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Maillol había quedado impresionado por la escultura griega anterior a Fidias. Obsesionado por la clasicidad, sus cuerpos se alejan del pintoresquismo y de la anécdota. Se dedicará casi siempre a un único tema: el cuerpo de la mujer en diferentes actitudes y aspectos. Para ello adopta una simplicidad y una estabilidad formal casi cúbica. Su presencia plástica equilibra naturaleza y expresión. Pese a la aparente calma no hay en estos cuerpos sensación de inmovilidad ni pose artificial. La fuerza reside en la plenitud de las formas. El movimiento no viene dado por un efecto exterior, sino por una fuerza interior: es un movimiento de vida latente y plena. Esta escultura que contemplamos es un modelo para un encargo realizado por el coleccionista ruso Ivan Morosoff en 1910, encargo constituido por tres estatuas y que Maillol completó en poco más de dos años.

Primavera en Pontoise y Tejados rojos repiten una de las obsesiones de los impresionistas: representar las variaciones de un lugar según la iluminación y el momento elegidos. Surgen así fantásticas series como la Catedral de Rouen de Monet o el Boulevard Montmartre del propio Pissarro. Si comparamos ambas escenas podemos comprobar cómo el pintor está interesado por efectos de luz y de color, siendo lo demás mera anécdota. El paisaje que aquí presenta recoge los primeros días de la primavera con los almendros en flor y el cielo algo plomizo, inundado de nubes con notas malvas. El ambiente es frío como el color empleado, transmitiendo la sensación de un momento concreto. Respecto a la técnica, utiliza una pincelada suelta, olvidando detalles superfluos con buenas dosis de dibujo, como se observa en las casas del fondo.

Antes incluso de que se hubiera formado el Gobierno Giral o Largo Caballero y sus seguidores hubieran vetado la formación del que presidía Martínez Barrio, ya había en los medios gubernamentales de segunda fila quienes, gracias a mantener una actitud que consideraba inevitable el enfrentamiento, habían contribuido a que lo fuera, aunque, al mismo tiempo, contribuyeron de manera importante a que el balance inicial del conflicto no fuera positivo para los sublevados. Los testimonios de algunos de los principales dirigentes militares republicanos son, en este sentido, muy significativos. Tagüeña dice, por ejemplo, haber pasado en los últimos tiempos "casi todas las noches de guardia en el puesto de mando de las milicias socialistas en espera del golpe militar" porque llegar al enfrentamiento era un "deseo acariciado largo tiempo". Más decisiva fue la acción de otro militante comunista, Cordón, que junto al general Sarabia, como jefe de personal en el Ministerio de la Guerra, contribuyó a que parte de las guarniciones permanecieran adictas al Gobierno. En la flota destaca la acción espontánea de un oficial radiotelegrafista llamado Balboa, que envió desde el centro de comunicaciones de la Armada telegramas a las tripulaciones en favor del Frente Popular y consiguió que buena parte de ellas se rebelara contra la oficialidad. Si existía una organización militar conspiratoria con las siglas UME, también había otra, denominada UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), tan minoritaria como la citada, pero vigilante respecto de los intentos conspiratoriales antirrepublicanos. A la altura del 19 de julio no era sólo el fracaso de los intentos de llegar a una transacción sino también el del pronunciamiento imaginado y previsto por Mola lo que hacía inevitable la guerra civil. Esos tres días no habían sido en absoluto resolutivos, tal como habían pensado los dos bandos. El Ejército no había actuado unánimemente y había encontrado resistencias muy fuertes de carácter popular, lo que prueba que la actitud gubernamental fue mucho menos pasiva de lo que se suele afirmar. Por eso sería incorrecto presentar lo sucedido como una sublevación del Ejército o los generales en contra de las instituciones. Aunque los principales dirigentes del bando sublevado fueran generales y le dieran una impronta característica, no faltaron oficiales en la zona controlada por el Gobierno. Los mandos habitualmente no se sublevaron y el número de generales afectos al régimen fue elevado. Es muy posible que la diferencia de comportamiento entre la oficialidad en el momento del estallido de la sublevación derivara