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El retorno de César probablemente había creado múltiples expectativas entre los populares y la plebe, puesto que la victoria de su líder haría posible una política revolucionaria que implicase los puntos que, tradicionalmente, habían constituido sus aspiraciones: reparto de las tierras tras la confiscación, abolición de las deudas... También, sin duda, los senadores partidarios de Pompeyo temerían las medidas de proscripción que cabía esperar de un dictador cuyo régimen comenzaba como consecuencia del triunfo de su bando en una guerra civil. Pero las intenciones de César, a juzgar por sus actos, no respondían ni a las demandas de unos ni a los temores de otros. La reforma de la República (apenas delineada y sólo parcialmente realizada antes del atentado de los idus de marzo) pretendía ser una política estatal que superase la idea de partidos. Después de muchos años de políticos pro-nobilitas, con alternancia de políticos populares, César aparecía como un político consciente y atípico, realista y eficaz, pero en ningún modo revolucionario. Así, algunos populares se vieron decepcionados porque advertían la independencia de César de los vínculos del partido popular. Algunos de estos personajes, oficiales con ambiciones frustradas o simplemente resentidos, participaron en la conjura con la que se selló su muerte. Los senadores que habían apoyado a Pompeyo fueron sencillamente perdonados. La clemencia de César permitió que algunos de éstos le brindaran su apoyo en mayor o menor grado. Entre ellos, Cicerón, que había acompañado a Pompeyo a Farsalia aunque, justo es decirlo, con tantas incertidumbres y vacilaciones que debió resultar incómodo a su compañero Pompeyo. Cicerón pronunció en el 46 a.C. un discurso de adulación, el Pro Marcello, en el que llegó a esbozar una especie de programa político para César, pero la visión política de éste superaba la de Cicerón. La magnanimidad de César fue, en otros casos, considerada un signo de debilidad por algunos de estos orgullosos aristócratas. Una de las contradicciones que, sin duda, César calculó pero que no pudo evitar, fue su designación como dictador. Primero por un año, después, a partir del 46, se prolongó por un período de diez años más y, en el 44, fue designado dictador vitalicio. El cargo era un arma que podría ser utilizada por sus enemigos contra él y César era consciente de ello, pero su programa de reformas implicaba la necesidad de controlar la maquinaria política: promover leyes, designar gobernadores y ostentar el poder ejecutivo. Esta es la razón por la que se tramó su muerte y no la idea, bastante extendida, de que intentase convertir a Roma en una monarquía. Ciertamente, los poderes de un dictador no eran menores que los de un monarca (aunque tampoco lo eran los que algunos cónsules habían ejercido en la práctica), pero César no contempló la posibilidad de que tales poderes fueran hereditarios. En los pocos años que tuvo aún de vida, César procedió a adoptar algunas medidas trascendentales. Una de ellas fue la concesión de la ciudadanía romana a toda la Galia Cisalpina, así como a otras ciudades galas e hispanas. Roma comienza a perfilarse no como la base del Imperio, sino como su capital. Emprendió también su amplio proyecto de creación de colonias fuera de Italia en las que no sólo se establecieron sus veteranos, sino muchos ciudadanos pobres. En su ley agraria contemplaba que todo proletario padre de tres hijos, recibiera un lote de ager publicus de dos hectáreas y media de terreno fértil. Esta medida tuvo una serie de consecuencias importantes: restauró la agricultura, alivió la presión de las masas urbanas, aumentó el potencial humano en Italia y, combinada con el aumento del número de ciudadanos, se amplió considerablemente la base de reclutamiento de los cuerpos legionarios. Supuso, además, un ahorro en la distribución del grano público ya que el número de beneficiarios se redujo considerablemente. Si estas medidas modificaron la base popular, el aumento del número de senadores de 600 a 900, con la incorporación en el Senado de muchos provinciales y caballeros acaudalados italianos, sin duda también incidió en la composición del equipo gobernante. Se incrementó el número de magistrados para el gobierno de las provincias: los cuestores