II REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL

Entre el 12 y el 14 de abril de 1931 tuvo lugar una de las cesuras más caracterizadas de la historia contemporánea de España: la caída de la Monarquía borbónica, que encarnaba Alfonso XIII, y la simultánea proclamación de la Segunda República. Nacida en medio de una inmensa alegría popular, la República fue depositaria de los anhelos de regeneración y de las esperanzas democratizadoras de buena parte de los españoles de la época.

El nacimiento de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, supuso la sustitución o la reforma profunda de muchas de las instituciones vigentes con la Monarquía, conforme a la idea expresada por Azaña de "cambiar el sistema político y la política del sistema". En la marcha hacia un ordenamiento constitucional acorde con los principios democráticos que inspiraban al nuevo régimen era preciso cubrir una etapa de transición. Ello implicaba levantar en muy poco tiempo un considerable entramado legal y político, cuya pieza maestra sería la Constitución.

En la primavera de 1931, el Ejecutivo promulgó numerosos decretos, que luego ratificaría como leyes el Parlamento. El conjunto de estas normas anticipa las grandes líneas del reformismo republicano y las preocupaciones sociales que alentaban los representantes de la izquierda burguesa y socialista.

Uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar la República fue el de la organización del Estado, planteado sin remilgos por los catalanistas desde el mismo 14 de abril. El 21 de abril, un Decreto del Gobierno republicano daba existencia legal al equipo de Maciá como Consejo provisional de la Generalidad, integrado en el marco de las instituciones del Estado. Se iniciaba con ello un proceso que debería concluir con la aprobación del Estatuto de autonomía regional por las Cortes españolas y el paulatino traspaso de competencias estatales a la Administración autonómica.

El hundimiento de la Monarquía situó a la Iglesia ante la incertidumbre de un triunfo de sus adversarios. El 1 de mayo, el cardenal primado, Pedro Segura, un fanático religioso y acérrimo monárquico, publicó una pastoral en la que alababa la figura de Alfonso XIII y agradecía los beneficios inmensos que la colaboración de la Iglesia con la Monarquía había procurado a la primera. La exaltación de los ánimos de muchos anticlericales condujo a una "quema de conventos" en muchas regiones.

La convocatoria de un Parlamento era una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno provisional. Entre sus cometidos figuraba la redacción de una Constitución que diese forma definitiva al Estado republicano, y la elaboración de una legislación que amparase la introducción de reformas democratizadoras. Las elecciones a Cortes se regularon mediante un Decreto de 8 de mayo de 1931, que modificó la Ley electoral de 1907, y otro que convocó la primera vuelta de los comicios para el 8 de junio.

La formación de las Cortes Constituyentes culminaba, en cierta forma, el proceso de disrupción de la política española iniciado en 1923. Las Cortes iniciaron sus sesiones el 1 de julio, eligiendo para presidirlas al socialista Julián Besteiro. El día 27 quedó oficialmente constituida la Cámara y ante ella declinó sus poderes el Gobierno provisional, que, tras obtener un voto de con fianza, pasó a ser el primer Gabinete ordinario de la República. Durante las primeras semanas, las Cortes refrendaron los numerosos decretos promulgados por el Gobierno provisional, y que ahora se convirtieron en leyes. Pero la principal misión de los diputados era dotar al país de una Constitución, y a ello se aplicaron durante la segunda mitad de 1931.

La Constitución de 1931 abría camino a una democratización profunda de las estructuras estatales y era avanzada en muchos aspectos en comparación con otras Constituciones, como la alemana, la mexicana o la austriaca, que la inspiraron parcialmente. Su extensión, con un total de 125 artículos y su minuciosidad revelan el afán de sus redactores por hacer de ella un auténtico código para la reforma social y política de España.

Los dirigentes republicanos asumieron el Poder en medio de un gran vacío institucional. En los primeros meses de su existencia, el nuevo régimen tuvo que establecer un sistema de representación y de gestión públicas que, sin romper todos los vínculos con el orden anterior, organizase la vida ciudadana bajo pautas más acordes con la democracia republicana. La piedra angular de este ordenamiento fue la Constitución de 1931. Con todas sus imperfecciones, era la más democrática de cuantas habían estado en vigor en España.

