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El conde de Mirabeau escribía a Luis XVI, un año después de la toma de la Bastilla: "Comparad la nueva situación con el antiguo régimen; ahí nace el consuelo y la esperanza". Para uno de los adalides de la Revolución moderada, los acontecimientos iniciados en 1789 no sólo pretendían cambiar un gobierno, sino abolir un antiguo modelo de sociedad e instaurar un nuevo orden. Hoy, aquel concepto de Antiguo Régimen, acuñado en el momento mismo en que dejaba de existir, ha pasado a ser una categoría historiográfica aceptada plenamente, y definida por tres elementos: la pervivencia de una sociedad basada en la desigualdad y el privilegio; por una economía organizada para generar renta destinada a mantener el estatus de los estamentos privilegiados; y coronada por un poder absoluto, indivisible y autónomo. Para España, el último capítulo del Antiguo Régimen coincide, a grandes rasgos, con el reinado de Carlos IV y el impacto que los acontecimientos de Francia tienen sobre la realidad española. El reformismo borbónico, activo hasta la década de los setenta, siempre se mantuvo dentro de unos límites en los que primaba el fortalecimiento del poder del monarca y sin que las estructuras sociales y económicas del país conocieran cambios sustanciales. A partir del inicio de la década de los ochenta el reformismo moderado perdió impulso y la pasividad se hizo total. La recepción de las ideas liberales en España actuaron en un contexto en el que, simultáneamente, se descomponía el orden internacional vigente desde Utrecht y el sistema de alianzas tradicional; se desacreditaba la institución monárquica por el valimiento de Godoy y las disidencias entre Carlos IV y su heredero; la prolongada situación bélica generaba crisis económica, la ruptura de lazos con las colonias americanas y la bancarrota de la Hacienda. Como corolario de todo ello, se debilitaba la ideología que hasta entonces había sustentado el absolutismo. El deseo de libertad se hizo más necesario y urgente. El poeta Quintana escribía a Lord Holland: la libertad es un objeto de acción y de instinto, y no de argumentos y de doctrina. Para los liberales de entonces, la esperanza estribaba en poner fin al Antiguo Régimen y ser libres, el cómo era cosa de después.

Los liberales brasileños depositaron grandes expectativas en el regente, especialmente tras la jura de la Constitución. Pero éstas fueron rápidamente defraudadas, ya que ante el temor de un recorte de sus poderes, el regente disolvió a la Asamblea Constituyente a los siete meses de haberse reunido por primera vez. Sin embargo, la práctica posterior del joven monarca llevaría a instaurar un reinado de corte liberal. En marzo de 1824 se promulgó una nueva Constitución que convirtió al Brasil en una monarquía parlamentaria, aunque unitaria y centralizada, que perduraría durante casi medio siglo. La Constitución era bastante liberal, tanto formalmente como por su espíritu y contenido, pese a los vastos poderes que concedía a la Corona. Se adoptó el modelo inglés, con una Cámara de Diputados renovada periódicamente, un Senado vitalicio y el monarca que estaba al frente del ejecutivo, asistido por un Consejo de Estado. El monarca tenía plenas competencias religiosas, entre sus poderes estaba el de nombrar y cesar al primer ministro, independientemente de la voluntad del Parlamento, nombrar a los miembros del Consejo de Estado, designar a los senadores de entre las ternas más votadas, convocar o disolver la Cámara de Diputados y convocar elecciones parlamentarias. De modo que si la Cámara rechazaba un gabinete designado por el emperador, éste podía disolverla y convocar nuevamente a las urnas. El emperador era el responsable del nombramiento y promoción de los funcionarios civiles y militares, de reglamentar la legislación aprobada por el parlamento y de la distribución de los recursos entre los distintos organismos de la administración. Pernambuco, que ya se había rebelado en 1817, conoció una nueva sublevación en 1824, tras rechazar la nueva Constitución e inclusive al propio emperador. En esta oportunidad se intentó crear la Confederación del Ecuador. Con el fin de sofocar la rebelión, que hubiera supuesto la secesión de una parte importante del país, Don Pedro suspendió las garantías