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El mismo Malraux, en su ensayo La Tentación de Occidente que publicó en 1926, veía a Europa como "un enorme cementerio donde no duermen sino conquistadores muertos", como un conjunto de "sombras ilustres", como una "raza desesperada". Malraux creía, pues, que Europa estaba agotada. Como revelarían sus novelas Los conquistadores (1928) y La condición humana (1933), la revolución que él quería tendría por escenario Asia. Y en efecto, la revuelta de Asia se completó en la década de 1920. En Turquía, tras abolir el sultanato y el califato y proclamar la República, Kemal introdujo, bajo un sistema presidencialista que él mismo presidió hasta 1938, el sufragio universal (para varones mayores de 18 años), el sistema parlamentario, aunque con elecciones indirectas y en un régimen que era en la práctica de partido único, del Partido del Pueblo. Kemal, además, secularizó el Estado y occidentalizó la sociedad, imponiendo la emancipación de las mujeres, el vestido occidental -el sombrero pasó a ser símbolo del progreso-, el alfabeto latino, el sistema patronímico occidental y el sistema métrico decimal: en 1933, inició un ambicioso programa dé industrialización bajo control del Estado. En Persia, Reza Khan (1877-1944), un militar nacionalista, cumplió un papel análogo. Dueño del poder por un golpe de fuerza desde 1921, depuso al Shah (1925) y, ante la oposición a la república del clero Shiita, entronizó su propia dinastía, a la que denominó Pahlévi. Reza hizo de Persia, a la que en 1935 redenominó Irán, un país moderno. Reorganizó el Ejército, la educación y la administración del Estado, introdujo el sistema judicial francés (1927), inició la industrialización y la construcción de infraestructuras modernas (ferrocarriles, carreteras), limitó el poder del clero y renegoció con Gran Bretaña en términos favorables para su país los acuerdos de explotación del petróleo firmados a principios de siglo. Pero la revolución que la fantasía aventurera de Malraux soñaba, iba a ser muy diferente. Se localizó en China, fue resultado de una historia compleja e imprevisible y tuvo ciertamente el destino a la vez heroico y trágico que Malraux creía consustancial a las revoluciones. Ante todo, la dictadura de Yuan Shikai había hecho imposible que la revolución de 1911 desembocase en un régimen constitucional y liberal. Luego, durante la guerra mundial, Japón había impuesto con las llamadas 21 condiciones ante las que China tuvo que capitular, un especie de protectorado económico -ampliando sus derechos sobre Manchuria, Shandong y Fujian- lo que había generado una intensa reacción nacionalista particularmente notable en las provincias del Sur. En esas circunstancias, que desacreditaron profundamente a la dictadura, la muerte de Yuan Shikai en junio de 1916 abrió una gravísima crisis de Estado que se prolongó durante 12 años, al hilo de la cual se hizo posible primero y se decidió después el destino de la revolución malrauxiana. La muerte de Yuan provocó la desintegración del poder central y la afirmación de la autoridad territorial autónoma de los jefes militares de las regiones, de los señores de la guerra como se les denominó, a veces simples bandidos, hombres como Yen Hsi-shan, que retuvo su autoridad sobre la provincia de Shanxi hasta 1949, o como Chang Tsung-ch'ang, el gobernador militar de Shandong, o Ma Hung-kuei, señor del noroeste de China, Chang Tsolin, de Manchuria, o Feng Yü-hsiang, el general cristiano que mandaba en otra región del Norte. Un poder nominal chino continuó existiendo en Pekín, donde se sucedieron gobierno tras gobierno (hubo incluso un intento frustrado de restaurar al Emperador Pu-Yi), que en la práctica no ejercían autoridad ni siquiera sobre su entorno territorial. En el Sur, en Wandong (en Cantón), se produjo una secesión de hecho al restablecer Sun Yat-sen, exiliado durante la guerra, con apoyo de los jefes militares de la región, un gobierno republicano que rechazó la autoridad de Pekín y se autoproclamó como el único gobierno legítimo de China. El país estaba literalmente arruinado: guerras interprovinciales, bandidismo, hundimiento del comercio interior, destrucción de las vías de comunicación, hambre, miseria rural, colapso total de las grandes ciudades y puertos destruyeron la economía y todo el orden social y político. Shanghai, carente de todo control, se transformó en el centro mundial del tráfico de opio y de toda clase de drogas bajo el dominio del hampa local. La reconstrucción de China, al hilo de la cual surgiría la posibilidad de la revolución comunista, fue el resultado de la doble revolución cultural y política que se gestó en los mismos años de caos y confusión que siguieron a la dictadura de Yuan Shikai, como reacción precisamente al proceso de degeneración política y social y a la situación de vacío de poder que se habían creado. La revolución cultural, el renacimiento chino como lo llamó uno de sus inspiradores, el filósofo y ensayista Hu Shih (1891-1962), fue básicamente una revolución de intelectuales y estudiantes, muchos de ellos, como el propio Hu Shih, educados o en Estados Unidos o en los colegios de las misiones religiosas extranjeras. En términos filosóficos, supuso una reacción contra la influencia del pensamiento y la filosofía confucianos, como responsables de la decadencia nacional y fundamento del orden tradicional chino. En términos lingüísticos y literarios, fue una ruptura con los escritores clásicos y con la lengua clásica, e impulsó la creación de una nueva literatura y el uso literario de la lengua vernácula y cotidiana, con el fin de abordar la verdadera realidad de la sociedad china contemporánea, tal como hizo, por ejemplo, Lu Hsun (1881-1936), el autor de Diario de un loco, el gran escritor chino de su generación. La revolución cultural tuvo su centro en la Universidad de Pekín, que subsistió precariamente gracias al esfuerzo de su rector, Tsai Yuan-pei, un antiguo ministro de educación que aglutinó a un núcleo de profesores notables, como Hu Shih y Chen Duxin (1879-1942), el decano de la Facultad de Letras, director de La Nueva juventud, revista crítica de toda la cultura tradicional, e impulsor de una Sociedad para el Estudio del Marxismo. Pero se extendió a partir de 1920 a otras universidades y centros del país (en Nankín, Tientsin, Shanghai y otras localidades), muchos de ellos privados y los más, financiados por capital norteamericano. Por debajo de la descomposición política y social, la China de los años 1919-1928 fue un hervidero de incitaciones intelectuales. A modo de ejemplo, en 1919 la Universidad de Pekín invitó al filósofo norteamericano John Dewey, principal exponente del pragmatismo filosófico y de las ideas liberales y democráticas de su país, a pronunciar algunas lecciones: permaneció dos años en China y dio unas 150 conferencias por todo el país. El renacimiento cultural chino adquirió dimensión política cuando el 4 de mayo de 1919, como protesta