Busqueda de contenidos

Europa era a finales del siglo XVIII un continente en el que se detectaban ciertos síntomas de cambio en sus estructuras sociales, políticas y económicas. Su población había aumentado considerablemente a lo largo de toda la centuria y ese crecimiento, que había sido debido más a la disminución de la mortalidad que al aumento de la natalidad, podía estimarse en alrededor de 60.000.000 de almas. Ese crecimiento contrastaba con la relativa estabilidad demográfica que se había registrado en los siglos anteriores y fue Malthus con la publicación de su Ensayo sobre la ley de la población, a finales del XVIII, quien llamó la atención sobre ese fenómeno.La revolución demográfica del siglo XVIII favoreció el rejuvenecimiento de la población europea, que imprimió un mayor dinamismo al proceso histórico y contribuyó, junto con otros factores económicos e ideológicos, al progresivo deterioro de las estructuras sociales que habían permanecido casi invariables en el curso de las últimas centurias. Estas estructuras estaban basadas originariamente en un sistema funcional mediante el cual cada grupo social cumplía con una misión determinada y, al mismo tiempo, se les reconocía jurídicamente unos privilegios determinados. De esta forma, el conjunto social se hallaba dividido en tres órdenes, cada uno de los cuales tenía unos deberes que cumplir y al mismo tiempo podía disfrutar de unos derechos.El primero de estos órdenes o estamentos era el eclesiástico. Sus miembros pertenecían a una institución -la Iglesia- cuya finalidad era la de iluminar a los fieles en el camino de la salvación eterna. Instruían al conjunto de la sociedad, no solamente en el terreno de la espiritualidad, sino que también ejercían una labor semejante en el terreno de la cultura y de las ciencias. Durante la Edad Media, la Iglesia fue el único estamento docente y a pesar de la secularización de la enseñanza que comenzó a registrarse a partir del Renacimiento, los eclesiásticos continuaron desempeñando una importante labor en la transmisión de la cultura desde los centros de primeras letras hasta las Universidades y otros centros de enseñanza superior. A cambio de esta dedicación a la sociedad en el aspecto educativo, la Iglesia era sostenida por la propia sociedad. Eso quería decir que a la Iglesia se le reconocía una serie de privilegios entre los que no era el menos importante el estar exenta del pago de impuestos.La nobleza constituía, después del clero, el segundo orden del Estado durante el Antiguo Régimen. La nobleza era originariamente el brazo armado de la sociedad, por cuanto tenía como función su defensa frente a los enemigos interiores y exteriores. Tenía la obligación de servir al monarca cada vez que éste reclamase sus servicios y debía colaborar en el mantenimiento de la integridad del reino. Como compensación a este tutelaje, la nobleza recibía por parte de los miembros del conjunto social una parte de sus frutos y de su trabajo así como el reconocimiento por la Corona de una serie de exenciones y privilegios, entre los cuales estaba también el de no pagar impuestos.El tercer estamento era el más complejo y heterogéneo por ser aquel que integraba a todo el resto de la sociedad y estaba formado por su inmensa mayor parte. La mayoría de sus miembros eran campesinos, aunque también formaban parte de este grupo los artesanos, los comerciantes y todos aquellos que desempeñaban alguna actividad laboral. El estado llano -o el tiers état, como se le denominaba en Francia durante el Antiguo Régimen- tenía el derecho a ser defendido por la nobleza y a ser instruido por el clero, pero a cambio tenía que sostener a ambos con su trabajo, con sus prestaciones y, sobre todo, con sus impuestos.Esta organización de la sociedad respondía a unas necesidades que había que atender en un determinado momento histórico que se remonta a la época medieval. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, esa división de funciones, que no tenía por qué implicar ningún elemento de jerarquización, fue tergiversándose de tal manera que los dos primeros estamentos fueron perdiendo su noción de servicio, aunque, eso sí, se las arreglaron para retener sus privilegios y exenciones. Así pues, cuando llegamos al siglo XVIII, nos encontramos con dos estamentos sociales privilegiados, encumbrados en la parte superior de la pirámide social -la nobleza y el clero- que siguen sin pagar impuestos, mientras que el pueblo -que ya no es defendido ni instruido por ambos- sigue sosteniendo en exclusiva con sus contribuciones los gastos del Estado y realizando una serie de prestaciones a sus señores seglares y eclesiásticos.Sin embargo, no hay que pensar que en la Europa del Antiguo Régimen no existía una homogeneidad en las estructuras sociales. La diversidad era importante en las distintas zonas del continente, de acuerdo con la evolución de su respectivo proceso histórico. Los países occidentales, romanizados desde el siglo I de nuestra era, presentan una sociedad más evolucionada que aquellos situados al este del río Elba, que no tuvieron contacto con la civilización latina y con el cristianismo hasta los siglos IX o X.En la Europa occidental, el sistema feudal sólo significaba que el señor tenía un dominio eminente sobre las tierras por el que recibía una serie de prestaciones por parte de los campesinos. No existía la servidumbre, salvo en lugares muy localizados y el labrador disfrutaba de una libertad que le permitía disponer de la tierra para legarla, venderla o repartirla a su antojo, sólo con pagar unos derechos de cambio de propiedad al señor. Sin embargo, al otro lado del Elba, el régimen agrario presentaba unas características bien diferentes y por consiguiente también la estructura social era distinta. La tierra pertenecía al señor, y éste no sólo tenía la propiedad eminente, sino la propiedad efectiva. La servidumbre del campesino se hallaba generalizada y en Rusia, por ejemplo, todo campesino podía considerarse un siervo en el siglo XVIII, y una cosa parecida ocurría en Polonia, en Prusia y en Hungría. El campesino no podía disponer de la tierra y los señores tenían un poder casi absoluto. Así pues, mientras que al oeste del Elba existía una compleja sociedad cuyos intereses se hallaban perfectamente entrelazados, lo que permitía una cierta movilidad, en la Europa oriental la sociedad era completamente cerrada y los señores ejercían un dominio sobre los siervos campesinos sin que existiese ninguna clase intermedia.En lo que se refiere a los sistemas políticos, predominaban en la última fase del Antiguo Régimen las monarquías absolutas. El soberano, que poseía su poder por derecho divino, acumulaba en su persona la potestad de hacer las leyes, de aplicarlas y de determinar si esas leyes habían sido, o no, cumplidas. Es cierto que la complejidad de los Estados modernos les había obligado, cada vez más, a delegar estos poderes en una compleja maquinaria burocratizada cuyo funcionamiento les apartaba progresivamente de su ejercicio real. Pero eso no significaba una renuncia a su soberanía, más bien por el contrario podría decirse que en el siglo XVIII se reforzó el poder absoluto de las monarquías, respaldadas por las corrientes de pensamiento de la época representadas por los "philosophes". Voltaire proponía como ejemplo a los reyes la monarquía absoluta -aunque ilustrada- de Luis XIV. El despotismo ilustrado, ese extraño y contradictorio maridaje entre absolutismo y racionalismo que, según Fritz Valjavec, llevaba en sí mismo el germen de la descomposición, terminaría por debilitar a la monarquía del Antiguo Régimen hasta convertirla en una fácil presa del embate revolucionario.La característica de la política económica imperante durante el Antiguo Régimen era el intervencionismo del Estado mediante la creación de monopolios, la imposición de tasas de precios y salarios y el excesivo reglamentismo sobre todos los mecanismos de producción, comercialización y venta en cada país, así como de los flujos de importaciones-exportaciones con otras naciones del mundo. El aumento demográfico del siglo XVIII y la necesidad de encontrar más medios para alimentar a los nuevos consumidores, obligaron a remover obstáculos, como las formas estancadas de la propiedad o los modos corporativos de trabajo, que rompían las viejas formas que habían prevalecido en la economía durante siglos. La presión ejercida por el fenómeno del aumento demográfico dio origen en muchos países a medidas tendentes a sacar mejor provecho de tierras que, en manos de propietarios negligentes o incapaces, daban menor rendimiento del debido. Eran propietarios de grandes extensiones de tierras que no tenían el capital necesario para poner en cultivo nuevas parcelas o para modernizar sus explotaciones. Además, con frecuencia, no podían enajenar una parte de sus propiedades para cultivar mejor el resto, porque se trataba de tierras amortizadas o de manos muertas. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se dio en países como Francia, Italia o España, una verdadera lucha por la desamortización de tierras pertenecientes fundamentalmente a la Iglesia. La extensión de los cultivos y, sobre todo, las nuevas técnicas, tuvieron una gran repercusión en el ritmo de vida de los campesinos. Toda esta gran revolución agrícola fue impulsada por los teóricos, que tanto en Inglaterra (Backewell, Townsend, Young), como en Francia (Quesnay, Dupont de Nemours), Italia (Genovesi, Galiani, Verri) o España (Campomanes, Jovellanos), contribuyeron a difundir la idea de la necesidad de tomar medidas para mejorar la producción mediante la ruptura de los viejos esquemas económicos.Por otra parte, la presión demográfica no sólo fue uno de los factores que determinó la revolución agraria, sino que fue también el origen de una revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII y que continuó durante el siglo XIX. La revolución industrial fue más consecuencia de las necesidades de los hombres que de los avances de las ciencias, pero su aparición se debió a la confluencia de esos dos fenómenos distintos. Así pues, a partir de 1760, sobre todo en Inglaterra, pero también en Francia, en los Países Bajos y en los países alemanes y austríacos, se produjo un gran avance de la industria, especialmente de la textil y la metalúrgica. La invención de los telares mecánicos como la spinning jenny (1765), la water -frame (1768) y la mule jenny (1779) y de la máquina de vapor (1784) tuvieron gran incidencia en la producción y contribuyeron a cambiar la vida del hombre en aquellos países del mundo occidental donde esos inventos pudieron ser aplicados entre los últimos años del siglo XVIII y comienzos del XIX.

