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Las consecuencias de la aparición de las masas se extendieron, lógicamente, al ámbito de la política y al funcionamiento del Estado. Ya se verá más adelante cómo la necesidad de responder a las nuevas exigencias sociales cambió la política: desde mediados del siglo XIX, los viejos partidos de notables irían dejando paso a partidos de masas, que apelaban al voto de electorados cada vez más amplios; ideologías de masas, mitos colectivos, "ilusiones universales", como las llamó Mosca (nacionalismo, socialismo), tendrían difusión extraordinaria, tal vez como nuevos factores de cohesión social. La estructura del Estado se transformó. Primero, el Estado fue asumiendo en toda Europa responsabilidades cada vez mayores en materias sociales y económicas. Segundo, el tamaño mismo de la maquinaria del Estado creció espectacularmente, como consecuencia de sus nuevas y crecientes funciones. El Estado intervino decididamente en el ámbito de la educación. Lo venía haciendo a lo largo de todo el siglo, con la excepción de Gran Bretaña, donde los poderes públicos apenas si prestaron atención a la cuestión hasta 1867. En Francia, por ejemplo, el sistema estatal de educación (escuelas primarias, bachillerato, universidad, expedición de títulos, formación y selección de profesores) fue creado por Napoleón en 1808. Pero fue en el último tercio del siglo XIX cuando, como respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, la mayoría de los países europeos, y algunos no europeos, como Japón, crearon sistemas más o menos eficaces y amplios de educación pública. En Francia, ello fue consecuencia de la derrota ante Prusia en septiembre de 1870, que muchos dirigentes del régimen nacido de aquella derrota, la III República (1871-1940), atribuyeron al excesivo peso que la educación católica tenía en el país. Las medidas de Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública, entre 1879 y 1884 y jefe del Gobierno en 1880-81 y 1883-85, hicieron la educación primaria gratuita, laica y obligatoria para todos los comprendidos entre 6 y 13 años. La enseñanza de la religión quedó prohibida en las escuelas públicas y se secularizaron las Escuelas Normales para la formación de maestros. Paralelamente, el Estado inició una activa política de construcción de nuevas escuelas, continuada durante años. El maestro -120.000 en 1914- vino a ser el símbolo de la República; la escuela, la base de una educación científica, secular y patriótica. El nuevo sistema seguía teniendo obvias limitaciones. El bachillerato, voluntario y controlado por el sector privado, continuaba siendo un factor de discriminación social en favor de las clases medias y acomodadas: en 1900, por ejemplo, había sólo 98.700 estudiantes de bachillerato frente a los 5,5 millones de niños en la enseñanza primaria. La enseñanza, e incluso el acceso a la universidad, continuaron primando el estudio del griego y del latín (al menos hasta las reformas de 1898-1902). La República promovió la educación femenina para impedir la influencia de la Iglesia en ese ámbito, pero la formación de las mujeres tendía a ser breve, terminaba en general hacia los 15 años, y se orientaba a la preparación de la mujer para el matrimonio y la maternidad, y en todo caso, la excluía de hecho de cualquier aspiración profesional y universitaria: sólo 28.200 alumnas estudiaban el bachillerato en 1913. Pero, con todo, lo hecho fue notable. La escolarización de alumnos de primaria fue casi total. El número de alumnos en enseñanza secundaria pasó de 98.700 en 1900 a 133.000 en 1913; el de estudiantes universitarios de 29.900 a 42.000 en el mismo tiempo. El indudable prestigio social que alcanzaron algunas escuelas técnicas -ingenieros, minas, Politécnica, Ciencias Políticas, comercio, ciencias- y ciertas facultades, como los centros para la formación de los cuerpos especiales de la Administración, evidenciaba el cambio que se había operado. El caso francés no fue, además, excepcional. En Alemania, dotada de un eficiente sistema educativo desde las reformas de Humboldt a principios del siglo XIX, la escolarización en la enseñanza primaria era tan alta como en Francia (alcanzaba a 10,3 millones de niños en 1910) y muy superior, en enseñanza secundaria (1 millón de estudiantes en 1910) y universitaria (unos 70.000 estudiantes en el mismo año). También era superior el prestigio de sus universidades y escuelas técnicas superiores -Berlín, Leipzig, Heidelberg, Friburgo, Marburgo y otras, hasta un total de veintiuno-, cuyos sistemas de enseñanza a base de doctorados, seminarios, institutos, laboratorios de investigación y publicaciones científicas se convirtieron en el modelo que pronto se imitaría en todo el mundo (entre otras razones porque se creyó, con razón, que la pujanza de sus universidades era una de las razones del desarrollo económico e industrial de Alemania). Ni siquiera Gran Bretaña fue excepción, a pesar de que allí la educación había sido tradicionalmente iniciativa y responsabilidad o privada o local. También en ese país el esfuerzo educativo del Estado fue evidente. El gasto en educación se cuadruplicó entre 1880 y 1910. Una ley de 1880 hizo obligatoria la enseñanza para todos los niños comprendidos entre 5 y 10 años: en 1901, la escolarización para esas edades era del 89,3 por 100. Incluso se atendió, por ley de 1893, a sectores, como los niños ciegos y sordos, secularmente abandonados en aquél y en otros países. La Ley General de Educación de 1902 -aprobada por el gobierno conservador de Balfour con la fuerte oposición de muchos grupos religiosos- reguló la enseñanza secundaria, caótica e "ineficaz", según el propio primer ministro, y la puso bajo el control de las autoridades locales (aunque no se unificaron los planes de estudio en un solo tipo de enseñanza secundaria y no se alteró la ascendencia del sector privado: las clases altas continuaron educando a sus hijos en Eton, Harrow, Winchester, Westminster, Rugby y otras de las llamadas paradójicamente "escuelas públicas"). Así, el número de estudiantes de enseñanza secundaria se duplicó entre 1905 y 1914. En 1911, el 57,5 por 100 de los niños entre 12 y 14 años estaba escolarizado. Se crearon, igualmente, nuevas universidades en Birmingham (1900), Manchester, Liverpool y Leeds (1903-04), y centros de estudios superiores, como la Escuela de Economía de Londres (1895). Pero sólo el 1,5 por 100 de los jóvenes de entre 15-18 años estaba escolarizado en 1911, y la Universidad seguía siendo privada -aunque existiesen sistemas de becas y subvenciones-, y altamente minoritaria y selectiva: Oxford tenía 4.025 estudiantes en 1913-14; Londres, 4.026; Cambridge, 3.679. En la Universidad estudiaban (1913-14) sólo 19.458 estudiantes; en todas las formas de enseñanza superior, 59.000 (1922). Los países atrasados hicieron también un esfuerzo considerable. En Italia, donde desde 1859 los ayuntamientos debían mantener al menos una escuela pública, la educación primaria fue obligatoria desde 1888. Aunque en muchas regiones la disposición apenas si pudo cumplirse, la tasa de analfabetismo bajó del 61,9 por 100 en 1881 al 48,7 en 1901 (aunque en el Mezzogiorno y Sicilia superaba el 70 por 100). El número de estudiantes de enseñanza secundaria (técnica y clásica) pasó de 120.000 en 1901 a cerca de 190.000 en 1912; el de universitarios, de 18.000 en 1890 a 29.000 en 1915. En Rusia, donde la tasa de analfabetismo de la población rural adulta era del 75 por 100, donde tanto el Estado como la Iglesia habían desconfiado tradicionalmente de la educación popular, y donde nada se hizo hasta la revolución de 1905, había en 1914 unas 50.000 escuelas -con 3 millones de estudiantes y unos 80.000 maestros-, y 11 universidades con 40.000 estudiantes. El Estado asumió, también, responsabilidades sin precedentes en materia de protección y seguridad social. La legislación atendió inicialmente a la regulación de las condiciones del trabajo, y a la previsión frente a accidentes, enfermedades y ante la vejez. Aunque en muchos países europeos existían desde la primera mitad del siglo XIX disposiciones de distinto tipo y rango que regulaban cierto tipo de trabajos -el de las mujeres y los niños, preferentemente- y la misma actividad laboral (como la jornada de trabajo en muchas minas), el hecho decisivo fue la legislación introducida en la década de 1880 por el canciller alemán Otto von Bismarck. Deseoso de responder al avance socialista en su país y de ofrecer contrapartidas a la prohibición del Partido Socialdemócrata decretada en 1878, Bismarck creó el primer sistema general de Seguridad Social de un Estado moderno: en mayo de 1883, aprobó una Ley de seguro de enfermedad, financiado por trabajadores y empresarios; en junio de 1884, la Ley de seguro contra accidentes, costeado por los empresarios; y en mayo de 1889, la Ley de seguro de invalidez y de vejez, financiado por empresarios, trabajadores y el propio Estado. Los trabajadores quedaban, así, asegurados contra la enfermedad y el accidente, y se creaba un sistema de pensiones para su jubilación. El modelo alemán tuvo repercusiones inmediatas en toda Europa. Muchos países introdujeron medidas similares a partir de 1890. En Inglaterra, una ley de 1897 hizo a los industriales responsables de los accidentes laborales de sus trabajadores. Dinamarca creó un sistema de seguros de enfermedad y de pensiones en 1891. En Italia, se estableció en 1898 un seguro de accidentes para trabajadores industriales costeado por los empresarios y se creó un seguro estatal, no obligatorio, de vejez; en 1910, se estableció un fondo de maternidad por el que el Estado pagaba una pequeña cantidad a cada mujer por aquel concepto. En Francia, se aprobó una ley de accidentes de trabajo en el mismo año que en Italia, 1898. La ley de pensiones de jubilación para obreros y campesinos fue algo posterior, pero de aquellos mismos años: se aprobó el 5 de abril de 1910. Austria, Bélgica, Noruega, Holanda, Suecia, Suiza crearon, también entre 1900 y 1914, distintos sistemas para asegurar a los trabajadores contra el accidente, la enfermedad y la vejez. Gran Bretaña fue aún más lejos. Bajo la influencia de lo que por entonces se llamó "nuevo liberalismo" -un liberalismo social-, el gabinete Asquith (1908-1916), que tenía en David Lloyd George, ministro de Hacienda, al inspirador de las reformas, aprobó en enero de 1909 una Ley de pensiones que estableció una pensión de jubilación para todos los trabajadores mayores de 70 años que no llegasen a un determinado nivel de renta; y luego, en diciembre de 1911, una Ley de Seguros Nacionales que creó un seguro obligatorio para trabajadores contra la enfermedad, y un seguro de desempleo (para ciertos oficios y por un tiempo máximo de 15 semanas). Finalmente, el Estado y las administraciones locales -pues, hacia 1914, servicios como el agua, el gas, los tranvías, los cementerios, los mataderos, algunos hospitales, bibliotecas, baños públicos y similares, estaban municipalizados en casi toda Europa- fueron adquiriendo un papel económico directo más significativo. Fue menor, si no mínimo, en los países más industrializados: antes de 1914, los gastos del Estado en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania eran inferiores al 10 por 100 de la renta nacional. Pero en los países más atrasados, o llegados tarde al desarrollo, el papel del Estado fue mucho mayor y pudo llegar al 20-30 por 100 de la renta nacional. En Rusia y Japón, el Estado fue el verdadero motor de todo el proceso de industrialización, a través de la construcción de factorías siderúrgicas y de las redes de ferrocarriles, de la nacionalización del crédito, de la concesión de contratos gubernamentales y subvenciones a las empresas nacionales y de la protección arancelaria. En Italia, el gobierno tomó la iniciativa para la construcción de los altos hornos de Terni (1884); hacia 1905, el 80 por 100 de los ferrocarriles eran del Estado. Las líneas telegráficas y el servicio de correos de casi todo el continente eran de propiedad y gestión estatales; los teléfonos, que en casi todos los países habían sido instalados inicialmente por empresas privadas, fueron pronto nacionalizados (quizás, con las excepciones, en Europa, de Dinamarca y Noruega). Todo ello -educación, legislación social, intervencionismo económico, municipalización de servicios- conllevó un aumento considerable de los presupuestos estatales y locales, y supuso modificaciones a veces sustanciales en las políticas fiscales y recaudatorias. El caso más trascendente fue el británico. Asquith tuvo que disolver el Parlamento y convocar