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La liberalización política que siguió al primer gobierno de Sagasta en la Restauración, también afectó positivamente al desarrollo de las organizaciones obreras, tanto de carácter anarquista como marxista. La posibilidad de actuar en la legalidad llevó a los anarquistas a la celebración de un congreso en Barcelona, en septiembre de 1881, en el que adoptaron el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española. El desarrollo de la Federación en el plazo de un año fue extraordinario: los afiliados llegaron a ser 57.934, agrupados en 218 federaciones locales; su implantación fue especialmente importante en Andalucía, donde se llegaron a sobrepasar las cifras del sexenio democrático, alcanzando un 66 por ciento de los efectivos totales de la organización; por el contrario, en Cataluña, la otra gran área de implantación anarquista, el crecimiento fue menor, por lo que perdió importancia en el conjunto del movimiento, aunque la dirección de éste fuera principalmente catalana. El desarrollo organizativo del movimiento anarquista fue realmente efímero. En 1883 tuvieron lugar una serie de asesinatos y delitos comunes de los que las autoridades culparon a la Mano Negra -una asociación clandestina, de orientación anarquista, pero sin vinculación efectiva con la Federación-. La brutal represión se extendió no sólo a los componentes de la Mano Negra sino a toda la organización anarquista de Andalucía. La percepción que este hecho provocó de debilidad ante las fuerzas represivas del Estado, dio fuerza a quienes, desde dentro del movimiento, criticaban la existencia de una organización anarquista pública, legal y con una dimensión sindical. Las razones de esta crítica eran fundamentalmente cuatro: la limitación que para la autonomía individual -el núcleo duro de la ideología anarquista suponía la existencia de toda estructura colectiva; el peligro de que la organización se convirtiera en un fin en si mismo, distrayendo a sus componentes de lo que debía ser su objetivo básico, la revolución; la integración social que suponía entrar en el ámbito de la legalidad; y, finalmente, el peligro de aburguesamiento, de debilitación del ímpetu revolucionario, ante las pequeñas ventajas que mediante la actividad sindical pudieran conseguirse. Estrechamente relacionada con la tendencia insurreccionalista estaba una nueva orientación doctrinal, el comunismo libertario, que condenaba la apropiación individual del fruto del trabajo de cada uno -como propugnaba la doctrina colectivista, propia del anarquismo hasta entonces-. La fobia antiorganizativa, como la ha denominado José Álvarez Junco, no era, por otra parte, privativa del anarquismo español. La misma Internacional antiautoritaria se había disuelto en Verviers, en septiembre de 1877. Entre 1883 y 1888, los partidarios del mantenimiento de la estructura legal se enfrentaron en España a los de la espontaneidad, con el triunfo final de los que pensaban que las palabras organización y revolución rabian de verse juntas. En 1888 se disolvió de forma definitiva la Federación de Trabajadores de la Región Española. El movimiento anarquista inició un período de intelectualización: siguió socialmente presente a través, principalmente, de publicaciones e iniciativas educativas. Por otra parte, el camino para el predominio de las acciones individuales de carácter terrorista, para la propaganda por el hecho que habría de proliferar en la década siguiente, quedaba facilitado. El recurso a la violencia, la propaganda por el hecho (en expresión del italiano Enrico Malatesta) fue una táctica generalizada en el anarquismo europeo, y también el español, de la época de entre siglos. Esta coincidencia no se debe a ninguna conspiración internacional, sino a la existencia de una serie de causas comunes, relativas tanto a la estructura social como a la orientación precisa del anarquismo en aquellos años, dominado por el individualismo. Parece innecesario señalar que el anarquismo no puede ser identificado exclusiva, ni principalmente, con el terrorismo, ya que este movimiento se caracteriza por una gran riqueza de ideas y de tácticas. "La doctrina anarquista en su conjunto", ha escrito José Álvarez Junco, "podría describirse como esencialmente pacifista, debido a su optimismo antropológico y cósmico, su