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Al lado de la actividad de los banqueros privados, en el siglo XVII se extendió por aquellas partes de Europa, cuya economía presentaba un mayor grado de evolución capitalista, el sistema de bancos públicos nacido en la Italia medieval. La incorporación de los logros de la tradición bancaria italiana respondió al doble impulso del desarrollo de los negocios privados y de la demanda estatal de crédito. El más activo de entre los bancos del norte de Europa durante este siglo fue el Banco de Amsterdam (Wisselbank), fundado en 1609. En un principio, la banca europea respondía a los intereses comerciales, al constituirse como entidades de depósito y al llevar a cabo transferencias entre las cuentas abiertas por los comerciantes. Ello favorecía la fluidez de los negocios. Más tarde, los bancos fueron convirtiéndose también en entidades de crédito. El Banco de Amsterdam jugó también un activo y necesario papel al imponer orden en la diversidad de monedas que afluían al mercado holandés. El comercio de metales preciosos constituyó, en este sentido, una vertiente importante de su actividad. Sin embargo, al igual que ocurría en otros bancos, como el de Rotterdam o el de Hamburgo, el Banco de Amsterdam no realizaba descuentos de letras de cambio ni emisión de billetes. Estas modernas funciones bancarias sí fueron en cambio asumidas por el Banco de Inglaterra, fundado en 1694. La emisión de papel moneda, aunque con un valor casi anecdótico, ya había sido probada por el Banco de Estocolmo a mediados de siglo. Pero el auténtico protagonismo del Banco de Inglaterra, como institución pionera en la emisión de billetes reembolsables a la vista por moneda metálica a solicitud del tenedor, está fuera de duda. La emisión de billetes que actuaban como pagarés al portador (running cash notes) estuvo ligada al crédito estatal, función a la que, a su vez, estuvo vinculado el propio nacimiento del Banco de Inglaterra.

Durante el siglo XVIII se mantuvieron, en general, las altas tasas de natalidad-fecundidad, pero no hubo una evolución completamente uniforme. Abundan los países con tendencia a su aumento en relación con un clima económico favorecedor del matrimonio. Ocurrió, por ejemplo, allí donde hubo procesos colonizadores. Pero el proceso adquirió especial relevancia en Inglaterra y E. A. Wrigley y R. S. Schofield han demostrado que fue éste el motor principal de la expansión demográfica inglesa. Se trata, no obstante, de un caso peculiar, ya que Inglaterra mantenía un régimen demográfico de baja presión, es decir, en el que predominaban los controles o frenos preventivos -edad de matrimonio y celibato definitivo más elevados, con su corolario de fecundidad relativamente más baja- sobre los positivos -mortalidad, siempre menor, en líneas generales, en Inglaterra que en el resto de Europa-. En este contexto, y con el estimulo de los cambios económicos, la reducción de la edad de la mujer al primer matrimonio -de 26,2 años en 1740-1749 a 24,9 en 1750-1799- y de la proporción del celibato definitivo femenino -en el primer cuarto de siglo alcanzaba el 15 y en algunos momentos el 20 por 100; en el último, era inferior al 7 por 100- trajo como consecuencia el incremento de la tasa de natalidad, del 31-33 por 1.000 a casi el 40 por 1.000 a lo largo del siglo. La adecuada respuesta económica al crecimiento de la población hizo que no se llegara a poner en peligro seriamente la delicada relación población-recursos, permitiendo un desarrollo con menos dificultades que en el Continente. Pero hubo casos de evolución contraria. En Francia, concretamente, la tasa de natalidad, mantenida en torno al 40 por 1.000 hasta 1770, descendió luego, muy lentamente al principio, más acusadamente desde la Revolución, quedando en el 32 por 1.000 en 1805-1809. La explicación reside en la cada vez más generalizada práctica de la contracepción, ya detectada desde bastante tiempo atrás entre la elite social de algunas ciudades, no sólo francesas, y propagada primero al resto de la sociedad urbana, donde se siguió practicando más intensamente, y después al medio rural -se engaña a la naturaleza hasta en las aldeas, denunciaba, desde sus postulados populacionistas, J. B. Moheau en 1778-. En Rouen, por ejemplo, la fecundidad cayó en un 40 por 100 entre mediados del siglo XVII y el período 1760-1789; se estima que en este último período más de la mitad de las parejas -sólo entre el 5 y el 10 por 100 a finales del siglo XVII- controlaba conscientemente la natalidad. Su difusión por el campo, sin embargo, fue bastante desigual, aunque en determinadas áreas se practicara con cierta intensidad antes de la Revolución. Ésta no haría sino extender e intensificar, si bien irregularmente, una práctica que, casos particulares al margen, aparecía en Francia con casi cien años de anticipación respecto al resto de Europa. El interés por no dividir las herencias en exceso, la mayor preocupación por la vida material, la posibilidad de educar mejor a pocos que a muchos hijos, la tendencia a evitar las molestias y peligros de los embarazos y partos por parte de unas mujeres que se preocupan por sí mismas más que en el pasado, o el triunfo del individualismo han sido algunas de las razones esgrimidas para explicar -siempre insuficientemente- un fenómeno que, en cualquier caso, traduce un debilitamiento de la influencia religiosa sobre la sociedad francesa. El mismo que se manifiesta en otros aspectos, como el incremento de la proporción de embarazos prenupciales y, sobre todo, de nacimientos ilegítimos: aunque en el mundo rural permaneció muy baja, llegó a alcanzar el 8-12 por 100 en las ciudades, y hasta cerca de un tercio del total de los bautismos la suma de ilegítimos y abandonados en el París de los años setenta.