constitucionales y acudió nuevamente a lord Cochrane. Simultáneamente estalló otro foco de conflicto en el sur del país, donde también se intentó establecer un estado independiente. Tras hábiles negociaciones con George Canning, el embajador británico, don Pedro firmó sendos tratados con Portugal y Gran Bretaña que de hecho significaban el reconocimiento de la independencia brasileña. Esta medida sería seguida en 1826 por los Estados Unidos, que adoptaron una actitud similar. La solución institucional que se había arbitrado pasaba por la coronación de don Juan como emperador del Brasil y su inmediata abdicación en su hijo. El tratado con Portugal incluía una cláusula secreta por la cual se indemnizaba a don Juan por la pérdida de la colonia americana a la vez que Brasil también se hizo cargo de la deuda portuguesa con Gran Bretaña. El tratado, sin embargo, dejaba abierta la cuestión sucesoria en Portugal, ya que el primer heredero del trono era el monarca de un país extranjero. La muerte de don Juan, en 1826, aumentó las ya graves dificultades entre el emperador y sus súbditos. Don Pedro asumió la corona portuguesa, pero pese a su pronta renuncia no pudo acabar con la idea muy difundida entre sus súbditos de que prestaba más atención a los asuntos portugueses que a los brasileños. Si a las dificultades económicas que atravesaba el país se agrega la degradación de la vida política (hasta 1826 no se convocó al Parlamento), se puede entender por qué el Brasil se hallaba al borde de un estallido revolucionario. Ante la falta de los necesarios apoyos políticos, don Pedro abdicó en su hijo Pedro de Alcántara, de cinco años de edad, el 7 de abril de 1831, tras reconocer que "meu filho tem sobre mim a ventagem de ser brasileiro". Sin violencia, y sin despertar grandes odios, el emperador partió a su exilio europeo en compañía de su familia. La partida de don Pedro permitió finalmente el desplazamiento de la antigua burocracia imperial, continuadora de la colonial, por los miembros de la oligarquía terrateniente, vinculada al desarrollo del sector agroexportador.

La muerte de Juan I, en plena juventud, dejaba como heredero del trono a un niño, Enrique III (1390-1406). La pugna por controlar el Consejo de Regencia, que finalmente se constituyó en las Cortes de Madrid de 1391, fue de una gran dureza, ya que los Grandes del reino entendían que su papel quedaba diluido en un Consejo multitudinario. Protagonismo especial tuvo en aquella ocasión el arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, partidario del estricto cumplimiento del testamento de Juan I. Sería precisamente aquella coyuntura la que propició el estallido, en junio de 1391, de violentos ataques a la judería de Sevilla. Desde que Enrique III se hizo cargo efectivo del poder se agudizó la pugna contra los epígonos Trastámaras. A la postre los principales integrantes de ese grupo, en su mayoría parientes del rey, como el conde de Noreña o don Fadrique, duque de Benavente, fueron derrotados. Son muy significativos, a ese respecto, hechos tales como que el duque de Benavente fuera hecho prisionero o que el conde de Noreña tuviera que huir de la Península. Por contra, había consolidado su poder la nobleza de servicios, de la que eran típicos representantes, en tiempos de Enrique III, el justicia mayor Diego López de Estúñiga, el mayordomo Juan Hurtado de Mendoza o el condestable Ruy López Dávalos. La época de Enrique III estuvo dominada, en el panorama internacional, por la paz. Así las cosas, mientras continuaba la alianza con Francia mejoraron las relaciones con Inglaterra, lo que permitió la reanudación de las relaciones comerciales con dicho país. Por otra parte, el interés de Enrique III por el Mediterráneo, en cuyo extremo oriental se anunciaba el peligro turco, llevó al monarca castellano a planear un pacto nada más y nada menos que con los tártaros de Tamerlán. Con esa finalidad salió de Castilla una embajada de la que se ha conservado un bello y minucioso relato, escrito por Ruy González de Clavijo, el principal miembro de la expedición. En otro orden de cosas es preciso recordar el apoyo prestado por Enrique III a las insólitas campañas del aventurero francés Jean de Bethencourt en las Canarias. Aquello sería el punto de partida de la presencia castellana en las "islas afortunadas".

