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Tras la I Guerra Mundial, en las décadas de 1920 y 1930, ni Europa mandaba en el mundo ni podía decirse ya que éste debía a Europa -como había escrito Bertrand Russell en 1915 - "los ideales de gobierno, las esperanza del futuro". El mismo Russell había comprendido muy bien lo que pasaba (o parte de lo que pasaba): "existe un peligro muy real -decía en la carta abierta que envió al presidente Wilson en noviembre de 1915- de que, si nada se hace para poner fin a la furia de la pasión nacional, la civilización europea tal como la hemos conocido perecerá completamente como Roma cayó ante los bárbaros". Cuando Russell escribió esas palabras, sólo unos pocos intelectuales -como Henri Barbusse, Stefan Zweig, Romain Rolland, Hermann Hesse o el propio Russell, encarcelado por objetor de conciencia- no habían cedido al sentimiento de exaltación nacional que el estallido de la I Guerra Mundial había provocado en todos los países europeos. En Inglaterra, no fue Russell sino el joven poeta Rupert Brooke (1887-1915) quien mejor supo interpretar los sentimientos e ideales de la mayoría del país. Sus sonetos de 1914, una glorificación del heroísmo militar y del patriotismo, conmovieron a miles de jóvenes británicos. Cuando murió en la isla de Skyros, Inglaterra entera le reconoció, a la manera de un nuevo Byron, como el héroe nacional que, en palabras de Churchill, el país necesitaba en tiempo de crisis. En Alemania, Thomas Mann, en Reflexiones de un hombre apolítico (1918), defendió el militarismo de su país como la afirmación y defensa de los valores de una cultura, la alemana, que Mann veía amenazada por una realidad histórica, la cultura occidental, que él consideraba de rango inferior. La guerra modificó, sin embargo, la conciencia moral de Europa. Paul Valéry escribiría en 1919, en La crise de l'esprit, que la guerra había lanzado a Europa hacia el abismo de la historia y añadiría que, de esa forma, no se había hecho sino "acusar y precipitar el movimiento de decadencia de Europa". En contraste con el vitalismo de la sociedad, el clima intelectual y cultural de la posguerra cristalizaría en una verdadera cultura del pesimismo, en una visión desesperanzada de la civilización occidental, de los valores que la inspiraban y del tipo de sociedad que esa civilización había generado. La Gran Guerra destruyó la confianza que los europeos habían tenido hasta entonces en su propia civilización. El geógrafo Demangeon publicó en 1920 un libro significativamente titulado El declinar de Europa y el historiador Toynbee hablaría poco después, en 1926, del "eclipse de Europa".

Claro está que, aunque la crisis apareciera de forma brusca, tuvo unos antecedentes a los que luego se remitieron los especialistas para explicarla. La situación de desorden del sistema monetario internacional, aun sin ser la causa determinante de la crisis, contribuyó sin duda a ella. El desorden estaba causado por la caída del dólar, provocada por la decisión tomada por el presidente Nixon, sin ninguna consulta previa, de desligar el dólar del patrón oro en agosto de 1971. Como es sabido, lo hizo como consecuencia de la difícil situación de la economía norteamericana durante la Guerra de Vietnam. El déficit de la balanza de pagos creció en este país y también la liquidez internacional producida por la exportación del petróleo. Las principales monedas del mundo flotaron, en un marco de creciente inestabilidad. Pero lo decisivo fue la sorpresa causada por los sucesivos choques por la elevación de precio de los productos petrolíferos. Ya la Revolución libia produjo un problema inicial, pero fue la Guerra del Yom Kippur y la caída del sha de Irán, todos ellos acontecimientos políticos, quienes tuvieron unos resultados más espectaculares sobre el precio del crudo. En 1971, todavía el precio del petróleo era negociado por las grandes compañías petrolíferas: siete de ellas dominaban el 80% de la producción mundial. Pero en 1973 ya no era así. Entre 1960 y 1971, el petróleo había permanecido estable en el precio y en la práctica había podido perder el 20% de su valor. Al mismo tiempo, su consumo había crecido de forma considerable hasta configurarse como la fuente de energía fundamental. Así se demuestra por el crecimiento del porcentaje del petróleo en el consumo total de energía. En 1950, representaba el 37.8% frente al 55.7% del carbón; en 1972, en cambio, el petróleo y el gas representaban el 64.4% del total. En suma, puede decirse que la parte correspondiente al petróleo en el consumo de energía pasó de ser un tercio a dos tercios, en un momento en que el consumo anual de energía se triplicaba cada año. De este modo, las reservas petrolíferas descubiertas cada año eran inferiores al consumo anual. Por otra parte, los grandes países industrializados, a excepción de Estados Unidos y la URSS, eran grandes consumidores de energía pero no la producían. Gran Bretaña y Noruega empezaron a producirla con ocasión de la crisis, gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos en el Mar del Norte. Un factor decisivo en el panorama de los precios de la energía fue el hecho de que las grandes compañías explotadoras fueron nacionalizadas. En 1971, Argelia anunció, por boca de su presidente Huari Bumedian, la nacionalización de la industria petrolífera, hasta entonces francesa, en un 51%; en septiembre de 1973, Libia hizo lo propio. Incluso en un Estado tan conservador como Arabia Saudí sucedió lo mismo gracias a la constitución de Aramco en 1979. Durante el año 1972, otros países productores de materias primas intentaron presionar sobre los consumidores elevando los precios, por lo que se puede decir que había antecedentes del estallido que más adelante se produjo. Fue el petróleo, sin embargo, la única materia prima que influyó en la economía mundial. La política internacional contribuyó de forma poderosísima a multiplicar el efecto de una tendencia así esbozada. El 16 de octubre de 1973, en un momento en que todavía la Guerra árabe-israelí no estaba concluida, los países de la OPEP tomaron la decisión de que el precio del barril del petróleo pasara de tres dólares a cinco. Al día siguiente, esos mismos países decidieron establecer un sistema de embargo para aquellos que parecían apoyar por completo a Israel como, por ejemplo, Estados Unidos y Holanda. En la práctica, estos