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Una consecuencia inmediata de que la guerra civil fuera irreversible es que ambos contendientes (o, mejor, personas pertenecientes a ambos) demonizaron al adversario y juzgaron que lo más urgente era exterminarle físicamente. Hubo momentos iniciales en que se dejó escapar al adversario o se pactó una cierta neutralidad que luego parecería imposible. Sin embargo, esta situación duró poco y comenzado el derramamiento de sangre éste no hizo sino establecer un abismo entre los beligerantes que ya nadie pudo llenar; por eso la represión fue el testimonio de que se había iniciado la guerra civil pero también contribuyó definitivamente a hacerla irreversible. El primer fenómeno que se produjo en el bando del Frente Popular no fue el intento de llevar a cabo una revolución social, como tampoco en sus adversarios se trató de una restauración de los principios tradicionales. Antes que nada lo que se produjo fue el terror, la eliminación física del disidente, efectivo o potencial. En realidad los dos motores del terror en una y otra zona fueron idénticos. Nadie los describió mejor que Azaña en sus escritos posteriores al final del conflicto, que revelan la real identidad, a este respecto, de los dos bandos. "Los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores -escribió- han sido el odio y el miedo. Odio destilado, lentamente, durante años en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la "insolencia" de los humildes. Odio a las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho: el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos para cortarle el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. El odio se satisfacía en el exterminio. La humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaban la furia". Pero si esos fueron los mecanismos esenciales del terror, indistintos en cada uno de los bandos, es preciso preguntarse por las posibles diferencias respecto de los protagonistas y los destinatarios. El hecho de que ya se hayan iniciado investigaciones muy detenidas sobre el particular permite hacer algunas indicaciones al respecto. Hubo en los dos bandos una represión sangrienta carente de cualquier tipo de formalidad que recibió el nombre, entre sarcástico y brutal, de "paseo". No cabe la menor duda de que esta fórmula represiva fue practicada, principal pero no exclusivamente, al comienzo de la contienda y por una reducida minoría. La significación ideológica de las bandas que practicaron este tipo de bárbara venganza es poco precisable, pero hay algunos datos significativos: por ejemplo, de dos poblaciones cercanas, como eran Sabadell y Tarrasa, el número de víctimas fue el triple en la segunda donde la influencia de la FAI era muy superior. Eso no quiere decir que no hubiera personalidades anarquistas que no se significaran precisamente por su deseo de evitar el derramamiento de sangre; incluso la propia FAI amenazó públicamente con fusilar a los responsables de los "paseos". De todos modos, los casos de militantes anarquistas más decididamente protestatarios de ese empleo de la violencia corresponden a dirigentes moderados dentro del movimiento como, por ejemplo, Peiró o el responsable de prisiones Melchor Rodríguez. Hay que tener en cuenta que en la zona del Frente Popular la liberación de los presos tuvo como consecuencia la existencia de un poder represivo paralelo que, de hecho, estaba en manos de delincuentes: el caso de García Atadell parece el más característico. La proliferación de entidades políticas que se manifestó en la zona del Frente Popular se tradujo también en los órganos policíacos que adquirían una significación supuestamente ideológica. En Barcelona, por ejemplo, hubo un organismo entre policiaco y aparentemente judicial en manos de abogados próximos al anarquismo, como Samblacant y Barriobero. En paralelo con lo que caracterizó a este sector en las primeras semanas de la guerra civil, puede quizá indicarse que el "terror rojo" aparte de cruel resultó también ineficaz: la vida dependió muy a menudo no de la pertenencia a una clase social o de una actitud política, sino de la pura arbitrariedad de las bandas armadas cuyas prácticas tenían poco de sistemático. Frente a lo que en alguna ocasión se ha dicho, el "paseo", o represión indiscriminada practicada por elementos irregulares, también fue una fórmula bastante habitual en la primera fase de la guerra en el bando adversario. Es, sin embargo, más difícil identificar la supuesta significación ideológica de quienes los practicaban. Parece que al menos en alguna zona, como Navarra, los falangistas se distinguieron por llevar a cabo -según un testigo- "limpias que espeluznan", mientras que caracterizaba a los tradicionalistas "otra moral y mayor piedad". Pero, por supuesto, no siempre fue así. En uno y otro caso el "paseo" no desapareció completamente hasta el final de la guerra. En Cataluña, por ejemplo, cuando entraron las tropas de Franco todavía se produjeron medio centenar de muertes sin pasar por ningún tipo de formalidad jurídica, y al mismo tiempo fue asesinado, también por incontrolados, el último de los obispos que pereció en el conflicto (el de Teruel). Hasta el final de la guerra no fue extraño que cuando era tomada una posición que había costado a los atacantes un fuerte derramamiento de sangre se produjera la ejecución de parte o de todos los resistentes. Con el paso del tiempo, el "paseo" fue sustituido por fórmulas aparentemente jurídicas, que en realidad suponían la suplantación de los mecanismos hasta entonces habituales de aplicación de la Ley y que, dejando en la práctica poco menos que indefensos a los acusados, redujo de manera considerable el número de ejecuciones. En realidad los organismos imaginados para dar una apariencia legal a esa persecución al adversario político revestían parecidas características en los dos bandos. Tanto los tribunales militares como los populares estaban en su mayoría en manos de personas que no eran jueces; si acaso cabe adivinar un carácter más sistemático y uniforme en los primeros que en los segundos, dada su composición. La justicia militar redujo a residual a la restante en el bando sublevado adquiriendo una desmesurada aplicación. Para medir el carácter jurídico de sus decisiones baste recordar que cuando en octubre de 1936 se creó un Alto Tribunal de Justicia Militar sólo uno de sus miembros debía ser necesariamente jurista; el defensor en los juicios militares debía pertenecer a esta profesión pero no necesariamente ser letrado. En agosto se habían