El reinado de Enrique IV presenta una imagen francamente negativa. Es posible que él fuera un hombre débil y enfermizo (un "displásico eunucoide", según la opinión de G. Marañón), pero no hay que olvidar las opiniones negativas de la mayoría de los cronistas que han escrito sobre dicho monarca. Por lo demás, su reinado coincide con unos tiempos difíciles, en los que reaparecen síntomas de la pasada crisis. Pero una cosa eran las luchas políticas del día a día y otra el panorama de fondo, en el que nos encontramos, a pesar de las apariencias, con un imparable fortalecimiento del poder regio. Enrique IV (1454-1474) tuvo un comienzo de reinado francamente positivo. Aunque tenía un hombre de confianza reclutado en las filas de la alta nobleza, Juan Pacheco, marqués de Villena, buscó sus principales colaboradores entre los legistas y gentes de la baja nobleza. Al mismo tiempo decidió proteger la industria textil castellana, lo que se tradujo en la decisión tomada en las Cortes de Toledo de 1462 de reservar un tercio de la lana de sus reinos para la producción interna. En otro orden de cosas reanudó la guerra con los nazaríes, poniendo en práctica una guerra de desgaste. Todas esas medidas, no obstante, descontentaron a la alta nobleza. Mas el prestigio del monarca castellano era grande, como lo revela el hecho de que los catalanes insurrectos contra Juan II (el antiguo infante, rey de Aragón desde 1458) le ofrecieran el Principado en 1462. Enrique IV, que se mostró indeciso, renunció finalmente a esta oferta. A partir de esos momentos se constituyó frente al monarca castellano una liga nobiliaria, dirigida por el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, y a la que incluso se adhirió el antiguo favorito de Enrique IV, el poderoso marqués de Villena. Había, ciertamente, linajes de la alta nobleza que mantenían su fidelidad al rey de Castilla, como los Mendoza, pero eran los menos. Los rebeldes, en una ceremonia oprobiosa que tuvo lugar en las afueras de Avila en el año 1465, depusieron a Enrique IV, allí representado por un muñeco. Oigamos el testimonio del cronista Enríquez del Castillo: "... mandaron hacer un cadahalso fuera de la cibdad en un grand llano, y encima del cadahalso pusieron una estatua asentada en una silla, que descian representar la persona del Rey, la qual estaba cubierta de luto..." Los nobles rebeldes leyeron una carta en la que acusaban a Enrique IV de cuatro cosas: "Que por la primera, merescia perder la dignidad Real; y entonces llegó Don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, é le quitó la corona de la cabeza. Por la segunda, que merescia perder la administracion de la justicia; así llegó Don Alvaro de Zúñiga, Conde de Plasencia, é le quitó el estoque que tenia delante. Por la tercera, que merescia perder la gobernacion del Reyno; é así llegó Don Rodrigo Pimentel, Conde de Benavente, é le quitó el bastón que tenia en la mano. Por la quarta, que merescia perder el trono é asentamiento de Rey; é así llegó Don Diego López de Zúñiga, é derribó la estatua de la silla en que estaba". En su lugar proclamaron rey de Castilla al príncipe Alfonso, hermano del monarca depuesto. Al mismo tiempo se difundía el bulo de que la princesa Juana, heredera del trono, no era hija de Enrique IV, sino de su nuevo favorito, Beltrán de la Cueva. Pese a todo el rey pudo reaccionar. El apoyo de los concejos, organizados en una nueva Hermandad General, y de los nobles adictos, como los Mendoza, le permitió derrotar a la nobleza levantisca en Olmedo (1467), villa que volvía a ser escenario de una victoria monárquica. Pero el panorama aún quedó más clarificado al fallecer, al año siguiente, su hermano Alfonso. No obstante, los últimos años del reinado de Enrique IV estuvieron dominados por el problema sucesorio. En 1468, mediante el pacto de los Toros de Guisando, el rey de Castilla reconocía a su hermana Isabel como heredera del trono, en perjuicio de los posibles derechos de su hija Juana. Pero el matrimonio de Isabel con el aragonés Fernando, también heredero del trono, celebrado en la villa de Valladolid en octubre del año 1469, disgustó profundamente a Enrique IV. Así las cosas, se entiende que el rey de Castilla decidiera, en 1470, romper lo pactado y proclamar heredera a su hija Juana. La liga nobiliaria que en el pasado había depuesto a Enrique IV, y que después de 1468 había procurado un acercamiento a la princesa Isabel, se puso ahora del lado del monarca castellano. En cualquier caso el panorama era sumamente confuso. Al morir Enrique IV, en el año 1474, Castilla se vio envuelta en una guerra sucesoria, entre Isabel y Fernando, por una parte, y los partidarios de Juana la Beltraneja, por otra.

