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Prithivi 1

Entre los judíos, rezo de gratitud a Hashem por los favores o por las mitzvot ordenadas que el creyente está dispuesto a cumplir.

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contexto

Privilegios y mentalidad

Los privilegios disfrutados por la nobleza eran de tipo fiscal, judicial, militar, político y social. El conjunto de estos privilegios hacía del estamento un grupo que disponía de una consideración jurídica especial, netamente diferenciada del resto de la sociedad. Tales privilegios afectaban por igual a todos los miembros del estamento nobiliario, ignorando las diferencias de hecho que existían entre sus miembros y que permiten distinguir entre una alta, una mediana y una baja nobleza. El no estar sujetos a la obligación de pagar impuestos era un rasgo primordial para diferenciar a los nobles de los no nobles. En Castilla, los primeros estaban exentos de figurar inscritos en los padrones de pecheros (súbditos contribuyentes) y, por tanto, de pagar los servicios votados en las Cortes y destinados a financiar la hacienda real. Asimismo, en Andalucía y otras partes de la Corona los nobles tenían derecho a la devolución de la blanca de la carne, refacción por las sisas o impuestos indirectos pagados sobre este alimento. Este tipo de privilegios fiscales (cuyo valor era a menudo más simbólico que efectivo para las arcas señoriales) se justificaba por el deber de servir al rey con las armas. En Francia, como en España, los nobles eran muy escasamente alcanzados por el impuesto, considerado signo de plebeyez, sobre todo el impuesto directo o talla (Goubert). Los privilegios judiciales constituían también un distintivo de la nobleza. Los nobles tenían el derecho a ser juzgados por sus iguales y eludían, por tanto, comparecer ante los tribunales ordinarios de justicia. El procedimiento judicial contra miembros de la nobleza excluía la aplicación de penas infamantes y les reservaba formas de prisión separada. A su vez, los derechos jurisdiccionales permitían a los nobles impartir justicia en sus señoríos, aunque éste no debe tenerse como un rasgo exclusivo de la nobleza, sino consustancial a la jurisdicción señorial, independientemente de la condición social del titular. En Inglaterra los pares tenían como privilegios el no poder ser detenidos, excepto en caso de traición, el gozar de inmunidad contra los decretos judiciales y el no prestar declaración bajo juramento, por lo que podían eludir la red de los procesos de derecho común (Stone). En Francia los nobles no podían ser juzgados sino personalmente por el bailío en los casos civiles y por el Parlamento en los criminales. En caso de sentenciarse la pena máxima, el noble no era ahorcado, al considerarse ésta una forma de muerte infamante, sino decapitado. En cuanto a los privilegios militares, la identificación de la nobleza con el servicio de las armas tenía como efecto que, además de reservarse a los miembros del estamento los puestos de dirección de los ejércitos, estuvieran exentos de las levas obligatorias, fórmula de reclutamiento que algunas Monarquías, como la hispánica, comenzaron a aplicar a fines del siglo XVI. Los privilegios políticos eran de signo variado. Los pares ingleses además de disponer de una cámara propia en el Parlamento, monopolizaban de hecho los altos puestos de la casa real, ciertas embajadas y mandos militares y el cargo de virrey de Irlanda. En España, algunos Consejos, como el de Estado y el de Guerra, eran aristocráticos. Aunque no puede hablarse en este caso de un privilegio legal, lo cierto es que virreyes y embajadores pertenecían de hecho a la nobleza titulada. En cambio sí era un privilegio de la nobleza el disponer de brazo separado en las reuniones de Cortes, aunque se trataba más de un derecho teórico que efectivo. Muchos municipios eran también aristocráticos, es decir, sólo los nobles formaban parte del gobierno concejil. En otros casos se aplicaba la fórmula llamada de mitad de oficios, según la cual la mitad de los asientos del concejo se reservaba al estado noble y la otra mitad al llano. Los privilegios sociales y de honor eran, asimismo, de muy diverso tipo. En España los nobles estaban exentos del cumplimiento de las leyes suntuarias que imponían austeridad en el vestido. Portar espada era en Francia (no así en España) distintivo de nobleza. También lo era, en muchos países, la exhibición de blasones. En las casas de la aristocracia el escudo heráldico en la fachada indicaba la calidad social de los moradores. Ocupar lugares preferentes en desfiles y ceremonias públicas, acudir a los alardes, disponer de enterramiento propio en lugares señalados de las iglesias y otros signos de preeminencia social formaba también parte de los privilegios y prácticas sociales exclusivas de la nobleza. En cuanto a la mentalidad y formas de vida de la aristocracia, la vocación militar, aún viva en el siglo XVI, parece apagarse paulatinamente a fines de esta centuria. La nobleza se hace cada vez más cortesana y de servicios, operándose en ella un cambio de actitud respecto a sus obligaciones militares, de las que comienza a desertar. El rechazo a la práctica de los negocios mercantiles y al ejercicio del trabajo manual constituía otro de los rasgos más sobresalientes de la mentalidad aristocrática. La nobleza era, por excelencia, una clase ociosa. En Francia la "dérogeance" o derogación era un mecanismo riguroso según el cual perdía su condición el noble que practicara actividades mecánicas o el comercio menudo, o bien que tomara tierras en arrendamiento para trabajarlas con sus manos. La legislación inglesa era, en cambio, más permisiva y no tan severa al aplicar la derogación. El comercio marítimo, más honorable, también era rechazado como práctica impropia de nobles, a pesar de lo cual en ciertos centros mercantiles, tan activos como Sevilla, surgió una clase de nobles comerciantes (R. Pike). La aristocracia inglesa, en cambio, era mucho más propensa que la francesa o la española a la práctica del comercio. La nobleza era un grupo social rentista y terrateniente que concedía a la propiedad inmobiliaria, y en especial a la de la tierra, un gran valor como fuente de prestigio. Este tipo de mentalidad impregnó en algunos países al conjunto de la sociedad. El afán de conservación de las propiedades inmuebles en el seno familiar dio lugar a la aparición de mecanismos legales de amortización. Mantener, transmitir y acrecentar el patrimonio (y por tanto el poder) de la familia eran los fines de instituciones como el mayorazgo en España o el fideicomiso en Italia. La creación de mayorazgos no era sobre el papel una práctica exclusiva de la nobleza, aunque más bien propia de este estamento privilegiado. Buscaba evitar la división de las propiedades familiares entre herederos, inmovilizando los bienes sobre los que se instituían y reservando el usufructo al mayor de los hijos varones. Los hijos menores debían buscar otros destinos en el clero, el ejército o, en el caso español, la emigración a Indias, tal y como expresa el dicho "Iglesia, mar o casa real", que se refiere al destino de los hijos segundones de las casas aristocráticas (J. H. Elliott). El fuerte grado de endogamia grupal constituye otro de los rasgos típicos del comportamiento social de la nobleza. Aunque las "mésalliances" eran a veces utilizadas por burgueses enriquecidos como medio de acceder al estamento superior, por lo general los aristócratas rehuían las uniones desiguales y concertaban para sus hijos matrimonios con individuos de idéntica condición social. El modo de vida de los estratos superiores de la aristocracia se atenía a un tren lujoso. Vivir conforme a su estado, lo que se consideraba como una obligación, implicaba no sólo observar unas pautas de comportamiento moral, sino también gastar con liberalidad en apariencia exterior. Ricos palacios, trajes lujosos, fastuosas fiestas cortesanas, monterías, mecenazgo artístico y literario eran, entre otros muchos, elementos que rodeaban habitualmente la vida de los nobles. Por su parte, los estratos medios e inferiores de la nobleza participaban de la mentalidad de la aristocracia y trataban de emular, en la medida de sus posibles, sus refinadas pautas de comportamiento social.

