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Al volver oficialmente a la neutralidad, la política española cambió tanto que el 15 de diciembre el nuevo embajador alemán en Madrid informó de que había presentado una queja a Franco por las medidas que había tomado el Gobierno español en perjuicio del Eje; la retirada de la División Azul, el libre pasaje de refugiados a través del Pirineo, el internamiento en campos de las tripulaciones de los submarinos alemanes y diversas restricciones sobre el transporte marítimo alemán. Franco se limitó a responder que estas medidas eran necesarias para mantener la seguridad española frente a los Aliados y que en realidad eran positivas para Alemania. A principios de 1944 la política económica de los Aliados se hizo mucho más dura. Anunciaron la suspensión total de los envíos de petróleo a España hasta que se pusiera fin a la exportación de materias primas estratégicas a Alemania. Al principio Franco estaba decidido a soportar la presión, a pesar del sufrimiento que supondría para la población española y recibió todo el apoyo de los ministros falangistas. Jordana le dijo al embajador americano -correctamente- que esto era una violación de la promesa solemne que habían hecho los Aliados cuando aseguraron que España no tenía nada que temer; sin embargo, a Franco le intentó convencer de que la supervivencia económica del país estaba supeditada a sus buenas relaciones con los Aliados. El Ministro de Comercio, el falangista Demetrio Carceller, siempre se había opuesto a la política de Jordana de una neutralidad estricta. Seguía fomentando las relaciones con Alemania, especialmente para lograr llegar a un acuerdo por el que la deuda de España con Alemania por su ayuda durante la guerra civil quedara saldada con el envío constante de materias primas. Pero el desarrollo de los acontecimientos favoreció la postura de Jordana, quien terminó por convencer a Franco. Los dos años de tensión diplomática y comercial con las democracias por la exportación de wolframio y otro tipo de ayuda a Alemania terminaron con un acuerdo finalizado el 1 de mayo de 1944. En él se declaraba que España se reservaría casi todo su wolframio para los Aliados, cerraría el consulado alemán de Tánger y expulsaría a los agentes alemanes a cambio del envío de petróleo y otros productos. El elogio que hizo Churchill de la neutralidad española en su discurso en el Parlamento el 24 de mayo fue muy esperanzador para el Régimen. El aspecto más neutral de la política española fue el tratamiento que se dio a los refugiados, especialmente a los judíos. Durante la primera parte de la guerra unos 30.000 judíos habían podido pasar a España sin peligro, no hay noticia de que se rechazara a ninguno y se le entregara a las autoridades alemanas. Es posible que unos 7.500 más cruzaran la frontera entre 1942 y 1944. Durante las últimas fases de las redadas de las SS en Hungría y los Balcanes los oficiales consulares españoles lograron dar protección -otorgándoles la ciudadanía- a otros 3.200 judíos, muchos de ellos sefarditas. Sin embargo, no se abandonó del todo la colaboración con la Alemania nazi, y el tono proalemán de la prensa española no cambió hasta después de la guerra. El éxito de la toma de Francia por los Aliados convenció a Franco de que Alemania no tenía ninguna posibilidad de vencer, pero era difícil para los líderes del Régimen imaginar la desaparición total del Reich. Seguían creyendo que el resultado sería algún tipo de acuerdo negociado en el que sobreviviría el Estado alemán, aunque ligeramente debilitado. Aunque de forma encubierta, continuaron ofreciendo una mínima ayuda -instalaciones para la inteligencia alemana y el primer envío de la nueva droga mágica, la penicilina- con la esperanza de tomar el relevo de Italia como el aliado número uno de Alemania en el sur de Europa. Jordana, que había logrado que España abandonara en gran medida su actitud colaboracionista, murió de forma repentina como resultado de un accidente de caza a principios de agosto. Para sorpresa de casi todo el Gobierno, le sustituyó José Félix de Lequerica, que había sido embajador en Francia durante los últimos cinco años. Allí se había ganado la descripción de ser más alemán que los alemanes e incluso se le conocía como el embajador de la Gestapo por su costumbre de almorzar con el jefe de la Gestapo en el París ocupado. A Carrero Blanco le parecía que era un hombre sin principios, pero a Franco le parecía adecuado por su pragmatismo, porque había quemado todas sus posibilidades en la política y porque estaba totalmente comprometido con el Régimen. Desde su puesto de Ministro de Exteriores, este oportunista y ex simpatizante del nazismo, se dedicó a lanzar la democracia tradicional en España, la identidad ultracatólica del Régimen, la