fe en la armonía natural, su crítica de la violencia de la sociedad burguesa y su ideal de una sociedad solidario y no coactiva". Sin embargo, también es cierto que la apelación a la violencia estuvo presente en el discurso de algunos destacados anarquistas, y que su puesta en práctica, incluso con entusiasmo, fue un hecho en determinados momentos, como el que estamos considerando. Tras el colapso de la organización de la FTRE, en 1888, y el triunfo de las tesis de los espontaneistas e insurreccionalistas, los anarquistas españoles trataron de justificar el recurso a la violencia, en la última década del siglo, por dos razones teóricas: la violencia estructural de la sociedad tal como estaba constituida -el Estado también se asentaba en la violencia, y recurrir a ella no era más que utilizar las mismas armas de los opresores-, y la enorme injusticia de la situación social, que hacía desesperada la vida de gran número de trabajadores. Pero, probablemente, mayor valor explicativo de los actos terroristas tiene una tercera razón, más pragmática, que sus autores también invocaron explícitamente: su carácter de represalia, de venganza contra la represión brutal -en la que se incluía la tortura- e indiscriminada, contra todos los anarquistas, estuvieran o no implicados en los actos terroristas, llevada cabo por la policía. En este sentido, el acontecimiento clave -aunque no fuera, ni mucho menos, el primer acto violento-, que está en el origen de una primera oleada terrorista ocurrida entre 1893 y 1897, fue el intento de toma de Jerez de la Frontera, el 8 de enero de 1892. La noche de aquel día, unos quinientos o seiscientos campesinos trataron de hacerse con la ciudad para liberar a unos compañeros presos en la cárcel (episodio recreado por Blasco Ibáñez en su novela La Bodega, de 1905). El intento, que se saldó con la muerte de dos vecinos y uno de los asaltantes, fracasó ante la resistencia que durante cuatro horas ofrecieron las fuerzas acuarteladas en la ciudad. Como en el caso de la Mano Negra, la represión se extendió a todo el movimiento obrero andaluz, y se habló de confesiones conseguidas mediante torturas. Un Consejo de guerra impuso cuatro penas de muerte, que se ejecutaron pocos días después, y dieciséis de cadena perpetua. La respuesta anarquista -que tuvo como escenario preferente, aunque no único, Barcelona- tardó algo en llegar, pero fue contundente. Aparte de otros actos de menor importancia, el general Martínez Campos, a la sazón capitán general de Cataluña, sufrió un atentado, que sólo le hirió levemente, cuando presidía un desfile militar, el 24 de septiembre de 1893; una persona resultó muerta y otros militares sufrieron heridas de diferente importancia; el autor del atentado era el joven Paulino Pallás, fusilado dos semanas más tarde, mientras vitoreaba a la anarquía y anunciaba que la venganza sería terrible. En efecto, al mes siguiente, el 7 de noviembre, durante la inauguración de la temporada del Teatro del Liceo, al comenzar la representación del segundo acto de la ópera Guillermo Tell, de Rossini, Santiago Salvador lanzó desde el quinto piso dos bombas, de las que sólo una explotó, matando a veintidós personas e hiriendo a otras treinta y cinco, que estaban sentadas en el patio de butacas. Las escenas de horror que se sucedieron, y la sensación de alarma que se propagó entre la población barcelonesa, son fácilmente imaginables. La extensa represión que siguió a este atentado fue invocada, a su vez, como justificación para un tercero: el perpetrado en junio de 1896, durante el paso de la procesión del Corpus por la calle Canvis Nous de Barcelona; seis personas murieron en el acto, y otras cuarenta y dos resultaron heridas, como consecuencia de la bomba lanzada contra la parte trasera de la procesión. La actuación policial que se desarrolló a continuación contra todo elemento relacionado, aunque fuera lejanamente, con el anarquismo fue particularmente brutal. El proceso de Montjuich, como fue conocido el que se celebró contra los acusados de ser autores del atentado, tuvo una gran repercusión internacional, dañando gravemente la imagen de España. Más grave todavía fue una última consecuencia: el asesinato de Cánovas, en agosto de 1897, por el anarquista italiano Angiolillo, que dijo vengar así a sus compañeros torturados en Montjuich.