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Proa de un barco

Fotografía cedida por la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

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Problemas anglo-franceses

El enfrentamiento franco-inglés y la alianza anglo-borgoñona creaban una situación causante de fuertes tensiones en la Europa del momento. El problema había de tener un amplio tratamiento en el Concilio por lo que, en sí mismo, suponía de obstáculo a los objetivos del mismo, pero, también, porque Segismundo estaba muy interesado en impedir la cristalización de una Monarquía borgoñona. Carlos VII quería aproximarse a Borgoña, a pesar de los obstáculos que se oponían a ello, porque, al separarla de la alianza con Inglaterra, los proyectos de esta Monarquía quedarían seriamente afectados. Ese ambicioso proyecto no podría lograrse sin la convocatoria de una conferencia de paz, objetivo en cuyo logro trabajará denodadamente el Concilio, cuyos fines se vetan muy dificultados por aquella situación. También Borgoña deseaba un entendimiento con Francia porque la "doble Monarquía", pretendida por Inglaterra, no resultaba ya una buena perspectiva; el problema es que había que abandonar la alianza con Inglaterra de modo honorable. Lograr la paz era también un motivo de prestigio, tanto para el Concilio como para Eugenio IV; así, la búsqueda de la paz será un nuevo motivo de enfrentamiento entre Papa y Concilio. Tal es el sentido de la conferencia de Arrás, en la que tanto el Papa como el Concilio se hallan junto a las partes implicadas. Inglaterra abandona muy pronto la negociación, pero Francia y Borgoña prosiguen hasta alcanzar un acuerdo, el tratado de Arrás, cuyo contenido es puntualmente recogido en las actas del Concilio. Se hizo, además, un gran esfuerzo por parte conciliar para lograr que Inglaterra se sumase al acuerdo; no logró éxito alguno, porque el monarca inglés, Enrique VI, no sólo no firmó la paz sino que realizó una ofensiva diplomática, sin resultados, tratando de lograr apoyos a su negativa a la paz. Como consecuencia de la actuación conciliar, Inglaterra, desde finales de 1435, se distancia totalmente de aquél; completa ese distanciamiento el fallo conciliar, también contrario a los intereses ingleses, en la cuestión de la prelación de asiento, que les había enfrentado con los castellanos. Lógicamente, Inglaterra será de las primeras en hacerse representar en el Concilio de Ferrara, convocado por Eugenio IV. Francia, atenta a sus intereses, mantiene una postura poco definida entre el Papa y el Concilio; sólo cuando la ruptura es inminente, de acuerdo con Castilla, se pone de parte de Eugenio IV. Antes de abandonar el Concilio tratará de salvar la obra reformadora, adaptándola, desde luego, a los propios intereses. Según el clero francés, los defectos que era preciso corregir no eran los habitualmente señalados -falta de formación, inmoralidad-, sino el intervencionismo pontificio en los nombramientos eclesiásticos; la multiplicación de las reservas de beneficios y la provisión de tales beneficios en favor de extranjeros fueron las cuestiones que les preocupaban esencialmente. Una asamblea del clero francés, celebrada en Bourges, redactaba un memorial de cuestiones a resolver y proponía las medidas que consideraba necesarias. La reforma esbozada en Francia atendía únicamente a cuestiones beneficiales, abogando por una mayor autonomía de la Iglesia francesa en esa materia; en cuanto a los decretos del Concilio que limitaban el poder económico del Pontificado, se introdujeron tales limitaciones que, en la práctica, fueron rechazados. Francia estaba a favor de cierta limitación de los poderes pontificios, pero rechazaba el objetivo conciliar de reducirle a la indigencia; esa sustancial modificación de la reforma diseñada en Basilea hace que Francia fracase en su intento de lograr que el Concilio ratifique el documento de Bourges, pero también impide que la rebelión conciliar desemboque en un nuevo Cisma.

