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El gobierno de los incas se caracterizó por el ejercicio de un poder absoluto controlado por el Sapa Inca a través de una compleja red burocrática que alcanzaba a todos los súbditos, si bien las tradiciones de los grupos dominados se respetaron en el ámbito religioso, económico e incluso político. Se trataba de un Estado en el que se mezclaron, de forma original, instituciones y formas de gobierno "comunistas" con un régimen monárquico apoyado en principios teocráticos. El soberano del Tahuantinsuyu, cuya autoridad absoluta era acatada por sus súbditos con la reverencia debida al hijo del Sol, era prácticamente el dueño de todas las tierras del Imperio y de la fuerza de trabajo representada por la mayoritaria población campesina. La monarquía era hereditaria, aunque no forzosamente la sucesión tenía que recaer en el primogénito, ni siquiera en uno de los hijos de la Coya, esposa del Sapa Inca, que a partir de Pachacuti fue una de sus propias hermanas. La institución del matrimonio adelfogámico por el noveno soberano obedeció, tal vez, al afán de revitalizar el mítico origen de los hijos del Sol, como descendientes de la primitiva pareja de hermanos-esposos Manco Capac y Mama Ocllo, sacralizando así la estirpe conquistadora. El heredero era designado por el soberano, en función de su capacidad y aptitudes para el gobierno y la estrategia militar. Era en realidad un verdadero correinante con el padre, en las ocasiones en que por su edad pudiera desempeñar funciones de gobierno. Pero no necesariamente ese heredero, en ocasiones correinante, tenía que llegar a ostentar la mascapaicha, la borla o insignia de la categoría imperial. Previamente tenía que ser reconocido como tal por la nobleza cuzqueña, y de hecho las sucesiones fueron frecuentemente tumultuosas y se decidieron después de motines y conspiraciones entre sectores de esa nobleza, originados por los intereses de los grupos familiares de las concubinas, madres de los pretendientes. Pero una vez que el heredero era reconocido y proclamado, su autoridad se consideraba indiscutible para la poderosa nobleza y por supuesto para el pueblo, ajeno por completo a las intrigas de la Corte. El Cuzco, centro físico y espiritual del Imperio, en el que residía el Sapa Inca, fue el eje y modelo de esa organización perfecta. La misma capital con su estructura cuatripartita generó la división del creciente Tahuantinsuyu en las cuatro regiones o Suyos del Imperio. En cada uno de ellos ejercía las altas funciones del gobierno, en representación del Soberano, uno de sus más cercanos parientes. Los cuatro Suyoyoc Apu formaban un Consejo que asistía al Sapa Inca y gobernaban en su demarcación, pero las decisiones importantes emanaban del soberano. A partir de esta demarcación, meramente política, se superponía la de carácter administrativo. En los suyos se encuadraban las provincias, equivalentes a los Estados preincaicos incorporados paulatinamente al Imperio, aunque no exactamente coincidentes con ellos, puesto que la organización central, aun respetando la homogeneidad étnica y cultural, se basaba más en la población que había de mantener su productividad, que en la extensión geográfica. Cada una de las provincias debía ser el asentamiento de 40.000 familias. Pero contaban dos factores importantes que constituyeron las formas más originales de la organización político administrativa inca: la distribución decimal de la población y la división tripartita de las tierras del Imperio. Cuando el Inca conquistaba un territorio se procedía inmediatamente a la distribución de sus recursos naturales y humanos. Aun cuando la estructura del ayllu se respetaba (de hecho se tendió siempre a garantizar su autosuficiencia económica), y se mantuviera la propiedad de las tierras comunales, el soberano confiscaba un lote de ellas que destinaba al mantenimiento del Estado. Otro lote era reservado para atender a las exigencias del culto; eran las llamadas "tierras del Sol". Las del pueblo abarcaban las parcelas necesarias para el sustento de los ayllus. ¿Qué proporción había entre estos lotes y qué criterio se seguía para su distribución? Es cierto que se aseguraba la autosuficiencia de las comunidades, pero las necesidades de consumo de éstas se reglamentaban y se mantenían en un nivel mínimo, lo que permitía que la extensión de los otros lotes fuera considerable, y ésta era una exigencia impuesta por la cantidad de recursos que absorbía el sustento del Inca, las elites y el culto, que dependían de la explotación de esas tierras, confiada a las comunidades que residían en ellas. Por otra parte existía otro tipo de tierras, que se podrían considerar como de propiedad privada, que eran las patrimoniales de cada Inca, transmitidas a sus respectivas panacas y explotadas por población yana. El funcionario que representaba en las provincias la máxima autoridad era el Ttocricuk, cuyas funciones, aunque eran esencialmente administrativas, abarcaban otros aspectos políticos y militares, y además ostentaba el poder ejecutivo de forma muy amplia. Para desempeñar sus funciones contaba con una red de funcionarios subalternos, residentes en las ciudades más pequeñas y en los pueblos de su demarcación, pero él mismo estaba sujeto a una vigilancia y supervisión de su gestión. Funcionarios volantes o inspectores recorrían constantemente las tierras del Tahuantinsuyu con misiones especiales encomendadas directamente por el soberano, cuya finalidad era recoger informes sobre todos los aspectos del gobierno y la administración. Esta organización central tan estricta, que hubiera podido ser la causa de disensiones y disturbios en el Imperio, no supuso un desequilibrio en la estructura tradicional de los pueblos que la componían. Gracias al respeto que se tuvo por las formas locales de gobierno, con las que se estableció una inteligente coexistencia mediante un estricto sistema de reciprocidad de servicios y de redistribución de bienes, se mantenía una absoluta comunidad de intereses entre el poder central y el de los curaca. Estos jefes locales, cuya autoridad fue respetada casi sin excepción, permitiéndoseles ejercer su autoridad sobre las comunidades que les estaban sujetas, eran de categoría muy variable. Dependían del número de individuos que controlaban y cuyos servicios personales tenían derecho a utilizar. Su rango superior dentro de la comunidad era reconocido por ésta y por el Estado. Las obligaciones de los curaca eran velar por el rendimiento del trabajo de sus sujetos y controlar la entrega del tributo, del que debían rendir cuentas personalmente al Inca en el Cuzco periódicamente, entregando ellos mismos los artículos suntuarios procedentes de su localidad. A cambio recibían a su vez regalos del soberano, objetos preciosos procedentes de otras partes del Imperio a los que de otra forma no tendrían acceso, yanas para su servicio y concubinas procedentes de los Aclla huasi. De esta manera se establecía a través de la redistribución de bienes, una comunidad de intereses con los señores locales cuya lealtad era necesaria para el Inca. Lealtad y colaboración que se aseguraban, también, valiéndose del sistema de retener en la capital del Imperio, en calidad de rehenes a los hijos de los curaca que en su día habían de suceder a sus padres en el gobierno de las comunidades. Así, centralizando y unificando viejas tradiciones y superponiendo a ellas un engranaje de mecanismos burocráticos complejos, los Incas consiguieron mantener la unidad política de su Imperio.