vocación americana de los españoles y su relación más estrecha con Latinoamérica y la necesidad de una nueva política de cooperación atlántica. En el verano de 1944 España se incorporó, de hecho, al entramado militar de los Aliados, a los que se concedió el derecho de sobrevolar el espacio aéreo español, de realizar controles antisubmarinos y de evacuar heridos de Francia pasando por España. El 6 de junio Franco le explicó al embajador americano que confiaba en que Gran Bretaña y Estados Unidos defendieran Europa del comunismo después de la derrota de los alemanes. El 21 de agosto la prensa española recibió instrucciones de ser realmente neutral a la hora de hacer comentarios sobre la situación internacional, con la excepción expresa de lo que estuviera relacionado con la Unión Soviética. También recibió la orden de dar un tratamiento de favor a Estados Unidos al mencionar su papel en la guerra del Pacífico. Barcelona se convirtió en un puerto franco para el paso de material aliado y en febrero de 1945 se permitió el uso regular de instalaciones españolas a los aviones de transporte americanos. Animado por el discurso de Churchill de mayo del año anterior, Franco le escribió una carta personal y bastante autocomplaciente el 18 de octubre en la que hablaba de la necesidad de una relación más cercana para salvar a Europa occidental del comunismo. En esta ocasión fue demasiado lejos. Churchill tardó tres meses en responder y cuando lo hizo fue sólo para rechazar su sugerencia en tono desalentador. El embajador británico le hizo saber a Lequerica que el sistema no democrático español era una barrera casi insuperable para mejorar las relaciones. El Ministro le respondió, haciendo gala de una lógica aplastante, que esa no podía ser la explicación dadas las excelentes relaciones que mantenían los aliados con Stalin. El Generalísimo hizo un intento más en noviembre a través de una entrevista que mantuvo con United Press en la que recordó que su Régimen había mantenido una neutralidad absoluta durante la guerra y no tenía nada que ver con el fascismo, ya que no podía España ligarse ideológicamente con quienes no tuvieron la catolicidad como principio. Se inauguraba así lo que sería la línea ideológica fundamental durante la larga historia del Régimen. Franco insistió en que, a pesar de no celebrar elecciones, su Régimen era una verdadera democracia a su manera; era una democracia orgánica, que se basaba en la religión, las instituciones locales, los sindicatos y la familia. Al mismo tiempo, los portavoces del Gobierno se encargaron de llamar la atención sobre unas elecciones sindicales de escasa importancia que acababan de tener lugar los días 21 y 22 de octubre, y anunciaron que se celebrarían elecciones municipales en el futuro. Franco se había estado preparando para darle un nuevo aspecto al Régimen desde diciembre de 1943 por lo menos, cuando dio instrucciones por primera vez al Ministro de Justicia para que preparara un borrador de una posible ley de derechos civiles. Sin embargo, Gran Bretaña y Estados Unidos siguieron endureciendo su política, a pesar de que habían tomado la decisión de no intervenir directamente en España. En los primeros meses de 1945 sus embajadores lanzaron repetidas protestas por lo que ellos llamaban el incumplimiento por parte de las autoridades españolas del acuerdo firmado el 1 de mayo de 1944. El Régimen se temía que la nueva administración Truman en Washington fuera más reacia todavía que la de Roosevelt y así se demostró en la conferencia de Potsdam de julio de 1945. En contra de los deseos de Churchill, se recomendó oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas, que se estaba creando, que rompiera relaciones con el Gobierno español y que se diera apoyo a las fuerzas democráticas para que España tuviera el régimen que quisiera. La reunión en que se fundó la organización internacional aquel verano en San Francisco, marcó la victoria total para la nueva Junta Española de Liberación formada por los republicanos y los partidos de izquierda en el exilio. La moción que presentó el Gobierno de México -máximo enemigo de Franco en Latinoamérica- en la que se excluía al Gobierno español, fue aceptada por aclamación general. La nueva ola de izquierdismo en la Europa occidental de posguerra -que llevó a los laboristas al Gobierno británico y pronto instalaría una coalición de izquierdas en Francia- estableció nuevas administraciones cuyos líderes habían jurado hostilidad al Régimen español. La Unión Soviética, el enemigo permanente de Franco, fue un paso más allá, inició una campaña diplomática contra los cinco gobiernos neutrales a los que acusaba de haber favorecido a Alemania durante la guerra -España, Portugal, Suecia, Suiza y Argentina- y exigía que se aplicaran medidas urgentes contra ellos.