de diferencias generacionales que se sumaban a las ideológicas. Fueron los oficiales más jóvenes los que predominantemente se sublevaron, hasta el extremo de que en las últimas promociones de la Academia General Militar el porcentaje de los que lo hicieron se aproxima al 100 por 100. De todos modos, en un primer momento al Gobierno republicano no le faltaron oficiales, puesto que de los aproximadamente 15.000 en activo la mitad quedaron en la zona controlada por él. Esta cifra, sin embargo, resulta engañosa por la sencilla razón de que luego el Ejército Popular no hizo uso de todos ellos por desconfianza respecto de sus intenciones. A los oficiales en activo se sumaron los retirados dispuestos a colaborar y en total se puede calcular que el Ejército Popular pudo contar con unos 5.000, cifra que era inferior en un 50 por 100 a los que combatieron en el otro bando, pero que no revela indefensión por parte de las autoridades republicanas. En efecto, en esos momentos iniciales de la guerra la situación no era ni mucho menos tan favorable a la sublevación como lo hubiera sido en el caso de que ésta hubiera sumado a la totalidad del Ejército. En realidad la situación estaba bastante equilibrada e, incluso, desde más de un punto de vista, si alguien tenía ventaja era el Gobierno. Un cómputo realizado por algunos historiadores militares afirma que aproximadamente el 47 por 100 del Ejército, el 65 por 100 de los efectivos navales y aéreos, el 51 por 100 de la Guardia Civil, el 65 por 100 de los Carabineros y el 70 por 100 de los Cuerpos de Seguridad y Asalto estuvieron a favor de los gubernamentales. Tales cifras corresponden a la realidad pero pueden también resultar engañosas como las citadas respecto de la oficialidad. Así, por ejemplo, la división del Ejército en casi dos mitades idénticas oculta la realidad de que la porción más escogida del mismo, la única habituada al combate y dotada de medios, las tropas de Marruecos, estaba en su totalidad en manos de los sublevados. En cuanto a los medios navales, medidos en número de buques, ofrecen un panorama todavía más aplastante porque 40 de los 54 barcos estaban en manos de los gubernamentales. Sin embargo, los sublevados pronto contaron con unidades modernas en construcción (los cruceros Canarias y Baleares) y, sobre todo, los gubernamentales no pudieron hacer patente su superioridad por tener en contra a la práctica totalidad de la oficialidad. En efecto, de los más de 700 miembros del Cuerpo general, el Frente Popular apenas utilizó a una cincuentena, ejecutó a unos 350, buena parte de ellos sumariamente, e incluso permaneció en la duda respecto de la fidelidad de quienes tenían el mando de los buques propios. De unos 450 aviones, el Gobierno contó con más de 300, pero, como veremos, la ayuda extranjera tuvo una especial significación en este primer momento respecto de este arma y los aviones italianos, por ejemplo, al ser mucho más modernos, equilibraron la superioridad gubernamental. En lo que ésta era patente fue en lo que respecta a los recursos humanos y materiales de los que inicialmente se partía. En un discurso radiado Indalecio Prieto afirmó, como era por otro lado evidente, que "extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que dispone son inferiores a los medios del Estado". Prieto insistía especialmente en dos hechos: el oro del Banco de España permitía al Gobierno una "resistencia ilimitada" y además el Gobierno tenía también a su favor la mayoría de las zonas industriales, de primordial importancia para el desarrollo de una guerra moderna. A eso había que añadir que aunque la zona gubernamental fuera discontinua, suponía un porcentaje de población (el 60 por 100) superior a la adversaria. ¿Cómo se explica entonces que el resultado de la guerra civil fuera tan distinto de las previsiones de Prieto? Por supuesto, para dar una respuesta completa a este interrogante es preciso decir que, al mismo tiempo que el Estado republicano hacía frente a la sublevación militar e impedía que ésta triunfara, debía enfrentarse también a una auténtica revolución social y política surgida en las mismas regiones y sectores sociales que se decían adictos. Como "cada grupo obró con absoluta independencia y se organizó no como parte de un todo sino como un todo aparte" el resultado fue que esas ventajas iniciales, tampoco tan abrumadoras, se esfumaron.