La presencia de las mujeres españolas facilitó la población de las nuevas tierras y el arraigamiento de las familias en las nuevas poblaciones, puesto que, en la mayor parte de los casos, se establecieron de forma definitiva. La mujer cumplía así una doble misión. Conseguía, a través del matrimonio, fijar un hogar, y, como consecuencia asegurar que el conquistador tuviera un buen motivo para permanecer en aquellas tierras; y la de procrear para poblar los territorios conquistados. Igualmente hay que destacar que, dado el escaso número de españolas que emigraron en los primeros momentos, las que así lo hicieron pasaron a formar parte de los grupos privilegiados, al casarse con encomenderos, funcionarios, trabajar como amas de clérigos, e incluso ser abadesas o prioras. Los hombres solteros buscaban esposa entre las criollas o mestizas descendientes de los conquistadores y primeros pobladores. Un caso aparte es el de las mestizas reales, las cuales al ser descendientes de conquistadores y mujeres de la nobleza indígena, en su mayor parte no volvieron a cruzarse con la población autóctona y recibieron la categoría legal de españolas. Fueron educadas como criollas y heredaron a sus padres sin distinción alguna de las hijas de españoles nacidos en América. La categoría social de los españoles y españolas del Nuevo Mundo obedecía a muchos factores, en los que entraba la etnia, aunque los elementos principales fueron la posición legal y la fortuna. En los primeros años eran un grupo minoritario, pero solían ocupar el lugar más alto en la escala social. En realidad, las mujeres españolas, criollas o peninsulares recién llegadas, pertenecían en teoría a la clase más alta, aunque existiera una gran desigualdad social en su procedencia. El abanico abarcaba desde hijas de nobles hasta hermanas de los marineros. También era diferente su educación, desde analfabetas hasta mujeres con cierto nivel de cultura que sabían leer, escribir o tocar algún instrumento. Las descendientes de conquistadores o primeros pobladores eran las transmisoras de los nuevos linajes creados por los méritos de la conquista. Eran también, en ocasiones, las herederas de las encomiendas, mercedes de tierras o concesiones mineras, pero en cualquier caso, cuando el patrimonio lo heredaba un varón, se convertían en objeto de alianza con otros herederos al considerarse un mérito el lustre que podían aportar a colonos llegados más tardíamente. Tanto en Nueva España como en el virreinato del Perú se seguía la estrategia -por parte de aquellos que habían conseguido dinero y poder- de buscar en el matrimonio el encumbramiento de su linaje, por lo que en ocasiones suplía la dote que los familiares de la futura esposa no podían aportar. Algunas de estas mujeres sabían leer y escribir, aunque en su mayoría no fueran cultas. Sin embargo, fueron importantes en la configuración cultural de la colonia e impregnaron la vida cotidiana de elementos de la cultura hispana que se perpetuaron de una generación a otra. A ellas les tocó jugar un papel destacado en la constitución de linajes y mayorazgos a través de las alianzas familiares en las que se buscaba ennoblecer el linaje, aumentar la fortuna familiar o favorecer determinadas iniciativas sociales y artísticas. Gráfico Las familias españolas, peninsulares o criollas, que gozaban de cierto nivel de fortuna podían poseer una casa magnífica con huerta en alguna de las calles principales de la ciudad, además de otros inmuebles que se tenían en alquiler. La casa estaba llena de colgaduras, sólidos muebles, plata labrada y numerosas joyas. Entre las mujeres, las exigencias para aparentar una estirpe ilustre radicaban principalmente en el vestir, en las formas de hablar y en los usos sociales. Implicaba también recibir el tratamiento de "doña", un término que fue muy codiciado y que tuvo un uso restrictivo. Se usaba a partir de los veinte años y nunca se aplicaba a mujeres pobres. En Perú, sin embargo, lo adoptaron hijas o nietas de encomenderos cuya fortuna había declinado, siempre que hubieran nacido en el período de prosperidad familiar.

Es algo admitido por todos en la actualidad que hablar de clases en las sociedades antiguas trae consigo una serie de riesgos, y más en casos como el de las primitivas como la ibérica, donde los datos para diferenciar los distintos grupos de población son muy escasos y, la mayoría de las veces, poco claros. Los trabajos de A. Arribas, J. Maluquer, J. Caro Baroja, M. Vigil y A. Balil, entre otros, que se han ocupado del estudio de los pueblos iberos, han encontrado diferencias en el seno de la estructura social, tanto en las fuentes escritas, con datos aislados sobre una clase superior de los régulos y sus clientes y amigos, como en el material arqueológico encontrado en las tumbas, sobre todo en lo referente a la forma de las propias tumbas y al ajuar funerario encontrado en ellas. Del análisis de las tumbas deduce F. Presedo la existencia de un grupo de régulos, que debían formar la nobleza y cuyas tumbas denotan un nivel alto de riqueza; junto a ellos existiría una clase media con tumbas más pequeñas y un ajuar discreto, aunque con algún elemento de importación, distinguiendo entre ellos los que aparecen enterrados con falcata y aquellos que no la tienen dentro de su ajuar funerario, lo que diferencia a los guerreros del grupo de posibles comerciantes y artesanos cualificados (broncistas, herreros, escultores, etc.), y finalmente el grupo social más bajo dentro de la escala, que son los individuos enterrados en las numerosas tumbas pequeñas consistentes en un solo hoyo en el suelo, a veces sin ningún ajuar, y con la urna tapada únicamente con una piedra. Por otra parte, este mismo autor, a partir del estudio de los bronces ibéricos y de la pintura de los vasos cerámicos, distingue por un lado a los jinetes a caballo con escudo redondo y falcata o lanza y, por otro, a un grupo muy numeroso de hombres armados a pie. Junto a este grupo hay una serie de autores (Nicolini entre ellos) que han identificado con sacerdotes a una serie de individuos tonsurados y con un velo o con una diadema sobre el pelo no tonsurado. Sin embargo, en opinión de M.C. Marín Ceballos, no parece que podamos hablar de sacerdocio profesional, sino ocasional, que recaería en iniciados pertenecientes a las clases superiores. Habría también otro grupo de hombres sin cualificación alguna, vestidos con túnica larga (el traje nacional ibero) o corta, pudiendo tratarse en este caso de jóvenes o de guerreros. Entre las esculturas de mujeres, que veremos cuando hablemos del arte ibérico, aparece una clase superior de grandes damas mitradas, oferentes o no, que representan a grandes señoras en un acto litúrgico. En ocasiones aparece también una llamada por Nicolini sacerdotisa y gran variedad de estatuillas que no pueden ser adscritas a ninguna profesión o estatus. Lo que sí parece claro a partir de los estudios de A. Ruiz es que lo militar está presente en todos los niveles de la estructura global: 1. Estrabón habla de continuas guerras entre los iberos. 