creado en la zona contraria los tribunales populares en los que sólo tres miembros eran funcionarios judiciales, mientras que 14 representaban a los partidos pertenecientes al Frente Popular; luego el número de estos últimos disminuyó. Pero ni siquiera en la etapa en que fue ministro de justicia el nacionalista vasco Irujo, que en otros terrenos trató de hacer desaparecer la manifiesta violación de las normas legales, hubo un cambio significativo. Ha habido quien ha tratado de establecer una distinción entre el terror practicado en la zona frentepopulista y la sublevada: el primero habría sido espontáneo y descontrolado y, sobre todo, se habría producido a posteriori ante la impotencia de las autoridades que hubieran querido reprimirlo; en cambio los sublevados lo habrían practicado de modo sistemático y previo, pues no en vano Mola había indicado que el movimiento debía ser muy violento e incluso que "es necesario propagar una atmósfera de terror". Tal caracterización, sin embargo, no parece acertada. Desafortunadamente, el exterminio del adversario se produjo en los dos bandos y de manera espontánea a partir del momento de la sublevación, de modo que sólo a ésta cabe atribuir el momento inicial. Es cierto que hubo más declaraciones públicas condenatorias de la represión indiscriminada en la zona republicana: nadie (y menos aún nadie dotado de tanta autoridad, al menos teórica) hizo en el otro bando un discurso parecido al de Azaña en demanda de "paz, piedad y perdón". Tampoco hubo periodistas que, como Zugazagoitia, recordaran por escrito que "para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley", ni dirigentes políticos que pronunciaran en público las estremecedoras palabras de Prieto: "No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa". Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el bando adversario la libertad de prensa no existía y la posibilidad de discrepancia interna era mucho menor. Por eso cuando Yagüe hizo un discurso pidiendo clemencia para el enemigo, recibió una reprimenda y una sanción no tanto por lo que había dicho sino por expresar su discrepancia. Es también significativo que las palabras más duras contra el terror hayan sido las de un obispo, el de Pamplona, Olaechea, como si a ellos se reservara estas recomendaciones: "Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda; esos hermanos ciegos, envenenados que odian, que no saben de perdón". Resulta importante señalar que la protesta ante esa represión quedara confinada a menudo a la intimidad de los diarios personales. "Dios mío, qué arriesgado es juzgar a los hombres en un ambiente de pasión, de ira, de revancha y de miedo contenido", comentaba en su diario Jorge Vigón, futuro personaje del franquismo. "Dios quiera librarnos pronto de estas pesadillas y restituirnos a una normalidad donde la vida humana tenga un valor inestimable", escribió el Conde de Rodezno en el suyo. Aunque haya diferencias entre el terror de uno y otro bando lo que fundamentalmente llama la atención es la profunda similitud del practicado por las dos Españas enfrentadas en guerra. Las verdaderas diferencias residen en las actitudes personales, producto de sensibilidades diferentes que podían darse por igual en los dos bandos. Respecto de los destinatarios de la represión puede, en principio, aceptarse lo que escribió Azaña: "En el territorio ocupado por los nacionalistas fusilaban a los francmasones, a los profesores de universidad y a los maestros de escuela tildados de izquierdistas, a una docena de generales que se habían negado a secundar el alzamiento, a los diputados y ex-diputados republicanos y socialistas, a gobernadores, alcaldes y una cantidad difícilmente numerable de personas desconocidas; en el territorio dependiente del Gobierno de la República caían frailes, curas, patronos, militares sospechosos de fascistas, políticos de significación derechista". Llama la atención en la exacta descripción de Azaña la mención entre los destinatarios de la represión en la zona republicana de los frailes y sacerdotes. Eso explica el carácter religioso de la guerra y es confirmado por las más recientes investigaciones: por ejemplo, en provincias como Almería y Alicante las ejecuciones de miembros del clero son el 20 por 100 del total, pero hay zonas como el Maresme, en el entorno de Barcelona, en que el porcentaje llega hasta el 85 por 100, lo que resulta especialmente significativo teniendo en cuenta que la Iglesia catalana fue la más cercana a una posición colaboracionista con la República. Más adelante insistiremos en este aspecto. La violencia represiva se puede apreciar de modo preciso haciendo referencia al destino sufrido por un grupo humano reducido como era el de los representantes parlamentarios. En plena guerra los rebeldes habían ejecutado a unos 40 diputados del Frente Popular, mientras que el Frente Popular había hecho seguir el mismo trágico destino a 25 de la derecha; uno de cada cinco diputados de los dos grupos más nutridos de las Cortes (PSOE y CEDA) fueron eliminados durante la guerra: Es posible hacer un balance de la mortalidad represiva en un grupo reducido como es el Parlamento, pero sigue habiendo duras controversias acerca del volumen total de la misma y de la producida por cada uno de los bandos. Hay muchos cómputos, por supuesto, pero la mayor parte no sólo no se basan en ningún criterio de carácter científico, sino que ni lo intentan. El primer balance general elaborado cuidadosamente fue el intentado por Ramón Salas Larrazábal a partir de las inscripciones en los registros civiles. Salas partió de la idea de que todas las muertes, antes o después, se inscribieron en los registros civiles. De acuerdo con sus datos resultaría que las ejecuciones en la zona controlada por el Frente Popular fueron alrededor de 72.500, mientras que las que tuvieron lugar en la zona sublevada fueron 35.500. Su cálculo reduce el margen de error a tan sólo el 10 por 100 sobre el total y para una visión completa de lo que significan esas cifras debe tener en cuenta que a estas últimas cifras hay que sumar las ejecuciones de la posguerra llevadas a cabo por el vencedor. Sin embargo, los estudios monográficos de carácter provincial o local muestran disparidades importantes con estas cifras. Desde un punto de vista metodológico se ha señalado que así como las inscripciones de los asesinados derechistas quedaron registrados en cualquier caso, no sucedió lo mismo en lo que respecta a los muertos del Frente Popular. En general, por tanto, de ese cómputo global se pueden considerar más atendibles