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Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes están reguladas por los 10 artículos del Real Decreto de constitución, destinados a profesionalizar estos certámenes, para distinguirlos de los que hasta esa fecha organizaban periódica u ocasionalmente la Academia de San Fernando y otras instituciones, calificadas significativamente de nobles justas por Pedro de Madrazo. Algo que se apresuran a destacar todos los críticos y comentaristas de las exposiciones nacionales, en especial de las primeras, señalando las diferencias que van desde aspectos de funcionamiento o administrativos, cual la misma regulación por un reglamento preciso que contemple cuestiones como la edición de catálogos, constitución de jurados, número concreto de premios y adquisiciones, hasta otros como la mayor participación y profesionalización de los artistas, la educación y especialización del público, y la práctica de todas las artes y todos los géneros, sin olvidar su mayor solemnidad que redunda en la mayor atención que le presta la prensa, hasta convertirse, por su difusión, en uno de los acontecimientos sociales más importantes de la época. Se trataba, en definitiva, de acercarse a las exposiciones de los otros países, en especial los salones franceses, salvando los defectos de las anteriores manifestaciones, pues, como se reconoce en el mismo preámbulo, ni se ha dado la debida solemnidad, ni se han empleado hasta ahora los medios concernientes para que sean numerosas, concurridas y ricas en objeto de verdadero mérito. Casi sólo han servido de diversión al público en cierta época del año, no las más oportunas para hacerlas, y sus resultados sin ventajas para los artistas no han sido siempre las más satisfactorias, lamentándose no pocas veces su escasez en obras dignas del aplauso del público, no por falta de artistas que sepan ejecutarlas, sino por el poco estímulo que estos tenían para presentar hasta las que a la sazón misma se podían mirar en sus estudios particulares. La forma de lograrlo no era otra que aplicar los 10 artículos mencionados, base de los 14 reglamentos que regularán las 17 Exposiciones del siglo XIX -1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866-67, 1871, 1878, 1881, 1884, 1887, 1890, 1892, 1895, 1897 y 1899- que, además de incluir normas referentes a los premios, recompensas y adquisiciones, contemplan medidas puramente administrativas destinadas a conseguir la pretendida condición de alta especialización. Entre estas últimas cabe destacar las dirigidas a asegurar la calidad de las obras mediante la selección y limitación del número a presentar por cada expositor, rechazando tanto las copias como a los artistas aficionados. Con ello se pretende borrar la mala impresión de los certámenes académicos, derivados de la baja calidad de las obras expuestas. Si bien es cierto que en las nacionales la selección tampoco fue todo lo rigurosa que la crítica repetidamente exigía con sus amonestaciones al jurado de admisión. Entre estas medidas administrativas se incluye también la fecha de celebración de las exposiciones, preferentemente el mes de mayo, para evitar "la confusión con los melocotones y azufaifas de las ferias de otoño" que acompañaba anteriormente a los certámenes académicos. De paso se eludía también la presencia del público variopinto, bullanguero habitual en aquellas manifestaciones, que, según Mesonero Romanos, comprendía desde la "falange de Alcorconeros al honrado mercader de Tarrasa, pasando por el abuelo veterano, las dos lindas bailadoras y sus dos parejas de cotillón, sin olvidar a la mamá con las niñas casaderas y los futuros ciudadanos". En resumen, "un público numeroso que viene, que va, que entra, que sale, que habla, que ríe, que bulle, que tose", que murmura, que confunde, en fin, y arrebata la vista del espectador. Medida completada con el establecimiento, siguiendo el modelo inglés, de una cuota de entrada que, lógicamente, contribuye a la selección del público, aunque ciertamente, se dejan algunos días gratuitos, en especial los festivos. Cuestión muy debatida, pues su aplicación va más allá de los aspectos puramente económicos, para desembocar en la misma razón de ser de las exposiciones. En efecto, si éstas eran competencia del Estado, que sufragaba su organización con los presupuestos generales, también lo era el procurar a todos sus súbditos la posibilidad de disfrutar de estas y otras manifestaciones culturales, máxime si se considera que una de las razones que justifican la protección del arte es su función didáctica. De lo que se deduce que la entrada debía ser gratuita, como defiende el prestigioso crítico Ossorio y Bernard -siempre hemos creído, y sigo creyendo que en Exposiciones, Museos y Bibliotecas antes debe llamarse al pueblo con todo género de facilidades que retraerle exigiéndole dinero-, como lo fueron las primeras y la de 1871, organizada bajo el ministerio de Ruiz Zorrilla.