2. Los ejércitos de los régulos del sur suelen ser mercenarios. 3. Este predominio de lo militar está sustentado por la ideología, como puede verse a partir del análisis de los ajuares de las tumbas y la presentación de los reyes como grandes caudilllos militares. 4. La metalurgia, a menudo en función de la guerra, adquiere un alto grado de desarrollo. 5. La rapiña se convierte en un sector productivo más dentro de la economía ibera. En la actualidad hay dos aspectos fundamentales en el estudio de la organización socio-política ibérica, el análisis profundo y detallado del denominado Bronce de Lascuta con el decreto de Emilio Paulo, documento de extraordinaria importancia por la información que transmite, y los análisis de la planificación territorial de la Bética, a partir de los datos de la arqueología. En este análisis se destaca la existencia de numerosos recintos conocidos con el nombre de turres en época clásica, cuya función debió ser defensiva y que en la actualidad se ponen en relación con un reflejo de la organización socio-política. Entre estos estudios conviene destacar los realizados por J. Fortea y J. Bernier, J. Mangas, A. Ruiz y M. Molinos y sus colaboradores y, más adelante, L. García Moreno. La importancia del bronce de Lascuta, sobre todo por su antigüedad con respecto al resto de los documentos epigráficos conocidos para Hispania, dio origen desde el principio a numerosos estudios, tanto desde el punto de vista epigráfico, como desde el punto de vista del derecho. Entre estos estudios destacan los realizados por E. Hübner y Th. Mommsen publicados en 1869. A. d'Ors realiza una síntesis desde el punto de vista jurídico y Ch. Saumagne también lo analiza, al estudiar los orígenes del municipio de derecho latino en el marco extraitálico. De época más reciente son los estudios indicados en el párrafo anterior. A través del Bronce de Lascuta podemos aproximarnos al conocimiento de la organización socio-política de los pueblos del Sur de la Península en la etapa inmediatamente anterior a la conquista romana. Este bronce, aparecido a mediados del siglo XIX d. C. fuera de todo contexto arqueológico y próximo a la localidad de Alcalá de los Gazules en el suroeste de Cádiz, encierra un decreto de Lucio Emilio Paulo, que se fecha el 19 de enero del año 189 a. C. En este decreto se concede la libertad a los habitantes de la Torre Lascutana desligándolos de su dependencia de Hasta Regia. Además en el documento en cuestión se hace referencia a la propiedad de las tierras cuya posesión tienen los lascutanos y al núcleo habitado fortificado (oppidum) en el que viven, confirmando la posesión que, de hecho, ya tenían. En cuanto al contenido del texto es necesario, en primer lugar, situar geográficamente ambas comunidades o núcleos que aparecen mencionados en él, Hasta Regia y la Turris Lascutana. Hasta o Asta Regia se localiza en la Baja Andalucía, más concretamente en el área de Cádiz, en el despoblado de Mesas de Asta. Es una comunidad frecuentemente citada en las fuentes geográficas de época imperial romana (Plinio y Ptolomeo entre otros) y en Plinio aparece como una colonia de ciudadanos romanos fundada probablemente por Julio César. La localización de la Turris Lascutana presenta mayores problemas, pues no sabemos con exactitud si se trata de una localidad distinta del oppidum Lascut o Lascuta, que conocemos por las series monetales libio-fenicias y en las fuentes de época imperial como civitas stipendiaria (ciudad que, aunque sus ciudadanos tenían el estatuto de libres, debía pagar un tributo o stipendium a Roma, aportado equitativamente por todos sus habitantes). Para A. Tovar, por ejemplo, la turris sería diferente al oppidum y se trataría de un enclave fortificado que, como avanzadilla, serviría de defensa al oppidum. Se piensa que la Turris podría estar ubicada en Alcalá de los Gazules. Conocemos, por otra parte, a través de los datos de la arqueología y las fuentes literarias, la existencia en esta zona y en esa época de turres, las llamadas Turres Hannibalis, que serían como puntos de vigilancia y defensa de la campiña. Fortea y Bernier han puesto en relación estas turres de las fuentes escritas con recintos fortificados con muros ciclópeos dispersos por todo el territorio de Andalucía, que podían servir tanto de fortines militares para pequeños grupos expedicionarios, como de núcleos urbanos destinados a poblaciones aliadas o tributarias de la ciudad principal. No debe descartarse tampoco la posibilidad, en opinión de J. Mangas, de que pudieran servir de defensa frente a posibles revueltas de poblaciones sometidas en el interior del territorio. La cronología que se atribuye a estos recintos fortificados va desde el 400 al 200 a. C. Su construcción parece que es debida a los cartagineses, aunque no todas puedan atribuirse a Aníbal por su cronología, sino únicamente las del primer cuarto del siglo III a. C. Además, es posible que los romanos construyeran algunas. En contra de lo dicho hasta aquí está la opinión de L. García Moreno, quien considera difícil identificar la Turris Lascutana con estos recintos fortificados, debido al reducido tamaño de los conocidos y que, en el caso de la mencionada turris, exigiría la existencia de una aldea pegada a sus muros. Para este autor el paralelo más idóneo podría ser el castellum que, según Vitrubio (10, 13), arquitecto de tiempos de Augusto, existía a una cierta distancia de Gadir (Cádiz) como defensa de ésta o los castelli meridionales de los que da cuenta Livio (34, 19) para el 197 a. C. Interesa ahora resaltar el contenido del decreto. Según el texto la Turris Lascutana dependía de la ciudad de Hasta y los habitantes de la Turris eran servei (¿esclavos?) de los hastienses. Esta comunidad de siervos tenía en régimen de posesión un núcleo urbano fortificado (oppidum) y unas tierras (agrum), cuya propiedad jurídica real, según puede verse en el texto, pertenecía