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El monarca Pedro I, uno de los hijos menores del zar Alexis, nada más asumir el poder puso de manifiesto los objetivos que marcarían las líneas directrices de su reinado: hacer de Rusia una gran potencia e insertarla plenamente en el sistema europeo de naciones. Para hacer realidad sus objetivos era preciso disponer de un aparato institucional desarrollado, centralizado y eficiente y de un ejército poderoso, bien pertrechado, al estilo occidental, que respaldara una política exterior agresiva. El resultado sería la creación de una monarquía burocrático-militar que haría, efectivamente, de Rusia una gran potencia. Ello haría necesario acometer un plan urgente y profundo de reformas que produciría importantes transformaciones en la estructura social y económica. La reforma institucional fue iniciada en los primeros momentos de su reinado. La Duma de los boyardos, cada vez más inoperante, es relegada por dos órganos políticos más pequeños: la Cancillería privada y el Consejo de ministros; para desarrollar la economía y recaudar puntualmente los impuestos se crea un nuevo órgano administrativo, la Ratusa, dependiente de la Tesorería Central. Desde el principio, el zar tuvo muy en cuenta que su poder debía ser reforzado y ampliado a todos los ámbitos del Estado, desde la administración provincial y local a las distintas esferas gubernativas que hasta ahora descansaban en jurisdicciones no reales. Por ello, dicta un ucase en 1711 para regular el sistema de gobierno provincial, hasta ahora dirigido por vaivodas o gobernadores que habían llegado a acaparar amplias competencias; para acabar con esa práctica crea organismos nuevos, como la Cámara provincial, en cada uno de los territorios provinciales con agentes reales, los burgomaestres, que dependían directamente de Moscú, para llevar los asuntos judiciales y hacendísticos de cada provincia.

Al mismo tiempo, las ciudades son organizadas internamente en barrios (posad) y a su frente se colocan dignatarios elegidos por ellos que después formarían parte de los organismos municipales. La segunda etapa reformista (1708-1712) vino mancada por la necesidad de organizar los territorios anexionados en la guerra y de disponer de una hacienda más o menos saneada pero que garantizara unas rentas estables que financiaran la política exterior. Se crea ahora un Senado como órgano supremo de gobierno, de carácter colegiado, integrado por nueve miembros y que, además de ejercer funciones políticas, se convertirá en la máxima institución de justicia; también se crean quinientos fiscales repartidos por todo el país, nombrados por el Senado, para evitar los abusos en materia financiera o de derecho cometidos por los funcionarios en perjuicio del poder real. Asimismo, se distribuye el territorio nacional en ocho grandes distritos, ampliados a once en 1714, dirigidos por un gobernador, competente tanto en las cuestiones civiles como militares. En los años finales de la Guerra del Norte se adoptan nuevas reformas en el aparato estatal (1718-1722) que suprimen la organización territorial anterior al crearse otras unidades territoriales más pequeñas sometidas a un Concejo provincial que comparte el poder con los gobernadores. Así, en 1719 se crean once colegios administrativos a modo de ministerios para debatir todos los asuntos competentes del gobierno: relaciones exteriores y diplomacia, marina y guerra, finanzas, comercio y manufacturas, justicia y asuntos eclesiásticos, que operan conjuntamente con el Senado en las cuestiones políticas.

