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La guerra de España es la única ocasión histórica en que nuestro país ha jugado un papel protagonista en la Historia del siglo XX, aunque fuera como sujeto paciente de un acontecimiento de enorme repercusión. Tan sólo en otro momento, mucho más grato en sus consecuencias, como fue la transición a la democracia, España ha resultado protagonista de primera fila en la vida de la Humanidad. No puede extrañar, por tanto, que desde una óptica nacional o extranjera, se haya considerado como eje interpretativo de nuestro pasado lo sucedido en el período 1936-1939. Este tipo de interpretación tiene un obvio inconveniente que nace de considerar la totalidad de la Historia española del siglo XX (o incluso la anterior) como un paso más que, de modo inevitable, llevaba a la guerra entre dos sectores de la sociedad española enfrentados a muerte. Es cierto, por supuesto, que nada parecido a una guerra civil con centenares de miles de muertos se dio en otro país del Occidente europeo durante el primer tercio del siglo XX y menos aún en la época posterior. Eso, sin embargo, no debe hacer pensar que el enfrentamiento violento fuera algo imposible de eludir, ni menos aún que estuviera escrito en la Historia como inevitable desde el siglo XIX o antes. Hasta el último momento la guerra civil pudo haber sido evitada. Los testigos presenciales, en especial los que tenían responsabilidad política de importancia, suelen considerar que no era así, pero ello se debe quizá al deseo de exculparse por sus responsabilidades. La prueba de que se podría haber evitado la guerra reside en que de haber sido otro el comportamiento de Casares Quiroga o si hubiera sido sustituido antes por Martínez Barrio, el curso de los acontecimientos podría haber sido muy otro. En realidad, pocos desearon originariamente la guerra, aunque hubiera muchos a quienes les hubiera gustado que se convirtieran en reales sus consecuencias, es decir, el aplastamiento del adversario. Con el transcurso del tiempo ese puñado de españoles que quería la guerra consiguió la complicidad, activa o pasiva, de sectores más amplios y se olvidó que los fervorosos entusiasmos políticos que llevaban a una España a desear imponerse sobre la otra implicaban, para su realización, el derramamiento de sangre. Cuando éste empezó y la barbarie creó un abismo entre dos sectores de la sociedad española, fue cuando la guerra civil resultó inevitable. Pero, si no lo había sido en el pasado remoto, en cambio tuvo consecuencias decisivas para la Historia de España. Hay interpretaciones simplificadoras que atribuyen a un supuesto carácter nacional una proclividad hacia la guerra civil o que ven la causa de la de 1936-1939 en peculiaridades de una clase social, sea la burguesía o el proletariado. Todas estas caracterizaciones no son ciertas, pero sí lo es, sin duda, que existe una peculiaridad en la Historia española respecto del resto de las naciones europeas derivada de esta guerra civil. No nace, por tanto, de un rasgo inamovible del carácter de todos o de una parte de los españoles sino de una experiencia colectiva, como la de esta guerra peculiar y lo suficientemente decisiva para crear traumas difíciles de superar. En cierto sentido la guerra civil no concluyó hasta 1977 y durante el período intermedio, desde 1939, todos los rasgos de la vida española estuvieron marcados por la impronta bélica; el régimen del general Franco no podía entenderse sin la experiencia bélica que engendró además, a título de ejemplo, el nacional catolicismo y la condenación de toda una parte de la tradición cultural española (la liberal). Claro está que también en la etapa mencionada se superaron esas situaciones, pero a fin de cuentas al mismo tiempo se seguía viviendo en la órbita histórica de aquel decisivo acontecimiento. El pueblo español ha sido consciente de la realidad de esta influencia de la guerra civil sobre el presente. Durante décadas se ha sentido mal informado y luego apasionadamente interesado. Ha pasado ya el momento en que no se hablaba de la guerra civil sino que se discutía sobre ella. Ahora, quizá, tras haber pasado varias décadas desde la guerra civil, la tendencia más frecuente es considerar que se ha llegado ya a una saturación de información acerca de ella. Paralelamente a este cambio que se ha producido en el estado de la opinión pública acerca de la guerra, el conocimiento científico de la misma ha ido progresando de manera significativa. Conviene tener en cuenta que aunque desde hace décadas la bibliografía acerca de la guerra civil española fuera oceánica, no quería decir que necesariamente fuera buena, sino que indicaba el grado de polémica al que se había llegado en torno al acontecimiento. Acerca de la Revolución rusa, un acontecimiento más importante, el número de títulos publicados era inferior hace unos años al de los que se habían publicado sobre la guerra civil española. En realidad, sólo a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX se inició la utilización de los fondos archivísticos españoles, esenciales como fuentes. En la actualidad, los puntos de coincidencia de los historiadores de las diversas significaciones ideológicas son muchos, en especial acerca de los factores estrictamente militares de la guerra. La conmemoración del cincuentenario no dio lugar a grandes descubrimientos, pero sí a la acentuación del interés por determinadas cuestiones como la represión, las colectivizaciones o el papel de la Iglesia en el conflicto. Sin embargo, quedan todavía muchos aspectos que investigar, tanto sobre la evolución de cada uno de los dos bandos en conflicto, como sobre determinados aspectos de la política exterior durante el mismo. La aportación de algunos archivos públicos y sobre todo privados habrá de ser fundamental en el futuro para los avances historiográficos. De todos modos, la actitud del historiador respecto de una cuestión como la guerra civil española necesariamente ha de ser humilde. Como se ha dicho respecto de la Revolución Francesa, nunca podrá escribirse una Historia definitiva de la guerra civil española por la sencilla razón de que afectó demasiado gravemente a un número demasiado grande de personas. Con todo, el mayor problema del historiador respecto de la guerra civil española no es tanto el de las fuentes como el de la objetividad. Es, por supuesto, un propósito siempre en peligro y siempre difícil de alcanzar. Tanto es así que incluso afecta a la misma denominación del conflicto y de quienes en él fueron contendientes; todavía no están tan lejanas la fechas en que los términos guerra civil eran considerados como inaceptables. Todavía existe un problema para el historiador en la denominación de los contendientes porque las que resultan peyorativas o no corresponden a la realidad resultan frecuentes; incluso en libros recientes todavía se representa con el color azul y el rojo a los beligerantes cuando probablemente, esos dos colores, en su significación política, resultan una simplificación. Quizá una buena terminología consistiría en recurrir a una denominación negativa, anticomunistas y antifascistas, pero con ello se excluiría a una gran parte de la población que era ambas cosas. La contraposición republicanos - nacionales o nacionalistas tiene el inconveniente de que en el bando de los primeros no sólo había quienes aceptaban esa definición, mientras que tan nacional era una causa como la otra. Por tanto, quizá conviniera denominar a unos como los sublevados, la derecha o los franquistas (la persona de Franco siempre representó muy bien la acumulación de sectores políticos que dirigió), y a otros como los frentepopulistas, puesto que en realidad lo que sucedió en la guerra civil fue que el Frente Popular originario se amplió con la presencia de los nacionalistas vascos y los anarquistas.