Del período franquista la economía española surgió con una herencia que era, a la vez, la constatación de graves deficiencias y el testimonio de un cambio muy importante producido en un período excepcionalmente breve de tiempo. En el balance positivo habría que señalar la constatación de que la población activa agraria había pasado en el espacio de una generación desde un 50% a un 25% del total, proceso que en Francia se había producido en tres cuartos de siglo, medio siglo en Alemania y un tercio de siglo en Italia. La imagen de la España agraria tradicional, ese "intratable país de cabreros", al decir del poeta Gil de Biedma, fue simplemente liquidada durante el régimen de Franco. Sin embargo, España iniciaba su transformación política con un sector financiero más poderoso que eficiente, un gasto público reducido pero un intervencionismo estatal en materias económicas excesivo y a menudo contradictorio, y un sistema tributario muy arcaico caracterizado por defraudación generalizada y, consiguientemente, por la insuficiencia de recursos públicos. Ahora bien todo este conjunto de graves defectos no fue susceptible de modificación en el transcurso mismo de la transición. Precisamente una característica de la transición española a la democracia fue que se evitó solapar la acción política con la reforma económica; es muy probable que, si se hubieran dado a un tiempo, la consecuencia hubiera podido ser muy peligrosa para ambos procesos. Sólo cuando se dispuso de un grado suficiente de estabilidad política resultó posible emprender la tarea de saneamiento económico. "Me tocó gobernar en el peor momento de la crisis", ha escrito Calvo Sotelo en sus memorias. Esta afirmación, que es cierta y vale también para la etapa de Suárez, no exime de responsabilidad a quienes ejercieron el poder durante el período. Si las dificultades fueron muchas no cabe duda que, al mismo tiempo, acabaron volviéndose en contra de quienes ejercieron el poder como consecuencia de su aparente incapacidad para resolverlas. Pero es necesario remontarse al punto de partida para poder entender la magnitud de los problemas con los que se enfrentaron los políticos españoles de la época democrática. En 1973, con la crisis del petróleo, se planteó para una España que había cambiado mucho desde comienzos de siglo, una situación especialmente difícil. España, que a la altura de la Primera Guerra Mundial tenía una renta inferior a la mitad de la británica, llegaba ahora al comienzo de la libertad con dos tercios de ella. La economía española, sin embargo, se había comportado siempre como una economía de arrastre que había crecido aprovechando las oleadas expansivas de su entorno y haciéndolo a un ritmo muy superior. La crisis del petróleo hizo triplicar la factura pagada por su importación y supuso un golpe rudísimo equivalente a la disminución de un quinto en su capacidad adquisitiva en el exterior; como sucedió en otros países, se produjo un grave desequilibrio en la balanza de pagos y un rápido crecimiento de la deuda exterior. Lo que establece una clara diferencia entre el caso español y el de otros países es que, lejos de repercutir este incremento de los precios del crudo sobre el consumidor, se trató de evitar la repercusión en el consumidor. En realidad, sólo una porción mínima del incremento de los precios recayó sobre éste, lo que explica que, frente a lo que fue habitual en el mundo, se produjera un aumento del consumo. En definitiva los agentes económicos no tuvieron información suficiente que les pudiera hacer pensar que la crisis era grave. Los dirigentes políticos y económicos hicieron también un diagnóstico errado que partía de considerar la crisis como un fenómeno en definitiva no tan grave e intenso. Se consiguió, por tanto, retrasar la recesión pero la consecuencia fue también que la recuperación llegó mucho más tarde. Las decisiones tomadas en la política económica fueron distintas a las de los otros países europeos y también por otra razón, de índole política. Hay que tener en cuenta que en el período 1973-1977 hubo cinco Gobiernos, remodelaciones aparte; a ello hay que sumar la parálisis decisoria de la etapa final de la dictadura y la incertidumbre política de la etapa de transición. De esta manera se puede decir que el éxito de ese período fue tan sólo llegar a las elecciones tolerando una política permisiva al máximo. El inconveniente fue percibido también de un modo inmediato porque en 1977 ya había un porcentaje de paro superior al de los restantes países desarrollados europeos. Además, el resultado de no enfrentarse con la crisis económica con decisión y desde el primer momento fue que en España el efecto de la primera subida del petróleo no se había disipado cuando se produjo la segunda en 1979. La crisis no se llegaría a superar de una forma total sino en 1985-1986, con tres años de retraso con respecto al resto del mundo occidental. Sin embargo, hubo un factor político que influyó positivamente en la forma de enfrentarse a la crisis. En 1977, como en 1931, daba la sensación de que la democracia llegaba en el peor momento posible. En los meses centrales de ese año la inflación fue superior al 40%. En realidad, todo el período de la transición propiamente dicho (1976-1982) se caracterizó por un nivel de crecimiento muy bajo, tan sólo un 1.4%, cifra muy inferior a la de los años sesenta, pero también del crecimiento posterior a 1985. Los Pactos de La Moncloa fueron un procedimiento para evitar que la dureza en las reivindicaciones sociales hiciera imposible un acuerdo a la hora de redactar un texto constitucional. Hubo también un convencimiento en las fuerzas políticas de que la inflación a largo plazo no acarreaba bien alguno. Fue mérito especial de Fuentes Quintana el conseguir convencer a Suárez de esta realidad, aunque en ello empleó los meses entre julio y septiembre de 1977. Los Pactos de La Moncloa empezaron por constatar que la crisis existía y supusieron como respuesta la formulación de todo un paquete articulado de medidas no sólo coyunturales sino también estructurales. Los resultados de los pactos fueron positivos. A fines de 1977 la inflación se había reducido hasta el 26% y un año después estaba en el 16%; al mismo tiempo se hicieron reformas decisivas en el terreno fiscal, en el sistema financiero y en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los resultados positivos conseguidos no pudieron prolongarse mucho tiempo más, en parte por la nueva crisis del petróleo pero también por la aparición de problemas políticos semejantes en entidad a los de la etapa posterior a la muerte de Franco. En 1981 la factura petrolífera alcanzó el récord de toda la década: en ese año las compras de crudo supusieron el 50% de la exportación. Además entre 1979 y 1982 hubo tres Gobiernos débiles, que contaron en su contra con una oposición implacable, ejercida por los socialistas. Eso explica la demora en las tomas de decisiones, la falta de consenso en la mayor parte de ellas y la irresponsabilidad en el gasto, con los consiguientes resultados lamentables. Se tardó mucho en elaborar un plan energético nacional (hasta 1979) y, por si fuera poco, se previó una ampliación de la capacidad de producción que resultó por completo irreal. Las primeras medidas relativas a la reconversión industrial no se aprobaron hasta 1981, cuando en otros países se habían puesto en práctica hacía ya mucho tiempo. Tampoco había proseguido la labor de reformas, necesaria en muchos terrenos como el fiscal o el de la liberalización y saneamiento del sistema financiero. A pesar de que en 1981 se llegó a un acuerdo nacional acerca del empleo, la tasa de paro alcanzó la cifra récord entonces del 15%. Al concluir 1982 España registraba la más alta tasa de paro de toda la OCDE y se situaba en inflación y déficit público bastante por encima de la media europea. En los años 1980 y 1981 el crecimiento económico fue negativo y la balanza de pagos, gravemente deficitaria. Lo peor era, por supuesto, la tasa de paro, que si en parte obedecía a razones semejantes a las de otros países europeos, también tenía características especiales para el caso español. Entre 1978 y 1984 se destruyó algo más del 20% del empleo industrial en España, tasa superior a la de Francia o Italia aunque inferior a la británica. La gravedad del paro en España se explica por la llegada al mercado de trabajo de un número muy importante de jóvenes, por el regreso de los emigrantes y por la incorporación de la mujer al trabajo. No cabe la menor duda, finalmente, de que se trataba