a la ciudad de Hasta. Es decir, que en términos jurídicos los habitantes de la Turris Lascutana tenían la posesión, el usufructo del núcleo habitado fortificado y de las tierras, mientras que la propiedad era de los ciudadanos de Hasta. Se deduce del texto que estos servei están adscritos de forma comunitaria a la ciudad de Hasta, tienen en possessio (usufructo) un territorio (agrum) que trabajan para crear unos excedentes económicos gran parte de los cuales pasaría a la ciudad de Hasta y residían de forma conjunta en un mismo núcleo urbano. Con la llegada de Roma la situación cambia y por la acción del general Emilio Paulo se va a liberar a los habitantes de la Turris Lascutana de la dependencia de Hasta, quedando sometidos a Roma. Es decir, que el derecho de propiedad pasaba al Senado y al pueblo romano, mientras que el derecho de usufructo seguía perteneciendo a los habitantes de la Turris Lascutana. La sumisión a Roma de los lascutanos les va a permitir disfrutar de la posesión del núcleo habitado fortificado y de las tierras. Este es el contenido del decreto, pero el problema fundamental se centra en el análisis del término servei. M. Vigil fue el primero en analizar el término, deduciendo que estos servei constituían una forma de esclavitud especial en la que una ciudad ejercía la hegemonía sobre otra, de forma que no puede verse en éstos el estatuto del esclavo romano. J. Mangas y L. García Moreno han analizado con planteamientos y resultados distintos este término. Para J. Mangas este término hay que entenderlo como una forma de dependencia no esclava a la que denomina servidumbre comunitaria. Esta forma de dependencia no sería característica únicamente del Sur de la Península Ibérica, sino que se encuentran formas análogas durante la Antigüedad en otras zonas del Mediterráneo, como es el caso de los ilotas de Esparta, los penestas de Tesalia, los mariandinos en Heraclea del Ponto, etc. Se trataría en todos los casos de poblaciones en su mayoría indígenas que fueron sometidas en conjunto. Mangas, además de relacionar esta forma de dependencia con las existentes en otras zonas del Mediterráneo, intenta relacionar la servidumbre mencionada en el Bronce de Lascuta con otros testimonios, tanto de fuentes escritas, como de datos arqueológicos, referentes también al Sur de España, en los que, según él, igualmente, se hace referencia a la existencia de una considerable población servil en la Bética prerromana. Hay un texto de Justino (44, 4), autor del siglo III d. C., pero cuyas noticias provienen de Trogo Pompeyo (época de Augusto), según el cual en el reino de Tartessos "...plebs in septem urbes divisa" = plebe dividida en siete ciudades. Para Mangas este texto hay que interpretarlo en el sentido de que esos siervos, recogidos bajo el término plebs, estarían divididos en siete núcleos, que habría que considerar como ciudades dependientes de la ciudad privilegiada. En la oposición populus - plebs el primer término haría referencia a los privilegiados. La referencia a Tartessos se puede deber a que en época de Augusto la idea que se tenía sobre ella estaba ya muy desdibujada. De esta forma la noticia de Justino estaría reflejando la forma de dependencia que se consideraba característica de la Bética prerromana. Hay otro dato que, en opinión de Mangas, debe tenerse en cuenta el texto de Diodoro Sículo (25, 10) en el que nos transmite la noticia de que en Cartagena se había producido una revuelta de numidas, acudiendo Amílcar a reprimirla, reduciéndolos a esclavitud/servidumbre (edoulothesan) para que pagasen un tributo. Poder pagar un tributo requiere tener alguna forma de posesión sobre la tierra o sobre cualquier otra actividad productiva, lo que no sucedería si se tratara de esclavos. Por otra parte, como ya hemos visto anteriormente, la arqueología confirma los datos de las fuentes literarias sobre la existencia de recintos fortificados en la Bética, que se debían utilizar para la defensa del territorio, tanto de amenazas externas, como de posibles revueltas de las poblaciones sometidas en el interior. En resumen, para J. Mangas en la Bética prerromana la servidumbre comunitaria era la forma de dependencia dominante y probablemente, aunque la documentación no es explícita en este caso, existieran formas de dependencia análogas en el resto del área ibera. El análisis realizado por Mangas ha sido criticado recientemente por García Moreno, quien pone en tela de juicio la validez de utilizar datos procedentes de regiones y épocas demasiado diferentes desde el punto de vista del desarrollo histórico, a la vez que cree que Mangas no realiza un examen pormenorizado de las fuentes en que se encuentran tales datos. Concretamente García Moreno critica la equivalencia que este autor hace de los términos populus y plebs del texto de Justino, pues para García Moreno están haciendo referencia a dos aspectos distintos de la población de Tartessos, populus resaltaría el elemento político de la sociedad haciendo, entonces, referencia al término de "la ciudadanía", mientras que plebs haría referencia a todo el colectivo social, es decir, a "la multitud", no olvidando, además, puesta. Para comprender la razón de esta manumisión hay que contemplar el decreto en el marco de la política internacional llevada a cabo por Roma en el siglo II a. C., momento en que el Estado romano está desarrollando una política de expansión. En este contexto y en el transcurso de las operaciones bélicas en las provincias, el poder de decisión del general sobre el botín y su destino debió ser definitorio, al menos en primera instancia, sin que fuera necesario consultar al Senado. A pesar de que las razones concretas de la manumisión se nos escapan, por no ser lo conservado posiblemente más que un extracto del decreto, lo que implica éste es una relación de amicitia por parte de los beneficiados con Roma. Para algunos historiadores este decreto supone el inicio de una política de reorganización de la ciudades indígenas y esta manumisión aparece como un primer paso en el proceso de integración de formas no romanas de dependencia en el marco de las concepciones jurídica y política de Roma, aspecto de suma importancia dentro del contexto general de la romanización. Para Mangas, a estos se les concedió el usufructo de sus tierras y del núcleo urbano en que habitaban, sin otorgarles un Ius Latii que cuadra mal con la reluctancia mostrada por el Estado romano en el siglo II hacia la concesión de ciudadanía a extraños.