A finales del siglo XIII, Europa occidental y buena parte de la periferia habían llegado al limite de la expansión y el crecimiento ininterrumpido que habría que matizar, no obstante, a niveles regionales. La propia evolución económica había desarrollado formas de producción con lazos estrechos de dependencia y promovido concentraciones campesinas y urbanas que serian proclives a inevitables conflictos y enfrentamientos. Entre las áreas más desarrolladas económicamente, Flandes ofrecía una gran producción dirigida sobre todo a la exportación, Inglaterra presentaba un estado avanzado de la revolución económica que conoció más tarde y en el resto los efectos del desarrollo habían beneficiado desigualmente a unos y otros países. El norte de Italia, por su parte, seguía manteniendo un buen nivel desde el despegue de sus ciudades-estado, que había sido pionero en la producción y el comercio internacional. En el campo, sin embargo, la brecha abierta entre campesinos y señores se fue haciendo cada vez más profunda. Un ejemplo puede ser significativo. En Picardía, una de las regiones agrícolas más prósperas, se dieron una serie de cambios sociales desde el siglo XIII motivados por el progreso de las técnicas; perceptible en la multiplicación de molinos y arados, diferenciación de cultivos y extensión de una rotación regular. Cambios que distanciaron a quienes fueron capaces de acudir a los nuevos instrumentos y técnicas (consiguiendo aumentar los rendimientos, recuperar corveas y mejorar los cultivos) de los que no supieron o no pudieron hacerlo, convirtiéndose la posesión de un tiro de labor en la línea de fractura porque su carencia hacia más difícil las tareas, se remuneraban peor y eran limitadas. Estos cambios afectaron también a los señores, y no es suficiente con enfrentarlos simplemente a los campesinos de los que también les fue aislando la dedicación militar y los hábitos de clase. Porque debieron adaptarse al progreso tecnológico, a la contestación de los campesinos sobre las estructuras señoriales que empezaban a ser cuestionadas y a la obligada división sucesiva de la propiedad por el fuerte desarrollo demográfico que perjudicó a los campesinos y facilitó, en muchos casos, la absorción por señoríos potentes de carácter feudalizante. En la región picarda, estudiada por Fossier, hacia 1300, sobre unos cien señoríos con alrededor de trescientas a cuatrocientas aldeas, unos treinta o treinta y cinco eran del rey, los infantes o la Iglesia, quince de los grandes linajes vinculados a familias condales, otras diez a diversos agrupamientos y el 40 por 100 restante se repartía entre varias centenas de familias señoriales. En las ciudades, el desarrollo económico, la progresiva organización del mundo del trabajo y la preocupación por la presión financiera propició asimismo un cambio de situación desde el siglo XIII. Las agrupaciones de artesanos se habían ido consolidando desde el XIII, sufriendo diversos avatares al ser presionadas y desaparecer algunas de ellas; a pesar de lo cual fueron en aumento, reforzando su solidaridad y adquiriendo los medios y estrategias necesarias para contrarrestar el predominio patricio. Pero cuanto más crecía una ciudad mayor era el volumen de las cargas comunes, sobre todo si se trataba de una ciudad de peso en las finanzas del Estado; el cual se organizaba sobre una mayor distribución y control fiscal, entre otros medios conducentes a un mejor gobierno y atención a las urgencias del gasto publico que debía satisfacer el tesoro. Los municipios fueron aumentando los impuestos, y si dicho crecimiento era consecuencia de la expansión, también significó un elemento revelador de las contradicciones y distanciamientos sociales, pues en el desigual reparto de las cargas financieras se crearon tensiones y se manifestaron privilegios y abusos. A todo ello hay que añadir el endeudamiento cada vez mayor tanto en el campo como en la ciudad y que, con frecuencia, era un signo de empobrecimiento, de retroceso y de necesidad. En las regiones y lugares en los que se había llevado a cabo una expansión acusada, tras el esfuerzo que suponía adquirir el equipamiento y mejorar los cultivos o la producción artesana, una buena parte de sus protagonistas comenzaba a verse arrastrada por la carga de las rentas constituidas por los préstamos, porque los solicitantes de dichos préstamos se presentaban como vendedores de renta y, a cambio de una suma de dinero que recibían de inmediato, se comprometían a pagar a su comprador una renta que llegaba a ser perpetua. Así pues, en la medida en que el agravamiento de las obligaciones sociales surge como consecuencia de la expansión, el desarrollo del crédito al consumo puede considerarse como un efecto indirecto. Se utilizan los préstamos para lo necesario, lo superfluo y también para pagar los impuestos; aumentándose la dificultad en el reembolso posterior. El paso del endeudamiento por la creciente inviabilidad para enjugarlo sería fuente de discordia, y no sólo contra los judíos, pues no eran los únicos prestamistas. En definitiva, las consecuencias sociales de la expansión y las contradicciones del sistema económico comenzaban a pasar factura. El contraste entre los más ricos y los más pobres se acentuaba al ser cada vez más real y tangible, no sólo teórico o ideológico. Y las deudas contraídas recaerían con mayor atosigamiento en los grupos medios e inferiores. No debe sorprendernos, además, que en aquellas zonas más desarrolladas, como Italia del norte, precoces en el desarrollo urbano y comunitario, los contrastes fueran aún mayores, y los poderosos se opusieran al progreso del común por defender sus privilegios y negocios. Es decir, nuevos tiempos, nuevos problemas como el del abastecimiento, los monopolios comerciales y las contribuciones. El mismo vocabulario utilizado para descalificar los movimientos urbanos de las clases bajas es sintomático del menosprecio que encerraba, en el fondo, prevención: conjuración, conspiración, conventículo, confederación; aparte de la psicosis que dichos movimientos provocaron entre quienes eran objeto directo de los ataques: magistrados, maestros, patricios, etc. Sin embargo, las alianzas ocasionales entre unos grupos y otros, que luego se deshacían para reconvertirlas en otras de diferente composición, fue la única del siglo XIII. La diferente dimensión de las fortunas, por otro lado, es uno de los cambios sustanciales en las estructuras de la sociedad rural durante la última fase de la expansión agraria (el siglo XIII), y si anteriormente la jerarquía se basaba en los privilegios y garantías jurídicas heredadas o adquiridas, diferenciando también los distintos grados de libertad o dependencia, ahora las diferencias eran de disponibilidad económica. En las regiones en las cuales no había desaparecido del todo la barrera entre libertad y servidumbre en las mentes confundidas ahora por los cambios de los tiempos, no se establecía tan radicalmente la diferencia por la fortuna que sí operaba en el medio urbano, pero la situación económica determinaba el estatuto jurídico personal y la reconversión en moneda de muchas rentas en especie obligaría finalmente a los campesinos a vender sus excedentes a precios más bajos si eran apremiados en las tasas señoriales. Pero este es un tema controvertido. Se ha escrito y defendido que la ruina de muchos señoríos advino cuando comenzaron a predominar las rentas obtenidas de los campesinos en moneda y disminuyeron las de especie. La razón aducida es que, mientras los productos entregados podían venderse después en el mercado según los precios de cada momento, la moneda, devaluada con frecuencia a partir del siglo XIII, empobreció a aquellos señores que habían acordado una renta fija en metálico al margen de sus oscilaciones. Pero este proceso fue lento, irregular y tardío, al menos para antes del 1300. Y eso porque la crisis de la feudalidad se puede entender de muchas maneras y desde diferentes perspectivas, sin que ello sirva pare atestiguar la desaparición del sistema. Nada más lejos, el feudalismo sufrió una primera crisis a finales del siglo XIII y comienzos del XIV pero ni desapareció ni en todos los casos se debilitó, porque la reconversión, la adaptación y la resistencia fueron otras salidas que los siglos bajomedievales propiamente dichos conocieron. Para Le Goff; por ejemplo, la crisis de la feudalidad se presintió en cada uno de los sectores productivos. El hambre que volvió a