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Problemas de la construcción europea

Como es natural, la grave crisis existente en el terreno económico complicóla construcción de una Europa cuyo contenido esencial seguía siendo precisamente éste. En 1983 en el conjunto de Europa había más de 12 millones de parados, cifra que superaba el 10% del total, un volumen que resultaba inimaginable en las tres décadas anteriores. Al mismo tiempo, una de las derivaciones de la Revolución de 1968 fue el terrorismo, que jugó un papel político de primera importancia en Alemania e Italia, aunque de forma más o menos directa estuvo presente en todo el mundo. Contra él apenas hubo una acción coordinada a pesar de que hay pocas dudas de que fue gestado con parcial colaboración de países del Este. La Europa de los Nueve había tenido su origen a comienzos de 1973 pocos meses antes de que estallara la crisis económica. Era, con 252 millones de habitantes, la segunda potencia económica del mundo tras los Estados Unidos; además, tenía previsto concluir su unión aduanera cinco años después y llegar en un plazo cercano a la unión económica y monetaria. Pero ante la crisis, los países comunitarios reaccionaron de una forma dispersa tanto en lo que hacía referencia a la política monetaria como en lo relativo al ahorro de energía. La actitud de determinados Estados fue particularmente poco solidaria. Italia y Dinamarca pusieron en marcha medidas proteccionistas que rompían con el espíritu unitario de la CEE, mientras que Gran Bretaña, en donde los laboristas llegaron al poder en 1974, intentó renegociar su tratado de adhesión en lo que hacía referencia a su contribución financiera y a la política agrícola. En esta situación de crisis se produjo una detención temporal en el proceso de unión económica y monetaria intentando que, por el contrario, avanzara la unión aduanera. El mismo mantenimiento de una política agraria común se convirtió en materia de disputa obligando a la limitación de la producción o de las contribuciones financieras de los miembros de la Comunidad. Por otro lado, aunque había quedado prevista la creación de una "serpiente monetaria europea" en 1972 para limitar las variaciones entre las divisas europeas a una banda de fluctuación, en repetidas ocasiones se planteó el problema de revaluar el marco con respecto al resto de las monedas. Sólo en marzo de 1979 entró en funcionamiento un "sistema monetario europeo" propiamente dicho (SME) gracias a la creación de una moneda de referencia el ECU ("European Currency Unit") destinado a permitir la estabilización de los intercambios. El ECU venía a ser una especie de "cesta de monedas" cuya composición reflejaría el papel de cada una de ellas en el conjunto de la economía de la Comunidad. Pero en muchos otros aspectos, económicos o no, Europa permaneció estancada o en crisis durante estos años. Como ya se ha dicho, no hubo una política económica común ante la crisis o ante el ahorro de la energía. Por si fuera poco, una grave crisis interna estalló en 1984 con relación a la contribución financiera de Gran Bretaña a la Comunidad. Algunos políticos de la época, en especial Margaret Thatcher, que insistió especialmente en esta cuestión, no ocultaron, además, su profunda desconfianza respecto a una Comunidad que avanzara hacia la unidad en el terreno político. A pesar de ello, algunos avances importantes se produjeron en este campo. Entre los dirigentes europeos se había hablado de la posibilidad de que en torno a 1980 pudiera existir una Europa capaz de tener una política exterior común. A partir de diciembre de 1974 los jefes de Estado con poderes decisorios y los jefes de Gobierno europeos decidieron institucionalizar las reuniones periódicas creando un organismo nuevo, el Consejo Europeo, que tendría ya la obligación de reunirse tres veces por año. Fue el Consejo Europeo quien encargó al primer ministro belga, Tindemans, un informe sobre la Unión europea y quien, en julio de 1976, tomó la decisión de elegir un Parlamento europeo por sufragio universal. De momento, esta institución se haría mediante procedimientos electorales distintos según los países de acuerdo con su propia legislación. En junio de 1979 se celebró la primera elección europea. Aunque el Parlamento no tuvo por el momento un papel decisorio su mera existencia favoreció que se produjera una creciente voluntad de control de las instancias ejecutivas de la Comunidad, al mismo tiempo que se ocupaba de ampliar sus competencias. En el mismo momento que la Comunidad, pese a todas las dificultades, caminaba por la senda de la unificación política, se ocupaba también de ampliar sus fronteras. Los problemas que planteaba extenderla a la totalidad del Mediterráneo europeo nacían a la vez de la existencia de dictaduras y de una diferencia sustancial en el grado de evolución económica. Solventado el primer problema, en 1981 ingresó Grecia y en 1985 lo hicieron España y Portugal. En este último caso hubo serias dificultades