El Poder Legislativo, que residía directamente en los ciudadanos, estaba representado por las Cortes, a las que dedicaba la Constitución su Título V. Casi todos los parlamentos españoles habían sido hasta entonces bicamerales, con una Cámara Alta o Senado y otra Baja, o Congreso de los Diputados. Con la Segunda República, el régimen parlamentario fue unicameral, por no contemplar la Constitución más que la existencia del Congreso

Del Poder Ejecutivo trataban los títulos V y VI de la Constitución. El primero hacía referencia a la Jefatura del Estado, que encarnaba con carácter electivo el presidente de la República. Como personificación de la Nación y en su calidad de poder moderador, el presidente poseía funciones específicas y una independencia política y económica que garantizaban el cumplimiento de su cometido constitucional.

La composición y funciones del Gobierno o Consejo de Ministros quedaban reguladas en el Título VI de la Constitución, que le asignaba la alta dirección y gestión de los servicios públicos. Pero no era un mero organismo administrativo. Como en las restantes democracias parlamentarias, el Gobierno reflejaba en la España republicana las tendencias del electorado y el equilibrio cambiante de los grupos políticos que integraban el Congreso.

La Carta de 1931 no recogía la existencia de un Poder Judicial unitario suficientemente articulado, sino de diversos órganos jurisdiccionales a los que, eso sí, se quiso dotar de una gran independencia frente a otras instituciones. Se establecía la unidad jurisdiccional y de fuero, suprimiendo la jurisdicción castrense, excepto en tiempo de guerra, y los tribunales de honor civiles y militares; se garantizaba la independencia e inamovilidad de los jueces, así como la exigencia de responsabilidades civiles o criminales derivadas del ejercicio de su cargo y se instituía el Jurado como representación popular en la Administración de Justicia.

La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales (art. 123 de la Constitución), con jurisdicción en todo el territorio nacional, fue una novedad introducida por la Segunda República. Sus competencias se extendían al recurso de inconstitucionalidad de las leyes, el recurso de amparo de las garantías individuales, en última instancia; los conflictos de competencias entre la Administración central y las autonomías; el control del proceso de elección del presidente de la República; la apreciación de responsabilidad criminal del jefe del Estado y de los miembros del Gobierno, así como la de los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República.

Entre el invierno de 1931 y el verano de 1933, bajo la coalición de partidos que presidía Manuel Azaña, la República conoció su etapa más dinámica y fructífera.

La aprobación de los polémicos artículos 26 y 27 de la Constitución abrió el camino a una serie de leyes y decretos con los que la izquierda gobernante buscaba imponer las pautas para la secularización legal del Estado. Aunque la oposición católica tachó estas medidas de legislación sectaria, lo cierto es que eran básicas en el programa reformista y venían dictadas por el carácter laico del régimen.

Si Manuel Azaña dejó de ser un político prácticamente desconocido por la opinión pública para convertirse en jefe del Gobierno y líder indiscutido de la izquierda republicana, fue en gran parte por su labor al frente del Ministerio de la Guerra. Las medidas que aplicó para racionalizar y democratizar las obsoletas Fuerzas Armadas constituyen uno de los aspectos más destacados de la obra del bienio reformista, y prácticamente el único que apenas fue rectificado por los posteriores gobiernos radical-cedistas.

Los dos aspectos del programa reformista que ofrecían mayor interés para los socialistas eran la reforma agraria y la transformación de las relaciones sociolaborales a través de los instrumentos de previsión y mediación en manos del Estado. Ambas líneas se integraban en un proyecto socialdemócrata que buscaba, a través de una actuación no específicamente socialista, por lo menos a corto plazo, y en alianza con la burguesía progresista, otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de "relaciones de clase".

España fue uno de los últimos países europeos en que se impuso la reforma agraria en el período de entreguerras, y la suya fue de las más moderadas y de menor alcance. Su propósito era corregir las desigualdades sociales y el atraso del campo español, convirtiendo en propietarios a cientos de miles de campesinos sin tierra y aumentando de paso la capacidad de consumo de las masas rurales. La reforma fue básicamente obra de la pequeña burguesía liberal, heredera de la elite intelectual krausista y del regeneracionismo agrario de Joaquín Costa, y que ahora constituía la izquierda republicana.