Dos años después se crea la figura del procurador general del Senado, verdadero primer ministro, para supervisar directamente la acción de los fiscales y sustituir al zar en su ausencia. En 1722 se publica la llamada Tabla de Rangos, donde se hacía una exposición detallada del organigrama administrativo y el cuadro de funcionarios; éste se dividía en tres cuerpos, y las ocho categorías más altas quedaban automáticamente equiparadas a la nobleza, gozando sus titulares de los mismos privilegios que ella (exenciones tributarias y derecho a la posesión de siervos). Con esto se crea una nueva nobleza de servicio, en la que no se contemplan criterios sociales como la ascendencia o el linaje, sino el mérito y la promoción individual, que será mucho más adicta a las directrices del Estado que la nobleza tradicional. En 1721 el zar aceptó asumir el título de emperador y en 1722 reguló el derecho sucesorio arrogando al monarca reinante la facultad de elegir a su sucesor. Paralelamente a la reforma administrativa, Pedro I acomete una drástica reorganización del aparato militar heredado; ante la existencia de un ejército reducido, resultado de la formación de milicias por los nobles en tiempos de guerra y controlado por ellos, concibe la creación de un ejército numeroso, dotado de un moderno armamento, dirigido por una cualificada oficialidad, y con carácter permanente, al servicio del monarca. El principal problema era el del reclutamiento, y aunque en 1699 en los 29 regimientos de dragones recién formados fueron incorporados soldados voluntaria o forzosamente, pronto se estableció un nuevo sistema: se ordena la incorporación obligatoria a filas de un hombre joven, de entre quince y veinte años, apto para la milicia, por cada 20 familias campesinas.

El estamento nobiliario no aparece excluido sino que, dado su carácter privilegiado, se le exige un deber militar permanente: todos los varones nobles debían pasar un tiempo de su vida sirviendo en el Ejército. Este sistema permitió el aumento constante de los efectivos y hacia 1711 se disponía de 62.000 soldados de infantería, distribuidos en 42 regimientos; 44.000 de caballería, en 30 unidades, y otros 58.000 hombres de una guarnición especial. Al tiempo que se iniciaba una política de obras públicas para construir un sistema defensivo nacional aparece el problema del equipamiento y de los cuadros dirigentes: crear una oficialidad adecuada era otra tarea prioritaria si se quería un ejército eficiente y competitivo y para lograrlo se combinó el envío de jóvenes a las mejores academias militares de Europa con la instrucción en Escuelas de Artillería y de Ingeniería Militar que se van creando en Rusia por estas fechas. En 1716 se publicó el Reglamento militar, desarrollando las diversas categorías y grados militares, declarando algunos de ellos merecedores de la nobleza. De esta manera el servicio militar se convertía en otro medio de promoción social, como después quedaría explicitado en la Tabla de Rangos. La reforma fue completada con la creación del Colegio de Guerra (1718) como máximo organismo para las cuestiones militares. Pedro I siempre había soñado con hacer de su nación una potencia marítima y para ello era necesario conseguir una salida al mar; en este sentido el Báltico y el Mediterráneo, a través del mar Negro, serían los espacios por donde deberían navegar los barcos rusos.

Aunque en principio la clase política, de fuerte tradición continental, no captó el significado de la empresa, el zar siguió adelante y ya en 1699 impuso nuevos tributos sobre la propiedad, laica y eclesiástica, para sufragar la construcción de una flota. En 1700 se crea el Departamento del Almirantazgo, para supervisar las construcciones navales, y una Escuela de Navegación en Moscú, comenzando en 1705 el reclutamiento de hombres para la marina con métodos parecidos a los militares. La fundación de una Academia Naval, el constante asesoramiento extranjero (holandeses, ingleses y escoceses) y el envío de nobles por Europa para adquirir experiencia junto con la publicación de un Reglamento de la Marina (1720) completan el proceso. A la muerte del zar la flota rusa contaba con 34 barcos de línea y 15 fragatas, que englobaban unos 30.000 hombres. La economía rusa fue enormemente estimulada por la estructura militar; de hecho, tanto la producción nacional como la política económica oficial gravitaron permanentemente a su alrededor. En efecto, las múltiples necesidades para el aprovisionamiento del Ejército aumentó la demanda en todos los aspectos, armas, uniformes, madera para construir barcos, obras de infraestructura, etc. Para satisfacerla, el Estado creó fábricas a su cargo que desarrollaron la industria metalúrgica (en los Urales), la textil y los astilleros, y con el tiempo fueron transferidas a propiedad particular.