derivadas de la oposición de los agricultores franceses que temían la concurrencia de los dos países citados. De esta manera, la Comunidad llegó a superar los 300 millones de habitantes. En diciembre de 1985 los diez miembros de Comunidad llegaron a un acuerdo para revisar el Tratado de Roma y establecer en 1992 un espacio económico sin fronteras eliminando todas las barreras que pudieran existir en materias como la circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Parte de los problemas europeos nacieron en este momento de la relación conflictiva que la Comunidad tuvo con el resto de las potencias democráticas industrializadas. Si los países europeos no coincidieron entre sí a la hora de establecer una misma política anticíclica, tampoco coincidieron en este aspecto con Japón y Estados Unidos. El primero consiguió cuadruplicar sus exportaciones durante este período, lo que provocó las previsibles tensiones con los países competidores. Estados Unidos y la Comunidad se reprocharon llevar a cabo políticas desleales y proteccionistas en determinadas industrias claves. La protesta norteamericana se centró a menudo en los contratos suscritos entre firmas europeas y la URSS sobre la construcción de un gasoducto desde Siberia que permitiría el acceso de los europeos a esta fuente energética a cambio de transferencias tecnológicas que se consideraban peligrosas. Otra queja norteamericana se refirió a las subvenciones agrícolas de la Comunidad. Por su parte, los países europeos se quejaron de que la política norteamericana era, muy a menudo, proteccionista y desestabilizaba el comercio internacional gracias a las continuas fluctuaciones del dólar. El deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y la Comunidad se refirió también durante estos años a las cuestiones de defensa. La OTAN se basó, desde sus inicios, en predominio efectivo de los norteamericanos en las tareas de mando, que se veía compensado por el papel que asumían en la financiación del gasto militar. Sin embargo, la crisis padecida como consecuencia de la Guerra de Vietnam hizo que los norteamericanos tomaran medidas unilaterales como la de Nixon en relación con el dólar en 1971, mientras que solicitaban un mayor grado de apoyo financiero por parte de una Europa ya muy distinta de la que vivió la Posguerra Mundial. Hubo incluso una creciente actitud aislacionista en parte del legislativo norteamericano. Para combatir estas tendencias Kissinger propuso en 1973 la idea de celebrar un "año de Europa" que hiciera revivir los principios y el espíritu que había llevado a la creación de la OTAN. En junio de 1974 se llegó a una declaración en este sentido, suscrita en Ottawa. Pero ni esto ni tampoco la sucesión de cumbres de los países más industrializados permitieron que se mantuviera una identidad absoluta entre los aliados de las dos orillas del Atlántico. Todos los países europeos, con la excepción de Gran Bretaña, fueron mucho más partidarios que los Estados Unidos de mantener una relación estrecha con la Unión Soviética, a pesar de la quiebra de la distensión, en parte porque tenían que atender a una opinión pública influida por el pacifismo. Los norteamericanos, por su parte, acostumbraron a ver en el aliado del otro lado del Atlántico una proclividad hacia el neutralismo en gran parte injustificada. Las memorias de los principales personajes de la política exterior norteamericana como, por ejemplo, Kissinger abundan en quejas en contra de Schmidt, calificado de taciturno y voluble. Pero si este último ya se había llevado mal con Kissinger, todavía se llevó peor con Carter a veces por problemas puramente personales. Siempre estuvo implícita entre los norteamericanos y la izquierda europea la queja de los primeros de que la "Ostpolitik" les fue comunicada y no consultada y la de los segundos sobre el escaso interés en los procesos democratizadores. La misma IDS creó una profunda desconfianza en los países democráticos europeos por la posibilidad de un desentendimiento norteamericano de su defensa del Viejo Continente que no pudo superar el ofrecimiento de que participaran en la previa labor de investigación que era necesaria. Europa tuvo su propio proyecto tecnológico sobre materias semejantes ("Eureka"). En muchas otras cuestiones la política norteamericana y la comunitaria se mostraron distintas e incluso conflictivas. En el conflicto árabe-israelí, al menos dos potencias europeas (Francia e Italia) mantuvieron una política más favorable a la causa palestina que la que defendieron los norteamericanos. También la política seguida por norteamericanos y europeos fue distinta cuando el cambio de régimen en Portugal pareció poner en peligro la estabilidad de la democracia recién conseguida. La política norteamericana fue más dura y mucho más matizada, por ejemplo, la alemana. La cuestión de Chipre había dividido -y así siguió sucediendo durante mucho tiempo- a dos países que formaban parte de la OTAN y cuyos intereses eran contrapuestos, Grecia y Turquía.