Contemplado en perspectiva histórica el proyecto republicano de los años 1931-33 fue un fracaso, por cuanto el cambio político provocado por las elecciones de noviembre de 1933 y, sobre todo, la ruptura bélica del verano de 1936, invalidaron por largo tiempo los desarrollos democratizadores impulsados durante el bienio. Los obstáculos puestos al proceso reformista fueron de muy variada naturaleza.

Derecha y antirrepublicanismo no eran conceptos totalmente equiparables en la España republicana, y menos aún derecha y monarquismo. Pero es indudable que esta última opción aglutinaba a una parte considerable del conservadurismo social y que incluso la derecha "accidentalista", unificada desde comienzos de 1933 en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), hubiera aceptado de buen grado una restauración monárquica. La eclosión del fascismo español se produjo en 1933, y obedeció en buena medida al interés con que los monárquicos contemplaron el triunfo del nazismo en Alemania, que parecía señalar el camino para terminar con la democracia republicana.

La oposición de los anarcosindicalistas a la República burguesa quedó patente desde el primer momento, y se manifestó a través de formas muy variadas, algunas claramente insurreccionales. Así sucedieron desgraciados incidentes, como la sublevación de Tablada, a cargo de Ramón Franco, o las rebeliones en Cataluña y Casas Viejas.

Enfrentada desde sus primeros días a adversarios dispuestos a terminar con ella por cualquier medio, la República tuvo que dotarse de instrumentos legales de defensa. Contra el parecer de muchos republicanos, que deseaban su desaparición, el Gobierno mantuvo a la militarizada Benemérita como núcleo fundamental de las fuerzas de policía. No obstante, la sublevación de Sanjurjo, en la que tomaron parte miembros del Instituto armado, despertó sospechas sobre su lealtad al régimen, por lo que se suprimió la Dirección General de la Guardia Civil.

El cartel gubernamental de izquierdas del primer bienio descansaba sobre un doble soporte: la izquierda republicana y el socialismo. Pero mientras este último formaba una única y disciplinada organización partidista, el republicanismo progresista se encontraba dividido en varios partidos jóvenes y poco consolidados, algunos de los cuales ni siquiera asumieron las consecuencias de una integración plena en la coalición. Y lo mismo sucedía con la derecha y el centro republicanos. Cuando, el 3 de septiembre, los partidos de la mayoría fueron derrotados por la oposición en las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales, quedó patente la pérdida de apoyos populares y la división en el seno del bloque gubernamental.

La caída del tercer Gabinete Azaña planteó una difícil situación política. El jefe del Estado pretendía que Lerroux reagrupase a los partidos republicanos y que mantuviera la vida de las Constituyentes, pero haciendo pasar a los socialistas a la oposición. Lo primero lo consiguió a medias, tras negociar con la izquierda republicana el concurso gubernamental de algunos de sus notables. El Gobierno formado el 12 de septiembre integraba a miembros de seis partidos, aunque distaba mucho de estar respaldado por una coalición parlamentaria estable.

El interés de los comicios no sólo residía en la renovación de la Cámara legislativa, sino que constituían un test fundamental para medir el grado de aceptación social del reformismo del primer bienio y para comprobar si el electorado conservador se inclinaría hacia los partidos de la derecha republicana y "accidentalista" o daría un apoyo mayoritario a los monárquicos. El resultado de las dos vueltas electorales -en 16 circunscripciones no fue suficiente la primera- configuró unas Cortes muy distintas de las Constituyentes.

Las elecciones de noviembre de 1933 suponen una cesura muy apreciable en la historia de la Segunda República. A partir de entonces, y hasta febrero de 1936, se extiende la tercera etapa del régimen, caracterizada por un tono más conservador de la vida oficial y por la revisión de gran parte de la labor reformista del bienio anterior.

Durante el bienio se sucedieron diez gabinetes, con una media de duración de 72 días. La revolución de octubre, los desacuerdos entre partidos, la crisis del modelo autonómico y los escándalos radicales fueron problemas que afectaron a los distintos gobiernos.