por la adjudicación a Japón en el Tratado de Versalles de las antiguas concesiones alemanas en China, profesores y estudiantes de la Universidad de Pekín organizaron grandes manifestaciones de protesta, prolongadas con huelgas y nuevas manifestaciones en Shanghai, Cantón y otras ciudades importantes. El Movimiento del 4 de mayo reveló la profunda conciencia a la vez nacionalista y reformista de la elite intelectual y universitaria. Un hecho, pues, resultaría evidente desde ese momento, como ya observara Dewey: la China caótica y desvertebrada de los señores de la guerra era incompatible con la China del renacimiento intelectual y nacionalista. La revolución política nacional tuvo su centro en el Sur, en el régimen que Sun Yat-sen había logrado estabilizar en Cantón. Depuesto en 1922 por uno de sus jefes militares, Ch'en Chiu'ng-ming, Sun Yat-sen reorganizó el Guomindang -unos 150.000 afiliados-, buscó por razones tácticas la cooperación con la Internacional Comunista, que desde el congreso de Bakú del verano de 1920 había incluido a China como uno de los objetivos del movimiento de liberación de los pueblos oprimidos, y tras recuperar el poder en Cantón en 1923, fusionó el Guomindang con el minúsculo Partido Comunista Chino, que se había creado en Shanghai en julio de 1921 por iniciativa de intelectuales y jóvenes vinculados al movimiento del 4 de mayo (Chen Duxin, Li Dazhao, el bibliotecario de la Universidad de Pekín, Mao Zedong, su ayudante, Peng Pai u otros). El objetivo era lograr la unidad nacional, como quedó explicitado en el acuerdo que en enero de 1923 firmaron Sun Yat-sen y el representante de la Internacional Adolf Joffe. Como aspiraciones ideales, se adoptaron aquellos mismos "tres principios del pueblo" -nacionalismo, democracia, bienestar popular- que Sun Yat-sen había desarrollado mucho antes, a principios de siglo. El programa del nuevo Guomindang, redactado por el agente soviético Mijail Borodin, garantizaba las libertades constitucionales esenciales, planteaba una redistribución igualitaria de la tierra y la nacionalización de empresas privadas nacionales y extranjeras de carácter monopolista (bancos, ferrocarriles, marina mercante); prometía también la anulación de todas las concesiones comerciales y portuarias hechas a los países extranjeros. Los asesores soviéticos hicieron del nuevo Guomindang un partido centralizado y disciplinado al estilo del Partido Comunista de la URSS. En mayo de 1924, fundaron la Academia Militar de Whampoa para reorganizar al ejército chino, bajo la dirección de Chiang Kai-shek (o Jiang Jiehi, 1887-1975), un militar nacionalista, ascético y enérgico, con un joven comunista de origen acomodado, Zhou En-lai (1898-1976) como director político del nuevo centro. La URSS envió instructores militares, agentes políticos, armas en abundancia y fondos cuantiosos. Los comunistas implantaron sus organizaciones políticas y sindicales en las principales ciudades y en algunas zonas rurales. El Ejército del Guomindang, bajo el mando de Chiang Kai-shek, líder del partido a la muerte de Sun en 1925, inició así, en 1926, la reconquista del país, la "campaña del Norte", precedida en muchos puntos por huelgas y manifestaciones desencadenadas por el Partido Comunista. Las columnas del propio Chiang avanzaron por el interior, tomando la provincia de Hunán, y luego, Hankón y Wuchang (octubre de 1926). Las columnas comunistas, dirigidas por Borodin, penetraron por la costa hasta Shanghai y Nankín, que tomaron en marzo de 1927: el posterior avance sobre Pekín fue detenido por las tropas japonesas estacionadas en puertos cercanos. Inesperadamente, el 12 de abril de 1927, Chiang dio un golpe de Estado contra la izquierda del Guomindang y contra los comunistas, arrestando y ejecutando a varios miles de ellos (a veces, como en Shanghai, con apoyo del hampa). Los consejeros rusos fueron expulsados. La insurrección que los comunistas intentaron organizar en Cantón y otros puntos fue aplastada. La revolución china, la revolución de Malraux, había fracasado. Sólo algunos dirigentes comunistas (Mao Zedong, Zhu De, Zhou En-lai) lograron sobrevivir; se refugiaron en las montañas del interior de la provincia de Hunán y desde allí, organizaron un llamado "ejército rojo" e iniciaron, sobre la base del apoyo campesino, la resistencia guerrillera contra el régimen de Chiang. Este relanzó su ofensiva sobre el Norte, en colaboración incluso con algunos de los antiguos "señores de la guerra". Tras nuevos choques con tropas japonesas, Pekín fue ocupado el 8 de junio de 1928 (aunque Chiang estableció la capital en Nankín). Parte de Manchuria continuaba bajo ocupación japonesa. Seguía habiendo fuerzas extranjeras en los puertos y localidades que les habían sido concedidos en el pasado. Ni todos los "señores de la guerra" ni el puro bandidismo habían sido o sometidos o exterminado. Pero en apenas tres años, Chiang Kai-shek había conseguido la reunificación de gran parte de China. Militante del Guomindang desde antiguo, Chiang creyó siempre que sólo la fuerza militar podría garantizar la unidad china y la independencia nacional. Dueño de la situación, estableció un régimen presidencialista y militar, que, a veces, en los años treinta, adquirió connotaciones fascistizantes, como cuando creó la organización de Camisas Azules, al estilo de los partidos fascistas europeos, o luego en 1934, cuando se organizó el Movimiento de Nueva Vida para educar a la sociedad en las viejas virtudes -sentido moral, cortesía, austeridad- de la tradición china. Aunque en 1931 se aprobó una Constitución que establecía la división de poderes -los tres clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, más dos inspirados en ideas de Sun Yat-sen: el de control y el de exámenes- fue de hecho Chiang quien, con el apoyo del Ejército, ejerció realmente el poder, asumiendo la jefatura del gobierno y la del Guomindang, único partido autorizado. Chiang Kai-shek modernizó el aparato administrativo del Estado: los ministerios, los presupuestos, las academias militares, los códigos civiles y comerciales, etcétera. Se introdujo un moderno sistema bancario y financiero: se creó un tipo de papel moneda uniforme para todo el país. Se iniciaron grandes obras públicas: obras hidráulicas, construcción de miles de kilómetros de ferrocarriles y carreteras, teléfonos, telégrafos, líneas aéreas, repoblación forestal. La reforma agraria del programa del Guomindang no fue, por el contrario, ni siquiera abordada. Pero la producción industrial y minera (carbón, hierro, estaño), buena parte de ella de capital extranjero, creció notablemente: el índice de la producción pasó de 100 en 1933 a 110,4 en 1937. El gobierno, no obstante el control que ejerció sobre la vida intelectual en grave detrimento de la cultura, hizo también un ingente esfuerzo educativo lo mismo en enseñanza primaria y secundaria que en el ámbito universitario. China tenía en 1933 cuarenta universidades y veintinueve escuelas técnicas; la