Entre el invierno de 1931 y el verano de 1933, bajo la coalición de partidos que presidía Manuel Azaña, la República conoció su etapa más dinámica y fructífera. La amplia mayoría parlamentaria que disfrutaba la izquierda gobernante permitió la puesta en marcha de un ambicioso programa de reformas sociales y administrativas. Buena parte de estas medidas figuraban desde hacía tiempo en los programas de la izquierda burguesa y de la socialdemocracia y habían comenzado a ser aplicadas por el Gobierno provisional. Pero era ahora, una vez aprobada la Constitución, y fuera del Gabinete los sectores más conservadores de la Conjunción republicano-socialista, cuando sería posible acometer la reforma agraria, la modernización de las Fuerzas Armadas, la universalización de la enseñanza, la transformación de las relaciones socio-laborales o la consolidación del sistema territorial de autonomías.

Contemplado en perspectiva histórica el proyecto republicano de los años 1931-33 fue un fracaso, por cuanto el cambio político provocado por las elecciones de noviembre de 1933 y, sobre todo, la ruptura bélica del verano de 1936, invalidaron por largo tiempo los desarrollos democratizadores impulsados durante el bienio. Los obstáculos puestos al proceso reformista fueron de muy variada naturaleza. En el interior del propio bloque reformista, las distintas visiones de los ritmos y alcances del proceso -los socialistas ponían el acento en las reformas sociales, los republicanos, en las administrativas, los primeros esperaban alcanzar una sociedad socialista, los segundos, consolidar la democracia burguesa- dificultaron su armonización en el marco de una difícil situación económica, que no favorecía el aumento del gasto público. La aportación a la tarea fue generosa en la mayoría de los gobernantes del bienio, pero no faltaron los excesos ideológicos y las presiones del entorno partidista, abriendo hueco a las disensiones. Pero fueron las presiones exteriores las que, en definitiva, terminaron frenando los procesos de transformación estructural. Se puede señalar el papel desestabilizador jugado por la crisis económica, o la rivalidad entre los modelos sindicales socialista y anarcosindicalista que, en definitiva, fue tan perjudicial como la resistencia de las organizaciones patronales a la articulación de un modelo estable de relaciones laborales. La mayoría de las presiones exteriores tuvieron su origen, sin embargo, en la actividad opositora de grupos sociales y económicos, cuyos intereses se vieron afectados por las reformas emprendidas por la coalición de izquierda: los terratenientes, en primer lugar, pero también determinados sectores profesionales y funcionariales, tanto civiles como militares, los círculos intelectuales vinculados a la tradición conservadora, buena parte de la opinión católica, etc. En ocasiones, esta resistencia al cambio fue frontal y muy radicalizada. Incluso se cuestionó el conjunto del sistema constitucional. Pero, con todo, esta oposición se desenvolvió casi siempre dentro de unos límites tolerables para la democracia republicana durante el primer bienio y halló, dentro del sistema parlamentario, cauces para el revisionismo legal al llegar los radicales al poder, a finales de 1933. El auténtico problema, por el riesgo que implicaba de desestabilización del sistema democrático a corto plazo, lo plantearon las organizaciones vinculadas a tres corrientes ideológicas, con desigual, pero minoritario peso social: monárquicos, fascistas y anarquistas. Estos sectores se situaron como "outsiders" respecto del Estado republicano y su actuación antisistema contribuyó en gran medida a impedir la normalización de los mecanismos políticos que precisaba la República para consolidar el régimen democrático.

El 27 de mayo de 1774 varios representantes de la Asamblea de Virginia, reunidos en Williamsburg, proponen la reunión de un Congreso de todas las colonias. Este "Primer Congreso continental" estuvo reunido en Filadelfia entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre de ese año y contó con la presencia de 55 delegados de todos los territorios, excepto de Georgia que, no obstante, apoyó las decisiones de los reunidos.Esa asamblea tenia entre sus miembros a templados hacendados deseosos de que Londres rectificase y no diese argumentos a los radicales pero también acudieron vehementes oradores que querían la ruptura con Inglaterra. Destacaron los siguientes: entre los conservadores, respetuosos a la Corona: John Jay y James Duane (de Nueva York) y Joseph Galloway (de Pennsylvania); de los moderados, movidos tanto por sentimientos de afecto como de critica hacia la actitud seguida por Inglaterra: George Washington y Peyton Randolph (ambos de Virginia), John Dickinson (de Pennsylvania) y los hermanos Rutlege (de Carolina del Sur); y destacando en el bando de los radicales, dispuestos a llegar a la ruptura: John y Samuel Adams (de Massachusetts), Thomas Jefferson (de Virginia), Christopher Gadsden (de Carolina del Sur) y Richard Henry Lee y Patrick Henry (de Virginia). Y fueron estos últimos quienes lograron imponer las tesis más tajantes al conseguir que el Congreso apoyase las Resoluciones de Suffolk (condado de Massachusetts), que incitaban a los habitantes de esta colonia de Nueva Inglaterra a enfrentarse a las Leyes intolerables incluso recurriendo a las armas y actuando como un Estado libre hasta tanto Londres levantase las sanciones, y pedían al Congreso continental una declaración de apoyo y represalias económicas contra Gran Bretaña. Al final se decidió que las colonias se negarían a importar, exportar o consumir ningún producto procedente o destinado a Gran Bretaña. Redactaron una Declaración de Derechos y Agravios destinada al pueblo británico y a los colonos, pero también enviaron una carta de peticiones al rey, inequívoca muestra de que los sentimientos eran aún confusos y las tesis independentistas todavía no se habían asentado definitivamente. Y se autoconvocaron para el mayo siguiente, a menos que sus quejas hubiesen sido atendidas convenientemente. Para velar, hasta la siguiente primavera, por el cumplimiento de las decisiones de embargo y boicot hacia los productos ingleses y para mantener en alerta a los colonos, los representantes en ese primer Congreso continental crearon The Association (La Asociación), una serie de juntas locales y piquetes que habían de fiscalizar el comportamiento de los pueblos. Esta medida, tan eficaz como discutible moralmente, acentuó la división entre los propios colonos y no fueron pocos los que empezaron ya a mostrarse menos partidarios de los patriotas que de la Corona (que tuvo, incluso durante la cercana Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el apoyo de muchos habitantes de las colonias).En realidad, aunque empezaba a ser obvio para muchos contemporáneos, ingleses o colonos, que los vínculos entre la madre patria y sus territorios ultramarinos se habían debilitado tanto que casi habían desaparecido, bastantes de los asistentes a este Congreso continental creían todavía posible continuar unidos a Inglaterra y sostenían que sus protestas iban contra un Gobierno y un Parlamento equivocados y que les inferían intolerables ofensas al dictarles leyes e imponerles injustos tributos.