embargos duraron muy pocos meses, acabando por ser levantados completamente en el verano de 1974. También los países de la OPEP optaron por reducir la producción entre un 15 y un 20% y, a continuación, hacerlo en un 5% al mes hasta que Israel abandonara los territorios ocupados. Pero este sistema de limitación de la producción, que, en parte, se justificaba con la afirmación de que las reservas estaban agotándose acabó por dañar a los propios países productores, no correspondía a peligro tan acuciante y fue finalmente abandonado. Pero lo que no se detuvo fue la elevación del precio del petróleo. En diciembre de 1973, los países de la OPEP decidieron elevar al precio del barril de petróleo a casi doce dólares; se había cuadruplicado en el transcurso de tres meses. No se detendría ahí el proceso. Llama especialmente la atención la persistencia unida a la brusquedad de los incrementos en el precio del petróleo, que se multiplicó por cinco en 1973-1974 y luego creció el 150% en 1979-1980. Aparte del efecto de la demanda creciente, el nuevo choque petrolífero de finales de los setenta estuvo motivado por la fuerte inestabilidad en la región que producía la mayor parte de petróleo consumido por el mundo y cuyo flujo principal procedía del cuello de botella del estrecho de Ormuz. La revolución blanca del sha, la posterior revolución iraní y la Guerra entre Irán e Iraq fueron factores que contribuyeron de forma decisiva a que el precio del petróleo alcanzara a fines de 1981 los 34 dólares por barril. Con respecto a 1973, se había incrementado en más de diez veces. El impacto de este incremento del precio resultó variable según las latitudes, pero siempre fue grave, hasta el extremo de que bien se puede decir que remodeló la fisonomía económica del planeta. Europa y Japón dependían en mucha mayor medida de las importaciones que los Estados Unidos: la factura petrolífera pasó en las economías del Viejo Continente del 1.5% del producto nacional al 5%, cuando el volumen total del petróleo consumido había disminuido. La inflación, que hasta el momento era de un 4-5% anual, ahora se multiplicó hasta niveles inesperados y se hizo habitual que alcanzara los dos dígitos: en Gran Bretaña y en Italia, por razones diversas, el problema fue especialmente agudo. Todas las economías de los países industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que, de forma inevitable, produjeron una disminución del consumo y una rebaja del nivel de vida. A lo largo del año 1975, el crecimiento del PIB fue negativo en Estados Unidos (-0.7%), Gran Bretaña (-1.6%) y Alemania (-1.6%); los únicos países que crecieron lo hicieron en cantidades prácticamente inapreciables y, en ocasiones, por no haberse enfrentado todavía a la crisis. Las empresas tuvieron dificultades crecientes y el paro se incrementó. La recesión quedó confirmada como un fenómeno inevitable y se combinó con una cierta inflación de un modo un tanto inesperado en comparación con lo que había sido habitual hasta el momento. En efecto, desde 1958 la inflación mundial había ido creciendo en un 2% anual y entre 1969 y 1972 lo hizo el 5%. Se había asociado en el pasado con una realidad inevitable para conseguir el pleno empleo, pero ahora apareció un fenómeno nuevo, la stagflation, es decir, la disminución del crecimiento convertido en compatible con el alza de los precios. Ha llegado, pues, el tiempo de la inflación de dos dígitos al mismo tiempo que la producción industrial disminuía su crecimiento en un 10-20% como mínimo. Además, con el transcurso del tiempo desapareció la sensación de que se podía salir de la crisis. Claro está que al mismo tiempo ésta no produjo una sensación de hundimiento semejante a la que tuvo lugar en los años treinta. Pero los tiempos de un crecimiento al ritmo de los años cincuenta y sesenta no se reprodujeron de nuevo, por más que con el paso del tiempo se alejara el fantasma de la crisis. El aspecto en el que fue más manifiesta la crisis en todo el mundo fue el referido a la tasa de paro, que sobrepasó en los países de la OCDE el 5% en 1974-5 y en 1980-2 llegó al 10%. También las ganancias en la productividad se redujeron a partir de 1974. Tampoco en este caso las cifras del paro tenían nada que ver con el 20-30% de parados en los países industrializados en los años treinta. Se ha podido hablar de la aparición de una crisis de fondo en el trabajo en una onda de veinticinco años, al menos, de duración. A partir de mediados de los años ochenta, casi el 30% de los puestos de trabajo industriales desaparecidos no habían sido reemplazados por otros semejantes. Claro está que en este proceso había también un factor de progreso. Hubo, a partir del momento de la crisis, un doble fenómeno de industrialización del terciario y terciarización de la industria. El canciller alemán Helmut Schmidt llegó a la conclusión de que en el final de siglo, Europa no tendría más lugares de trabajo que oficinas, laboratorios y salas de visitas. Pero es necesario hacer también mención del impacto que la crisis tuvo sobre los países subdesarrollados. Mucho más frágiles, en la práctica, no obstante, el destino de los países del Tercer Mundo después de la elevación del precio del petróleo fue muy variado. Una parte de ellos inició a partir de este momento un proceso de industrialización: éste fue el caso de Arabia Saudita, cuyo PIB se incrementó en un 250% en el transcurso de tan sólo el período 1973-1974. Claro está que los países productores de petróleo no se mantuvieron unidos. Frente a los que, como Irán y Libia, trataron de aprovechar al máximo el incremento en los productos petrolíferos, otros, como Arabia, actuaron con mayor prudencia de cara al impacto que sus medidas podían tener en los países desarrollados de Occidente. Pero los países pobres, carentes de petróleo, vieron cómo su situación se agravó todavía más, lo que alcanzó niveles especialmente dramáticos en el caso de África. Para responder a la crisis de los productos energéticos y a esta situación en los más subdesarrollados, las potencias occidentales imaginaron varios procedimientos. Los Estados Unidos propusieron la creación de una Agencia Internacional de la Energía, que agruparía a los países consumidores de petróleo frente a los productores. La fórmula no fue aceptada por Francia, que propuso una conferencia entre países industrializados, subdesarrollados