los datos relativos al terror rojo que al blanco. De todas maneras, los estudios monográficos parecen mostrar que Salas sobrevaloró levemente el número de ejecuciones en la zona del Frente Popular en provincias como Córdoba y Málaga y bastante más en una región como Cataluña, donde Salas da 14.000 asesinados frente a los 9.000 proporcionados por Solé y Vilarroya. En cuanto a las cifras de ejecuciones en la zona sublevada la infravaloración de Salas, según sus críticos, sería del 30 por 100 en la mayor parte de los casos, pero hay quien la ha hecho tres veces superior en algunas provincias como Soria y Navarra. En definitiva, no es posible ofrecer datos acerca de la represión con carácter global para toda España que sean fiables, sino tan sólo de alguna región o provincia. En Cataluña la represión de la que fueron objeto las derechas se cobró unas 9.000 víctimas, y la franquista, a medida que fue siendo ocupada la región, resultó ser de unas 3.400 personas. Estas cifras, sin embargo, resultan difícilmente extrapolables porque Cataluña fue la única región de donde pudo producirse una emigración masiva a medida que avanzaban las tropas de Franco. La única proporción no discutida por los historiadores es la que se refiere al porcentaje de muertos como consecuencia de la represión en comparación con el total de los producidos por la guerra civil: la cifra se acercaría a la mitad (casi el 48 % de acuerdo con las cifras de Salas) lo que resulta un testimonio de la barbarie de la guerra. También puede existir coincidencia entre los investigadores respecto a lo que podríamos denominar como la geografía de la represión. En realidad en las palabras de Azaña anteriormente citadas encontramos la razón de la misma. Fue en aquellas zonas en las que el miedo al adversario era, como consecuencia de la situación militar, especialmente grave, donde la represión fue más sangrienta. El terror blanco fue muy duro en Zaragoza y Córdoba, en la primera línea de combate, así como en general en toda Andalucía y sobre todo en Málaga, donde hubo una represión previa cuando estaba controlada por el Frente Popular. El terror rojo tuvo una especial significación en tres grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia) gracias a esa carencia de control inicial, pero también en zonas de combate como Teruel. Las cuestiones relativas a la represión provocada por cada uno de los dos bandos siguen siendo las más debatidas de la guerra civil en el momento actual y entre ellas resultan especialmente significativas dos: los asesinatos de Paracuellos del Jarama y el de Federico García Lorca. A ellos habrá que hacer una somera alusión. En Madrid, en los primeros días de en torno a noviembre de 1936, cuando el Gobierno abandonó la capital había unos 10.000 presos de los que un número elevado eran militares. En el período de un mes a partir del momento en que se hizo cargo una junta de Defensa, en la que Santiago Carrillo era responsable de Orden Público, hubo unas 2.400 ejecuciones sumarias en Paracuellos, en un momento en que la situación bélica era especialmente comprometida. Parece comprobado que de lo sucedido puede haber tenido responsabilidad algún elemento subordinado de Orden Público, como Serrano Poncela, quien habló por radio de la "evacuación definitiva" de los presos, y algún asesor soviético, como Koltsov. Pero la polémica se centra sobre todo en si Carrillo tuvo conocimiento de lo que sucedía o si pudo evitarlo. Él asegura que no lo sabía y que no controlaba el entorno madrileño hasta el punto de que cuando, unos días después de la constitución de la junta, intentó trasladarse a Valencia se lo impidió una especie de guerrillero llamado el Chato de las Ventas. En cualquier caso no parece que hubiera decisión en combatir estas ejecuciones sumarias como haría después, en diciembre, el anarquista Melchor Rodríguez, responsable de las prisiones, que evitó el asalto de la de Alcalá de Henares y el traslado nocturno de presos. Como en Madrid, la situación vivida en Granada en agosto de 1936 era crítica. La ciudad había soportado la repetición de las elecciones, el incendio del diario de derechas y las dudas del general Campins hasta decidirse por la sublevación (y ser fusilado después por haber titubeado tanto tiempo); Granada fue luego sitiada durante casi un mes y bombardeada con el resultado de más de un centenar de muertos. Lorca fue asesinado en un mes en que sufrieron la misma suerte más de 500 personas. No era una persona destacada políticamente, aunque tuviera claras simpatías por la izquierda. En el mismo mes fueron ejecutados el alcalde de la ciudad, su cuñado, y buena parte de los concejales de izquierda así como media docena de catedráticos, entre ellos el rector de la Universidad. Los responsables directos de la detención de Lorca fueron el antiguo diputado de la CEDA, Ruiz Alonso, y un oficial vinculado a la represión de Casas Viejas, pero los ejecutores fueron Guardias de Asalto y no cabe la menor duda de que las autoridades supremas de la ciudad conocían lo que estaba sucediendo. Sólo intelectuales como Rosales y Falla se atrevieron a defender al poeta. Unas horas después de su ejecución se restablecía la comunicación de la ciudad con el exterior y con ello se aliviaba la situación existente en ella. Si la guerra civil constituyó un testimonio de barbarie hubo también quienes hicieron todo lo posible por evitarla. Son muchos los casos individuales de españoles que así lo hicieron, pero puesto que potencias extranjeras jugaron un papel importante en exacerbar la dureza de la lucha, es preciso recordar que también contribuyeron a evitar el derramamiento de sangre. Determinados países hispanoamericanos, como Chile o Argentina, iniciaron durante el sitio de Madrid una política de asilo en sus representaciones diplomáticas que se generalizó y llegó a beneficiar a 11.000 personas; muchas de ellas fueron evacuadas, pero todavía en 1938 había 2.000. Se trataba de personas que no querían ser objeto de una presumible represión. No eran miembros de la "quinta columna", expresión desgraciada que utilizaba Mola para llamar a los partidarios de los sublevados en la capital que debió provocar la muerte de centenares de personas; a pesar de ello nada menos que cinco representaciones diplomáticas fueron asaltadas. Nunca en la Historia se había producido nada semejante y no fue el único testimonio de la intervención humanitaria de otras potencias en nuestra guerra. Gran Bretaña, que no practicó el asilo en su Embajada, acogió, en cambio, a 30.000 personas cuando cayó el frente Norte.

