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Cneo Pompeyo se había formado a la sombra de su padre (con él había participado en la guerra social y sofocado la insurrección itálica en el Piceno, de donde se cree que procedía la familia de los Pomyeyos) y de Sila, al que se había unido con un ejército de clientes y veteranos de su padre. Sila le encomendó la represión de las fuerzas de Mario en Sicilia y África y éste lo hizo con tal eficiencia que, a su vuelta, Sila le otorgó el triunfo añadiendo a su nombre el exagerado titulo de Magnus, el Grande, aunque no reunía los requisitos para ello: no había ocupado ningún cargo público ni contaba con los años suficientes. Fue excluido del testamento político de Sila por el apoyo que, inicialmente, prestó a Lépido, al que salvó de un proceso de concusión y apoyó para el consulado en el 78 a.C., alentando los proyectos de subversión de éste. Posteriormente, reprimió la rebelión de Lépido y tomo el mando de la guerra contra Sertorio en Hispania, al que se habían unido los partidarios de Lépido. Durante este tiempo se las arreglo tanto para robar el protagonismo a Metelo Pío, que ya había hecho progresos contra Sertorio, como para establecer sólidos vinculas clientelares en Hispania merced a un comportamiento generoso hacia los vencidos. A su vuelta a Italia, se alió con Craso, si bien esta alianza tampoco impidió que le sustrajera a éste el mérito que había tenido en la guerra contra los esclavos de Espartaco. Pompeyo escribió al Senado diciendo que aunque Craso había vencido a los esclavos, habían sido méritos suyos la dominación y conclusión de la guerra. Durante estos años se había granjeado no pocas enemistades entre la nobilitas por su actitud política poco fiable, consecuencia de su propensión a la traición. Por otra parte, la familia de Pompeyo no era de rancio abolengo, sino propietarios de tierra en el Piceno y la mayor parte de sus seguidores eran hombres de poca distinción social, procedentes de la misma región y que veían en Pompeyo la única esperanza de promocionarse. La nobilitas se resistía a aceptar la prominencia de un hombre así. Pompeyo consideró, por tanto, que la vía más segura para acceder al consulado era situarse del lado de los populares y coaccionar al Senado con la presencia de su ejército acantonado en Italia. Por lo que la elección como cónsules en el 70 a.C. de Craso y Pompeyo puede ser considerada como un golpe de estado incruento. Craso, a su vez, hombre inmensamente rico, tenía gran ascendiente financiero sobre muchos senadores, bien por protegerlos económicamente o porque estaban endeudados con él. Por otra parte, al igual que Pompeyo, era un hombre propenso a las intrigas y políticamente cambiante, como casi todos los políticos de esta época. Inmediatamente, procedieron a desmantelar la constitución silana. En primer lugar restauraron la potestad tribunicia, favor que los tribunos devolvieron a Pompeyo en la persona del tribuno Gabinio, que logró le fuera concedido a su benefactor un amplio mando contra los piratas, con autoridad proconsular sobre todas las costas del Mediterráneo (Lex Gabinia). Hay que suponer que en esta ley estaban también de acuerdo los caballeros, que tenían necesidad de que se restableciera la seguridad marítima para el desarrollo de su comercio. Reformaron la composición de los tribunales, dando participación en éstos a los caballeros y resucitaron el cargo de censor. Las operaciones de Pompeyo contra los piratas se desarrollaron con gran rapidez y éxito rotundo. En tres meses capturó 840 naves, hizo más de 20.000 prisioneros y ocupó 120 plazas fuertes, volviendo de nuevo la paz a los mares. Al año siguiente, en el 66 a.C., otro tribuno de la plebe, Manilio, logró la aprobación de una ley que confería a Pompeyo el mando de la guerra contra Mitrídates y el gobierno de todas las provincias asiáticas. De nuevo se planteaban problemas de orden constitucional. Cicerón elaboró un discurso apoyando la rogatio de Manilio y Pompeyo, ajustado a las formas, reemplazó en la dirección de la guerra mitridática a L. Licinio Lúculo, que había sido el hombre de confianza de Sila.Durante su ausencia, dos hombres se impusieron a la atención de Roma: uno de ellos, Cicerón, accedió al consulado y el otro, César, se preparaba prestando sus servicios a Craso y situándose en la que entonces era la causa de los mejores, la de Pompeyo, para asumir un protagonismo político que no tardaría en llegar.