elecciones por dos veces en 1910, para forzar el levantamiento del veto que la Cámara de los Lores había puesto al presupuesto popular del ministro Lloyd George quien, a fin de hacer frente al incremento del gasto público provocado por la nueva legislación social, había introducido el impuesto sobre la renta y la herencia, y elevado las cargas fiscales sobre monopolios y plusvalías de la tierra. El resultado fue la derrota total y el fin del poder de la Cámara alta, bastión de la aristocracia hereditaria. El nuevo papel del Estado provocó, paralelamente, como quedó dicho, un desarrollo sin precedentes de las maquinarias administrativas públicas. El número de funcionarios -sin incluir las fuerzas armadas- pasó en Gran Bretaña de 81.000 en 1881 a 153.000 en 1901 y a 644.000 en 1911; en Francia, de 379.000 a 451.000 y 699.000 (también en los años citados); en Alemania, de 452.000 en 1881 a 1.159.000 en 1911; en Italia, de 98.354 en 1882 a 165.996 en 1914; el censo ruso de 1897 cifraba en 225.770 las personas empleadas en la administración, los tribunales y la policía, pero el total de empleados públicos podía ser, en vísperas de la I Guerra Mundial, ampliamente superior al medio millón; en cualquier caso, la burocracia zarista era lo suficientemente relevante en la vida nacional como para que Gogol, Tolstoi -en la figura de Karenin- y Chejov hicieran de ella un tema literario. Ello fue lo que llevó a Max Weber (1864-1920), el sociólogo e historiador alemán, catedrático de economía política en las universidades de Friburgo, Heidelberg y, tras una crisis nerviosa de casi veinte años, de Munich, a ver en la racionalización burocrática una de las tendencias inevitables y necesarias de la sociedad moderna. Weber, hombre de formación liberal, gustos urbanos y confesión protestante, ajeno al mundo católico y a los medios rurales y aristocráticos alemanes, pensaba que la burocratización y el poder organizativo definían al capitalismo avanzado (y creía que la tendencia se reforzaría bajo los sistemas socialistas). Entendía, así, que las burocracias constituían, o llegarían a constituir, un poder social dominante e independiente, que amenazaría a la larga las mismas libertades individuales en nombre de la razón y del bienestar administrativo: la "dictadura de los funcionarios"- escribió-, no la del proletariado, es la que avanza. El crecimiento del Estado y de la burocracia profesional y especializada -y la creciente profesionalización de la sociedad- fueron hechos comunes a toda Europa, y a Estados Unidos y Japón, desde la segunda mitad del siglo XIX. Más aún, la progresiva ocupación de la maquinaria del Estado por profesionales y expertos especializados en las ciencias y normas de la Administración, y en el manejo y conocimiento de la copiosísima y compleja normativa legal, constituyó una verdadera revolución, impersonal y no dramática. Fue al hilo de ese proceso como el Estado se transformó en un órgano de gestión de los intereses generales de la sociedad y dejó de ser -si es que lo había sido- un mero instrumento de dominación. Weber era pesimista al respecto, al extremo de argumentar que sólo mediante la impregnación "cesarista" del poder político democrático, mediante el liderazgo carismático de los dirigentes políticos en apelación directa a los electorados, podría el poder imponerse y controlar a la burocracia y garantizar las libertades sociales. Pero el nuevo papel del Estado en la edad de las masas contribuyó a crear una nueva cultura democrática. El Estado intervencionista, sometido al control parlamentario de los electorados populares, fue a medio y largo plazo, y a pesar de su progresiva burocratización, el instrumento de integración social de la sociedad contemporánea, el vehículo para la regulación más o menos ordenada de conflictos y tensiones, y una poderosa palanca para la reforma de la sociedad y la redistribución de la riqueza. Tal como vio Weber, la edad de las masas y de la burocracia conllevó, contra lo que pudo creerse, la aparición de personalidades y líderes carismáticos. En muchos casos -Hitler, Mussolini, Stalin-, ello tuvo efectos desastrosos para la democracia. En otros - Lloyd George, Jaurès, Roosevelt-, las consecuencias fueron, en cambio, positivas. Finalmente, hubo casos, como los de los países escandinavos, Suiza, Holanda o Bélgica, en los que la burocratización, las masas y la democracia confluyeron en órdenes políticos comparativamente consensuados y tranquilos, bajo el liderazgo de políticos discretos y competentes pero de personalidad por lo general poco acusada. En todo caso, los problemas de la sociedad de masas se harían más visibles después de la I Guerra Mundial. Antes de ésta, y como quedó dicho al principio, una mayoría de europeos probablemente sólo veía en la evolución de su época motivos para la autosatisfacción y la confianza. Por ejemplo, en las muy populares novelas y ensayos del escritor británico H.G.Wells (18661946) La máquina del tiempo, El hombre invisible, Los primeros hombres en la luna, y muchas otras- alentaba un humanismo de base racionalista que veía en la ciencia la solución a los problemas de la humanidad y la esperanza para un mundo unido y en paz. Los elegantes retratos que de la aristocracia y alta burguesía de la "belle époque" europea y norteamericana hicieron pintores de exquisito gusto convencional y calidad técnica extraordinaria como John Singer Sargent, Giovanni Boldini y Phillip de Laszlo, expresaban la seguridad que las clases dirigentes tenían aún en sus valores, estilo de vida y prestigio social. Sargent, concretamente, el Van Dyck de su tiempo, como le llamó Rodin, pintó más de 800 retratos, todos bellísimos. La I Guerra Mundial destruyó aquella época elegante y Sargent mismo habría de dar fe de ello en su gigantesco cuadro Gaseados (1918-19), en el que mostraba a centenares de soldados británicos y norteamericanos muertos o cegados por el gas en un combate de aquella contienda. La "belle époque" fue, como se ha visto, una época dinámica y de cambio, y llena de contradicciones y problemas. Pero alguien como Thomas Mann (1875-1955), el escritor alemán, se felicitaba de haber vivido en ella, de haber respirado en aquella atmósfera: "no es poca ventaja -escribió- haber pertenecido todavía al último cuarto del siglo XIX, ese gran siglo".