El "terrorismo internacional" engloba dos facetas a menudo complementarias: la internacionalización y la transnacionalización. El terrorismo del primer tipo ha formado parte de una estrategia desestabilizadora en la dinámica de la política de bloques, y en él se han integrado tanto el apoyo que ciertos países otorgan a estos grupos armados como los acuerdos de colaboración entre distintas organizaciones terroristas para llevar a cabo campañas violentas de alcance global. El terrorismo internacional tuvo su momento culminante en los años setenta y primeros ochenta, precisamente en un contexto en el que las grandes potencias trataron de defender sus intereses geopolíticos de otro modo que con una guerra abierta de costes impredecibles. Los Estados modernos han hecho del terror y del terrorismo un instrumento más de su política interior y exterior. Determinadas agencias oficiales se han especializado en gestionar este tipo de violencia ilegal o dar apoyo a grupos subversivos para que ejecuten atentados contra los intereses vitales del potencial enemigo. Los Gobiernos revolucionarios cubano, norcoreano, argelino, libio, sirio, iraní o iraquí, pero también los proocidentales de Kuwait o Arabia Saudí, han apoyado financieramente de forma extensa a diversos grupos terroristas, sobre todo árabes. Miembros de la RAF han sido entrenados por el FPLP en Siria y Jordania, y encontraron refugio en Yemen del Sur, Cuba, Argelia, la URSS y la RDA. Las BR recibieron ayuda de países como Checoslovaquia y Bulgaria y se entrenaban en campos en el Líbano, Libia y Yemen. AD ha gozado en algún momento del apoyo del Gobierno libio y del grupo palestino de Abu Nidal para sus atentados contra instalaciones de la OTAN. Los activistas de ETA (m) se han adiestrado en Libia desde 1978, y han recibido ayuda ocasional de Cuba, Nicaragua o Argelia, y de países de Oriente Medio y del bloque socialista. Las vinculaciones internacionales del terrorismo negro adoptan formas igualmente tortuosas. Militantes neofascistas como Delle Chiaie fueron apoyados por la Junta Militar griega y, tras el atentado de piazza Fontana, buscaron refugio en la España de Franco (donde ciertos individuos aparecieron implicados en oscuras maquinaciones políticas durante la transición, como la matanza de Montejurra del 9 de mayo de 1976), para actuar después al servicio de las dictaduras de Pinochet en Chile o de García Meza en Bolivia. También parece demostrado que las estrechas relaciones tejidas entre los grupos neonazis europeos y norteamericanos han sobrepasado los contactos meramente informativos o de colaboración político-ideológica. La actitud de las grandes potencias respecto al terrorismo internacional está marcada por una ambigüedad bien calculada. En pura lógica leninista, la Unión Soviética condenó el terrorismo como un exponente de inmadurez revolucionaria, pero no hizo ascos a un eventual apoyo logístico efectuado de forma directa o a través de sus países satélites. En cuanto a los Estados Unidos, su postura oficial de abanderado del antiterrorismo internacional no le ha impedido sostener a movimientos armados de tipo nacionalista frente a regímenes socialistas en América Latina, Asia y Africa. En Europa occidental, el Gobierno norteamericano inspiró a fines de los cuarenta la creación de la Red Gladio, estructura secreta de subversión desplegada en varios países con el apoyo de la CIA, la OTAN y los servicios secretos de los Gobiernos afectados, para hacer frente a una eventual invasión soviética, y que con la estabilización de la Guerra Fría en los años sesenta desvió sus objetivos hacia el entorpecimiento de la actividad política legal de los partidos comunistas y el apoyo a las tramas del terrorismo neofascista, con la aquiescencia o tolerancia de algunas agencias estatales de seguridad. Otro fenómeno ligado a la internacionalización de terrorismo es la estrecha colaboración que se ha trabado en ocasiones entre grupos revolucionarios de distintos países. En 1972, ETA firmó comunicados conjuntos con la organización palestina Fatah, la guerrilla kurda, el Frente de Liberación Bretón y el IRA. Las BR han colaborado con la RAF, AD, la OLP y con el terrorista venezolano Ilitch Ramírez Sánchez, "Carlos". Pierre Carette, líder de las CCC belgas, mantuvo estrechas relaciones con fundadores de AD como Fréderic Oriach (jefe de losNAPAP), Nathalie Ménigon y Jean Marc Rouillan, fundador de los GARI, una organización terrorista plurinacional dedicada a subvertir el régimen franquista. La campaña de atentados contra instalaciones de la OTAN, emprendida en 1983-85 por grupos como las CCC, la RAF, las BR y AD, muestra indicios de coordinación terrorista internacional. Sin embargo, los ataques a instalaciones militares y los intentos de asesinato y secuestro de algunos jefes militares no impidieron el despliegue de los Pershing-2 y por ende minaron la credibilidad del movimiento pacifista europeo. El terrorismo transnacional tiene como origen un conflicto de tipo nacional o regional que es trasladado fuera de sus fronteras naturales tanto por imperativos de seguridad como por la mayor accesibilidad de los objetivos o por la necesidad de tener mayor eco propagandístico. Una enérgica respuesta estatal puede obligar a una organización terrorista a replegarse a otros lugares donde las condiciones le son más favorables, como ha sido el caso del IRA en la República de Irlanda, ETA en Francia o la OAS antigaullista y los activistas neofascistas italianos en la España de Franco. Este refugio forzado en países más acogedores ha provocado que, en ocasiones, estos grupos quedaran más expuestos a la instrumentalización o manipulación de potencias extranjeras, en función de sus intereses estratégicos particulares o para minar la estabilidad de otros países o áreas geográficas. En ese caso, la transnacionalización del terrorismo ha desembocado en su internacionalización. Parece un hecho comprobado que el terrorismo tiene mayores posibilidades de desarrollo en regímenes políticos democráticos y en países económicamente desarrollados, donde existen libertades civiles reconocidas, autonomía de los medios de comunicación, menor vigilancia personal y mayor concentración de objetivos potenciales. La larga estabilización política de las democracias occidentales y el clima generalizado de libertad y permisividad política desde 1945 relajaron la capacidad de prevención y represión del Estado, haciendo a estas sociedades más vulnerables al terrorismo. Por su escasa especialización inicial y su obligatoria sujeción a las leyes vigentes, los