las explicaciones dadas cabe hacer una cierta sistematización. Por una parte, están las razones que hacen referencia a las motivaciones personales del emperador y a las exigencias de la política interior francesa. En ese sentido se ha hablado del horror experimentado por Napoleón, a la vista de la mortandad ocasionada en Solferino; de las dudas del emperador sobre la eficacia de su propio ejército ante las fortificaciones austriacas en el cuadrilátero; y, finalmente, de la preocupación que pudiera tener ante el peligro de que la opinión católica francesa se le pusiera en contra, ya que la acción militar francesa hacía peligrar la integridad de los Estados del Papa. Todas esas razones tienen consistencia, pero son un tanto coyunturales. Más importancia habría que conceder a las que apuntan a los peligros de desequilibrio interno en los Estados italianos, y a las repercusiones que ese desequilibrio podría tener sobre las relaciones internacionales. En ese sentido hay que señalar que, simultáneamente al comienzo de las hostilidades, se produce una serie de movimientos populares que suponían una amenaza de revolución mazziniana en la Italia central y la posibilidad de que Cavour extendiera sus fronteras más allá de lo previsto en Plombières. El 27 de abril había estallado en Florencia un movimiento popular que provocó la abdicación del gran duque de Toscana y la formación de un Gobierno provisional que pidió la protección del rey de Piamonte. Napoleón envió tropas, bajo el mando del príncipe Napoleón Jerónimo, que desembarcaron en Livorno, para tratar de contrarrestar la influencia piamontesa. Por otra parte, el vacío de poder provocado por las derrotas austriacas de junio obligó a los duques de Modena y Parma a abandonar sus Estados, a la vez que estallaban levantamientos en los territorios pontificios de las Legaciones.En esas circunstancias Napoleón temió que las demás potencias europeas reaccionaran contra Francia, como lo habían hecho en la época de las coaliciones antinapoleónicas. Había, desde luego, algunos motivos para la sospecha, especialmente por las acciones prusianas en la frontera del Rin, que contaban con el respaldo ruso. También el Reino Unido estaba preocupado por la generalización del conflicto, e incluso Austria, que temía un rebrote del nacionalismo húngaro, se mostró partidaria de llegar a la paz. Ésta se firmó en Zurich, el 10 de noviembre de ese mismo 1859, y ratificó los acuerdos de Villafranca.