Se podría pensar que las relaciones sociales o socio-económicas y socio-políticas, más que con sus implicaciones ideológicas y religiosas, jugaron un papel esencial en la evolución del Estado y la sociedad en al-Andalus en la época del emirato y del califato. Pero nuestro conocimiento del sistema socio-económico sigue siendo muy deficiente. Mientras que los archivos de la Europa occidental son ricos en documentos que permiten aproximarnos a este tipo de realidades, las fuentes árabes son muy poco explícitas a este respecto, abordan poco los campos concretos y nos dejan entrever con dificultad los hechos que permitirían trazar un cuadro de la organización económica y social en la España musulmana en general y bajo el califato en particular. Las fuentes más útiles a este respecto, las consultas jurídicas o fatwas, han empezado a ser objeto de estudio sistemático hace unos cuantos años y están todavía lejos de habernos dado todo la información que potencialmente nos pueden proporcionar y de haber impulsado los estudios que permitirían interpretarlos. Es posible hacerse una idea del tipo de relaciones socio-económicas que prevalecían en el mundo urbano, sobre el cual las fuentes conocidas desde hace mucho tiempo, como los manuales de hisba -tenemos uno de época califal- arrojan alguna luz interesante. Tanto en Córdoba como en cualquier otro lugar de al-Andalus en el siglo X, los pequeños artesanos libres, muy diversificados como en todos los ambientes tradicionales islámicos, debían predominar y la esclavitud debía tener un papel económico menor o, en todo caso, se insertaba en los circuitos de producción a nivel doméstico, en el marco de pequeñas unidades o talleres individuales o familiares, de una forma que difería fundamentalmente de lo que había existido en la Antigüedad. Los problemas relativos a la sociedad rural son más arduos, discutibles y polémicos. Hace varias décadas se admitía que los campesinos de al-Andalus vivían precariamente, liberados jurídicamente de la condición casi servil o cercana a la esclavitud que buena parte de las poblaciones rurales habían conocido en época visigoda, pero sometidos a la dura dominación económica de los grandes propietarios de tierras, por un lado y de la opresión fiscal del Estado, por otro. Desde entonces, varios trabajos criticaron esta visión de las cosas que, hay que admitirlo, sólo se basaba en unos párrafos muy raros de las fuentes árabes históricas o literarias, tal vez interpretados apresuradamente y se nutría sobre todo de la vaga creencia de que todas las sociedades tenían que pasar, obligatoriamente, por una fase de evolución de tipo feudal. Esta visión se basaba también en unas nociones generales con lagunas e imperfecciones y en la economía y sociedad del mundo musulmán en su conjunto o de países como Egipto, que no son forzosamente representativos del mundo musulmán en su totalidad. Los autores, entre los que me incluyo, que han contribuido a criticar esta visión tradicional de las cosas han podido dar, en alguna ocasión, la impresión de que iban demasiado lejos en el sentido contrario, al vincular, sin suficientes matices, la sociedad rural andalusí a un modelo tributario neo-marxista. Este punto de vista muestra un Estado musulmán pendiente, ante todo, de la legalidad coránica en la percepción de impuestos, y unas comunidades campesinas libres, propietarias de sus tierras y de sus fortificaciones y con capacidad de resistir los abusos del Estado. No se puede discutir la existencia de un sector de propiedades grandes y medianas que pertenecían a las clases dirigentes urbanas, sobre las que trabajaban arrendatarios u obreros agrícolas, sometidos a la fuerza a unas relaciones de producción desiguales. La sociedad rural de al-Andalus, en la misma medida que la sociedad magrebí vecina, no estaba en absoluto exenta de relaciones de explotación socioeconómica y deformaríamos probablemente la realidad al presentar un cuadro demasiado idílico de la condición del campesinado en esta parte del mundo musulmán. Sin embargo, no se puede negar la existencia de fuertes comunidades rurales (Yamaat) de las que existen varias pruebas para las épocas posteriores.

En Australia, cada tribu se define en relación con su propio territorio de caza, y con una determinada mitología y creencia en seres ancestrales, lo que les confiere derechos de explotación -aunque no de propiedad-, inalienables, sobre dichos territorios. Todos los grupos son cazadores-recolectores nómadas que, a veces, se desplazan de 15 a 20 km al día en busca de alimento. Son de los pocos pueblos de la tierra que jamás han intentado la experiencia de la domesticación de animales y plantas, si bien es verdad que las especies indígenas se prestan poco a ello, y que la amplitud del territorio de caza disponible, si no rico, sí ha sido suficiente para mantener a su exigua población, la cual parecía haber encontrado un equilibrio perfecto con la Naturaleza hasta la llegada de los europeos.

El grupo social más importante en las islas polinésicas era el formado por ciertos individuos unidos por lazos de consanguinidad cuyo origen se remontaba a un común antecesor emparentado, a su vez, con los dioses. La sociedad era regida según el principio de este status hereditario de sus jefes, con autoridad de origen divino. Es lo que se conoce con el nombre de grandes jefaturas polinésicas que constituyen sociedades extraordinariamente estratificadas y jerárquicas, y no se dan en otros lugares del mundo oceánico. Los grandes jefes tenían gran poder y prestigio (mana), y se les consideraba sagrados (tapu).