El mes de julio marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la República. El rumbo definido por las Cortes Constituyentes y la presidencia de Pi se resquebrajan, acosados por problemas de toda índole y sin apoyos sólidos en los que sustentarse. En efecto, a lo largo del mes emergen de forma acumulada todos los factores que inclinarán a la deriva la ya de por sí frágil plataforma política republicana. Estallaron sucesivamente los alzamientos cantonales y los sucesos de Alcoy, a la par que se extendió la guerra carlista y, en medio, la caída de Pi y Margall, que supuso un viraje a la derecha del régimen, confirmado ya desde la presidencia de Nicolás Salmerón. Las masas federales que, afines al discurso de los republicanos intransigentes pretendían la proclamación y construcción inmediata de la federal "desde abajo", intensificaron el ritmo de las insurrecciones por toda la geografía nacional. En algunos lugares contaron con la ayuda de los internacionalistas, que conocían su máximo esplendor con cerca de 60.000 afiliados. Así el 8 de julio, en la localidad alicantina de Alcoy, se desató la revolución social. La huelga general se convirtió en insurrección, que tardó en ser controlada. En Barcelona coincidieron múltiples conflictos republicanos e internacionalistas, que pusieron a la federación obrera barcelonesa en un complicado equilibrio. Como consecuencia, la Internacional perdió en Cataluña el apoyo de ciertas sociedades obreras, que retornaron al cooperativismo reformista. La cuestión del cantonalismo es todavía uno de los fenómenos más complejos del Sexenio, al confundirse una serie de variables entre sus características, protagonistas y objetivos. Coinciden, aunque no siempre, las aspiraciones autonomistas con la resolución política auspiciada por los intransigentes y con sus tratos de transformación social, todo bajo el mito de la federación. Lo cierto es que en el verano de 1873, desde el mes de julio, los cantones surgieron como un reguero, sobre todo por Levante, Murcia y Andalucía, convirtiéndose en un ingrediente de primer orden de la pendiente por la que resbalaba el régimen republicano. El movimiento cantonalista era la concreción maximalista del programa de los federales intransigentes de establecer de inmediato, por abajo y de forma directa, la estructura federal del Estado, sin esperar a que ésta se formulase orgánicamente desde las Cortes Constituyentes, sino configurándola sobre la federación de unidades más pequeñas en progresivo ascenso hacia la cúspide del Estado. Así lo exponía un diputado intransigente: "El cantón es la consecuencia lógica de la república federal". Sirvió de argumento para los detractores, que identificaban la República con la violencia y el desorden. Los debates parlamentarios habían sido enconados entre los propios federales, durante el mes de junio: entre sectores de la dirección del partido y los intransigentes se consumó la ruptura, a partir de métodos irreconciliables de estructurar el federalismo, sin que la presidencia de Pi y Margall pudiera atemperar las posturas. El 1 de julio de 1873 la minoría intransigente se retiró de las Cortes e invitó a la inmediata formación de cantones. La respuesta se dio, principalmente, en el arco mediterráneo y Andalucía, regiones de añeja implantación republicana, donde el partido había alcanzado confortables resultados electorales, desde las primeras elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869. Desde Madrid, pues, se exhortó a la rebeldía regional y los intransigentes madrileños encontraron un eco amplificado en muchas localidades. En Madrid, a propuesta de Roque Barcia, y con la adhesión de la minoría intransigente en las Cortes, se formó un Comité de Salud Pública. Era una especie de directorio del federalismo intransigente, en contacto con los elementos revolucionarios de las provincias. Así, la revolución política a escala nacional estaba en marcha, y planificada desde Madrid, desplazándose diputados a diversas localidades para la sublevación y la proclamación de los cantones. Sin embargo, el intento de dirigir el movimiento federal acabó difuminándose y la iniciativa pasó a los revolucionarios locales. Un primer hecho a tener en cuenta, ya que la fragmentación del movimiento favoreció su posterior represión y control por parte del Gobierno. El 12 de julio de 1873 se proclamó el cantón en Cartagena, el 19 en