La muerte de Atalo I no supuso, ni mucho menos, la liquidación de los talleres pergaménicos: como ya hemos dicho, su sucesor Eumenes II (197-159 a. C.) siguió luchando contra los gálatas y encargando exvotos con sus figuras. Pero el nuevo monarca no se conformó con repetir los hallazgos del pasado: con él, Pérgamo acrecentó su poder, y se convirtió en un verdadero conjunto monumental: nuevas murallas, esta vez en cuidado aparejo, lujoso palacio, biblioteca, pórticos por todas partes, conclusión del teatro... La ciudad adquiría definitivamente ese aspecto de inmenso escenario que aún adivinan hoy los visitantes ente sus ruinas, y en bello mármol blanco, no en la piedra local que antes se empleaba. El arte que se hacía allí era tanto, y de tan alta calidad, que el recuerdo de la Atenas de Pericles se reforzaba en la mente de todos. En el campo de la arquitectura, acaso lo más brillante fuese el pórtico con que se rodeó el santuario de Atenea Nicéfora. Su entrada, en particular, sería una lección para el futuro, lección que Roma no olvidará. Presenta dos órdenes superpuestos (dórico abajo, jónico arriba), concebidos ya con una libertad plena: en el piso inferior, vemos cómo las columnas se separan según la conveniencia del arquitecto, y, sobre ellas, triglifos y metopas se multiplican a placer; en el piso alto destacan dos motivos de decoración que los romanos repetirán por todas partes: las armas amontonadas -alusión a la diosa portadora de victoria adorada en el templo- y el friso de bucráneos y guirnaldas, que señalan el carácter sacro, pleno de sacrificios, del recinto. Todo sencillo, limpio de líneas, con la animada decoración encerrada en paneles y frisos perfectamente delimitados. No estamos lejos de la aún más despojada arquitectura que financiará Atalo II (159-138 a. C.), el sucesor de Eumenes, cuando haga construir en el ágora de Atenas, como regalo a la capital del clasicismo, el pórtico que lleva su nombre. También supo Eumenes escoger bien a sus pintores y decoradores. A la hora de enriquecer su palacio con mosaicos, los encargó a dos afamados artistas: Hefestión, cuya firma ha aparecido en uno de ellos, y que revela su virtuosismo en un friso de plantas, flores y erotes, y, sobre todo, Soso de Pérgamo, el único mosaísta que mereció ser recordado en las páginas de Plinio; ciertamente, por lo que sabemos, su ingenio fue brillante: creó, para el suelo de un comedor, un tipo de mosaico, la Habitación sin barrer, en el que aparecían esparcidos muchos restos de banquete, como naturalezas muertas yuxtapuestas, y con un sombreado tal que parecían de verdad; y además, para el centro de una habitación, imaginó un emblema, o cuadro en mosaico, que representaba unas palomas bebiendo en una vasija de bronce; su ejecución era tan realista que una de las aves proyectaba sobre el agua la sombra de su cabeza; sin duda se trataba del adorno central de un dormitorio, y las palomas simbolizaban a Afrodita. Sin embargo, el arte de Soso, basado en el realismo a ultranza, en el engaño de la vista, era una tendencia que podía gustarle al rey como persona, para su vida privada, pero que se hallaba lejos del abarrocado arte oficial de la monarquía pergaménica. A éste último le estaba destinada la obra maestra de toda la historia de la ciudad, motivo de orgullo para Pérgamo durante siglos; nos referimos, como es lógico, al Altar de Zeus.