y productores de petróleo, que tuvo lugar en París bajo dos fórmulas sucesivas. La convocatoria se repitió en los siguientes años, pero no pasó de establecer algunos principios fundamentales del nuevo orden internacional y la creación de un fondo especial de ayuda al subdesarrollo, por un importe de 1.000 millones de dólares. Una reunión celebrada en Cancún, en 1981, pretendió también establecer un nuevo marco de relaciones entre los países desarrollados y los no desarrollados (o entre Norte y Sur, como entonces era costumbre decir). Quizá mucho más prácticos fueron los acuerdos a los que llegó la CEE con países de África, el Caribe y el Pacífico, denominados Lomé I (1975) y Lomé II (1979). Estos acuerdos preveían una ayuda financiera a los países en desarrollo que cuadruplicaba la prevista en el acuerdo previo de Yaundé. Si las iniciativas acerca del diálogo entre el Norte y el Sur fueron relativamente modestas, en cambio, los grandes países industrializados establecieron un principio de concertación a partir de 1975. Consistió en la celebración anual de una reunión a la que asistieran las cuatro potencias europeas más importantes desde el punto de vista económico junto con Estados Unidos y Japón, a las que se sumó luego Canadá e incluso el presidente de la Comisión Europea. De esta manera se estableció un mecanismo de respuesta destinado a convertirse en instrumento permanente de consulta. Por otro lado, las negociaciones del GATT, denominadas en referencia a la capital japonesa donde se celebraron en 1973-1979, tuvieron como consecuencia la aprobación de un nuevo acuerdo que preveía la desaparición de las barreras arancelarias. La realidad, sin embargo, era que en tiempos de crisis todos los países afectados por ellas recurrieron a procedimientos más o menos proteccionistas, al menos durante algún tiempo. Las soluciones propiamente dadas a la crisis económica tardaron bastante en llegar por la perplejidad que producía la peculiaridad misma de la crisis. Tras la desvinculación del dólar del patrón oro, el sistema monetario imaginado en Bretton Woods, julio de 1944, podía considerarse muerto. En la Conferencia de Jamaica, en enero de 1976, los países más importantes decidieron reemplazarlo: a partir de este momento ya no hubo precio oficial del oro y quedaron legalizados los cambios flotantes. El capital de reserva del sistema monetario internacional quedó asegurado por los "derechos especiales de giro", en función de los cuales se señalaron las nuevas paridades de las monedas. El valor de los mismos quedó definido por el conjunto de las de los países industrializados en proporciones variables. La ponderación del sistema atribuyó al dólar un peso equivalente al 30% del total, manteniéndose así parte de la supremacía financiera de los Estados Unidos. Otro sector de las soluciones a la crisis procedió de las decisiones individuales de una de las grandes potencias tomadas primordialmente por motivos derivados del interés nacional. En 1979, el director de la Reserva Federal norteamericana, Volcker, impulsó la decisión final de su Gobierno de atacar la inflación por el procedimiento de limitar la masa monetaria gracias a un incremento sin precedentes en las tasas de interés. De esta manera, los capitales afluyeron a Estados Unidos e hicieron subir el curso del dólar. Este hecho tuvo como consecuencia iniciar un proceso deflacionista y obligó a todos los países a optar por políticas de austeridad. Las economías desarrolladas llegaron al fondo de la depresión, mientras que las del Tercer Mundo, fuertemente endeudadas, vieron aumentar el peso de su carga financiera. Para evitar la bancarrota, tuvieron que acudir a las grandes instituciones financieras internacionales que les obligaron a una política de austeridad en ocasiones dramática. Pero si eso tuvo graves consecuencias políticas en muchos países, al mismo tiempo señaló el comienzo de una recuperación que era una realidad en todo el mundo a mediados de los años ochenta. Por otro lado, en fin, el resultado a medio plazo del incremento de precios del petróleo tuvo como consecuencia el descubrimiento y la explotación de nuevos campos petrolíferos. El crudo de Alaska, Mar del Norte y México entró en el mercado a más de 20 dólares el precio del barril y contribuyó a la rebaja de los precios. La aportación de los nuevos yacimientos vino a suponer una cantidad semejante a lo que se consumía. Por otro lado, también los planes restrictivos del consumo tuvieron un efecto, al menos parcial. En 1980, el consumo de energía disminuyó del 2 al 3%, mientras que en algún año posterior pudo llegar a un 6%. Las cifras, de cualquier forma, no resultan muy significativas, dado que se manifestó una extraordinaria variación entre lo sucedido en unos países y en otros. Además, con el transcurso del tiempo y la disminución de los precios, volvió a producirse un incremento del consumo. Aparte de influir en la aparición del fenómeno lacerante de un paro que, a diferencia de ocasiones anteriores, parecía imposible de solucionar por procedimientos convencionales, la crisis tuvo otras importantes consecuencias sociales. Dio la sensación de producirse la aparición de una nueva división internacional del trabajo, caracterizada por el traslado a nuevos escenarios del centro de gravedad económico. La crisis contribuyó al declinar de la industria tradicional, necesitada de reconversión, y con frecuencia pareció que, en muchos países, se trataba de un fenómeno semejante al que aconteció, por ejemplo, con el traslado del centro del mundo desde el Mediterráneo al Atlántico. Las nuevas industrias de comunicación y la informática aparecieron como relevo de las tradicionales. Por otro lado, la crisis económica contribuyó también a hacer aparecer la del Estado de bienestar. Los límites de éste empezaron a percibirse cuando las Haciendas públicas sufrieron la crisis. En adelante, empezó a entrar en crisis la idea de que la reducción de las desigualdades debía ser un objeto esencial de cualquier política social a desarrollar o de que ese propósito podía cumplirse a partir de los presupuestos públicos. No sólo se hicieron patentes las dificultades de la obra a desarrollar por el Estado en este terreno sino que, además, al llevarla a cabo aparecieron riesgos de corporatismo y de clientelismo. Finalmente, la crisis económica tuvo también repercusiones de