La Restauración heredó, junto con la guerra carlista, otra guerra en Cuba, iniciada en octubre de 1868, la que sería conocida como guerra de los Diez Años. Cuando Cánovas se hizo cargo del poder, las fuerzas independentistas cubanas se encontraban profundamente debilitadas. A pesar de que España, sumida en graves problemas, sólo había prestado una atención secundaria al conflicto antillano, siete años no habían bastado para extender la guerra más allá del Oriente de la isla -la zona más pobre y atrasada, donde había comenzado-; las divisiones internas entre civiles y militares impedían el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, los fondos proporcionados por los exiliados cubanos estaban agotados, y la estricta neutralidad de los Estados Unidos les privaba de la esperanza en la única ayuda que podría desequilibrar la balanza a su favor. Por eso aceptaron la generosa oferta de paz, con promesas de amnistía y reformas políticas, que en 1878 les hizo un nuevo Capitán General, Arsenio Martínez Campos, quien, por otra parte, contaba con más soldados, disponibles tras la terminación de la guerra carlista en la Península. La paz se firmó en la aldea de Zanjón. La guerra de los Diez Años -y la guerra chiquita que se libró a continuación, hasta 1880- tuvieron dos consecuencias fundamentales: dieron un gran impulso al nacionalismo cubano, y favorecieron la penetración económica de los capitalistas de Estados Unidos en la isla. Respecto a lo primero, según Luis E. Aguilar, "la vaga sensación de identidad colectiva, surgida a comienzos del siglo XIX", se convirtió en un sentimiento ardiente y profundo. Aunque el racismo persistió -las advertencias españolas de que una lucha anticolonial sería el detonante de una guerra racial semejante a la de Haití- tendría poco peso a partir de entonces, dado que los negros se habían unido a los blancos en su combate contra España. "El recuerdo de los héroes cubanos y de sus victorias -y el de la brutalidad española (...)- despertaba emociones patrióticas que hacían extremadamente difícil una completa reconciliación". La inversión de capitales norteamericanos estuvo unida a la reconstrucción del Oriente cubano devastado por la guerra, pero también se extendió al resto de la isla. Fue una ocasión aprovechada por las tendencias expansionistas de la industria azucarera para llevar a cabo una profunda modernización del sector: mecanizarlo, sustituyendo al trabajador esclavo negro por el asalariado blanco, y aumentar la escala de producción. Además de proporcionar el capital, Estados Unidos se convirtió en el mercado por excelencia de los productos cubanos y, especialmente, del azúcar. A comienzos de la última década del siglo, el valor de las exportaciones cubanas a España era de 7 millones de pesos, por 61 millones a los Estados Unidos. En estas circunstancias, el gobierno norteamericano estuvo en condiciones de imponer las condiciones que quiso. En 1892 entró en vigor un nuevo Arancel que establecía la entrada libre en los Estados Unidos del azúcar cubano a cambio de abundantes concesiones a las manufacturas norteamericanas en el mercado antillano. Eminentes economistas de la época consideraron este momento como el de la anexión económica de Cuba a los Estados Unidos. No obstante, los textiles catalanes, en particular, siguieron teniendo en las Antillas un destino privilegiado. La paz de Zanjón estableció la asimilación de Cuba con la metrópoli, como si fuera una provincia más. Cuba, igual que Puerto Rico, eligió diputados al Congreso de Madrid. Se formaron dos partidos políticos: la Unión Constitucional o partido conservador, y el Partido Liberal, que pronto tomó el nombre de Autonomista. En el primero se integraron fundamentalmente los peninsulares, aunque también contó con algunos destacados criollos, partidarios del completo control sobre la colonia y enemigos de toda concesión o reforma. El partido Autonomista estaba compuesto sobre todo por criollos que querían obtener por medios pacíficos y legales unas instituciones políticas particulares para la isla, en las que ellos pudieran participar. En 1878 se liberó a los esclavos que hubieran luchado en alguno de los dos bandos; la abolición definitiva de la esclavitud llegó en 1886. El proceso de adaptación no fue nada fácil para una gran mayoría de las personas negras liberadas. Acostumbrados al tópico de la suicida pasividad política del gobierno español en Cuba, entre la paz de Zanjón y el grito de Baire -con el que daría comienzo la guerra de 1895-, resulta sorprendente leer en el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, la existencia de dos estrategias españolas con las que contrarrestar el independentismo cubano: al afán por lo que llamaron ganar a los negros, y una política oficial de hispanización de la sociedad cubana. Las autoridades fueron plenamente conscientes de la importancia del problema negro en Cuba, y llevaron a cabo una extraordinaria labor de promoción cultural hacia los negros y contra la discriminación racial; fueron suprimidos todos los impedimentos para la asistencia a cualquier centro de enseñanza -primaria, secundaria o universitaria-, o cualquier tipo de segregación en transportes o locales públicos. "Lo increíble es que estas disposiciones se comenzaron a poner en vigor cuando aún no se había abolido la esclavitud (...) Ninguna otra metrópoli en el mundo ha mantenido una actitud político-racial semejante". El principal medio por el que se intentó españolizar la isla fue la política inmigratoria, que aprovecharon, sobre todo, gallegos -nombre que se da en la isla a todos los españoles- y asturianos. Entre 1868 y 1894 llegaron a Cuba 708.734 inmigrantes (417.624 civiles y 291.110 soldados y oficiales) para una población que, en 1868, era de 1.500.000 personas. Lo que el gobierno español no hizo, desde luego, fue introducir reformas políticas ni conceder la autonomía a Cuba; el último intento, fracasado, fue el de Antonio Maura en el ministerio liberal de 1893; las reformas del ministro Abárzuza fueron demasiado tímidas y llegaron demasiado tarde. Para muchos historiadores esta cerrazón -que ciertamente llevaría a los cubanos a la guerra como única forma de obtener su independencia-, o bien es incomprensible, o sólo puede