pasaron de ser 40 y los pretores 16. Tomó también medidas que limitaran el gran capital de las sociedades de publicanos y de los comerciantes, controlando los créditos y la circulación monetaria, limitando la tesaurización de los beneficios mediante la obligación de invertir en tierras itálicas y restaurando en parte el pago de aduanas para las importaciones itálicas. Otras medidas de importancia fueron las que limitaban el derecho de asociación, puesto que algunos collegia o asociaciones no eran sino focos de disturbios políticos, y la reforma del calendario que es, en esencia, nuestro calendario actual. Otra leyes menores fueron las destinadas a estimular el matrimonio y la natalidad, la regulación de las deudas, el pago de los alquileres. . .Su obra quedó truncada cuando, el 15 de marzo del año 44, César fue asesinado en la Curia por un grupo de conspiradores entre los que se encontraban antiguos pompeyanos, como Marco Bruto, oligarcas y defensores de la dignidad de su orden, cesarianos decepcionados y enemigos personales. El partido cesariano sobrevivió a la muerte de César bajo la guía, inicialmente, de Marco Antonio. Cuando surgió el nuevo líder, Octavio Augusto, éste había aprendido ya de la experiencia de César. No cometería el error de proclamarse dictador, sino de aceptar del Senado el título de princeps, aun cuando la diferencia fuera tan sutil que resulta imperceptible y, sobre todo, no haría uso de la tan elogiada pero peligrosa clemencia de César hacia sus adversarios. Su obra supondrá la culminación de la emprendida por César y la definitiva transformación del Estado romano.

Durante el período de las guerra sociales, Roma se había visto obligada a disminuir el control político sobre las fronteras de su imperio, ocasión que Mitrídates, rey del Ponto, aprovechó para desarrollar una política de expansión en Oriente que, en el 88 a.C., condujo a una situación de abierta hostilidad con Roma. Sila, que en el mismo año había sido designado cónsul, lógicamente fue el encargado de dirigir las operaciones militares. Pero el tribuno de la plebe P. Sulpicio Rufo hizo de portavoz del sentimiento popular y propuso que se confiara la empresa a Mario. Esta decisión se justificaba por el hecho de que de nuevo se había renovado la alianza entre el sector popular y gran parte del orden ecuestre. Éstos sin duda convencidos de que Mario era más seguro a la hora de defender sus intereses en Oriente. La acción de Sulpicio Rufo había propiciado esta situación. Como tribuno de la plebe había propuesto que los nuevos ciudadanos romanos participaran sin condiciones en los Comitia tributa y fueran incluidos en las 35 tribus existentes. Esta medida suponía una instrumentalización de la plebe, pues al lograr que estos nuevos ciudadanos tuvieran una mayor incidencia en las decisiones de los comicios era prácticamente seguro que se votaría la designación de Mario, que aún gozaba de gran aquiescencia entre el pueblo, como general del ejército romano en la guerra contra Mitrídates. Además, para reforzar la alianza con los caballeros, Sulpicio presentó un proyecto de ley que preveía duras sanciones contra los senadores endeudados, lo que evidentemente redundaba en favor de los caballeros, que eran los prestamistas. La presentación de estos proyectos desencadeno grandes disturbios en Roma. Aunque los cónsules decretaron un iustitium que suponía la paralización de todas las actividades públicas, la asamblea fue convocada y, al intentar los cónsules impedir su celebración, estalló un violento enfrentamiento que obligó a Sila a huir a Nola, donde estaban acampadas las tropas que debía conducir contra Mitrídates. En este momento se produjo uno de los hechos que imprimirán una profunda huella en la historia posterior de Roma y que podríamos calificar de revolucionario. Si la violación de la legalidad constitucional de Sulpicio Rufo, apoyado por Mario, contaba con numerosos precedentes desde la época de los Gracos, la reacción de Sila no tenía precedentes de ningún tipo. Fue muy fácil para Sila hacer creer al ejército asentado en Nola que si Mario dirigía las operaciones en el Ponto, éste contaría para la expedición con otras tropas y ellos perderían toda esperanza de participar en el botín de la nueva guerra. Este nuevo ejército, proletarizado y falto de ideales patrióticos, se