El reinado de Felipe II se vio libre de esa doble obligacion que suponía ser Emperador y Rey Católico, característica del reinado de Carlos V. Pese a ello, la dinámica de oposición interna particularista y acción internacional de tono universalista sigue muy viva. Felipe II no es el Emperador, pero sí se considerará a sí mismo -y otros muchos harán lo mismo- el Defensor de la Fe allá donde ésta pudiera encontrarse amenazada. No ha de pensarse que esto supone una inadecuada relación entre poder y religión -un abuso político de lo religioso o un empleo fanático de lo político-, sino, por el contrario, la situación resulta perfectamente explicable a la luz de las circunstancias de la segunda mitad del siglo XVI. Los tiempos de la conciliación religiosa han acabado y tanto en el bando católico como en el protestante se procede a la confesionalización. Antiguos y nuevos conflictos se presentan, ahora, como enfrentamientos confesionales entre potencias reformadas -los calvinistas van delante por su militancia- y católicas -a la Monarquía Hispánica le corresponde su liderazgo-. Las guerras dinásticas se han transformado en guerras confesionales. Los primeros movimientos internacionales de Felipe II se mueven todavía en ese marco dinástico, como muestra la Paz de Cateau-Cambrésis de 1559 que pone fin a la guerra con Francia. En esta guerra, la presencia de Felipe II en la batalla de San Quintín (1557) es el último recuerdo de un monarca-guerrero a la usanza de la primera mitad del siglo, aunque el rey siempre se mantuvo en la retaguardia del ejército. Uno de los acuerdos de la Paz, el matrimonio del Rey Católico con Isabel de Valois, la hija de Enrique II y Catalina de Médicis, mantiene ese tono de conflicto dinástico que, en buena lógica, se arregla con unos esponsales. El mismo año de San Quintín, Felipe II se encuentra en guerra con la Santa Sede; esta vez con Paulo IV Caraffa. El Duque de Alba, avanzando desde Nápoles, llega a las puertas mismas de Roma, pero no se repite el saco de 1527 y se alcanza la paz. A la hora de juzgar a Felipe II como un fanatizado católico, ha de tenerse muy presente este recuerdo del de Alba sobre Roma y de un Rey Católico excomulgado. Cateau-Cambrésis suele considerarse el momento clave de la hegemonía española en Europa. Es ese año en el que muere Enrique II y en el que comienza el deterioro progresivo de la situación francesa que irá a provocar el caos de las Guerras de Religión. Durante bastante tiempo, Francia quedará incapacitada para oponerse efectivamente a la preponderancia española, pero, una vez superada la crisis interna con Enrique IV de Borbón, volverá a hacerlo y con verdadera fuerza.

El reinado de Fernando VII comprende aproximadamente el primer tercio del siglo XIX. Se trata de una etapa de la Historia de España en la que tienen lugar acontecimientos y fenómenos de tanta trascendencia como para situar en su transcurso nada menos que el paso de una época histórica a otra distinta. Un periodo importante, bajo el reinado de un monarca, Fernando VII, que no ha sido precisamente destacado por la historiografía como uno de los reyes más dignos de consideración de nuestra historia reciente. La forma en la que se produjo su subida al trono, su apego tenaz a la vieja monarquía absoluta y su desprecio por todas las reformas que aprobaron las Cortes durante su forzada ausencia en Francia, su sinuosidad ante el triunfo de los liberales en 1820 y su incapacidad para encarar los graves problemas con los que el país tuvo que enfrentarse en la etapa de la posguerra, no han contribuido a dejar de él una imagen muy positiva. En su descargo habría, sin embargo, que señalar que los años que transcurrieron entre su vuelta a España en 1814 y su muerte en 1833, fueron seguramente los más difíciles de toda la centuria decimonónica (lo cual es decir mucho). Con un país destrozado por una guerra terrible, que durante seis años arrasó completamente el suelo peninsular; con un imperio colonial que consiguió su emancipación por aquellos años, después de una larga y costosa guerra, y que acarrearía consecuencias incalculables para la economía de un país ya suficientemente maltrecha; y con una España dividida de forma irreconciliable entre aquellos que se aferraban a la tradición y los que pugnaban por hacer triunfar las reformas, era muy difícil gobernar, y así hay que reconocerlo. Pero es que Fernando VII, ni personalmente, ni a través de la ayuda de sus colaboradores, fue capaz de dar mínimamente la talla para afrontar todos estos problemas y sacar al país airosamente de la difícil coyuntura por la que atravesó en estos años iniciales del siglo XIX.

El reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868, es un periodo complejo y no demasiado estudiado, especialmente por comparación con otras etapas de la Historia de España. Es ciertamente una etapa convulsa, marcada por conflictos constantes en lo político, donde fuerzas enfrentadas -carlistas y cristinos, tradicionalistas y liberales, moderados y progresistas, clericales y anticlericales, republicanos, obreristas, etc...- pugnan por establecer un modelo político acorde con sus intereses y programas. La monarquía borbónica aparece cuestionada, en parte por el recuerdo de la figura muy denostada de Fernando VII, en parte por la propia reina Isabel y su camarilla palaciega, cuyos comportamientos -reales o figurados- son objeto de una honda crítica moral. En lo económico, España a muy duras penas se sube al carro de la industrialización, vigente en el resto de Europa. El atraso a todos los niveles -demográfico, tecnológico, financiero, educativo,...- con respecto a países como Inglaterra o Francia, hace que a España lleguen de manera tardía los influjos de la industrialización y que, cuando lleguen, sea de la mano de inversores o compañías extranjeras, beneficiadas por las generosas subvenciones y ventajas fiscales que los gobiernos se ven obligados a conceder ante la extrema penuria de las arcas de la Hacienda española. Aún así, la evolución, aunque lenta, es constante, y a España llegan las ventajas del ferrocarril, de los avances en materia sanitaria, de la urbanización de las ciudades, etc. En lo social, el reinado de Isabel II es un eslabón más en un proceso que va ocurriendo a lo largo de todo el siglo XIX: la encumbración de la burguesía comercial y financiera como clase dominante. Los privilegios de que gozaban en el Antiguo Régimen estamentos como el nobiliar o el clerical son ahora reducidos o directamente eliminados, como ocurre con los procesos de desamortización o con la obligatoriedad del pago de impuestos. La industrialización, aunque incipiente aun, trae consigo el surgimiento de una nueva categoría o clase social, la clase obrera, que será a partir de ahora un factor a tener en cuenta en las nuevas relaciones sociales y políticas.

Hijo y sucesor de Enrique II, Juan I (1379-1390) continuó la tarea de fortalecimiento del poder regio. En las Cortes de Valladolid del año 1385 se creó el Consejo Real, órgano que derivaba de la antigua curia regia ordinaria. Integrado en principio por doce miembros, cuatro por cada uno de los estamentos, el Consejo Real era una especie de representación permanente de las Cortes en el gobierno del reino. Su principal misión consistía en asesorar al monarca en el ejercicio de sus funciones. La nueva institución fue objeto de numerosos cambios. A los dos años de su creación, en 1387, se dio entrada en el Consejo a cuatro doctores legistas, al tiempo que desaparecía la representación del tercer estado. Una nueva reforma, del año 1459, fijó su composición en ocho letrados, dos prelados y dos caballeros. Todo indica, por lo tanto, que el Consejo Real se convirtió ante todo en un organismo de carácter técnico, puesto totalmente al servicio de la centralización política y del robustecimiento del poder regio. Por lo demás, Juan I prosiguió la pugna con los epígonos Trastámaras, cuya cabeza visible en esos años era el conde de Noreña. En el orden internacional, el rey de Castilla mantuvo su fidelidad a la alianza con Francia. El problema más agudo con que hubo de enfrentarse Juan I surgió en tierras portuguesas. Viudo de su primera esposa, el monarca castellano, según lo acordado en la paz de Elvas de 1382, casó en segundas nupcias con la princesa lusitana Beatriz, hija del rey de Portugal, Fernando I. Al morir éste, en 1383, quedaba como heredera del trono portugués Beatriz. Juan I se dirigió entonces al país vecino para tomar posesión de aquel reino en nombre de su esposa. Pero ya se había formado allí un bando hostil a Castilla, encabezado por el maestre de la Orden de Avis. Bando que estaba alentado básicamente por la burguesía de las ciudades marítimas y que contaba, en el orden internacional, con la ayuda de Inglaterra. Abiertas las hostilidades militares, los castellanos llegaron a poner sitio a Lisboa (1384), pero tuvieron que abandonarlo ante la propagación de la peste. Al año siguiente, pese a que a su lado combatieron numerosos miembros de la nobleza lusitana, los castellanos fueron derrotados, primero en Troncoso, en el mes de mayo, y en agosto, de manera estrepitosa, en Aljubarrota. Mientras en el trono de Portugal se asentaba Juan de Avis, cabeza de una nueva dinastía, Juan I de Castilla sufría un duro golpe a sus aspiraciones. Mas no todo concluyó en Aljubarrota. El duque de Lancaster, Juan de Gante, casado con una hija de Pedro I, desembarcó en Galicia en 1386. Su finalidad era ocupar el trono castellano, que aseguraba correspondía a su esposa. Juan I, que había reunido a finales de 1386 las Cortes de Castilla y León en la ciudad de Segovia, pronunció ante ellas un brillante discurso en el que justificaba sus legítimos derechos al trono, al tiempo que rechazaba las pretensiones del duque de Lancaster. En el discurso, por lo demás, lanzó duras acusaciones contra los ingleses, los cuales siempre "dieron favor en los çismas que ffueron en la Yglesia de Dios ...por lo qual Dios les puso çiertas manzillas en sus cuerpos". Era un alegato de indudable carácter xenófobo, con ribetes asimismo de un incipiente nacionalismo. Las tropas de Juan de Gante prosiguieron hacia tierras leonesas, pero encontraron una resistencia tenaz, como se vio en la localidad de Valderas en 1387. Finalmente, Lancaster optó por retirarse. Al año siguiente, 1388, se llegó al acuerdo de Bayona, en el que se estipuló el matrimonio del heredero de Castilla, Enrique, con una hija del inglés, Catalina. De esa manera, al unirse en matrimonio descendientes de Pedro I y de Enrique II, se daba por resuelto el pleito por la sucesión de Castilla, que se arrastraba desde los días de la guerra fratricida.