Europa a partir de 1270, las devaluaciones monetarias, la crisis textil y los demás contratiempos no pesaron de igual forma sobre todos los sectores, pero afectó a todos ellos en mayor o menor medida. Las variaciones de la moneda empobrecieron a quienes dependían de una renta fija o de un salario. A este respecto son sintomáticos los movimientos de las ciudades con industria pañera desde 1260 (Brujas, Douai, Tournai, Provins, Caen, Orleans, etc.), como lo es también la decadencia de las ferias de Champaña, síntoma de los cambios en las orientaciones comerciales vigentes hasta entonces. Las ciudades de mayor o menor rango no fueron, por tanto, el único escenario de la contestación y la protesta. Las primeras revueltas campesinas asoman en el horizonte de Francia, pionera en ello también como lo fue Italia en otras facetas (1251 es el inicio). Además, con frecuencia, los movimientos campesinos o urbanos de carácter más popular tendrán un componente religioso y hasta herético (como el de los pastorelos). Grupos de adolescentes pululan por este país dedicándose a la mendicidad y acabando por engrosar los grupos de begardos y beguinos. Pero lo más destacado de esta crisis económico-social es que, si por un lado estos movimientos representan el contrapunto laico a las órdenes mendicantes, siendo condenados en 1311 por la Iglesia, por otro la crisis afectará particularmente a la aristocracia militar y rural, es decir, a la nobleza. La disminución real de las rentas fijadas en moneda o en especie no proporcional a la cosecha, el alza de los precios agrarios estancada, cuando no empezando a retroceder, y el esfuerzo por mantener el rango militar que definía su función y justificaba su preeminencia, frente al ascenso de grupos sociales inclinados al favor de los príncipes, atosigó a los señores. Pero, ante todo, la incapacidad pare reconvertir sus dominios a favor de los nuevos vientos, terminó de sentenciar la debilidad de muchos señoríos que se extinguieron a la vez que lo hacían algunos linajes por causas diversas: falta de descendencia, empobrecimiento y caída en desgracia o degeneración biológica a causa de la práctica endogámica. La crisis de la feudalidad se acelerará desde finales del siglo XIII porque, y ésta puede ser otra visión, no podía haber una completa integración económica del sistema feudal: de hecho -nos dice A. Guerreau en su análisis del sistema feudal como ecosistema-, esa integración supondría una dominación de los comerciantes que sería contradictoria con las bases del sistema feudal; y por la misma razón, esa dominación por parte de una clase no feudal fue una condición previa (y no consecuencia) de la puesta en marcha de un nuevo sistema económico. Pero aún podrían esbozarse otras razones pare entender en su globalidad la crisis de la feudalidad desde el siglo XIII. Dejando aparte las conquistas exteriores, la mayor parte de las cuales estaban ligadas a una lógica cristiana y eclesiástica (Reconquista, Cruzadas, etc.), la dinámica de las guerras internas mantenía viva la llama de la caballería. Porque la guerra era el principal elemento de cohesión del sistema feudal. Las expediciones militares o las correrías eran los mejores medios pare hacer efectivos los vínculos feudales y actualizarlos jerárquica y horizontalmente. Los resultados de estas incursiones militares eran habitualmente la ampliación de la tierra con la conquista y del linaje con los matrimonios. En resumen, la guerra, ya fuera externa o interna, lejana o próxima, concertada o espontánea, suponía la dominación sobre tierras, hombres y propiedades, el prestigio y el poder; lo que representaba capacidad económica y social, junto con virtualidad jurídica, pare intervenir entre los dependientes al aumentarles o disminuirles su libertad. Pero también aportaba la guerra vínculos matrimoniales suplementarios que reforzaban las redes de parentesco fundadas con anterioridad. Con lo cual, la guerra, aparte de un factor económico importante por lo que sus resultados provocaban (movilización de riquezas, ampliación de recursos, incorporación de dominios), servía para reactualizar la superioridad feudal, la fijación de su categoría dominical y la solidaridad de clase encumbrada entre los integrantes de las familias de la aristocracia. Todo lo que atentaba contra dicha superioridad significaba un asomo de crisis para la clase feudal, y cualquier amenaza del resto de la sociedad, aun la más alejada y ajena al sistema, significaba una agresión al orden establecido que la monarquía, los príncipes y la misma Iglesia no estaban dispuestas a consentir; porque la monarquía, los príncipes y los eclesiásticos formaban parte del cuerpo social de la feudalidad, y tras el derrumbe del sistema podían caer ellos mismos después. La crisis del feudalismo, que no acabó con él sino que lo empezó a transformar y adaptar a las nuevas realidades a partir del siglo XIII, hay que situarla, por tanto, en el contexto de las transformaciones y mutaciones europeas producidas desde entonces. Dichas transformaciones no fueron consecuencia exclusivamente de los cambios producidos en el seno de los diversos grupos sociales predominantes en la sociedad del siglo XIII, porque también influyeron enormemente los reajustes económicos derivados del inicio de la recesión en ese siglo XIII bifronte que nos ofrece una primera mitad de final de la larga etapa de la prosperidad y otra segunda con avisos de dificultades y parálisis del crecimiento, como apunta Le Goff al analizar concretamente los años 1270-1330. Hasta ese momento, durante los siglos del crecimiento ininterrumpido, la producción se había mantenido ligada estrechamente al consumo, de manera que la especulación y la especialización quedaron reducidas a los productos suntuarios y de sobreabastecimiento. El hombre constituía la fuerza económica esencial y la acumulación de capital de forma indiscriminada era interpuesta todavía por las doctrinas sobre el lucro y la usura por parte de la Iglesia; aunque, al menos hasta el siglo XIII, la proporción de numerario que se fue introduciendo en los intercambios mercantiles y negocios financieros no fue lo suficiente como para favorecer la simple especulación, y tanto los señores como los campesinos acomodados tendieron a guardar sin reinversión o a gastar sin control. Fue poco después cuando los pilares de la economía tradicional, que hasta entonces no habían requerido ajustes ni reconversiones, comenzaron a desmoronarse y la búsqueda consciente y permanente de la ganancia, así como la apropiación y explotación de la plusvalía iban a estar en el fondo de las transformaciones sociales desde la centuria del 1200, arrumbando a los sectores más inmovilistas y facilitando el lanzamiento de los más arriesgados y dinámicos en la inversión y los negocios. Buena parte de la masa campesina desasistida y desocupada, dispersa y acosada por el hambre, la coacción y la necesidad, y que empezó a proliferar con la crisis, pudo verse integrada en las nuevas explotaciones dependientes de los medios ciudadanos, los cuales, aun en momentos de dificultad y disminución de la mano de obra, no dudaron en aplicar nuevos procedimientos y mejoras en las explotaciones rurales, al igual que lo hicieron en los talleres y obradores artesanales; aunque, a la larga, la desigual distribución de los beneficios en general originase el antagonismo y los conflictos de clase. El afán de lucro y la disponibilidad dineraria permitió superar algunas barreras en las ganancias controladas y disparar la búsqueda efectiva de la obtención de beneficios de manera ininterrumpida, la inversión de parte de los mismos para sostener el crecimiento y la dedicación del resto a la mejora de la calidad de vida y la ostentación pública y privada. Con todo lo cual se acentuó la distancia entre superiores e inferiores a medida que las crisis se iban asentando en el panorama europeo de finales del XIII. Por otro lado, los príncipes y gobernantes necesitaron apostar por el dinero, su multiplicación y disposición temporal para atender las múltiples inversiones necesarias para el funcionamiento del Estado. Lo cual significó también un motor para el desarrollo de muchos negocios burgueses que se apoyaron en la intromisión en el sistema de financiación de dicho Estado a través del arrendamiento de los impuestos, al adelantar al rey o al gobernante el importe de aquellos recobrando con creces dicho importe y obteniendo beneficios para su disfrute