de un mercado de trabajo caracterizado por la falta de flexibilidad y sus costes crecientes, inferiores a la productividad, en el que además la capacidad reivindicativa era alta, contribuyó también a facilitar el paro. Se ha calculado que durante la crisis la industria española perdió 3,5 puntos porcentuales en costes y 6,5 en competitividad con respecto a la europea. El programa electoral del PSOE en 1982 fue, en lo que respecta a materias económicas, un ejercicio de paleontología política. Lo peor del caso es que ni siquiera era necesario proponer un programa de directa creación de empleo por parte del sector público para obtener la victoria, dadas las condiciones de los oponentes. En la práctica, sin embargo, la política económica seguida no tuvo nada que ver con el programa electoral. El Gobierno, en el que la principal responsabilidad en estas cuestiones recayó en Boyer (que, en definitiva, había pertenecido a UCD en la fase inicial de la transición) actuó con total autonomía con respecto al partido y tuvo el apoyo y la colaboración de técnicos cuya posición ideológica se situaba en el extremo más moderado del espectro socialdemócrata. En realidad se puede decir que muchos de esos responsables políticos hubieran sido intercambiables con los que ocuparon los principales cargos en la época de UCD. Además, tampoco se modificó con el transcurso del tiempo la significación del equipo gubernamental: Boyer, Solchaga y Solbes se sitúan en coordenadas semejantes. El cambio decisivo producido con el advenimiento de los socialistas al poder reside en el contexto político del que se beneficiaron, sin duda mucho más estable al estar dotado de una sólida mayoría parlamentaria. La prioridad básica de la política económica estuvo constituida por la lucha contra la inflación, que se hizo pasar del 14 al 8% en el período entre 1982 y 1985. El ajuste se hizo pesar sobre el empleo con gran intensidad, de tal modo que en vez de crearse más puestos de trabajo lo que hubo fue un incremento del paro, que pasó del 16 al 22% en el mismo período. El desequilibrio exterior quedó superado y se llegó a un superávit importante. Con ello se sentaron las bases para un posterior crecimiento económico con consecuencias directas e inmediatas sobre el empleo. En realidad, la política económica de estos años iniciales del decenio socialista fue una operación de saneamiento más que de reforma; su ritmo fue lento y quizá sus costes resultaron excesivos. Sin embargo, como balance de ella predominan las luces sobre las sombras. Entre las segundas desempeña un papel especial la expropiación y posterior privatización de Rumasa, que resultó más que discutible desde el punto de vista jurídico y tuvo el inconveniente complementario de provocar una presión del Ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional que tuvo consecuencias políticas graves; además, resultó una operación muy gravosa para el erario público al mismo tiempo que favorecía a determinados intereses privados. El coste de la operación de saneamiento del sistema financiero privado fue también muy alto (dos billones de pesetas). Los resultados fueron poco positivos en lo que respecta a la reforma del sector público; igualmente la reconversión industrial resultó en exceso onerosa para el erario. Toda esa acumulación de dificultades tuvo como consecuencia el grave déficit, que se vio multiplicado por algunas de las medidas redistributivas emprendidas por el Gobierno. En cuanto a las luces hay que dejar claro que no sólo resultaron evidentes sino que incluso cabe decir que fueron espectaculares. A la altura de 1985 la inflación era ya inferior al 9% y desde 1984 la balanza de pagos ofreció resultados positivos. Pero, sobre todo, en lo que se apreció de manera especial la buena gestión económica de los socialistas fue en lo que respecta al nivel de crecimiento: en 1987 el PIB español subió más del 5% y en ese nivel se mantuvo los dos años siguientes. España dio en esos momentos la sensación de ser un nuevo caso de milagro económico, lo que explica que se convirtiera en motivo de atracción para los capitales extranjeros de diversas procedencias; en 1992 era el tercer país del mundo en reservas de divisas, tras Japón y Taiwan y superando a Estados Unidos. Se explica así el furor megalómano del que fue espectadora España en ese año cuando nuestro país fue a la vez huésped de una Exposición Universal y unas Olimpiadas. La verdad es que en esta fase alcista del ciclo no había sucedido otra cosa que la recuperación por nuestro país de la distancia que mantenía con la media europea en 1975 que, en años posteriores, se había hecho cada vez más grande. Pronto empezaron a percibirse que los problemas de la economía española no habían desaparecido como por ensalmo. En primer lugar la apertura de la economía española a la europea tuvo como consecuencia un grave déficit de la balanza de pagos, que si pudo compensarse con copiosas entradas de capital luego empeoró cuando éstas se paralizaron a partir de 1991-1992. Este último año se hizo patente la sobrevaloración de la peseta, que mantenía una ficticia sensación de prosperidad. Junto a estos problemas, que no eran sólo de coyuntura pero que se podían vincular a ella, había otros más de fondo. La realidad es que en lo que respecta al paro, probablemente debido a la falta de flexibilidad del mercado laboral, nunca se consiguió que bajara más allá del 16%. Algo parecido cabe decir de la inflación, que se situó alrededor del 7% en los mejores años del crecimiento económico. En cuanto al rigor presupuestario se puede decir que en realidad nunca existió, ni siquiera en el momento en que la situación económica era mejor y por lo tanto aumentaba la recaudación. No sólo los gastos del año 1992 testimonian esta falta de rigor presupuestario, sino que éste se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que en el período de una década se incrementara el número de empleados públicos en un millón y medio de personas. En 1992 el crecimiento económico se había estancado y daba la sensación de que se iniciaba una etapa recesiva que, una vez más, como en anteriores ocasiones, podía llegar a ser más grave que en el resto de Europa. La recuperación sólo se inició con la segunda mitad de la década.

El progreso económico durante el siglo IV a.C. fue acompañado de una intensificación de las relaciones con la Magna Grecia y con el mundo cartaginés. En el 348 a.C. se renovó el tratado de Roma con Cartago. Los comerciantes llegaron a ser en Roma un componente muy importante de la nueva plebe urbana. La penetración romana en Campania fue acompañada por la construcción de la vía Apia que unía Roma con Capua (312 a.C.). El nombre se debe al censor Apio Claudio el Ciego. Esta vía facilitó los intercambios económicos con el sur de Italia. Es indicativo de este empuje comercial el que algunos historiadores concedan a este sector mercantil romano, relacionado con el área de la Magna Grecia (entre los cuales habría sin duda elementos campanos admitidos en la clase dirigente romana), un peso decisivo en la posterior política anticartaginesa de Roma. También en este contexto de relaciones se llevó a cabo la primera acuñación romana en plata, sobre modelo griego. La arqueología nos ofrece pruebas exhaustivas de estas relaciones durante el siglo IV a.C. y comienzos del III. Así, por ejemplo, en la decoración del sarcófago de L. Cornelio Escipión Barbado se utilizan motivos arquitectónicos griegos. También ha aparecido en Roma gran cantidad de cerámica griega de esta época aunque, precisamente a comienzos de este siglo IV, es cuando Roma empieza a crear su propia cerámica local, respuesta en cierto modo a la cerámica pintada de estilo griego. Esta cerámica, conocida como Genulicia, tenía claras influencias de la cerámica roja del sur de Italia y de Etruria. En los inicios del siglo III a.C. comienza a elaborarse una cerámica mucho más fina y decorada en negro, que imita los objetos de metal griego. Esta profunda e intensa helenización de Roma en esta época, que se aprecia, como vemos, en el plano económico-comercial, trascendió a muchos otros aspectos ideológicos del mundo romano. Así, por ejemplo, el pitagorismo constituyó durante esta época la cultura oficial de la elite romana. Se introdujeron nuevos cultos de dioses de la guerra y de la victoria, incluida la Victoria misma. Entre estos dioses es especialmente importante el culto a Hercules Invictus, estrechamente vinculado a los modelos griegos, cuyo arraigo en el mundo romano pronto alcanzó gran difusión.

