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La muerte de Luis XIV, en septiembre de 1715, abrió una nueva era en la Monarquía francesa; al monarca conocido como Rey Sol, símbolo del absolutismo y del poderío europeo, que recientemente había logrado imponer a un miembro de su familia en la vecina España, ahora le sucedía un niño de apenas cinco años, hijo de los duques de Borgoña, dotado de una precaria salud que difícilmente podría hacerse cargo de su herencia y que muy pronto sería un mero juguete en mano de sus colaboradores; la debilidad de la institución real fue aprovechada por aquellas fuerzas, anteriormente citadas, opuestas a la centralización que desencadenan una permanente oposición para salvaguardar sus antiguos privilegios, fundamentalmente miembros de la alta nobleza y los parlamentos. Esta actitud obstruccionista por parte de los grupos conservadores mantuvo a la Monarquía francesa en un estado de conflicto latente a lo largo de toda la centuria que nos ayuda a entender cómo, tras la irrupción de nuevas fuerzas sociales, se inicia un proceso revolucionario que acabaría derrumbando el Antiguo Régimen. La situación política creada por la minoría de edad del rey hizo que el presidente del Consejo de Regencia, Felipe de Orleans (1715-1723), con el apoyo de la alta nobleza y del Parlamento, se convirtiera en el hombre fuerte del Gobierno, con Dubois como consejero de Estado. A cambio de su apoyo, el Parlamento obtuvo la restitución de sus antiguas prerrogativas, en especial el derecho de protesta o remonstrance, revocado por Luis XIV, lo que le convirtió en una de las instituciones más poderosas, capaz de oponerse al poder absoluto del monarca, e incluso al propio regente, cuando se rompió la comunidad de intereses entre ambos.

La sustitución de las secretarías por los consejos dio ocasión a la alta nobleza de participar nuevamente en el Gobierno, pero la inoperancia del sistema hizo que pronto se tuviera que recurrir al esquema gubernamental anterior. En esta época, Francia estaba virtualmente arruinada: la enorme deuda pública había impuesto un sistema fiscal cada vez más oneroso que no sólo empobrecía al campesinado y a los grupos más débiles de la sociedad sino que impedía el desarrollo de la manufactura y entorpecía las transacciones comerciales, redundando negativamente en el conjunto de la economía del país. Por otra parte, la tradición heredada imponía un sistema de aduanas interno que tampoco favorecía el comercio, y la vigencia de las corporaciones gremiales era un obstáculo al desarrollo industrial. Sin embargo, el principal problema para estimular la economía era la ausencia de dinero. El regente, para remediar la situación se apoyó en John Law, personaje oriundo de Escocia, experto conocedor de las actividades bancarias que, primero, con un banco de su propiedad, después transferido al Estado, y más tarde, con una compañía de comercio, pretendió remediar la aguda crisis por la que atravesaba la Hacienda. Los frutos logrados con sus empresas le hizo escalar puestos en la Administración, llegando a ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias y, tras su conversión al catolicismo, interventor general y superintendente de Hacienda.

El sistema ideado por Law partía de la base de que las existencias monetarias en Francia eran bastante menores de lo que exigía la demanda y las necesidades de los sectores productivos. Pensaba que las "mejores leyes, cuando falta el dinero, no proveen al pueblo de trabajo remunerado, ni fomentan la producción, ni amplían las industrias, ni desenvuelven el comercio", por lo que era prioritario contar con importantes remesas de capital. El problema radicaba en dónde encontrarlo. Concibe entonces la idea de crear una gran institución bancaria que centralizara las especies monetarias circulantes en el país y que suministrara los créditos necesarios para el comercio y la industria conforme las circunstancias lo requirieran, y para ello el papel moneda sería ideal puesto que agilizaría las transacciones financieras y no sería objeto de tesaurización. Paralelamente, debían desaparecer las trabas existentes sobre los sectores productivos, erradicar la usura y estimular el comercio exterior y colonial. Aunque su proyecto, por lo novedoso, despertó reticencias entre los comerciantes y hacendistas, que canalizaron sus discrepancias a través del Parlamento. Orleans confiaba en él y en 1716 fue autorizado a crear un banco particular de descuento y depósito, con la facultad de emitir billetes de banco. Un año más tarde dichos billetes podrían ser recibidos por los agentes del fisco y recaudadores provinciales, con lo que el papel moneda empezó a tener un curso corriente y aceptado cada vez más.