explicarse por la influencia de unos pocos potentados peninsulares, atrincherados en sus privilegios. La política española en Cuba, sin embargo, tenía lógica -Cánovas no estaba ciego, precisamente en este asunto, y era clarividente en todos los demás-, y estaba determinada por otros móviles, además de satisfacer los intereses de unos cuantos. Como señala Javier Rubio, "la gran mayoría de los dirigentes políticos de la época contemplaban la autonomía (...) como una expeditiva fórmula mediante la cual los separatistas encubiertos conseguirían una rápida independencia". El exministro liberal de Ultramar, Víctor Balaguer, lo expresaba claramente: "por muchos caminos se puede ir a la separación, pero por el camino de la autonomía las enseñanzas de la historia me dicen que se va por ferrocarril". Es decir, pensaban -y con razón- que los intereses cubanos y los españoles eran contrapuestos, por lo que una Cámara autonómica adoptaría medidas que un gobierno español no podría tolerar, y el conflicto terminaría en el enfrentamiento y la independencia. Moreno Fraginals ha expuesto con toda claridad la raíz del problema cubano para España: "La crisis del sistema de gobierno español en Cuba tenía su razón de ser en la inadecuación de la relación metrópoli/colonia". España carecía de los medios técnicos y económicos para encauzar tanto la realidad como las posibilidades productivas cubanas. Cuba, en una serie de aspectos, desbordaba a la metrópoli. Esto la sabían muy bien los gobernantes españoles y especialmente Práxedes Sagasta y Antonio Cánovas del Castillo. Es absurdo afirmar que España se empeñaba en mantener una política anacrónica e irracional respecto a Cuba: Sagasta y Cánovas eran demasiado inteligentes para implantar, sin razones, un sistema incoherente. Su política respecto a Cuba fue la única posible para una metrópoli situada a 9.000 kilómetros de distancia, que sólo consumía, comercializaba y transportaba el 3, 7 por 100 de la producción colonial, mientras más del 90 por 100 lo hacía Estados Unidos, a sólo 120 kilómetros de sus costas. La política española era de supervivencia dentro de un sistema en el cual no actuaba como metrópoli económica que dirige la vida de un país, sino como extraña mezcla de parásito que extrae riquezas y centro que aporta su cultura. Si se quería mantener la soberanía española, la política respecto a Cuba fue la única posible. La pregunta correcta, por tanto, -de acuerdo con el análisis acertado que los políticos hacían de la cuestión- no es por qué éstos no dieron la autonomía a Cuba, sino por qué no le dieron la independencia, como francamente recomendaba el general Polavieja en 1879. Y la respuesta debe tener en cuenta los diversos factores -de distinta naturaleza, económicos, políticos, culturales- que aparecen implicados en toda empresa colonial y no sólo en la cubana. Con relación a los factores económicos, es evidente que existía un importante grupo de presión -propietarios y beneficiarios de concesiones del Estado- favorable al mantenimiento de la situación; representantes de intereses cubanos habían ayudado financieramente a la empresa de la Restauración, y ocupaban puestos clave en el sistema: Romero Robledo y el marqués de Comillas, por ejemplo. Pero había también otros intereses, no tan individuales, que no podían sacrificarse fácilmente; según la relación de Earl R. Beck, de acuerdo con Javier Rubio, "los fabricantes de harinas, que temían la pérdida del mercado cubano, los productores peninsulares de azúcar, amenazados por las importaciones de las Antillas, los armadores que se beneficiaban de las tarifas diferenciales en los fletes bajo pabellón español, los industriales catalanes, que se amparaban en la protección del mercado cubano". Es decir, una buena parte del aparato productivo español, para quienes en palabras de un agricultor castellano, en 1897, Cuba ya no suponía ríos de oro como antaño, pero sí un lugar donde aún se vende mucho. El problema se complicaba por su dimensión nacionalista. Todas las colonias, pero Cuba especialmente, eran parte del territorio de la nación, que los políticos debían conservar en su integridad. Headrick ha señalado que Cuba fue para Cánovas lo que Portugal para el conde-duque de Olivares. En 1865, Cánovas alabó a los diputados sitiados en Cádiz, en 1811, que rechazaron un tratado para "proveerse de subsistencias con tal de que cedieran los presidios de África", dispuestos a perecer antes que abandonar la parte más mínima del territorio de su patria. En aquella misma ocasión, reconocía que "e(ra) preciso corregir un poco a esta nación, un tanto llena de sus blasones, (...) de su hidalguía de conquistadora, de su gusto por la guerra, de su placer por las aventuras. Pero eso sólo podía conseguirse lentamente, porque las tendencias históricas de la nación española (...) son superiores a todos los gobiernos (...) a todos los individuos. No se cambia la naturaleza de un país en un día; no se le dice a una nación antigua y de viejos blasones (...) (que) es preciso abandonar en un instante todos los estímulos, toda la poesía que llevan consigo el honor y la gloria". La cuestión efectivamente se planteaba en términos de honor y gloria, tanto por la inmensa mayoría de los políticos como por las masas urbanas, progresivamente receptivas al discurso nacionalista. Es preciso no olvidar, por último, que las últimas décadas del siglo XIX fueron la época del imperialismo, una época en las que las potencias europeas tomaban colonias, no las dejaban. Cánovas -y en éste como en otros temas es preciso citarle porque, además del poder de decisión que tenía, intentó en todo momento dar y darse la razón de sus actos- contempló entusiasmado el colonialismo europeo, que juzgó como una nueva cruzada, una misión divina, que las naciones cultas y progresivas tenían que cumplir para "extender su propia cultura y plantear por donde quiera el progreso, educando, elevando, perfeccionando al (...) hombre". El lugar de España en esta empresa estaba "entre las naciones expansivas (...) ese corto número de naciones superiores aunque", decía, "limitadas (deben ser) nuestras aspiraciones, cuando lo están nuestras fuerzas". Ya que no era posible ganar mucho, se trataba al menos de no perder lo que se tenía.