Debemos partir de una premisa: que el retrato en la Península Ibérica se rige por parámetros similares a los que definen los retratos metropolitanos. Sin embargo, a pesar de este sentido unitario del retrato romano, no debemos olvidar que los particulares determinan con mayor libertad los encargos de taller. Durante varios siglos los habitantes de Hispania perfilarán la línea artística del género y reflejarán gustos propios y rasgos genuinos de su personalidad. El inicio del retrato romano en nuestro país, rigurosamente analizado por Pilar León Alonso, viene de la mano de los primeros moradores de las regiones romanizadas tempranamente, Tarraconense y Baetica. La situación hispana, por otra parte, no era homogénea en la tradición escultórica prerromana; existían zonas -como la del este y sur- con arraigada plástica indígena ibérica, mientras otras -centro, norte y oeste- carecían de estos precedentes. El resultado de este fenómeno, como es lógico, se caracterizará por la diversidad. Los primeros retratos en el tiempo hallados en nuestro territorio mantienen un rasgo unitario: es el denominado realismo de tradición tardorrepublicana, que repite un prototipo físico de varón maduro y un mismo esquema formal de cabeza-retrato para colocar sobre una estatua. En todos es constante una acusada sequedad en el tratamiento de las facciones y la coordinación de las partes del rostro, así como un modelado duro de la superficie dérmica. En la repetición de este esquema, explicada tradicionalmente por el deseo de personalización del retratado, también pudo influir la escasez de repertorio técnico en el tallado de la piedra. Los tres grandes núcleos de retratos que podemos encuadrar bajo el mismo patrón inicial los localizamos en la Tarraconense, Bética y Lusitania. Aunque estilísticamente forman un bloque similar, la cronología varía en cada uno de ellos. Existe en Barcelona un rico grupo de cabezas-retrato que han sido consideradas como expresión temprana de la retratística producida en el solar hispano. Los paralelos mejores de este bloque están en retratos norteitálicos, concretamente de Aquileia. Queda así explicada para esta área la introducción e impacto de los moldes retardatarios. La Bética no es ajena a este fenómeno temprano, y a través de varios e interesantes ejemplos -retratos de desconocidos de Córdoba, Jerez y Cádiz- es posible detectar una corriente productiva definida por los rasgos citados anteriormente. Una mayor elaboración y cuidado en el tratamiento de la piedra caracteriza este conjunto bético, lo que pudiera relacionarse con un sustrato anterior conocedor de los usos de la plástica. El núcleo lusitano sitúa en Emerita el enclave productivo de este momento. En los ejemplos emeritenses se intuye un avance con respecto a los anteriores, fruto de la secuencia cronológica. La ausencia de una base técnica implica, sin duda, el asentamiento de talleres foráneos en Augusta Emerita. Parece fuera de duda que los inmigrantes itálicos que llegaron a Hispania formaron talleres a los que se adscriben maestros locales, de ahí el dispar nivel de calidad de los retratos de esta fase. En la seriación de ciertos conjuntos, como el barcelonés o emeritense, destacan las obras cabezas de serie frente a la producción repetitiva y estandarizada que forma el grueso de dichas colecciones. Otra nota interesante y común a las distintas regiones peninsulares es la perpetuación de estos esquemas en los retratos particulares durante una buena etapa temporal; la explicación es fácil si pensamos que, debido a la carencia de tradición anterior, era necesaria una fase formativa para la mano de obra autóctona. Una vez que esta etapa concluye, permanecerán con fuerza los modelos de prestigio importados, estando ajenos los encargos particulares a las novedades metropolitanas. Tal vez producto exclusivo del azar sea el hecho de que un elevado porcentaje de estas obras corresponda a retratos masculinos, aunque tampoco hay que desechar la posibilidad de que la representación femenina estuviera restringida por el rol secundario desempeñado por la mujer. Citamos como muestra de retratos femeninos de tradición anclada en el pasado los de Ampurias, en el Museo de Barcelona, y el de El Coronil (Sevilla).

Evolución historiográfica37 El manuscrito original de don Hernando Colón se ha perdido. No obstante, sabemos por el prólogo que fue Luis Colón, Tercer Almirante de las Indias y sobrino de don Hernando quien lo cedió a Baliano de Fornari, persona principal de Génova. Este se comprometió a editarlo en castellano, italiano y latín. Con tal propósito se desplazó a Venecia y encargó la edición a Juan Bautista Marino, quien a su vez delegó en Moleto. Por fin, la obra vio la luz en Venecia el 25 de abril de 1571. De las tres ediciones proyectadas (español, italiano y latín) sólo apareció la versión italiana. El encargado de hacer la traducción del manuscrito original fue el hidalgo extremeño Alfonso de Ulloa, quien tenía en su haber más de media vida en Italia, experiencia en este trabajo y reconocida fama. El título con que apareció el escrito de don Hernando en italiano fue el siguiente: Historie del S. D. Fernando Colombo; nelle s´ha particolare et vera relatione della vita e de fatti dell´Ammiraglio D. Christoforo Colombo, suo padre. Esta obra alcanzó pronto gran difusión por Italia y fuera de ella. La primera edición en castellano no llega hasta 1749 y la realizó con muchos errores A. González Barcia, titulándola Historia del Almirante D. Cristóbal Colón. Este título o el más abreviado de Historia del Almirante no se corresponde con la traducción literal italiana (historie: historias, relatos, narraciones); sin embargo, hizo fortuna y hoy se acepta sin más discusión. Como ediciones más modernas y mejores que la de Barcia se deben destacar principalmente dos: la preparada por Manuel Serrano y Sanz,: Historia del Almirante don Cristóbal Colón, Madrid, 1932, a la que aludiremos al final de este capítulo; y la que realizó Ramón Iglesia: Vida del Almirante don Cristóbal Colón (México, 1947). Desde hace más de un siglo se viene discutiendo sobre la autenticidad de la Historia del Almirante. Y la llama sigue aún viva. Hay opiniones para todos los gustos, que en un ejercicio de apretadísima síntesis podríamos clasificar en tres grupos, principalmente: a) Los que niegan que Hernando sea el autor total o parcial de la obra. Bartolomé José Gallardo y H. Harrisse fueron sus primeros animadores, a principios del último tercio del siglo pasado. Atribuyeron a pluma impostora --que no a Hernando-- la labor de quitar, poner, olvidar y confundir. Entrados en el siglo XX, algunos relacionarán esa pluma impostora con Bartolomé de Las Casas, tras de lo cual los gritos lascasistas hicieron retumbar los cielos y corrió tinta a raudales. b) Un segundo grupo lo forman aquellos que aceptan a Hernando como autor de una parte de la Historia del Almirante, aquella que se refiere a los viajes y descubrimientos colombinos, pero rechazan como impropios de su mano otros capítulos, especialmente los primeros, aquellos que tratan de la etapa colombina anterior a 1492; ven interpolaciones por todas partes. Sin embargo, se mueven en el terreno de la conjetura, razonable muchas veces y siempre discutible. c) Un tercer grupo defiende que la Historia del Almirante es obra totalmente hernandina, pero reconoce al mismo tiempo que por diversos motivos (sea por culpa o interés del propio Hernando, sea por ligereza o desconocimiento del traductor del manuscrito español al italiano) dicha obra no es del todo fiable. La enojosa parcialidad de Hernando y la tendenciosa manera que tenía de enjuiciar todo lo que afectara negativamente a su padre, están siendo aclaradas sin cesar por los historiadores. Y cuanto más se esclarecen los enigmas colombinos, mayor lógica adquiere toda la sarta de imprecisiones, lagunas informativas, aparentes incoherencias, etc., que a muchos habían parecido incomprensibles, tratándose de una personalidad como la de don Hernando. Hemos insistido en los puntos más conflictivos, más polémicos. Sin embargo, nadie pone en duda los valores de la Historia del Almirante. Es una fuente de manejo imprescindible para el historiador del descubrimiento de América. Algunos documentos colombinos hoy perdidos los conocemos gracias a esta obra; la discutida carta de Toscanelli sólo es transmitida por Hernando; el relato de fray Ramón Pané merece en favor de don Hernando todas las alabanzas imaginables por haberlo incluido en su obra y salvado para la posteridad; su relato del cuarto viaje colombino siendo testigo del mismo lo convierten en pieza capital. Y así un sinfín de pasajes, testimonios y noticias varias desgranados a lo largo de todas sus páginas. Nos ha hervido de texto base para esta edición el que publicara Manuel Serrano y Sanz en 1932, si bien con algunas modificaciones de léxico y de puntuación, con el fin de lograr una mayor claridad. También hemos realizado correcciones en algunos giros, a la vez que rectificado ciertos errores que no constaron en la versión italiana, Y todas las variaciones efectuadas han sido debidamente contrastadas con la versión italiana de Alfonso de Ulloa.