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Problemas de la política prusiana

La esperanza de la unificación pasaba por Prusia pero, en los años que siguieron a Olmütz, ni el rey Federico Guillermo IV ni sus ministros parecieron dispuestos a encabezar dicha política. Los junkers prusianos no parecían tener otro horizonte que el del engrandecimiento del propio reino y el primer ministro, von Manteuffel, representaba la postura de sumisión a la primacía austriaca.En esas condiciones, la caída de Federico Guillermo IV en la locura hizo que su hermano Guillermo accediera al poder en 1858, en calidad de príncipe regente. Guillermo, que era persona con gran sentido de la autoridad, aunque respetuosa con las instituciones constitucionales prusianas, facilitó la revitalización de las posturas liberales con el cambio de ministerio y su actitud respetuosa en las elecciones parlamentarias de ese mismo año. Fue el comienzo de lo que se denominó la Nueva Era. A los avances del liberalismo correspondió también una revitalización de las corrientes nacionalistas, en la medida en que las campañas napoleónicas en Italia acrecentaron el temor de que Napoleón III intentase también obtener ventajas territoriales en las orillas del Rin. La movilización decretada entonces por las autoridades prusianas reveló preocupantes signos de desorganización y el ministro del Ejército, general A. von Roon, fue encargado de la reforma del mismo. Dicha reforma, que consistió en un aumento del número de jóvenes llamados a filas y de los años de servicio, hasta hacer ascender en más del 50 por 100 el número de soldados inmediatamente disponibles (189.000), sería el origen de una grave crisis política, ya que los elevados gastos que implicaba llevaron a que los liberales se resistieran a la aprobación del presupuesto, a la vez que se oponían a la modificación de las funciones de la milicia territorial (Landwehr), organización análoga a la milicia nacional de otros países y que gozaba de gran popularidad entre los elementos liberales. Estos temían que la disminución de las funciones del Landwehr estuviese también encaminada a conseguir un Ejército completamente conservador, instrumento de las exigencias de un monarca autoritario. El Gobierno retiró inicialmente la propuesta aunque consiguió llevarla a efecto, en enero de 1861, a través de las facultades reglamentarias de que disponía el rey en su calidad de comandante supremo. A estas alturas, el conflicto era ya una prueba de la desconfianza de los sectores liberales, que pensaban que las reformas prometidas por el regente apenas se habían traducido en realidades, mientras que se sucedían las muestras de autoritarismo por parte del príncipe, convertido en rey Guillermo I desde enero de ese mismo año 1861. Los sectores de la izquierda liberal fundaron, en junio de 1861, el Partido Alemán de Progreso, con el fin de luchar por el Estado de Derecho, el avance en las libertades políticas, y una política decidida de unificación política. Sus líderes eran R Virchow y B. Waldeck y, en las elecciones del siguiente mes de diciembre, obtuvieron 110 diputados, lo que les convirtió en el grupo más numeroso de la asamblea (Landtag) prusiana, que contaba con unos 350 escaños. Estos sectores radicales decidieron que los proyectos de reforma militar brindaban la oportunidad de plantear la batalla sobre la reforma constitucional y la necesidad de recortar el poder de los sectores privilegiados. En concreto pedían la reducción del servicio militar a dos años, y no se mostraban dispuestos a aprobar los créditos solicitados. Guillermo I no encontró mejor salida que la disolución del Parlamento en marzo de 1862, pero las elecciones del mes de mayo siguiente confirmaron el predominio de los diputados del Partido de Progreso, que obtuvo 135 escaños y contaba con el apoyo de otros grupos de oposición. La negativa del nuevo Parlamento a votar nuevos subsidios para la reforma militar provocó una situación de bloqueo constitucional, en la que el rey Guillermo llegó a considerar la posibilidad de la abdicación hasta que, siguiendo el consejo de von Roon, optó por llamar a Otto von Bismarck para que presidiera el Consejo de ministros. Otto von Bismarck-Schönhausen era un junker, miembro de una familia noble de Mecklemburgo, en la Prusia oriental. Había realizado el bachillerato en Berlín, antes de acudir a las universidades de Göttingen y Berlín para cursar estudios de Derecho. Sus primeros trabajos fueron en los tribunales de Berlín y Aquisgrán, pero pronto se retiró a cultivar las tierras de la familia. En 1847 hace su aparición en el Parlamento prusiano, con una significación netamente conservadora (coincidencia con los hermanos Leopold y Ludwig Gerlach y con F. J. Stahl) y, desde comienzos de los años cincuenta, es representante prusiano ante la Dieta de la Confederación. Allí se destaca por sus puntos de vista antiaustriacos, que le llevaron a decir que "no hay nada más alemán que el crecimiento de los intereses particulares de Prusia". Su interés por los asuntos diplomáticos, en los que demostró una constante preocupación por la amenaza del Imperio napoleónico, le valió ser nombrado embajador en la Corte de San Petersburgo en 1859 y, desde abril de 1862, embajador en París. Al ser llamado a Berlín, en septiembre de ese mismo año, era ya un convencido de que Prusia debería ponerse al frente del proceso de la unificación alemana.