tradicionales métodos represivos, tanto legislativos como policiales, se encontraron con graves dificultades para afrontar y combatir con éxito la amenaza terrorista. Dos ejemplos pueden servir para ilustrar esta lenta adaptación y coordinación de las medidas internacionales de seguridad. Desde 1968 hasta 1972, la piratería aérea se convirtió en un acto habitual de protesta política. Para limitar estas acciones se firmaron los convenios de Tokio sobre delitos y otros actos cometidos a bordo de aviones (1963), de La Haya para la represión de la captura ilícita de aeronaves (1970) y de Montreal para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil (1971). La moda terrorista en los años ochenta fue la ocupación de embajadas y el secuestro de sus funcionarios. En estos casos, no parece haber surtido excesivo efecto el convenio sobre la prevención y la represión de los delitos contra las personas que gozan de protección internacional y los agentes diplomáticos firmado en Nueva York en 1973 por los países miembros de la ONU. Una vez que el terrorismo se transformó en una amenaza real, los Gobiernos occidentales no dudaron en aplicar medidas antiterroristas severas, que han arrojado un resultado muy desigual. Entre las decisiones coactivas de carácter judicial, se ha usado y abusado de las legislaciones especiales o de emergencia, a veces improvisadas e imprecisas, que han permitido suspender excepcionalmente algunos derechos constitucionales básicos, como el "habeas corpus", la inviolabilidad del domicilio, el secreto en las comunicaciones privadas, etcétera. A pesar del control jurídico, parlamentario y político a que están sometidas estas actuaciones, se han producido innumerables abusos en las fases de detención, interrogatorio, prisión preventiva, juicio y régimen penitenciario, que han fortalecido y legitimado coyunturalmente la acción terrorista. Dentro de las medidas estrictamente policiales, el declive del terrorismo en Europa occidental coincide con el desarrollo de sistemas internos de seguridad sofisticados, con la mejora y especialización de las agencias policiales y con la creciente coordinación internacional. En general, los Gobiernos han privilegiado la información sobre la pura y simple represión. La reorganización de los servicios de inteligencia, la mayor especialización en cuestiones terroristas y la coordinación ejecutiva de las diversas agencias policiales han abierto en ocasiones el camino a la casi completa erradicación de este tipo de violencia. El carácter global del fenómeno terrorista ha obligado también a una coordinación de carácter internacional que no ha sido siempre fácil de lograr. El Proyecto de Convenio para la prevención y represión del terrorismo internacional, presentado por el Gobierno de Estados Unidos el 25-IX-1972 ante la Asamblea General de la ONU tras la matanza de los Juegos Olímpicos de Munich tuvo en su contra a la mayoría de los países del Tercer Mundo y del bloque socialista, que temían que una coordinación antiterrorista a escala internacional perjudicase a los movimientos de liberación que actuaban en territorios ocupados, colonizados o sometidos a dictaduras de derecha. Desde 1949, el Consejo de Europa ha concluido varios tratados y acuerdos multilaterales, como el Convenio Europeo de Extradición (13-XII-1957) y el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo (27-I-1977). Pero esta coordinación no ha mostrado hasta ahora su eficacia, debido a las diferentes prácticas legales de los Estados miembros y sus temores respecto a una pérdida de soberanía jurídica. El 12-II-1985, los ministros de Asuntos Exteriores de los diez países de la Comunidad Europea acordaron en Roma la concertación policial de sus países a través de la creación del llamado Grupo de Trevi, que establecía la cooperación de los respectivos Ministerios del Interior en materia antiterrorista. A pesar de que el Tratado de Roma no menciona en modo alguno cuestiones de este cariz, la Comunidad Europea ha aprobado medidas de represión complementarias de las del Consejo de Europa. Ya en 1975, la Conferencia de Ministros de Justicia Europeos manifestó la necesidad de una coordinación legislativa para combatir el problema. El Acuerdo de Dublín de 4-XII-1979, accesorio al Convenio Europeo de 1977, permitió la adopción de un sistema común de extradición, la creación de un "espacio judicial" común, el estudio de problemas asociados con el terrorismo, el control de armas y la coordinación de sanciones comerciales contra los países supuestamente financiadores. El 14-II-1985, el Parlamento Europeo aprobó seis enérgicas resoluciones sobre la lucha contra el terrorismo, que han tenido su influencia en la elaboración de una estrategia jurídica represiva a escala comunitaria. En general, han ido ganando terreno en Europa tanto la teoría de que el terrorismo no puede ser excusado como una manifestación de defensa política, como el principio "aut dedere, aut judicare" ("extradita o juzga"), recogido en los diversos convenios antiterroristas de La Haya (1970), Montreal (1971), Washington (1971) y Nueva York (1974).Como instrumento desestabilizador, el terrorismo ha conseguido sobrevivir por ser uno de los recursos violentos menos costosos para mantener un estado de revuelta por largo tiempo, aunque su capacidad subversiva sea limitada. Sin embargo, el terrorismo político parece haber declinado en Europa occidental desde mediados de los ochenta. La desaparición de muchas de estas organizaciones demuestra el escaso apoyo popular a esta forma de lucha, sus flaquezas internas y la mayor eficacia de los medios estatales y paraestatales empleados en su represión. En la Europa poscomunista se asiste al rebrote de viejas formas de violencia política, entre ellas el golpe de Estado y el terrorismo vinculado a conflictos interétnicos en el marco de un proceso embrionario o generalizado de guerra civil, como es el caso de la ex Yugoslavia y de algunas repúblicas ex soviéticas del Cáucaso y Asia Central. En Occidente, el vacío protestatario dejado por el fracaso del terrorismo revolucionario y neofascista es ocupado por una violencia postmoderna, eruptiva, socialmente difusa, escasamente ideologizada, de baja intensidad y limitada capacidad subversiva, protagonizada por colectivos marginales como los habitantes de los guetos ciudadanos, los "skinheads", los "ultras" deportivos, los grupúsculos neonazis o los sectores juveniles radicalizados de grupos nacionalistas-separatistas. Una violencia contra la cual el Estado no ha encontrado aún un antídoto eficaz.