Terminada la Guerra de la Independencia y firmado el Tratado de Valençay, Fernando VII se dispuso a regresar a España para recuperar el trono que le había sido usurpado. Los absolutistas sostenían con firmeza que el rey debía recuperar la plenitud de su soberanía, y así lo manifestaron en las Cortes en febrero de 1811. Los liberales, como era natural, pretendían que el monarca aceptase todas las reformas que se habían aprobado en las reuniones de Cortes y, por consiguiente, que la Monarquía se rigiese por las normas emanadas de la Constitución de 1812. ¿Cuál iba a ser la actitud del propio Fernando VII? Mucho se ha escrito sobre su carácter. Se ha dicho que era retorcido, traidor, incapaz, escaso de visión política, y seguramente todo eso es cierto, pero lo que no puede achacarse a Fernando VII es que fuera tonto. El sabía muy bien que la recuperación de la plenitud de su soberanía dependía del apoyo que encontrase en el pueblo a su vuelta a España y del entusiasmo con el que fuese recibido. Las Cortes y la Regencia le habían preparado un itinerario con el objeto de tenerlo cuanto antes en Madrid, y evitar así cualquier maniobra que pudiese torcer el proyecto de los reformistas. Pero Fernando cambió ese itinerario y decidió realizar un recorrido por algunas ciudades antes de dirigirse a la capital. De momento, se negó a firmar la Constitución que una delegación de las Cortes encabezada por el general Copons le presentó en la frontera por la parte de Gerona. Desde allí, el cortejo real se dirigió a Zaragoza, donde Fernando se dispuso a pasar la Semana Santa. Ya desde los primeros momentos, los pueblos por donde pasó la comitiva "no cesaron de manifestar con repetidas aclamaciones el júbilo y alegría que le causaba la presencia de S.M". No resulta difícil encontrar explicación a una actitud tan entusiasta, si se tiene en cuenta lo que debió significar el regreso de Fernando VII en aquellos momentos, después de años de dominio de una Monarquía impuesta desde el extranjero, con un Rey que nunca fue considerado legítimo por la inmensa mayoría de los españoles, y después de varios años de una guerra cruel y generalizada, que había afectado, en mayor o menor medida, a todo el pueblo español. La vuelta de Fernando VII no solamente era el restablecimiento del rey legítimo, sino que era también la vuelta a la normalidad. Para esos españoles, que no entendían bien ni lo que era una Constitución, ni lo que significaba el establecimiento de un orden político nuevo en el que las instituciones tradicionales serían sustituidas por otras nuevas surgidas de las reuniones de Cortes, lo único que importaba en aquel momento era que el país podía recuperar la paz, y la presencia de su rey era la mejor garantía de ello. Desde Zaragoza, el rey se dirigió a Valencia, donde entró el 16 de abril y donde le esperaba el general Elío, uno de los más firmes defensores del restablecimiento de la Monarquía absoluta. Allí, a la capital levantina, acudieron también los miembros de una delegación de las Cortes, encabezada por Bernardo Mozo Rosales e integrada por un grupo de diputados, en número de 69 según algunos historiadores (Pintos Vieites) y en número más reducido según otros (Fontana), que le presentaron a Fernando VII el llamado Manifiesto de los Persas. Este documento ha dado lugar a una cierta controversia entre diferentes estudiosos, favorecida sin duda por la ambigüedad de sus planteamientos. Al documento se le conoce por esa curiosa denominación como consecuencia de las palabras de su encabezamiento: "Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad". El resto del escrito, en el que hay una sucinta narración de los sucesos acaecidos durante los seis años de guerra, parecía poner de manifiesto el deseo de los firmantes de que el rey rechazase las reformas gaditanas y de que convocase unas Cortes a la manera tradicional, es decir, por estamentos. Artola ve en él algunos indicios de una ideología propia de la de la España del XVII y Lovett lo encuentra en cierta armonía con el pensamiento de Jovellanos. Para Suárez Verdaguer es un documento renovador en el que no hay una negativa a las reformas, siempre que esas reformas se basen en la tradición. La verdad es que en el Manifiesto no se regatean elogios a la Monarquía absoluta, por eso resulta difícil no adscribir este documento a una ideología absolutista, aunque ello no quiera decir que no se puedan encontrar en él algunas propuestas de reformas.