El éxito obtenido hará que poco después esta institución se convirtiera en banco real, y sus billetes en la moneda corriente de todo el reino. Para facilitar sus operaciones, se crean cinco sucursales en las provincias más importantes. En agosto de 1717, Law va más allá, al crear la Compañía del Oeste, para comerciar con Luisiana, dotada de amplios privilegios. La ampliación de sus operaciones mediante la compra al Estado del monopolio del tabaco, el derecho a acuñar moneda por nueve años y la asimilación de las demás compañías existentes -Compañía de las Indias Orientales, Compañía Africana, Compañía de Guinea y Compañía de Santo Domingo- la convierten en la institución más dinámica y poderosa del país, lo que permite a Law intentar acabar con otro de los graves problemas del Gobierno, su endeudamiento. Para ello propuso prestar, al Estado 150.000 libras con un interés del 3 por 100 y el beneficio sería general: los acreedores de aquél podrían hallar una inversión más lucrativa de su dinero colocándolo en acciones de la compañía, y el Gobierno vería reducir su deuda. La emisión de acciones favoreció la especulación, generándose enormes beneficios y fabulosas fortunas. El prestigio de Law traspasó las fronteras y toda Europa miraba con expectación sus medidas y buscaba su asesoramiento. Pero la especulación tenía sus limites, y cuando se notaron los efectos de una emisión indiscriminada de moneda y acciones se produjo la crisis.

El banco y la compañía se vinieron abajo y tras el pánico generalizado se cerró el banco por orden gubernativa. A pesar de las indemnizaciones concedidas a los acreedores, mucha gente se arruinó, y el desastre económico alcanzó al propio regente y a Law, que sería desterrado. Los roces con el Parlamento surgieron muy pronto, casi siempre por cuestiones fiscales: la negativa de Bretaña a votar un impuesto demandado por el Gobierno en 1717, y el levantamiento de Rennes un año después, por el mismo motivo, acabó con la disolución de los parlamentos. Este conflicto coincidió con una negativa de los parlamentarios parisinos a registrar el edicto de las monedas, seguido de la prohibición sobre la fabricación y circulación de las mismas. La respuesta del regente, en agosto de ese año, fue retirar la remonstrance y desterrar a los parlamentarios más beligerantes. Otro motivo de discordia social fue la alineación de los parlamentos con el jansenismo, frente a la actitud projesuítica y antijansenista de la camarilla del rey, alineada junto al partido devoto. A la muerte del regente se proclama la mayoría de edad del rey, que contaba ya trece años, nombrando primer ministro al duque de Borbón (1723-1726), quien sólo permaneció tres años en el poder al ganarse la animadversión de todos los grupos sociales. Fue un período enormemente conflictivo al combinar una política de ortodoxia religiosa, que implicaba la aplicación estricta del Edicto de Fontainebleau de 1685, con un recrudecimiento de la presión fiscal.

La cincuentena, nuevo impuesto creado en 1725, gravando la propiedad territorial, la producción industrial y demás bienes, pagadero por todos los estamentos durante doce años, desencadenó el malestar social: la asamblea del clero se negó rotundamente a pagarlo y en las provincias, castigadas por malas cosechas consecutivas, aparecieron motines de subsistencia (1725). La caída del duque permite al antiguo preceptor del monarca, el cardenal Fleury (1726-1743), dirigir la política francesa como un primer ministro sin título, hasta su muerte, a los noventa años; partidario del absolutismo real tuvo una gran habilidad para situarse al margen de las facciones cortesanas y rodearse de colaboradores eficaces. Su etapa de gobierno representa una enorme transformación de las estructuras productivas y sociales, marcando el desarrollo económico y favoreciendo la prosperidad general. Los estímulos al crecimiento se traducen en nuevas roturaciones por doquier, la multiplicación de establecimientos manufactureros, la elevación de los precios y la difusión de determinados cultivos, como la vid. El comercio interior se agilizó con la creación de ferias y mercados por todas partes, la supresión de peajes y la política de obras públicas que mejoran las comunicaciones y el transporte. El comercio exterior se desarrolló aún más; en 1731 la Compañía de las Indias abandona el monopolio, decretándose el comercio libre con las Antillas que consigue multiplicar los intercambios y propicia el apogeo de puertos como Burdeos, Nantes y Saint-Malo; las rutas con Senegal, India y China también se agilizaron llegando a tener un gran florecimiento.