posterior. Cada vez más el justo precio de la plena Edad Media se fue sustituyendo por el juego de la oferta y la demanda, y las fluctuaciones en los precios y salarios generaron desajustes monetarios que redundaron en distorsiones sociales dentro de los círculos artesano-industriales, mercantiles o financieros de la Europa más desarrollada: Flandes, Inglaterra, norte de Francia e Italia o el Mediterráneo aragonés. En este nuevo juego de la oferta y la demanda, de la monetalización y la búsqueda del beneficio absoluto, la guerra se asumió como actividad económica destinada a aumentar el capital disponible y potenciar o quebrar mercados y rutas comerciales; se acrecentó la avaricia de los Estados y de sus regidores por aumentar los impuestos de continuo, introduciendo con frecuencia los de carácter extraordinario, y se provocó la pauperización de los sectores dependientes exclusivamente de rentas fijas reconvertidas en moneda al ir quedando devaluadas con la depreciación del cambio monetario y las fluctuaciones de los precios en general. Por todo lo cual la pregunta se acentúa al hacerla, finalmente, en el siguiente sentido: ¿crisis del feudalismo o transformación y preparación para la nueva situación bajo-medieval que se anunciaba ya a partir de la segunda mitad del siglo XIII?

La coalición gobernante en el segundo bienio estaba integrada, en gran medida, por fuerzas contrarias al desarrollo del Estado integral o autonómico. Para la derecha nacional, la regionalización política y administrativa suponía un peligro de desintegración de la Patria, si bien las posturas variaban mucho. El ejemplo de Cataluña, donde la izquierda seguía gobernando pese al vuelco de la situación política nacional, aumentaba los recelos de los equipos de gobierno del Partido Radical, ya de por sí reacios a ceder competencias y recursos económicos a las autonomías. En consecuencia, el impulso estatutario fue neutralizado en todas partes por los partidos mayoritarios. Pero el intento de frenar los procesos ya en marcha, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, provocó graves tensiones, que cuestionaron el propio desarrollo del sistema constitucional democrático y contribuyeron a la radicalización de los nacionalismos periféricos. A finales de febrero de 1934 se planteó en las Cortes la cuestión del Estatuto vasco, aprobado en referéndum por la población local en noviembre del año anterior. Los nacionalistas pudieron percatarse de la mala voluntad de la nueva mayoría parlamentaria, que utilizaba el voto negativo de Álava en la consulta de noviembre para detener la tramitación del proyecto. Los debates de la primavera ampliaron las diferencias entre la derecha, partidaria en el mejor de los casos de un retorno limitado a la antigua foralidad, y el PNV, que exigía un amplio autogobierno y cuya radicalización antigubernamental le llevó a aproximarse a los socialistas y terminó provocando la retirada de sus diputados de las Cortes. A ello siguió, en el verano, un conflicto de competencias con la Administración. El trasfondo del asunto era la exigencia de las fuerzas políticas vascas de que se democratizasen las instituciones, convocando elecciones municipales y provinciales, que pusieran fin al régimen provisional de las Gestoras gubernativas. La chispa fue, sin embargo, la pretensión del Ministerio de Hacienda de recaudar directamente los impuestos sobre la renta y el lujo sin la participación de las Diputaciones -lo que, a juicio de los nacionalistas, suponía violar la autonomía fiscal garantizada por el Concierto Económico regional- y de modificar el régimen impositivo del comercio vinícola, adaptándolo al modelo nacional, lo que lesionaría los intereses de los cosecheros de la región. La "guerra del vino" alió a socialistas y nacionalistas en un movimiento de protesta política que tuvo sus momentos de máxima tensión en la convocatoria de elecciones municipales en el País Vasco para el 12 de agosto, que el Gobierno intentó impedir por todos los medios, y en la Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Zumárraga el 2 de septiembre, a la que asistió Indalecio Prieto y que selló una colaboración política entre socialistas y nacionalistas que daría fruto dos años más tarde, con la aprobación del Estatuto. El conflicto catalán fue más grave y se vio afectado por el desencadenamiento paralelo de la Revolución de Octubre. La política catalana había experimentado un giro a la izquierda cuando falleció Maciá, en la Navidad de 1933, y fue sucedido al frente de la Generalidad por Companys. En las elecciones municipales catalanas celebradas a mediados de enero de 1934, ERC demostró que seguía siendo la fuerza mayoritaria, pero ahora el gobierno de la nación estaba en manos de un centro-derecha nada entusiasta del federalismo, y en la propia Cataluña la Lliga pasó a la ofensiva, retirándose del Parlamento autonómico. El 12 de abril de 1934, la Cámara regional aprobó una Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los arrendatarios de viñedos ("rabassaires") una vigencia mínima de seis años para sus contratos y la posibilidad de comprar la propiedad de las parcelas tras cultivarlas durante dieciocho. Los propietarios protestaron y encomendaron la defensa de sus intereses a la Lliga, cuyos diputados en las Cortes solicitaron al Gobierno que plantease la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. La sentencia del órgano constitucional, pronunciada el 8 de junio, declaraba incompetente en el tema al Parlamento regional y, por tanto, anulaba la Ley por anticonstitucional. La Esquerra respondió retirando a sus diputados de las Cortes, decisión a la que se sumó el PNV. La cuestión "rabassaire" culminaba una sucesión de roces entre el Gobierno y la Generalidad por la negociación de las transferencias y fue utilizada por el sector más abiertamente separatista de la ERC, dirigido por el consejero de Gobernación, Josep Dencás, para plantear el asunto como una ofensiva anticatalana de la derecha española. El 12 de junio, el Parlamento autonómico, en un gesto expreso de rechazo del ordenamiento constitucional, volvió a votar íntegro el texto de la Ley de Cultivos. Pero el jefe del Gobierno, Samper, intentó evitar la ruptura y, aprovechando las vacaciones parlamentarias de verano, solicitó a Companys la apertura de negociaciones en busca de una solución pactada. La entrada de tres ministros cedistas en el Gobierno formado el 4 de octubre, cayó como una bomba en la Generalidad. Dencás movilizó a los "escamots", la milicia independentista, pero la Esquerra y sus aliados se negaron a sumarse a la convocatoria revolucionaria realizada en toda España por las Alianzas Obreras, y desencadenaron su propia acción secesionista. El día 6, Companys dio el paso decisivo y tras denunciar el secuestro de la República por las fuerzas monarquizantes y fascistas, proclamó el Estado Catalán, en la República Federal Española, lo que, aunque no era una declaración de independencia total suponía colocar a una institución estatal, como era la Generalidad, al margen de la legalidad constitucional. El Gobierno, ocupado en cerrar varios frentes insurreccionales en toda la Península, encomendó la tarea de terminar con la rebelión al general Domingo Batet, catalanista moderado, pero fiel a la República. Reforzada la guarnición local con tropas llegadas de Marruecos, Batet declaró el día 7 el estado de guerra. La Generalidad, que había perdido gran parte de sus primitivos apoyos populares por su política de enfrentamiento con las organizaciones obreras, no fue capaz de ofrecer una mínima resistencia, y las tropas procedieron a desarmar a los Mozos de Escuadra, la única fuerza regular con que contaba Dencás. Este logró huir a través del alcantarillado, pero Companys y los demás consejeros tuvieron que rendirse. El castigo no se hizo esperar. Todos los órganos de la Administración autonómica fueron suspendidos, y sustituidos temporalmente por un control militar. En las Cortes se abrió un debate sobre el futuro del Estatuto. Los monárquicos presentaron a finales de noviembre un voto particular pidiendo su derogación definitiva, mientras que la Lliga presentó otro solicitando su inmediata puesta en vigor. Ambos fueron rechazados por los grupos gubernamentales que, por Ley de 2 de enero de 1935, acordaron la suspensión del Estatuto de forma indefinida y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas en los dos años anteriores a la Generalidad.