En 1587 los turcos habían dividido el Maghreb en tres provincias, Trípoli, Túnez y Argel, que no eran sino regencias gobernadas por pachás. En el siglo XVIII los representantes del sultán de Turquía en estos territorios tendrán muchos problemas para imponer o hacer respetar su autoridad. El jefe electo de los jenízaros, el dey de Argel, el bey de Túnez y de Trípoli llegarían a prohibir la entrada de todo enviado por la Sublime Puerta a ejercer las funciones de pachá. Los gobernadores y más tarde los soberanos independientes de las provincias norteafricanas, renunciaron a la conquista de los territorios limítrofes y se limitaron a mantener la dominación de su clase social, la aristocracia jenízara. La Regencia de Argel presentaba el más acentuado peso rural y el carácter ciudadano más débil. En la cúspide social, la casta militar turca constituida, sobre todo, por mercenarios orientales, pero también por renegados, defendía celosamente sus privilegios mediante una política exclusivista. Este cuerpo cerrado mantenía en su seno una disciplina estricta y hacía reinar en él una cierta igualdad: en las asambleas todos tenían derecho a hacer uso de la palabra y cualquier jenízaro podía acceder al cargo supremo de dey. La política de esta casta era, evidentemente, guerrera. En el interior, expediciones regulares recorrían el país para recaudar los impuestos y mantener el orden turco. Pero las poblaciones montañesas, kabilas, y las tribus del Sur se encontraban en perpetua revuelta contra éste. Así, una preocupación constante del régimen era contener a los insumisos o neutralizarlos mediante el recurso a estrategias variadas. Frente al exterior la guerra era igualmente frecuente. En el mar el corso hacía estragos, pero estaba en neto retroceso a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Contra los vecinos del Oeste y del Este se dirigían expediciones para obtener botín y reducir la influencia de soberanos considerados como árabes. El régimen argelino no dejó de evolucionar en la primera mitad del siglo XVIII. Con respecto a Estambul, en cuyo nombre gobernaba y guerreaba la milicia militar, se aflojaron los lazos, reduciéndose a una soberanía totalmente teórica. El poder evolucionaba en torno a una monocracia y hacia la estabilización. Poco a poco, los intereses mercantiles fueron imponiéndose a los dirigentes argelinos; a menudo en contra de la opinión de los jenízaros y de las poblaciones rurales. Pero los ingresos proporcionados por el comercio permitieron a los dirigentes liberarse de la tutela de la milicia y practicar una política menos estrechamente dominada por los intereses y los puntos de vista militares. Esta evolución se consolidaría aún más en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas dos tendencias que hemos encontrado en la Regencia de Argel se presentan con mayor claridad aún en la de Túnez. El país era diferente: relieve mediano y fáciles comunicaciones, viejas tradiciones ciudadanas y sedentarias, relativa apertura al comercio mediterráneo. Todos estos elementos contribuían a reforzar la posición de los cuadros de las ciudades y a que la disidencia beduina y bereber fuese más fácil de absorber. En el siglo XVII, los dirigentes turcos, utilizando a los notables locales, pudieron domeñar a las tribus del interior, pero al mismo tiempo sufrían la influencia de estos notables. Los kulughli fueron los intermediarios natos entre turcos y autóctonos. Precisamente, uno de estos kulughli, Hussein ben´ Ali, tomó el poder en Túnez en 1705 y fundó una dinastía seminacional perdurable. El nuevo bey Hussein (1705-1740) restauró el orden fuertemente perturbado desde 1675. Relegando a los turcos a tareas puramente militares y a sus representantes, pachá o dey, a un simple papel honorífico, se apoyó en los kulughli, los notables locales, letrados, negociantes, morabitos o jefes de tribu y logró así una centralización relativamente avanzada. Hacia 1725 emprendió una vasta operación de censo de personas -más exactamente de los jefes de familia- y de los bienes imponibles en los campos tunecinos. Intervenía con éxito en la vida local de las mayoría de las comunidades rurales y el sistema tributario funcionaba a pleno rendimiento. Pero estas intrusiones no dejaron de ocasionar descontentos. Los apoyos naturales del régimen, los jenízaros turcos, estaban resentidos contra el bey por haberlos apartado de las decisiones importantes, y los notables locales, privados de una parte de los beneficios de la explotación del país, se apartaban del soberano. La coyuntura económica también tuvo su papel en el estallido de la revuelta dirigida por el propio sobrino del bey Alí Pachá, en 1728, aunque hasta 1740 no pudo acabar con su tío Hussein, apoyado por las ciudades del Sahel y numerosas tribus. Habiendo, por fin, conquistado el reino por la fuerza de las armas, Alí Pachá (1735-1756) prosiguió la política de su tío con una intransigencia aún mayor. Con el fin de controlar más eficazmente el comercio de grano, se apoderó de la factoría genovesa de Tabarca y de la francesa de cabo Negro en 1741. En el campo e incluso en las ciudades ejerció monopolios comerciales con el mayor rigor. La acumulación de errores, la usura del régimen y una mala coyuntura del precio del trigo, dieron al traste con el régimen. Los hijos de Hussein ben' Alí se apoderaron de la capital y recuperaron, a cambio de un tributo a Argel, el trono de su padre. La Regencia de Trípoli, la provincia turca más desheredada, experimentó, paradójicamente, la evolución hacia un régimen estable. Centrada en la provincia de Tripolitania, la regencia estaba compuesta por ciudades costeras, ciudades caravaneras y poderosas tribus, a las que el poder no podía ni ignorar, como en Marruecos o Argel, ni dominar, como en Túnez. Las tribus jugaron un papel activo en la vida tripolitana. Otra originalidad de esta regencia era la vitalidad del comercio transahariano que, a cambio de la pacotilla europea, llevaba a Trípoli polvo de oro y entre 2.500 y 3.000 esclavos al año. Este comercio alimentaba los intercambios con Oriente y con ciertos puertos italianos como Livorno o Venecia. En 1711 el poder turco fue abatido con más claridad que en Túnez. El representante de Estambul, Jalil Pachá, fue muerto y los oficiales de la milicia turca asesinados. Un kulughli totalmente arabizado, Ahmad Qaramânli, apoyado por notables indígenas de Trípoli y por ciertas tribus, se instaló sólidamente en el poder, sin llegar, sin embargo, a rechazar la adhesión otomana. Gracias a sus apoyos indígenas, y a los ingresos procedentes del comercio a larga distancia, el régimen se estabilizó rápidamente. El primer Qaramânli reinó hasta 1745 y después legó el poder a su hijo, Mohammed, sin dificultades. A la muerte de éste, en 1754, su hijo primogénito Alí le sucedió pacíficamente, abriendo un reinado de unos cuarenta años.