carácter político. En Europa, las etapas de fuerte crecimiento habían venido acompañadas por largas secuencias de continuidad política. Ahora apareció una sensación generalizada de ruptura y crisis no sólo en lo económico, sino también en lo político: en Alemania, por ejemplo, el tiempo de crisis provocada por la banda Baader-Meinhof fue el comienzo de los setenta y en 1977 tuvo lugar el asesinato del presidente de los patronos. En Italia, en 1978 apareció asesinado Aldo Moro. Pero quizá más importante que estos problemas, que tan sólo arañaron la superficie de la estabilidad de las democracias aunque parecieran muy graves durante años, la tuvo el relacionado con la evolución de la izquierda. En el momento de la crisis económica, que coincidió con una gran oleada de terrorismo -derivación próxima o lejana del espíritu subversivo relacionado con el año 1968- hubo presagios insistentes de que el mundo de la democracia occidental podía estar entrando en una crisis difícil de superar o incluso insuperable. La realidad fue que las que se presentaban como fórmulas superadoras demostraron con el paso del tiempo no serlo en absoluto, sino que por el contrario la fórmula democrática acabó por expansionarse, debido a que la crisis económica contribuyó a hacer desaparecer de la faz de la Tierra muchos regímenes dictatoriales a partir de los años centrales de la década de los setenta. Incluso con el transcurso del tiempo, esa misma crisis agravaría la situación económica de los países de Europa del Este y, como consecuencia, contribuiría a la crisis del comunismo. Fue el llamado "eurocomunismo" aquella novedad ideológica que pareció cercana a representar una alternativa más nueva a la política vigente a partir de mediada la década de los setenta. Hasta los años sesenta, la relación umbilical mantenida entre la URSS y los partidos comunistas europeos se mantuvo sin fisuras ni problemas, por más que en los medios intelectuales el efecto de la invasión de Hungría, en 1956, fuera ya importante. La de Checoslovaquia, en 1968, produjo mucha mayor insatisfacción -y, por lo tanto, conatos de disidencia- en el seno de los Partidos Comunistas europeos. La URSS trató de mantener la relación con los "partidos hermanos" en idénticos términos, pero ya no fue posible. Una reunión de los Partidos Comunistas europeos en Berlín, en junio de 1976, demostró que con muy contadas excepciones -el Partido Portugués- los Partidos Comunistas de los países democráticos y occidentales estaban a años luz de quienes ejercían el poder en la Europa Oriental. Para ellos resultaban inaceptables tanto la versión hasta entonces vigente del "internacionalismo proletario", que equivalía a servir a los intereses de la política soviética, como el respeto al "socialismo realmente existente" o, más aún, la función dirigente del PCUS. Entre los Partidos Comunistas que quisieron manifestar su independencia de la Unión Soviética el que avanzó de forma más decidida, además de dar la sensación de poder llegar al poder, fue el italiano; así se explica que el "eurocomunismo" como denominación naciera allí. Tenía una cierta tradición original que se remontaba al pensamiento de Gramsci y a la flexibilidad de Togliatti en 1945. Dirigido por Enrico Berlinguer, en las elecciones de 1976 alcanzó un tercio de los votos, pareciendo para muchos la única fórmula alternativa ante un sistema democrático, como el vigente en aquel país, que parecía muy anquilosado. El PCI aceptaba entonces el Mercado Común e incluso la pertenencia de Italia a la OTAN; decía identificarse en exclusiva con los procedimientos democráticos (y sin duda, sus miembros y simpatizantes creían en ellos) e incluso consideraba posible un "compromiso histórico" con la Democracia Cristiana que le llevara a compartir el poder con ella. Esta política nacía de la interpretación de que, en el Chile de 1973, las fuerzas de izquierda habían sido incapaces por sí solas de imponerse a la derecha dictatorial. En posiciones semejantes se situó el mucho menos influyente Partido Comunista español mientras que el francés, por más que aceptara la OTAN y la CEE una vez que suscribió un pacto electoral con los socialistas, caminó con muchas más dudas por esta senda. Fue en los años 1975-1976 cuando el eurocomunismo pareció más activo y prometedor. Estableció entonces un nexo entre socialismo y democracia, pretendiendo que protegería más las libertades que los partidos burgueses y se ofreció como una vía distante al mismo tiempo del Este y del Oeste. Fue mucho más que una vía nacional al comunismo y demostró querer librarse definitivamente de la hipoteca estalinista. Pero sus limitaciones fueron también evidentes. No llegó a abandonar nunca el llamado "centralismo democrático" y, sin duda, fue benevolente con la experiencia soviética, empezando por la propia Revolución de 1917. Pero resultaba inquietante para quienes la dirigían; éstos se beneficiaban entonces mucho más de la actividad de movimientos pacifistas que defendían el desarme unilateral en la idea de que ése podía ser un buen camino para la paz mundial. En realidad, la relación que mantuvo con la URSS fue, si no la de identidad y sumisión, la de quien había mantenido una antigua amistad con ella (Kriegel); nunca pudo ofrecer un solo ejemplo de un país que siendo comunista hubiera acabado por democratizarse. A partir del final de la década de los setenta, en cambio, cuando tuvo lugar la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y se planteó la crisis interna del Estado comunista polaco, el eurocomunismo tuvo que optar entre la demostración de si lo que sucedido con él había sido una táctica o una impregnación de los procedimientos democráticos. En muchos casos, había sido lo segundo pero eso sólo se descubriría con el transcurso del tiempo. También tardaría en demostrarse claramente que una de las consecuencias de la crisis de mediados de los años setenta fue el comienzo de un proceso de democratizaciones que se inició en las dictaduras tradicionales de la Europa mediterránea. En estos países -Portugal, Grecia, España- había existido en el pasado una cierta tradición democrática o liberal aunque en estos momentos hubiera un régimen que nunca fue propiamente totalitario o lo había sido en un pasado remoto. Diversos factores influyeron en que se iniciara el proceso democratizador. Se produjo, en primer lugar y en grados