Las ciudades que se forman por sinecismo en el tránsito de la edad oscura a la época arcaica, al mismo tiempo que centro de poder, se hacen igualmente centro de las relaciones económicas de la ahora, lo que permite que, además de polis, como comunidad de ciudadanos, la ciudad tienda a transformarse en centro urbano. Como, por otra parte, la estructuración ciudadana se hace paralelamente al desarrollo colonial, elemento promotor de nuevas formas de intercambio, y consecuentemente de nuevas actividades artesanales, el centro urbano permite que se acentúe el cambio cualitativo de la población. De hecho, los campesinos se ven sometidos a las leyes de los mercados de cambios y algunos miembros de las familias aristocráticas tienden a diversificar sus economías a través del acceso a productos lejanos y a los instrumentos de la actividad mercantil, principalmente a las naves. La polis permite tanto la diversificación de la población como la de sus actividades. El acceso a territorios lejanos permite aumentar la obtención de bienes de prestigio para consolidar el poder social y la obtención de mano de obra servil con el fin de aumentar los rendimientos y permitir la salvaguarda del campesino libre. De este modo, la transformación llega a ser también cuantitativa desde el punto de vista de la producción. Paralelamente, el aumento de las actividades auxiliares dentro de la ciudad permite que ésta se convierta en el lugar privilegiado para la actividad de los thetes, hombres libres que alquilaban ocasionalmente su trabajo a cambio de un misthós, pago en especie que va transformándose con el desarrollo de nuevas estructuras económicas en forma de pago y medio de distribución social.

Tanto los datos resultantes de los estudios arqueológicos como la impresión que se saca del análisis de las tradiciones legendarias griegas, llevan a la conclusión de que, en torno al año 1200 a.C., se produjo una fuerte conmoción en el mundo de los reinos micénicos, coincidente con la que tuvo lugar en general en el Mediterráneo oriental, que se conoce por la presencia de un conjunto de pueblos de carácter no bien determinado, identificados por los documentos egipcios de la época como pueblos del mar. En realidad, se trata de las manifestaciones coyunturales de una profunda crisis que afectó, de una manera o de otra, a las estructuras de todos los grandes estados de la Edad del Bronce tanto en el Mediterráneo como en el Próximo Oriente. En la península helénica, la crisis se manifestó en la destrucción de la civilización palacial, lo que se muestra materialmente en la desaparición de muchas de las grandes construcciones que la caracterizaron. Los datos revelan que el proceso destructivo no fue uniforme ni coincidió en el tiempo de modo absoluto. La teoría de un cataclismo natural o la existencia de factores externos representados por una nueva población cuya llegada provoca un gran trastorno, a partir del que se inicia una renovación racial que justificara la ulterior maravilla representada por el clasicismo griego, no encuentra fundamento en los resultados de la investigación. Sólo se apoyan en la falta de aceptación del hecho de que las sociedades cambian, incluso violentamente, por factores internos. El hecho de que los factores externos se identifiquen con una renovación racial procedente del norte contiene, además, otras implicaciones obvias. En realidad, en la situación de la época, lo interno y lo externo quedan absolutamente integrados en un proceso de cambio productor de transformaciones tales que obligan a las migraciones y a los desplazamientos violentos. Ahora bien, en esas convulsiones, externas e internas, no se detecta el triunfo de una nueva población, ni parece evidente que, a escala más amplia, los Pueblos del Mar sean los recién llegados triunfadores, sustitutos de poblaciones antiguas. Se trata de un movimiento amplio de grupos humanos, más o menos organizados, entre los que algunos de los mencionados en documentos egipcios u orientales pueden identificarse con aqueos o dánaos, los nombres que reciben los griegos de época micénica en los poemas homéricos. Puede deducirse, por tanto, que estas poblaciones no fueron sólo víctimas de los acontecimientos de la época, sino que también tomaron parte activa, impulsados por el mismo movimiento que llevó a la desaparición de sus propios asentamientos. En la crisis no hubo vencedores ni vencidos, sino la manifestación de las condiciones que facilitaron el final de un mundo y que impulsaron a acciones violentas dentro del espacio que había sido ocupado por las civilizaciones del Bronce. Micenas y otros asentamientos sufrieron destrucciones que, sin duda, repercutieron en el proceso, pero que no significaron, por sí mismos, el final de la civilización, prolongada bajo nuevas condiciones en un proceso complejo, en que se interfieren factores de diferente orden, donde no cabe la identificación mecanicista entre destrucción y final del mundo micénico. Otros asentamientos sufrieron destrucciones en torno a la misma época, desde antes de la fecha simbólica de 1200 a.C., en torno a la que se sitúa todo el proceso transformador que hizo desaparecer el sistema anterior. Los actores, cuya procedencia puede situarse dentro de cada ciudad, o bien en algunas de las otras ciudades, en cada caso, o incluso en movimientos ajenos, son, de cualquier manera, poblaciones que se hallan igualmente en crisis, víctimas y protagonistas de los procesos de cambio.

