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Durante los siglos XIV y XV Europa occidental vivió lo que la historiografía ha llamado crisis de la Baja Edad Media, una agitada etapa de transición entre el ocaso del Medievo y la génesis del Renacimiento que puede ser considerada también una "época en sí misma" (B. Guennée). En líneas generales, este periodo se caracterizó por la confluencia de la recesión demográfica, la crisis económica, las agitaciones sociales y las convulsiones políticas en un contexto de guerra generalizada. La otra cara de este negativo panorama fue la búsqueda de unas soluciones que permitieron superar estos problemas y abordar futuros retos. La crisis agraria iniciada a finales del siglo XIII (descenso de producción y precios, empeoramiento climático, incapacidad técnica...) preparó el camino a una Peste Negra que, desde 1347 y en oleadas sucesivas, fue demoledora. El bloqueo económico y el retroceso demográfico repercutieron gravemente en una sociedad cuyas principales fuerzas políticas eran la monarquía y la nobleza feudal. Ante el descenso de sus rentas y la perdida de su predominio socio-económico, los nobles demostraron una enorme resistencia: incrementaron su presión sobre el campesinado provocando su sobreexplotación, se unieron a las empresas bélicas de las monarquías con la intención de convertir la guerra en el medio de asegurar su amenazada posición dominante y, en última instancia, con este fin intentaron el asalto a las instituciones del Estado. Desde el primer tercio del siglo XIV la guerra, consecuencia y agravante de la crisis, alcanzó una difusión e intensidad desconocidas hasta entonces en el Occidente europeo, convirtiéndose en la característica más llamativa de la conflictividad política de la Baja Edad Media. En esta época las monarquías occidentales combatieron entre sí en varios escenarios. Francia e Inglaterra iniciaron el enfrentamiento bélico de dimensiones europeas que conocemos como Guerra de los Cien Años. Los reinos ibéricos alternaron las luchas dinástico-territoriales en la Península y el enfrentamiento contra los musulmanes en la Batalla del Estrecho con una decisiva participación en el gran conflicto anglo-francés. Por último, la Corona de Aragón prosiguió su expansión marítima en el Mediterráneo iniciada en el siglo XIII.

Durante los siglos XIV y XV Europa occidental vivió lo que la historiografía ha llamado crisis de la Baja Edad Media, una agitada etapa de transición entre el ocaso del Medievo y la génesis del Renacimiento que puede ser considerada también una "época en sí misma" (B. Guennée). En líneas generales, este periodo se caracterizó por la confluencia de la recesión demográfica, la crisis económica, las agitaciones sociales y las convulsiones políticas en un contexto de guerra generalizada. La otra cara de este negativo panorama fue la búsqueda de unas soluciones que permitieron superar estos problemas y abordar futuros retos. La crisis agraria iniciada a finales del siglo XIII (descenso de producción y precios, empeoramiento climático, incapacidad técnica...) preparó el camino a una Peste Negra que, desde 1347 y en oleadas sucesivas, fue demoledora. El bloqueo económico y el retroceso demográfico repercutieron gravemente en una sociedad cuyas principales fuerzas políticas eran la monarquía y la nobleza feudal. Ante el descenso de sus rentas y la perdida de su predominio socio-económico, los nobles demostraron una enorme resistencia: incrementaron su presión sobre el campesinado provocando su sobreexplotación, se unieron a las empresas bélicas de las monarquías con la intención de convertir la guerra en el medio de asegurar su amenazada posición dominante y, en última instancia, con este fin intentaron el asalto a las instituciones del Estado. Desde el primer tercio del siglo XIV la guerra, consecuencia y agravante de la crisis, alcanzó una difusión e intensidad desconocidas hasta entonces en el Occidente europeo, convirtiéndose en la característica más llamativa de la conflictividad política de la Baja Edad Media. En esta época las monarquías occidentales combatieron entre sí en varios escenarios. Francia e Inglaterra iniciaron el enfrentamiento bélico de dimensiones europeas que conocemos como Guerra de los Cien Años. Los reinos ibéricos alternaron las luchas dinástico-territoriales en la Península y el enfrentamiento contra los musulmanes en la Batalla del Estrecho con una decisiva participación en el gran conflicto anglo-francés. Por último, la Corona de Aragón prosiguió su expansión marítima en el Mediterráneo iniciada en el siglo XIII.