prestó compacto -salvo los oficiales- a apoyar la decisión de Sila. En este mismo año, 88 a.C., Sila avanzó al frente del ejército desde Campania contra Roma, decidido a restablecer la estabilidad de la República -convicción que sin duda tenía y que venia a justificar su acción- y terminar con la demagogia popular. Sila controló inmediatamente la situación y, respaldado por la nobilitas, obtuvo del Senado una serie de decretos que consolidaban su posición. Al mismo tiempo, tanto Sulpicio Rufo como Mario y un grupo de destacados seguidores, fueron declarados enemigos públicos y los proyectos legales impulsados por Sulpicio fueron abolidos. Sulpicio fue asesinado y Mario consiguió huir a África. Las competencias de los Concilia plebis tributa fueron sumamente reducidas ya que las Leges Corneliae Pompeiae trasladaron prácticamente todas las competencias legislativas a los comicios centuriados, en un intento de conservar el orden atacando directamente lo que él consideraba el origen de los problemas. Además limitó el derecho que los tribunos de la plebe tenían para intervenir en contra de las decisiones públicas -ius intercessionis-. Al mismo tiempo, obligaba a éstos a someter sus proyectos de ley a la apreciación del Senado. Con estas medidas preventivas Sila consideraba salvaguardado el orden institucional, al menos durante el tiempo que él permaneciera en Oriente librando la guerra contra Mitrídates.Lo que no consiguió Sila fue dejar en Roma a dos cónsules adictos para el 87. Uno de ellos, C. Octavio, era un hombre de Sila, mientras que el otro, L. Cornelio Cinna, era manifiestamente contrario. Para evitar que pudieran repetirse nuevos golpes de mano, dejó el control militar de Italia a Pompeyo Rufo, acantonando las tropas de Italia lejos de la Urbs, lo que resultó una esperanza falaz. En palabras de Syme, el drama de Sila fue "no poder abolir el propio ejemplo". Antes de partir hacia Oriente Sila hizo jurar a Cinna el respeto al ordenamiento que había establecido, en un intento más de evitar la quiebra del orden establecido. Pero tales juramentos se desvanecieron rápidamente. Pompeyo Rufo murió en un motín que estalló entre las tropas asentadas en el Piceno. Cinna, por su parte, adoptó como primera medida el proyecto de Sulpicio Rufo que repartía a los ciudadanos itálicos en el conjunto de las 35 tribus. Las asambleas de la plebe eran el instrumento que sistemáticamente había servido a los intereses de los populares en su política frecuentemente demagógica y era imprescindible para Cinna restituir su capacidad de acción. Al mismo tiempo, decidió amnistiar a los exiliados por Sila. De nuevo estalló la revuelta y el enfrentamiento entre los dos cónsules y el Senado que apoyaba a Cneo Octavio. Éste expulso a Cinna de Roma y le desposeyó de la magistratura consular. Cinna huyó a Nola y organizó en torno a él un contingente militar nutrido fundamentalmente por itálicos. Mario volvió a Italia y reclutó tropas en Etruria. Ambos ejércitos rodearon Roma, Cinna desde el Sur y Mario por el Norte, mientras el Senado se preparaba a defender la ciudad con los efectivos que Estrabón había conducido desde el Piceno. Una primera batalla, sobre el Janículo, dio la victoria a Mario. Toda resistencia era inútil. Cinna y Mario entraron en Roma triunfalmente y se dividieron el consulado. La intención de Mario era partir lo antes posible a Oriente para quitar a Sila el mando del ejército, pero muy poco tiempo después cayó enfermo y murió. Durante tres años, desde el 86 al 84, Cinna llevó las riendas del poder, como cónsul. Su política constituyó un intento fallido de reconciliación de todos los órdenes y de las más opuestas facciones. Tomó medidas como la condonación de las deudas, que eran eminentemente populares y que afectaban, en ese momento, también a muchos senadores frecuentemente endeudados con los caballeros. Pero las victorias de Sila en Oriente llegaban a Roma como amenazas para Cinna. Se preveía el inminente final de las operaciones y la imagen de un Sila triunfante entrando en Roma hacía muy difícil la resistencia de Cinna a soltar el poder. Estas dificultades se hicieron patentes cuando en el 85 a.C. Cinna y su colega en el consulado, Papirio Carbón, se aprestaran a preparar la defensa de Italia y rechazar a Sila, que se disponía a regresar. En un