A diferencia del terrorismo interno ideológico, revolucionario o contrarrevolucionario, el terrorismo nacionalista-separatista suele ser un fenómeno de larga duración que en determinadas regiones europeas ha sido capaz de institucionalizar una situación de enfrentamiento armado gracias a la articulación de un apoyo popular más estable y consistente y a la existencia de una larga tradición histórica de violencia individual y colectiva. Estos "movimientos de liberación nacional" han concebido la lucha terrorista como el prólogo de la lucha por la independencia. La organización terrorista aparece como el brazo armado de un movimiento nacionalista revolucionario de amplia base, que mezcla los mensajes patrióticos con la fraseología de tipo marxista-leninista, identificando de forma eficaz al enemigo extranjero con el enemigo de clase. Sin embargo, también parece cierto que, en no pocas ocasiones, el terrorismo ha actuado como refugio o vía de escape para un movimiento independentista que ha fracasado en su intento de conseguir apoyo de masas para una acción política legal.Irlanda mantiene una tradición de resistencia violenta a la ocupación británica que se remonta varios siglos atrás. A esta cultura de la revuelta, traducida en un amplio ciclo de rebeliones antibritánicas (1641, 1690, 1798, 1803, 1848, 1867 y 1882) se añade la fobia religiosa entre las minorías del Ulster, donde terrorismo, clandestinidad y paramilitarización siguen siendo factores habituales de la vida política.La paramilitarización de los grupos políticos se intensificó en los años previos a la Gran Guerra. En 1912-14, el protestante Ulster Unionist Council decidió la creación de la Ulster Volunteer Force -precedente de la organización armada homónima fundada en 1966- para oponerse a los nacionalistas católicos. La Irish Republican Broterhood respondió con la creación en noviembre de 1913 de los Irish National Volunteers, que con el Irish Citizen Army (organización defensiva del sindicato de transportes de Dublín) protagonizó el levantamiento del lunes de Pascua, el 24 de abril de 1916, verdadero hito en la lucha irlandesa por la independencia. De estos grupos paramilitares surgiría en 1919 el Irish Republican Army (IRA) como Ejército del Gobierno revolucionario irlandés. El IRA fue creciendo y desarrollándose al calor de la lucha guerrillera antibritánica de 1919-21. La violencia no finalizó con la creación del Estado Libre de Irlanda en 1921, sino que desembocó en una guerra civil en 1922-23, librada por el Gobierno de Dublín contra algunos grupos radicales (los Irregulars del IRA) que ansiaban la anexión del Norte por el resto del país. La reaparición esporádica del terrorismo en los años 1939-40, 1956 y 1962 no logró cambiar el statu quo decidido en 1921, ante la firmeza británica y la falta de apoyo del Gobierno de Dublín y de la población católica del Ulster. A mediados de los sesenta se desarrolló en Irlanda del Norte un nuevo espíritu activista generado por el movimiento de derechos civiles en protesta por la relegación política y social de la minoría católica. Las demostraciones pacíficas fueron adquiriendo tono violento en los años 1968-69, en parte por las contramanifestaciones de los protestantes radicales: los unionistas atacaron a los católicos en sus guetos, obligando el 20 de agosto de 1969 al Gobierno de Londres a declarar la ley marcial y ordenar la interposición de las tropas británicas.Por esa época, el IRA Official estaba en manos de simpatizantes comunistas y se adhería a una teoría gradualista que contemplaba la lucha por las reformas democráticas antes que la lucha por la independencia. Un sector de jóvenes militantes que deseaban dar prioridad a la lucha armada y algunos viejos partidarios de la acción directa militar protagonizó una escisión en octubre de 1969, de la que salió el Provisional Irish Republican Army (PIRA), grupo apoyado por buena parte de la comunidad católica desencantada con el pacifismo de sus líderes tradicionales. Según el programa Eura Nuva adoptado en 1972, los Provisionals buscaban el establecimiento de una república federal, democrática y socialista a través de una revolución en el conjunto de la isla. Si en un principio el PIRA contó sólo con 30 ó 40 militantes, en el verano de 1970 cobró una neta ventaja sobre el IRA histórico tanto en financiación como en armas y apoyo de los católicos norteirlandeses. A pesar de haber protagonizado algunos actos violentos en Irlanda e Inglaterra, el IRA Oficial suspendió sus actividades violentas en mayo de 1972, y sufrió una nueva escisión en diciembre de 1974, cuando apareció en escena el Irish National Liberation Army (INLA), un grupo armado más radical que el PIRA, con una doctrina marxista y antiimperialista que fue derivando hacia el empleo de la estrategia de la espiral provocación-reacción-represión y hacia actitudes gangsteriles condenadas por el IRA histórico. Como el antiguo IRA, los Provisionals eran dirigidos por un Comité Militar y estaban organizados en compañías, batallones y brigadas, con Belfast, Londonderry y la zona fronteriza (condado de Armagh) como principales bases. Esta estructura, en sintonía con la tradicional cultura paramilitar del independentismo irlandés, no era sin embargo la más apropiada para la lucha callejera que se iba a desplegar ampliamente en los años siguientes.El PIRA inició en 1969-70 su primera campaña violenta, con ataques a destacamentos militares y puestos de policía, que se coordinaron con la campaña por los derechos civiles. La situación se deterioró en los dos años siguientes, obligando a las autoridades británicas a intensificar la actuación militar, las detenciones y los internamientos administrativos. Para ese entonces, los Provisionals habían perfeccionado su reclutamiento, renovado su arsenal y ampliado sus recursos económicos. Los tumultos norteirlandeses alcanzaron su punto culminante en 1972. Los sucesos más graves ocurrieron en Londonderry durante el llamado Bloody Sunday -30 de enero-; tras una marcha de protesta católica por la política de internamientos, trece civiles fueron abatidos por soldados británicos, lo que provocó una fuerte escalada de violencia: centenares de atentados con explosivos, arrestos en masa, detenciones sin juicio y represalias unionistas hasta que, el 