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Problemas de la República francesa

El affaire Dreyfus sacó a la luz muchas de las contradicciones de la III República francesa, el régimen nacido en 1870 de la derrota militar de Sedán ante Alemania. El affaire fue, en origen, un error judicial. En septiembre de 1894, el Servicio de Inteligencia del Ejército francés descubrió un borrador destinado al agregado militar alemán en París en el que su autor le anunciaba el pronto envío de secretos militares franceses. El 15 de octubre, era detenido como presunto autor del borrador el capitán de Estado Mayor Alfred Dreyfus (1859-1935), miembro de una adinerada familia de industriales alsacianos judíos, que, con evidencia casi inexistente, fue juzgado y condenado a reclusión perpetua por alta traición, expulsado del Ejército y deportado a la Isla del Diablo (en la Guayana francesa) el 21 de febrero de 1895. Dreyfus era totalmente inocente; en marzo de 1896, lo supo ya el nuevo jefe del Servicio de Inteligencia, el teniente coronel Picquart, que había encontrado pruebas de que el espía y autor del borrador era el coronel Esterhazy. Fue a partir de ese momento cuando el asunto escaló de error judicial a una gravísima e ilegal manipulación de la justicia en la que se implicaron algunos de los principales responsables del Ejército francés (ministro de la Guerra, jefes de Estado Mayor, tribunales militares), que creyeron ver en peligro la propia seguridad del Estado. Y por eso mismo, el affaire se transformó en una verdadera crisis del sistema político francés (y para Péguy, pacifista y dreyfusard en esos años, en "un momento de la conciencia humana"). En efecto, en diciembre de 1896, Picquart fue trasladado por sus superiores a Túnez y su sucesor, el coronel Henry, forjó documentos falsos para incriminar definitivamente a Dreyfus; en enero de 1898, un tribunal militar exoneró a Esterhazy de las acusaciones que contra él habían formulado la familia y los abogados de Dreyfus. Pero, para ese momento, la pasión popular -bien alimentada por la prensa- había estallado. La opinión nacionalista y antisemita -recuérdese que el libro de Drumont, La Francia judía, apareció en 1888-, la derecha, la Liga de Patriotas, intelectuales nacionalistas como Barrès, Maurras y los hombres de Acción francesa (creada en 1899), la Francia católica -y sobre todo, el arzobispo de París, Veuillot, y el periódico La Croix- asumieron la defensa de los valores de la Francia eterna. Y a la inversa, los dreyfusards, esto es, la opinión republicana y de izquierda, los socialistas, la masonería, la Liga de los Derechos del Hombre, intelectuales como Lucien Herr, Emile Zola, O. Mirbeau, Péguy, Anatole France, André Gide, Marcel Proust, Albert Sorel, Jean Jaurès y muchos otros vieron detrás del affaire una conspiración contra la libertad y la justicia urdida por la Francia reaccionaria, clerical, militarista y antirrepublicana. El affaire adquirió dimensiones sensacionales cuando el novelista Emile Zola, tal vez el escritor más conocido del país, publicó el 13 de enero de 1898 en el periódico L'Aurore una resonante carta abierta al Presidente de la República titulada Yo acuso, en la que culpabilizaba al Ministerio de la Guerra -y a los que habían sido sus titulares, Mercier y Billot-, a algunos oficiales de Estado Mayor y a los tribunales militares que habían intervenido en el asunto de haber forjado las acusaciones contra Dreyfus. Zola fue llevado a juicio por el Ministerio de la Guerra, pero el proceso, sin embargo, cambió el curso de los acontecimientos: el juicio demostró la veracidad de las acusaciones que el escritor había formulado. El suicidio poco después, el 30 de agosto de 1898, del coronel Henry tras admitir que los documentos del 96 eran falsos, provocó la revisión del caso y, aunque Dreyfus tuvo que esperar varios años -hasta el 12 de julio de 1906- hasta verse exonerado, readmitido en el Ejército y condecorado (pues en el nuevo juicio que se le hizo, en 1899, todavía se le encontró culpable con atenuantes, y se quiso liquidar el asunto con el perdón presidencial que le fue otorgado el 19 de septiembre de ese año, que Dreyfus, en buena lógica, rechazó), el triunfo de la verdad y de la justicia quedaron asegurados. El affaire había puesto de relieve la profunda división de la opinión francesa -grandes manifestaciones callejeras pro y contra Dreyfus salpicaron el desarrollo de todo el proceso- y la debilidad de la República como régimen, algo que ya habían revelado episodios como el movimiento boulangista de 1888-89 y el escándalo Panamá de 1892-93, ya mencionados: ni la laicización de la enseñanza ni la expansión colonial, grandes apuestas de la III República a partir de 1880, habían consolidado el nuevo régimen. Éste, un régimen asambleario con una Presidencia desvaída y sin poder, en el que los partidos eran meras agrupaciones desideologizadas de notables caracterizados por el faccionalismo y el transfuguismo personales, quedó marcado por la inestabilidad gubernamental (73 gobiernos entre 1870 y 1914 por 12 en Gran Bretaña en el mismo tiempo), y el descrédito de la política, como expresó con amargura Péguy en Nuestra juventud (1907) y como Anatole France satirizó en La isla de los pingüinos (1908). La