La estructura de la sociedad inca estaba asentada fundamentalmente en el ayllu, si bien existía un nivel organizativo inferior, que era la familia. La familia era endogámica, patrilineal y monogámica, aunque en función de la riqueza adquirida por algunos individuos ésta podía ser poligínica. El pueblo inca, para ser propietario de la tierra, se organizó en clanes patrilineales endogámicos, áyllus, que en este sentido eran unidades de parentesco cuyos miembros se consideraban descendientes de un antepasado común. Este nivel organizativo afectaba a toda la sociedad, de manera que el Inca también tenía su grupo de parentesco, denominado panaca, que estaba formado por los descendientes varones del rey, salvo su heredero, que habría de formar su propia panaca. Así pues, era también un concepto que implicaba territorialidad. El complicado sistema administrativo inca generó un amplio nivel de funcionarios, cuyos miembros pertenecían, en un principio, a la panaca real, pero que a medida que se fue ampliando el imperio se complementó con la nobleza local -los curacas- de los territorios conquistados. De esta manera, cada asentamiento tenía su propio dirigente, que dependía de un curaca encargado del gobierno de un territorio. Varios nobles locales dependían a su vez de otro de rango superior, y éste de los funcionarios del Cuzco. Los incas dejaron intacta la jerarquía local de los pueblos conquistados, aunque los hijos de sus gobernantes fueron enviados al Cuzco donde, además de la fidelidad de su padre, sufrieron profundos cambios aculturativos. Estos nobles reales -orejones- y locales administraron el imperio inca por medio de quipus y principios que se basaban en la tripartición, el dualismo y la división decimal. El sistema se basa en una ideología compleja que dividía los espacios sagrados en torno al Cuzco y, por medio de ellos, de todo el imperio, quedando seccionado en cuatro grandes territorios que tenían su contrapartida en las direcciones del universo: Chinchasuyu al norte, Collasuyu al sur, Antisuyu al este y Contisuyu al oeste. Estos cuatro cuartos se organizan a su vez en el Cuzco en dos mitades: Hurin Cuzco (Contisuyu y Collasuyu, el Bajo Cuzco) y Hanan Cuzco (Chinchasuyu y Antisuyu, el Alto Cuzco). Por último, cada barrio se divide en tres secciones, y cada sección en tres ceques, cada uno con su propio nombre. La población en su conjunto estuvo organizada por un sistema decimal en grupos de 10, 500, 1.000, etc. familias, a cuyo cargo estaban personas de cada vez mayor prestigio hasta llegar al curaca. Entre el segmento dirigente y el plebeyo encargado de mantener el sistema productivo, hubo multitud de oficios que, en función del prestigio, estratificaron la sociedad inca; si bien siempre pertenecían a este segundo segmento. De ellos salían también los colonos mitmaquna, grupos de colonos que eran desplazados a otros territorios, bien para incanizarlos, bien para mantener el sistema productivo mediante la prestación en grupos del trabajo en mita. En lo alto de la pirámide social incaica se emplazó el emperador, que se hizo descender de Inti, el dios del sol y tuvo un carácter divino. Sin menoscabo de casarse con la nobleza de otras regiones conquistadas, el Inka se casó con una hermana, Colla, y tuvieron una herencia compartida; un rasgo que pueden haber heredado de las instituciones y organización Chimú.

La casi totalidad de los datos utilizados para el análisis de la organización socio-política indígena prerromana no son de esta época, sino que han sido extraídos de las fuentes romanas, sobre todo de las epigráficas. Hoy todos los estudiosos están de acuerdo en que lo que ha llegado hasta nosotros reflejado en estas fuentes no es la realidad indígena prerromana, sino la realidad indígena-romana (galaico-romana, astur-romana, vasco-romana, etc.); de ahí la dificultad de analizar por separado estos dos mundos, pues, como dice G. Pereira, conocemos el primero, el indígena, gracias a las formas de expresión del segundo. Por otra parte, a pesar de que aparecen en testimonios de época romana, hoy nadie duda que las gentes, gentilitates y demás formas organizativas indígenas del área indoeuropea peninsular sean de época anterior a la conquista romana; el problema es interpretar el significado de la referencia a estos elementos en época romana. Dentro del conjunto de pueblos que habitaban la amplia zona peninsular de dominio de las lenguas indoeuropeas hay un grupo de ellos, los denominados galaicos por los romanos, que presentan una organización sociopolítica diferente a la de los restantes pueblos del área indoeuropea, tanto en época prerromana, como en los primeros tiempos de la época romana, como intuyó recientemente M.L. Albertos y han demostrado últimamente J. Santos y, sobre todo, G. Pereira. Apenas tenemos información en las fuentes literarias sobre la sociedad que habitaba en el territorio que los romanos denominaron Gallaecia, únicamente algunas menciones en el Periplo de Avieno y en otros autores grecolatinos, pero todas ellas de carácter muy fragmentario e inseguro. La arqueología ofrece una información interesante transmitiéndonos un panorama bastante unitario que hace pensar en una cierta uniformidad de todos los pueblos, al mismo tiempo que los identifica y los separa de los demás. A este panorama arqueológico se le conoce como cultura castreña; se trata de un hábitat concentrado en núcleos más o menos grandes, que son los castros, habitados por grupos de población que no eran completamente independientes entre sí, sino que habría una especie de comunidades más amplias, que incluían dentro de ellas a los habitantes de un grupo de castros. Estas comunidades aparecen en las fuentes literarias y en la epigrafia con los nombres de populi y civitates: Albiones, Cabarcos, Cilenos, Interamicos, Límicos, Seurros, Célticos Supertamaricos, etc. Por ello éstas que podríamos llamar subcomunidades aparecen en las fuentes con el nombre de castellum: expresamente sabemos que la subcomunidad que vive en el castro de Talabriga pertenece al populus o a la civitas de los Límicos. En toda la documentación epigráfica de Gallaecia no encontramos ni una sola mención a los términos del resto del área indoeuropea, sino un número importante de inscripciones en las que aparecen nombres personales acompañados del signo epigráfico "C invertida", seguido de un término que M.L. Albertos considera un topónimo en ablativo. Este signo aparece normalmente como expresión del lugar de origen de la persona, tanto referido a individuos con onomástica indígena como latina. Pero las referencias de este signo no son en todos los casos a personas, es decir a su origen personal, sino que en ocasiones hacen dedicaciones a divinidades, lo que marca una clara