El conflicto sucesorio que se produce a la muerte de Enrique IV dio lugar a una guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana, pretendientes al trono castellano. En favor de Isabel se situaron algunas ciudades, como Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Segovia, Avila o Toledo, además del reino de Aragón. A favor de Juana se alzaron Burgos, Atienza, Arévalo, Madrid, Alcántara o Trujillo. El conflicto se hizo internacional con la entrada de Portugal y Francia, ambos en apoyo de Juana. Tropas portuguesas penetraron por el valle del Duero, estabilizándose el frente en la región de Zamora. En marzo de 1476, tropas de Isabel lograban tomar Burgos tras un largo asedio. Ese mismo año, el ejército de Fernando el Católico lograba una gran victoria cerca de Toro y, al mismo tiempo, se conseguía expulsar a los franceses de Fuenterrabía y detenerlos en el Rosellón. La guerra continuó durante los tres años siguientes, salpicados de treguas y escaramuzas militares. En 1479 las tropas portuguesas fueron derrotadas en Albuera. Finalmente, el perdón a los partidarios de Juana y la firma del tratado de Alcaçobas-Toledo con Portugal dejaban el trono castellano en manos de Isabel. Castilla sale muy fortalecida de la guerra. A la unión con la Corona de Aragón, aunque manteniendo instituciones diferentes, se sumará en los años siguientes la anexión de los reinos de Granada y Navarra, al tiempo que comienza su expansión por el Atlántico.

Se podría decir que, en el fondo del conflicto, latía la crisis o las dificultades que ahondaban las diferencias en el seno de la sociedad catalana. Ello justifica que, aunque la guerra civil no fuera puramente una lucha de clases, las clases y grupos sociales, tal como habían sido construidos por el desarrollo de la producción y los privilegios o las servidumbres, lucharan en ella por su supervivencia o liberación. Antes del conflicto o, mejor dicho, antes de la absurda detención de Carlos de Viana, que por unos meses unió a todos los catalanes contra el rey, las posiciones y oposiciones aparecían con nitidez: a un lado estaba la oligarquía constitucionalista, integrada por los barones y caballeros feudales, los grandes eclesiásticos y el patriciado pactista (éste representado por la Biga), que querían deshacerse de la dinastía real, considerada enemiga de las instituciones catalanas y de su praxis pactista, y en el lado opuesto, junto a la monarquía y los barones de la corte, los mercaderes de la Busca, los artesanos y los campesinos, más o menos partidarios del autoritarismo monárquico, un principio, por cierto, que no era patrimonio exclusivo de los Trastámaras, sino que lo habían defendido monarcas de la dinastía originaria tan importantes como Pedro el Grande y Pedro el Ceremonioso, y que, en estos momentos, inspiraba a la mayor parte de las monarquías europeas. No obstante, cuando estalló el conflicto, factores de índole muy diversa (antagonismos familiares, enfrentamientos locales, circunstancias geográficas, fidelidad al principio monárquico) motivaron alteraciones importantes del esquema expuesto, como, por ejemplo, la lucha al lado de Juan II y de los remensas de algunos nobles y eclesiásticos que antes se habían significado por su oposición al autoritarismo real y al sindicalismo campesino (S. Sobrequés). Estas alteraciones explican, a su vez, que la victoria final de Juan II no pueda identificarse con la victoria del sindicalismo artesano y campesino y del autoritarismo real sobre el pactismo y la reacción feudal y patricia. Muy al contrario, en plena guerra, la necesidad de ganar adeptos obligó a Juan II a adoptar oficialmente la doctrina pactista y a comprometerse en la salvaguarda de las constituciones, salvo la humillante Capitulación de Vilafranca. Durante el primer período de la guerra (1462-63), las fuerzas realistas consiguieron una importante victoria en Rubinat, asediaron Barcelona con la ayuda de los franceses y tomaron Balaguer, Tárrega, Tarragona y Perpiñán, mientras un Parlamento reunido en Barcelona ofrecía la corona a Enrique IV de Castilla (1462), que la aceptó como un medio de debilitar al partido aragonesista de su propio reino. Pero Juan II, que era diestro en la maniobra, alentó la guerra civil en Castilla y, con la ayuda del monarca francés, consiguió que Enrique IV se retirara del pleito catalán (1463). Durante la segunda fase del conflicto (1463-66), las instituciones catalanas ofrecieron la corona al condestable Pedro de Portugal (1463-66), que no consiguió los éxitos militares que de él se esperaban, y no obtuvo tampoco el necesario apoyo internacional. En cambio, las circunstancias internacionales adquirían un sesgo favorable a Juan II: Enrique IV de Castilla se encontraba en pleno enfrentamiento con su nobleza (farsa de Avila, 1465) y Luis XI, que de aliado se había convertido en rival, veía cómo una formidable coalición nobiliaria se levantaba frente a él. Sin peligro a sus espaldas, el rey de Aragón pudo ocupar Lérida (1464), Vilafranca del Penedés (1464), Cervera (1465) y Tortosa (1466), mientras sus huestes obtenían una victoria muy importante en Calaf (1465). Las deserciones en el bando antirrealista empezaban a ser importantes, estimuladas, además, por la actitud del rey, que había jurado respetar las constituciones y dictar un perdón general. En estas circunstancias, la inesperada muerte de Pedro de Portugal (1466) podría haber puesto punto final a la lucha si no fuera porque la minoría radical antirrealista, liberada de los moderados que habían hecho deserción, rechazó la paz propuesta por Juan II y ofreció la corona a Renato I de Provenza (1466), el antiguo enemigo de Alfonso el Magnánimo. Al comienzo de la tercera y última fase del conflicto (1466-72), la llegada a Cataluña de Juan de Lorena, hijo y lugarteniente de Renato I, con tropas francesas y napolitanas, reequilibró las fuerzas. Los antijuanistas obtuvieron una victoria en Viladamat (1467) y la capitulación de Gerona (1469), pero no desanimaron a Juan II que, a sus setenta años, era capaz de batirse en todos los frentes, y ahora contaba además con la eficaz ayuda de su hijo Fernando, más tarde llamado el Católico. En política exterior consiguió el matrimonio de su hijo con Isabel, hermanastra de Enrique IV de Castilla (Valladolid, 1469), y una alianza con Inglaterra y Borgoña