El concepto de crisis bajomedieval o del feudalismo encubre una realidad compleja, llena de contrastes, que la investigación, generalmente puntual o local, hace aflorar. La síntesis, que por definición es provisional, resulta por tanto muy difícil. Las carestías -ya lo hemos dicho- son propias de todas las economías preindustriales, aunque la frecuencia con que se producen en los siglos XIV y XV, y con ellas las sacudidas alcistas de los precios, permite sospechar que termina entonces el ciclo del largo crecimiento agrario medieval. Las mortandades ocasionadas por el hambre y la epidemia, mayores que los pasados siglos, no pudieron dejar de afectar al conjunto del sistema productivo, como parece indicarlo también la marcha de los salarios. Las últimas investigaciones (Ch. Guilleré, C. Argilés) contradicen las imágenes dramáticas y catastrofistas de antaño, pero nadie puede negar las quiebras bancarias, el endeudamiento institucional, las tormentas monetarias, la existencia de despoblados, etc. Algunos autores se resisten a hablar de crisis, pero si tomamos como referencia una de las últimas investigaciones, puntuales y precisas, como la de Ch. Guilleré, sobre Gerona en el siglo XIV y con él aceptamos que la Peste Negra eliminó entre un 15 y un 20 por ciento de personas, y que después, entre 1360 y 1388, siguió la baja de la población con otra reducción, esta vez de un 30 por ciento, ¿qué debemos pensar que le sucedió a la renta señorial? ¿Acaso no debió experimentar un grave quebranto? Aunque a veces se pretenda separar la coyuntura económica de la dinámica política, no es razonable tampoco imaginar que los graves conflictos sociales y políticos del período (guerra remensa, bandosidades nobiliarias, enfrentamientos urbanos, pogroms, guerra civil) fueron ajenos a las realidades materiales subyacentes. La investigación local, regional o sectorial de los últimos años corrobora el declive demográfico de la segunda mitad del siglo XIV, pero encuentra excepciones notables, como la ciudad de Valencia, y casos particulares de recuperación aparentemente precoz (Gerona). La propia ciudad de Barcelona, magistralmente estudiada por C. Carrére, muestra su fuerza económica y vitalidad a pesar de las sacudidas de la crisis, que no dejan de afectarla. De hecho, el gran comercio catalán, singularmente barcelonés, no sólo sobrevivió a los primeros embates de las dificultades sino que aparentemente se superó a sí mismo y, con él, la recuperación alcanzó a la banca y a la producción para la exportación. La investigación de M. Del Treppo muestra que la fuerza del comercio mediterráneo barcelonés se mantuvo e incluso quizá alcanzó la plenitud entre 1350 y 1450. Parece indicarlo el número y la importancia de las compañías dedicadas al gran comercio, la perfección técnica de los métodos mercantiles y financieros, la continuada actividad de las atarazanas, el volumen de los negocios bancarios y el esplendor cultural y artístico. Hay sectores, por tanto, que parecen islas de prosperidad en un mar salpicado de dificultades, y la imagen es válida también en el panorama regional: la crisis parece especialmente severa en Mallorca, al menos desde el punto de vista demográfico; en Cataluña la marcha de la economía es desigual: mientras el sector del gran comercio supera dificultades y prospera, los restantes sectores conocen un declive seguramente más pausado de lo que creíamos, con fases incluso de recuperación, de modo que quizá la verdadera crisis global no llegó hasta la segunda mitad del siglo XV; el reino de Valencia, que conoció una regresión más bien suave durante el siglo XIV y los primeros decenios del XV, con fases de recuperación, entró en cambio en una etapa de crecimiento al menos desde mediados del siglo XV, pilotada por su capital, evolución a la que no debe ser ajena su condición de territorio en proceso de colonización; por último, Aragón, que también conoció dificultades y crisis, empezó a recuperarse a finales del siglo XV, aunque no lo hizo con tanto empuje como el reino de Valencia. ¿Dificultades o crisis, por tanto? El uso de ambos conceptos sirve para indicar que la llamada crisis bajomedieval es un fenómeno acumulativo de dificultades temporales y sectoriales, espaciadas por fases de recuperación, cuya suma y engarce puede llevar a una crisis global particularmente grave, como debió suceder en Cataluña durante la guerra civil de 1462-1472, un conflicto que nació de la crisis y llevó la crisis a su paroxismo.