En 1993 se inaugura en Oviedo esta escultura de Úrculo. Tiene una extraordinaria capacidad para la creación de personajes y motivos emblemáticos, representando de forma habitual la figura del viajero, próxima en ocasiones a la serie sobre viajes del Équipo Crónica.

El período que cubre el reinado de Alfonso XIII coincide, aproximadamente, con el primer tercio del siglo XX y en él se produjeron cambios importantísimos en la política y en la sociedad españolas. Resulta, por tanto, falsa la consideración que en otras épocas ha sido habitual en la historiografía de que en este período no hubo auténticos cambios sino que no fue otra cosa que la prolongación del mundo inerte de la Restauración. Por el contrario, la misma modificación del marco institucional, así como el proceso de crecimiento económico y el desarrollo del sindicalismo prueban el dinamismo de la etapa. La abundante historiografía que desde hace tiempo existe sobre el período está ya lejana de dos concepciones que fueron habituales en otro momento. Una de ellas consistía en considerar todo el reinado como un proceso irremediable que lleva hacia la proclamación de la República y, en un segundo momento, hasta el estallido de la guerra civil. La segunda partía de considerar que en España se dio a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX una situación de profunda inestabilidad social que pudo producir en cualquier momento una revolución. La interpretación que más corresponde a la realidad es, sin embargo, que en España se vivió durante el primer tercio de siglo un proceso de modernización en todos los terrenos. Como en tantos otros casos, el proceso podía haber concluido en la estabilidad aunque no fue éste, finalmente, el caso. Pero España tampoco estaba condenada a un proceso revolucionario inevitable. Su caso -como tantos otros- fue el de una modernización fallida.

La monarquía de Amadeo había nacido con una debilidad manifiesta. La historia del reinado es la historia de la pérdida progresiva de sus frágiles bases sociales y políticas. Un consenso débil impidió madurar al régimen y consolidar el modelo de monarquía democrática; mientras, una oposición cada vez más numerosa, y desde múltiples frentes, fue resquebrajando el sistema. Los dos años del reinado ofrecerán una continua inestabilidad política, a lo que se suman, en la raíz del proceso, la oposición frontal de la nobleza de sangre, el relativo rechazo de la Iglesia, el alejamiento de sectores del poder económico, la sublevación general carlista, la beligerancia de un sector del republicanismo, el problema cubano, con una guerra ultramarina, ligado a los intentos de abolición del sistema esclavista y de la posible alteración del statu quo colonial, el avance del movimiento obrero organizado y la conflictividad social, la descomposición interna de partidos políticos como el progresista, de indudables consecuencias, y, como trasfondo, los rescoldos de una crisis económica arrastrada desde 1866 y todavía en vías de solución. Con tan ensombrecedor panorama, multiplicado durante estos dos años, el intento de la monarquía democrática, casi sin apoyos, acabó frustrado, a la par que las dos alternativas posibles tomaban cuerpo: el ensayo republicano y la Restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso, hipótesis esta última de futuro, pero con evidentes progresos en el seno de la clase dirigente. Son demostrativas de la inestabilidad política del régimen la celebración de tres elecciones generales a Cortes y la sucesión de seis gabinetes ministeriales en dos años de reinado. La desaparición de Prim no sólo privó al monarca de un apoyo fundamental, sino que provocó una traumática descomposición, repleta de tensiones, de la coalición monárquico-democrática. El propio hecho de esta descomposición no explica por sí solo la inestabilidad del nuevo régimen, pero sí la forma en que se realizó. Tengamos en cuenta que habría sido contradictorio el funcionamiento del sistema basado en un solo partido. Era precisa la remodelación del arco político; pero no como producto de disensiones basadas en los acusados personalismos, sino de coherencias ideológicas. El régimen sólo podía encontrar su basamento político en el seno de esta coalición, ya que el resto de opciones políticas negaba la propia esencia del sistema y cuestionaba su legitimidad.