que aislaba a Francia. En política interior obtuvo la ayuda financiera de aragoneses y valencianos (Cortes de Monzón, 1470). Muerto Juan de Lorena (1470), su hijo Juan de Calabria dirigió las fuerzas de la Generalidad en los años finales del conflicto, cuando las promesas efectuadas por Juan II de respetar las constituciones y el cansancio hacían mella en sus filas. Las huestes reales recuperaron entonces Gerona y numerosas villas del Ampurdán, El Vallés y El Maresme (1471), y pusieron sitio a Barcelona, que se entregó en 1472 (Capitulación de Pedralbes). Era el fin de una guerra tan desastrosa que el vencedor no pudo (y quizá tampoco quiso) ser vengativo: se puso en libertad a los prisioneros, se sobreseyeron las causas judiciales pendientes, se anularon las sentencias relacionadas con la guerra, se restituyeron los bienes confiscados, se fusionó la Generalidad antijuanista con la juanista, el monarca juró de nuevo las constituciones, etc. Es como si se hubiera querido olvidar el pasado para afrontar su nefasta herencia con fuerzas renovadas. Entre los grandes problemas del momento había situaciones nuevas como la pérdida del Rosellón y la Cerdaña; y viejas heridas sin cicatrizar como las reivindicaciones de los remensas, que habían luchado al lado del rey pensando obtener su ayuda para la abolición de las servidumbres; la composición del gobierno municipal de Barcelona por la que seguían disputando las clases medias y el patriciado; numerosos interrogantes de orden constitucional que se habían planteado las Cortes desde el siglo XIV (relativos a la independencia de la administración de justicia, el control de los oficiales reales, la responsabilidad del gobierno real) y, en suma, el dilema pactismo-autoritarismo. Juan II intentó resolver algunas cuestiones, como la recuperación por las armas del Rosellón y la Cerdaña (1473-75), donde fracasó, pero en general se manifestó irresoluto. No afrontó la solución del conflicto remensa, la reforma del gobierno municipal de Barcelona y los problemas constitucionales pendientes, a los que tendría que dar respuesta su hijo Fernando el Católico. J. Vicens atribuye la inacción del viejo Juan II a la edad ("Vivió demasiado tiempo. Nadie puede ultrapasar los límites donde cada generación encuentra la frontera de su eficacia histórica"). Pero quizá la cuestión no es tan simple. Habría que ver hasta qué punto el hundimiento en la crisis a que la guerra había llevado a Cataluña (quiebra de la banca municipal de Barcelona, quiebra de las finanzas públicas, quiebra del gran comercio catalán, devaluaciones monetarias, emigración de hombres y capitales) pudo coadyuvar a la inacción de la política real. En todo caso, para Cataluña, en vísperas de su inserción, a través de la Corona de Aragón, en la monarquía hispánica de los Austrias, era un mal comienzo.

A mediados de julio de 1936 España está dividida en dos zonas tras la sublevación de parte del Ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil. El primer paso es el traslado a la península de un fuerte contingente militar al mando de Franco. Más tarde, columnas de sublevados marcharon desde Sevilla hacia Badajoz, buscando enlazar con los rebeldes de Cáceres. El 11 de agosto las tropas franquistas entran en Mérida, mientras que, en el norte, las de Mola toman Tolosa. El 14 de agosto Yagüe toma Badajoz, mientras, en Cataluña, las columnas anarquistas de Durruti se dirigen hacia Aragón. La ofensiva republicana en Andalucía, comenzada el 29 de julio se da por fracasada el 20 de agosto, ante la imposibilidad de tomar Córdoba. Igualmente resultan fallidos los intentos de recuperar las Baleares. El 3 de septiembre las tropas sublevadas toman Talavera y avanzan hacia Madrid. Dos días más tarde, Mola ocupa Irún y, el día 28, Varela entra en Toledo. En octubre, Madrid es bombardeada por la aviación. El 7 de noviembre los sublevados, al mando de Varela, fracasan en su intento de tomar la capital, pese a lo cual el gobierno republicano decide trasladarse a Valencia. El 14 de enero de 1937 comienza la ofensiva rebelde sobre Málaga, que caerá el 8 de febrero. En el centro, las tropas franquistas intentan estrangular Madrid, produciéndose las batallas del Jarama y Guadalajara. En esta última, el contraataque republicano obligó a las tropas franquistas a retirarse. El 31 de marzo de 1937 Mola inicia la ofensiva en el País Vasco, con fuertes bombardeos aéreos que, el 26 de abril, arrasarán Guernica. El 19 de junio, Dávila, sustituto del fallecido Mola, toma Bilbao. Entre el 6 y el 24 de julio, una ofensiva republicana para romper el cerco de Madrid da inicio a la batalla de Brunete. Hacia el 13 de julio se agotó el empuje republicano, dando lugar al contraataque de las tropas franquistas de Varela. El 24 de agosto de 1937 comienza la ofensiva republicana en Belchite, para distraer el ataque franquista que se estaba produciendo en Santander. Pese a ello, el 21 de octubre las tropas sublevadas toman Gijón y Avilés, desapareciendo el frente norte. El 15 de diciembre los republicanos atacan Teruel, que cae el 7 de enero de 1938, aunque se pierde el 22 de febrero. El 10 de marzo, los sublevados atacan en el frente de Aragón, reconquistando Belchite. Ocho días más tarde Barcelona comienza a ser bombardeada. La ofensiva franquista ya aparece imparable: el 3 de abril cae Lérida, y el 14 llegan al Mediterráneo, rompiendo en dos el territorio republicano. El 25 de julio de 1938 los republicanos lanzan una ofensiva en el Ebro. También en Extremadura, en agosto, para cortar la penetración de Queipo de Llano sobre Almadén. En el frente del Ebro, agotada el 1 de agosto la ofensiva republicana, Yagüe inicia la respuesta franquista, que obliga a los republicanos a replegarse. A finales de 1938 comienza la ofensiva sublevada sobre Cataluña. Paralelamente, en enero del 39 los republicanos atacan en Extremadura, pero serán neutralizados a comienzos de febrero. En Cataluña, el día 26 cae Barcelona, siendo ocupada toda la región. El bando republicano se descompone a marchas forzadas. Azaña, en Francia, renuncia a la presidencia de la República, mientras que en marzo se subleva la guarnición de Cartagena. El 28 de ese mes cae Madrid. Entre el 29 y el 1 de abril se desploman los últimos reductos republicanos, principalmente Alicante y Valencia. La guerra civil ha terminado.