La llegada al solio de Alejandro III (1159-1181), el antiguo canonista Rolando Bandinelli, significó la puesta en práctica de las nuevas ideas antiheréticas. En su correspondencia con Enrique de Reims y Luis VII de Francia, el Pontífice se mostraba fiel a las ideas de Graciano al defender la necesaria colaboración entre los dos poderes contra la herejía. Sin embargo, y como novedad, el Papa señalaba la necesidad de que los obispos se informasen "ex officio" sobre la existencia de disidentes en sus diócesis, al objeto de proceder contra ellos tras incoar los correspondientes procesos. De acuerdo con estas ideas y ante la creciente amenaza que suponía el catarismo, Alejandro III promovió la convocatoria del concilio de Tours de 1163, en donde se sentaron las bases del futuro sistema inquisitorial. En adelante el viejo procedimiento acusatorio seria sustituido por otro indagatorio en el que las autoridades eclesiásticas actuaban de oficio en su búsqueda de los herejes. Una vez convictos los culpables serian remitidos a la autoridad civil que procedería a su encarcelamiento y a la incautación de sus bienes. El III Concilio de Letrán en 1179, en su canon 27, reafirmó los acuerdos de Tours, al tiempo que identificaba por vez primera de manera oficial la cruzada contra los herejes con la que tenia como destino Palestina. Sin embargo, siguió sin estar claro el concreto procedimiento que los obispos deberían seguir en su actuación antiherética, así como los aspectos que regularían la colaboración con las autoridades civiles. Estas dificultades se tuvieron en cuenta en la promulgación, ya durante el pontificado de Lucio III (1181-1185) de la bula "Ad Abolendam" (1184). Redactada en Verona en presencia del emperador Federico I, la bula (que se transformaría en decretal en tiempos de Gregorio IX), recalcaba el auxilio debido a la Iglesia, bajo pena de excomunión, por parte de los señores laicos en la lucha contra la herejía. Las investigaciones episcopales se sistematizaban además en las visitas episcopales (dos al año como mínimo), destacándose siempre la actuación "ex officio". El pontificado de Inocencio III (1198-1216), otro antiguo canonista, discípulo directo del gran Huguccio, significó un nuevo impulso para el sistema inquisitorial. Ya en 1199 el Papa promulgó la bula "Vergentis in senium". Tras revalidar los acuerdos de 1184, el documento calificaba por primera vez oficialmente a la herejía como "crimen de lesa majestad". Algunos años más tarde, el concilio de Aviñón (1209) organizaba las comisiones parroquiales, compuestas por un sacerdote y varios fieles, destinadas a indagar y denunciar la presencia de herejes en el ámbito local. También bajo el pontificado de Inocencio III, el IV Concilio de Letrán establecía en su canon 3 los llamados "tribunales especiales", que bajo dependencia episcopal estaban encargados de entregar a los herejes convictos al brazo secular para que este les administrase la "animadversio debita". Se fijaba así el orden básico del futuro derecho procesal de la Inquisición. Aunque durante el pontificado de Honorio III (1216-1227) no se dieron mayores novedades en la legislación eclesiástica, fueron ya evidentes en cambio los síntomas de acercamiento por parte del poder civil. Así, las decisiones lateranenses se convirtieron en normas civiles en la mayoría de los reinos occidentales. Mas el mejor ejemplo de este espíritu de colaboración vino dado al concretarse por la autoridad secular el concepto, hasta entonces vago, de la "animadversio debita", asociado a partir de 1224 en el Imperio con la muerte en la hoguera. En 1229 Francia adoptó el mismo parecer, pasando al fin a la legislación pontificia en 1231. El pontificado de Gregorio IX (1227-1241) significó el culmen del largo proceso de gestación del sistema inquisitorial. Vencido el catarismo por las armas en 1229, ese mismo año el concilio de Toulouse dedicó buena parte de su articulado a extirpar definitivamente la herejía. Se crearon tribunales permanentes con poderes episcopales delegados, en tanto que se auspiciaba la delación sistemática mediante la creación de la figura del testigo anónimo. Las comisiones parroquiales pasaron ahora a estar participadas por oficiales regios, si bien se mantuvo la supremacía episcopal en el proceso. Junto a la pena de hoguera contra impenitentes o relapsos, se dictaron medidas contra los encubridores y arrepentidos, apareciendo también la obligación de portar vestiduras infamantes. Por la constitución "Excommunicamus" de 1231 se ratificaban con valor universal tanto los acuerdos de Toulouse como la legislación imperial de 1224 referente a la "animadversio debita", que debería ser aplicada por el brazo secular en un plazo no superior a los ocho días. Quedaban prohibidos también los coloquios en materia de fe, endureciéndose en general las penas contra los herejes y consolidándose el derecho procesal. Así, se prohibía toda apelación del encausado a una instancia superior al tribunal de diócesis, privándosele además de defensa mediante abogado. Se potenciaba la delación con recompensas económicas, ampliándose la pérdida de derechos civiles y eclesiásticos a los familiares del reo hasta la segunda generación. El proceso se convertía en secreto en todas sus fases, corriendo las costas a cuenta de los encausados. Por esas mismas fechas el senador romano Annibaldo redactaba los llamados "Estatutos romanos", en donde aparecía por primera vez el término "inquisitor" en su sentido técnico de investigador religioso que actuaba de oficio. Los citados estatutos, unidos a la constitución pontificia se convirtieron pronto en manual oficioso de Derecho penal y procesal en las causas contra los herejes. Bajo el nombre de "Estatutos de la Santa Sede" el mismo Gregorio IX potenció su difusión y puesta en práctica a nivel diocesano. Finalmente, y ante el débil celo manifestado en general por los obispos en la aplicación de las nuevas medidas, Gregorio IX decidió la creación de la Inquisición pontificia mediante la bula "Ille Humani Generis" de 1232. En adelante grupos de monjes, generalmente dominicos, aunque posteriormente también franciscanos, serían enviados a cada diócesis en calidad de jueces plenipotenciarios en el "negotium fidei et paces". Los tribunales episcopales pasaron a desempeñar un papel secundario por más que se les reconociera oficialmente una labor de coordinación. Algunos años más tarde, Inocencio IV (1243-1254) mediante la bula "Ad Extirpanda" (1252) introducía la tortura en el interrogatorio a los acusados de herejía, culminando así, de forma harto significativa, el sistema inquisitorial. De hecho, la introducción de la tortura no se concebía tanto como un método para obtener la verdad, cuanto como prueba en sí, en el sentido de las ordalías altomedievales. La claudicación ante la tortura implicaba así una directa e inapelable acusación del Creador contra el reo. Finalmente, respecto a la actuación práctica de los tribunales inquisitoriales, dependió en gran parte de la voluntad de los obispos, que después de todo habían visto recortadas sus tradicionales prerrogativas. La actitud de los monarcas y autoridades laicas se mostró a menudo también poco favorable respecto a unas intervenciones pontificias juzgadas como intromisiones. La disparidad geográfica y temporal fue por ello norma. Entre los países que más reticentes se mostraron a la actuación papal destacaron Castilla e Inglaterra, que simplemente renunciaron a introducir el nuevo tribunal. En otras naciones en donde sí se implantó, las reticencias fueron a menudo notables. Así, en los casos de Italia, el Imperio y Francia del norte, donde inquisidores excesivamente celosos perdieron en ocasiones sus vidas. Fue una vez más en el Midi donde la Inquisición demostró sus enormes capacidades. Desde su cuartel general de la Universidad de Toulouse, los dominicos procedieron a partir de 1229 a una terrible represión. El catarismo, reducido al ámbito rural, fue sistemáticamente extirpado por las actuaciones inquisitoriales, siempre apoyadas por los oficiales enviados por París.