biblioteca nacional de Pekín, construida merced a donaciones norteamericanas, era una de las mejores de Asia. El régimen de Chiang fue obsesivamente anticomunista, reprimió con dureza extrema a las células clandestinas del Partido y a sus hipotéticos colaboradores y simpatizantes, y lanzó varias ofensivas militares para acabar con la guerrilla comunista. Era dudoso, sin embargo, que los comunistas constituyeran una verdadera amenaza. La represión de 1927 había reducido sus efectivos de unos 60.000 a unos 30.000. En diciembre de 1931, Mao Zedong había fundado una república soviética en la provincia de Jiangxi, en el sur, pero cercados por las tropas gubernamentales, los comunistas debieron emprender (octubre de 1934 a octubre de 1935) una "larga marcha" de unos 10.000 kilómetros, primero hacia el oeste y luego hacia el norte, en la que perdieron unos 100.000 hombres (aunque con lo que restó del "ejército rojo", Mao pudo estabilizarse y reorganizar la resistencia en la provincia de Shaanxi). Menos aún eran un problema para la nueva China las potencias occidentales. Ya en la Conferencia de Washington de 1922, se había firmado a iniciativa de Estados Unidos -país que de antiguo venía manteniendo una especial actitud hacia China para contener el expansionismo japonés y europeo- un tratado (suscrito por Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, China, Japón y Estados Unidos) por el que se garantizaba la soberanía e integridad territorial de China. En 1924, la Unión Soviética renunció a sus derechos de extraterritorialidad y a las concesiones portuarias que la Rusia zarista había arrancado a China. Estados Unidos entregó ese mismo año al gobierno chino 6 millones de dólares como indemnización por la guerra de los boxers. Inglaterra entregó en 1927 las concesiones en Hanken y Kinkiang (después de que el año anterior hubiera huelgas y manifestaciones de inspiración comunista contra la presencia de barcos ingleses en Shanghai y Cantón); en 1930, devolvió Weihaiwai. Entre 1928 y 1930, China pudo renegociar todos los tratados comerciales y recobrar su plena autonomía aduanera. El gran problema para China seguía siendo Japón. Chiang, convencido de la superioridad militar japonesa y de que la prioridad militar de su régimen era acabar con la guerrilla comunista, quiso eludir tensiones y prefirió ignorar las presiones irredentistas del nacionalismo chino sobre Manchuria y sobre los restantes enclaves ocupados por los japoneses, si bien en 1928 se decretó un boicot a los productos japoneses para protestar por las intrusiones de Japón durante el avance hacia el Norte de los años 1926-27 (que ya quedaron mencionados). La realidad de la amenaza japonesa se precisó en 1931. Tres años antes, oficiales del Ejército japonés estacionado en Kuantung (sur de Manchuria) habían ya provocado un gravísimo incidente al asesinar el 4 de junio de 1928 al gobernador de la Manchuria china, Chang Tsolin. Ahora, el 18 de septiembre de 1931, con el pretexto de la explosión que se había producido en una línea de ferrocarril en Mukden al paso de tropas japonesas que realizaban ejercicios de maniobras, el mismo Ejército de Kuantung atacó y ocupó varias localidades chinas y poco después, febrero de 1932, completó la ocupación de toda Manchuria. Además, Japón desembarcó en Shanghai un cuerpo expedicionario de 70.000 hombres (28 de enero-4 de marzo de 1932) y obligó a China a establecer un área desmilitarizada en torno a la zona internacional del puerto y a poner fin al boicot iniciado en 1928. Pese a las condenas internacionales -primero de Estados Unidos, luego de la Sociedad de Naciones-, Japón creó en Manchuria el Estado títere de Manchukuo y colocó a su frente al ex-Emperador chino Pu -Yi, con consejeros y ministros japoneses. Lejos de oír las recomendaciones de la asamblea general de la Sociedad de Naciones (24 de febrero de 1933), que negó el reconocimiento al nuevo Estado y exigió el cese de las acciones militares, Japón ocupó otra provincia, la de Rehe, amenazando Pekín, y trató de forzar a China, tras firmarse un armisticio en mayo de 1933, a transformar las provincias del norte en regiones autónomas desmilitarizadas, o sea, en una suerte de protectorado japonés. La agresión japonesa provocó una fuerte reacción nacionalista en toda China, que iba a condicionar el futuro del régimen de Chiang y, lo que sería más importante, toda la historia posterior del país y aun de Asia. Los comunistas ofrecieron en agosto de 1935 el cese de la acción guerrillera y la formación de un frente nacional antijaponés, propuesta que por su sentido nacional, encontró favorable acogida en sectores del Ejército, aunque no en Chiang. La presión de la opinión a favor de una nueva guerra contra Japón, expresada a veces ruidosamente, fue haciéndose cada vez mayor. En octubre de 1936, Japón presentó nuevas demandas: incorporación de asesores japoneses al gobierno chino, formación de brigadas militares mixtas, reducción de aranceles, autonomía para cinco provincias del norte y otras. El 12 de diciembre, durante una visita a Xian, Chiang fue secuestrado durante unos días por el general que mandaba la guarnición, el general Chang Siue-Liang, para forzarle a declarar la guerra a Japón, pero fue liberado tras las manifestaciones de lealtad a su persona que se produjeron en toda China, en parte alentadas por los comunistas decididamente volcados a la tesis del Frente Unido nacional. Y en efecto, como consecuencia, Chiang detuvo la acción anticomunista y comenzaron las negociaciones que, poco después, restablecieron el pacto Goumindang-Partido Comunista de los años 1923-24. En julio de 1937, tras producirse un choque entre tropas japonesas y chinas en los alrededores de Pekín, Japón invadió China, sus tropas ocuparon rápidamente Pekín y Tientsin y, tras operaciones a gran escala, una gran parte de China septentrional. En agosto, nuevos contingentes de tropas japonesas desembarcaron en Shanghai, que tomaron tras dos meses de violentísimos combates: la aviación japonesa bombardeó implacablemente numerosas ciudades chinas. En noviembre, Chiang tuvo que trasladar la capital al interior del país, a Chungkin. Nankín cayó el 13 de diciembre y los japoneses, tras masacrar a unas 200.000 personas, establecieron allí un "Gobierno Reformado de la República China", otro gobierno títere, presidido por Wang Jingwei. Pese a que las tropas chinas que desde 1940 recibirían ayuda británica y norteamericana desde Birmania obtuvieron algunos éxitos parciales; pese a que la guerrilla comunista al mando de Zhu De mantuvo una acción constante contra los ejércitos japoneses en las zonas ocupadas, Japón acabó por conquistar para 1942 una parte considerable del territorio chino incluido el valioso enclave cantonés, en total, un área de casi 2 millones de kilómetros cuadrados con una población de 170 millones de habitantes. No pudo, en cambio, lograr una decisión militar final y definitiva y la guerra terminó por absorberse en la II Guerra Mundial.