El resultado del deterioro de la UCD fue que un partido político que había jugado un papel trascendental en la transición española a la democracia concluyó su vida en las elecciones parlamentarias de octubre de 1982. Este hecho ha llevado a pensar que UCD no tenía otra razón de ser que la transición misma y por ello su desaparición resultaba inevitable una vez concluida ésta, pero esta afirmación contrasta con lo sucedido en transiciones producidas a la democracia en otros países, como Alemania o Venezuela. Por lo tanto, quizás haya que recurrir a otras razones para explicar lo sucedido en España. La propia inefectividad de Adolfo Suárez como promotor de un partido fue decisiva, pues su tendencia natural fue la de no intervenir en actos públicos, no dejar funcionar de manera regular los órganos directivos y no definirse ideológicamente sino propiciar una yuxtaposición de principios. Pero cuando Suárez dejó la Presidencia del Gobierno y del partido, tampoco mejoró la situación. Como diría Calvo Sotelo, Suárez era el clavillo del abanico que unía a los distintos sectores de UCD y, al desaparecer, no encontraron un modo de organizar el consenso interno dentro del partido. Hubo divergencias de tipo ideológico, ninguna de ellas insalvable, pero fueron mucho más graves las personales. Fue la inconsciencia practicada en las disputas internas quien liquidó a UCD como partido. UCD no estaba consolidada en una etapa inaugural de una democracia y hubiera debido esperar algún tiempo para permitir que en su seno se configurara una opción situada en el centroizquierda y otra en el centro-derecha. Después de las elecciones de 1979 las encuestas revelaron que tres de cada cuatro electores de UCD podían considerarse como consolidados a favor del partido. Sin embargo, entre marzo de 1979 y febrero de 1981 se produjo un deterioro importante de la imagen. Adolfo Suárez no sólo dimitió de la Presidencia del Gobierno sino de la del partido y a este hubo que encontrarle solución en el congreso celebrado en Palma de Mallorca en enero de 1981. Fue ésta una reunión estéril y muy poco ejemplar en la que lejos de debatirse en serio las divergencias programáticas, se mantuvo una disputa inacabable acerca del reparto de los puestos en los organismos internos del partido. Fue elegido como nuevo presidente del mismo Rodríguez Sahagún. Volvieron a reproducirse las disputas en el verano de 1981 a causa de algunas disposiciones legislativas en política económica y en el divorcio. No eran cuestiones tan importantes en la sociedad española como para arruinar la unidad interna del partido. Al poco tiempo dimitió el representante más destacado de los socialdemocrátas, Fernández Ordóñez, indicando una voluntad de recuperación de su propia identidad que le haría abandonar el partido en el mes de noviembre, aunque no todos los pertenecientes a este sector del partido siguieron su trayectoria. En octubre de 1981 se celebraron las elecciones gallegas, en las que por primera vez Alianza Popular superó a UCD en una región española. Lo verdaderamente decisivo de estas elecciones fue que la derecha empezaba a conquistar las clases medias urbanas, que hasta ahora habían votado UCD de modo mayoritario. A causa de los resultados electorales gallegos se produjo un relevo en la dirección centrista, pasando a ocupar la presidencia de UCD el propio Calvo Sotelo. Al mismo tiempo, intentó evitar la fragmentación del partido incorporando a su gabinete a ministros socialdemócratas y nombrando como vicepresidente a Martín Villa, la figura más destacada de los centristas procedentes del régimen anterior. Pero a comienzos de 1982 se producían las primeras incorporaciones de diputados centristas a Alianza Popular y, poco después, los seguidores de Fernández Ordóñez se pasaban al grupo mixto en el Parlamento. Las elecciones andaluzas de mayo de 1982 revelaron todavía más el declive de UCD. En ellas Alianza Popular obtuvo 350.000 votos más que en las elecciones precedentes, mientras que UCD perdía medio millón de sufragios. Finalmente, Landelino Lavilla se hizo cargo de la presidencia, logrando incorporar a su equipo a algunos de los ministros más significados de UCD en los pasados años, pero su esfuerzo estaba destinado al fracaso ya que no logró detener la sangría de escisiones en un momento en que ya se daba por descontada la victoria del PSOE. Aparte del Centro Democrático y Social de Suárez, otro grupo de diputados centristas formó el Partido Demócrata Popular, de tendencia democristiana. En esta etapa final del centrismo ni siquiera hubo buen entendimiento entre el presidente del Gobierno y el del partido; en agosto Leopoldo Calvo Sotelo, ya abrumado por la derrota, disolvió las Cortes. Antes de las nuevas elecciones, estaba ya prácticamente liquidado un partido, Unión de Centro Democrático, que había desempeñado un papel decisivo en la transición.

El Ejército Rojo aprovechó el desembarco de Normandía para atacar, con una masa de 166 divisiones, al frente del centro alemán, que sufrió más de 200.000 bajas. A mediados de julio, los soviéticos ocupaban toda la Rusia Blanca, la mitad de Polonia y llegaban a Prusia Oriental. Antes de finalizar el mes llegaron al Vístula y a unos 20 kilómetros de Varsovia. Ello puso sobre el tapete la cuestión polaca. Los polacos exiliados luchaban con los aliados en la RAF, el ejército del general Anders y su Gobierno de Londres no aceptaba la nueva frontera propugnada por la URSS, que pretendía apropiarse de las provincias orientales. Stalin, en julio de 1944, instaló en Lublin un Gobierno polaco formado por comunistas, que comenzó a repartir tierra entre los campesinos y a organizar un ejército. El 1 de agosto de 1944, sin consultar al Gobierno de Londres, la resistencia polaca (Ejército Polaco del Interior) encabezada por el general Komorowski, sublevó Varsovia contra los nazis para evitar que liberase la ciudad el Ejército Rojo e impusiera al Gobierno comunista de Lublin. Stalin negó el permiso a los aviones aliados para abastecer a los varsovianos sublevados desde aeródromos rusos y el Ejército Rojo detuvo su avance para dar tiempo a que los alemanes acabaran con la sublevación de la capital. Esta duró hasta el 3 de octubre y, tras sofocarla, los alemanes enviaron miles de supervivientes a campos de concentración. El avance del Ejército Rojo provocó el pánico en los satélites de Alemania. El 23 de octubre, el rey Miguel de Rumanía destituyó al mariscal Antonescu, jefe del Gobierno, lo hizo detener y nombró un gabinete prooccidental que declaró la guerra al Reich. Aunque Bulgaria no había participado en la invasión de la URSS, fue invadida por las tropas rusas, que ocuparon la capital el 18 de septiembre; el Gobierno no opuso resistencia y declaró también la guerra al Reich. Hungría tenía a los rusos en su frontera sur a finales de septiembre y, como el Gobierno del almirante Horthy vacilaba, los alemanes lo sustituyeron por el nazi Szalasi; el 30 de octubre, los soviéticos y una división rumana marcharon contra Budapest, donde se defendieron alemanes y húngaros hasta febrero de 1945. En Yugoslavia, el Ejército Rojo enlazó con los guerrilleros de Tito y avanzaron hacia Belgrado, cuya guarnición alemana se defendió hasta el 20 de octubre. En el otro extremo del frente, los rusos atacaron Finlandia, que firmó el armisticio de Moscú el 19 de septiembre. El agotamiento alemán parecía evidente a mediados de diciembre de 1944, cuando la Wehrmacht dio su último coletazo. La ofensiva de las Ardenas fue una operación brillante pero imposible por falta de recursos. Al mando de von Rundstedt, dos ejércitos panzer rompieron el frente americano con un esfuerzo principal hacia Amberes, con la intención de bloquear los suministros británicos. Carentes de aviación, los alemanes aprovecharon la niebla para cubrirse mientras los americanos de la 101 división se defendían. El 24, los alemanes estaban a seis kilómetros de Dinant, retrasados por el barro y la falta de combustible. Sin embargo, el día antes había levantado la niebla y los cazabombarderos americanos volaban de nuevo, clavando la ofensiva en los caminos. El día de Navidad, los alemanes hicieron un último esfuerzo, pero fracasaron ante la aviación y los blindados de Patton. Dominada la ofensiva, Eisenhower ordenó bombardear intensamente el valle del Rin, cuyo cauce cruzó la vanguardia americana el 7 de marzo, gracias al puente de Remagen, que no había sido destruido. El 23, Patton también atravesó la corriente en Oppenheim y Montgomery en Wesel. Desde entonces, el avance americano fue casi un paseo, mientras en el este, la Wehrmacht resistía a los rusos con la intención de dar tiempo a que los americanos ocuparan Alemania. En abril, estaban más cerca de Berlín y Praga que los rusos, que se retrasaban. Churchill quiso aprovechar la ocasión y evitar la ocupación sovietica de gran parte de Europa central, pero Roosevelt, ya muy enfermo, dejaba las decisiones en manos de Eisenhower, un burócrata que decía no entender de política y atendía, sobre todo, a las disensiones entre Montgomery y los generales americanos. Las fuerzas aliadas se detuvieron hasta que el Ejército Rojo pudo avanzar de nuevo. El Reich del milenio se hundía a toda prisa. En Italia, las tropas aliadas rompieron el frente alemán y se desparramaron por la llanura del Po, mientras los partisanos cazaban a los alemanes y fascistas aislados. El 28 de abril apresaron a Mussolini, lo fusilaron y colgaron por los pies. El 29, el mando alemán en Italia se rindió, sin autorización de Hitler, quien se suicidó al día siguiente, cuando los rusos ya estaba a 500 metros de su refugio subterráneo. Antes de morir nombró sucesor al almirante Dönitz, que no pudo retrasar el desenlace. El 7 de mayo de 1945, Jodl se rindió ante Eisenhower y Keitel lo hacía ante Zhukov.