Durante la Dinastía XX, ahora en sus postrimerías, los sumos sacerdotes de Amón habían adquirido un poder y una influencia cada día mayores sobre todos los altos cargos de la Tebaida, que llegaron a ocupar con miembros de sus familias (los unos por nacimiento, los otros por matrimonio), hasta que todos los hilos de la administración estuvieron en sus manos. Al cabo de los años la situación adquirió carácter oficial con la proclamación de un estado de "Renacimiento". Su primer exponente fue el sumo sacerdote Herihor, que se autoproclamó visir y gobernador de Nubia, como todo un rey del Alto Egipto. También en el Delta se hace con el poder otro sacerdote de Amón, el Smendes de la historiografía en lengua griega, que convierte a Ramsés XI en una figura puramente decorativa. Hacia 1069 acaban, con la vida de éste, su reinado y su dinastía. A partir de entonces, aunque Amón reina oficialmente en ambos países por mediación de sus vicarios, Egipto se encuentra dividido en dos Estados. Ya en el reinado de Ramsés XI, que probablemente vivió más que él, Herihor no se recataba de añadir públicamente a su nombre de pila, como hace en el templo de Khons en Karnak, el de Hijo de Amón, indicando que cumple ante el dios las funciones hasta entonces reservadas al rey. En todo caso, su hijo y sucesor, Piankhi, no encerró nunca su nombre en una cartela, como reconociendo la soberanía de Smendes (1069-1043). Respaldado éste por la burocracia bien organizada de Tanis, residencia de los Ramesidas, parece haber estado investido de autoridad suficiente para extraer piedra en Gebelen y realizar con ella importantes obras de restauración en Tebas, señal de realeza efectiva. Hereda el trono de Tanis su hijo Psusennes I, que convierte a la capital en una de las fortalezas mejor defendidas de Egipto, la dota de templos y construye en ella su tumba, síntoma alarmante de ruptura con la tradición tebana y de implantación de una nueva costumbre. Entre tanto, en Tebas, sucede a Piankhi como sumo sacerdote su hijo Pinediem, cuya labor más memorable consistirá en continuar durante años la labor piadosa iniciada por su abuelo Herihor, restaurando las momias de los faraones antiguos, bárbaramente maltratadas algunas por los ladrones de sus tumbas. Amenofis I y Tutmés III, entre otros, deben la conservación de sus restos a los desvelos de este sacerdote que usó del título de rey y como tal costeó en Tanis obras que así lo acreditan. Seguramente Psusennes I lo hizo corregente; que fue además su amigo, lo acredita la copa de oro dedicada por Penediem, hallada en la tumba de Psusennes. En cambio su hijo Masaharta, que hereda de él el sumo sacerdocio, no fue nunca rey, quizá a causa de una grave enfermedad acreditada por un papiro. No se sabe con seguridad cómo acabó. Hay constancia de que otro hijo de Penediem, llamado Menheper, hubo de acudir desde la fortaleza de Hibe a imponer orden en Tebas, donde quizá Masaharta fue víctima de una rebelión. Hacia algo así apunta el hecho de que Menheper asumió el sumo sacerdocio y en virtud de una respuesta del oráculo de Amón, autorizó el regreso a Tebas de los simpatizantes de su familia que habían sido desterrados a los oasis. Psusennes I tuvo un reinado largo, de 48 años por lo menos, pero no así sus sucesores, hombres de escasa notoriedad en su mayoría, que integran la XXI Dinastía con su sede en Tanis. Tebas, entre tanto, está regida por la casta sacerdotal, emparentada quizá con la familia dinástica a juzgar por algunos nombres comunes a ambas. Uno de los últimos reyes de Tanis es Siamún (978-960), probablemente padre de una de las mujeres de Salomón, a quien como regalo de boda devolvió Siamún la plaza de Gezer, conquistada por él hacía poco. A ello parece referirse un relieve encontrado en Tanis donde Siamún está representado como vencedor de los asiáticos. Con su sucesor, Psusennes Il, muerto en 945, la dinastía llegó a su fin.