Sevilla, Cádiz, Torrevieja y Almansa; el 20 en Granada y Castellón; el 21 en Málaga; el 22 en Salamanca, Valencia, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras, Alicante... El estallido cantonal se generalizó a partir de la caída del Gobierno Pi y Margall, el 18 de julio, quien se encontró en la disyuntiva de utilizar poderes delegados por las Cortes para sofocar la rebelión o practicar una política de persuasión y concesiones. En última instancia se quebraba la política de legalismo y se disipaban los intentos de construir una república federal sólida. La trayectoria del cantonalismo corrió distinta suerte, aunque, en general, los cantones fueron sometidos muy pronto. Fracasó en localidades como Alicante o Béjar, y la mayoría de los cantones andaluces y levantinos fueron sofocados militarmente entre finales de julio y mediados de agosto. La excepción fue el cantón malagueño, en el que las propias autoridades locales se habían puesto al frente de la insurrección, prolongándose hasta el 19 de septiembre, y, sobre todo, el cantón de Cartagena, de trayectoria muy específica. La sublevación cartagenera, aunque partió de la iniciativa federalista local, en la noche del 11 al 12 del julio, capitaneada por Manuel Cárceles, formaba parte del proyecto de insurrección generalizada. Allí se desplazaron inmediatamente para dirigir el movimiento y organizar la resistencia el diputado Antonio Gálvez y el general Contreras, militar de agitación y presidente de la Comisión de Guerra del Comité de Salud Pública formado en Madrid. Las condiciones de defensa en Cartagena eran más propicias: una fortaleza amurallada y una privilegiada situación orográfica, a lo que se sumó la adhesión de la marinería a la sublevación, lo que significaba contar con parte de los mejores navíos de la Armada. El objetivo revolucionario era esencialmente político, la descentralización, a través del federalismo popular frente al poder central, acompañado del ideario de reformas y medidas humanitarias defendidas por el federalismo durante el Sexenio. Se autocontempló como el centro de irradiación del federalismo intransigente a escala nacional. Así, el 27 de julio se constituyó en Cartagena un Gobierno provisional de la Federación española, presidido por Roque Barcia. Cartagena se convirtió, pues, en la sede de un movimiento que trascendía del localismo para intentar articular el Estado federal de abajo a arriba. Durante el primer mes de sublevación, el cantón cartagenero trató de extender la insurrección a otras zonas próximas, por tierra en la expedición a Chinchilla, y por mar en localidades próximas de la costa. A partir de agosto la actitud es claramente defensiva, extinguido el resto de los cantones, frenando por mar el ataque de las fuerzas del Gobierno central -como hecho más significativo, la batalla del cabo de Palos-, y después por tierra. Tras frecuentes bombardeos de la ciudad, el cantón capitulaba el 12 de enero de 1874, con la entrada de las tropas del general López Domínguez. En su libro Memoria y Comentarios sobre el sitio de Cartagena, publicado en 1877, cuenta así el general López Domínguez su entrada en Cartagena: "A la una del día entrábamos en la ciudad por la puerta de Madrid, atravesando las calles obstruidas con barricadas, deshechas por las fuerzas que nos habían precedido, con escombros de los edificios y casas derruidas por el fuego del sitio, con cuerdas rotas y materiales hacinados, presentando un triste y desolador espectáculo, que ponía de manifiesto los horrores por los que habían pasado los insurrectos de la plaza y sus desdichados habitantes, pues nada respetaron nuestros proyectiles, que a todas partes alcanzaban. Llegados a la muralla del mar, formaron las tropas en columna, haciendo un largo descanso, y entramos en el palacio de la Capitanía general, donde recibimos a una comisión compuesta de los primeros y segundos jefes de los buques de guerra extranjeros, que habían seguido y presenciado las operaciones, la cual iba presidida por el viejo almirante inglés Yelverton, que montaba el Lord Werdem, capitana de la escuadra británica, el que nos felicitó en nombre de los allí presentes y de las naciones a que pertenecían..." Aunque en el movimiento cantonal subyacen contradicciones y peculiaridades de índole local, fue protagonizado, en general, por ese conglomerado social heterogéneo compuesto de artesanos, tenderos y asalariados, las masas