Lo cierto es que se trata de un fenómeno complejo, pero en el que varios factores parecen evidentes. El primero, de enorme importancia, es el que predomina fuera del territorio de la Grecia tradicional: en las nuevas ciudades -Alejandría, Antioquía, Seleucia-, el problema esencial es la propia escasez de pobladores griegos, si tenemos en cuenta el número de nativos y sus fuertes tradiciones. En Siria, en Egipto sobre todo, pronto se revela inviable la postura fusionadora de Alejandro, con sus matrimonios mixtos y su unificación de razas y culturas bajo el patrocinio regio. Aún Ptolomeo I intentará, durante unos años, una política de este tipo -no otra cosa supone el apoyo a ese dios híbrido que fue Serapis-, pero pronto se revelará tan imposible helenizar a los egipcios, orgullosos de su cultura faraónica, como egiptizar a los griegos, envanecidos por su situación victoriosa y rectora. Y estos griegos, precisamente, se empeñarán en ser, lejos de sus lugares de origen, lo más griegos que puedan, importando del Egeo sus alimentos tradicionales -vino, higos, etc.-, releyendo a sus clásicos, repitiendo machaconamente sus ritos religiosos o funerarios, y hasta fomentando los juegos atléticos a los que estaban acostumbrados. En el campo de la cultura y del arte, esta actitud sólo podía llevar al conservadurismo más radical. Unidos griegos de distintos orígenes en las nuevas capitales, hubo de imponerse una lengua común que superase los dialectos; y para ello, nada más sencillo que utilizar el lenguaje literario de más uso, el ático de mediados del siglo IV a. C., tan empleado en la oratoria como en las transacciones comerciales. Era una lengua que ya empezaba a resultar académica y formalista en la propia Atenas de h. 300 a. C., pero que se difundió como signo de cultura en todas las escuelas griegas del Mediterráneo oriental: de ahí que se la denomine "lengua común o koiné". En cuanto al arte, ocurrió un fenómeno semejante: lo ya prestigioso en los lugares de origen de los emigrantes pasó a ser considerado lo bueno por definición, a expensas de posibles innovaciones: el hombre de Alejandría o de Antioquía deseaba tener dioses idénticos a los que dejara en su aldea nativa. En la Grecia propia, y por razones muy distintas, se imponía la misma solución: las arruinadas regiones del Peloponeso, al igual que la derrotada y decaída Atenas, son conscientes de la crisis que viven y, nostálgicas de un pasado mejor, sienten tendencia a aferrarse cuanto pueden a sus tradiciones: no es momento de intentar novedades, sino de mirarse complacientemente el ombligo, de comprobar cómo ha sido la cultura propia de generaciones anteriores la que ha dado como fruto un presente universal que quizá se escapa al propio control, pero que en todas partes se considera halagüeño. Hay que recordar a los genios pretéritos, ahora ya patrimonio de la humanidad helenizada, o, en el mejor y más creativo de los casos, hay que saber buscar la síntesis entre una mentalidad griega, forjada en el estudio de los clásicos, y los problemas generales del hombre, despojados del lastre localista: los filósofos hablarán de la naturaleza y del ser humano, no de los sistemas políticos concretos, el teatro olvidará los asuntos peculiares de la pequeña Atenas para abrirse a la comedia de caracteres, y los artistas se centrarán en la búsqueda de un clasicismo totalizador, concebido como la síntesis de corrientes personales anteriores.