La primera etapa del retablo seiscentista -que abarca fechas difíciles de precisar, pues si en los centros creadores no dura más allá del primer tercio del siglo, en los meramente receptores y repetidores puede alargarse hasta bien entrado el segundo- se puede definir como una prolongación del clasicismo arraigado plenamente a finales del siglo XVI, cuyo máximo exponente fue el retablo diseñado por por Juan de Herrera para la basílica del monasterio de El Escorial. En ella se atiende de preferencia a la estructura y dispositivo arquitectónico, claramente ordenado en cuerpos, calles y entrecalles separados y diferenciados por soportes y entablamentos. Las calles, que pueden ser tres o cinco, se separan mediante columnas, pilastras o por medio del binomio más plástico de pilar-columna adosada o entrega. Abundan los tableros pintados o esculpidos y las imágenes de bulto, de tal suerte que el factor narrativo e iconográfico se equilibra, cuando no supera, al tectónico y constructivo. En los soportes se superponen los órdenes clásicos: dórico en el primer piso, jónico en el segundo y corintio en el tercero y, a veces, compuesto en el ático. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, se prefirió usar en todos los cuerpos el corintio, diseñado conforme a la gramática de Vignola, por ser el más vistoso y decorativo de todos a causa de su carácter floral. Como residuos no eliminados del manierismo, a veces los fustes llevan decorado su tercio inferior con ornatos vegetales y fitomorfos o con estrías helicoidales y en zig-zag que, en un número menor de casos, pueden extenderse al fuste entero. Por lo general la trama ornamental que afecta a ésta y otras partes del retablo, como netos de las columnas, marcos de los tableros y hornacinas frisos de los entablamentos, etc., es de sesgo duro, geométrico, estilizado y abstracto, compuesta de roleos, bandas, agallones, puntas de diamante y cosas similares; repertorio decorativo que procede aún de libros y comentarios de arquitectura -casi siempre glosas al tratado de Serlio- hechos por autores generalmente nórdicos. La planimetría del retablo suele ser plana, inerte y rígida, que se traduce en un alzado amoldado a la forma del ábside de la iglesia; si éste es, por ejemplo, poligonal, el retablo se despliega en paneles acodados como los de un biombo. Lo único que destaca y resalta plásticamente respecto del fondo son los soportes, particularmente si están formados por el binomio ya dicho de pilar columna adosada, agitándose tímidamente los entablamentos a este tenor en débiles entrantes y salientes. Aunque la ingente multitud de retablos de esta primera fase puede reducirse al común denominador descrito, existen, claro está, múltiples variantes regionales, provinciales y locales en el amplio espectro de toda España que no cabe obviamente recoger aquí. De todas formas la uniformidad es mayor en el centro de la Península por el avasallador influjo que ejercen los modelos cortesanos debidos a los epígonos de Juan de Herrera, mientras en la periferia la libertad inventiva fue bastante mayor, si bien es verdad que ésta afectó propiamente a los pormenores decorativos más que a la estructura arquitectónica. La segunda etapa que, hablando en términos generales, comprende la segunda mitad del siglo XVII y se adentra por períodos más largos o cortos del siglo siguiente según las diferentes regiones, podría calificarse de creación y expansión del retablo barroco castizo o genuinamente hispánico. Este retablo barroco castizo fue tal porque apenas se hizo permeable a influencias extrañas y se gestó por entero dentro de la Península Ibérica. Se condensa particularmente en la plétora decorativa que fue invadiendo, como la hiedra, el organismo arquitectónico de tal manera que acabó ahogándolo y oscureciéndolo. Acaso ello se debió a que, si en la primera fase la traza del retablo estuvo en manos de arquitectos profesionales o personas que estaban muy al tanto de las leyes y sustancia de la arquitectura, ahora cayó en poder de escultores, pintores, tallistas o simples decoradores y ornamentistas quienes, dominadores de todos los recursos del dibujo, tenían a gala "llenar el proyecto con toda clase de primores y ringorrangos", como afirmó Francisco Pacheco en su "Arte de la Pintura" (1654). En ello, al fin y al cabo, el retablo experimentó el mismo cambio y siguió idéntico rumbo al de la arquitectura coetánea. El soporte preferido fue en un primer momento la columna salomónica o turbinada, como acertadamente la llamó en México don Carlos Sigüenza y Góngora, cuyo fuste de cinco o seis espiras y revueltas resultaba mucho más vistoso y dinámico que el clásico habitual; fuste que muchas veces, al estar cuajado de hojas de parra y pámpanos de vid tallados, se transformó emblemáticamente en símbolo eucarístico, resultando su uso muy apropiado a los retablos de este tipo. Se ha hablado siempre del impacto que produjeron en España las columnas salomónicas del baldaquino de Bernini en la basílica de San Pedro, pero no ha de olvidarse que la tal columna salomónica debió ser conocida entre nosotros desde mucho antes a través de las pinturas -como las de Pellegrino Tibaldi en el patio de los Evangelistas del monasterio de El Escorial o los tapices de Pedro Pablo Rubens de las Descalzas Reales de Madrid- o a través de los tratados que consignaban su existencia y galibación (la Regla de Vignola), la proponían como componente de un nuevo y original orden salomónico íntegro (fray Juan Riccci de Guevara) o la conectaban muy directamente con el templo de Salomón (Arquitectura recta y oblicua de Juan de Caramuel). Además de por este novedoso soporte, el retablo castizo se distinguió por una nueva decoración que lo invadió todo, sotabancos, netos y pedestales de las columnas, entrepisos, entablamentos, cornisas y coronaciones; decoración mucho más naturalista que la seca y abstracta del manierismo, consistente en cogollos vegetales jugosos, cartuchos de hojas tropicales y carnosas, trenzados de distintas vegetaciones y plantas, y sartas y pendientes de sabrosas frutas. Una decoración, por otro lado, que se acompasaba perfectamente con la de la pintura contemporánea de floreros y bodegones. Desde el punto de vista de la planimetría y de la montea, el retablo castizo se caracterizó, frente al de la etapa anterior, por una búsqueda más intensa tanto de la movilidad y profundidad de los planos en el espacio cuanto por la gradación de las luces y de las sombras, ensayando efectos marcadamente plásticos y pictóricos. No fue infrecuente que el retablo describiese un semicírculo en planta en lugar de acomodarse, como anteriormente, a los planos de los ábsides poligonales de las iglesias, formando una profunda oquedad en donde los soportes se van escalonando a medida