Entre 1688 y 1715, desde la revolución inglesa hasta la muerte de Luis XIV, se produjo una honda modificación en la cultura occidental, una agitación que produjo una corriente de heterodoxia política y religiosa, cuyos máximos exponentes fueron el racionalismo y el librepensamiento. La nueva época de la filosofía la inauguran Descartes, Spinoza y Leibniz, y se caracteriza por la autonomía absoluta de la filosofa y de la razón con respecto de la teología y de la religión. En efecto, la autonomía de la razón, defendida por la filosofía moderna, implica negativamente que su ejercicio no sea coartado o regulado por ninguna instancia presuntamente superior y extraña a la razón misma, sea ésta la tradición, la autoridad o la religión. Positivamente, la autonomía de la razón implica que ésta es el principio y el único tribunal supremo a quien corresponde juzgar de lo verdadero y lo conveniente, en el terreno moral, científico y político. El racionalismo es la corriente filosófica del siglo XVII que establece que nuestros conocimientos válidos y verdaderos acerca de la realidad proceden, no de los sentidos tal como mantenían los filósofos empiristas, sino de la razón, del entendimiento mismo. Justamente, la filosofía racionalista del siglo XVII concede a la razón la primacía en cuanto fuente y origen de los conocimientos, negándosela a los sentidos. El ideal de la ciencia racionalista es el de un sistema deductivo en que las leyes se deducen a partir de ciertos principios. El problema principal consiste en fijar de dónde provienen las ideas y principios a partir de las cuales se derivan las proposiciones, los teoremas. Caben dos respuestas. Una empirista: los principios, las ideas y definiciones de las cuales se generan las proposiciones científicas provienen de la experiencia sensible, de la información que nos proporcionan los sentidos. Otra racionalista: el origen de las ideas no se halla en la experiencia sensible, sino que el entendimiento los posee en sí mismo y por sí mismo. Esta teoría racionalista acerca de la fuente de las ideas se llama innatismo, ya que defiende que las ideas son innatas o connaturales al entendimiento. Las obras de Descartes presentan un magnífico muestrario de todas esas características que definen al racionalismo, el sistema que destruiría y reemplazaría al aristotelismo aún vigente a finales del siglo XVI.

Cuando, a partir de mediados del siglo VIII, empiezan a menudear en las playas etruscas los comerciantes griegos, procedentes de Eubea en su mayor parte, esto supone una verdadera revolución en la sociedad villanoviana. Emulos de Ulises, los recién llegados, que buscan minerales, traen productos nuevos -como el vino-, objetos maravillosos en materiales y técnicas desconocidos -oro, marfil, gemas-, y una idea distinta de la sociedad, donde la energía particular del propio comerciante -héroe homérico tan hábil en el mando y el manejo de las armas como en el uso de la palabra- sustituye el rígido y estático régimen tribal. , Las reacciones se encadenan con prontitud. El deseo de adquirir, mediante trueque o regalos mutuos, las preciadas joyas de los comerciantes, y por tanto la necesidad de organizarse para la obtención, tratamiento y almacenado de los minerales metálicos, llevan a acuerdos entre tribus, a la instalación de reyes en las principales aldeas y a una organización política y económica que socava el sistema tradicional a expensas de iniciativas individuales. Pronto será un signo de prestigio socialmente admitido portar objetos lujosos y bien trabajados, y enterrarse con ellos. Pronto, también, se instalarán en las aldeas o ciudades primitivas algunos artesanos griegos y fenicios, atraídos por el alto valor que se concede en estas tierras a los productos artísticos de sus respectivas culturas. Con ellos, inmediatamente, entrarán técnicas nuevas, como el torno de alfarero. Es por tanto a fines del siglo VIII, o alrededor del 700 a. C., cuando podemos situar propiamente el nacimiento del arte etrusco, en el sentido de que, por entonces, se empiezan a dar dos elementos necesarios para la producción artística: surge, por una parte, el artesano especialista, capaz de dedicarse durante muchas horas al estudio de su técnica y de las formas plásticas, y, por otra parte, vemos aparecer una clientela que adquiere obras no sólo por su valor utilitario, sino también por su belleza; y tomamos aquí la palabra belleza simplemente en el sentido griego primitivo, es decir, como aquello que llama la atención.