motín del ejército, que se negaba a ser trasladado al Adriático con la misión de frenar el avance de Sila, murió el propio Cinna. Papirio Carbón y el hijo de Mario siguieron en su empeño de reclutar tropas entre los veteranos de Mario y entre los lucanios y samnitas que habían sido duramente castigados por Sila durante la guerra social. Sila desembarcó en Brindisi en el año 83 a.C. y su avance hacia Roma, aunque lento, era inexorable. La batalla decisiva tuvo lugar ante los muros de Roma, en Porta Colina, en noviembre del 82. Cuando Sila entró en Roma se propuso la reforma del Estado en el plano político-constitucional, restablecer y consolidar el orden republicano y fortalecer las instituciones, evitando que el Estado dependiera de las decisiones de la asamblea de la plebe que tantas veces había sido instrumentalizada demagógicamente con los consiguientes desórdenes y enfrentamientos. Las tintas sombrías con las que la historiografía ha pintado el régimen silano no se apoyan en el conjunto de sus reformas, sino en la represión de Sila -puesto que su retorno se había producido en medio de una resistencia armada- contra los partidarios de Mario y de Cinna. Esta represión sin duda fue muy dura y el sistema de proscripciones pronto se prestó a la legitimación de la venganza personal.

1.El primer franquismo. La nueva España de Franco. La represión. Las fuerzas armadas. El principio de la autarquía. Franco y la Segunda Guerra Mundial. La tentación alemana. Tensión política interna. De la no-beligerancia a la neutralidad. Presión y nuevas estrategias políticas. La fase final de la Guerra Mundial. La metamorfosis del Régimen. El resurgimiento de la oposición. Las reformas de 1945. Franco, aislado. La legitimación como Monarquía. La decadencia de la ofensiva de la oposición. El final del ostracismo. El Nacional Catolicismo. Economía: autarquía, estancamiento, desarrollo. Crecimiento desigual. Cultura y educación. Gobierno y diplomacia. Apertura al exterior. Las posesiones africanas. Los conflictos políticos de 1956-1957. Hacia la tecnocracia y el autoritarismo burocrático. Falangistas y militares. Mayor control policial. El Plan de Estabilización de 1959. Tímida liberalización. Una nueva sociedad. Bibliografía sobre el primer franquismo. 2.El final del franquismo. España: un país industrial y de servicios. Las medidas preestabilizadoras. El Plan de Estabilización. El desarrollismo. La transformación social. Demografía y emigración. Estructura de clases y nivel de vida. Relaciones laborales y conflictividad social. La acción de gobierno. De las familias a las asociaciones del Movimiento. Los Gobiernos tecnocráticos. La democracia sindical. La política represiva. La institucionalización. La designación de un sucesor. La crisis. La crisis del Régimen. Los Gobiernos de Carrero Blanco. La Iglesia: crisis y cambio. La labor de la oposición. Los Gobiernos vacíos: Arias Navarro. La política exterior. El proyecto Castiella. La guerra ocultada. La ofensiva europea. El amigo americano. La descolonización de Guinea. La cuestión gibraltareña. La diplomacia del tardofranquismo. El abandono del Sahara. La oposición democrática. Vieja y nueva oposición. Oposición y movimientos sociales. La oposición nacionalista. Auge y renovación del antifranquismo. Bibliografía sobre el final del franquismo. 3.La transición española. El comienzo del postfranquismo. La transición española en el marco de la "tercera ola". La Monarquía de Juan Carlos I. Arias Navarro o la reforma imposible. El peso del franquismo. El fracaso de Arias. El Gobierno Arias en la historia de la Transición. La reforma se hace realidad. Una ley para el cambio político. Entre el terrorismo y el golpe militar. La legalización del PCE. Los partidos políticos y la sociedad española. Las izquierdas. Elecciones de junio de 1977. El consenso constitucional. El proceso constituyente. La Constitución de 1978. Los nacionalismos y ETA. Hacia el final de la transición. El declive de Suárez. Voto de censura. El 23-F. La gestión del Gobierno Calvo Sotelo. Crisis en el centrismo. El PSOE, por el reformismo al poder. La otra izquierda. Los socialistas en el poder. Consolidación de una democracia con problemas. La política exterior durante la transición. Evolución económica. Cambio social. Bibliografía sobre la transición española.