La expedición de Carlos VIII a Italia abre un nuevo periodo histórico, en el que la península se convirtió en tierra de conquista y escenario de guerra de las mayores potencias europeas del momento: Francia y España. El rey de Francia acudió a la llamada de milaneses y barones napolitanos, no importándole la oposición del rey de Nápoles, de Florencia y del Papado. Carlos VIII reforzó la posición de Ludovico Sforza en el Milanesado, frenó la resistencia florentina y conquistó con suma facilidad el reino de Nápoles. No obstante, apremiado por el alto coste de su campaña, decidió regresar a Francia, sin tiempo para apuntalar los logros obtenidos. En consecuencia, a finales de 1496 todas sus conquistas italianas se habían esfumado. Pero en 1498 su sucesor, Luis XII (1498-1515), reclamó sus derechos sobre el ducado de Milán como descendiente de Valentina Visconti. En esta ocasión Ludovico el Moro, que había obtenido la investidura como duque milanés de manos de Maximiliano I (1494), fue presa fácil para los ejércitos franceses, al contar entre sus enemigos a la hasta entonces neutral Venecia y al papa Alejandro VI. Franceses y venecianos, capitaneados por Juan Jacobo Trivulzio, conquistaron rápidamente el Milanesado y obligaron a Ludovico a refugiarse en Innsbruck (1499), sede de la corte de Maximiliano I. El último de los Sforza intentó reconquistar el ducado, pero en 1500, traicionado por sus mercenarios suizos, caería prisionero de los franceses en Novara, para acabar sus días en el castillo de Loches (Francia). Como colofón a la nueva situación, Luis XII y Fernando el Católico (1452-1516), defensor de los intereses de la rama bastarda de la casa de Aragón que gobernaba en Nápoles, firmaron en 1500 un pacto de reparto del reino napolitano. Este hecho marcó la irrupción de España en la península y el fin de la independencia italiana. Las instituciones políticas italianas habían fracasado al no evolucionar en consonancia con los tiempos. Florencia vivió una ultima tentativa de reforma durante el gobierno republicano surgido tras la huida de Pedro II de Médici (1494). Este había mantenido una política exterior impopular, basada en el enfrentamiento con Francia -tradicional aliada de los florentinos- y en el apoyo a Nápoles. Tras la perdida de varias fortalezas a manos de Carlos VIII, Pedro fue expulsado de la ciudad sin contemplaciones. Se abrió así un nuevo ciclo político, capitalizado por la figura del dominico Jerónimo Savonarola. La constitución del Estado fue reformada bajo el prisma del modelo veneciano. Pero, una vez desaparecido su principal animador, quemado en la hoguera por hereje en 1498, el sueño republicano perdió buena parte de sus posibilidades de prosperar, aunque se mantuvo hasta el regreso de los Médici en 1512.

Claudio había heredado unas finanzas públicas deficitarias como consecuencia de los despilfarros de Calígula y de la gestión administrativa de los senadores. Su objetivo principal fue dotar a la administración de personal especializado y reforzar los mecanismos de control. La caja central del Tesoro dirigido por el Senado, aerarium Saturni, ya se había manifestado deficitaria bajo Augusto. Mientras que éste resolvía estas situaciones con transferencias de fondos de la caja imperial, fiscus, Claudio optó por una política intervencionista. Aceptaba seguir siendo el protector del Erario pero, a la vez, comenzó a interesarse por el nombramiento de los cuestores responsables del mismo. Los ingresos de las provincias imperiales eran mayores y ello justificaba el necesario intervencionismo del emperador en el Erario, al que libró también de compromisos económicos para asignarlos al Fisco, como fue el importante capítulo de gastos necesario para la distribución de alimentos a la plebe de Roma. Claudio llegó a servirse del ejército para mejorar los ingresos del fisco. Así, cerca de la actual Wiesbaden, para explotar una mina de plata, "las legiones tuvieron que sufrir fatigas y pérdidas, cavar canales y hacer trabajos bajo tierra que incluso a cielo abierto serían duros" (Tac., Ann., XI,19) Para agilizar los trámites administrativos, Claudio reorganizó todos los servicios centrales, ampliando el número de secciones con funciones específicas; así, a la oficina central ab epistulis, encargada de la correspondencia oficial y dirigida por el liberto Narciso, se añadieron las siguientes: a libellis, regentada por Calixto y encargada de atender peticiones; a studiis, responsable de proyectos administrativos; a cognitionibus, oficina que preparaba los documentos sobre procesos judiciales en los que intervenía el emperador; a rationibus, oficina central de finanzas bajo la dirección del liberto Palante. De la oficina central de finanzas dependían otras situadas en cada capital de provincia imperial, las que a su vez controlaban la actividad de otras oficinas menores encargadas del cobro de impuestos indirectos. En la administración financiera de Claudio, se distinguían las finanzas de carácter público dependientes del Fisco de la administración del patrimonio particular del emperador, patrimonium. Al ser ambos gestionados por esclavos y libertos imperiales y ante la gran libertad del emperador en todas las cuestiones relacionadas con el Fisco, siempre fue tentador el confundir los fondos del fiscus con los del patrimonium. Y tal tipo de confusiones comenzó a ser frecuente en épocas posteriores. Siguiendo el modelo de Augusto, también Claudio intervino activamente en la administración de la justicia. Hay dos rasgos característicos de su comportamiento en este campo: por una parte, el propio emperador actuaba de juez en procesos extraordinarios; en segundo lugar, sin suprimir los jurados de Roma ni los existentes en las ciudades del Imperio, consiguió que se concediera capacidad jurídica a los procuradores para resolver pleitos menores relacionados con la esfera de su competencia. Ambas medidas limitaban los campos de actuación de los senadores, aunque sirvieron para hacer una administración de justicia mas ágil y, al parecer, más exenta de viejas corruptelas.