Ha existido una corriente historiográfica que ha tratado de reducir el alcance de los sucesos acaecidos en los años setenta y ochenta en América del Norte a un mero conflicto político; siguiendo las pautas que iniciaron pensadores contemporáneos a los hechos -como Edmund Burke- todavía hay autores que afirman que no hay en aquellos acontecimientos nada que permita interpretarlos como una revolución. Prácticamente no hubo cambios en la correlación de fuerzas sociales; no fueron modificadas apenas las bases económicas ni los fundamentos jurídicos; la violencia -aunque alguna vez se dio entre los realistas y los rebeldes- no llegó ni de lejos a la que acompañará, desde entonces, a cualquiera de los períodos "de terror" de los fenómenos revolucionarios que se inician en 1789 en Francia y aún sacuden nuestro mundo contemporáneo; no hubo desorden a gran escala, alteraciones de la vida cotidiana imposibles de controlar por unas autoridades avasalladas y desbordadas por los acontecimientos; la mayoría de los dirigentes locales -muchos de talante conservador y saneadas haciendas- que lo eran antes de la ruptura seguirán disfrutando de su preferente papel político y económico durante y después de la crisis; en nada se vieron afectadas las creencias o las prácticas religiosas. Todo parece llevar a la idea de que, en efecto, solamente se dio en América una protesta política de unos privilegiados que consiguieron la ruptura de los vínculos con la metrópoli pero que no transformó nada de la realidad social, jurídica o económica. Estaríamos -concluyen esos historiadores- ante una "revolución sin ideología".Pero seria una imagen deformada y desdibujada. Fue una auténtica revolución y sus principios ideológicos igualitaristas y contrarios a cualquier privilegio hereditario acabaron impregnándolo todo, incluso en las actitudes cotidianas, a pesar de que ninguno de los padres fundadores de los Estados Unidos cuestionó que la variedad de clases era inevitable y que el mérito individual llevaba a unos a la riqueza y a otros a la penuria. Y, desde luego, muchos de esos preceptos no sólo calaron en las conciencias de los norteamericanos sino que despertaron la ilusión en muchos hombres, a ambos lados del Atlántico, desde el propio momento de los sucesos. Los primeros, los franceses de esa misma generación.El argumento de la escasa originalidad doctrinal de la Revolución americana no deja de ser una concesión al orgulloso europeocentrismo; es verdad que la base ideológica de los tratadistas norteamericanos está en Locke, Montesquieu y Rousseau. Pero ellos fueron los primeros en llevar a la práctica unos modelos teóricos que, por mucho que hubiesen sido leídos y aceptados intelectualmente en Europa, tardaron muchísimos años en descender al terreno de la realidad jurídica en la mayoría de los países del Viejo Mundo. Los "más grandes legisladores de la antigüedad -dejó escrito John Adams- desearían ardientemente vivir en un momento en el que tres millones de personas se encontraban con el poder total y una buena oportunidad de formar y establecer el Gobierno más prudente y feliz que puede organizar la inteligencia humana". Como afirma Risjord, "la independencia, después de todo, presentó a los norteamericanos una oportunidad única de experimentar con el Gobierno". Ellos fueron, en definitiva, quienes plasmaron en una Constitución los principios básicos concebidos un siglo antes por Locke y desarrollados décadas más tarde por los ilustrados franceses. Esos derechos fundamentales a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad con los que nace el hombre han de ser protegidos por el Gobierno, que no tiene otra razón de ser que la de procurar que no se vulneren esos derechos inalienables. Desde el momento en que, como dice la Declaración de Independencia, "el pueblo tiene el derecho e incluso el deber de alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad", se está posibilitando la participación del gobernado en el gobierno.Es en la forma de llevar este principio a la práctica donde los norteamericanos son capaces de alejarse de las utopías que, desde los autores clásicos griegos hasta los tratadistas del Renacimiento o el Barroco europeo, habían planteado como una mera hipótesis intelectual. Recuérdese al respecto que, por ejemplo, en la España del siglo XVI, se justificaba la doctrina del "tiranicidio", o derecho de la sociedad a matar al príncipe cuando ha devenido en déspota al no cumplir su pacto con el pueblo a quien debe servir. Pero a nadie se le pasó por la cabeza hacer una casuística de cuándo el rey se convierte en tirano, o cómo y por quién debía eliminársele. La gran aportación de los norteamericanos está en la formulación y puesta en práctica de la democracia representativa: los pueblos delegaron la soberanía en las asambleas constituyentes de cada Estado con el encargo de que elaborasen una Constitución y organizasen el Gobierno. Hasta las siguientes elecciones el pueblo no tiene sino que vigilar el cumplimiento de los principios y normas; minuciosa y escrupulosamente enumeradas en las leyes fundamentales; sus representantes son quienes deben tomar las decisiones y controlar al Gobierno en función del encargo de sus representados y electores.

La última y más significativa revuelta de esclavos fue la de Espartaco. A diferencia de las anteriores, su objetivo no fue la constitución de un Estado ni de corte romano ni helenístico, sino la búsqueda de la libertad entendida como contrapuesta a la alienante condición servil. El hecho de que la mayor parte de sus integrantes fueran tracios como el propio Espartaco-, galos -como sus dos comandantes, Criso y Enomao- y germanos, les configura como un movimiento de bárbaros que las fuentes antiguas, principalmente Plutarco y Apiano, presentan como una horda primitiva y violenta. Sin duda se conocen extremos de violencia en el bando de Espartaco: para vengar la muerte de Criso hizo matar a trescientos prisioneros romanos y aplicó castigos entre los suyos para mantener la disciplina. Salustio habla de violaciones de vírgenes y matronas... Pero la violencia a la que por su condición estaban sometidos no podía generar sino violencia. Una violencia que el propio Espartaco decidió utilizar para combatir por la libertad más que por un espectáculo público. Por otra parte, es bien sabido que en el bando romano Licinio Craso, con el fin asimismo de disciplinar a sus legionarios, diezmó su ejército en una lúgubre ceremonia en la que se ejecutó a gran número de soldados. La derrota final de Espartaco culminó con la crucifixión de seis mil esclavos alineados a lo largo de la vía Latina. La toma de conciencia y el deseo de rebelión de un esclavo son fáciles de comprender