Durante el reinado de Felipe IV, los años que van entre 1640 y 1650 suponen una gran crisis para el gobierno de su valido, el Conde-duque de Olivares. En 1635 Francia declara la guerra a España. Un año más tarde, las tropas españolas amenazan París, si bien en 1638 se produce una ofensiva francesa en el Rosellón. Un año más tarde se produce una victoria española, esta vez en Fuenterrabía. Pero los problemas de Felipe IV no vienen sólo del exterior. El 7 de junio 1640 se produce el levantamiento de Cataluña, reacción al centralismo de la monarquía y a los desmanes de las tropas. Es el llamado Corpus de Sangre, que dará inicio a doce años de guerra. También Portugal se rebela en 1640, y Andalucía se produce una conspiración un año después. Por si fuera poco, los tercios españoles son derrotados en Rocroi en 1643. Entre 1646 y 1648 son Aragón y Navarra quienes buscan su independencia. También en Nápoles y Sicilia se produce graves disturbios, debido al incremento de impuestos y a la leva de soldados. La derrota española en Lens, en 1647, preludia la Paz de Westfalia, firmada un año más tarde. España inicia una larga decadencia, al tiempo que la Francia de Luis XIII se sitúa como primera potencia europea.

Al iniciarse la década de 1980 comenzaron a cambiar las posturas dominantes en la región frente al crecimiento económico y el desarrollo, especialmente a partir de las grandes y estrepitosas derrotas sufridas por los movimientos que defendían posturas nacionalistas y antiimperialistas. En los años 70, y de la mano de gobiernos militares, aunque no exclusivamente, comenzaron a desarrollarse políticas económicas neoliberales que trataron de reducir el déficit de la balanza de pagos y achicar el tamaño del Estado para poder enfrentar el déficit fiscal creciente que amenazaba a la mayor parte de los países de la región. Desde el golpe en Chile contra el gobierno de Salvador Allende hasta la derrota electoral del sandinismo nicaragüense los acontecimientos se aceleraron. El desmoronamiento de los países del Este de Europa, como Polonia o Rumania, anunciaban la magnitud de una crisis que tendría en la caída del muro de Berlín y en la desaparición de la Unión Soviética sus puntos culminantes. Al mismo tiempo, la prosperidad de los "dragones" del Pacífico, como Corea del Sur o Singapur, demostraba que había otras formas de crecimiento económico. La economía latinoamericana estrechamente vinculada a la norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial se vio sacudida por la decisión del presidente norteamericano Nixon de declarar la inconvertibilidad del dólar en 1971. El estallido de la primera crisis petrolera en 1973 fue el comienzo de una larga pesadilla para América Latina. La subida imparable del petróleo en los mercados internacionales, que contrastaba con el más moderado de otras materias primas, fue un frenazo al crecimiento de la economía mundial. El desorden se asentó en los mercados internacionales, en un momento en que los políticos estadounidenses y europeos consideraban que la inflación era mucho menos perniciosa que el paro, de modo que sus gobiernos no se resistieron demasiado a lo que estaba ocurriendo. Los Estados Unidos, un importante productor de petróleo, atravesaron la crisis con escasos daños, mientras que Europa occidental resultó mucho más afectada. Esto acabó con las esperanzas de los latinoamericanos que buscaban el apoyo europeo para neutralizar la dependencia de los Estados Unidos. La coyuntura introdujo diferencias entre los países menos desarrollados, divididos entre productores y no productores dé petróleo. Los primeros, como México y Venezuela, y Ecuador en menor medida, se nuclearon en torno a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y se beneficiaron directamente de la situación al contar con una gran disponibilidad de divisas, mientras los otros verían más tarde cómo la recesión mundial originada en el aumento de los productos energéticos hacía descender la demanda de alimentos y materias primas. El aumento de la factura energética incidió negativamente en Brasil y Chile, importadores netos de petróleo, así como sobre la totalidad de los países de América Central y el Caribe, lo que también repercutió negativamente sobre sus balanzas de pagos. La subida del petróleo generó una gran disponibilidad de petrodólares (el dinero percibido por los países productores por sus ventas), que inyectaría una enorme liquidez en el sistema financiero internacional. La banca privada se dedicó a reciclar ese dinero prestándolo a bajos tipos, a tal