El problema de la falta de mano de obra se resolvió desviando grandes cantidades de campesinos a los recién creados talleres, e incluso en 1721 un decreto autorizaba a los industriales la compra de comunidades enteras para conducir a su población a centros manufactureros, donde trabajarían en unas condiciones de sobreexplotación durísimas, sometidos a condiciones similares a la servidumbre. La creación de un Colegio de Comercio (1712) permitió desarrollar una política mercantilista donde se contemplaron privilegios y exenciones a las manufacturas; protección al mercado interno y ayudas a la exportación con un sistema aduanero proteccionista, y una cierta relajación de los monopolios. Las ciudades bálticas conocerían muchos intercambios con los países europeos. La incorporación de nuevos territorios y la ampliación de las fronteras genera una amplia política de roturaciones y empresas colonizadoras, que aumentan la superficie cultivada y, por tanto, la producción, a pesar de no haberse operado ninguna evolución en las técnicas agrícolas. La organización de las finanzas reales y del sistema hacendístico se hizo, como hemos visto, para aumentar los ingresos, sobre todo teniendo en cuenta que la guerra absorbía casi la totalidad del presupuesto. Se acudió a la acuñación de moneda y al aumento de la presión fiscal. Aparecen nuevos gravámenes sobre el papel timbrado, la sal, las pesquerías y las posadas, aunque el principal impuesto será el de la capitación, instituido en 1718 como base de una tributación más igualitaria ya que tenía que ser satisfecho por todos los grupos sociales; sin embargo, al encargarse la recaudación al señor intensificó su dominación sobre los campesinos.

Con todo ello, la partida de ingresos del año 1724 triplicaba la de 1680 y duplicaba la de 1701. En cuanto a la política social desarrollada por Pedro I hay que decir que fue enormemente respetuosa con la sociedad de órdenes, a la que incluso reforzó y que los diferentes estamentos van a ver clarificados sus cometidos y su papel en la sociedad, siendo claramente supeditados a los dictados del monarca, que buscaba ante todo hacerlos útiles al Estado. La política eclesiástica es reveladora en este sentido; intentó en todo momento, y casi lo logró, imponer su control absoluto sobre la Iglesia ortodoxa. El problema comenzó cuando el zar dictó sus ucases occidentalizadores y el clero ortodoxo contestó con una fuerte oposición, acaudillada por el patriarca de Rusia, Adrián. A su muerte (1700), Pedro I dejó el puesto vacante y decidió supervisar las propiedades de la Iglesia y sus ingresos, con lo que la administración de sus bienes pasó a manos civiles. Al mismo tiempo prohibió la erección de nuevos conventos, rescindió el salario a los clérigos que dispusieran de bienes propios y empezó a desviar parte de esas rentas a objetivos del Estado, como la reforma educativa. Igualmente, reconoce la tolerancia religiosa para todos los extranjeros que venían a instalarse a Rusia con carácter definitivo, y en 1719 expulsó a los jesuitas, anticipándose a lo que después harían muchos Estados europeos. Pero la culminación de esta política se expresó en el decreto sobre Repleción espiritual (1721), redactado por F.

Prokopovich, arzobispo de Novgorod, que creaba un Sínodo de la Iglesia rusa, como órgano directivo compuesto de diez miembros, que reemplazaría al antiguo patriarcado, asumiendo sus competencias y teniendo jurisdicción sobre las cuestiones espirituales y las bases materiales del conjunto. No se concebía como órgano independiente sino tutelado por el monarca. Con la nobleza Pedro despliega una política innovadora; considerando que siempre había sido inculta, inútil y conspiradora pretendió cambiar la situación. Primeramente cortó sus veleidades y juegos de conspiraciones palaciegas actuando con un rigor inusitado; del mismo modo, la constante oposición desplegada por los boyardos fue barrida al quedar sus órganos de dirección prácticamente anulados. En segundo lugar estableció la obligatoriedad de su servicio al Estado, tanto en la administración civil como en la militar. A cambio de la reducción de su poder político y de someterla al Estado, el zar cimentó los pilares de su dominación social, pues reforzó la servidumbre y favoreció el mantenimiento de los grandes patrimonios con un decreto dictado en 1714 que protegía la primogenitura en detrimento de las herencias iguales, que había prevalecido hasta el momento. Por último, al lado de la nobleza antigua se crea ahora una nobleza de servicio que rápidamente se convertiría en el principal apoyo al Estado centralizado y al monarca, y colmó las aspiraciones de promoción de grupos que hasta el momento no habían tenido ninguna posibilidad de alterar el esquema tradicional de la sociedad.