variables, un proceso de transformación económica que cambió o empezó a transformar las arcaicas estructuras que en el pasado habían hecho imposible la existencia de un régimen democrático estable. Incluso más importante fue la quiebra de la legitimidad de los regímenes dictatoriales en un momento en que la democracia se había convertido ya en la ideología hegemónica gracias a los medios intelectuales, periodísticos y universitarios. Influyó en esto de un modo poderoso el cambio producido en el catolicismo a partir del Concilio Vaticano II. El hecho es que, en el período 1974-1977, estos tres regímenes dictatoriales de derecha quebraron de forma muy diferente, incluso jugando el Ejército un papel contradictorio: positivo en el caso de Portugal y negativo en el de Grecia y España. El proceso se inició en Portugal en abril de 1974; de él, puesto que se prolongó bastante, se tratará en un capítulo posterior. Los antecedentes próximos fueron, en el caso de Grecia, la existencia de un conflicto exterior en Chipre que obligó a un régimen nacido en 1967, en el que el Ejército se había autoatribuido un papel esencial, a dejar el poder a la clase política tradicional. Uno de sus miembros llevó a cabo la transición hacia la democracia en tan sólo escasos meses, entre julio y noviembre de 1974. La importancia de este hecho reside en que fue el inicio de una gran olea da de democratizaciones semejante a las que se habían producido en otros momentos de la Historia humana. Este proceso, iniciado en el Viejo Continente, acabaría llegando posteriormente al Nuevo, donde en 1973 sólo dos de cada diez países tenían instituciones democráticas y luego se extendió de nuevo, en Europa, a los países del Este y, en general, por todo el mundo. En 1973, sólo el 32% de los seres humanos vivía en regímenes de libertad; en 1976, la proporción había descendido al 20%, entre otros motivos como consecuencia del estado de excepción impuesto en la India. Pero, ya en los años ochenta, la tendencia favorable a la democratización se había desarrollado lo bastante como para que al final de la década se produjera el derrumbamiento del comunismo. La sorpresa con que fue recibido obedeció a la poca percepción existente sobre los antecedentes. Ni siquiera en los Estados Unidos, la más importante de la democracias, existió conciencia de esta realidad, entre otros motivos porque no habían superado por completo su crisis de polarización interna de fines de los años sesenta.

Entre 1969 y 1975 el régimen instaurado tras la Guerra Civil muestra síntomas de agotamiento. El principal de ellos es el propio decaimiento físico del dictador, junto a las cada vez más visibles tensiones y divisiones en el seno del propio régimen, el creciente distanciamiento de la Iglesia y el aumento de la capacidad de presión de la oposición. La aparición a nivel mundial de una intensa crisis económica y el inicio de una ola democratizadora tras el triunfo en Portugal de la revolución de los claveles (25 de abril de 1974) marcan asimismo este periodo en el que, como si de un círculo se tratase, el régimen construido sobre la Victoria militar y la represión continua acabará haciendo uso de nuevo de medios represivos para tratar de prolongar una larga y penosa agonía.

A fines del año 1922 subió al poder un gobierno de Concentración Liberal que era mucho más el producto de la división del adversario que de la coincidencia de programas. Los liberales lograron unirse bajo un programa común que, en resumen, da la sensación de haber sido inspirado por Melquíades Álvarez. En teoría, se trataba de lograr una amplia democratización de la Monarquía que hiciera inapreciables sus diferencias con la república. Sin embargo, desde un principio permanecieron las diferencias de fondo entre los coaligados y, sobre todo, no quedaron eliminados los procedimientos tradicionales del sistema político de entonces. Las elecciones se llevaron a cabo con idénticos procedimientos de influencia desde el poder o de encasillado -145 actas fueron atribuidas sin lucha- y se mantuvo una profunda inestabilidad como consecuencia de rivalidades puramente personales entre los dirigentes del gobierno. Cuando tuvo lugar el golpe de Estado de Primo de Rivera tan sólo cuatro ministros no habían cambiado de cartera. Lo más grave de los políticos liberales fue la sensación de inconsciencia que dieron respecto al futuro. No parecían haberse dado cuenta de que se aproximaba un golpe de Estado, cuando lo cierto es que tanto la opinión pública como la prensa tenía esa sensación y hacían constante mención de esta eventualidad. Tampoco dieron en absoluto la sensación de estar empeñados en un cambio en la forma de actuar en política. Vivían al margen de la opinión pública, enfrascados en pequeñas contiendas sin sentido alguno. En realidad, el sistema político de la Restauración estaba en plena crisis a la altura del año 1923. Aunque se había producido algún cambio en su seno lo cierto es que éste había sido muy insuficiente y sólo había contribuido a multiplicar la inestabilidad. En las elecciones resultaba cada vez más difícil controlar los resultados desde el poder. Se había producido una proliferación de pequeños grupos que, al exigir una cada vez mayor participación en el poder, favorecían la inestabilidad gubernamental. En el período comprendido entre 1917 y 1923 hubo veintitrés crisis totales y treinta parciales. No puede extrañar que la opinión pública pensara que el Estado iba a la deriva en manos de unos incapaces. Por otro lado, apenas si se puede decir que hubiera una verdadera oposición capaz de convertirse en auténtica alternativa al sistema de la Restauración. En primer lugar el republicanismo había perdido su fuerza y el socialismo la tenía aún muy pequeña. Mientras que los diputados republicanos suponían el 9% del Parlamento en el año 1910, en 1923 eran tan sólo el 2%. Los reformistas de Melquíades Álvarez no pasaban de ser a estas alturas más que una familia del liberalismo. Los radicales eran progresivamente más moderados en sus planteamientos. En Barcelona el voto republicano era superado de forma clara por el de los regionalistas y en Madrid, apenas un 10% estaba por debajo del voto maurista. En cuanto a los socialistas estaban viendo cómo su sindicato se estabilizaba en torno a los 200.000 afiliados. La victoria electoral que consiguieron en Madrid en el año 