que se adentran en el espacio. El semicírculo remata en un cascarón o bóveda de cuarto de esfera, sustituyendo al anticuado y rígido ático con aletones del retablo precedente. Aunque esta variedad de retablo castizo se extendió como un reguero de pólvora por todo el país, siempre también dentro de una gama multiforme de variantes y combinaciones, tuvo su origen en Madrid donde figuras tan señaladas como Alonso Cano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Pedro de la Torre, Sebastián de Benavente, Juan de Lobera y José Ratés contribuyeron decisivamente a su gestación. Su ápice lo alcanzó en manos de la familia Churriguera, que no en vano se educó artísticamente en la Corte, aunque procediera de Cataluña. De tal suerte que a este retablo barroco en su fase de definitiva cristalización se le ha denominado, no sin cierta justicia, churrigueresco. En un segundo momento se puso de moda usar en el retablo castizo, a guisa de soporte, el estípite o pirámide adelgazada e invertida a la que en su cuello se dotó de varios estrangulamientos y se coronó con un capitel clásico, generalmente el corintio. A veces los estrangulamientos son tantos que fraccionan el estípite en multitud de partes imbricadas unas en otras o al cuerpo principal del estípite se le adosan diminutas placas recortadas en caprichosos perfiles y estratificadas en tantas capas que se pierde su silueta. No contentos con esto, algunos artistas, como Francisco Hurtado Izquierdo y sus epígonos e imitadores en Andalucía, sobreponen a los estrangulamientos pares de frontoncillos rotos, acodados e invertidos que René Taylor llama, a causa de la forma que adquieren, orejas de cerdo. Merced a todo este proceso el estípite acabó transformándose en una pieza de ebanistería enormemente sofisticada, más apta para sostener una mesa o un mueble que para servir de soporte a un retablo. Este aire de mundanidad es el que ha dado pie para que algunos estudiosos lo hayan incluido en el mundo muelle y sensual del Rococó. El estípite era de ascendencia manierista y el favor de su uso lo alcanzó probablemente, sobre todo a sus inicios, gracias al descubrimiento que de él hicieron los artífices hispanos en aquellos tratados de arquitectura nórdicos de finales del Quinientos -como los de Dietterlin, Mayer, Kramel, Blum, Vredeman de Vries y Hugo Sambin- que lo habían puesto de manifiesto en todas sus proteicas variedades. Entre nosotros fue introducido por José de Churriguera, pero quien lo usó en Madrid con más profusión fue Pedro de Ribera. Al sur lo llevó el zamorano Jerónimo de Balbás quien, después de haber trabajado en la Corte de Carlos II como escenógrafo, marchó a Sevilla y Cádiz. En la primera de estas ciudades construyó el retablo del Sagrario de la catedral de Sevilla, destruido luego por el furor neoclásico, donde empleó, acaso por primera vez en 1706, el estípite de orden gigante vertebrando todo su frente. Desde Andalucía lo llevó posteriormente a México, país en que se usó con verdadero frenesí desde entonces. Una tercera y última fase del retablo barroco español coincidió aproximadamente con la primera mitad del XVIII, aunque en las primeras décadas del siglo conviviese la nueva modalidad con la castiza acabada de perfilar. Se ha bautizado a este retablo tardío como retablo rococó a causa del nuevo género de decoración en él empleado. Sin embargo, fue mucho más radicalmente novedoso y revolucionario por la renovación de su estructura arquitectónica que por la aplicación epidérmica de la rocalla. Efectivamente este retablo final incorporó tardíamente la movilidad de planos y superficies, al disponer sus cuerpos interpretados e intersecantes, agitándolos en perfiles curvos y contracurvos, que había caracterizado al barroco romano y piamontés del siglo XVII; es decir, asimiló las novedades aportadas mucho tiempo antes por Bernini, Cortona, Borromini, Guarini y Vittone. El fenómeno se produjo simultáneamente en la arquitectura española contemporánea y, si no, piénsese en las fachadas contemporáneas de la catedral de Valencia, de Conrad Rudolf; en la de San Antonio de Aranjuez, obra de Giacomo Bonavia, y en los interiores de la iglesia de San Antón de Madrid, según diseño originario de Pedro de Ribera, y en el de San Marcos de Madrid de Ventura Rodríguez. En este género de retablos se recuperó con frecuencia el soporte tradicional, es decir, la columna clásica modulada conforme a su orden correspondiente, porque servía, mejor que el fuste salomónico o el estípite -particularmente cuando se la colocaba de canto o al sesgo- para marcar la transición de los planos espaciales. La rocalla fue el ornato más generalizado porque, merced a su forma arriñonada y disimétrica, tenía por sí misma una movilidad muy apropiada al juego de superficies y volúmenes del retablo. No resulta fácil definir la rocalla, pues existió multitud de variantes y combinaciones de ella, pero sí se puede afirmar que en muchas ocasiones fue copiada de modelos franceses que corrían impresos en libros de grabados y hojas volanderas. Junto con ella se importaron del exterior otros motivos decorativos como las series de trofeos, bien militares, bien eclesiásticos, bien musicales o de cualquier otro tipo. Es menester recordar a este respecto que, si bien los modelos de la rocalla fueron por lo general de origen francés, también se copiaron e imitaron otros procedentes de países como Alemania, donde grabadores cual la familia Klauber de Ausburgo, que imprimieron multitud de libros y estampas con orlas y viñetas de primorosas rocallas, alcanzaron enorme éxito en nuestro país. Pero la rocalla -empleada con mesura y parsimonia por regla general no fue el único repertorio ornamental que se utilizó en el siglo XVIII. A su lado los artífices hispanos inventaron otros motivos decorativos propios, algunos desarrollados a partir de tradiciones autóctonas anteriores. Por ejemplo, en Galicia, Simón Rodríguez y sus discípulos hicieron repetido uso no sólo de brutales placas recortadas proyectándose desde el fondo del retablo hacia el vacío, sino de cilindros colocados de manera lábil e inestable entre los soportes y el entablamento. En Andalucía, particularmente la escuela de Pedro Duque Cornejo empleó también placas recortadas, pero dándoles un sentido diferente. Superpuestas en finas capas, delinean perfiles y contornos melifluos y sinuosos, a los que se acompasan las ondulaciones de molduras y cornisas, semejando todo ello el bullir de un tempestuoso oleaje. Finalmente Hurtado Izquierdo hizo uso igualmente de elementos recortados, pero fragmentados y atomizados en pequeños prismas que, imbricados unos en otros a la manera de los mocárabes musulmanes, producen la sensación de una superficie descompuesta en infinidad de facetas donde cabrillea y se agita la luz.