Cambios de humor en Juana de 1496 a 1509

Situados en el centro de la península, comprendían un vasto territorio de 24.000 kilómetros cuadrados distribuidos entre las regiones del Lacio, la Umbría, la Marca, las Legaciones de la Romaña, Bolonia y Ferrara, con las ciudades de Benevento y Pontecorvo, lindantes con el reino de Nápoles, habitado a comienzos de la centuria por más de 300.000 personas. A nivel político se gobernaban por un sistema muy peculiar, parecido a una monarquía teocrática donde el sistema electivo permitía la aparición de facciones y grupos dentro de la Iglesia, así como interferencias de las naciones católicas europeas en los cónclaves. La administración estaba muy centralizada y burocratizada aunque pervivían ordenamientos particulares en algunas ciudades -Bolonia hasta 1780 tuvo su propio Senado y un embajador ante el Papa-, y los cardenales enviados a provincias acumulaban poderes casi ilimitados, además de subsistir un poder feudal y poderoso en algunas zonas, en la que se instauró un sistema absolutista. Un grave problema que hubo de afrontarse en esta época fue el permanente déficit financiero debido a la crisis económica, cuando además el dinero que venia a Roma procedente de los Estados nacionales había sufrido un profundo recorte por los gobiernos regalistas, y la incapacidad de aquéllos de adoptar medidas urgentes que acabaran con la situación. Otro problema constante fue las relaciones del Papado con los Estados europeos, condicionadas por dos factores: la presión de las potencias extranjeras en los asuntos italianos y la conversión de Italia en escenario bélico cada vez que estallaba un conflicto internacional con sus secuelas subsiguientes (por ejemplo, en el curso de la Guerra de Sucesión polaca se rompen las relaciones con Nápoles, Madrid y Lisboa), y la creciente pérdida de influencia de la Iglesia en Europa por la irrupción del regalismo y los avances del laicismo. Este segundo factor, nuevo en el período, origina momentos de tensión ante determinados problemas e incluso triunfos claros de los Estados laicos como cuando se disuelve la Compañía de Jesús en 1773. Clemente XIII (1730-1740) adoptó medidas importantes en este terreno: atención a los transportes y comunicaciones, agricultura y comercio. Se firmó un acuerdo comercial con el Imperio. Se creó el puerto franco de Ancona (1732) para intensificar los intercambios en el Adriático, construcción de un canal para la navegación del Po e intentos de hacer navegable el Tíber. Grandes obras públicas (caminos, puertos y canales). Esta política económica fue acompañada de una política de difusión de la cultura. El estallido de la Guerra de Sucesión polaca interrumpió el proceso reformador al aparecer en su territorio ejércitos extranjeros que gravaron a la población con impuestos, espolios de bienes y reclutamientos forzosos, lo que provocó un enorme descontento que explotó en sublevaciones y tumultos. Benedicto (1740-1758), personaje muy culto, especialista en Derecho Canónico, y una de las figuras más sobresalientes de la época, prosigue la obra reformadora del anterior: mejoras urbanísticas y administrativas; unificación y saneamiento de los oficios de Tesorería, Hacienda y Contabilidad; adopción del libre comercio de los granos; política de obras públicas (saneamiento y desecación de pantanos en zonas infectadas de paludismo), saneamiento de la moneda, etc. Pero sería sobre todo Pío VI (1775-1796) el que llevó a cabo una obra de verdadera renovación en el campo agrícola y financiero: saneamiento del Pontino palúdico; realización de un catastro (1775) para obligar a pagar a los propietarios de tierras; reforma tributaria que preveía la supresión de inmunidad fiscal de los grupos privilegiados y la introducción de un impuesto general para toda la población (no llegó a hacerse por la resistencia que levantó); abolición de las aduanas y peajes internos en 1793 y adopción del libre comercio.

El testamento de Sancho el Mayor de Navarra (1035) se atuvo a unos criterios patrimonialistas en cuanto se produjo la división de sus Estados. Sin embargo, en la mente del monarca estaba el mantener una cierta cohesión basada en un bloque vascón o vasconizado fuerte en manos de su primogénito García: un reino de Navarra considerablemente expandido. En sus flancos quedaban, en manos de los otros hijos, unos Estados más modestos: los condados de Castilla y Aragón (que algún tiempo después se erigirían en reinos) y, más en Oriente, los de Sobrarbe y Ribagorza. Poca vigencia tendría el diseño de este mapa. El gran beneficiario de los cambios seria Fernando de Castilla. Vencedor de los leoneses en Tamarón (1037) se haría con el control de este reino por vía de consorte. Vencedor asimismo de García de Navarra en Atapuerca (1054), Castilla conjuraba el peligro de expansionismo navarro. Las brillantes campañas contra los musulmanes, especialmente en el Norte de Portugal -Coimbra cae en 1064-aseguraron a Fernando I de Castilla y León una autoridad incuestionada en el conjunto peninsular. La división de sus Estados a su muerte (1065) fue un hecho realmente traumático saldado unos años más tarde con la supervivencia política de uno de sus herederos: Alfonso VI, el emperador de las dos religiones tras su conquista de Toledo en 1085. La ocupación de esta urbe -por más que atrajera la contundente réplica militar de los almoravides del Norte de África- tuvo un extraordinario valor. Suponía un paso más en la materialización de ese sueno de restauración neogótica que había anidado ya en la corte de los reyes astures. A su muerte en 1109, Alfonso VI dejaba unos Estados considerablemente ampliados pero también pesadas hipotecas: la recuperación militar islámica que hacía muy vulnerable la línea del Tajo, y un crispado problema sucesorio. La "Historia Compostelana" se haría lenguas de las disputas entre su heredera Urraca y su segundo esposo Alfonso I de Aragón. Importantes revueltas urbanas (Sahagún, Compostela...) enrarecieron más aún el panorama. Este sólo se despejaría cuando un hijo de Urraca y de su primer marido (Raimundo de Borgoña) tomase con firmeza las riendas del poder a partir de 1127: Alfonso VII. Aparece este monarca como el último representante importante del sueño imperial leonesista. En 1135, en efecto, era coronado solemnemente como emperador en la catedral de León ante una gran asamblea de magnates. Era, sin embargo, el cenit de un viejo ideal: por los mismos años y en el flanco occidental del Estado castellano-leones, el condado de Portugal manifestaba ya veleidades abiertamente secesionistas. De hecho, a partir del acuerdo de Valdevez de 1141, Alfonso VII reconocía a su primo Alfonso Henriques de Portugal un amplísimo margen de autonomía en sus dominios. Alfonso VII repetiría el mismo gesto testamentario que Fernando I. Ello provocó el que Castilla y León tuvieran monarcas independientes a lo largo del medio siglo siguiente. Los dos reinos (Castilla con Sancho III y luego con Alfonso VIII; León con Fernando II y más tarde con su hijo Alfonso IX) tuvieron que pugnar con un enemigo común a todos los Estados hispano-cristianos: los almohades del Norte de África, frenados definitivamente en la batalla de Úbeda (Las Navas de Tolosa) en 1212. Tuvieron también que atender los problemas suscitados en otras áreas fronterizas. En el caso de León, con un Portugal que aspiraba a ser un reino en pie de igualdad con sus vecinos leoneses. En el caso castellano, con la monarquía aragonesa y con un reino de Navarra que, desde principios del siglo XIII, vio perder su dominio sobre las provincias Vascongadas. La fijación de unas líneas de frontera que se deseaba fueran lo más estables posibles, favoreció un intenso proceso de repoblación interna. Se ampliaría con otro en la franja costera cantábrica. A la muerte de Alfonso VIII en 1214 la nueva unión de Castilla y León aún se haría esperar. En el segundo de estos reinos siguió gobernando su primo Alfonso IX hasta su muerte en 1230. Berenguela de Castilla desempeñaría al lado de su hijo Fernando un papel similar al que su hermana Blanca estaba cumpliendo junto a Luis IX de Francia. La energía y los buenos oficios de esta mujer lograron, a la postre, que los reinos de Castilla y León quedasen definitivamente bajo la autoridad de un solo monarca: Fernando III que, como su primo francés, acabaría también siendo elevado a los altares. Desde 1230, por tanto, el bloque castellano-leones, el mayor beneficiario hispanocristiano de la expansión hacia el Sur, se va a convertir en la gran potencia peninsular. Su solidez se puso a prueba en el reinado del sucesor de Fernando, Alfonso X, plagado de luces y sombras. Monarca reconocido como promotor cultural, su actividad política se saldó con graves fracasos. La expansión hacia el Sur obtuvo parcos resultados y aún tuvo que sofocar una grave revuelta de población mudéjar de los territorios recientemente incorporados a la Corona castellana. Su sueno de acceder al trono imperial alemán se saldó con un enorme fiasco y el dispendio de enormes sumas. Las querellas con aragoneses y portugueses no le supusieron beneficio sustancial. Los primeros síntomas de la crisis económica que empezaba a sacudir a Europa se dejaron sentir también en la Corona castellana. Los últimos años de reinado de Alfonso X quedaron marcados por su mortal enfrentamiento a su hijo Sancho con motivo de la sucesión al trono. Este era el segundogénito pero trataba de imponer sus derechos por encima de sus sobrinos -hijos del primogénito fallecido- los llamados Infantes de la Cerda. Sancho IV fue proclamado rey en 1284 y mostró dotes de buen gobernante: frente a los musulmanes granadinos y sus aliados benimerines del Norte de África defendiendo las posiciones del Estrecho; frente a una nobleza levantisca cuya cabeza, Lope Díaz de Haro, fue eliminado; y frente a los Infantes de la Cerda quienes, reclamando sus derechos al trono, no dudaron en recabar el apoyo militar aragonés. Sancho moría prematuramente en 1295. Dejaba en principio una negra perspectiva con un menor, Fernando IV, en el trono. La reina madre Maria de Molina sería quien con extraordinaria energía y el apoyo de las ciudades logrará mantener a raya la situación hasta la proclamación de la mayoría de edad de su hijo en 1301. El joven monarca logró, por la vía del acuerdo, solventar el contencioso con los aragoneses (a su esfera pasaba a integrarse el norte del reino de Murcia, correspondiente a la zona alicantina) y con los Infantes de la Cerda. La gran operación conjunta antiislámica proyectada por aragoneses y castellanos dio escaso fruto y, además, en 1312 Fernando IV moría dejando el trono a un niño como heredero Alfonso XI. En estos años surge en el panorama político ibérico un novel Estado: el reino de Portugal. Las tierras situadas al sur de la desembocadura del Miño constituyeron el condado de Portugal que Alfonso VI de Castilla y León otorgó a Enrique de Borgoña, casado con su hija natural Teresa. De esta unión nació Alfonso Henriques quien, merced a una hábil política de pactos con su primo Alfonso VII, fue conquistando importantes parcelas de autonomía para su condado. Su victoria sobre los musulmanes en Ourique en 1139 fue el punto de arranque para titularse "Rex Portucalensiorum". La conquista de Lisboa en 1147 marcó un fuerte impulso para una marcha hacia el sur en ocasiones obstaculizada por las contraofensivas almohades. Hacia mediados del siglo XIII los herederos de Alfonso Henriques podían dar por concluida la reconquista lusitana con la ocupación de algunas plazas en el Algarbe. El otro contencioso portugués se mantendría con la monarquía leonesa. Con Alfonso Henriques hubo ya duros enfrentamientos. Habría que esperar más de un siglo para que, en 1297 y por el acuerdo de Alcañices, se fijaran las fronteras entre la Corona castellano-leonesa y el reino de Portugal. Para entonces la monarquía lusitana estaba gobernada por un digno émulo de Alfonso el Sabio: Don Dionís. Gran impulsador de la vida intelectual, activo legislador y creador de una marina real, este monarca haría de su Estado una potencia con la que contar en el futuro de las relaciones internacionales.