diferencia con las unidades organizativas del resto del área indoeuropea, que, en ningún caso, aparecen como dedicantes en inscripciones votivas. Cuál sea el contenido del signo epigráfico mencionado, si una comunidad de tipo parental o una comunidad con carácter territorial, que habita un poblado, es el contenido fundamental del debate historiográfico en los últimos años. Como ya hemos expuesto anteriormente, se pensaba que el signo epigráfico "C invertida", que se hacía equivalente a centuria (Schulten, Tovar, M.L. Albertos en su primera época, Le Roux y Tranoy entre otros), reflejaba las mismas formas organizativas que para el resto del área indoeuropea las organizaciones suprafamiliares de que habla M.L. Albertos. Y es precisamente en la interpretación del significado de este signo donde se encuentra la diferencia entre organización socio-política del área de Gallaecia y del resto del área indoeuropea, aunque con ello no queramos decir que en el resto del área las formas organizativas y su grado de evolución sean uniformes. Schulten identifica este signo con centuria como forma organizativa característica de los pueblos indoeuropeos occidentales, la organización gentilicia decimal de que habla Rodríguez Adrados. Esta fue la interpretación admitida por todos hasta que en el año 1975 M.L. Albertos, a partir de una revisión exhaustiva de las inscripciones del área indoeuropea, llega a la conclusión de que el término que acompaña al signo "C invertida" es un topónimo en ablativo y propone la identificación con castellum con referencia a los núcleos habitados indígenas (castros). Hipótesis que ha sido reforzada con argumentos no sólo epigráficos, sino en su mayoría históricos, por J. Santos y, sobre todo, G. Pereira. En la actualidad se siguen manteniendo dos posturas: 1. Una defendida por Pereira y Santos, que parte, como he dicho, de la intuición de M.L. Albertos, según la cual este signo y el término que lo acompaña, que es un topónimo que hace referencia al nombre de una localidad o poblado, seguramente un castro, no se refieren a una unidad de tipo parental, sino a la comunidad que habita en cada uno de esos castros. 2. Otra que mantienen (o mejor, mantenían, pues recientemente han dado como válida la primera interpretación, aunque no está todavía publicado) entre otros Le Roux y Tranoy, en un primer momento como centuria, aunque posteriormente hayan cambiado su opinión, a pesar de seguir con su no aceptación de la identificación de este signo "C invertida" con castellum, pues piensan que no hay argumentos sólidos que lo permitan. Pero hay un argumento histórico de primera magnitud, ya resaltado por Pereira y Santos en 1979 y completado después por varios trabajos del propio Pereira y finalmente por la Tesis Doctoral de M.C. González. La mención del signo epigráfico de referencia se mantiene en la epigrafia romana de Gallaecia únicamente hasta finales del siglo I d C. o principios del siglo II, mientras que los términos que en el resto del área indoeuropea expresan unidades de tipo parental se mantienen hasta el siglo III d. C. y, en un caso excepcional, el siglo IV; lo que debe hacernos pensar en que el contenido de unas y otras formas organizativas era distinto, si tenemos en cuenta que la potencia colonizadora era la misma, Roma, y que los instrumentos romanizadores de ésta (implantación de la civitas, concesión del derecho de ciudadanía, explotación económica, reclutamiento de tropas, etc.) son iguales en ambas áreas. Por los datos de la epigrafia y los estudios de Pereira sabemos que a partir de fines del siglo I d. C. la expresión de la pertenencia del individuo a la comunidad, lo es únicamente a la civitas romana, expresada de dos formas: por medio de términos acabados en -ensis, formados en algunos casos sobre nombres de castella (Talabricensis, Valabricensis, Avobrigensis, etc.) y con los términos que aparecían ya anteriormente en las inscripciones precediendo al signo (Limicus, Interamicus, etc.), encontrándose a veces ambas fórmulas en una misma inscripción, como es el caso del denominado "Padrâo dos Povos" (CIL 112477) del Puente de Chaves, del año 79 d. C., inscripción dedicada a Vespasiano y su hijo Tito por diez comunidades que se denominan civitates. El cambio de forma de expresar la comunidad de la que es originario el individuo (el origo) es de tal importancia que podemos decir que, si ha cambiado la forma de expresar el origo, ha cambiado también la forma de organizarse las comunidades. Los datos que en este punto proporciona la arqueología son también de gran importancia. Las excavaciones llevadas a cabo por C.A. Ferreira de Almeida en el castro de Monte Mozinho (norte de Portugal) han puesto en evidencia que en época fiavia hay una reorganización dentro del poblado, con construcción de casas de planta cuadrada, fruto del influjo romano, así como la posible construcción de un templo al dios supremo romano Júpiter Optimo Máximo. La combinación de unas y otras fuentes nos llevan a pensar que en la segunda mitad del siglo I d. C. las comunidades indígenas de Gallaecia empiezan a transformarse en un nuevo modo de organización sociopolítica, abandonando el sistema indígena y adoptando las estructuras político-administrativas romanas. Resumiendo, a partir de los trabajos de G. Pereira, se puede afirmar que podemos distinguir dos momentos en la forma de organizarse la sociedad galaico-romana: 1. Dentro de un populus o civitas (posiblemente ya en época prerromana) existen una serie de asentamientos, sin duda no muy grandes, que deben responder a los abundantes castros conocidos por la arqueología. En cada uno de estos asentamientos vive una comunidad, autónoma frente a otras comunidades hermanas (por eso dentro del territorio del populus se, expresa la pertenencia del individuo a uno de esos núcleos), pero que junto con ellas compone el populus (por ejemplo el pueblo de los Límicos). Desde el exterior y en las relaciones de derecho público todos son límicos, grovios, etc. Para el exterior estas pequeñas comunidades no tienen entidad suficiente para definir la ciudadanía de las personas, aunque dentro del populus sean la unidad básica. 2. Se produce un cambio sustancial en la organización de las comunidades indígenas, cuando desaparece de la epigrafia la mención a los castros y, en su lugar, aparecen dos tipos de civitates, que son las que dan el origen de las personas, con términos de formación distinta, pero todas denominadas civitates. Esto quiere decir que en la reestructuración producida (en época flavia según todos los indicios) las nuevas comunidades se han organizado tanto a partir de alguno de los núcleos de población existentes en el interior de un populus o civitas, como a partir de la propia civitas indígena.