punto que en países de alta inflación, los intereses reales eran negativos, lo que aumentaba el atractivo de dichos préstamos. El estancamiento económico del centro posibilitó que los créditos llegaran a ritmos crecientes a los países del llamado Tercer Mundo, como los de América Latina, que comenzaron un rápido proceso de endeudamiento, con la destacada excepción de Colombia. El papel de la banca privada como prestamista de la región aumentó considerablemente y reemplazó a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Los préstamos de los bancos privados pasaron de representar el 7 por ciento del total a finales de la década de 1960 al 70 por ciento a finales de la década siguiente. El aumento del endeudamiento se apoyaba en unas exportaciones que habían crecido cerca de un 20 por ciento entre 1976 y 1980 y en tasas de interés que no superaban el 10 por ciento anual. Estas circunstancias, sumadas a la teoría de que la deuda externa no se pagaba sino que podía renegociarse una y otra vez, reforzaban la idea de que el endeudamiento se mantendría en niveles tolerables y que no habría grandes problemas para pagar los intereses. En México y Brasil los recursos generados por el endeudamiento sirvieron para profundizar la industrialización, que atravesaba momentos críticos. En otros países, como Argentina o Chile, se financiaron experimentos neoliberales, que tuvieron resultados muy diversos. Si bien en ambos países había gobiernos militares, sólo los chilenos lograron, tras algunas dificultades iniciales, consolidar su programa de ajuste, mientras los militares argentinos cedían una vez más ante la acción de los sindicatos y de los industriales que vivían del abastecimiento del Estado. Una buena parte de los recursos llegados a Argentina y a Chile financiaron el rearme de sus Fuerzas Armadas, que se preparaban para un enfrentamiento fronterizo. La corrupción existente facilitó la vaporización de buena parte de esos capitales, que en vez de invertirse en los teóricos lugares de destino reaparecían en cuentas secretas de los bancos suizos o en Estados Unidos, Japón o Europa. La fuga de capitales se convirtió en algo corriente en la década de los 80 y se estima que más de 300 mil millones de dólares salieron de la región en esos años (una cifra comparable al monto de la deuda externa). El alcance de la fuga de capitales varió de un país a otro. Entre 1980 y 1984 se estima que fue de 17.000 millones de dólares en Argentina, de 40.000 millones en México y de 27.000 millones en Venezuela. En ciertos años, la fuga de capitales supuso el 50 por ciento del ahorro de Venezuela o Argentina. Para el Banco Mundial, la fuga de capitales es un síntoma de mala administración macroeconómica, generalmente agravada por la inestabilidad política. Si los inversores conviven con tasas de inflación elevadas o temen que la moneda nacional se va a devaluar, transfieren sus fondos al exterior para evitar pérdidas de capital. Las recetas neoliberales y monetaristas, seguidas en prácticamente todos los países de la región, independientemente de su tipo de gobierno, provocaron una menor participación del sector industrial en el PIB y aceleraron la desinversión, tanto pública como privada. El avance del sector financiero y las altas tasas de interés que se pagaban en sus circuitos desanimaron nuevas inversiones productivas, dada su menor rentabilidad y abrieron en muchos casos la puerta a la especulación. La inflación se acentuó en los países centrales, y en 1978 la Reserva Federal de los Estados Unidos (la principal autoridad monetaria) decidió oponerse frontalmente a la subida de precios, aplicando medidas monetaristas, propias de la ortodoxia económica, y aumentando los tipos de interés. La segunda crisis del petróleo, en 1979, y la consiguiente recesión internacional reforzaron las tendencias inflacionarias y el ajuste en los países centrales se hizo inevitable. La nueva subida de los tipos de interés, agudizada por la necesidad de dinero fresco de la economía norteamericana, terminó por desatar la crisis de la deuda externa, una deuda que superaba los 200 mil millones de dólares si sólo se contabiliza el endeudamiento público, o los 350 mil millones si se tiene en cuenta el endeudamiento privado. México y Brasil, con más de 100 mil millones de dólares cada uno, y Argentina, con más de 50 mil millones, eran los mayores deudores del continente. Al finalizar 1990, la deuda ascendía a 423 mil millones de dólares, mientras que los atrasos en el pago del servicio de la deuda alcanzaban los 30 mil millones.