Cuando César atravesó el río Rubicón, que dividía la provincia de la Galia Cisalpina de Italia, dio comienzo la guerra civil. Sin la menor resistencia por parte de las ciudades y con una sola legión -el resto de sus fuerzas se hallaban aún en la Galia Transalpina- se adueñó primero de toda la costa oriental y de Umbría, recogiendo tropas y atrayendo el favor de la opinión pública con su política de clemencia. Sólo la ciudad de Corfino (la antigua Italica que había sido capital de los itálicos durante la guerra social) opuso resistencia, puesto que el cónsul Domicio Ahenobarbo había concentrado allí las tropas reclutadas en los Abruzzos. A los dos meses, César se había adueñado de Italia. Pompeyo partió hacia el Este a reunir sus fuerzas, acompañado de algunas legiones y varios senadores, entre ellos Catón. La guerra tomaba unas proporciones que quizás César no había previsto, pero la rapidez de sus actuaciones -que sería una de las claves de su victoria- le llevó, en primer lugar, a impedir el bloqueo de Italia. Para evitar que dejara de llegar trigo a Italia, decidió ocupar Cerdeña y Sicilia en primer lugar y, a continuación, África e Hispania, donde las tropas de Pompeyo constituían una amenaza a sus espaldas que era necesario aniquilar, antes de dirigirse a Oriente. En pocos meses -verano del 49- César había logrado entrar como vencedor en Gades y los generales pompeyanos habían sido derrotados. En África la campaña prosiguió durante bastante tiempo, aun cuando César no estuviese presente y la ocupación no resultase imprescindible en esos momentos para la victoria final. Los ejércitos de César, comandados por Curión, se enfrentaron a los ejércitos númidas al mando de Juba I. César se hizo elegir cónsul en el 48 a.C. y se dispuso a atacar a las fuerzas pompeyanas en su fortaleza de Grecia. Pompeyo había logrado reunir un gran ejército y organizar una flota. César no pudo reducir la ciudad de Dirraquio (Durres), al frente de cuyas fuerzas estaba Catón, y renunció a tomarla. El combate decisivo en el que se enfrentaron ambos generales tuvo lugar en la llanura de Farsalia (en Tesalia), en junio del 48 a.C. Aun cuando el ejército de Pompeyo doblaba en número al de César, éste mediante una estrategia sumamente calculada logró romper las filas del ejército pompeyano. Pompeyo, sin duda desconcertado y sin capacidad de reacción en una batalla que todavía no estaba claramente decidida, huyó. El ejército se derrumbó y César obtuvo la victoria. Pompeyo esperaba reunir en Egipto tropas y dinero como base desde la cual recuperar su poder en Roma. El rey Ptolomeo XIII (al que su padre había colocado bajo la protección del Senado romano que, a su vez, asignó esta tarea a Pompeyo) era aún un niño y gobernaba junto con su hermana Cleopatra, a la sazón enfrentada en una contienda civil no tanto con su hermano como con Potino, que era quien realmente dirigía la política. Fue éste quien recibió a Pompeyo y mediante un cálculo odioso decidió asesinarlo: necesitaba la ayuda de Roma frente a Cleopatra y, matando a Pompeyo, estaba seguro de que el ganador en Roma sería César. Pero no pudo contar con el agradecimiento de éste. César puso orden a la situación en Egipto entronizando a Cleopatra, asociada con su hermano menor Ptolomeo XIII. Tras la breve victoria contra Farnaces en el Ponto (el mensaje enviado al Senado fue la famosa frase "veni, vidi, vici"), Oriente había sido limpiado de pompeyanos. En Occidente, hicieron falta tres años más para terminar con la última y feroz resistencia de la causa pompeyana en África e Hispania. El final sería en el 45 a.C., en la batalla de Munda, en la que participó César. Cneo Pompeyo, hijo mayor de Pompeyo el Grande, murió en ella y su segundo hijo, Sexto Pompeyo, sólo reanudaría la lucha contra el partido cesariano mucho más tarde, después de la muerte del propio César. Numidia había sido pacificada el año anterior, en la batalla de Tapso, que supuso la derrota de Juba I y la división del país entre Mauritania (un reino vasallo que había permanecido fiel a César) y la provincia romana de África.

El ejército real cosechó un rotundo fracaso contra los sublevados de Escocia, teniendo que retirarse. Los escoceses por su parte lanzaron un ataque, provocando la urgente necesidad para la Corona de convocar al Parlamento inglés en demanda de ayuda. Se formó así el denominado Parlamento largo (1640-1653), elemento clave en el proceso revolucionario que se abría. Dominado por los presbiterianos, se opuso a la jerarquía episcopal, por un lado, mientras que, además, por otro, lanzaba fuertes acusaciones contra los favoritos del rey, principalmente contra Strafford, quien fue condenado y ejecutado (1641), suerte que poco tiempo después le tocaría padecer a Laud. Al mismo tiempo que ocurrían estos acontecimientos, en Irlanda estalló otra gran revuelta: fue la reacción airada de la población católica desposeída de su territorio, que ocasionó la matanza de miles de colonos protestantes que se habían asentado en el Ulster. Este grave suceso crispó todavía más los ánimos por entonces ya muy exaltados de los ingleses contra los católicos, derivando en animosidad hacia la figura del rey al que hacían responsable indirecto de los hechos por su aceptación de los círculos católicos cortesanos. Desde el Parlamento se atacaba ya con dureza el mal gobierno del rey, quien respondió con un intento de detención de los principales dirigentes parlamentarios, actitud que se volvería rápidamente en su contra al fracasar sus planes de acabar con la oposición. En Londres se constituyó un Comité de insurrección que pudo levantar al pueblo, por lo que sintiendo la amenaza muy próxima Carlos I se decidió a huir de la ciudad dirigiéndose hacia el Norte seguido de sus partidarios. Todo esto ocurría en 1642 y el enfrentamiento estaba servido. Ambos bandos, el parlamentario y el real, formaron bien nutridos ejércitos, aunque en el transcurso de la guerra no se produjeron muchas batallas sino más bien una serie de refriegas, asaltos y escaramuzas que hicieron de aquella conflagración una contienda sin grandes violencias ni devastaciones. Los realistas salieron derrotados en los encuentros más importantes: en Newbury (1643), Marston-Moor (1644) y Naseby (1645). El rey tuvo que marchar hacia Escocia, pero allí tampoco fue bien recibido, como cabía esperar. No quiso aceptar el reconocimiento de la Iglesia presbiteriana y los escoceses terminaron por entregarlo a las fuerzas rivales a cambio de percibir una buena compensación económica. La nueva situación creada resultaba un tanto extraña, inusual y embarazosa para casi todos. No se sabía bien qué hacer con el monarca, quien complicó aún más el crítico estado de cosas con su huida y posterior captura. Por un lado, los realistas seguían inquietando con sus acciones armadas; por otro, los parlamentarios se encontraban divididos entre moderados y radicales. El elemento que inclinaría la balanza hacia posturas intransigentes fine Oliverio Cromwell, jefe militar del todopoderoso ejército parlamentario que se había convertido en el instrumento decisivo para el control de la cadena de acontecimientos inesperados que se estaba produciendo. Terrateniente acomodado, ferviente puritano y hombre enérgico, Cromwell pasó a dominar la situación apoyándose en sus fieles seguidores de la milicia y en un Parlamento reducido que había sido depurado para llevar adelante los planes del nuevo mandatario. Sería precisamente esta asamblea (el Rump Parliament) la que finalmente enjuiciaría al rey y lo condenaría a morir, impactante suceso que se llevaría a la práctica el 30 de enero de 1649. Hasta aquí los acontecimientos, los hechos políticos destacados, entre