En opinión de De Hoz, la más antigua escritura hispánica surge en la zona del Suroeste con una relación directa con la escritura fenicia, por el contacto que desde el siglo VII a.C. mantienen los fenicios con los habitantes indígenas de las costas de la Península. Según él esta escritura, la única autóctona utilizada durante dos siglos en la Península, se extendió por todo el Sur hasta alcanzar las costas mediterráneas en el Este, donde el contacto con los griegos va a dar lugar a la escritura semisilábica ibera. También se extiende hacia el Occidente en el Algarve portugués. Según Correa, los testimonios más antiguos de escritura en la Península Ibérica son los conjuntos de grafitos aparecidos en Huelva y Medellín (siglos VII y VI a.C.), siendo de época posterior (siglo IV ó III) el hallado en Córdoba. La epigrafía del Suroeste la forman un grupo homogéneo de estelas de las que conocemos 71, buena parte fragmentadas y 12 perdidas. Todos estos epígrafes realizados en piedra son posiblemente estelas funerarias y han sido halladas en territorio portugués, excepto 5 en España (Alcalá del Río, Puente Genil, 2 en Extremadura, etc.). Su cronología oscila entre el siglo VII y el V/IV a.C. La lengua en que están escritas aún no ha sido descifrada, aunque Correa, siguiendo a Tovar, piensa que el signario del Suroeste es la escritura tartesia propiamente dicha. El signario conocido hasta el presente comprende 51 signos, pero sin que haya seguridad de que todos ellos tengan valor fonético y no otra función. González Wagner, por su parte, piensa que la escritura tartésica sirve de soporte a una lengua local que, aunque recibió préstamos de los fenicios, no fue desplazada por la lengua de éstos, sino que se perpetuó conectando con la llamada época ibero-turdetana.

Las obras de los autores greco-latinos de época clásica romana nos transmiten una serie de informaciones que son juicios y descripciones desde su propia óptica e ideología de una realidad histórica que, en muchos casos, se aleja bastante de la suya, por lo que se produce una "interpretación" de la misma realidad que intentan describir. Estos autores tienen su particular visión de la historia y, sobre todo, de la de otros pueblos, que sólo les interesan en la medida en que entran en relación con Roma, fijándose básicamente en lo que es extraño a ellos y acuñando una serie de clichés que luego aplican indiscriminadamente. Por ejemplo, en el relato de Estrabón referido a las poblaciones que él llama "montañesas" del Norte de la Península se encuentra una descripción no objetiva de las mismas, que se inserta en la idea general que sobre el bárbaro existía en la época en que el geógrafo de Amasia realiza su obra. Por ello, a la hora de manejar estas fuentes, como muy acertadamente ha señalado J.C. Bermejo, es absolutamente necesario tratar de encontrar su sentido específico teniendo en cuenta la mentalidad de los autores, pues, sólo así, considerando los modelos sociológicos e históricos que poseen los autores griegos y latinos para juzgar a las culturas bárbaras, es posible llegar a separar en sus descripciones lo real de lo imaginario. A partir de estas premisas podemos descubrir en la obra de Estrabón una serie de elementos y criterios ideológicos que fundamentan su descripción de los "montañeses" del norte de Iberia y que han sido claramente puestos de manifiesto por M.C. González (Veleia, 5, 1988, págs. 181-187). En la descripción que Estrabón hace de los pueblos del norte podemos estar ante meros tópicos que lo único que nos permiten conocer son las características fundamentales que definen la visión que la etnogeografia antigua tiene acerca de los "montañeses" y los "bárbaros". Hay que valorar e interpretar la obra de Estrabón en sus justos términos, separando los tópicos propios de un discurso ideológico de intencionalidad política de los datos concretos que, corroborados por otras fuentes, sí reflejan la realidad histórica que se intenta describir. Para ello es necesario contrastar los datos de las fuentes literarias con los de las epigráficas y la arqueología. Las inscripciones que fueron realizadas en su mayoría en época romana sobre material duro, con relativa frecuencia, incluyen "restos inconscientes" de la sociedad indígena que nos permiten conocer los procesos de cambio que han tenido lugar en las estructuras prerromanas. Lo que ha llegado hasta nosotros reflejado en estas fuentes no es la realidad indígena prerromana, sino la realidad indígeno-romana (galaico-romana, astur-romana, celtibero-romana vasco-romana, etc.); de ahí la dificultad de analizar por separado estos dos mundos, pues conocemos el primero, el indígena, gracias a las formas de expresión del segundo. Hoy nadie duda, por ejemplo, que las gentes, gentilitates y demás formas organizativas de los pueblos del área indoeuropea peninsular sean de época anterior a la conquista romana, a pesar de que los conocemos por inscripciones de después de la conquista; el problema es interpretar el significado de la referencia a estos elementos del período prerromano. Como complemento de estas fuentes las acuñaciones de monedas sirven con bastante frecuencia para confirmar la identificación de civitates. Asimismo, los datos que se obtienen en las distintas actividades arqueológicas serían de gran ayuda en la resolución de problemas planteados para éste y otros procesos históricos del mundo antiguo, pero desgraciadamente la ausencia de prospecciones y excavaciones en muchas zonas, la falta de estratigrafías completas y claras en yacimientos ya excavados, así como la publicación de noticias sobre excavaciones ya realizadas o en curso, etc., hacen que en muchas ocasiones estos posibles datos tengan escaso valor. Por otra parte, a través del análisis de la onomástica sobre todo (toponimia, antroponimia, teonimia, etc.) la lingüística nos ofrece información indispensable sobre el sustrato lingüístico y las áreas antroponímicas, así como la relación entre antropónimos y nombres de unidades organizativas indígenas, entre otros aspectos.