federales, que, de forma inmediata, directa y revolucionaria, intentaron trastocar el rumbo que el federalismo legalista y benévolo había imprimido a la República. Pero, a su vez, el componente social del cantonalismo tuvo límites imprecisos. En él participaron y se confundieron sectores de las clases trabajadoras que tenían su propia versión del federalismo, pero sólo en contadas excepciones protagonizaron la sublevación. En el movimiento cantonal estuvieron presentes obreros internacionalistas, a título individual y espontáneo, pero no por mandato de la organización. Así, tomaron parte activa en Sevilla, Málaga, Granada y Valencia, pero los dirigentes internacionalistas no participaron directamente y muchas veces adoptaron una posición crítica. Marcharon a remolque de los federales intransigentes, al tiempo que ésos trataban de evitar que se les confundiera con internacionalistas, incluso frenando actitudes revolucionarias en lo social en algunas zonas. A la postre se les acabó asociando, sobre todo por las exageraciones de la prensa conservadora. En este contexto cabe destacar una excepción: el cantón de Sanlúcar de Barrameda, que fue iniciado por la sección local de la Internacional, destituyendo a las autoridades, pero su horizonte era la revolución social y no lo estrictamente cantonal. El cantonalismo fue sofocado militarmente. Fue la política de Nicolás Salmerón, sucesor de Pi y Margall desde el 18 de julio, la que dio por terminados los métodos persuasivos de su antecesor. La República basculaba a la derecha. Las tropas enviadas a reprimir la sublevación cantonal procedían de los frentes carlistas. En realidad, el éxito inicial de algunos cantones se había producido por la debilidad de las tropas gubernamentales en aquellas regiones. Excepto en Cartagena, triunfó la rápida y enérgica acción de los generales encargados del sometimiento: Pavía, en Andalucía, y Martínez Campos, en Levante, quienes serán artífices del fin del régimen republicano, al año siguiente. Resulta paradójico que la legalidad republicana del Gobierno central fuera restablecida por generales monárquicos, lo que plantea, una vez más, la falta de instrumentos de poder propios de la República.

El 1 de junio de 1873 tuvo lugar la apertura de las Cortes Constituyentes, y el día 8 el nuevo régimen fue definido como una República federal. Tres días después se formó un nuevo Gobierno, bajo la presidencia de Pi y Margall. Pronto se dibujaron tres tendencias en el Parlamento: un centro de precario equilibrio, dirigido por el nuevo presidente; una tendencia más conservadora, abanderada por Emilio Castelar, y los intransigentes, dirigidos por el nuevo presidente de las Cortes, José María Orense. Todos entraron prematuramente en conflicto a la hora de formar Gobierno y elegir presidente de las Cortes. En un plazo de apenas dos semanas se dieron sucesivos cambios de cargos en los aparatos políticos, demostrativos de la falta de cohesión del partido. En estas circunstancias se entregaron los federales al sueño de transformar por completo la realidad española, para lo cual era precisa una nueva Constitución. Pero, como tantas otras leyes emanadas de esta época, el proyecto redactado por Castelar quedó simplemente en eso, en proyecto. Conviene, no obstante, analizar el texto de la que habría sido Constitución de 1873. La idea básica residía en acabar con la centralización del Estado, como principal causante de los males del país, y consolidar la democracia a partir de la estructura federal. La declaración de derechos era similar a la de la Constitución de 1869. En el tema religioso iba más allá de la libertad de cultos de 1869, para plantearse la separación total Iglesia Estado y la prohibición de subvencionar cualquier culto, además de la exigencia de la sanción civil para matrimonios, nacimientos y defunciones. España quedaba integrada por 17 Estados, incluidos Cuba y Puerto Rico. Cada uno de ellos podría actuar libremente, siempre ajustándose a los principios constitucionales. La división de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- era la clásica, aunque se añadía un cuarto poder, el relacional, en manos del presidente de la República, cuya misión consistía en mantener el equilibrio entre los Estados de la federación. El Parlamento quedaba constituido por dos cámaras con diferentes funciones: el Congreso, con poderes legislativos superiores, y el Senado, de