Las realizaciones del segundo bienio han sido juzgadas de muy distinta forma. Para las opiniones más progresistas, fue una etapa puramente reaccionaria, de regresión del proyecto democrático. Las visiones más derechistas han tendido a interpretarlo como un período de actividad poco satisfactoria en el que se desperdició la oportunidad de desmontar la obra reformista de la etapa anterior y de frenar la progresión revolucionaria de la izquierda. Pero un juicio suficientemente ponderado obliga a matizar, desde cualquier perspectiva, estas posturas. Es innegable que la etapa radical-cedista supuso un reflujo del impulso reformista, forzado por el nuevo equilibrio de fuerzas políticas.

La coalición gobernante en el segundo bienio estaba integrada, en gran medida, por fuerzas contrarias al desarrollo del Estado integral o autonómico. En consecuencia, el impulso estatutario fue neutralizado en todas partes por los partidos mayoritarios. Pero el intento de frenar los procesos ya en marcha, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, provocó graves tensiones, que cuestionaron el propio desarrollo del sistema constitucional democrático y contribuyeron a la radicalización de los nacionalismos periféricos.

El incremento de la conflictividad social durante el verano de 1934 se tradujo unos meses más tarde en la Revolución de Octubre. Ésta estuvo fundamentalmente protagonizada por los mineros de las cuencas de Asturias y del norte de León. La Revolución de Octubre abrió una etapa disruptiva en la convivencia nacional y aceleró los procesos que desembocarían en la guerra civil de 1936-39.

Las secuelas inmediatas del alzamiento de Octubre fueron graves para la izquierda, pero llevaron al ánimo de muchos de sus dirigentes la convicción de que era preciso recuperar la unidad para derrotar políticamente a la coalición de centro-derecha gobernante. La iniciativa partió de los grupos republicanos, y el papel fundamental lo desempeñó Azaña, convertido en un mártir político por la torpe e injustificada persecución gubernamental. El Pacto del Frente Popular lo suscribieron, el 15 de enero de 1936, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista, de Pestaña, y el filotrotskista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

Mientras la izquierda se unía, la coalición gobernante entraba en crisis. El escándalo principal fue el llamado caso del estraperlo, que afectó de lleno al gobierno de Lerroux.

Las sucesivas crisis de los gobiernos republicanos tuvieron un innegable origen político, aunque es necesario ver también los factores sociales y económicos que coadyuvaron.

La coyuntura económica, aunque menos desfavorable que la de otros países europeos, desempeñó un papel potenciador de las dificultades del régimen al agudizar las viejas tensiones estructurales y recortar los márgenes de actuación de la burguesía reformista. Cabe estimar, con Tuñón de Lara, que los nexos causales en la escalada de conflictos socio-políticos que conducen a la guerra civil, como la Revolución de Octubre de 1934 o la violenta primavera de 1936, no obedecen a "fenómenos económicos coyunturales, sino a fenómenos socioeconómicos estructurales y a fenómenos políticos coyunturales".

La España de los años treinta era un país mayoritariamente rural y poco poblado en comparación con otros estados de la Europa occidental. No obstante, era perceptible una tendencia a la modernización de las estructuras demográficas, que el crecimiento económico del último período de la Monarquía había contribuido a consolidar.

El sector agropecuario era básico en la economía española. Un estudio de 1935 estimaba que el valor del capital agrario superaba en más de un tercio al invertido en la industria y en la minería juntas. Cerca de tres cuartas partes de las exportaciones eran productos agrarios y sólo el valor de la producción triguera era casi diez veces superior al de la siderúrgica. No parece exagerado afirmar que en los años treinta uno de cada dos españoles vivía directamente de las actividades relacionadas con la agricultura o la ganadería.

La industria española, en líneas generales, no conoció una auténtica depresión en estos años, sino un estancamiento que afectó de diferente manera a sus distintos sectores. Dado el relativo poco peso de los productos manufacturados en la balanza exportadora y la importancia de un mercado interior notablemente autárquico y cuya capacidad adquisitiva, sobre todo de bienes de consumo, apenas disminuyó durante el período, la situación fue menos desfavorable que la de otros países occidentales.

La estructura del comercio exterior durante la Segunda República era la de un país productor de alimentos y materias primas y deficitario en manufacturas. A diferencia de otros sectores económicos, el comercio exterior resultó bastante perjudicado por la crisis mundial, hasta el punto de contraerse, según cifras oficiales, en casi tres cuartas partes de su volumen.