24 de marzo de 1972, el Gabinete de Londres asumió la gobernación directa del territorio, anulando temporalmente los poderes del Gobierno y el Parlamento autónomos de Belfast. La Ley sobre Medidas Urgentes en Irlanda del Norte de 25 de julio de 1973 amplió los poderes del Ejército en la zona.Desde el 1 de febrero de 1973, el PIRA reinició sus ataques contra las fuerzas de seguridad y objetivos situados en Inglaterra: el 7 de octubre de 1974 un artefacto causó en Guilford cinco muertos, y el 21 de noviembre dos bombas causaron 20 muertos y 180 heridos en dos pubs de Birmingham, dando lugar a la detención de sospechosos que fueron condenados a largas penas de prisión sobre la base de pruebas policiales dudosas. Los hechos de Birmingham aceleraron la promulgación, el 29 de noviembre de 1974, de una Ley de Prevención del Terrorismo que introdujo en todo el Reino Unido la legislación de emergencia aplicada en el Ulster por casi medio siglo. A fines de año, la policía británica puso a punto un amplio banco de datos que posibilitaba el control del 40 por 100 de la población de la provincia y que permitió actuar con éxito creciente en operaciones antiterroristas. Durante estos años, la comunidad protestante ha mantenido hacia Londres una actitud ambigua, a mitad de camino entre las protestas de lealtad y el chantaje de la violencia. El terrorismo protestante del Ulster Volunteer Force, el Ulster Freedom Fighters (creado en 1973) y otros grupos paramilitares unionistas, como la Ulster Defence Association y la Protestant Action Force, ha sido sobre todo un terrorismo de respuesta, a menudo indiscriminado, sobre pubs, negocios, transportes públicos y centros sociales católicos sospechosos de encubrir las actividades terroristas del PIRA.A mediados de los setenta, la situación del orden público en Irlanda del Norte comenzó a mejorar. En diciembre de 1973 se llegó en Sunningdale a un acuerdo para la formación de un ejecutivo provincial compuesto de católicos y unionistas. Aunque este pacto de cogobierno entre las dos minorías pareció insuficiente al IRA y lesivo a la minoría protestante, la violencia disminuyó. En enero de 1975, los Provisionals decidieron un alto el fuego unilateral para recomponer sus fuerzas y reorganizarse en pequeñas unidades operativas de 3-5 hombres. El número de víctimas mortales aumentó de nuevo debido a una nueva oleada de explosiones fuera del Ulster, pero la mayor eficacia de las medidas preventivas y de información permitió en los años siguientes una significativa reducción de los atentados y de las fuerzas militares implicadas en la zona, que comenzaron a ser sustituidas por tropas auxiliares del Ulster Defence Regiment (UDR) y agentes del Royal Ulster Constabulary (RUC), policía de los seis condados de composición mayoritariamente protestante. Impotente para lograr el equilibrio estratégico que marcara el camino de la victoria, el PIRA optó desde inicios de los ochenta por una guerra de desgaste basada en el ataque a objetivos económicos (quema de tiendas y almacenes, sabotajes a fábricas) y a instituciones de especial significado, como el RUC, a fin de obligar a los protestantes a claudicar. Aunque siguieron produciéndose emboscadas en la cercanía de la frontera irlandesa, la campaña terrorista se condujo a suelo inglés: bombas en los almacenes Harrods de Londres el 17 de diciembre de 1983; tentativa de asesinato de la premier Thatcher en el congreso del partido tory en el Grand Hotel de Brighton el 12 de octubre de 1984; oleada de atentados con explosivos en la City y en cuarteles de Irlanda del Norte en 1984-85 y nueva oleada de artefactos en el centro de Londres en 1992-93.Durante los años setenta, la actitud del Gobierno británico había consistido en calmar a los protestantes mediante el despliegue militar e iniciar una serie de gestos conciliadores hacia los católicos moderados, prometiendo una convención constitucional y una asamblea regional con representación proporcional. A mediados de los ochenta se abrió una etapa de conversaciones con Dublín que culminó en el acuerdo de Hillsborough Castle (15 de noviembre de 1985), que dio al Gobierno de Dublín el status de interlocutor en cualquier posible solución al problema del Ulster, y reafirmó su posición de que todo cambio constitucional en los territorios del Norte se efectuara con el consentimiento de la población. En estos últimos años, la paciente mediación del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP, nacionalista moderado) ha acercado al PIRA a los unionistas y a los Gobiernos de Londres y Dublín a una solución viable y negociada. En 1994 se llegó a un principio de acuerdo, recibido por el PIRA con un alto el fuego indefinido desde el 31 de agosto, lo cual le ha permitido abrir negociaciones directas con el Gobierno británico. De 1969 hasta esa fecha el conflicto del Ulster había provocado más de 3.000 muertes.

Cuadro emblemático en el que vemos reflejada una de las reuniones de intelectuales tan típicas en las tres primeras décadas del siglo XX. La acción se desarrola en uno de los cafés típicos madrileños, de igual nombre que el que se indica en el título de cuadro, el café Pombo. Antes de ser propiedad del Museo de Arte Contemporáneo, el cuadro perteneció a Ramón Gómez de la Serna, a quien vemos retratado en el centro de la composición. Este retrato múltiple, nos da a conocer la imágen de muchos de los intelectuales de la época: Manuel Abril, Tomás Borrás, José Bergamín, José Cabrero, Mauricio Bacarisse, Pedro Emilio Coll, Salvador Bartolozzi, incluyéndose él mismo pintor entre ellos en un maravilloso autorretrato. Destaca la sobriedad de los retratados y los colores oscuros que utiliza, que tan característicos son del artista.

En el año 195 Tertuliano se convirtió al cristianismo. Antes de esa fecha se había dedicado a la práctica forense y a cultivar su intelecto gracias a la educación literaria y retórica recibida, tanto de procedencia romana como griega. Esa formación se manifiesta claramente en su obra "Apologeticum" en la que intenta rebatir las acusaciones contra los cristianos dirigidas por los paganos. Exaltó la ortodoxia y se convirtió en el defensor de la lucha contra la herejía al manifestar que sólo los portavoces autorizados de la Iglesia pueden interpretar las "Escrituras".