Para apuntalar su situación, muy debilitada por la serie ininterrumpida de fracasos militares, por la aguda crisis económica, acentuada debido a pésimas cosechas que provocaron importantes alzas de precios, y por un cierto distanciamiento de los reyes, en especial de María Luisa, Godoy se decidió a llevar a cabo importantes cambios en su gobierno, dando entrada en él a destacados ilustrados y promocionando a puestos relevantes de la diplomacia o de la magistratura a otros. Jovellanos ocupó el Ministerio de Gracia y Justicia, Francisco de Saavedra entró en Hacienda, mientras que el banquero Cabarrús, suegro de Tallien, con quien estaba casada su hija Teresa, era nombrado embajador en Francia (nombramiento que no fue aceptado por la República), el poeta Juan Meléndez Valdés obtenía la fiscalía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el obispo Ramón de Arce, con vitola de ilustrado, el cargo de inquisidor general. Jovellanos, que había recibido el Ministerio con la frase "Adiós felicidad; adiós quietud para siempre", se impuso tres objetivos: abordar la reforma universitaria, iniciar la desamortización y suprimir gran parte de las atribuciones de la Inquisición. La solución que proponía para recortar los poderes del Santo Oficio, sobre la base de los trabajos del obispo Tavira y de Juan Antonio Llorente, era trasladar sus funciones a los obispos, en coherencia con su pensamiento episcopalista. Nada pudo lograr, pues, acusado de enemigo declarado de la Inquisición y sin contar con el favor real, fue sustituido a los nueve meses de haber accedido al cargo y confinado a Asturias. A los pocos días de la caída de Jovellanos se produjo una importante purga de ilustrados en la administración. Meléndez Valdés, por citar un ejemplo ilustre y bien conocido por los estudios de George Demerson, fue cesado del cargo de alcalde de Casa y Corte que ocupaba, ordenándosele abandonar Madrid en un plazo de 24 horas y dirigirse desterrado a Medina del Campo. En 1800 se le declaró jubilado y se le obligó a residir en Zamora. También cayó el consejero de Castilla José Antonio Mon y Velarde, conde del Pinar, amigo de Jovellanos, que fue jubilado con la mitad de su sueldo por asistir, al parecer, a tertulias desaconsejables. Estos bandazos políticos eran el resultado del creciente malestar que se vivía en España por los escasos frutos del Pacto de San Ildefonso, y de la sorda lucha política que se dirimía en Madrid entre los partidarios de lograr un mayor grado de independencia respecto a Francia, entre los que se encontraba el propio Godoy, y los que deseaban estrechar más firmemente los lazos con el Directorio. Paradójicamente, la monarquía hispánica era aliada de Francia, republicana y regicida, pero la subordinación que deseaba Francia creaba una fuerte irritación en Madrid, sobre todo entre quienes consideraban que España se hallaba aislada de los países europeos más próximos ideológicamente; y esa situación contradictoria había ahondado la crisis económica y financiera, con el consiguiente incremento del descontento social. A estas razones se sumó la creciente desconfianza entre Godoy y el Directorio. El responsable de la política española se sentía profundamente disgustado por no haber contado París con España para intervenir en las conversaciones de paz entre Francia e Inglaterra realizadas durante el verano de 1797, ni haber participado en la firma con Nápoles de la paz en octubre de 1796 por la que el reino napolitano había logrado momentáneamente comprar su neutralidad por 8 millones en mercancías. Todo ello era contrario a lo estipulado en la cláusula del Tratado de San lldefonso que concedía a España el papel de intermediaria en los asuntos de Italia. A todo esto se sumaba la presión del Directorio francés, disgustado por las buenas relaciones de Godoy con los franceses monárquicos exiliados, apoyando incluso las intrigas monárquicas del pretendiente conde de Provenza, y en la sospecha de que hubiera comenzado a dar marcha atrás en su alianza con Francia, por su actitud de freno permanente a lanzar una acción militar contra Portugal, que se había acentuado desde que la corte de Lisboa le había concedido el condado de Evora-Monte, dotado con una pingüe renta, por sus buenas relaciones con el responsable de la política exterior lusa, el anglófilo Pinto de Sousa, y por ser Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, esposa del regente portugués. Para limar las serias diferencias que separaban a Godoy del Directorio, el secretario de Estado español ordenó a Francisco Cabarrús, en noviembre de 1797, que se trasladara a París como enviado plenipotenciarío. Cabarrús, encarcelado en 1790 por sus especulaciones financieras y liberado con todos los honores por Godoy en octubre de 1795, había sido desde entonces asesor económico del secretario de Estado y embajador extraordinario en las negociaciones de paz de Lille entre Inglaterra y Francia, aprovechando sus buenos contactos con los políticos franceses del momento. Con los entorchados de diplomático plenipotenciario, Cabarrús tenía instrucciones de Godoy de observar el desarrollo de las conversaciones franco-británicas e informar de la situación a Madrid. El interés español en las conversaciónes entre Inglaterra y la República estaba justificado, pues existía el temor de que el Directorio firmara la paz a espaldas de las reivindicaciones españolas: Gibraltar; el establecimiento de Nutka en el Pacífico norte, que se consideraba territorio del virreinato de Nueva España; la posibilidad de pescar en Terranova y la devolución de Jamaica. El plan diplomático diseñado por Cabarrús era tan enmarañado y difícil de ejecutar por sus muchas dobleces que no dio resultado. Consistía éste en apoyar formalmente a Francia en las conversaciones y, al mismo tiempo, contactar con el negociador británico, lord Malmesbury, para lograr una paz por separado a cambio de la restitución de Gibraltar. El conocimiento por los franceses de las turbias maniobras de Cabarrús lo descalificaron como interlocutor, pese a que permaneció en París hasta mayo de 1798. Su condición de suegro de Tallien tampoco le favoreció en esa coyuntura, pues éste era por entonces aliado de Barras y Talleyrand, enemigos políticos de Merlin de Douai y La Revellire en la lucha por el control del Directorio y en la dirección de la política francesa. Mientras los primeros no creían factible un ataque a Inglaterra y estrechaban sus lazos con Bonaparte, Merlin creía en la conveniencia de acabar con Inglaterra asaltando la isla y veía con inquietud el peso político y el prestigio que Napoleón iba ganando en Francia. Godoy, tras el fiasco de Cabarrús, no tuvo más remedio que nombrar embajador a Azara, que representaba a España en Roma desde hacía décadas y que contaba con el apoyo del Directorio, que había calificado a Cabarrús de aventurero y especulador. Godoy tuvo que efectuar otras dos importantes concesiones por exigencia del gobierno francés: retirar de la frontera, de la corte y de los puertos marítimos a los emigrados franceses, y asegurar que, en ninguna circunstancia, se negociaría una paz por separado con Portugal. Pese a su disposición a someterse a los dictados del Directorio, Godoy no pudo impedir su sustitución, que Carlos IV comunicó formalmente el 28 de marzo de 1798. Gracias a Emilio La Parra conocemos con detalle las interioridades que condujeron a Godoy al abandono del gobierno. El Directorio estaba convencido de que Godoy se oponía a los planes franceses respecto a Portugal, que se había vendido a Inglaterra y que había intentado participar en la política interior de la República a través del intrigante Cabarrús. Para socavar su posición puso en marcha un hábil plan de intoxicación política cuyo responsable último fue el secretario de la embajada francesa en Madrid, Perrochel. Consistía este plan en difundir el rumor de que se estaba preparando una sublevación contra Godoy aprovechando las dificultades económicas y el grave problema del abastecimiento y, al parecer, el rumor tuvo efecto en los reyes, que se distanciaron del secretario de Estado, retirándole su apoyo por temor a que un levantamiento contra Godoy pusiera en peligro a la propia institución monárquica. Si el rumor del posible alzamiento popular resultó creíble era porque desde 1789, con Floridablanca, se consideró plausible una insurrección al modo francés y porque Carlos IV contaba con datos sobre la gravedad de la crisis, siendo sus principales informantes Saavedra y Jovellanos, quienes señalaban al propio Godoy como principal responsable de la situación. La soledad política de Godoy, abandonado por el Directorio, por sus colaboradores ilustrados, Saavedra y Jovellanos, y perdido momentáneamente el favor, que no el cariño, de los reyes, le condujo a dejar el gobierno, si bien conservando "todos los honores, sueldos, emolumentos y entradas que en el día tenéis, asegurándoos que estoy sumamente satisfecho del celo, amor y acierto con que habéis desempeñado todo lo que ha corrido bajo vuestro mando y que os estaré muy agradecido mientras viva y que en todas ocasiones os daré pruebas nada equívocas de gratitud a vuestros singulares servicios", como rezaba el poco común, por afectuoso, decreto real de cese. El sustituto de Godoy fue Francisco Saavedra, el ministro de Hacienda, que había participado en su caída, pero, debido a sus muchos achaques, nunca suficientemente aclarados y que dieron lugar a multitud de rumores, entre ellos el de un posible envenenamiento, quien dirigió verdaderamente los asuntos de gobierno fue Mariano Luis de Urquijo. Era un joven funcionario nacido en 1768, oficial mayor de la Secretaría de Estado que, en su breve período de responsabilidad, intentó enfrentarse a la delicada situación de España en los frentes interior e internacional.