Los gobiernos republicanos dispusieron de un margen de actuación escaso en materia económica y aplicaron una política que casi todos los autores califican de conservadora. La izquierda heredó las dificultades hacendísticas de los últimos tiempos de la Dictadura y, enfrentada a una fuerte recesión, no tuvo tiempo ni medios para llevar a la práctica las transformaciones que demandaba su programa de reformas. El centro y la derecha, que gobernaron con una situación económica más favorable, intentaron compatibilizar una actuación ortodoxamente liberal con una elevada cota de protección sobre los sectores empresariales más afectados por la crisis.

Las elecciones de febrero de 1936 dieron el triunfo al Frente Popular, formación que aglutinaba un conglomerado de partidos de izquierda. Los resultados, que han sido objeto de muy variados análisis, mostraban una polarización del electorado entre la izquierda y la derecha, mientras el voto propiamente centrista se reducía a la mínima expresión.

Apenas constituido el Gobierno Azaña, sus ministros hubieron de adoptar varias medidas de considerable alcance, cuya aplicación inmediata venía impuesta por el cumplimiento del programa electoral y por la presión popular. La más urgente era la amnistía, clamorosamente exigida en las masivas manifestaciones de los días siguientes al triunfo electoral. Otro punto del programa que no podía esperar era la puesta en pleno vigor del Estatuto de Cataluña.

Constituidas las Cortes el 3 de abril, la izquierda se apresuró a destituir a Alcalá Zamora. El 10 de mayo, en el Palacio de Cristal, de Madrid, diputados y compromisarios votaron al nuevo presidente, con el siguiente resultado: 754 votos para Azaña, 88 en blanco -los de la CEDA- y 32 para otros políticos: Largo Caballero, Primo de Rivera, Lerroux y González Peña.

La violencia es, sin duda, el rasgo más destacado de la vida nacional entre febrero y julio de 1936 y el que contribuyó de un modo más patente al progreso de la opción golpista de la derecha. Tras el triunfo del Frente Popular se produjo un drástico incremento de las actividades de las milicias políticas de todo signo -alfonsinas, carlistas, falangistas, socialistas, anarquistas, comunistas, de los independentistas catalanes, etc.- constituidas por jóvenes muy radicalizados, uniformados y encuadrados en unidades de carácter paramilitar. Los atentados e incidentes de orden público de todo tipo, en muchas ocasiones en represalia por acciones similares de los adversarios políticos, contribuyeron a sembrar el miedo y el odio entre sectores cada vez más amplios de la población.

En el desencadenamiento del golpe de Estado de julio de 1936 concurrieron dos procesos insurreccionales de naturaleza muy distinta. El primero, una conspiración cívico-militar de inspiración monárquica, que había guiado la trama golpista de agosto de 1932 y se prolongó, en estado más o menos latente, hasta el verano de 1936. El segundo, estrictamente castrense, no poseía un carácter tan marcadamente ideológico y respondía al propósito de restaurar un orden social que se estimaba deteriorado por el expeditivo procedimiento del golpe de Estado, en colaboración con elementos civiles subordinados al mando militar.

Entre 1936 y 1939 España vivió una devastadora guerra civil de desastrosas consecuencias. A pesar del tiempo transcurrido, se trata de un tema que aun suscita muhas controversias entre los historiadores, dado el marcado carácter ideológico que revistió la contienda.

La conspiración contra el Frente Popular no fue primordialmente protagonizada por grupos políticos sino por militares. Aunque no se tratara de una conspiración exclusivamente militar ni de todo el Ejército, sí tuvo mucho más ese carácter que la de agosto de 1932. Fundamentalmente estuvo protagonizada por la generación militar africanista de 1915 y tuvo como rasgo característico la voluntad de utilización de la violencia desde el primer momento, que era producto de las tensiones que vivía el país y que tuvo como resultado que lo sucedido no fuera un pronunciamiento clásico sino una guerra civil.

La sublevación se inició paradójicamente, pues en principio no se había previsto que intervinieran las tropas allí destacadas, en Marruecos. A partir del 18 de julio la sublevación se extendió a la península produciendo una confrontación cuyo resultado varió dependiendo de circunstancias diversas. El grado de preparación de la conjura y la decisión de los mandos implicados en ella, la unidad o división de los militares y de las fuerzas del orden, la capacidad de reacción de las autoridades gubernamentales, el ambiente político de la región o de su ciudad más importante y la actitud tomada en las zonas más próximas son los factores que más decisivamente influyeron en la posición adoptada.