En la década de los 60, con la referencia permanente del peligro de la Revolución Cubana, la política norteamericana asignó a los ejércitos latinoamericanos un papel eminentemente estabilizador, destinado a evitar el estallido de nuevos brotes revolucionarios. Entre las misiones inicialmente previstas, coincidiendo con la Alianza para el Progreso, figuraba el impulso de programas de acción cívica dirigidos a lograr el desarrollo económico y social y también el contacto de los militares con las masas rurales. Para reforzar la posición de los militares se invirtieron millones de dólares en los ejércitos latinoamericanos, especialmente con préstamos norteamericanos, que permitieron renovar el vetusto armamento disponible. Un efecto no deseado del rearme fue la carrera armamentística desatada en el continente, vinculada a los numerosos conflictos limítrofes y a la desconfianza entre los vecinos. Para todos los ejércitos uno de sus principales supuestos de intervención era la guerra en sus fronteras, de modo que se dedicaron importantes partidas presupuestarias a la adquisición de armamentos y los programas asistenciales y de desarrollo comenzaron a postergarse. El gobierno norteamericano quería establecer una fuerza militar panamericana permanente y esa propuesta fue recibida con entusiasmo entre los altos jefes latinoamericanos, que de ese modo esperaban aumentar su influencia en la vida política nacional. El proyecto se presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1965, pero la oposición de los gobernantes civiles impidió que la propuesta reuniera los dos tercios de los votos necesarios para ser aprobada. Los Estados Unidos abandonaron la idea y cada vez más apostaron por tratados bilaterales en materia de defensa. La cuestión militar se fue perfilando como una de las claves para explicar estas décadas turbulentas de la historia latinoamericana. Inicialmente el problema de la defensa se planteó en los términos de seguridad y desarrollo, aunque lo prioritario para los militares era la seguridad antes que el desarrollo y la ecuación terminó definiéndose en torno a la doctrina de la Seguridad Nacional, elaborada por los estrategas e ideólogos de los ejércitos latinoamericanos, más que por el Pentágono, como popularmente se ha asumido. La doctrina surgía de la guerra fría y de la Revolución Cubana y tenía como una de sus premisas el enfrentamiento total entre Oriente y Occidente, entre el ateísmo del marxismo leninismo y los valores de la cristiandad. Los problemas militares se resolvieron fundamentalmente en las cuestiones internas más que en el intervencionismo directo de los Estados Unidos en el área, que únicamente se concretaba en el Caribe y América Central. El modelo cubano y la posibilidad del avance comunista eran contemplados con preocupación por los sectores conservadores y con el paso del tiempo por grupos más numerosos de las clases medias. El cada vez más extendido temor a la revolución restó unanimidad a las condenas a las intervenciones militares norteamericanas. La primera intervención del período estuvo ligada a Cuba, aunque en la frustrada invasión de Playa Girón, de abril de 1961, no participaron directamente fuerzas regulares norteamericanas. Los enfrentamientos de Bahía de Cochinos mostraron que la posición de Fidel Castro era más sólida de lo que se esperaba y que no bastaba con desembarcar algunos cientos de hombres para provocar la insurrección y la caída de su régimen. El siguiente episodio se produjo en la República Dominicana. Las elecciones de fines de 1962 fueron ganadas por Juan Bosch, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusado de izquierdista y que sólo pudo gobernar siete meses antes de ser desplazado del gobierno. Los sucesos se fueron haciendo cada vez más confusos y en abril de 1965 un grupo de coroneles, encabezados por Francisco Caamaño, y de seguidores del PRD, proclamó la vuelta de Bosch a la presidencia. Se desató una guerra civil que pocos días después provocó el desembarco de 23.000 marines. Teóricamente era una actuación panamericana, dependiente de la OEA y con las fuerzas de ocupación al mando de un general brasileño, pero en realidad el grueso de las tropas eran norteamericanas. Después del cambio