En una miscelánea de manuscritos catalanes de finales del siglo XVI encontramos la advertencia de que es grande laberinto la historia de Carlos V. Sin duda, el azar viene a complicar un poco más la comprensión de un largo reinado de cuatro décadas en el corazón mismo de la agitada historia europea de la época. Suele olvidarse, con frecuencia, que Carlos de Gante (1500-1558), el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, fue primero Duque de Borgoña, luego Rey de España (Rex Hispaniae) como Carlos I, para, sólo después, convertirse en Emperador del Sacro Romano Germánico como Carlos V. A la muerte de Fernando el Católico en 1516, Carlos de Gante pasó a heredar la Plural Monarquía de los Reyes Católicos. De un lado, los dominios de la Corona de Aragón en España e Italia que su formidable abuelo había regido personalmente hasta el fin de sus días; de otro, los de la Corona de Castilla que, por incapacidad de la reina Juana, también gobernaba el Católico como regente de su hija. A todo esto, había que sumar los territorios de la herencia borgoñona (Países Bajos, Franco Condado), que recaían en él por línea paterna y de los que había empezado a ocuparse al alcanzar la mayoría de edad en 1515, aunque ya ocho años antes había sido reconocido como Duque de Borgoña al morir en Castilla su padre Felipe el Hermoso. Rico y poderoso, el joven Duque de Borgoña y Rex Hispaniae se presenta a la elección imperial que tuvo lugar en Colonia en 1519. De allí, habría de salir como Carlos V, el César que fue coronado dos veces, primero en Aquisgrán en 1520; diez años más tarde en Bolonia, recibiendo la corona imperial de manos de Clemente VII en la que fue la última ocasión en que un Pontífice Romano consagraba a un Emperador Germánico. Carlos de Gante sucedía a su abuelo Maximiliano I de Habsburgo en el trono imperial al que, de hecho, estaba vinculada la Casa de Austria en su línea hereditaria. Sin embargo, tal vinculación no impedía que a la muerte del Emperador se hubiera abierto el tradicional proceso por el que un cuerpo de siete príncipes electores debía designar entre varios candidatos al nuevo Rey de Romanos quien, una vez coronado, se convertía en el kaiser titular del Imperio. Para suceder a Maximiliano I, además de su nieto Carlos, presentó su candidatura el Rey de Francia, Francisco I de Valois, quien también pretendía alcanzar la dignidad cesárea como descendiente directo nada menos que del mismísimo Carlomagno. Apenas cuarenta años después de su ascensión al trono de la Monarquía Hispánica, Carlos abandonará el gobierno de tan distintos dominios como le cupo regir para retirarse al monasterio jerónimo de Yuste, donde moriría en 1558. En una serie de solemnes ceremonias de abdicación celebradas en Bruselas a finales de 1555 y a lo largo de 1556, Carlos I cederá a su hijo Felipe la soberanía de los Países Bajos y las Coronas españolas con sus dominios italianos y extraeuropeos, dominios estos que no han cesado de crecer con la conquista de Nueva España y Perú. Como anticipo de lo que iba a suceder en Bruselas, el futuro Felipe II ya había recibido Nápoles y Milán cuando, en 1554, contrajo matrimonio con la reina María Tudor de Inglaterra. En septiembre de 1556, por último, Carlos V abdica en su hermano Fernando de Austria el Imperio Germánico, siendo aceptada la renuncia por los representantes territoriales del Imperio dos años más tarde. El nuevo emperador Fernando I había sido designado Rey de Romanos en 1531 para, así, obviar las complicaciones inherentes a un interregno imperial y, de hecho, había estado ocupándose del gobierno desde comienzos de la década de 1550, después de haber ejercido como delegado de su hermano en distintas ocasiones desde 1522. Durante los cuarenta años que median entre 1516 y 1556, la historia española se vio en la poco habitual situación de ser dirigida por quien también era el Emperador, lo que vendría a dotar de un acento especialmente universalista a su proyección exterior. Con la ayuda material