La cruenta Guerra Civil que asoló el país entre 1936 y 1939, dio paso a una de las peores etapas de la Historia de España en el siglo XX. Los años siguientes, la inmediata postguerra, fueron un periodo de fuerte represión y sufrimiento, de débil producción económica y de enorme escasez de alimentos. La total victoria de Franco, dio un poder absoluto a una dictadura muy represiva y durante muchos años dispuesta a mantener la distinción entre vencedores y vencidos, y a construir un régimen autoritario basado en una política autárquica. La mayor oposición inicial a la dictadura, provino de grupos aislados de resistencia, fundamentalmente rurales. Los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista, que sobrevivió más de una década al fin de la Guerra Civil. La represión franquista fue extremadamente dura. El destino de la mayoría de ellos fue la ejecución sumaria o la aplicación de la llamada Ley de fugas, una ejecución de los detenidos alegando que intentaban escapar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la política del régimen se orientó hacia los poderes del Eje, fundamentalmente Alemania e Italia, quienes habían colaborado en su victoria. La política internacional de Franco, apostó fuerte por el Eje, y aunque España nunca entró directamente en la guerra, esta decisión fue mucho más responsabilidad de Hitler, que no aceptó el precio exigido por Franco, que del Caudillo. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, dejó al régimen franquista aislado en un contexto internacional hostil. A partir de 1945, comienza una tímida apertura, un primer cambio necesario para poder sobrevivir en la postguerra de la demócrata Europa Occidental. Desde esa fecha, la política económica se hizo algo más moderada, casi se acabaron las ejecuciones políticas y la represión se atenuó. Algunas acciones del régimen permiten rastrear las primeras huellas de la España contemporánea, como la decisión de restaurar la monarquía en el futuro y la entrada del príncipe Juan Carlos en España. Además las políticas cultural y educativa, así como la vida religiosa tienden progresivamente a liberalizarse. Por último en lo económico, las reformas de 1959 acaban con la autarquía y suponen el comienzo de una nueva etapa en la que las autoridades pierden miedo al mercado. El nuevo contexto político y económico va a producir una profunda transformación social y cultural. En la década de los 60, España se convierte con gran rapidez en una sociedad de consumo, urbana, secularizada y con mayores recursos educativos. También se asiste a la inserción del país en Occidente, en el contexto de la Guerra Fría, en el que el anticomunismo del régimen de Franco se adecua bien a los fines norteamericanos. En el interior se asiste a la profesionalización de la administración, que permitirá una progresiva separación entre Estado y gobierno. Por otro lado la oposición al régimen comienza a fortalecerse. Los partidos políticos desde la clandestinidad planean ya el postfranquismo, al tiempo que los movimientos sociales, se hacen cada vez más intensos. La muerte de Franco en 1975, es el punto final de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia. La dificultad del momento estribaba en que no existían modelos próximos en los que basarse. La memoria de la Guerra Civil, como catástrofe que era preciso evitar, fue sin duda un factor de primera importancia que ayudo a lograr un consenso en torno a las posiciones políticas más centradas. El camino hacia la democracia es lento pero firme. En septiembre de 1976, el gobierno de Adolfo Suarez, aprueba su proyecto de reforma política que habrá de preparar las primeras elecciones a Cortes. Dos meses más tarde la ley de reforma política obtendría el apoyo mayoritario de los españoles vía referéndum. Aprobada la ley en febrero de 1977, desaparecen las principales restricciones para la legalización de los partidos políticos. Todos excepto el Partido Comunista de España, que lo hará más tarde, pasan a la legalidad. El país respiraba nuevos aires de libertad, los exiliados volvían a casa, las mujeres reivindicaban la igualdad y el ejército perdía protagonismo. La sociedad civil ser organizaba, hambrienta de derechos. Sin embargo, el camino hacia la libertad no es fácil. En los primeros meses de 1977, la extrema derecha y el terrorismo, ponen en peligro la Transición. Por fin se celebran los comicios el 15 de junio, iniciando España uno de los capítulos más trascendentales de su historia reciente; 19 meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, unos 35 millones de votantes acudían a las urnas para participar en las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil. El resultado de las urnas dio como vencedor a la UCD de Suarez, le siguieron el PSOE de Felipe González, el PCE de Carrillo y la Alianza Popular de Fraga, además de otros partidos. El camino hacia la normalidad democrática ya estaba trazado, aunque aun habrían de sortearse importantes dificultades. El momento de mayor peligro para la joven democracia se produjo en febrero de 1981. Aunque durante la transición ya se había planteado en varias ocasiones la posibilidad de que se produjera un golpe militar, la dimisión el mes anterior del presidente Adolfo Suarez, favoreció el clima conspirador al sumir el país en una manifiesta inestabilidad. Mientras tenía lugar la segunda votación en el congreso para la investidura del sucesor de Suarez, Calvo Sotelo, en la tarde del 23 de febrero de 1981 tuvo lugar un intento de golpe de estado en el que participaron fuerzas de la guardia civil y del ejército. Sin embargo la contundente respuesta institucional y popular frustró el golpe. En adelante el pueblo español había elegido un único camino: el de la democracia.