Los núcleos hispanocristianos que se apoyaron en el Pirineo durante el Alto Medievo -del reino vascón de Navarra a Occidente a los condados de la primitiva Cataluña en Oriente- experimentaran en los siglos siguientes una serie de reajustes políticos. El hegemónico reino de Navarra perderá importancia paulatinamente en beneficio del eje catalonoaragonés. Este se proyectará primero hacia el Ebro, y, más tarde, hacia el Levante y las islas del Mediterráneo occidental. En Navarra la muerte del rey García Sánchez en Atapuerca a manos de los castellanoleoneses fue el primer aviso para un prometedor Estado que fue objeto de las ambiciones de sus vecinos aragoneses del Pirineo Central y, a la larga también, de la pujante dinastía Capeto. Entre 1076 y 1134 Navarra unió sus destinos al reino de Aragón y, conjuntamente, ejercieron una fructífera expansión hasta más allá del curso medio del Ebro. Cuando soltó lazos de sus vecinos, Navarra se convirtió en un pequeño Estado que perdió su salida al mar a manos de Castilla. Apenas consiguió una compensación territorial con una pequeña expansión en Ultrapuertos, al otro lado del Pirineo. La última dinastía indígena se extingue con la muerte de uno de los combatientes de la jornada de Las Navas de Tolosa: Sancho VII el Fuerte (1234). Durante algunos años gobernaría una familia de ascendencia francesa: la Casa de Champaña. Su última representante, Juana, casaría con Felipe IV el Hermoso. Navarra quedaba con ello reducida a la categoría de una mera provincia de los dominios Capeto. En la Corona catalano-aragonesa, pese a las dificultades sufridas por los condados catalanes a fines del primer milenio -saqueo de Barcelona por Almanzor incluido- la recuperación fue notable desde los primeros años del siglo XI. La disolución del Califato de Córdoba y el relajamiento de los lazos feudovasalláticos mantenidos hasta entonces con la monarquía francesa colaboraron poderosamente a la afirmación de la primitiva Cataluña. Un siglo después, el conde barcelonés Ramón Berenguer III daba importantes pasos para la restauración de la sede metropolitana de Tarragona. Para esas fechas, sus vecinos del Pirineo Central habían logrado éxitos notables. El condado de Aragón, elevado a la categoría de reino, se convirtió en la más importante fuerza aglutinadora: Sobrarbe y Ribagorza cayeron sin dificultades en su órbita. El propio reino de Navarra se unió a Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I el Batallador. Bajo el gobierno de éste, Aragón experimentó una impresionante expansión a costa de los musulmanes del valle del Ebro. A su muerte sin descendencia, los barones aragoneses eligieron a su hermano Ramiro II el Monje. Una hija de este -Petronila- casaría con Ramón Berenguer IV de Barcelona. La unión de Cataluña y Aragón se mostró extraordinariamente fructífera. Con unos intereses a caballo del Pirineo, los primeros monarcas al frente de estos Estados (Alfonso II y Pedro II) mantuvieron una activa política al otro lado de la cordillera. La derrota de Muret en 1213, sin embargo, marcó el inicio del declive de la presencia catalanoaragonesa en el Languedoc. El acuerdo de Corbeil consumaría el repliegue de posiciones en el Mediodía francés. Las compensaciones, sin embargo, vinieron de los avances en Levante y el Archipiélago Balear emprendidos por Jaime I (1214-1276). La incorporación de Valencia como reino con sus fueros propios acentuó el carácter confederal de los Estados de la Corona aragonesa. Menos afortunado fue Jaime I en otras decisiones: especialmente su testamento, que otorgaba a su primogénito Pedro Aragón, Valencia y el condado de Barcelona; al menor, también llamado Jaime, el reino de Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdeña y el señorío de Montpellier. Pedro III el Grande lanzaría a la Corona aragonesa a una política de autentico imperialismo mediterráneo. Los escarceos militares en el Norte de África fueron un mero preámbulo de su gran aventura: la incorporación de Sicilia a la casa real aragonesa tras la jornada de las "Vísperas Sicilianas". Pedro III, al enfrentarse con los angevinos del Sur de Italia, se convertía de rechazo en paladín de la reacción antipapal. Audacia que en los últimos años de su vida (muere en 1285) le supondría importantes contratiempos. Una cruzada lanzada contra los Estados de la Corona aragonesa sería a la postre rechazada por los estrategas del rey aragonés. El costo militar fue alto y no menor el político: obligado por las circunstancias y para lograr los necesarios apoyos, Pedro hubo de suscribir en 1283 el llamado "Privilegio General". Por el se comprometía a respetar los usos y privilegios tradicionales de la aristocracia aragonesa y de las ciudades. Daba así marcha atrás a las ínfulas autoritarias que habían caracterizado los primeros tiempos de su reinado. El heredero de Pedro, Alfonso III, recibía una situación institucionalmente delicada. Las fuerzas vivas que habían plantado cara a su padre no estaban dispuestas a renunciar a sus conquistas y amenazaron con recurrir al apoyo castellano, francés y pontificio. El resultado fue la firma por el monarca aragonés del "Privilegio de la Unión" (1287) por el que se ratificaban y ampliaban las concesiones otorgadas en el General. Los años siguientes fueron de repetidas fricciones entre el rey y el sector unionista más duro. El tratado de Tarascón de 1291 que desbloqueó la situación exterior y cambió la actitud de los Papas hacia la casa aragonesa, fue un balón de oxigeno para Alfonso III que murió a los pocos meses. Se abría un dilatado reinado: el de Jaime II (1291-1327) en el que el imperialismo mediterráneo experimenta un nuevo impulso. Bien de forma directa o a través de una rama menor -la dinastía aragonesa afincada en Sicilia- el "casal de Barcelona" lanzará sus tentáculos hasta la otra cuenca del Mare Nostrum. La fantástica aventura de los almogávares en el Imperio de Oriente es la más acabada y legendaria expresión de este proceso.

La precaria cohesión política del reino de Nápoles era del todo inexistente en el estado pontificio, dividido en innumerables señorías. Todo el Lazio estaba en manos de linajes locales (Orsini, Colonna, Anguillara, Conti, Savelli y Caetani) que luchaban entre sí para imponer su hegemonía a los demás. Orsini y Colonna dominaban la escena política a principios del siglo XIV en los Estados Pontificios. Los primeros, miembros de la aristocracia más rancia, se habían opuesto vehementemente a la entrada del emperador Enrique VII en Roma (1311). Por su parte, los Colonna, una vez recuperadas sus posesiones con la muerte de Bonifacio VIII (1294-1303), habían vuelto a desempeñar un importante papel en el juego político en perjuicio de los Caetani. Así, Esteban Colonna (muerto en 1350) pudo reconstruir el castillo de Palestrina, destruido durante el pontificado de Benito Caetani. En Roma, capital abandonada por los pontífices, existía pese a todo un sentimiento unitario entre las capas burguesas de la sociedad, que fue capitalizado por Cola de Rienzo. Hijo de un tabernero y de una lavandera, Cola había conseguido finalizar sus estudios notariales tras sortear gran número de dificultades. Profundo admirador y estudioso de la antigua Roma, pretendió devolver a la ciudad su pasado prestigio. Su aparición en la escena política romana coincidió con la revuelta popular que derribó el gobierno del Senado, controlado por los principales linajes de la ciudad, e instauró el de los trece "boni homines", que representaban a las corporaciones urbanas. Cola fue enviado por el nuevo consejo