incluso dentro de una sociedad como la romana de esta época, en la que el principio del dominio de los mejores sobre los demás era asumido por muchos como una ley natural. Que un hombre reducido a la condición de esclavo, obligado a practicar la violencia para entretenimiento de la gente y con la esperanza de vida muy corta (como era normal entre los gladiadores) alimentase la idea de rebelarse es perfectamente lógico. Lo singular en el caso de Espartaco es el haber sabido entender las condiciones de su tiempo, haber logrado la adhesión de multitud de esclavos y desheredados, así como sus dotes militares gracias a las cuales, durante dos años y a lo largo de su marcha sin fin por Italia, consiguió derrotar a varios cuerpos legionarios romanos. Que su objetivo era simplemente la lucha por la libertad se desprende de los datos que los autores antiguos nos han dejado. Apiano dice que Espartaco había prohibido que sus hombres comprasen o se apropiasen de oro y plata. Sólo el hierro y el bronce, comprados por cierto a un alto precio, les interesaban para la fabricación de armas. Al mismo tiempo, la idea de igualdad parece instalada entre ellos puesto que el botín era repartido entre todos en partes iguales. Razón que Apiano considera decisiva para explicar el flujo de seguidores. Entre éstos no se encontraban únicamente individuos reducidos a la esclavitud. Este movimiento aglutinó a muchas otras personas libres cuyas condiciones de vida no diferían demasiado de las de los esclavos: campesinos despojados de sus tierras, ya fuere por haber pasado éstas a otros propietarios o por razones derivadas de las guerras sociales o de las proscripciones de Sila, y soldados proletarizados que, en una política de vaivenes, habrían visto limitadas sus posibilidades de promoción social. El núcleo de la revuelta fue una escuela de gladiadores de Capua y la iniciativa la tomaron setenta esclavos que, alentados por Espartaco, huyeron al Vesubio e incrementaron sus filas en poco tiempo. Consiguieron derrotar a los legionarios de C. Claudio Gabrio y al ejército del pretor Varinnio y sus legados Furio y Cosinio. Posteriormente, se asentaron en Campania. Tal vez el proyecto inicial de Espartaco fuera atravesar Italia hacia el Norte, pero el contingente de celtas decidió encaminarse hacia el Sur a través de Nola, Nocera y Metaponto hasta Turi. En el 72 a.C., unos miles de galos con Criso al frente fueron derrotados por el cónsul L. Delio Publícola, cerca del monte Gargano, muriendo el propio Criso en la contienda y la mayor parte de sus compañeros. Espartaco retoma su proyecto y se dirige hacia el Norte. En su marcha hasta Módena logran derrotar en el Piceno a los ejércitos romanos comandados por el cónsul L. Clodiano y por Gelio, que había acudido en ayuda del primero. En Módena, de nuevo Espartaco aniquiló a las tropas del procónsul C. Casio Longino. Tal vez la idea de atravesar los Alpes le pareció una empresa imposible y por eso decidiera emprender de nuevo la marcha hacia el Sur. Logró evitar a los ejércitos romanos que le esperaban en el Piceno y en Calabria, instalándose nuevamente en Turi. En el otoño del 72 a.C. el Senado romano confiere el mando de las operaciones a Licinio Craso, que despliega ocho legiones. No obstante, Espartaco consigue derrotar a Mummio, legado de Craso. Es el momento en que éste dirige las operaciones: derrota a dos contingentes de esclavos e inicia la persecución del grueso del ejército de Espartaco que, a través de la Lucania, se dirige hacia el mar. Posiblemente su intención fuera atravesar el estrecho de Mesina y pasar a Sicilia, donde no hubiera sido difícil revitalizar la lucha con nuevos contingentes de esclavos. Pero Espartaco se vio rodeado. Los piratas cilicios que se habían comprometido, mediante el pago acordado, a transportarlos en sus naves, no se presentaron. Para impedir las tácticas de guerrilla, que Espartaco conocía a la perfección, Craso refuerza el asedio a Espartaco con la construcción de un muro de 54 km. de mar a mar, que aísla a los esclavos. En febrero del 71 a.C. Espartaco logra abrirse paso a través del muro y se dirige con sus tropas hacia Bríndisi. Una parte de su ejército en desbandada fue derrotado en la Lucania, mientras Espartaco se veía otra vez obligado a marchar hacia el Sur, hacia los montes Abruzzos. De nuevo logran derrotar a un destacamento romano y, reavivada la moral de los esclavos con este nuevo éxito, deciden hacer frente al ejército romano. Después de un primer encuentro en Lucania, los ejércitos de Espartaco y Craso libran la batalla final, probablemente en Apulia o en el norte de Lucania. Las fuerzas conjuntas de Craso y Pompeyo lograron la derrota total del ejército de Espartaco y la muerte de éste, si bien su cuerpo no fue encontrado. Aunque sobrevivieron por algunos años focos menores de esclavos armados, no volvieron a tener lugar nuevas revueltas masivas de esclavos y Espartaco se convirtió en un personaje legendario.

Más que la crisis económica general, la causa a la que tradicionalmente han achacado los historiadores el estallido de la Revolución es la crisis de las finanzas. Las finanzas francesas se hallaban en una situación crítica desde el final del reinado de Luis XV, y se habían agravado como consecuencia de la guerra de los Siete Años. Los intentos que se hicieron para racionalizar el sistema de tributos sobre la base de una simplificación de la multiplicidad de tipos impositivos existentes, fracasaron por la oposición de las clases privilegiadas que temían perder sus exenciones. El ministro Turgot, que presentó un proyecto de reforma de la Hacienda en esta línea, fue destituido a causa de las presiones que recibió el rey por parte de la nobleza y del clero. Cuando Francia decidió intervenir en la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América, tuvo que recurrir a nuevos empréstitos para atender a los elevados gastos que se requerían. El ministro Necker presentó al monarca en el año 1781 un presupuesto -el primero que se publicó en Francia- en que se recogían los ingresos y los gastos. Este presupuesto no era real, puesto que omitía los gastos de la guerra y evaluaba de una forma demasiado optimista los ingresos del Estado. No obstante, revelaba la enorme cuantía de los gastos cortesanos, lo que levantó las críticas de la pequeña nobleza y de la burguesía. La reina, molesta por estas críticas, consiguió que el monarca destituyese a Necker.El ministro Calonne intentó también desde 1783 hacer frente a la crisis, pero no había más remedio que aplicar las reformas o seguir pidiendo préstamos. Comenzó practicando una política de recurso sistemático al crédito, pero el crecimiento desorbitado de la deuda le obligó a