El campesinado formaba la gran mayoría de la población, alrededor del 90 por 100 del total, y en gran parte estaba sometido a los lazos de la servidumbre. Los esclavos, jolopy, son equiparados a los siervos en 1723 mediante un decreto que abolía la esclavitud, lo que supuso una mejora en su status. Por el contrario, los pequeños propietarios independientes, odnod-vorsty, que gozaban de una cierta posición, al ser en su origen colonos militares, como miembros de la baja nobleza, verán empeorar su situación y se asemejan al campesinado, adscrito al señor o al Estado. Con la capitación la servidumbre fue reforzada y su dependencia hacia el señor alcanzó niveles desconocidos hasta el momento. Del mismo modo grandes cantidades de campesinos fueron trasvasados al sector industrial y sometidos a un trabajo nuevo, que conllevaba una superexplotación. Estos cambios y la enorme presión fiscal desatada por las continuas guerras que se mantuvieron en el período, provocó una conflictividad grande, muy localizada al principio de las guerras, como la revuelta de los cosacos del Don en 1705 o la posterior insurrección de campesinos por la misma zona dos años después, o la sublevación de Bashakiria de 1705 que tuvo veleidades independentistas y contactos con los turcos. La política cultural siempre tuvo como objetivo la europeización del país. Esto implicaba abandonar las costumbres tradicionales que regulaban los usos sociales y la moda en el vestir; así, el ucase de 1699 decretaba el rasurado obligatorio de la barba a los nobles y cambios en la vestimenta para adoptar el vestido occidental.

Los intercambios con Europa se multiplicarán y muchos nobles fueron enviados a universidades extranjeras a seguir estudios superiores, y para facilitarlo se crea en Moscú una Academia de Lenguas (1701). El propio monarca inició un largo viaje para conocer el Continente, que le llevó a Holanda, Inglaterra, Austria y Polonia. Tempranamente también se cambió el calendario ruso por el juliano y se adoptó la numeración arábiga. Tras mitigar determinadas diferencias culturales, el Estado acometió una reforma profunda en el plano de la instrucción. Intenta sustraer esta tarea a la Iglesia y se dicta un decreto sobre la enseñanza primaria, considerado el pilar básico de la educación; en adelante será obligatoria para los hijos de los terratenientes locales, militares, funcionarios y clérigos; concebidas como escuelas de cálculo formarían a los futuros funcionarios. En 1703 comenzó a publicarse el primer periódico ruso, como una gaceta del Gobierno, y en 1720 se funda la Academia de Ciencias como centro docente superior, con tres aulas, Matemáticas, Física y Ciencias Sociales, que se convertiría en el foro científico y didáctico por excelencia. Al mismo tiempo, se reorganiza la enseñanza secundaria, con un marcado pragmatismo, como escuelas profesionales y de oficios, e incluso para preparar a determinados funcionarios, como los diplomáticos, se disponía de un liceo en Glück. La Guerra del Norte (1700-1721) fue el verdadero detonante de la política exterior rusa porque le sirvió de pretexto para conseguir nuevos territorios y la tan ansiada salida al mar, imponiéndose no sólo a sus decadentes vecinos Suecia, Polonia o Turquía, sino permitiéndole el establecimiento de relaciones diplomáticas por todo el Continente lo que, a largo plazo, suponía el nacimiento de la nación más poderosa en el este de Europa en el siglo XVIII.

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