hispánica -ante todo de Castilla y sus Indias-, Carlos V sostuvo un esfuerzo de aliento universal cuyo radio de acción era mucho mayor que el de la presencia internacional lograda por los Reyes Católicos, aunque, ciertamente, también fuera heredero de los intereses de éstos, especialmente en su dimensión de enfrentamiento continuado con la potencia francesa. En una carta madrileña de 1525, el polaco Johannes Dantiscus describía los objetivos últimos de la política imperial, haciéndose eco de la sustancial rivalidad con Francisco I: "Si el Emperador o el rey de Francia pudieran, con justicia o sin ella, doblegar todo el orbe bajo sus dominios, lo harían y dejarían las disputas para los expertos en derecho". Aunque motivada en parte por la posesión de Borgoña, la disputa entre las Casas de Austria y de Valois encontrará su escenario predilecto en la lucha por el control del espacio italiano, ahora no tanto en el sur napolitano como en el Norte peninsular, donde el dominio del Milanesado será el principal objetivo de los contendientes. Así, el suelo de Italia continuará siendo devastado por una interminable guerra dinástica, en la que la satisfacción y cumplimiento de supuestos derechos a la posesión de este o aquel territorio no eran más que meros pretextos para enmascarar una conflagración de fuerzas que luchaban por ganar la hegemonía en Europa. En España -ante todo, en Castilla- esta política imperial no va a interesar especialmente porque se daba preferencia a otros objetivos, como eran los africanos y antiturcos. Sólo la defensa de la frontera pirenaica, donde los franceses no se resignaban a la pérdida de Navarra, podrá llegar a ser considerada como absolutamente propia frente a otras guerras septentrionales del Emperador.

El conde de Mirabeau escribía a Luis XVI, un año después de la toma de la Bastilla: "Comparad la nueva situación con el antiguo régimen; ahí nace el consuelo y la esperanza". Para uno de los adalides de la Revolución moderada, los acontecimientos iniciados en 1789 no sólo pretendían cambiar un gobierno, sino abolir un antiguo modelo de sociedad e instaurar un nuevo orden. Hoy, aquel concepto de Antiguo Régimen, acuñado en el momento mismo en que dejaba de existir, ha pasado a ser una categoría historiográfica aceptada plenamente, y definida por tres elementos: la pervivencia de una sociedad basada en la desigualdad y el privilegio; por una economía organizada para generar renta destinada a mantener el estatus de los estamentos privilegiados; y coronada por un poder absoluto, indivisible y autónomo. Para España, el último capítulo del Antiguo Régimen coincide, a grandes rasgos, con el reinado de Carlos IV y el impacto que los acontecimientos de Francia tienen sobre la realidad española. El reformismo borbónico, activo hasta la década de los setenta, siempre se mantuvo dentro de unos límites en los que primaba el fortalecimiento del poder del monarca y sin que las estructuras sociales y económicas del país conocieran cambios sustanciales. A partir del inicio de la década de los ochenta el reformismo moderado perdió impulso y la pasividad se hizo total. La recepción de las ideas liberales en España actuaron en un contexto en el que, simultáneamente, se descomponía el orden internacional vigente desde Utrecht y el sistema de alianzas tradicional; se desacreditaba la institución monárquica por el valimiento de Godoy y las disidencias entre Carlos IV y su heredero; la prolongada situación bélica generaba crisis económica, la ruptura de lazos con las colonias americanas y la bancarrota de la Hacienda. Como corolario de todo ello, se debilitaba la ideología que hasta entonces había sustentado el absolutismo. El deseo de libertad se hizo más necesario y urgente. El poeta Quintana escribía a Lord Holland: la libertad es un objeto de acción y de instinto, y no de argumentos y de doctrina. Para los liberales de entonces, la esperanza estribaba en poner fin al Antiguo Régimen y ser libres, el cómo era cosa de después.