Todo ello fue posible gracias a la estabilización monetaria, realizada en 1726, fijando el precio del luis de oro en 24 libras y el escudo de plata en seis. En el campo de la hacienda hay que destacar a P. Orry que, sin ser un gran reformador, puso en orden el sistema. El Estado renuncia a la administración directa de los impuestos y vuelve al sistema de arrendamientos: La Ferme Générale asume la recaudación, a cambio de una suma global pagadera por adelantado, en periodos de nueve años; abolió algunos impuestos y redujo la taille aunque obligó a los municipios a reclutar vecinos para trabajar en las obras públicas realizadas en ellos -carreteras y caminos, fundamentalmente- a modo de una corvea real. Aunque a nivel económico su mandato resultó ser un éxito, la armonía social se fue resquebrajando, sobre todo en relación al jansenismo y la postura de los parlamentos, ahora aunados en su protesta por las mismas reivindicaciones. Ante la fuerza creciente del jansenismo y la imposibilidad de obtener el apoyo del Parlamento, el rey promulgó los decretos de 1731 que crisparon los ánimos. Ello, unido a las medidas discriminatorias contra los hugonotes y al descontento dentro de la propia Iglesia católica del bajo clero crearon un clima propicio para que, cuando en 1746 varios obispos se nieguen a administrar sacramentos a jansenistas, explote la protesta por todas partes. El Parlamento se alinea con los descontentos y en abril de 1753 proclama la Gran Amonestación -Grandes Remonstrances- donde afirma su galicanismo y la defensa de las leyes fundamentales, siendo respaldado por los parlamentos provinciales.

La crisis es agudísima, se temía una nueva Fronda, y el monarca, aterrorizado por los ataques provenientes de todos los sectores, ha de ceder una vez más, reforzando el prestigio de la institución parlamentaria. La muerte de Fleury permite al rey asumir personalmente el gobierno, animado por su favorita, madame De la Tournelle. Sin embargo, su profunda indiferencia ante los asuntos políticos abrió paso al despotismo ministerial, aunque no le faltaron buenos colaboradores. Machault d`Arnouville, antiguo consejero del Parlamento e intendente, sucede a Orry como secretario de Finanzas, entre 1745-1754. Ante el endeudamiento del erario, provocado por la guerra austriaca, concibe una reforma impositiva basada en un impuesto general, el vigésimo, consistente en una cuota del 5 por 100 sobre todos los ingresos (propiedades, cargos y oficios) a pagar por todos los estamentos. Cuando se anuncia el nuevo gravamen, en 1749, la protesta se desata en todas partes: Languedoc y Bretaña se oponen al pago, los obispados incorporados a la Monarquía más tardíamente se negaron también y el ministro contesta con un Edicto de Manos Muertas limitando las propiedades eclesiásticas. La asamblea del clero, reunida en 1750, apeló a sus privilegios y afirma su decisión de no contribuir, ante lo cual el rey dispensó al grupo concediéndole de nuevo la inmunidad fiscal. La nobleza también protestó pero sus mecanismos de evasión fiscal eran muy eficaces y no se preocupó demasiado.

Esta contestación a las reformas demuestra la existencia de una vasta oposición en el seno de los grupos privilegiados a los proyectos reformadores, que provocó la caída de Machault en 1756. Desde la cancillería, Machault concibe una serie de proyectos de ley destinados a ampliar las prerrogativas regias en detrimento de la institución parlamentaria, dada la obstrucción sistemática que venía realizando. El marqués D´Argenson (1744-1747) es colocado al frente de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Su hermano, el conde D`Argenson (1743-1757), secretario de Guerra, realizó una reestructuración a fondo del aparato militar, aumentando los efectivos humanos, creando el Cuerpo de Granaderos (1749), una Escuela Militar en París (1751) y la Academia Real de Marina (1752), donde se adoptaron las técnicas científicas más avanzadas de su tiempo. El duque de Choiseul (1758-1770), secretario de Estado y más tarde hombre fuerte del Gobierno al asumir las Secretarías de Marina y Guerra, marcará una nueva etapa. En su mandato podemos señalar tres épocas claramente diferenciadas: la primera, entre 1758-1761, marcada por la Guerra de los Siete Años, con una aguda crisis financiera que resulta imposible financiar las acciones militares y un ejército anticuado, mal dirigido y poco operativo, de ahí que en estos años se vuelque sobre la reforma militar y de las finanzas. La segunda, entre 1761-1766, viene caracterizada por los conflictos internos, una vez firmada la Paz de París, materializados en la oposición parlamentaria y la disolución de la compañía de Jesús, y la tercera, entre 1766-1770, donde se centra en las acciones diplomáticas, reforzando los lazos de Francia con las potencias tradicionalmente alineadas en el este europeo, Polonia, Turquía, Suecia y Prusia.