representación territorial por Estados, que carecía de iniciativa legislativa y ejercía el control de la constitucionalidad de las leyes. El poder judicial gozaba de la extensión del juicio por jurados. En los temas sociales el republicanismo, que se había erigido, en los períodos de oposición, en portavoz de las reivindicaciones populares, tenía ante sí la posibilidad de establecer una práctica al respecto, que, de paso, ensanchara sus bases sociales. Los dos temas estrellas eran, sin duda, la cuestión de la tierra y las relaciones capital trabajo. La primera era muy difícil de abordar sin cuestionar los derechos de propiedad. Las resoluciones tomadas no traspasaron, en su mayoría, el umbral de los proyectos. El 23 de junio se presentó una proposición de reparto de tierras a censo reservativo, solicitando la no inclusión en las leyes de desamortización de los bienes propios de los pueblos. El 12 de julio, otro proyecto de ley, sobre venta a censo reservativo de los bienes de aprovechamiento común. Otro de 18 de agosto, sobre reparto a braceros de terrenos faltos de cultivo. Ninguno de ellos prosperó. Sólo el proyecto de 20 de agosto, que culminará en Ley sobre redención de Foros, de escasa vigencia, que no tuvo operatividad, y acabó derogado el 20 de febrero del año siguiente. En cuanto a las reivindicaciones obreras, la fecundidad legal no fue mayor, aunque por primera vez, desde el poder, se establecían premisas enfocadas a tratar de regular la cuestión social. Así, el 24 de julio se aprobó una ley sobre protección del trabajo para los menores de 16 años, que, aunque estuvo en vigor hasta 1900, nunca fue operativa. Otro proyecto, inspirado en un acuerdo pactado entre fabricantes y obreros de Barcelona, tampoco llegó al estadio de ley: contemplaba la creación de jurados mixtos, de patronos y obreros, como instrumento legal para solventar los conflictos laborales.

Cuando María de Medicis encargó a Rubens el ciclo de pinturas para la decoración del palacio de Luxemburgo en París, no dudó en reservarse el derecho a introducir cambios en aquellas obras que no fueran "glorificadoras" de su reinado. Esto ocurrió con la Expulsión de París, obra en la que se recogía una de las dos derrotas sufridas por la regente ante las tropas de sus adversarios. Doña María no dudó en sustituir este cuadro por la Felicidad de la Regencia, mucho más halagador a pesar de haber constituido un periodo de intranquilidad para el reino de Francia.Un comentario del propio Rubens, fechado el 3 de mayo de 1625, es utilizado como interpretación de la obra: "Se muestra el florecimiento del Reino de Francia, con los recuerdos de las ciencias y las artes a través de la liberalidad y el esplendor de su Majestad, quien se sienta sobre un trono dorado, sosteniendo en su mano una balanza con la que mantiene al mundo en equilibrio gracias a su prudencia y equidad".La figura de María de Medicis preside la alegoría, flanqueada por Cupido y Minerva -identificada por su casco y su escudo-, la diosa de la sabiduría. La reina enseña uno de sus pechos, como muestra de su estado alegórico, pose algo anómala para una mujer que ya tenía más de cincuenta años. Minerva es acompañada de la Prudencia, con una serpiente alrededor de su brazo (recordando que la sabiduría se simboliza con la serpiente) y la Abundancia, con una cornucopia. En la izquierda aparece Saturno (con una hoz, su atributo) que personifica el tiempo, presentando a Francia para que reciba las bendiciones del reinado de María. Estas bendiciones se muestran en un buen número de elementos como la guirnalda de frutas que se suspende sobre el trono, la cadena de oro, las monedas y la corona de laurel que lleva Minerva en su mano. A los pies de la regente encontramos cuatro puttis, sobre cuyas cabezas Minerva arroja las bendiciones. Uno de los putti lleva una flauta mientras que otro sostiene pinceles; un libro, manuscritos, una trompeta, un compás y una escuadra indican que las ciencias y las artes están floreciendo. El cuarto putti pisa la cabeza de una de las figuras que representan la maldad, identificadas como la Envidia, la Ignorancia -con orejas de asno y las manos atadas a la espalda- y el Vicio, representado por un sátiro. Dos figuras aladas con trompetas completan la composición.La Boda de María de Medicis y el rey Enrique IV y el Encuentro de María de Medicis y Enrique IV también forman parte de la serie.