1923, en realidad, fue el producto de la fragmentación del voto adversario pues estaban por debajo del 15% del electorado. Ni los católicos ni los regionalistas eran capaces tampoco de resultar tan influyentes como para producir un cambio en el sistema político. El tradicionalismo se había adaptado a las realidades de la política de la Restauración. En determinadas zonas -en especial en el País Vasco- había aparecido una derecha de significación autoritaria, pero tampoco llegó a actuar en la vida pública de forma autónoma. El maurismo se convirtió, tras una inicial fase movilizadora, en una familia más del conservadurismo con el agravante de que en absoluto introdujo procedimientos políticos nuevos. Entre 1922 y 1923 hizo acto de presencia en la arena política un Partido Social Popular de significación católica que venía a ser la traducción española de un fenómeno que se daba en el resto de Europa. Sin embargo, no pasó de ser un intento germinal de movilización de los católicos dentro de la vía democrática y reformista en lo social, pues ni siquiera acudió a las elecciones de 1923. Finalmente, en la primera posguerra mundial se produjo una difusión del regionalismo en toda la Península, aunque la consecuencia de esta situación no fue una renovación del sistema político existente. Los grupos regionalistas que hicieron su aparición en Castilla o Andalucía, por ejemplo, no tuvieron verdadera influencia electoral. Hay que tener en cuenta que, en la propia Galicia, el nacionalismo no había pasado aún de una acción cultural a la propiamente política. Además, en aquellas dos regiones con un sentimiento regionalista más desarrollado -Cataluña y el País Vasco- los años veinte trajeron divisiones graves en cuanto a la política a seguir. En Cataluña, por ejemplo, surgió una fuerza política españolista denominada Unión Monárquica Nacional y, al mismo tiempo, se escindió de la Lliga un grupo republicano y juvenil que consideró liquidada la política posibilista emprendida en su día por Cambó. También en el País Vasco la existencia de un sector ultranacionalista, que tuvo su órgano de expresión en la revista Aberri, fue la expresión de una discordancia esencial respecto a las políticas gradualistas. En definitiva, la oposición produce una marcada sensación de impotencia a comienzos de los años veinte. Todas estas fuerzas constituían un testimonio de modernización pero ofrecían un panorama obvio de fragmentación. José Ortega y Gasset señaló, con razón, que a este rasgo había que sumar la marcada tendencia dispersiva de estas fuerzas: cada una parecía guiada tan sólo por su deseo de obtener ventajas para sí misma sin un propósito común. Reivindicaban frente al Estado en un permanente ejercicio de acción directo respecto a él. Al mismo tiempo que éste era el panorama de la vida política, caracterizado por el estancamiento y la sensación de crisis, tenían lugar importantes cambios en la sociedad española. Esta se había modernizado de manera indudable. A la altura del año 1930 el porcentaje de la población activa agraria ya era inferior a la mitad. Hubo también un descenso en la mortalidad infantil y en la natalidad y un incremento de la población urbana, perceptible en el desarrollo de las grandes capitales. Descendió el analfabetismo por debajo del 50% a la altura de 1930 y, en cambio, creció el proletariado urbano, principalmente en Madrid y Barcelona. Todos estos datos ofrecen, por tanto, un panorama de modernización de la vida social española que pueden parecer insuficientes en comparación con otras latitudes pero que, sin embargo, son un testimonio de que la política oficial permanecía estancada mientras que la sociedad española se movía hacia adelante.

En la década de 1930 el signo de las políticas gubernamentales en América Latina comenzaría a cambiar ante los retos de las transformaciones sociales y económicas que se habían producido en las décadas anteriores, lo cual requeriría de un importante consenso social que garantizara la profundidad del giro pretendido. En algunos paísesse implantaron gobiernos dictatoriales que reemplazaron la falta de consenso, mientras que en otros las fuerzas gobernantes tradicionales tenían el suficiente control social como para afrontar tan ardua empresa. Sin embargo, y con independencia del signo político de los gobiernos, los mandatarios acudieron crecientemente a prácticas definibles como populistas, de modo de poder sumar pacíficamente a las grandes masas nacionales a los proyectos de industrialización puestos en marcha, tratando de evitar una agudización de los conflictos sociales que pudieran concluir en un estallido revolucionario. En cada caso el proceso tuvo señas de identidad propias, pero la irrupción de nuevos actores en la escena política se interpretó como el signo evidente de que el viejo orden oligárquico estaba herido de muerte, lo que no significa la desaparición del gran poder de las oligarquías.

Tras la etapa de estancamiento que supuso la llegada al poder de Breznev el período siguiente de la historia de los regímenes soviéticos europeos puede ser definido como el de la crisis. Ya se ha indicado que el estancamiento de la URSS tuvo la peculiaridad de no aparecer en absoluto como un fenómeno tan claro sino que, por el contrario, se desdibujó ante la mirada de los observadores por la simple razón de que la realidad de una difícil situación económica interna quedó oculta tras la apariencia de una expansión exterior que parecía indicar potencia y capacidad de enfrentarse al futuro. Sólo a partir de 1985 la caída con estrépito del sistema soviético ha permitido rastrear esa crisis previa en los datos objetivos de la realidad. De ella lo más importante fue, sin duda, la incapacidad de enfrentarse con una nueva civilización tecnológica así como la obsolescencia económica. Incluso puede añadirse que, puesto que preveía cuál sería el rumbo del futuro, lo más importante que ocurrió durante este período en el sistema soviético sucedió fuera de la URSS. Debe afirmarse, en efecto, que los acontecimientos de Polonia marcaron el paso del posterior desarrollo de la Historia para la Unión Soviética y el conjunto de la Europa del Este. Pero, a pesar de todo ello, bueno será, con carácter previo, hacer una rápida alusión a la sucesión de liderazgos políticos dentro de la clase dirigente soviética antes de la llegada a ella de Gorbachov.