los que sobresalían, dentro del proceso revolucionario que se había desatado a comienzos de la década de los cuarenta, la guerra civil, la ejecución del monarca seguida de la liquidación de la Monarquía, la caída de la jerarquía anglicana y la desaparición de la Cámara de los Lores. No había ninguna duda de la notable importancia de estos hechos, de que se había producido una verdadera revolución, pero lo que no estaba tan claro, ni lo sigue estando, es por qué ocurrió. Desde aquellos momentos hasta el presente se han dado muchas y diferentes explicaciones; las interpretaciones han sido y continúan siendo divergentes; los intentos de simplificar el desarrollo de lo que aconteció se hacen en función de una u otra causa fundamental, ya sea de tipo estrictamente político (la lucha contra el absolutismo de los Estuardos), religioso (la protesta de los presbiterianos ante el dominio de la Iglesia anglicana y su rechazo del catolicismo), o principalmente económico (la revolución como protesta de clases, producto de los cambios sociales que se estaban dando por la evolución del sistema económico). Hubo de todo un poco, sin que pueda establecerse una única causa (en el estallido revolucionario incidieron factores muy diversos), ni darle el protagonismo a una sola y determinada clase social (hubo burgueses en ambos bandos y los sectores trabajadores, campesinos y urbanos, también repartieron sus preferencias); ni siquiera es válida la rígida distribución geográfica que tanto se ha repetido (el Norte y el Oeste realistas, el Este y el Sur parlamentarios) por la cantidad de excepciones que se dieron según la adscripción territorial de los componentes de cada bando. En suma, la que se conoce como primera revolución inglesa resultó ser un proceso complejo, muy difícil de esquematizar, que se ha prestado de continuo a enjuiciamientos partidistas y a valoraciones enfrentadas desde posturas ideológicas distintas. Abolida la Monarquía, dio comienzo el mandato personalista de Cromwell que se prolongaría hasta 1658, año de su muerte; en una primera etapa secundado por un recién creado Consejo de Estado, y desde 1653 como dictador indiscutible a raíz de proclamarse Lord Protector, tras haber disuelto el Parlamento y suprimido el organismo asesor estatal. Durante una década Inglaterra soportó una férrea dictadura militar, opresiva y asfixiante, que obtuvo rotundos triunfos en el exterior y en el interior. Nada más iniciarse su gobierno, Cromwell tuvo que hacer frente a la oposición armada de irlandeses y escoceses, que apoyaban al hijo mayor del decapitado monarca Estuardo: los primeros fueron ferozmente reprimidos después de ser derrotados en las batallas de Drogheda y Wexford (1649), y los segundos también fueron vencidos en Dumbar (1650) y Worcester (1651). Asimismo surgió un conflicto bélico con Holanda, una vez que desde ésta se reconociese a los Estuardo y se decretase por Cromwell el Acta de Navegación, tan perjudicial para los intereses comerciales de los holandeses, los cuales le declararon la guerra, que finalizaría con la paz de Westminster (1654), nuevo éxito del ya nombrado Lord Protector que veía cómo sus amenazadores enemigos tenían que plegarse a sus condiciones. No sufrieron mejor suerte sus oponentes interiores. Los que rechazaban el fuerte moralismo puritano que se había implantado en todo el país y los grupos más radicales que no admitían el excesivo dirigismo y el control político-social de la dictadura fueron igualmente reprimidos. Este estado de cosas cambió repentinamente con la muerte de Cromwell, ya que su teórico sucesor, su hijo Ricardo, se desentendió de tal misión, abdicando de sus prerrogativas como Lord Protector, dando paso así a una pronta vuelta de los Estuardo al poder.

España, que no llega a participar en ninguna de las dos grandes guerras mundiales, tuvo por desgracia su propia guerra. Desde 1936 a 1939, este hecho traumático afectó al libre desarrollo de la arquitectura. Madrid, frente bélico estable durante mucho tiempo, tuvo que solucionar problemas acuciantes de defensa y distintos a la pura teoría o práctica arquitectónica, con la excepción sobresaliente del Pabellón de la República en la Exposición de París-1937. En este año se crea el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento -con Julián Besteiro como presidente, Fernando García Mercadal como secretario y siendo ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas el arquitecto Bernardo Giner de los Ríos-, que elabora el inconcluso Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid (1939). El acoso sistemático a la capital dará como resultado, entre otros, la destrucción de la Ciudad Universitaria (a reconstruir en postguerra por parte de los mismos arquitectos y con el mismo estilo). Situación distinta es la vivida en Barcelona, donde llega a identificarse el concepto de revolución político-social con el de la nueva arquitectura moderna (colectivización del ramo de la construcción, municipalización de la propiedad urbana y otros proyectos urbanísticos asumidos por la Generalitat). Dada la dispersión de los miembros componentes del GATEPAC, será el GATCPAC en esta zona y sobre todo Josep Torres Clavé -puesto que Sert se refugia en París- quien mantenga activo el ideario hasta el último momento posible. La actividad personal de Torres Clavé se desarrolla en tres sentidos: defensa de sus ideas en el campo político-profesional desde los primeros meses de la guerra (creación del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya -SAC-, adheridos a las centrales obreras CNT-UGT y asumiendo las funciones tanto de la Asociación como del Colegio de arquitectos; creación del Comite de l'Escola Nova Unificada -CENU-, habilitando locales para niños no escolarizados; control de la Escuela de Arquitectura y redacción de un Nuevo Plan de Estudios en el que se proponía la enseñanza por ciclos o la especialidad por materias; control del Ayuntamiento y reorganización del ejercicio profesional, etc.); defensa de sus ideas en el campo de la difusión cultural (coordinación, con la ayuda de Joan Prats, de la revista "A.C.", que logra publicar todavía en momentos difíciles e incluso preparar los números 26-29 inéditos); por último, defensa de sus ideas en el campo de batalla. Resulta difícil comprender para quien no vivió por fortuna el desastre de la guerra, ni tampoco las secuelas de la inmediata postguerra, cómo España pudo llegar a un estado tan dramático. Los documentos existentes, mostrados cada vez con mayor objetividad, pueden contribuir a la explicación, pero no a la comprensión. Arquitectos de gran talla y partidarios del arte de vanguardia se desunen o desaparecen en frentes irreconciliables: como J. M. de Aizpúrua, quien muere en 1936 alineado con el bando finalmente vencedor; o el mismo J. Torres Clavé, quien muere en 1939 en bando contrario. Para algunos supervivientes hubo desigual porvenir, según propuesta de la Dirección General de Arquitectura en 1942 (inspirándose en una "Depuración político-social de arquitectos", Orden de 24 de febrero de 1940-BOE de 28 de febrero): L. Lacasa y M. Sánchez Arcas, inhabilitación perpetua para el ejercicio público y privado de la profesión; J. L. Sert, suspensión total en el ejercicio de la profesión y en todo el territorio nacional; R. Bergamín y M. Domínguez, inhabilitación perpetua para cargos públicos y temporal para el ejercicio privado de la profesión; C. Arniches, V. Eced, F. García Mercadal y S. Zuazo, diferentes sanciones o inhabilitaciones temporales. El exilio voluntario o forzoso había sido inevitable ya: Bergamín (Venezuela), Bonet (Argentina), Domínguez (Cuba), Lacasa (Rusia), Sert (USA), o Zuazo (quien, una vez regresa