En 1939, la total victoria de Franco en la Guerra Civil dio el poder a una dictadura muy represiva, empeñada en construir un régimen autoritario que dejó como saldo miles de víctimas y empujo a muchos españoles hacia el exilio. A partir de 1945, con la derrota de los países del Eje, la dictadura hubo de adaptarse a una nueva situación internacional y comenzar una tímida apertura para poder sobrevivir en la posguerra de la demócrata Europa occidental. En este primer franquismo podemos rastrear las huellas del posterior proceso liberalizador, fundamentalmente la decisión de restaurar en un futuro la monarquía, en la persona del entonces príncipe don Juan Carlos. La década de los sesenta propició cambios fundamentales en lo económico, lo social y lo político. El régimen se abre al mismo tiempo que se resquebraja. La muerte del dictador en 1975 inicia uno de los momentos más importantes de la Historia de España contemporánea: la transición a la democracia. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones libres, a las que acude una pléyade de partidos: el camino hacia la normalidad democrática ya estaba trazado, aunque aun habrían de sortearse importantes dificultades, fundamentalmente la resistencia de los sectores más ultraconservadores de la derecha y la constante amenaza terrorista.

En las décadas de los 60 y los 70, los golpes militares se hicieron algo corriente. Pero ya no era un general, o un coronel, el que con apoyo de sus compañeros se lanzaba a la conquista del poder, sino la corporación militar en pleno la que intervenía en la vida política. Esta situación se vio facilitada por el surgimiento de una conciencia corporativa entre la oficialidad, la creciente burocratización de los ejércitos y una mayor participación en la vida económica. Pero el intervencionismo militar no era un fenómeno autónomo, sino que era fomentado desde la sociedad civil, dada la incapacidad de los partidos y del propio sistema para resolver determinadas cuestiones políticas. Si bien algunos golpes fueron impulsados desde Washington, lo más normal era que los golpistas buscaran el visto bueno de la embajada norteamericana antes de quebrar el orden institucional, algo más frecuente que la participación abierta del Departamento de Estado. Por este camino se esperaba obtener una mayor legitimidad y el rápido reconocimiento internacional. Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del 60 fueron conocidos como burocráticos-autoritarios. El Estado, controlado por los militares, buscaba completar la industrialización del país y la administración se dejaba en manos de tecnócratas. La alianza entre los militares y el poder económico, junto con las corporaciones transnacionales, fue decisiva y los militares pasaron a ocupar puestos clave en las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Los gestores militares consideraban fincas particulares a esas empresas, que fueron un foco de conflicto permanente cuando a fines de los 80 y principios de los 90 el poder civil intentó privatizarlas. Al mismo tiempo, el control de esas empresas llevó a los militares a desarrollar un discurso nacionalista, proteccionista y estatista, en el que convergían con algunos movimientos populistas. Las elecciones peruanas de 1962 fueron ganadas por el candidato aprista Haya de la Torre, aunque por un margen escaso de votos. El ejército, descontento con el triunfo de su acérrimo enemigo dio un golpe destinado a impedir el acceso del APRA al poder. El golpe fue inicialmente deplorado por Washington, que retiró a su embajador en Lima, pero finalmente se plegó a la política de hechos consumados del ejército peruano. Esta situación se ha repetido en numerosas ocasiones y el intento de imponer situaciones de hecho a los gobernantes norteamericanos es una constante en la historia de los golpes militares en América Latina. En el golpe militar que derrocó al presidente brasileño Joáo Goulart en 