Bastantes de las disposiciones políticas que, en la época de la dictadura, había adoptado Sila, sobrevivieron y condicionaron el carácter de la vida política durante la última fase de la República. La reforma silana había ampliado la base de la pirámide que formaba el conjunto de las magistraturas, aunque la cima de la misma, representada por los dos cónsules, sólo era accesible a un ex-pretor de cada cuatro (puesto que el número de pretores se había elevado a ocho), o menos aún si tenemos en cuenta que estos personajes podían presentarse por segunda vez al consulado después de un intervalo de diez años. Al aumentar el Senado hasta un total de 600 senadores, las posibilidades de promoción a las magistraturas curules afectaban a un pequeño porcentaje de senadores, ya que la relación entre el número de aspirantes y el número de los que llegaban a ser elegidos pretores era muy desigual. Esta situación generó una competición salvaje dentro del sistema. Ya Sila, con anterioridad, había tomado medidas para refrenar la corrupción electoral y la lex de ambitu por él propuesta preveía una condena de diez años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Posteriormente, Cicerón, en la Lex Tulia, imponía diez años de exilio por el mismo delito. Pero a pesar de éstas, lo cierto es que la pugna de los aspirantes pasaba por todo tipo de medidas que pudiesen garantizar los votos necesarios: regalos, sobornos o alianzas. Cicerón, en su acusación a Verres, narra cómo éste intentó utilizar sus ilícitas ganancias para impedir que el propio Cicerón fuese elegido edil en aquel año, cargo que por otra parte podía ser una buena plataforma de lanzamiento puesto que ofrecía la oportunidad de organizar juegos y lograr popularidad. Para alcanzar el poder en Roma y acceder al consulado se requería, además del consenso senatorial (lo que ya implicaba que los itálicos o los hombres nuevos no vinculados a la nobilitas, lo tuvieran francamente difícil), una excelente situación económica, tanto para granjearse la popularidad entre el pueblo con donaciones y espectáculos como para subvencionar a sus amigos y aliados y sobornar a los votantes y a los jurados. En ocasiones, incluso se hizo preciso poder sostener a un ejército con las propias rentas, como hizo Craso. Esta disponibilidad económica a menudo sólo podía garantizarse por medio de la alianza con los caballeros, cuya riqueza superaba muchas veces a las de las viejas familias senatoriales. Estos grupos financieros (aun cuando no fuesen senadores) eran lo bastante fuertes como para causar la ruina de cualquier político o general que pretendiese amenazar sus intereses con medidas tales como distribuciones de tierras a los campesinos empobrecidos, medidas de favor a los provinciales, etc. En esta enemistad se basa el fracaso de algunos políticos de esta época, como Catilina o Gabinio. Otra de las consecuencias de la reforma de Sila que influyó en gran medida en la política y en el propio final de la República estriba en el hecho de que él había concentrado todo el poder político en manos del Senado, pero no sucedía lo mismo con el poder ejecutivo. Sila había detentado durante su gobierno este poder pero, después de su retirada, el Senado no podía asegurar por sí mismo los poderes político, ejecutivo, financiero, legislativo y judicial. Mucho menos el poder militar, si tenemos en cuenta las relaciones clientelares que vinculaban a los generales con sus soldados. Así, se inició un camino sin retorno que conducía constantemente al Senado a confiar el ejecutivo a un hombre fuerte, a un general que, además, fuese político. Ciertamente Cicerón no poseía todas estas condiciones. Era un hombre nuevo, sin relaciones familiares con la nobilitas, era además itálico y carecía de dotes militares. Aun así accedió al consulado. Pero en él se daban una serie de circunstancias excepcionales. Su brillante oratoria y su actividad de abogado le valieron una posición preeminente y una capacidad de influencia que le llevaba a patrocinar todas las causas populares, siempre que éstas no fueran en contra de los intereses de los financieros. Al mismo tiempo, establecía vínculos de alianza con los núbiles y con hombres que, en cierto modo, constituían el resumen compensatorio