Finalizada la Guerra de los Siete Años, tanto Francia como Gran Bretaña centraron su atención en las colonias y escenarios de Ultramar. Londres permaneció al margen de los conflictos continentales para aumentar su dominio de los mares, que nunca pudieron cuestionar los franceses. En relación con dicha política, Jorge III hizo partícipes de las deudas de la metrópoli a las colonias y fijó impuestos destinados a sufragar tales deficiencias, provocando el descontento generalizado, sobre todo en Norteamérica, donde desembocó en sublevaciones armadas. Francia fue el único país que atendió las reclamaciones de los colonos británicos, por motivos políticos y diplomáticos, y firmaron un pacto en febrero de 1778 para la entrada en la guerra terrestre y marítima, el apoyo militar y la entrega de subsidios. Al mismo tiempo, Versalles y Madrid iniciaron negociaciones, largas y complicadas por las discrepancias de intereses, para la formación de una coalición contra Londres, que cuajaron en el Tratado de Aranjuez, en abril de 1779. Era un acuerdo con Francia por el que entraba en la contienda, pero no con los sublevados americanos, con la promesa de respaldo para la recuperación de Gibraltar, Menorca, Mobile, Pensacola, Bahía de Honduras y Costa de Campeche. Mientras, Gran Bretaña disputaba con los países neutrales por su interpretación del Derecho Marítimo Internacional, acentuando su aislamiento diplomático. La persecución del contrabando y las confiscaciones motivaron, a propuesta de Vergennes y a iniciativa de Catalina II, la creación de la Liga de Neutralidad Armada, en febrero de 1780, formada por los Estados bálticos, Francia, Prusia, España, Nápoles, Portugal y Holanda. No fue muy eficaz, aunque sí sirvió de presión política, ya que algunos de sus miembros, en concreto Holanda, suministraban armas a los rebeldes americanos y a los participantes en la guerra. Las victorias coloniales repercutieron en las campañas de Gibraltar y Menorca, reconquistada en 1782, y en el Lejano Oriente. La influencia y el intervencionismo francés aumentó en la India y surgieron enfrentamientos entre el gobernador de Bengala, Hastings y los directores de las factorías de Francia y Holanda. No obstante, los apuros económicos de Luis XVI y el temor por la pérdida del monopolio pesquero de Terranova, la derrota de los españoles en Gibraltar y los problemas expansionistas hacia el oeste del Mississippi, la neutralidad holandesa y ciertas victorias militares en las Antillas, favorecieron a los británicos. De cualquier forma, la paz resultaba aconsejable para todas las partes por cuestiones particulares y, tras los preliminares de noviembre de 1782, se llegó al Tratado de Versalles de 2 de septiembre de 1783. Gran Bretaña reconocía la independencia de las trece colonias americanas y concedía el sur de Canadá y la libertad pesquera en Terranova y otras costas; España recuperaba Menorca y Florida, pero no Gibraltar; en la India se volvía al statu quo inicial, menos Negapatam, última factoría holandesa, y se establecía el derecho a la navegación libre en el Lejano Oriente; Francia podía fortificar Dunkerque y recuperaba San Pedro, Miquelon, Senegal, Gorea, Tobago, Santa Lucía, las pesquerías de Terranova y las factorías indias poseídas en 1763. El resultado fue que Gran Bretaña había perdido gran parte de su protagonismo marítimo, a la vez que Francia aumentaba su prestigio internacional. La crisis franco-británica concluyó con el tratado comercial de septiembre de 1786, auspiciado por Vergennes y Pitt, para la reducción simultánea de las aduanas.

Después de la guerra del Peloponeso, una expedición espartana, en la que tomó parte el ateniense Jenofonte, apoyó a Ciro el Joven en sus pretensiones de acceder a la realeza de los persas frente a su hermano mayor Artajerjes, a la muerte de Darío II. La derrota de Ciro en la batalla de Cunaxa trajo como consecuencia el deterioro de las relaciones entre persas y espartanos, agravado por las repercusiones que pudieron tener las actuaciones de Agesilao en Asia Menor como liberador de las ciudades griegas. Los acontecimientos de los años noventa agravaron la situación para Esparta, sobre todo con la guerra de Corinto, por lo que se impuso la tendencia que pretendía llegar a un acuerdo con los persas, cuyo principal representante fue Antálcidas, que ofreció a Tiribazo la renuncia a defender la autonomía de las ciudades griegas de Asia, a cambio del control del resto de Grecia, con el apoyo persa. Las propuestas, sin embargo, no tuvieron éxito hasta el año 386. Perduraban hasta entonces los efectos de la batalla de Cnido y las buenas relaciones con Atenas entre los persas. En el cambio de década, sin embargo, las circunstancias variaron, pues los atenienses apoyaron la revuelta de Evágoras de Chipre frente a Persia y las acciones expansivas de Trasibulo podían llegar a afectar a zonas que los persas consideraban dentro de su órbita. El acuerdo con los espartanos podía llegar a garantizarles su control real. Por ello, en el ano 386, con la participación formal de todos los griegos, se juró el texto de la paz que contenía tres puntos principales. Las ciudades griegas de Asia pasaban a depender del control del Gran Rey, incluidas Clazómenas y Chipre, lo que afectaba claramente a las posibilidades expansivas del imperio ateniense. Por el contrario, todas las ciudades de Grecia, incluidas las islas, quedaban libres de cualquier control sin poder unirse en ligas o confederaciones, salvo Lemnos, Imbros y Esciro, únicas que permanecían bajo el control ateniense, sin duda las más importantes desde el punto de vista de los tráficos marítimos hacia el mar Negro, pero no para la recuperación del imperio como fuente de recursos capaces de mantener la libertad del demos. Finalmente, todas las ciudades que se negaran a aceptar las condiciones de la paz podían ser objeto de los ataques persas.