El 5 de mayo, el Gobierno polaco acepta la construcción de la carretera, pero se niega a concederle el estatuto pedido y rechaza la anexión de Danzig al Reich alemán. A partir de este momento se desarrolla una guerra de nervios en la que se mezclan las amenazas alemanas, la decisión polaca de resistir y el estímulo franco-británico para que lo haga. La guerra de nervios termina con un golpe teatral: la conclusión, el 23 de agosto, del pacto germano-soviético. La falta de publicación de la documentación soviética nos impide conocer bien los móviles de Stalin cuando analizamos la marcha de los acontecimientos: a pesar de la sustitución de Litvinov por Molotov, la Unión Soviética continúa las negociaciones con Francia y Gran Bretaña, que tan penosamente comenzaron en abril. Durante los meses de junio, julio y agosto, la negativa polaca a permitir el paso del Ejército Rojo por su territorio paraliza las conversaciones, que quedan en suspenso el 21 de agosto. Pero a comienzos de junio llega a Moscú la oferta alemana de un pacto de no agresión. En agosto se activan las negociaciones y el mismo día 21 las agencias de prensa de los dos países anuncian la inminencia de su firma. Finalmente, el día 23 se concluye el acuerdo público -compromiso de no agresión- y el secreto -el reparto de Polonia entre los dos firmantes y la extensión de la influencia soviética por territorios que había perdido en 1918-. Los móviles alemanes están muy claros: se trata de evitar la consolidación del acercamiento de la Unión Soviética al bloque franco-británico, colocando a éste en una situación que, a lo mejor, le hacía desistir de su apoyo a Polonia. Sin duda, el acuerdo es ventajoso para Alemania, a pesar de que vuelve a poner en contacto sus fronteras con las de Rusia y a pesar de que su firma podía desconcertar a los militantes nazis al apartarse de los planes esbozados en Mein Kampf. También para la Unión Soviética es un acuerdo ventajoso, al permitirle recuperar Finlandia, Letonia, Estonia, Polonia oriental y Besarabia; el bloque franco-británico no le hubiera concedido tanto por su apoyo. Al margen de la responsabilidad soviética al firmar el pacto, es evidente que las noticias de su negociación no inducen a Francia y Gran Bretaña a apresurar su alianza con la Unión Soviética. Por su parte, el Gobierno polaco, a pesar de conocer los riesgos a los que se enfrenta, piensa que es preferible sucumbir ante Alemania que dejar entrar como amigos a los rusos; sin embargo, este Gobierno no tiene en cuenta la eventualidad de que se yuxtapongan las dos dominaciones, la alemana y la rusa. La conclusión del pacto germano-soviético despeja definitivamente el camino hacia la guerra; el día 22, el día antes de concluirlo, Hitler declara a sus generales que la guerra contra Polonia comenzará seguramente el 26 de agosto. Sin embargo, la decisión del Gobierno francés de sostener a Polonia, la declaración italiana de que no podrá entrar en la guerra hasta 1942 ó 1943 y, sobre todo, la firma, el día 25, de un tratado de alianza anglo-polaca, provocan en Berlín un movimiento de retroceso y, en la tarde del 25, Hitler anula la ofensiva fijada para el día 26. A partir de entonces se desarrolla un último intento de negociación anglo-alemana a través de dos conductos: el embajador inglés en Berlín, Henderson, y la acción de un ingeniero sueco llamado Dahlerus. Hitler intenta, en vano, conseguir la promesa de la neutralidad británica mientras Chamberlain admite que las cuestiones de Danzig y del pasillo polaco sean objeto de negociación siempre que, acto seguido, Alemania garantice internacionalmente las fronteras de Polonia abandonando la conquista de nuevos territorios. Hitler, que no desea la negociación, se limita a poner dificultades formulando exigencias que el Gobierno polaco no está dispuesto a aceptar. Finalmente, el Gobierno alemán anuncia la ruptura de las negociaciones y el día 1 de septiembre su Ejército entra en el territorio polaco; dos días después, los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña declaran la guerra al Reich alemán.

La evolución de la economía española durante los últimos años del reinado de Isabel II contribuyó en gran medida a acelerar su deterioro, dada la profunda crisis en que la nación estaba sumida desde 1866. Crisis desdoblada en dos versiones: una moderna, que incidía sobre el sector financiero y el industrial, y una tradicional, en torno a la actividad agraria. La coyuntura resultante, determinada por el bloqueo y la recesión económica, escapaba a todo control de los Gobiernos isabelinos, incapaces de hacerle frente. Las elites económicas decidieron entonces buscar sus propias fórmulas alternativas dentro de las propuestas liberales. Tras un período de bonanza, que se inició en 1856, la recesión se dejó notar ya en 1864 y se agudizó paulatinamente, hasta estallar en 1866. Coincidió en el tiempo con una severa crisis a nivel europeo que, de una forma u otra, repercutió sobre la economía nacional. Sus efectos se concretaron en la paralización del proceso de internacionalización que el capital español había experimentado desde 1856, cuando se legisló la entrada de capital extranjero en grandes dosis, sobre todo para la financiación del ferrocarril. Las inversiones foráneas, principalmente francesas, habían llegado a convertirse en impulsoras no sólo del ferrocarril, sino de otros sectores de la economía española. De este modo cuando la inyección de capital se detuvo y se produjo el estancamiento del negocio ferroviario, dichos sectores cayeron también, ocasionando un crac bursátil. Numerosas empresas y bancos entraron en suspensión de pagos o quebraron, multiplicando una situación de crisis que se agravó aún más con los problemas de la industria textil catalana, muy afectada por la guerra de Secesión norteamericana y por el bajo nivel de consumo interior. Otro elemento de intensificación de la crisis viene del lado comercial, dado que el proteccionismo no era ya más que un estorbo para el desarrollo industrial y la consolidación del mercado interior. Los últimos Gobiernos isabelinos no dieron con la fórmula adecuada para reformar el sistema arancelario, como tampoco acertaron con el reajuste presupuestario, que se había convertido en una necesidad de primer orden. Los habituales problemas hacendísticos habían empeorado considerablemente, provocando un déficit extraordinario, aunque no tanto por lo abultado del gasto como por el escaso nivel de ingresos. Las autoridades tomaron medidas distintas, destinadas, precisamente, a aumentar y acelerar los ingresos por la vía fiscal, sin conseguir cotas de eficiencia. Todos estos factores muestran las tensiones que presionaban sobre la economía española a partir de 1866 y que redundaron en un alarmante aumento de las tasas del paro, afectando a todo el país y a todo el abanico profesional. La economía se vería aún más vulnerada en 1867, cuando sobrevino la crisis agraria. Concluido su ciclo habitual de diez años, la agricultura española se sumergió en una crisis de producción, que se tradujo posteriormente en crisis de subsistencias. En efecto, las crisis decenales clásicas del Antiguo Régimen se habían dado en España en 1804, 1812, 1817, 1823-1824, 1837, 1847, 1856-1857. Comenzó un período de carestía y hambre que repercutió negativamente a corto plazo en la evolución demográfica y colaboró a ensanchar los índices de paro. El precio del trigo y del pan se encareció notablemente, en un momento en el que el poder adquisitivo de la población había descendido sensiblemente. Los repartos de pan promovidos por las autoridades no sirvieron para paliar los efectos de la conjunción de paro y hambre, y la importación de cereal extranjero para combatir la subida de precios no pudo evitar una situación rayana en el desastre. En suma, la crisis económica general fue el desenlace de un proceso de adición y superposición de crisis sucesivas que, a menor escala, habían ido mermando todos los sectores de la economía. Así la crisis política se vio robustecida por la acumulación de tensiones procedentes de los ámbitos económicos.