Algunos cientos de miles de españoles, entre los que predominaban los varones de las clases medias, se organizaban en distintas sociedades. La más común en los años centrales del reinado de Isabel II eran los casinos y lo que la estadística denomina eufemísticamente sociedades artístico-recreativas. En ellos, los hombres (las mujeres organizaban sus veladas en las casas y a las puertas de los templos), hablaban, jugaban a los naipes, leían la prensa o simplemente sesteaban durante horas. Este tipo de sociedades estaban muy diseminadas por todas las ciudades. Las más pequeñas como, por ejemplo, Toledo, Palencia o Ávila contaban con un casino. En Barcelona, Palma o Zaragoza había más de siete sociedades de este tipo. Incluso en ciudades no muy grandes, como Bilbao, Vitoria y Oviedo había cinco o seis sociedades, porque los grupos sociales de clases medias y altas estaban muy diferenciados. Sin embargo, en ciudades mayores como Madrid, con cuatro casinos, Sevilla, con cinco, Valencia, con dos, el número de sociedades no era muy grande. Los casinos se extendían igualmente por la mayor parte de los pueblos más o menos grandes y centros comarcales de toda España. Por ejemplo, había treinta casinos en los pueblos de la provincia de Jaén, 49 en Gerona, 35 en Navarra, 22 en Sevilla, 2 en Toledo, 6 en Palencia y 3 en Ávila... hasta un total de 455. Hubo otro tipo de sociedades, más específicas, donde grupos de aficionados a las manifestaciones artísticas se organizaban para cantar, representar obras de teatro o bailar. La gran mayoría de las sociedades de música establecidas en capitales de provincia se concentraban en Barcelona, 59 de un total de 76. También destacaba Barcelona en las sociedades de teatro: 32 estaban en la Ciudad Condal, otras 10 en Madrid y seis en Valencia. El reinado de Isabel II es también el periodo de difusión de los conservatorios de música. El de Madrid se había creado en 1830 y fueron muchos los creados en capitales de provincias. Más común que todas estas agrupaciones era la reunión más o menos informal en los cafés, fondas y bares: la españolísima tertulia, sin socios ni cuotas, de grupos de amigos o afines por razones de trabajo o ideología. En el primer tercio del siglo XIX, antes de que se institucionalicen los ateneos, surgieron las tertulias de los cafés, con un carácter cultural y político, que cumplieron una función decisiva en la difusión de la ideología liberal, a imitación de lo que había ocurrido en la Francia revolucionaria. Bahamonde y Martínez describen las tertulias como espacio de producción cultural, más allá de lo político, sobre todo en el plano literario. En los inicios del liberalismo, lo político y lo literario rara vez aparecen disociados, como protagonistas de una bohemia cultural. Los años 30 están representados por El Parnasillo, café emblemático que reúne en un ambiente romántico a intelectuales. Allí acudieron los escritores Larra, Espronceda, Ventura de la Vega, Patricio de la Escosura, Bretón de los Herreros, Gil y Zárate..., los pintores Madrazo, Esquivel, Jimeno..., los arquitectos Mariátegui, Colomer, Aníbal Alvarez..., el editor de obras teatrales Manuel Delgado, el director del Teatro Príncipe Grimaldi... Pasada la eclosión romántica, el café y la tertulia continuaron siendo espacios de intelectualidad en los que confluían producción cultural y debate político.

Capital de la provincia que lleva su mismo nombre, está situada en la Comunidad de Aragón. Cuenta con una población de alrededor de treinta mil habitantes y se sitúa a 915 m. sobre el nivel del mar. Las primeras referencias a Teruel aparecen en las crónicas musulmanas del siglo X, aunque su pasado es celtíbero y tuvo ocupación romana. Una de las leyendas más extendidas sobre su origen es que, en tiempos lejanos, la ubicación de las villas se realizaba sirviéndose de un animal salvaje; se perseguía a éste y, en el lugar donde era cazado, se erigía un santuario alrededor del cual se construía el asentamiento. Su nacimiento como núcleo de importancia hay que situarlo en la Reconquista, cuando el rey Alfonso II decide fundar una villa con el fin de organizar las fronteras del Reino ante la conquista de Valencia por los almohades. En 1171 el rey entra en Teruel, finalizando la dominación musulmana de la ciudad, si bien la población islámica permaneció mayoritariamente en ella. Fruto de esta coexistencia fue un extraordinario arte mestizo, del que Teruel conserva numerosos ejemplos. Se trata del mudéjar, del que se conservan cinco torres, las mejores de las cuales son las llamadas de San Salvador y de San Martín, edificadas en el siglo XII. Es también digna de mención la catedral, de construcción posterior, cuya torre es uno de los mejores monumentos del arte aragonés. Contiene además un excelente artesonado, fechado en el primer cuarto del siglo XIV. La iglesia de San Pedro, de 1196, cuenta con un bonito ábside gótico-mudéjar, y junto a ella se puede ver el sarcófago que contiene los restos de los dos personajes más famosos de la ciudad, los "amantes de Teruel", Isabel de Segura y Diego Marcés de Marcilla. En los siglos XVII y XVIII Teruel sufrió importantes remodelaciones urbanísticas y reformas en todos los edificios religiosos, levantándose además palacios de influencia renacentista. El año 1883 es un año importante para Teruel, ya que se convierte en capital de la provincia. La Guerra Civil fue especialmente cruenta en la ciudad; en una de sus ofensivas, en el otoño-invierno de 1937, los ejércitos republicanos consiguieron conquistarla. Sin embargo, y en uno de los inviernos más crudos que se recordaban, las tropas franquistas la reconquistaron. Actualmente, Teruel está llevando a cabo campañas destinadas a atraer la atención de la opinión pública debido a su abandono respecto de otras capitales de provincia; de momento, su campaña de "Teruel Existe" al menos ha llamado la atención de los medios de comunicación sobre la situación en que se encuentra toda la región.