de sus propias limitaciones, como Pompeyo. Por otra parte, la admiración de Cicerón había servido para cerrar la puerta a Catilina. Aun así, aunque la figura de Cicerón en el plano intelectual sea probablemente la más destacable de esta época, no sucedió lo mismo en el plano político: nunca llegó a ser líder de ninguna facción, ni logró constituirse en el princeps (el primero de los ciudadanos) al que, en su teoría política "Sobre la organización del Estado", correspondería cumplir la función de guía -rector- y de gerente -auctor- de la vida pública. Cabe la sospecha de que, al menos durante algún tiempo, hubiese alimentado la esperanza de ser él mismo quien llevara a efecto la política de la concordia ordinum, esto es de la unión de los órdenes senatorial y ecuestre, así como la defensa de las instituciones y los valores republicanos. Pero la oratoria no era un bagaje suficiente. Cuando fue consciente de ello, se pasó toda la vida intentando encontrar al hombre que, aconsejado por él, lograse realizar su ideal político: no llegó a serlo Pompeyo sino parcial y coyunturalmente y, desde luego, mucho menos el joven Octavio al que, a partir del 43 a.C., apoyaría demostrando escasa perspicacia. Otra de las consecuencias de la actuación de Sila que marcaron la política de estos años, fue el carácter que adoptó la oposición política, los populares, resurgidos como grupo de presión con un objetivo prioritario: la modificación de las leyes silanas. Cuando en el 70 Pompeyo restituyó el poder a los tribunos de la plebe, concediéndoles de nuevo la posibilidad de proponer plebiscitos, aparecieron un sinfín de falsos demócratas, deseosos de abolir casi todas las reformas de Sila pero con una política incoherente y amenazadora que no propugnaba ninguna alternativa constructiva. Así, por ejemplo, Gabinio además de destituir a su colega, animó a la plebe a irrumpir en el Senado y el cónsul Pisón estuvo a punto de perder la vida. El tribuno Lucio Bestia, implicado en la conjuración de Catilina, tenía como misión lanzar a la plebe contra Cicerón. Labieno, el tribuno del 63, puso una estatua de su tío, el martirizado tribuno Saturnino, en los rostra... Estos nuevos demócratas acabaron en muchas ocasiones como leales servidores del Senado. En general, su posición era ambigua y su oportunismo y ambición no tenían límites. Un ejemplo evidente de esta actitud fue la del propio restaurador del tribunado, Pompeyo. Salustio expone en la Conjuración de Catilina el poder e influencia de estos tribunos: "... investidos en plena juventud de una autoridad tan alta... empezaron a soliviantar a la plebe acusando al Senado; después la enardecieron con liberalidades y promesas y, de esta manera, lograron fama e influencia... y -añade- la verdad, en pocas palabras, es que todos los que agitaban la República con falsos pretextos, unos con el de defender los derechos del pueblo, otros con el de reforzar la autoridad del Senado, fingiendo laborar por el bien común, luchaban en realidad por su propio poder". Tal vez sea ésta la clave de que, bajo una apariencia de abierta oposición, en realidad los populares comenzasen a surgir de entre la elite dirigente y la nobilitas. La causa popularis constituía una vía segura de acceso al poder político. Más segura incluso que la de los estadistas senatoriales de la nobilitas tradicional. La falta de proyectos, ideas y programas políticos serios que pudieran contribuir a solventar de uno u otro modo la crisis republicana hizo que, durante este período, las querellas no fuesen el resultado de enfrentamientos ideológicos o de partidos o posiciones divergentes, sino simples luchas personales. En estos enfrentamientos puramente personales radica tanto la desunión de la nobilitas, como la ambición del poder personal y, en consecuencia, el derrumbamiento de la República. Sólo César se salva de esta norma general: su talento político y su completo dominio de la maquinaria político-administrativa le sitúan por encima de su tiempo. Cuando fue asesinado, volvió el caos a la vida política de la República y se perdió toda esperanza de restauración. Cayo Macio, uno de sus amigos, se lamentaba diciendo: "Si él, con todo su genio, no pudo encontrar una solución, ¿quién va a encontrarla ahora?".