optar por las reformas. En 1786 presentó a Luis XVI un proyecto basado en la igualdad de los ciudadanos ante los impuestos. Proponía la supresión de una serie de impuestos indirectos para reforzar los impuestos directos. El reparto de éstos sería confiado a unas asambleas provinciales elegidas por los propietarios, sin distinción de estamentos. Asimismo, contemplaba la confiscación de los derechos señoriales de la Iglesia para amortizar la deuda del clero y un nuevo impuesto: el subsidio territorial, proporcional al impuesto del suelo y aplicable a todas las propiedades, sin distinción. Aunque, como señala Michel Vovelle, estas medidas significaban lanzar un cable a la antigua aristocracia por cuanto ésta mantendría la mayoría de sus exenciones, los notables, reunidos en Versalles en una Asamblea compuesta por 144 personalidades designadas por el rey, volvieron a rechazarlas en febrero de 1787. Para el historiador Jacques Godechot, ésta es la verdadera fecha de comienzo de la Revolución francesa, por cuanto simboliza el comienzo de la revuelta de los privilegiados. Ante este fracaso, el monarca reemplazó a Calonne por el arzobispo de Toulouse, Loménie de Brienne.A pesar de que Brienne era uno de los notables más señalados, no tuvo más remedio que sostener algunas de las medidas propuestas por Calonne, como la subvención territorial, para restaurar el estado de las finanzas. Los notables, por boca de uno de sus miembros más destacados, La Fayette, respondieron que solamente los representantes auténticos de la nación tenían poder para aprobar una tal reforma en el sistema de los impuestos y reclamaron la convocatoria de una reunión de los Estados Generales.Brienne creyó entonces, en una medida desesperada, que lo mejor era dirigirse a los Parlamentos. Pero el de París, que seguía siendo el más poderoso de todos, aunque aceptó algunos puntos secundarios de la reforma, rechazó de plano el subsidio territorial y pidió también la reunión de los Estados Generales. El gobierno quiso suprimir de nuevo los Parlamentos, pero no sólo tropezó con su resistencia, sino que éstos lanzaron una especie de manifiesto a la nación en contra de la Monarquía (3 de mayo de 1788). Luis XVI comprendió entonces el error que había cometido a comienzos de su reinado restableciendo su existencia. Ahora resultaba ya difícil llevar a cabo de nuevo su supresión y la resistencia se extendió por toda Francia y especialmente en el Delfinado. En julio de 1788, los representantes de los tres estamentos se reunieron en el castillo de Vizille e hicieron un llamamiento a todas las provincias invitándolas a rechazar el pago de los impuestos hasta que el rey no convocase los Estados Generales. Luis XVI no tuvo más remedio que capitular, y el 8 de agosto convocó a los Estados Generales para el 1 de mayo siguiente. Loménie de Brienne, como consecuencia de su fracaso, fue reemplazado por Necker, el cual volvía al gobierno como triunfador.Los Estados Generales, que reunían a los representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa, no se habían convocado desde hacía más de siglo y medio. Por esa razón, el rey pidió que se estudiase la forma en que debía organizarse aquella asamblea para satisfacer las aspiraciones de los grupos representados en ella. Se abrieron numerosos debates y discusiones sobre el sistema de elección que debía aplicarse y sobre el reparto de los escaños. El Tercer Estado reclamaba un gran cuidado en la decisión sobre estas cuestiones ya que era consciente de que se trataba de una ocasión para disfrutar de lo que hasta entonces no se le había reconocido: una forma legal de expresión. No quería que los Estados Generales se reuniesen en cámaras separadas, ni que cada una de ellas votase como una unidad, ya que de esa forma la suya siempre sería superada por la suma de las de los estamentos privilegiados. Éstos, por el contrario, pretendían la reunión y la votación por separado y alegaban los precedentes históricos y especialmente el de 1641, cuando se habían reunido por última vez. Se lanzaron panfletos y se editaron pasquines políticos a favor de una y otra opción y Necker no sabía qué decisión tomar. Fue el Parlamento de París el que en el mes de septiembre decidió que los Estados Generales debían reunirse y votar por separado, en las tres cámaras tradicionales.

Desde comienzos del siglo II a.C., las nuevas dimensiones de las propiedades agrícolas y el nacimiento del latifundio fueron favoreciendo el empleo de esclavos en vez de trabajadores libres. Los primeros no estaban sujetos al servicio militar, podían dedicarse totalmente al cultivo de los campos y estaban sujetos a una rígida disciplina. La oligarquía y el propio gobierno no habían considerado los riesgos o los aspectos negativos que esta ocupación masiva de esclavos podía suponer. Las primeras revueltas de esclavos se produjeron después de la segunda Guerra Púnica, el 198 a.C. en la colonia latina de Setia, el 196 en Etruria y pocos años después (185 a.C.) en Apulia. Pero el gobierno romano no concedió mucha importancia a tales movimientos y se limitó a sofocarlos con la dureza habitual. Sin embargo, los riesgos inherentes al sistema esclavista se hicieron patentes años más tarde cuando tuvieron lugar las grandes rebeliones de esclavos: las de Sicilia, del 136 y la del 104 y, sobre todo, la de Espartaco del 71 a.C. Si bien las causas generales que motivaron las explosiones de violencia a las que tales revueltas condujeron fueron más o menos las mismas y los medios utilizados idénticos, los objetivos fueron diversos en el caso de Espartaco tal vez por el carácter más autónomo de la revuelta, por ser la propia Italia su escenario y por los interrogantes que el aplastamiento de la misma, antes de lograr salir de Italia, ha dejado sin resolver. Más peculiar es la revuelta de Aristónico, que se produjo en el 133 a.C. en Pérgamo y que asumió el carácter de una guerra dinástica. Éste, que se proclamaba hijo ilegítimo de Eumenes II, se levantó contra la decisión de Atalo III por la que legaba su reino al pueblo romano. Aunque las fuentes nos informan de que le apoyaban multitud de esclavos y de pobres a los que, por influencia de la ideología estoica del filósofo Blosio de Cumas, prometía una sociedad de ciudadanos del sol (es de suponer que más igualitaria), también contó con el apoyo de sectores vinculados a la realeza. Si bien el componente económico-social de la revuelta es evidente, lo cierto es que el objetivo principal debió de ser la pervivencia del propio reino, el rechazo social a ser donado a Roma y, en definitiva, la defensa de su independencia. Razones por las cuales no puede ser considerado con seguridad como una revuelta propiamente servil.