de Francia tras la guerra, vive temporalmente en Canarias). Mientras unos arquitectos -vinculados de un modo u otro al quehacer republicano o en particular a la Generalitat- desaparecían del panorama profesional español o eran disminuidos en sus facultades, otros afines al nuevo régimen iniciarán un camino sin sentido preciso -ni salida acorde con los tiempos- hacia una arquitectura neoimperialista. La identificación de la arquitectura moderna con la Segunda República pudo ser el motivo de algunos para combatir aquélla también, pero debe advertirse que en tan corta duración, dada la crisis económica existente además, difícilmente hubo tiempo de generar una arquitectura moderna que calara en la sociedad de los años treinta, en un paisaje urbano donde la gran mayoría de las obras eran de signo tradicional. Las iniciativas del GATCPAC y la promoción de la Generalitat, pueden considerarse en ese sentido excepcionales. Por otra parte, debe aludirse a los monumentales y escurialenses Nuevos Ministerios (1933-1936. Paseo de la Castellana, Madrid) de Secundino Zuazo -aun siendo más complejos estilisticamente y más próximos a su Casa de las Flores de lo que pudiera parecer a primera vista-, iniciados en tiempos de Indalecio Prieto y por tanto contribuyentes a disolver unos límites rígidos entre una arquitectura moderna de anteguerra y otra anacrónica de inmediata post-guerra (Valle de los Caídos, 1942-1959, Madrid, de Pedro Muguruza y Diego Méndez; Universidad Laboral, 1946-1950, Gijón, de Luis Moya y otros). Esta natural disolución de límites llegará a forzarse en los años 70 con una tesis que avalaba la Exposición Arquitectura para después de una guerra, 1939-1949 (1977), pretendiendo prolongar el racionalismo de los años treinta -camuflado con escudos, chapiteles y espadañas-, sin solución de continuidad y hasta los años 50 considerados de recuperación. No obstante, debe insistirse en que sí hubo argumentos para pensar en una reacción contundente durante los cuarenta, que corroborará más incluso una formación academicista en las escuelas de arquitectura y un dificultoso conocimiento de las tendencias contemporáneas (ténganse en cuenta las circunstancias de crisis, aislamiento, presión o afinidad ideológica con las fuerzas del Eje en plena Segunda Guerra Mundial). Los ejemplos dados por los exiliados se desvanecían, además de permanecer aquí otros arquitectos comprometidos antes con una arquitectura relativamente moderna que retrotraen ahora su estilo -según los vientos que soplan- hacia posiciones historicistas (L. Blanco Soler, J. y R. Borobio, R. Durán Reynals, C. Fernández-Shaw, F. Folguera, L. Martínez-Feduchi, el mismo S. Zuazo, etc.). Mientras Sert -que había trabajado para el vencido- mantenía viva la llama de la arquitectura moderna en el extranjero, Gutiérrez Soto -realizador en otro momento de arquitectura moderna de gran calidad (al margen del GATEPAC, si bien compartiendo muchos de sus criterios) y que había luchado en el Ejército del Aire de parte del vencedor- acaba por realizar el Ministerio del Aire (1942-1951. Plaza de la Moncloa, Madrid) con un estilo que rememora sin duda El Escorial y la arquitectura tradicional villanoviana.

La guerra con Inglaterra fue más desastrosa aún que la sostenida contra Francia entre 1793 y 1795. El primer resultado de la confrontación anglo-española fue muy negativo para los intereses hispanos. En febrero de 1797, una escuadra al mando de José de Córdova, compuesta por 24 navíos, era derrotada frente al cabo San Vicente por la comandada por el almirante Jervis, formada por sólo 15 buques. La preparación de la marinería y de los mandos británicos fue decisiva para imponerse en un combate naval que preludiaba el desastre de Trafalgar, años después. Cuatro navíos españoles quedaron en poder de los ingleses y fueron conducidos al puerto de Lagos, en el Algarve portugués, desde donde operaba el almirante Jervis. Los errores en las maniobras del general Córdova fueron tan graves, que se vio sometido a un consejo de guerra presidido por el capitán general de la Armada, Antonio Valdés. Probada su insuficiencia y falta de acierto, fue condenado a pérdida de empleo y desterrado de Madrid y de cualquiera de los Departamentos marítimos de la península. Dos días después del desastre del cabo San Vicente, los británicos se apoderaron de la isla Trinidad, en las Antillas. Defendida en tierra por el brigadier de Marina José María Chacón, con el apoyo de una escuadra de cuatro navíos al mando de Sebastián Ruiz de Apodaca, tampoco la resistencia al ataque de los ingleses fue adecuada. Apodaca quemó sus buques antes de entrar en combate, y las tropas de Chacón se rindieron a poco de iniciarse el desembarco inglés. Posteriormente, los españoles lograron rechazar los ataques a Puerto Rico, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife. En Puerto Rico, los ingleses que habían tomado Trinidad desembarcaron importantes efectivos, pero el gobernador Ramón de Castro fue eficaz en la dirección de la defensa y obligó a los británicos a reembarcarse tras quince días de combates. En España, la escuadra inglesa vencedora en San Vicente, reforzada con nuevos navíos y con Nelson como contraalmirante, decidió atacar Cádiz, incendiar sus arsenales y destruir los buques de guerra allí surtos. La defensa del general José Mazarredo desde la plaza y sus fuertes en los primeros días de julio fue tan contundente que Nelson tuvo que retirarse sin lograr ninguno de sus objetivos, dirigiéndose hacia el archipiélago canario. El 24 de julio los ingleses atacaron Santa Cruz de Tenerife, pero también fueron rechazados por las baterías de la plaza y el fuego de fusilería. Nelson perdió el brazo derecho cuando dirigía el desembarco de sus hombres en el muelle de Santa Cruz. Los efectos económicos de la guerra fueron todavía más calamitosos que los causados por el conflicto con la Convención republicana. Pierre Vilar califica la crisis abierta por la guerra en la economía catalana como la más aguda de todo el siglo XVIII: las manufacturas quedaron paralizadas; la falta de alimentos, al ser imposible la importación de grano, alcanzó una magnitud extraordinaria; y el comercio marítimo se interrumpió. Una situación similar se produjo en otros grandes núcleos comerciales, como Alicante, Málaga, los puertos cantábricos y el centro neurálgico de Cádiz. La situación de la Hacienda, ya enfrentada a graves problemas por las consecuencias de la guerra contra la Convención, se hizo entonces angustiosa, y en el intervalo que va de octubre de 1796 a septiembre de 1798 fueron tres los ministros de Hacienda que se sucedieron, mientras que en ese período los gastos militares se incrementaron en un 12 por ciento en relación a los habidos durante la guerra con Francia de 1793-95 y los ingresos disminuyeron, sobre todo los procedentes de América, aumentando el déficit hacendístico hasta extremos asfixiantes. Para Inglaterra el esfuerzo bélico también tenía efectos preocupantes, que aconsejaron a Pitt iniciar conversaciones de paz con Francia, una vez que la República había derrotado a Austria y el emperador Francisco II se había visto obligado a firmar la paz de Campoformio en octubre de 1797. En las conversaciones preliminares, ni Francia ni Inglaterra deseaban la presencia de plenipotenciarios españoles. España exigía la devolución de Trinidad y Gibraltar, pero las posiciones francesas y británicas estaban tan alejadas que no fue posible el acuerdo. El escaso reconocimiento que el Directorio mostraba hacia sus aliados los españoles, marginados en las conversaciones con Inglaterra, enfriaron las relaciones hispano-francesas y tuvieron efectos importantes en la política interior.