La crisis de la ciudad estado en el siglo IV no es problema de datos cuantitativos. La riqueza global posiblemente aumenta. La población no parece experimentar alteraciones cuantitativas, pero aumenta el número de esclavos, hasta el punto de que se dice que en Atenas llegó a los cuatrocientos mil, y el libre se halla en peligro, porque ya la ciudadanía no representa una garantía. En el plano político, sobre todo en Atenas, tiende a perder los privilegios que le confería el hecho de tomar parte en los organismos públicos. Aquí es donde la pérdida del imperio y los diferentes intentos de recuperación crearon conflictos internos, al perderse con ello las posibilidades de una concordia apoyada en el control de las islas. La presión del demos trataba de recuperar ese control, con el apoyo de quienes seguían creyendo en la concordia y de quienes esperaban recuperar los negocios subsiguientes. Sin embargo, la importación, el tráfico de mercancías y el acceso a los mercados era posible recuperarlos sin imperio. Este podía llegar a convertirse incluso en un obstáculo, sobre todo si era necesario sostenerlo con la guerra. Los ricos no eran partidarios de la guerra, porque ésta, en manos de mercenarios, era cara y hacía aumentar la eisphorá, el impuesto entre ciudadanos que afectaba a los más poderosos económicamente. Ello colaboraba a que sus inversiones se hicieran sobre todo en riqueza aphanés, oculta, con lo que rompían con la solidaridad ciudadana. La crisis consistía en un renacimiento de los conflictos internos que repercutía en los conflictos externos, relacionados con las transformaciones económicas y sociales, reflejadas en las estructuras políticas, incapaces de controlar la situación ni con la concordia ni con la represión, ni en el mundo real ni en el imaginario. En ese ambiente, junto al soldado mercenario se desarrolla la figura del jefe carismático, que logra la victoria y la salvación, a la vez que colabora con sus prácticas a la difusión de nuevas formas de funcionamiento económico. Las luchas entre ellos, sin embargo, harán que sólo desde fuera, tras intentos como el de Jasón de Feras o el de Dionisio de Siracusa, como portadores de formas políticas primitivas, en las que el papel individual se asienta sólidamente, se vislumbre la solución en la figura de Filipo de Macedonia, capaz de establecer la paz por la fuerza y de crear una imagen positiva en las expectativas de salvación de que él mismo es portador como jefe carismático, como heredero y como alternativa al mismo tiempo de los jefes de tropas mercenarias, renovado en la imagen primitiva del rey semibárbaro.

El Gobierno Russell se propuso, en la primavera de 1866, desarrollar la reforma electoral de 1832, con la idea de aumentar el cuerpo electoral en unos 400.000 individuos, rebajando las exigencias económicas tanto en los distritos urbanos como en los rurales. También estaba prevista una pequeña redistribución de escaños que beneficiaría a los condados.No era la primera vez que se intentaba la reforma, ya que el propio Russell había presentado proyectos en 1852 y 1854, pero los condicionamientos políticos habían forzado su retirada. También lord Derby, con el proyecto ya aludido de febrero de 1859, se unió a la corriente reformista, a la vez que demostraba que se podía conseguir un entendimiento de los dos partidos al respecto. No fue, por ello, extraño que Russell volviese a plantear alguna reforma, pronto retirada, en los comienzos del segando Gobierno Palmerston. De todas maneras, la resistencia de algunos liberales capitaneados por Robert Lowe (futuro lord Sherbrooke) hizo posible que el Gobierno fuera derrotado en junio de 1866, en torno a este asunto, y que Russell tuviera que dimitir una semana más tarde. La formación del tercer gabinete Derby, con la presencia de Disraeli en la cartera de Finanzas, no modificó sensiblemente las expectativas de reforma ya que, dado su insuficiente apoyo parlamentario, los nuevos gobernantes ligaron la suerte del ministerio al triunfo de un proyecto reformista que terminaría por rebasar, como consecuencia de la alianza con algunos elementos radicales, lo que inicialmente habían pretendido los liberales. Norman Gash ha dicho que muchos parlamentarios conservadores apenas eran conscientes de lo que estaban votando, pero apoyaron a sus líderes en contra de Gladstone. En esas condiciones se resolvió lo que Norman McCord ha considerado uno de los más extraordinarios episodios legislativos de la Inglaterra contemporánea, y la reforma fue definitivamente aprobada en agosto de 1867.