La primera gran revuelta servil tuvo como escenario Sicilia, donde Roma había propiciado desde la provincialización de la isla el latifundio dedicado al monocultivo cerealístico, en manos de indígenas y después también de romanos e itálicos. Esta situación había favorecido un enorme empleo de esclavos de procedencias diversas, pero especialmente orientales. Los iniciadores fueron los esclavos de un latifundista llamado Damófilo, de la ciudad de Enna, donde estalló la revuelta. Los malos tratos a los que estaban sometidos quedan patentes en el relato de Diodoro Sículo sobre este asunto. Nos dice que Damófilo poseía enormes propiedades con numerosos esclavos a los que trataba atrozmente, marcándolos con hierros candentes, encadenándolos en las ergástulas, torturándolos sin motivo y negándoles la ropa y el sustento. A este respecto, añade que les incitaba a que ellos mismos se lo proporcionasen mediante el robo, práctica que debió estar bastante extendida. Se sabe de la actuación de bandas de esclavos-pastores que se entregaban al latrocinio y la violencia con la connivencia o bajo la inducción de sus amos, cuyo poder servía para frenar las intervenciones de los magistrados romanos. La sublevación se extendió rápidamente en la zona oriental de Sicilia y fue Euno quien tomó la dirección de la misma. Era éste un esclavo sirio cuyo dueño, Antígenes, era otro latifundista de Enna. Pronto el conflicto amplió su base de acción, al sumarse a los seguidores de Euno otro levantamiento de esclavos acaecido en la región de Agrigento y capitaneado por un esclavo cilicio llamado Cleón. A finales del 135 a.C. los esclavos dirigidos por Euno eran unos 200.000. Éstos habían logrado derrotar en el mismo año al pretor L. Placio Ipseo y, posteriormente, al ejército comandado por el cónsul Cayo Fulvio Flaco. En el 133 a.C. el nuevo cónsul, L. Calpurnio Pisón, logró reducir la ciudad de Morgantina. Fue el cónsul del 132, Publio Rupilio, quien puso fin a la revuelta reconquistando Tauromenio y tomando Enna, la capital de Euno. Terminadas las operaciones, Rupilio continuó en la isla donde actuó como procónsul en el 131. Procedió durante su mandato a adoptar una serie de medidas tendentes a evitar nuevas revueltas, entre ellas la promulgación de la Lex Rupilia, cuyo efecto debió de ser casi nulo. Euno es descrito por Diodoro como un mago. Sin duda el rodearse de un carácter sagrado -mantenía comunicación con la diosa siria Atargatis- y taumatúrgico -tenía la habilidad de expulsar fuego por la boca- era un elemento que infundía fe a sus seguidores y, al mismo tiempo, le dotaba de autoridad sobre ellos. Euno se proclamó rey con el nombre de Antíoco e instaló la capital en Enna. Su reino se regía por el modelo de las monarquías helenísticas. Se rodeó de un consejo integrado por los esclavos más preparados y llamó sirios a sus seguidores. Llegó incluso a acuñar moneda en la que aparecía representada la diosa Deméter, que era especialmente venerada en Enna y por tanto con mayor influencia entre sus nuevos súbditos que la suya propia, Atargatis. La segunda guerra civil siciliana fue simultánea a otras revueltas menores acaecidas en Capua, Nuceria y la propia Sicilia, como la revuelta capitaneada por Vario de un grupo de esclavos de una misma propiedad y que fue reducida en poco tiempo. Pero la insurrección más importante, la dirigida por Salvio en el 104 a.C., parece que se debió -como causa directa- a la negativa de las autoridades romanas de la isla a reconocer la ilegitimidad de la condición de esclavo de los provinciales y/o aliados capturados en razzias. Diodoro refiere un hecho concreto de esta situación, que suponía la reducción a la esclavitud de libres aliados en Sicilia. Dice Diodoro que cuando Mario pidió ayuda militar al rey de Bitinia, Nicomedes II Epífanes, éste se negó a concedérsela arguyendo el gran número de bitinios que se encontraban reducidos a esclavitud en las provincias romanas, por causa de los recaudadores de impuestos de Roma. Puesto que no había recaudadores de impuestos en Bitinia, parece claro que éstos habrían sido hechos prisioneros en razzias, tal vez debidas a piratas. En tal caso, serían los publicanos de la provincia romana de Asia quienes los redistribuirían a otros lagares. El Senado romano decretó la liberación de los aliados que hubieran sido reducidos a esclavitud. El gobernador de Sicilia, Licinio Nerva, procedió a la liberación de éstos en cumplimiento del decreto, pero la presión de los grandes propietarios que se oponían a este procedimiento, junto con los sobornos o amenazas, decidió a Nerva a paralizar las liberaciones. Los esclavos rechazados fueron quienes encendieron la llama de la rebelión. Tras la suspensión anunciada por el gobernador, abandonaron Siracusa y se refugiaron en el santuario de Palicos, donde se organizó la revuelta situando al frente de la misma a Salvio, de origen desconocido, aunque su nombre sea latino. A este foco rebelde se unió poco después un nuevo contingente de esclavos sublevados en la zona de Heraclea Minoe, a cuyo frente estaba el cilicio Atenión. Éstos habían logrado vencer a Marco Titinio, encargado por el gobernador de reprimir la revuelta. Es ilustrativo de la diferencia existente entre los esclavos domésticos y los destinados al campo, el hecho de que los esclavos de la ciudad de Morgantina -a la que Salvio intentó someter- se negaron a sumarse a la sublevación pese a que la incorporación a la misma les hubiese supuesto la libertad. Salvio se proclamó, al igual que Euno anteriormente, rey con el sobrenombre de Trifón. Estableció la capital en Triocala. En el 103 el ejército romano, al frente de L. Licinio Lúculo, se enfrentó en Escirtea a más de 40.000 esclavos comandados por Salvio-Trifón. Éstos fueron derrotados y Salvio murió en combate, pero los supervivientes se refugiaron en Triocala, ciudad a la que Lúculo inicialmente sitió y, sorpresivamente, abandonó poco después. Atenion sucedió en el mando a Salvio y condujo la última fase de las operaciones, que culminaron con la derrota frente al ejército romano al mando del cónsul M. Aquilio, en el año 101 a.C.

Durante la segunda mitad del siglo XIII, al finalizar el impulso expansivo, resurgen los problemas que las campañas militares habían enmascarado. Alfonso X de Castilla, Alfonso III de Portugal, Jaime I de Aragón y sus sucesores tienen que hacer frente a continuas revueltas nobiliarias en las que se ven implicados miembros de las familias reinantes, que actúan como jefes naturales de los nobles en la lucha por el poder que les enfrenta a la monarquía. Las causas de las revueltas son complejas y no es posible determinar exactamente cuál precede en orden cronológico o de importancia a las restantes. La introducción del Derecho Romano en Occidente disminuyó las atribuciones y privilegios de la nobleza al reforzar la posición y autoridad del monarca, y la debilidad política de los nobles va acompañada de una pérdida de importancia militar, económica y social. La caballería, pesada y con pocas posibilidades de maniobra, pierde importancia ante la infantería; las huestes feudales, nobiliarias, dejan de ser el grupo militar exclusivo y, por otra parte, el aumento de la circulación monetaria permite contratar y utilizar soldados mercenarios profesionales de la guerra. Económica y socialmente, la nobleza vio amenazada su posición privilegiada por el ascenso de mercaderes y juristas: el desarrollo del comercio favoreció inicialmente a los nobles propietarios de tierras al conseguir mejores precios por los productos agrícolas, pero la mayoría de las tierras estaba arrendada mediante contratos a largo plazo que impedían actualizar los ingresos de la nobleza, y en ningún caso el alza de los productos agrícolas fue equiparable a la de los artículos manufacturados, cuya venta enriqueció a los mercaderes y los situó económicamente por encima de los nobles. Los juristas, convertidos en funcionarios de la monarquía, adquirieron un gran prestigio social y, en ocasiones, importantes riquezas a través de los cargos que desempeñaban y, para mantener su preeminencia sobre los mercaderes y oponerse a los juristas, la nobleza recurrió a la revuelta y a la guerra para ampliar sus dominios y posesiones en el interior de los reinos, adquirir nuevas tierras en el exterior y forzar al rey a limitar la influencia de los juristas, a reducir su autoridad. Problemas europeos y sublevaciones nobiliarias internas se condicionan mutuamente en los últimos años del reinado de Alfonso X y de Jaime I. Los matrimonios de Fernando III con Beatriz de Suabia y de Jaime con Violante de Hungría obedecieron, sin duda, al deseo de los pontífices de evitar los problemas de parentesco que habían llevado a anular numerosos enlaces de reyes y príncipes peninsulares; pero ambos matrimonios tendrán efectos contrarios a los intereses de Roma. El hijo de Beatriz, Alfonso X, será aceptado a la muerte de Federico II como emperador de Alemania por una parte de los electores y por algunas ciudades italianas opuestas a la política pontificia, que ven en el monarca castellano la posibilidad de imponerse a Roma. Las pretensiones imperiales de Alfonso sólo sirvieron para empobrecer al reino y para obligar al monarca a aceptar las exigencias nobiliarias. Si el matrimonio de Fernando determinó la política exterior de Castilla e indirectamente la interior, la unión de Jaime y Violante de Hungría repercutió gravemente sobre la situación interna de Aragón y condicionó la expansión mediterránea de la Corona. Para dotar a los hijos de este matrimonio, Jaime redacta diversos testamentos en los que separa Valencia y Mallorca e incluso Aragón y Cataluña, provocando así el malestar de la nobleza aragonesa, cuya oposición influye en la política mediterránea al negar su apoyo a Pedro el Grande cuando éste ocupa Sicilia contra la voluntad del Papa. Al morir Federico II, Roma separó los dominios alemanes de los italianos y cedió los segundos a Carlos de Anjou, señor de Provenza gracias al apoyo de los papas y de los cruzados de Simón de Montfort; con la cesión de Sicilia al enemigo tradicional de los aragoneses, Roma ponía en peligro el comercio catalán con el Norte de África, y frente a los Anjou y frente al Pontífice, Pedro el Grande, actuando en nombre de su esposa Constanza de Sicilia, ocupará la isla en 1282. Por caminos distintos, Castilla y Aragón entraban en la política europea e intentaban, con diferente resultado, convertirse en herederos de los emperadores alemanes: Alfonso X en Alemania y Pedro el Grande en Sicilia.