República francesa incluso sufría de una falta de legitimidad de origen -por haber nacido de una derrota militar- y no disponía de instituciones sólidas y enraizadas en la tradición y en la historia del país y en la estimación de la mayoría de los franceses (salvo por la idea misma de República y por la nacionalización definitiva de los símbolos de la tradición republicana: el 14 de julio, la Marsellesa y la bandera tricolor). El affaire Dreyfus fue, por eso mismo, providencial. Si bien propició la consolidación de un nacionalismo agresivo, antidemocrático, militarista, neomonárquico y católico: el nacionalismo de Acción Francesa, Maurras y los Camelots du Roi, el triunfo del dreyfusismo posibilitó el éxito del republicanismo radical y democrático y contribuyó así a estabilizar la República. Hubo, al menos, a continuación tres gobiernos largos: el presidido por René Waldeck-Rousseau entre junio de 1899 y junio de 1902, gobierno de coalición y defensa republicana formado tras el aparente intento de golpe de Estado de la Liga de Patriotas del 23 de febrero de 1899; el gobierno de Emile Combes de junio de 1902 a enero de 1905, y el gobierno de Georges Clemenceau, verdadera encarnación de la tradición radical francesa, de octubre de 1906 a julio de 1909. Waldeck-Rousseau, cuyo gobierno incluía al pseudo-socialista Millerand, quiso liquidar el affaire otorgando a Dreyfus el perdón presidencial, procesó a los implicados en el 23 de febrero del 99, hizo votar una Ley de Asociaciones (1 de julio de 1901) que ponía bajo control estatal a las órdenes religiosas y disolvía algunas no autorizadas, reformó la enseñanza secundaria reforzando su laicismo (31 de mayo de 1902) e inició la republicanización del Ejército, incluso con depuraciones de oficiales desafectos. Combes, reforzado por el triunfo electoral en 1902 del Bloque de izquierdas -socialistas, radicales y republicanos moderados-, siguió una política vigorosamente laicista, que supuso la disolución de las órdenes religiosas (18 de marzo de 1903), la expulsión de Francia de unos 18.000 religiosos, la prohibición de todo tipo de enseñanza a los miembros de, las congregaciones religiosas y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano (30 de julio de 1904), a lo que siguió, ya en diciembre de 1905, la separación entre Iglesia y Estado. Clemenceau, que tuvo que hacer frente a la ofensiva huelguística desencadenada por la CGT desde mayo de 1906 y a una gran huelga de viticultores en 1907, gobernó con autoridad y energía extremas. Probó que el republicanismo radical era capaz de articular una política de orden; y con la creación del Ministerio de Trabajo, que encargó al ex-socialista Viviani, y la aprobación de la ley del descanso semanal (1906), probó que era también capaz de impulsar políticas de reformas. La III República, cuyo eje era el partido radical (200 diputados en 1902, 247 en 1906, 263 en 1910, 230 en 1914), una muy laxa asociación de notables y personalidades, apoyado en el voto de funcionarios, clases medias, empleados y artesanos, sin otro programa que una vaga filosofía individualista y laica, se había consolidado y en unos pocos años, había logrado incluso suscitar un cierto consenso nacional (aunque el confusionismo parlamentario y la inestabilidad gubernamental continuaran, sobre todo entre 1909 y 1914). Clemenceau había "centrado" la República. Luego, la amenaza del sindicalismo revolucionario, que sólo pareció remitir tras la derrota de los ferroviarios por el Gobierno Briand en octubre de 1910, y la agravación de la situación internacional por la actitud provocadora de Alemania impulsaron un deslizamiento del régimen hacia la derecha, que fue ya muy perceptible desde 1909. Las crisis provocadas por la visita del Kaiser Guillermo II a Tánger en marzo de 1905 y por el envío del cañonero alemán Panther a Agadir en julio de 1911 conmocionaron a la opinión francesa y convencieron a la mayoría de que Alemania quería la guerra. El ascenso de Raymond Poincaré (1860-1934) a la jefatura del Gobierno en enero de 1912, tras la crisis de Agadir -que hizo caer al gobierno Caillaux-, y a la Presidencia de la República en enero de 1913, fue significativo. Poincaré aglutinó tras de sí a todo el centro-derecha francés, exaltó el patriotismo republicano y el antigermanismo, reforzó la alianza con Rusia y la Entente Cordiale con Gran Bretaña -políticas diseñadas por Delcassé como ministro de Exteriores de 1898 a 1905- e impulsó la carrera de armamentos, aumentando los gastos militares y reforzando al Ejército y a la Marina franceses. Bajo su presidencia (que se prolongó hasta 1920), un nuevo gobierno Briand aprobó el 7 de agosto de 1913 la ley que elevaba el servicio militar obligatorio de dos a tres años. Una parte de la opinión francesa, que tuvo en Jaurès, el líder socialista, su mejor portavoz, se manifestaba ciertamente contra la guerra. Pero la fuerza de los sentimientos nacionales y el deseo de revancha frente a Alemania eran aún mayores. El asesinato de Jaurès por un ultranacionalista el 31 de julio de 1914 no dividió a Francia. En esa fecha, la guerra con Alemania era a todas luces inevitable e inminente. Y ante esa eventualidad toda Francia se unió: Barrès mismo asistió, significativamente, al entierro de Jaurès.