La situación internacional tenía sus dificultades porque, aparte de la lógica preocupación de Austria por la amenaza franco-piamontesa, Napoleón III tenía que extremar las precauciones para no fomentar en su contra una coalición de potencias análoga a las que habían provocado el hundimiento del primer Imperio. Para ello debía abstenerse de perjudicar los intereses de los Estados Papales, para no enajenarse la opinión católica de su propio país, y también debía mantener la integridad del reino borbónico de Nápoles. El Reino Unido y Rusia, que veían con inquietud estos acuerdos, intentaron inútilmente la mediación, mientras que Prusia podía aprovechar las iniciativas francesas para aumentar su influencia en el mundo alemán, especialmente en la frontera del Rin. Tanto Rusia, dolida por el abandono austriaco durante la guerra de Crimea, como Prusia, que había sido humillada en Olmütz, no tuvieron inconveniente en dejar diplomáticamente aislado al Imperio Habsburgo. Finalmente, la acumulación de tropas piamontesas en la frontera con Lombardía provocó el ultimátum austriaco de 23 de abril de 1859, en el que se reclamaba el desarme de las tropas piamontesas. La negativa de Piamonte a aceptar estas exigencias determinó el inicio de las hostilidades, pocos días después. Las tropas austriacas desaprovecharon la ocasión de derrotar por separado a las piamontesas, antes de que Napoleón III se pusiera, a mediados de mayo, al frente de un ejército francés superior a los 100.000 hombres, con los que había jurado que llegaría hasta el Adriático. El peso de las operaciones correspondió a las tropas francesas, que derrotaron a las austriacas en Montebello (20 de mayo) y Magenta (4 de junio) lo que permitió la entrada en Milán cuatro días después. El emperador Francisco José se puso al mando de sus tropas pero no pudo impedir la derrota (24 de junio) en las batallas de Solferino y San Martino, que costaron un elevadísimo número de bajas en todos los contendientes. El resto de la Lombardía quedó en las manos aliadas, que amenazaron Venecia. Fue entonces, sin embargo, cuando Napoleón dio un brusco giro y ofreció una tregua que el emperador austriaco se apresuró a aceptar. Ambos emperadores se reunieron el 11 de julio en Villafranca y firmaron un armisticio por el que Austria entregaba la Lombardía a Francia que la cedería, a su vez, a Piamonte. Los duques de Toscana y Modena fueron restablecidos, mientras que Austria retenía Venecia y afianzaba las fortalezas del cuadrilátero con Mantua y Peschiera. Piamonte, que fue informado del acuerdo después de tomado, acogió con indignación la noticia, y Cavour, que no consiguió que Víctor Manuel rechazara los términos del armisticio, dimitió de la presidencia del Consejo de Ministros el día 12. Todos los historiadores de este proceso se han preguntado por las razones que provocaron un cambio tan brusco en la actitud de Napoleón. De la variedad de las explicaciones dadas cabe hacer una cierta sistematización. Por una parte, están las razones que hacen referencia a las motivaciones personales del emperador y a las exigencias de la política interior francesa. En ese sentido se ha hablado del horror experimentado por Napoleón, a la vista de la mortandad ocasionada en Solferino; de las dudas del emperador sobre la eficacia de su propio ejército ante las fortificaciones austriacas en el cuadrilátero; y, finalmente, de la preocupación que pudiera tener ante el peligro de que la opinión católica francesa se le pusiera en contra, ya que la acción militar francesa hacía peligrar la integridad de los Estados del Papa. Todas esas razones tienen consistencia, pero son un tanto coyunturales. Más importancia habría que conceder a las que apuntan a los peligros de desequilibrio interno en los Estados italianos, y a las repercusiones que ese desequilibrio podría tener sobre las relaciones internacionales. En ese sentido hay que señalar que, simultáneamente al comienzo de las hostilidades, se produce una serie de movimientos populares que suponían una amenaza de revolución mazziniana en la Italia central y la posibilidad de que Cavour extendiera sus fronteras más allá de lo previsto en Plombières. El 27 de abril había estallado en Florencia un movimiento popular que provocó la abdicación del gran duque de Toscana y la formación de un Gobierno provisional que pidió la protección del rey de Piamonte. Napoleón envió tropas, bajo el mando del príncipe Napoleón Jerónimo, que desembarcaron en Livorno, para tratar de contrarrestar la influencia piamontesa. Por otra parte, el vacío de poder provocado por las derrotas austriacas de junio obligó a los duques de Modena y Parma a abandonar sus Estados, a la vez que estallaban levantamientos en los territorios pontificios de las Legaciones.En esas circunstancias Napoleón temió que las demás potencias europeas reaccionaran contra Francia, como lo habían hecho en la época de las coaliciones antinapoleónicas. Había, desde luego, algunos motivos para la sospecha, especialmente por las acciones prusianas en la frontera del Rin, que contaban con el respaldo ruso. También el Reino Unido estaba preocupado por la generalización del conflicto, e incluso Austria, que temía un rebrote del nacionalismo húngaro, se mostró partidaria de llegar a la paz. Ésta se firmó en Zurich, el 10 de noviembre de ese mismo 1859, y ratificó los acuerdos de Villafranca.