que supuso la administración Carter y su política de respeto de los derechos humanos exigida a las dictaduras latinoamericanas, Ronald Reagan volvió a adoptar una postura beligerante contra el comunismo. Por un lado decidió invadir la isla de Granada, en octubre de 1983. Se trataba de una pequeña isla del Caribe que se había independizado en 1974, gobernada por el socialista Maurice Bishop y donde algunos técnicos cubanos colaboraban en la construcción de un aeropuerto, considerado una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Al margen de esta intervención directa, la administración Reagan armó a la contra nicaragüense y se implicó de una forma más o menos abierta en el conflicto salvadoreño, concluido con un acuerdo de paz firmado en México el 17 de enero de 1992. La última intervención militar directa de los Estados Unidos se produjo en diciembre de 1989, cuando 24.000 soldados norteamericanos invadieron Panamá, con el objetivo de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por el presidente George Bush. Por su parte, la tarea defensiva de los ejércitos latinoamericanos no se limitó a proteger las fronteras, de modo que comenzaron a involucrarse de forma creciente en los conflictos internos, comenzando por la lucha contrainsurgente. La doctrina del ejército francés durante las guerras coloniales de Argelia e Indochina fue de gran utilidad para los militares latinoamericanos, que cada vez más recurrieron sistemáticamente a la tortura, a otras formas de represión paralegal y al terrorismo de Estado. Después del triunfo castrista, se multiplicaron los intentos de crear focos guerrilleros rurales desde donde expandir la revolución socialista. Esto ocurrió en América Central (Guatemala y Honduras), en el Caribe (la República Dominicana), en los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia) y en Brasil. En algunos países se crearon partidos castristas, producto de la confluencia de sectores de la izquierda revolucionaria y del nacionalismo antiimperialista y que eran partidarios de la lucha armada. Estos grupos comenzaron a tener problemas serios con los partidos comunistas tradicionales, que en su mayor parte no favorecían el empleo de la violencia guerrillera. A fines de 1964 se celebró en La Habana una conferencia secreta de todos los partidos comunistas del continente, destinada a discutir sobre los métodos revolucionarios, que terminó en un profundo desacuerdo. En enero de 1966 se celebró la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria, que reunió a más de quinientos delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, Africa y América Latina. Al año siguiente se celebró la primera reunión de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), que marcó la ruptura entre los movimientos castristas, revolucionarios, y el reformismo de los partidos comunistas. El intento de secuestro y el asesinato del embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Gordon Mein, en 1967, fue el preanuncio de un cambio de táctica y del estallido de la violencia urbana, una violencia que adoptó múltiples formas: asesinatos políticos, secuestros, raptos de aviones, etc. El hecho de que buena parte de las víctimas fueran diplomáticos y ejecutivos de empresas transnacionales no era nada casual, ya que se trataba de golpear al imperialismo, de acuerdo con la terminología utilizada.

Dios del Sol Inca. Esta cultura acabó imponiendo su culto a todos los pueblos conquistados.

La palabra árabe Intifada significa agitación, levantamiento y es utilizada para definir las dos campañas de los palestinos contra Israel. Una de dichas campañas todavía hoy continúa vigente. Ambas intifadas comenzaron como campañas de desobediencia civil palestina contra Israel. La primera estalló en 1987 cuando un camión de colonos israelíes embistió un coche cargado de trabajadores palestinos en Gaza, matando a cuatro de ellos. Esta fue la chispa necesaria para hacer estallar la primera Intifada, que comenzó a decaer a partir de 1991 y se extinguió tras los acuerdos de paz de Oslo (1993). La segunda Intifada estalló en el año 2000, cuando Ariel Sharon visitó la explanada de las Mezquitas; esta segunda es conocida como la de al-Aqsa y a día de hoy continua vigente.