La reforma militar era la más urgente, ya que los fracasos en Centroeuropa y en los espacios coloniales fueron la tónica dominante de la guerra. Promulgó unas ordenanzas militares basadas en el restablecimiento de la disciplina, reglamentó un nuevo sistema de reclutamiento y ascensos, cuidó mucho la preparación técnica de los oficiales, modernizó el armamento, transformando a la artillería en un cuerpo propio y creó escuelas militares y academias. Como complemento creó nuevos arsenales donde se empezó la construcción de barcos y se mejoró la infraestructura portuaria. En la reforma de las finanzas tuvo como colaboradores al intendente general Silhouette, que elaboró en 1759 un proyecto de imposición universal sobre la tierra, que no pudo ser aprobado por la oposición de los grupos privilegiados; a Bernis, que en 1763 propuso realizar un catastro de la propiedad rústica y urbana que provocó el enfrentamiento con los parlamentarios de Bretaña, y después la negativa del Parlamento a registrarlo, y a L´Averdy, que concibió una reforma de las municipalidades, en las ciudades de unos 5.000 habitantes, basada en la elección de sus cargos por las elites urbanas, ajenas a los grupos privilegiados. La oposición social a la compañía de Jesús iba en aumento, agravada por la pugna que mantenía contra el jansenismo, y cualquier pretexto era válido para criticarla. Los negocios realizados por el P. Lavalette, director de una misión en América, a través de una compañía comercial se vinieron abajo como consecuencia de la Guerra de los Siete Años, arrastrando a la ruina a muchos negociantes franceses que habían invertido en ella; esos hombres de negocios decidieron demandar a la compañía de Jesús, como última responsable, y tanto el Tribunal de Marsella como el Parlamento de París, en segunda instancia, la condenaron como responsable subsidiario al pago de las deudas.

De paso, el Parlamento aprovechó la ocasión para revisar las constituciones internas de la orden. Sus conclusiones afirman que es "perversa, destructora de todos los principios religiosos, injuriosa para la moralidad cristiana, perniciosa para la sociedad civil, sediciosa, hostil a los derechos de la nación y del poder del rey", por lo que se hace necesario disolverla. A continuación, en agosto de 1762, dictan un decretó aboliendo la compañía y confiscando sus bienes. Finalmente, en diciembre de 1770, Choiseul cayó en desgracia al haber provocado una nueva guerra con Inglaterra y haberse ganado la antipatía de los parlamentarios por su política interior. A su cese, el rey establece un triunvirato, que dirigirá los asuntos gubernamentales hasta su muerte, en mayo de 1774. Maupeou contaba con la protección de madame Du Barry, la nueva favorita del monarca. De familia ligada al Parlamento y él mismo parlamentario, fue nombrado canciller en 1768. Partidario del absolutismo real, se enfrentó a la política obstruccionista realizada frecuentemente por los parlamentarios, y tras suprimir algunos provinciales (Ruan, Dovai, Metz), en 1771 disolvió el de París, desterrando a sus líderes más destacados. Sus atribuciones son depositadas ahora en seis consejos, formados por miembros elegidos por el rey, que se convierten en las instancias jurídicas superiores del Estado. A continuación sometió los tribunales señoriales a la justicia real, suprimió la venalidad de los cargos públicos, declaró la gratuidad de la justicia, agilizó los procesos, erradicando la tortura y simplificando el derecho, y eliminó los sobornos de los jueces, declarándoles funcionarios.

En la misma fecha suprimió la Cour des Aides, tribunal encargado de los casos fiscales, y el Chatelet, tribunal criminal central, para favorecer el centralismo de los consejos. Gracias a este golpe de Estado, el rey, por primera vez, se veía libre de la Magistratura y de sus intentos para torpedear las iniciativas gubernamentales. Terray era inspector general de Finanzas desde 1769, y su gestión coincidió con una aguda crisis económica y financiera a la que se sumó la enorme deuda pública heredada. Su política fue tradicional, sin introducir grandes cambios en el sistema impositivo, aumentó algunos impuestos pero, sobre todo, perfeccionó el sistema de recaudación de los antiguos (vigésimo). Declaró la bancarrota del Estado para aligerar la deuda y acudió a los empréstitos con relativa frecuencia. Se opuso al libre comercio de cereales y procuró que el Estado hiciese acopio de grandes cantidades para evitar el desabastecimiento, pero esta política fue mal interpretada, desatando grandes críticas en todos los sectores sociales. Por último, D`Aiguillon, que sucedió a Choiseul en Asuntos Exteriores, continuó la obra del anterior, sin poder evitar el primer reparto de Polonia.

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