A la altura del 19 de julio no era sólo el fracaso de los intentos de llegar a una transacción sino también el del pronunciamiento imaginado y previsto por Mola lo que hacía inevitable la guerra civil. Esos tres días no habían sido en absoluto resolutivos, tal como habían pensado los dos bandos. El Ejército no había actuado unánimemente y había encontrado resistencias muy fuertes de carácter popular, lo que prueba que la actitud gubernamental fue mucho menos pasiva de lo que se suele afirmar.

Tras producirse el pronunciamiento las masas de izquierdas se lanzaron a una escalada de protestas y movilizaciones, cuyo fin último era lograr una revolución de corte social y político. En octubre de 1936 fueron colectivizadas todas las fábricas de más de 100 trabajadores.

Una consecuencia inmediata de que la guerra civil fuera irreversible es que ambos contendientes (o, mejor, personas pertenecientes a ambos) demonizaron al adversario y juzgaron que lo más urgente era exterminarle físicamente. Hubo momentos iniciales en que se dejó escapar al adversario o se pactó una cierta neutralidad que luego parecería imposible. Sin embargo, esta situación duró poco y comenzado el derramamiento de sangre éste no hizo sino establecer un abismo entre los beligerantes que ya nadie pudo llenar; por eso la represión fue el testimonio de que se había iniciado la guerra civil pero también contribuyó definitivamente a hacerla irreversible.

En la zona controlada por las autoridades republicanas, al menos nominalmente, se produjo una durísima persecución del clero católico. Por otro lado, habiéndose producido una división manifiesta en el catolicismo peninsular respecto de la guerra el decantamiento fue mayoritariamente favorable a los sublevados.

La revolución y la descomposición del Estado contribuyen, en efecto, a explicar la peculiar fisonomía de la guerra en su primera etapa. La lucha adoptó la forma de enfrentamientos sucesivos entre agrupaciones de fuerzas de ambos bandos sin un frente muy preciso.

Hasta ahora las mayores dificultades las había tenido el Ejército de Franco al enfrentarse con un enemigo a la defensiva en una posición estable: en Badajoz el asalto legionario a pecho descubierto liquidó la resistencia, pero nada parecido pudo hacerse en Madrid mediante el ataque frontal. La estrategia adoptada a continuación por Franco intentar una maniobra de flanqueo; con ella además pensaba que podría atraer al enemigo hacia esos espacios abiertos en los que repetidamente la superioridad de sus tropas había quedado demostrada.

La guerra civil en su origen fue un conflicto interno, de modo que no puede atribuirse a país alguno la suficiente influencia como para provocarla. Sin embargo, como también se ha advertido, una vez estallada la guerra convirtió a España, por el mero hecho de su existencia, en el "centro de las pasiones y decepciones del mundo". Sin la ayuda exterior no se entiende el paso del Estrecho, la defensa de Madrid o la batalla de Guadalajara, y en los acontecimientos militares que siguieron hasta el final mismo del conflicto el papel de la ayuda exterior o su ausencia fue de primerísima importancia.

A pesar de su inicial resistencia, finalmente Franco decidió trasladar el eje de la guerra a la zona Norte a fines de marzo de 1937. Fue ésta una decisión acertada que implicaba un rodeo hasta el logro de sus objetivos, pero que en el punto crítico de la guerra permitió una victoria que habría de tener un efecto decisivo sobre el final del conflicto. Sin duda la guerra se resolvió en la campaña del Norte y ésta es una de las pocas afirmaciones en que parecen estar de acuerdo quienes durante ella militaron en bandos contrapuestos

Para las dos zonas en que quedó dividida España el estallido de la guerra supuso una conmoción, aunque de diverso grado y carácter. Algunos fenómenos se dieron en ambas mientras que, como es lógico, la respectivas políticas económicas fueron no sólo distintas sino radicalmente opuestas. Dada la tradicional vinculación con el exterior de la economía española ambas zonas necesitaron de la ayuda exterior y también de las importaciones.