Desde la subida al trono de Amadeo y hasta las primeras elecciones a Cortes ordinarias transcurrieron dos meses, en los que la coalición monárquico-democrática se mantuvo unida. El Gobierno de transición había logrado concentrar a las principales figuras de los tres partidos integrantes de la coalición: Sagasta, Ruiz Zorrilla, Martos, Moret, López de Ayala... A partir de las elecciones que, hábilmente gestionadas por el ministro de la Gobernación -Sagasta-, se saldaron con una cómoda mayoría gubernamental frente al bloque de la oposición, coaligado a su vez, la heterogeneidad de la coalición comenzó a presentar serias dificultades. Los comicios demostraron nuevamente la dualidad campo-ciudad respecto al comportamiento electoral: la oposición había obtenido mayorías urbanas, todo lo contrario que en las zonas rurales. Una vez obtenida la legitimidad a través de las urnas, el Gobierno debía empezar a legislar e iniciar así el desarrollo parlamentario de la nueva monarquía. pero no tardaron en aparecer las fricciones. Los líderes políticos más destacados se distanciaron en los criterios de aplicación de los principios democráticos, dando lugar a numerosas corrientes que acabarían por configurar nuevos partidos, sujetos asimismo a una permanente inestabilidad, fruto de los personalismos. Así, Sagasta se puso al frente del Partido Constitucionalista, cercano a los planteamientos de la vieja Unión Liberal, que venía a ser la versión más conservadora del espíritu de septiembre. Por su parte, Ruiz Zorrilla configuró el Partido Radical como herencia directa de los demócratas cimbrios, liderados por Martos y Rivero, perfilando la versión más progresista del ideario revolucionario. La vida parlamentaria evolucionó, pues, hacia múltiples personalismos que, si bien se remitían a ideologías similares, chocaban en los métodos de la praxis política. Temas tales como la abolición de la esclavitud en Cuba, la separación Iglesia-Estado, la forma de entender la cuestión social y el nunca resuelto problema de las quintas originaron fuertes discrepancias entre los grupos. La consecuencia lógica se tradujo en un bloqueo parlamentario y en la consiguiente parálisis del proceso legislador. Ni siquiera fue posible aprobar el presupuesto de 1871-1872. La crisis estalló definitivamente el 20 de junio, cuando la dimisión de Moret como ministro de Hacienda desató una serie encadenada de dimisiones y sustituciones que no finalizaría hasta últimos de diciembre. Las dimisiones de Martos y Beranger, ministros de Estado y Marina respectivamente, colocaron a Serrano en la complicada obligación de formar Gobierno. Fracasado este intento, se le encargó a Ruiz Zorrilla la misma tarea, a la par que las Cortes depositaban su confianza en él. El dirigente radical optó por disolver las Cortes y gobernar por decreto durante algún tiempo. A la larga tuvo que dimitir también, toda vez que las sesiones se reanudaron y Sagasta fue elegido presidente del Congreso. En sustitución de Ruiz Zorrilla fue elegido el general Malcampo, afín al partido constitucionalista, quien se mantuvo en la cabecera del Gobierno hasta el 21 de diciembre. Finalmente se nombró un nuevo gabinete, presidido por Sagasta, y se disolvieron las Cortes para convocar elecciones. La vida parlamentaria quedó eclipsada por el choque de los personalismos, que se trasladó de las agrupaciones de notables a los Gobiernos. En una práctica parlamentaria viciada en su esencia, y en un ambiente de frágil cultura política y débil organización de la sociedad civil, la proyección de los personalismos recuperó las viejas prácticas del período moderado, utilizando el siguiente mecanismo constitucional: decretar la disolución de las Cortes desde la presidencia del Consejo para luego intervenir las elecciones y obtener una cómoda mayoría. El problema de estos personalismos es que todavía no habían cuajado en la constitución de clientelas políticas más o menos sólidas, que permitieran dar alguna dosis de estabilidad y de representación a la vida parlamentaria.

Tras la victoria contra los bárbaros, Temístocles parece especialmente preocupado por la posibilidad de que Esparta recupere la hegemonía griega. En ese marco hay que situar sus esfuerzos para la reconstrucción de los muros de Atenas, a la que se oponían los espartanos, que seguían proponiendo situar toda la defensa griega en el Peloponeso. Una vez más, Temístocles llevó a cabo una de las estratagemas que lo caracterizaban por las artimañas de su inteligencia y por su personalidad particular renovadora. Así se demostró, se dice, que Atenas estaba en condiciones de actuar por sí misma. También se opuso a la propuesta espartana de castigar a quienes habían colaborado con los persas, pues eso podría significar el reconocimiento de la hegemonía espartana, al margen de que así Temístocles parecía defender las tradiciones representadas por el oráculo de Delfos e intentar que recuperara su prestigio. La expedición espartana que pretendía castigar a los tesalios, por otra parte, fracasó, lo que permitió afirmar la actitud defendida por Temístocles. Las acciones similares de Pausanias en el Egeo no hicieron más que proporcionarles problemas a los espartanos. Los conflictos internos subsiguientes hicieron que Esparta como tal dejara de constituir un problema para la afirmación momentánea del poder ateniense en el Egeo. De este modo, cuando los espartanos quisieron implicar a Temístocles en sus acusaciones contra Pausanias, se encontraron con que aquél había caído en desgracia y había sido sometido al ostracismo, seguramente en 471, o tal vez un poco antes. Era el resultado del desarrollo expansivo, a costa de los persas, que se había iniciado con la formación de la Liga de Delos y que proporcionaba todo el prestigio a personajes como Arístides y Cimón, mientras que la hostilidad hacia Esparta quedaba fuera de los objetivos del pueblo ateniense, ahora enfervorizado por el triunfalismo y por la afirmación de la propia entidad griega frente a los bárbaros, circunstancias potenciadas por las posibilidades de acceso a las ganancias que se empezaban a vislumbrar como consecuencia del dominio del Egeo. Tras el ostracismo, los atenienses reclamaron a Temístocles como colaborador de Pausanias en su política inclinada a una nueva colaboración con los persas. El ateniense, que había quedado inicialmente en Argos, lugar clave del Peloponeso para desarrollar una política antiespartana, huyó hacia el norte y, a través de Macedonia, se refugió junto a los persas, donde, paradójicamente, se dice que se dedicó a planear la posible recuperación del imperio del rey. La evolución política de la ciudad está condicionada por factores externos. Esparta y Persia, en sus vicisitudes internas, influyen en las actitudes cambiantes adoptadas por el pueblo ateniense y en los apoyos buscados por los políticos en el plano individual.