El rey Juan II, en el momento de acceder al gobierno efectivo de Castilla, parecía hallarse prisionero de los infantes de Aragón, cuya cabeza visible era el duque de Peñafiel, Juan, que en 1425, por su parte, pudo coronarse rey de Navarra. Pero la causa monárquica encontró un firme defensor en la persona de Alvaro de Luna, un personaje originario de Aragón que escaló de tal manera puestos en la corte regia que llegó a convertirse en una especie de valido del nuevo rey. Es posible que estuviera movido por la ambición, pero Alvaro de Luna, a quien el cronista Gonzalo Chacón presenta como un gobernante celoso del bien público y de la gloria de su soberano era, sin la menor duda, un decidido partidario del fortalecimiento de la autoridad monárquica. En una primera etapa (1419-1431) Alvaro de Luna tuvo la habilidad de presentar el combate contra los infantes de Aragón como una pugna entre reinos. Las treguas de Majano, del año 1430, suscritas por el propio rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, significaban la desaparición de los infantes de la escena castellana y la consolidación del triunfo de Alvaro de Luna, que había sido nombrado en 1422 condestable. Unos años más tarde el privado de Juan II reanudó la guerra contra los nazaríes, obteniendo, en el año 1431, un importante éxito en La Higueruela, localidad cercana a Granada. La prepotencia de Alvaro de Luna era indiscutible. Mientras su hermano Juan de Cerezuela accedía al arzobispado de Toledo, él recibió de Juan II, en 1437, la villa y el castillo de Montalbán. Pero buena parte de la alta nobleza castellana se mostraba sumamente reticente ante él, al que acusaban nada más y nada menos que de tiranía. La ocasión fue aprovechada por el infante Juan, rey de Navarra, que buscó nuevamente una aproximación a la aristocracia de Castilla. Su objetivo era acabar con la dictadura impuesta por el privado. El destierro de Alvaro de Luna a la villa de Escalona, que tuvo lugar en el año 1439, parecía dar el triunfo a sus rivales. Pero aquello fue sólo una cuestión táctica. El condestable regresó prontamente a la corte con vistas a preparar el desquite. Al lado de Juan II y de su privado estaban algunos linajes nobiliarios, fieles en todo momento a la causa monárquica, como los Mendoza, pero también se encontraba el tercer estado, que fue llamado a una reunión de Cortes, celebrada en la primavera de 1445 en las afueras de la villa de Olmedo. Allí se mostró, por parte de los procuradores de las ciudades y villas, un inequívoco apoyo al poder real, del que se dijo que era la expresión de la común unidad del reino. Poco después tuvo lugar la batalla de Olmedo, entre el bando realista, por una parte, y el que formaban la nobleza rebelde de Castilla y los infantes de Aragón. Sorprendentemente, la caballería de la aristocracia castellana y del rey de Navarra fue diezmada por los peones de las milicias reales. Los éxitos del año 1445 fortalecían el poder regio, pero también la imagen de Alvaro de Luna. A los ricoshombres que habían peleado contra Juan II les fueron confiscados sus bienes, en tanto que los infantes Enrique y Juan abandonaban una vez más Castilla. Sin embargo, en Olmedo comenzó también, por paradójico que pueda parecer, el declive del condestable. La nobleza castellana desconfiaba del privado de Juan II, pero también se pusieron en su contra el príncipe heredero, Enrique, el favorito de éste, Juan Pacheco, y la segunda esposa del monarca castellano, Isabel de Portugal. A raíz de un oscuro suceso, el asesinato de Alonso Pérez de Vivero, Alvaro de Luna fue hecho prisionero. Juan II, presionado por unos y por otros, aceptó firmar su sentencia de muerte. Alvaro de Luna fue degollado públicamente en junio de 1453 en Valladolid. Un año más tarde moría el rey Juan II.