Los estallidos de protesta y las rebeliones populares fueron un fenómeno frecuente en el siglo XVI europeo. Las tensiones sociales latentes desembocaron en sublevaciones abiertas en los momentos en los que los factores de conflictividad alcanzaron un alto grado de condensación y se añadieron a ellos precipitantes coyunturales. El cuadro de las alteraciones populares de la época ofrece la posibilidad de distinguir entre revueltas urbanas y campesinas, aunque en la práctica ambos fenómenos aparecen frecuentemente relacionados entre sí, por lo que apenas existieron movimientos completamente puros. Sobre un fondo general de profundas diferencias sociales, las causas detonantes más frecuentes de las revueltas eran los abusos señoriales, la presión fiscal y las carestías. La dureza y arbitrariedad del régimen feudal provocó a principios del siglo la revuelta de los campesinos húngaros (1514), aplastada por el gobernador de Transilvania, Juan Zapolya. Teñida de un discurso religioso radical, estalló en Alemania, pocos años después de la ruptura de Lutero con Roma, la guerra de los campesinos (1525), cuyos más destacados líderes fueron Sebastián Lotzer y Tomás Muntzer. Esta revuelta se extendió por toda Alemania, Austria, Suiza, Borgoña y el Franco Condado. Sus dimensiones llegaron a asustar al mismo Lutero, quien la condenó enérgicamente. La propia revolución de las Comunidades de Castilla (1519), que tuvo un carácter fundamentalmente urbano y estuvo originada en el descontento nacionalista de la mesocracia ciudadana frente al imperialismo de Carlos V, tuvo también un serio componente campesino antiseñorial, ilustrando las dificultades de catalogar de forma simple los conflictos y la complejidad de los mismos. Por su parte, la "Pilgrimage of Grace" de Lincolshire y Yorkshire (1536), que comenzó como levantamiento antifiscal, evolucionó hacia un movimiento regionalista procatólico contrario al reformismo anglicano. La mala coyuntura agraria de fines del siglo XVI provocó también revueltas campesinas, como la de Finlandia de 1596 y la inglesa de las "Midlands" del mismo año. Unos años antes, en 1593, estalló en el Limousin francés la sublevación de los "Croquants", de origen campesino, aunque luego se extendió a los trabajadores urbanos. En el origen de esta gran rebelión coincidieron el hambre, el malestar antifiscal y los efectos perniciosos de la guerra sobre la población. En las ciudades, la escasez de alimentos y la protesta contra los impuestos constituyeron los principales precipitantes de los levantamientos populares, causados también por tensiones sociales previas y mezclados en ocasiones con problemas religiosos. Como ejemplos de violencia social urbana pueden citarse la "Grande Rebeyne" de Lyon (1529), cuyo origen fue la carestía de las subsistencias, y la revuelta de Gante (1540), levantamiento antifiscal que se erigió en defensor de los privilegios tradicionales. El hambre fue también la causa de un levantamiento popular en Nápoles en 1585, al que siguió una brutal represión. Las guerras de religión en Francia provocaron una gran sublevación en París el 12 de mayo de 1588 (el día de las barricadas), que dejó a la ciudad en un estado de anarquía. Las revueltas populares fueron a menudo atizadas por elementos de las clases medias y altas. Ello solía ocurrir cuando se instrumentalizaban contra el Estado, contemplado como elemento abstracto que irrumpía en el modo tradicional de organización socio-política actuando como agente de exacción fiscal. Por ello, con cierta frecuencia, la revuelta venía acompañada de la añoranza de un modelo idealizado de buena administración situado en épocas anteriores. Los levantamientos sociales se dotaron por lo general de una organización espontánea y actuaron por objetivos concretos a corto plazo, aunque a veces esgrimieron un discurso radical que amenazaba con la subversión del orden social. Fue precisamente el miedo a la subversión lo que obligó a las clases dominantes a cerrar filas y a hacer causa común en la represión de la protesta popular. La represión se revistió en ocasiones de un carácter violento, pero en otras muchas el perdón real, que potenciaba una imagen de la autoridad monárquica como justa y paternal, fue el camino elegido por el poder para poner el punto y final a la sublevación. Si la revuelta representó la manifestación colectiva de la tensión social, el bandidismo constituyó un conducto de escape individual para la misma. La delincuencia formó parte de la conflictividad social de los siglos modernos, y como tal debe ser analizada. El bandidaje surgió de las mismas condiciones de descontento que propiciaron otros fenómenos de violencia social. Las áreas en que las actividades de los bandoleros fueron más frecuentes fueron lógicamente aquellas a las que los instrumentos estatales de represión llegaban con mayor dificultad, es decir, las más inaccesibles. Por ello se trató de un fenómeno típicamente rural. Los Pirineos y el Macizo Central francés fueron, por ejemplo, activos centros de bandidaje en el siglo XVI. En esta época hubo dos tipos de bandolerismo bien diferenciados. Por una parte, el bandolerismo aristocrático puede entenderse como una reacción frente al poder protagonizada por nobles mal adaptados a las nuevas condiciones políticas. En este sentido escribe Kamen que los aristócratas que acaudillaban bandas de salteadores no hacían sino volver a plantear un reto puramente feudal al Estado. Por otra parte, el bandolerismo popular era una consecuencia de la miseria y de las duras condiciones de existencia de los grupos sociales menos favorecidos. Es por ello por lo que la intensificación de los episodios de bandidaje solía coincidir con los momentos más duros de crisis económica, apareciendo en ocasiones en estrecha relación con períodos de alteraciones campesinas.