1964, la participación norteamericana fue más activa que en el caso anterior, pero los militares brasileños inauguraron un nuevo tipo de intervención. El Estado Mayor brasileño había diseñado con anterioridad al golpe un plan coherente para la gestión gubernamental y el desarrollo económico. La lucha preventiva contra las guerras revolucionarias, guerras internas de gran peligrosidad según los propios militares, se convirtió a partir de este momento en uno de los principales móviles de las intervenciones militares. El ejército brasileño fue uno de los primeros en desarrollar el concepto de guerra revolucionaria, vinculado con el peligro de expansión marxista leninista en todo el mundo y especialmente en el hemisferio occidental. De este modo se abrían las puertas a la intervención sistemática de las Fuerzas Armadas en la represión de los movimientos insurgentes y de los partidos de izquierda en general. En algunos casos, como los golpes impulsados por Juan Velasco Alvarado en Perú, en 1968, y Juan José Torres en Bolivia, en 1970, los objetivos castrenses se vincularon a planteamientos reformistas y nacionalistas, aunque también intentaban evitar el estallido social. El gobierno de Omar Torrijos en Panamá podría asimilarse a los anteriores. La nacionalización del petróleo peruano o el tratamiento del tema del canal de Panamá son ejemplos de la orientación nacionalista y antiimperialista de estos gobiernos. Se trató de excepciones en América Latina, que provocaron disensiones en las filas de sus ejércitos. Golpes posteriores corregirían el rumbo impuesto a gobiernos militares tan atípicos.

Nacido en Langres (Francia), el 5 de octubre de 1713, comenzó la carrera eclesiástica. Al abandonarla su padre, navajero de profesión, le negó sufragar sus gastos, dedicándose entonces Diderot a realizar traducciones, catalogaciones y escribiendo discursos. Su pensamiento ateo, derivado de Hume y de los psicólogos asociacionistas ingleses, no fue bien recibido en la época, al atentar contra el orden moral imperante. Así su obra "Pensamientos filosóficos" (1746) fue ordenada quemar por el Parlamento francés. Igualmente es encarcelado por la publicación de "Carta sobre los ciegos". Más tarde redacta un "Diccionario médico universal", que adapta de la "Cyclopaedia" de Chambers. Es entonces cuando se le ocurre la idea de una obra que compile todo el saber conocido por el ser humano hasta entonces. Embarcado en tan magna labor, paulatinamente se alcanzan 17 volúmenes de su "Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y las materias", publicados entre 1751 y 1765. La divulgación de un saber holístico y ordenado se convierte rápidamente en un arma contra el régimen político absolutista, al llegar la información al pueblo en forma de pasquines y folletos. La "Enciclopedia" se convierte en un espacio para la difusión de las ideas ilustradas, en el que participan filósofos y escritores muy críticos con la mentalidad de su época como D´Alambert, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc. El movimiento ideológico se considera un precedente o base para los posteriores fenómenos revolucionarios, incluida la Revolución Francesa. Otras de sus obras son "La religiosa" (1797), de carácter anticlerical, o "El padre de familia" (1758), antecedente de los dramas costumbristas burgueses. Su pensamiento otorga a la Naturaleza un papel transformador, mutable, adaptable a los diferentes condicionamientos. Su obra "Pensamientos sobre la interpretación de la Naturaleza", publicada en 1753, antecede a Darwin y su teoría evolucionista. Explora también el campo de la estética y el gusto ("Tratado sobre lo bello", 1772), determinando que la belleza está en la Naturaleza y que, por tanto, el arte debe buscarla mediante la imitación de lo natural. Tras aceptar la bondad natural humana propuesta por Rousseau, disocia la moral natural de las instituciones. Falleció en París el 31 de julio de 1784.