En el tercer cuarto del siglo IX las condiciones políticas se trastornaron a causa de la fitna que afectó al emirato de Córdoba. Hacia finales del siglo VIII o principios del IX, los disturbios suscitados por el espíritu independiente de la aristocracia tribal árabe se habían calmado. Su última manifestación conocida había sido la guerra tribal que había sacudido la región de Tudmir en los años 20 del siglo IX y había impulsado al poder central a fundar la ciudad de Murcia en el 831. En la primera mitad del siglo IX ya no se oía hablar de los elementos beréberes, entre los que se había desarrollado el movimiento fatimí de Shayka durante el emirato de Abd al-Rahman I, o que se habían dejado arrastrar en las revueltas yemeníes de la misma época. Las disidencias de las poblaciones muladíes urbanas (en Toledo y Mérida) o las de los jefes del mismo origen, habían, de alguna forma, tomado el relevo, en Toledo, en Mérida, y en la Marca Superior donde siempre había sido necesario mandar ejércitos para restaurar la autoridad del poder central. Pero hasta el año 870, estos movimientos dispersos de agitación, aunque localmente peligrosos, habían sido contenidos en su conjunto. No parecen haber supuesto un peligro para el régimen omeya. La islamización de la sociedad había ido paralela al afianzamiento político de la autoridad central. Toledo, separada del reino cristiano astur-leonés solamente por grandes espacios poco poblados, y con frecuencia aliada de los soberanos cristianos contra el poder cordobés, estaba, en cuanto a su civilización, perfectamente integrada en Dar al-Islam y no parece haber pensado en ningún momento dar marcha atrás. Progresivamente, la autoridad del poder central se había consolidado y perfeccionado. Como se ha dicho, esta situación se refleja claramente en la curva de las emisiones monetarias conocidas, que parece significativa en la medida en que la acuñación de la moneda está absolutamente centralizada. El aumento del número de acuñaciones parece casi continuado desde la reanudación de la actividad monetaria con Abd al-Rahman I, hasta alrededor del 880 y prueba, según parece, que la percepción de impuestos se había ido regulando en el conjunto del territorio. Una ruptura manifiesta se produce en este momento, y se reflejará tanto en la caída rápida del número de emisiones de monedas como en los acontecimientos político-militares. Antes de intentar interpretarlos, habrá que recordar primero su desarrollo. Por muy rápida que haya sido, la degradación de la situación político-administrativa no fue resultado de una revolución (como la caída del califato), sino de un proceso de desorganización que se extendió a lo largo de algunos años. Hasta entonces aisladas y contenidas sin demasiados problemas, las revueltas locales parecen ser más amenazantes en el decenio del 870 al 880 y se generalizan después de esta fecha. La rebelión en Toledo era endémica pero no era novedad. El muladí Ibn al-Yilliqi se sublevó en el año 868 en Mérida y después del 875 dirigió una rebelión más grave desde Badajoz. Pero según el Muqtabis, la fitna habría empezado realmente con un conflicto entre árabes mudaríes y yemeníes que se produjo en el 265/878-879 en al Andalus meridional, en las kuras de Algeciras, Sidonia y Málaga. A partir del 880, la anarquía se agravó por todos lados y, después del 885, el poder cordobés fue incapaz de hacer otra cosa que no fuera enfrentarse a lo más urgente, luchando contra la disidencia generalizada de las regiones que rodeaban los territorios que dependían inmediatamente de la capital. Ningún ejército cordobés se aventuró más allá de estos límites. Sobre un gráfico de las emisiones monetarias, se observa en el año 268/881-882 un fenómeno muy curioso: la acuñación de varias monedas de cobre fechadas, desconocidas anteriormente, ya que los emires omeyas prácticamente sólo acuñaban monedas de plata y no fechaban las de cobre, que parecen haber sido, por otra parte, poco abundantes. A lo largo de los cinco años siguientes este hecho no se había repetido y las emisiones de dirhams disminuyeron hasta ser insignificantes a partir del reinado de al-Mundhir (886-888) y desaparecer completamente con Abd Allah (888-912), a partir del año 285/898-899. La actividad militar del poder central cordobés cambió completamente de naturaleza a lo largo de estos años. Las últimas expediciones importantes desarrolladas lejos de Córdoba tuvieron lugar en el período entre 882-884. Los ejércitos dirigidos por el príncipe heredero al Mundhir y el influyente general Hashim b. Abd al-Aziz se esforzaron todavía por imponer la autoridad de Córdoba en Zaragoza -gobernada por los Banu Qasi- y hasta se aventuraron en el territorio cristiano, en los confines orientales del reino astur-leonés. Parece que lograron reponer a un gobernador omeya en la capital del Ebro: el poder omeya habría comprado Zaragoza a Muhammad b. Lubb b. Qasi en el 884 por la suma -que parece modesta- de 15.000 dinares y así habría podido instalar en la ciudad al gobernador omeya Ahmad b. al-Barra al-Qurashi.