El tercer milenio y el final del cuarto se consideran las épocas en que las sociedades europeas evolucionan de niveles igualitarios de organización a estructuras más complejas que serán el preludio de la aparición, durante el segundo milenio, de los primeros estados europeos. Esta evolución es también perceptible en otros lugares del Viejo Mundo, aunque en épocas anteriores, en Mesopotamia y Egipto y, por las mismas épocas que en Europa, en el valle del Indo y en China. El estudio de los procesos sociales es uno de los terrenos donde la posición teórica que adopten los investigadores resulta más importante para comprender las distintas tipologías establecidas o qué factores resultan determinantes a la hora de comprender los procesos de evolución social. Al mismo tiempo esas tipologías, tomadas de la aplicación de posturas teóricas al estudio de sociedades primitivas actuales por parte de las distintas escuelas antropológicas, han hecho posible que se puedan establecer paralelismos con etapas prehistóricas de las que sólo nos queda el registro de la cultura material y sus relaciones. La escuela materialista histórica, basada en los trabajos de los antropólogos E. Terray, M. Sahlins, M. Godelier, etc., sobre sociedades precapitalistas, ha aportado un marco interpretativo para las cuestiones sociales que ha influenciado a historiadores materialistas históricos, e incluso a otras corrientes, como el materialismo cultural de M. Harris. Esta posición ha sido adoptada por parte de algunos de los arqueólogos que estudiaron la época que aquí abordamos, A. Gilman, S. Shennan, K. Kristiansen, C. Tilley, etc. En estas posturas se priman las relaciones hombre-hombre, que son las que a través de la contradicción y el conflicto, inherentes a toda sociedad humana, permiten abordar el estudio de los cambios ocurridos en las formaciones sociales. El paso de sociedades igualitarias a sociedades de clases, que caracteriza a la organización política de la sociedad encarnada por la aparición del Estado, se produce a través de un proceso en que van apareciendo desigualdades en el acceso a los recursos y el nacimiento de una serie de controles sociales que permiten la aparición de productores y no productores o, lo que es lo mismo, la explotación de unos seres humanos por otros. Ese proceso surge a partir de sociedades donde las relaciones de producción, y, por tanto, económicas, se basan en los lazos de parentesco que sirven para articular la sociedad y enmascarar las desigualdades. La toma de la capacidad de decisión económica y política por parte, primero de linajes o segmentos, aún unidos por lazos de parentesco, y más tarde, de individuos y élites próximas, rompen esas relaciones en favor del papel del individuo y cambian las relaciones sociales de producción. La otra postura mayoritaria en los estudios de las organizaciones sociales se basa en la antropología evolucionista americana, en su versión más moderna del neoevolucionismo, encarnada por E. Service y M. Fried. Esta postura intenta reducir la evolución social a una serie de tipos con un claro contenido evolucionista, muy en línea con las posturas del siglo XIX, consecuencia de la generalización de las teorías sobre la evolución de la vida en la tierra, enunciadas por Darwin. Esos tipos tienen un contenido no sólo social, sino también económico; así, dentro de las categorías que se han establecido para marcar los estadios evolutivos de la complejidad social, el nivel más simple correspondería a la banda de Service, propia de sociedades con base económica en las actividades de caza y recolección y que para Fried tienen como característica fundamental la igualdad en las relaciones sociales, destacándose los aspectos de integración social en el primer caso y las diferencias en el otro. Para un estadio evolutivo siguiente, que coincide con la instauración de la agricultura y la ganadería como formas económicas dominantes, se estableció la categoría de la tribu, donde la integración social es mayor y se asiste al comienzo de la diferenciación entre sus miembros estableciéndose, en palabras de Fried, una jerarquización que no llega a cristalizar en unas instituciones centralizadas que regulen la reciprocidad, forma fundamental de las relaciones sociales. La jefatura como forma previa a la instauración del Estado ha sido una de las categorías más discutidas de estas tipologías y la que mayor aceptación ha encontrado entre un buen número de investigadores, incluso entre los que se alinean en teorías muy diferentes a las de Service o Fried, como el materialismo. La jefatura se caracteriza por una diversificación social mayor, con grados de institucionalización crecientes que incluye la heredabilidad de la condición social, que ha sido caracterizada por Fried como estratificación. La forma normalizada de relación social es la redistribución. El éxito alcanzado por esta categorización social se puede comprobar por los diferentes usos que de ella se han hecho, aplicada a la Prehistoria Reciente europea o a zonas muy diferentes y tiempos diversos a lo largo del mundo. Renfrew acuñó el uso de unas jefaturas orientadas al grupo para sociedades europeas, con manifestaciones más destacadas en los grandes monumentos megalíticos de carácter colectivo, frente a formas de jefaturas individualizadas, manifestadas por enterramientos individuales, donde se puede detectar la situación personal en la escala social, expresada en los ajuares por la presencia de objetos considerados de prestigio. En época más reciente, se ha establecido una nueva división de las jefaturas entre simples y complejas, que pretenden establecer una seriación más matizada en el camino hacia la sociedad estatal. La diferencia se establece en el grado de institucionalización del poder político y en el acceso diferencial a los marcos económicos, estableciéndose distribuciones asimétricas. El último estadio de esta evolución y la última categoría de esta clasificación es el Estado, en el que las relaciones sociales ya no descansan sobre los lazos de sangre o los sistemas de parentesco, y en el que el poder institucionalizado se manifiesta en un corpus de derechos y obligaciones establecidos en forma de leyes sancionadas o impuestas por la autoridad de unos pocos sobre los demás, garantizado por el uso exclusivo de la fuerza.

La dificultad de realizar la lectura de las características propias de los diferentes estadios en este apretado esquema de evolución de las sociedades prehistóricas, reside en la naturaleza del registro arqueológico y en la imposibilidad de contar con otras fuentes, como las literarias, haciéndose necesario especificar en qué variables del registro residen las posibilidades de leer las condiciones específicas de las relaciones sociales. Es la dimensión espacial el ámbito del registro arqueológico que mejor puede reflejar el sistema de organización de las formaciones sociales, de modo que es en el territorio, espacio organizado por el hombre, donde quedan registrados aspectos económicos y políticos. El establecimiento del patrón de asentamiento en su vertiente de territorialidad, la jerarquización, las diferencias de actividades de producción y residenciales, la reestructuración urbana y los registros funerarios, serán los indicadores que permitan establecer las correlaciones entre la dimensión espacial y la organización social. Al tratar el tema de la organización espacial entre asentamientos, vimos cómo la situación es diferente en amplias zonas de Europa. En la zona central y oriental (Alemania, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia) podía observarse una jerarquización de asentamientos, con algunos mayores, fruto de una concentración poblacional, que además se dotan de murallas defensivas o fosos de sección en V e incluso, en algún caso, se han identificado la existencia de espacios relacionados con la producción artesanal especializada, como el barrio alfarero de Zvanec, en Ucrania, o algún edificio destinado a actividades artesanales específicas, como el mégaron del poblado amurallado de Vucedol, con evidencias de actividades metalúrgicas, además de estar situado en la parte más destacada de la acrópolis del poblado, o los de Lerna en el Peloponeso, con su Casa de las Tejas o Cnosos, en la isla de Creta, por su mayor tamaño en relación con los asentamientos contemporáneos, o el caso de Troya II, en Anatolia, todos pertenecientes al tercer milenio. En Europa occidental, incluidas las islas Británicas, y septentrional, no ha podido establecerse un tipo de organización espacial similar al de Europa suroriental, con una serie muy limitada de poblados fortificados, a base de empalizadas y fosos, tales como Sarup y Toftum en Dinamarca, que constituyen excepciones en un panorama de pequeños poblados, aunque a veces muy numerosos, con un limitado número de cabañas en el interior de un espacio definido por unas empalizadas o terraplenes y fosos, modelo que se extiende por toda Francia, Bélgica, Suiza y las islas Británicas.