A partir del momento en que se produjo la liquidación de la zona Norte había quedado perfilada de manera casi definitiva la formación de dos ejércitos cuyos rasgos fundamentales perduraron hasta el final de la guerra civil. Una de las más graves tragedias del Frente Popular durante el conflicto fue que cuando pudo considerarse que ya contaba con un verdadero Ejército -que de todos modos siempre fue inferior en calidad al adversario- éste ya disponía de una notoria ventaja a su favor.

Como en el caso del Frente Popular, el primero y más evidente resultado del alzamiento militar fue también la fragmentación de la autoridad política entre los sublevados, pero en este caso fue sólo la consecuencia del fracaso del pronunciamiento y, por consiguiente, de la discontinua geografía controlada por aquéllos. De todos modos, los sublevados desde muy pronto sintieron la necesidad de una dirección unificada, por lo que se constituyó una Junta de Defensa en Burgos. Fueron también algunos generales, como Orgaz y Kindelán, los principales autores del nombramiento de Franco para la suprema dirección de los sublevados.

El panorama que ofrece el Frente Popular durante la guerra civil resulta considerablemente distinto al del bando franquista. Las dos cuestiones más decisivas de la guerra fueron la formación de un Ejército regular y la realización o no de la revolución social, política y económica, y respecto de ellas existieron, sobre todo inicialmente, posturas diferentes que llegaron a ser irreconciliables; luego, el imperio de las circunstancias fue modificando la situación imponiendo la adaptación a las necesidades del momento, pero nunca desapareció el enfrentamiento inicial de tendencias que incluso llegó a reproducirse en el momento en que tenía lugar cada derrota militar.

El ataque a Teruel estuvo bien elegido por el Frente Popular: la capital aragonesa venía a ser como "una pistola que apuntaba al corazón de Levante", pero estaba escasamente fortificada, con unas comunicaciones difíciles que eran batidas por el adversario y una guarnición muy de segunda fila en calidad y material. Lograda la victoria, sin embargo la ciudad permaneció poco tiempo en manos republicanas, pues la contraofensiva franquista permitió recuperarla y avanzar hacia el Mediterráneo.

A finales de 1938 la batalla del Ebro provocó enormes pérdidas entre los ejérictos de Franco y los del Frente Popular. Perdida por estos la mayor batalla de la guerra civil, Cataluña quedaba a merced de los sublevados y prácticamente el signo de la contienda estaba decidido.

Sin la ayuda internacional, en última instancia, la guerra no se habría producido porque Franco no hubiera podido franquear el Estrecho de Gibraltar, los sublevados hubieran perdido Mallorca, no habrían detenido el flujo de armas por el Mediterráneo, ni hubieran tenido la superioridad de fuego durante la campaña del Norte o tomado Málaga. Por su parte, el Frente Popular tampoco habría sido capaz, probablemente, de ofrecer resistencia a la toma de Madrid, emprender la ofensiva de Brunete o atacar atravesando el Ebro.

El estallido de la guerra abrió una profunda división en la sociedad española destinada a perdurar durante mucho tiempo. El factor divisorio fue, en parte, la pertenencia a una clase social, pero probablemente los factores estrictamente culturales, de concepción del hombre y de la vida, resultaron mucho más decisivamente influyentes que ese tipo de caracterizaciones basadas en la pertenencia a un sector social.

Para muchos de los españoles afectos al Frente Popular la caída de Cataluña significaba simplemente el final de la guerra civil y el ya inmediato reconocimiento de Franco por parte de Francia y Gran Bretaña parecía ratificar esta impresión. El 1 de abril Franco anunció la victoria de sus tropas. Así concluyó la guerra civil española.

Sin duda, el Ejército Popular desaprovechó ventajas iniciales, pues con tan sólo haber utilizado oportunamente dos escuadrillas de aviación hubiera hecho imposible el cruce del Estrecho y, aunque aprendió a combatir a la defensiva tras un largo aprendizaje, sus ofensivas fueron siempre de escasa eficacia al menos respecto de la explotación del éxito, principalmente por la modesta calidad de las tropas. El Ejército de Franco tuvo siempre mucha mayor capacidad de maniobra y de ofensiva, pero las virtudes de quien lo dirigía fueron más la tenacidad y la capacidad logística que la audacia o la brillantez de ejecución.