En el mes de mayo se celebraba una feria anual en la aldea de Pitlessie, perteneciente a la parroquia de Cults en la que el padre de Wilke era pastor. Allí se vendía ropa, animales y objetos varios, siendo la actividad continua durante el tiempo que duraba la fiesta. El maestro escocés se interesa por representar con sus pinceles el ambiente festivo que reinaba en la feria. Pero debido a que los parroquianos no querían posar para él, tuvo que hacer una serie de dibujos y bocetos a escondidas durante los oficios religiosos, al tiempo que hacía también un boceto de la aldea vacía. Diversos grupos de personajes forman la composición, ocupando el centro de la escena un oficial de reclutamiento con su casaca roja, buscando "voluntarios" para participar en la guerra contra la Francia napoleónica que se libraba en aquellas fechas. Cada una de las figuras está perfectamente indivualizada, creando una perfecta sensación de dinamismo e incluso dramatismo en sus gestos y actitudes. La obra es uno de los primeros trabajos de Wilkie, pintado en casa de su padre. Al no disponer de caballete, para sujetar el lienzo tuvo que emplear un cajón abierto de su cómoda. El cuadro fue vendido a Kinnear de Kinloch, un terrateniente local.

La primera etapa de Rodríguez Guzmán se desarrolla en Sevilla donde realiza un buen número de escenas protagonizadas por ferias. En esta ocasión nos convertimos en anónimos observadores de la Feria de Abril, con sus casetas y sus variados personajes. Apareciendo un buen número de figuras que gesticulan, cantan y jalean, creando un emotivo espectáculo. Rodríguez Guzmán da muestras de ser un excelente dibujante como podemos apreciar tanto en primer plano como en el fondo, donde aparece la catedral y la Giralda, a pesar de mostrar una mayor difuminación en esta zona.

Desde el siglo XIX empieza una verdadera fiebre arquitectónica por alcanzar alturas hasta ese momento nunca conseguidas. La Torre del Parlamento de Londres, el famoso Big Ben, con sus 97 metros y medio, puede ser considerada el punto de partida de esta "carrera hacia el cielo". Pero el momento culminante de la centuria decimonónica se vive con la construcción de la Torre Eiffel, de 300 metros, levantada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889. En 1902 Daniel H. Burnham construye el Flatiron Building, que alcanza los 87 metros de altura, convirtiéndose en el rascacielos más alto de su tiempo en la Gran Manzana de Nueva York. La fiebre de la altura tendrá su máximo exponente en la década de 1930, cuando dos de los magnates de la industria automovilística americana compitan por construir en Nueva York el edificio más alto de mundo. En 1930 se inaugura el Chrysler Building con 319 metros de altura, diseñado en forma de aguja por William van Alen y financiado por Walter Chrysler, propietario de la Chrysler Corporation. Un año más tarde el Empire State Building, financiado por John Jakob Raskob, fundador de General Motors, se elevaba hasta los 381 metros, convirtiéndose en un clásico de la imagen de Nueva York. Shreve, Lamb y Harmon fueron los encargados del diseño de este edificio. Esta fiebre se detuvo durante unas décadas, hasta que en 1973 se inauguraron las Torres Gemelas del World Trade Center neoyorquino, obra maestra del arquitecto Minoru Yamasaki, derribadas por un atentado terrorista el 11 de septiembre de 2001. Poco tiempo duraría el record a las Torres Gemelas ya que, al año siguiente, se finalizaba la construcción de la Sears Tower en Chicago, de 443 metros, obra de Bruce Graham y el gabinete de Skidmore, Owings and Merrill. El 28 de agosto de 1999 se inauguraban las Torres Petronas en Kuala Lumpur (Malasia). El gabinete de arquitectura de Cesar Pelli sería el encargado del diseño, levantando las dos torres hasta los 452 metros, convirtiéndose en los edificios más altos del mundo, hasta ahora.