a Aviñón en 1343, con la intención de que explicara a Clemente VI las razones del cambio de gobierno y la anarquía política que había vivido la ciudad hasta la fecha. Pese a la desconfianza de la Curia pontificia, Cola fue recibido por el Papa y retornó a Roma en 1344 con el cargo de notario de la Cámara Municipal, título que utilizó para consolidar su posición política. En 1347 un motín contra la oligarquía romana lo llevó al poder en calidad de tribuno. Puso en marcha un programa de reformas encaminadas a restablecer la autoridad pública y a garantizar la seguridad y la paz. Naturalmente, los linajes nobiliarios se opusieron radicalmente al gobierno de Cola y no dudaron en combatirlo con la fuerza de las armas, siendo derrotados a las puertas de Roma por un ejército popular. Cola de Rienzo quiso extender su proyecto político a otras localidades del Estado pontificio, encontrando el apoyo incondicional de intelectuales como Petrarca. Sin embargo, la ambición creciente de su programa comenzó a abrir resquemores en Aviñón. El pontífice envió a Roma al cardenal-legado Bertrand de Deux, con el objeto de reorganizar la resistencia nobiliaria contra el tribuno. Sin el apoyo de una todavía débil clase burguesa, Cola se vio forzado a huir a Abruzzo, donde, en los montes de Maiella, entró en contacto con comunidades de "fraticelli", encuentro que radicalizó su discurso político. Algunos meses más tarde, Rienzo se trasladó a la corte imperial para presentar su programa a Carlos IV. El emperador no dudó un instante en enviarle prisionero a Aviñón, evitando así un posible enfrentamiento con el pontificado. El nuevo papa, Inocencio VI, elegido en 1352, incorporó algunas ideas de Cola a su proyecto de restablecer el orden en los Estados Pontificios. Envió con tal fin al cardenal Gil de Albornoz (1353-1367), quien consiguió el reconocimiento de la autoridad pontificia por parte de la mayoría de señorías del Lazio y de las regiones colindantes. Obra del cardenal fueron las "Constitutiones Aegidiane" (1357) que marcaron la organización interna del Estado de la Iglesia hasta 1816. Cola de Rienzo consiguió entrar nuevamente en Roma, donde fue elegido senador. Aislado y sin el apoyo de sus antiguos aliados, fue asesinado el 8 de octubre de 1354 mientras trataba de huir de la ciudad. El nuevo ordenamiento otorgaba al Estado una teórica unidad, que resultó del todo ineficaz, cuando en 1378 estalló la guerra entre Roma y Florencia. Numerosas ciudades pontificias se rebelaron y negaron el apoyo al Papa en el conflicto. Una de ellas, Cesena, fue saqueada despiadadamente por mercenarios bretones al mando del cardenal Roberto de Ginebra -futuro Clemente VII-, a quien Gregorio XI (1370-1378), de vuelta en Roma desde 1377, había encargado conducir las hostilidades contra Florencia. Algunos meses más tarde, la muerte del papa Gregorio y el inicio del Cisma de Occidente acarrearían problemas más graves al Estado de la Iglesia que el enfrentamiento con la república florentina.

Cuando en enero del 395 falleció el emperador Teodosio pocos provinciales del Occidente podían pensar que de hecho iban a dejar de pertenecer al Imperio poco más de medio siglo después. El Imperio Romano había pasado por invasiones externas y guerras civiles terribles en el pasado, y de todas se había recuperado. Hacía escaso tiempo que Teodosio había logrado nuevamente unificar bajo un solo cetro ambas mitades del Imperio, y el triunfo de la nueva religión de Estado, el Cristianismo niceno, parecía apoyar desde los Cielos a un Imperium Romanum Christianum y a una dinastía que venía ejerciendo el poder desde hacia más de treinta años. Desde el punto de vista de los grupos dirigentes de Occidente la dinastía de Teodosio parecía colmar las aspiraciones de los más, ya que se basaba en un complejo conglomerado de alianzas familiares y políticas con los grupos senatoriales más poderosos de las Españas, las Galias e Italia. El gobierno de Teodosio había sabido encauzar los afanes de protagonismo político de bastantes de los más ricos e influyentes senadores romanos y de las provincias occidentales, que de nuevo se aprestaban a ocupar puestos de gobierno en las provincias pero también en la administración central. Además, la dinastía había sabido encauzar acuerdos con la poderosa aristocracia militar, en la que se enrolaban nobles germanos que acudían al servicio del Imperio al frente de soldados bárbaros unidos por lazos de fidelidad hacia ellos. Al morir Teodosio confió el gobierno de Occidente y la protección de su joven heredero Honorio al general Estilicón, hijo de un noble oficial vándalo que había contraído matrimonio con Serena, sobrina del propio Teodosio. Sin embargo, cuando en el 455 murió asesinado Valentiniano III, nieto del gran Teodosio, una buena parte de los descendientes de aquellos nobles occidentales que tanto habían confiado en los destinos del Imperio parecieron ya desconfiar del mismo. Máxime cuando en el curso de dos decenios pudieron darse cuenta de que el gobierno imperial recluido en Ravena era cada vez más presa de los exclusivos intereses e intrigas de un pequeño grupo de altos oficiales del ejército itálico. Además, muchos de muchos de éstos eran de origen bárbaro y cada vez confiaban más en las fuerzas de sus séquitos armados de soldados convencionales y en los pactos y alianzas familiares que pudieran tener con otros jefes bárbaros instalados en suelo imperial junto con sus propios pueblos, que desarrollaban cada vez más una política autónoma. Necesitados de mantener una posición de predominio social y económico en sus regiones de origen, reducidos sus patrimonios fundiarios a dimensiones provinciales, y ambicionando un protagonismo político propio de su linaje y de su cultura, estos representantes de las aristocracias tardorromanas occidentales habrían acabado por aceptar las ventajas de admitir la legitimidad del gobierno de dichos reyes bárbaros, ya muy romanizados, asentados en sus provincias. Al fin y al cabo, éstos, al frente de sus soldados, podían ofrecerles bastante mayor seguridad que el ejército de los emperadores de Ravena. Además, el avituallamiento de dichas tropas resultaba bastante menos gravoso que el de las imperiales, por basarse en buena medida en séquitos armados dependientes de la nobleza bárbara y alimentados con cargo al patrimonio fundiario provincial de la que ésta ya hacía tiempo se había apropiado. Menos gravoso para los aristócratas provinciales pero también para los grupos de humildes que se agrupaban jerárquicamente en torno a dichos aristócratas, y que, en definitiva, eran los que habían venido soportando el máximo peso de la dura fiscalidad tardorromana. Unas monarquías bárbaras, en definitiva, que, como más débiles y descentralizadas que el viejo poder imperial, estaban también más dispuestas a compartir el poder con dichas aristocracias provinciales, máxime cuando en el seno mismo de sus gentes tales monarcas desde siempre habían visto su poder muy limitado por una nobleza basada en sus séquitos armados. Pero para llegar a esta situación, a esta auténtica acomodación, a esta metamorfosis del Occidente romano en romano-germano, no se había seguido una línea recta; por el contrario, el camino había sido duro, zigzagueante, con ensayos de otras soluciones, y con momentos en que parecía que todo podía volver a ser como antes. Esta será en lo fundamental la historia del siglo V, que en algunas regiones pudo incluso prolongarse hasta bien entrado el VI como consecuencia, entre otras cosas, de la llamada Reconquista de Justiniano.