De todas maneras, la crisis política no tardaría en llegar. Aunque las elecciones de agosto de 1846 volvieron a dar una mayoría más que confortable al Gobierno, las críticas se hicieron generalizadas desde finales de ese mismo año. A la inquietud en los medios obreros, en los que empezaban a penetrar las propagandas socialistas, se unieron las denuncias específicas contra la corrupción reinante, en las que jugó un papel importante el periódico La Presse, del radical E. de Girardin. La actuación de algún político, como fue el caso del ex-ministro Teste, sirvió para concretar ese ambiente de crisis moral.Por otra parte una crisis agraria, iniciada con la plaga de la patata en 1845 y la de los cereales en los dos años siguientes, creó ansiedad sobre el abastecimiento y terminó por colapsar la actividad económica.En ese contexto, la campaña política de quienes pretendían una reforma electoral y parlamentaria fue llevada a la calle desde el verano de 1847. Los reformistas pretendían un régimen de incompatibilidades, que impidiera el alto porcentaje de funcionarios existente en la Cámara de diputados, que se rebajase la franquicia electoral y que las circunscripciones electorales se adecuasen a los cambios demográficos experimentados por Francia, para que acabase el predominio de las regiones del sur, agrarias y fácilmente manipulables por el Gobierno.La campaña, en la que A. de Lamartine y el republicano Ledru-Rollin llegaron a reclamar el sufragio universal, fue ganando intensidad hasta alcanzar un clima casi revolucionario, que preocupaba a muchos. A finales de año, afirmaba Tocqueville en la Cámara: "El sentimiento de inestabilidad que suele preceder alas revoluciones ha alcanzado un nivel temible en este país".Cuando el Gobierno trató de prohibir el banquete final de la campaña, previsto para el 21 de febrero de 1848, se generó la reacción popular. Los periódicos Le National y La Réforme convocaron para ese día una manifestación que se tradujo en un levantamiento popular. La Guardia Nacional se puso del lado de los sublevados y Luis Felipe tuvo que ceder ante los que le exigían la destitución de Guizot. En aquel momento el monarca era ya un hombre de setenta y cinco años, con escasos ánimos de lucha. "El Rey -había escrito unas semanas antes el príncipe de Joinville en una carta- ha llegado a una edad en la que no se aceptan los consejos, pero en la que faltan las fuerzas para adoptar resoluciones viriles".De hecho, la destitución de Guizot no había servido para calmar los ánimos. Luis Felipe abdicaba al día siguiente (24 de febrero) en su nieto, el conde de París, y abandonaba las Tullerías camino de Londres. Pero las masas parisinas habían ya proclamado la segunda República Francesa.

En términos políticos, el derrumbamiento del sistema isabelino vendría provocado por el enfrentamiento entre dos elites políticas y dos formas diferentes de concebir la estructura y los objetivos del Estado. Una, heredada del moderantismo histórico, muy proclive a una concepción patrimonial del poder, con escasa capacidad de respuestas renovadoras ante las transformaciones culturales, económicas y sociales. En suma, una tendencia acusada al inmovilismo y la endogamia, con nulas respuestas acomodantes al conjunto de las demandas sociales. Este sector de la elite política y esta concepción quedaron en parte desplazadas del poder por el dominio de la Unión Liberal de la escena política entre 1856 y 1864, pero, sin embargo, recobrará un protagonismo político excluyente en los últimos años del reinado de Isabel II, colaborando a la irreversibilidad de la crisis dinástica. La otra corriente, procedente del progresismo y del partido demócrata, a la que se irán incorporando desde 1866 sectores de la Unión Liberal, era más receptiva a las demandas del conjunto social, hasta entrar en colisión con el sector anterior y desgajarse paulatinamente del sistema conforme se agudice su inmovilismo. El desajuste estaría provocado, en última instancia, por las resistencias opuestas por una elite tradicional, que había sido la médula del moderantismo, pero cuyo discurso, sus prácticas de gobierno y su adecuación a nuevas situaciones habían quedado obsoletos, hasta suponer una traba para cualquier forma de cambio social. Desde este punto de vista podemos decir que la revolución de septiembre de 1868 se fraguó en el seno de una minoría política. La participación popular se extendería gracias a la acción de la intelectualidad y de los medios de comunicación de la época, incluida la transmisión oral, que difundieron con eficacia el mensaje político. En efecto, así ocurrió en las ciudades, que sólo representaban un mínimo porcentaje de la población. Otra cosa era en el ámbito rural, mucho más vasto, donde el mensaje político caló con dificultad por la mentalidad y el contexto social predominantes. Aquí la comunicación era mucho más lenta y mediatizada por la existencia del caciquismo antropológico y por el púlpito. Todo ello nos hace concluir que el espíritu político de la revolución de 1868 fue un hecho de minorías, localizado en los centros urbanos; la intervención del mundo rural se debió a otros factores de malestar y perseguía objetivos muy distintos, generalmente relacionados con el problema de la tierra y su mala distribución.