contexto

Problemas de la sociedad industrial

Entre los principales efectos de las transformaciones económicas del período hay que llamar la atención sobre las que se producen en la sociedad, si bien podemos observar que esos cambios sociales modifican o amplían a su vez los económicos en un juego interactivo. Entre los posibles aspectos que aparecen en relación con la segunda revolución industrial, destacaremos el movimiento obrero como forma de expresión de las clases trabajadoras surgidas de la industrialización y la liberación de los siervos en Rusia que permitirá una industrialización peculiar en ese país. Por diversas influencias (crecimiento económico, movimiento obrero, derivado de su fuerza numérica, elevación cultural de los asalariados y especialización, así como la mejora en la productividad), las condiciones materiales de la mayoría de los trabajadores de los países occidentales y aún más las de los países industrializados, mejoran en esta época. Se redujo el horario medio de trabajo. Inglaterra se mantuvo a la cabeza. La semana de sesenta horas es reemplazada por la de cincuenta y cuatro en metalurgia (1871). Se impone en 1874 la de cincuenta y dos horas y media en la construcción y hacia 1890 se habrá generalizado, en casi todas las ramas, la "semana inglesa". En los demás países occidentales, la semana laboral ordinaria era de sesenta horas (sólo los mineros tenían un horario más corto), hasta 1913 en que se generaliza la de cincuenta y cuatro horas. El trabajo de los niños se limita en casi todos los países (finales de siglo) a la edad de 12-14 años. En términos generales, sube el salario, nominal y real, entre 1870 y 1900. También hay que constatar la baja de salarios reales en ciertos momentos que coinciden con mayor índice de paro, motivado por varias razones: coyuntural, derivado de las crisis; técnico, por la introducción de maquinaria; estacional, en agricultura y algunos servicios. Aunque de manera muy tímida, el Estado ya comienza a intervenir en algunos países. Sobre todo, hay que destacar lo referente a seguros sociales (paro, enfermedad, accidentes, jubilación). La más adelantada en esta cuestión fue Alemania, en la época de Bismarck, que trató de atraerse votos de los obreros arrebatando las reivindicaciones sociales de los partidos de clase y sindicatos, implantando mejoras desde el Estado. La mayor parte de los países occidentales imitan a Alemania en el seguro de accidentes y enfermedad. Francia e Inglaterra fueron muy retrasadas en esta cuestión, debido sobre todo a la tradición liberal a la que repugnaba la injerencia del Estado en los asuntos laborales. Como observación final, se puede decir que se logran mejoras indudables, pero muy insuficientes. Continuaba la sujeción del obrero al patrón, pues el contrato laboral individual, cuando la había, y la escasa o nula legislación laboral colocaba al trabajador en condiciones de inferioridad respecto al empresario. Los problemas que plantea el capitalismo de la Segunda Revolución industrial van a ser respondidos por un amplio movimiento obrero que, especialmente, se articulará en torno al socialismo, que tendrá tres corrientes fundamentales: laborismo inglés, socialismo de Estado en Alemania y el marxismo, que, a su vez, adoptará diversas formas. Menor importancia tendrá, en la mayoría de los países, el anarquismo y el sindicalismo cristiano. Veremos cómo participan efectivamente (o se mantienen al margen, en el caso de los anarquistas) en la política nacional de los principales países. A pesar de los enfrentamientos internos, muchas de estas fuerzas sociales se organizarán en Asociaciones Internacionales de significación desigual con el paso de los años. La doctrina social cristiana, que se enfrentará al marxismo y al cristianismo, tendrá más importancia en el terreno de los principios que en el del movimiento obrero.

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