La campaña militar, conocida indistintamente como Guerra contra la Convención, Guerra Gran en catalán o Guerra de los Pirineos por desarrollarse únicamente en Guipúzcoa, Navarra, Aragón, Cataluña y el Rosellón, fue desastrosa para España, tras unos inicios esperanzadores. Hoy la conocemos con detalle gracias a los estudios de Jean-René Aymes. La frontera se distribuyó entre tres cuerpos de ejército: el navarro-guipuzcoano, el aragonés y el catalán. Los dos primeros tenían una función defensiva, de modo que la iniciativa le correspondió al de Cataluña, bajo el mando del general Ricardos. En poco tiempo se ocupó parcialmente el Rosellón, pero las acciones españolas, faltas de objetivos políticos o territoriales, se limitaron a actos simbólicos, como quemar los decretos de la Asamblea, talar el árbol de la libertad o sustituir la bandera tricolor por la blanca de la casa de Borbón. La actitud pusilánime del general Ricardos evitó la ocupación de Perpiñán, y ya a fines de 1793 sus tropas habían perdido la iniciativa, frente a un ejército francés reorganizado y dinamizado por los llamados representantes del pueblo, individuos comisionados por la Convención para, con su fogosidad y sus amenazas, animar a la población civil y a los generales, poner fin al desorden y a las deserciones de los primeros meses y lograr una férrea disciplina mediante el uso frecuente de la guillotina. Los españoles habían perdido dos enclaves a poco de declararse la guerra. A fines de marzo, los franceses ocuparon el Valle de Arán, que fue anexionado a su territorio al considerarlo una demarcación española en territorio francés sin justificación geográfica alguna. El otro enclave que fue ocupado por las tropas republicanas fue la Cerdaña, cayendo Puigcerdá en agosto. En la Cerdaña se efectuaron acciones de adoctrinamiento, imprimiéndose en catalán la Declaración de los derechos del hombre y concediéndose a la población la exención del pago del diezmo. Las fronteras aragonesa y vasco-navarra no conocieron a lo largo de 1793 ninguna acción militar de relieve, reduciéndose todo a escaramuzas ventajosas para España, como la destrucción del fuerte de Hendaya, el control del río Bidasoa o la ocupación de las cimas de las montañas fronterizas. También en ese mismo año, en colaboración con la flota británica, la armada española intentó apoderarse del importante puerto de Tolón, con la intención de crear allí un enclave monárquico. Ingleses y españoles creían que el descontento con la República en el mediodía francés estallaría en insurrección contra París sí se les posibilitaba ocasión. El cónsul José Ocáriz elaboró un plan "para la más fácil extensión del partido realista en Francia desde Tolón". En dicho plan se debía financiar al partido contrarrevolucionario, acuñar moneda con la efigie de Luis XVII y, sobre todo, cortar las relaciones entre los banqueros genoveses y la República. En agosto, el estratégico puerto del Var estaba bajo control de las fuerzas combinadas anglo-españolas bajo el mando del almirante Hood, pero las diferencias entre ingleses y españoles y la derrota de los insurgentes provenzales impidieron la consolidación de esta cabeza de puente contrarrevolucionaria. Mientras que el Comandante General de la escuadra española, Juan de Lángara, aceptó la propuesta realista de que el conde de Provenza acudiera a Tolón para ser proclamado regente de Francia, los ingleses la rechazaron por considerarla inoportuna, y cuando las tropas revolucionarias iniciaron la reconquista de la ciudad los españoles acusaron a los británicos de inactividad. Después de tres meses de asedio, ingleses y españoles decidieron abandonar Tolón a principios de 1794, pero también en el momento de la retirada surgieron entre ellos serias discrepancias. Mientras los ingleses proyectaban la destrucción total de la ciudad, el Comandante General Lángara era partidario de íncendiar sólo los arsenales y los buques de guerra franceses surtos en la rada. "Ver a Tolón fue ver a Troya", manifestó Lángara tras dar por cerrada la operación naval más importante de la guerra. Unos 2.000 realistas franceses acompañaron a los españoles en la retirada de Tolón, siendo distribuidos por algunas ciudades costeras del Mediterráneo español, Cartagena sobre todo. La hostilidad de la población hacia estos emigrados, fruto de la galofobia que se había extendido por España, decidió a muchos de ellos a trasladarse a Italia. En 1794 y 1795, las campañas fueron totalmente desgraciadas para los intereses españoles. La muerte del general Ricardos y su sustitución en el mando de las operaciones en el frente oriental por el conde de la Unión, que fallecería también poco después, coincidió con ataques franceses en territorio catalán, con la ocupación de la Seo de Urgel y, tras avanzar por el cauce del río Ter, las poblaciones de Camprodón, San Juan de las Abadesas y Ripoll. En el otoño de 1794 el grueso del ejército español se encontraba replegado en torno a Gerona, y a fines de noviembre se produjo el asedio de Rosas por 30.000 franceses y la capitulación del fuerte de San Fernando de Figueras, de gran resonancia por su importancia militar y por lo que se consideró cobardía de la tropa y falta de energía de la oficialidad. La desmoralización y el descontento causado por el desastre de Figueras fue inmenso. Los grandes sacrificios que se soportaban no tenían compensación en los resultados obtenidos. En el frente occidental también los republicanos se lanzaron a la ofensiva una vez llegado el buen tiempo. En julio de 1794 ocuparon el valle del Baztán y el 2 de agosto ocuparon Fuenterrabía, quedando abierto el camino hasta San Sebastián, que se rindió dos días después tras haber decidido su Ayuntamiento no ofrecer resistencia, a pesar de que se difundieron noticias de profanaciones en edificios religiosos de Fuenterrabía, donde habían vestido a un santo de guardia nacional y con un fusil le han puesto de centinela en la muralla o se habían limpiado los zapatos con los óleos sagrados. El hundimiento de la línea de contención española no fue aprovechada en todas sus posibilidades por el ejército invasor. Sólo fueron ocupadas Vergara y Azpeitia, pero los franceses detuvieron su avance hacia Pamplona, Vitoria y Bilbao ante la llegada del mal tiempo. Tras el invierno, el avance se efectuó en dos frentes: hacia Bilbao, que se rindió en el verano de 1795, y hacia el sur, alcanzando el alto valle del Ebro tras ocupar Vitoria. El temor de los responsables militares franceses a alejarse excesivamente de sus fuentes de suministros y tener que defender frentes excesivamente amplios, además de la falta de medios de transporte adecuados, detuvo su avance en Miranda de Ebro. En el frente catalán, en febrero de 1795, tras la capitulación de Rosas y la consiguiente ocupación del Ampurdán, cuya población huyó masivamente, Barcelona quedó al alcance del ejército de la Convención. Sólo la falta de hombres y suministros, y las enfermedades que afectaban a los soldados franceses, les obligaron a estabilizar el frente a lo largo del cauce del río Fluviá, puesto que los soldados del ejército regular español se encontraban, por entonces, cansados, descalzos, fatigados y tímidos, según señalaba en uno de sus informes José Simón Pedro, comandante del ejército de Navarra. Tampoco la guerrilla, organizada como somatén y activa sobre todo en la Cataluña ocupada, logró resultados apreciables. Con características que se reiterarán durante la Guerra de la Independencia, el somatén de 1794-95 pudo contar entre sus miembros a elementos del clero, que actuaron en ocasiones como cabecillas, como el franciscano del convento de Figueras Cosme Bosch, que fue comandante del somatén y que se vestía "de corto llevando interiormente la túnica y capilla a fin de que pueda hacer sus correrías con más ligereza". Las crueldades del somatén fueron destacadas por la propaganda francesa como prueba de la barbarie fanática de los españoles, y las noticias de sus atrocidades y desmanes son muy similares a las propaladas durante la Guerra de la Independencia, como las que hablan de soldados franceses asados, despellejados, colgados por los pies o atravesados con un hierro desde los genitales al cuello. La magnitud de la derrota, el lastimoso estado en que comenzaba a encontrarse la Hacienda española y un descontento popular creciente, con la reaparición de sentimientos catalanistas y vasquistas ante la inoperancia de las autoridades madrileñas, hicieron deseable llegar a una rápida paz negociada, en la que también estaba interesada la República francesa, agobiada por tener que sostener la guerra en distintos frentes.