La derogación por parte de Leovigildo de una ley prohibiendo los matrimonios entre romanos y godos emitida por Valentiniano y Valente (370 ó 373) e incluida en el Breviario de Alarico, se debió a la eliminación progresiva de diferencias sociales y religiosas entre romanos y visigodos, a la no observancia de dicha ley y a la práctica común de dichos matrimonios. En esta ley se estaban preservando una serie de valores morales intrínsecos a la propia tradición romana, y en definitiva, tal como han señalado algunos autores, se estaba salvaguardando la moral social y religiosa. Este hecho, iniciado con anterioridad, favorecía, tal como decíamos, la mezcla de poblaciones y aceleraba el proceso de aculturación. Es muy posible, además de esta simbiosis entre los dos grupos poblacionales más importantes, que la derogación supusiera el incremento de los índices de población. El texto preciso de la ley dice: "Lex Visigothorum (III 1, 1): Antiqua. Ut tam Goto Romana, quam Romano Gotam matrimonio liceat sociari ... Ob hoc meliori proposito salubriter censentes, prisce legis remota sententia, hac in perpetuum valitura lege sancimus ut tam Gotus Romanam quam etiam Gotam Romanus si coniugem habere valuerit ... facultas eis nobendi subiaceat". ("Ley antigua. Que esté permitida la unión matrimonial, tanto de una romana con un godo, como de una goda con un romano ... Considerando ventajosamente a esta cuestión como mejor, derogada la orden de la vieja ley, sancionamos con esta presente ley de validez perpetua que si tanto un godo a una romana como un romano a una goda quisiera tener por cónyuge, exista para ellos la facultad de contraer nupcias"). La actitud tomada por Leovigildo frente a esta ley ha sido adaptada por la historiografía tradicional como símbolo de la unidad poblacional, que no habría sido posible hasta la unidad confesional conseguida por la conversión al catolicismo en el año 589. Si bien sí es cierto que la derogación de la ley favoreció la mezcla de poblaciones, también lo es que ésta no puede ser convertida en un mito o símbolo de la unificación. La justa lectura de esta ley, a la vez que el análisis del proceso de aculturación al que estaba sometido el pueblo visigodo, muestra que los recién llegados se entremezclaron plenamente dentro de la estructura social, económica y cultural romana. Las pocas diferencias -desde un punto de vista material- que se detectan entre los diferentes grupos poblacionales a través del siglo VI, serán ya imperceptibles a lo largo del siglo VII y hasta el momento de la desaparición de la monarquía toledana. Los materiales arqueológicos hallados en el interior de las sepulturas de los cementerios, así como las pizarras, aluden a la mezcla de población, con las matizaciones hechas en relación con las que tienen valor de documentos jurídicos. Es necesario puntualizar aquí que la mezcla de nombres hispanorromanos y visigodos es patente en aquellas piezas que describen diferentes tipos de notitiae sobre temas agrarios o las denominadas de vectigalia rerum rusticarum y distributiones rei frumentariae; en todas ellas, referidas a lo que parecen ser campesinos dependientes, o siervos, etc., se combinan nombres de ambas tradiciones. Aunque es difícil valorarlo, es posible que, al menos al principio, la situación de superioridad cultural y prestigio de la tradición romana llevase a elementos visigodos a utilizar nombres de ascendencia greco-latina y más difícil en sentido contrario; no obstante, en nuestra opinión, en momentos más tardíos pudo llegarse a una situación inversa, habida cuenta de que la mezcla de ambos grupos llegó a ser una realidad y esta conciencia de superioridad cultural no estaría tan arraigada en la gran masa poblacional. Contribuiría a la adopción de nombres, al menos de romanos por parte de visigodos, la desaparición efectiva de los tria nomina, que ya desde la implantación del cristianismo comenzaría a extenderse, el prestigio creciente de nombres de mártires y la igualación en la confesión religiosa a partir del III Concilio de Toledo. De particular interés para estudiar e ilustrar la mezcla de población resulta el estudio de la necrópolis de El Carpio de Tajo en la actual provincia de Toledo. Aunque el análisis practicado en dicha necrópolis es estrictamente arqueológico, de él se deducen sin duda algunas consideraciones históricas de importante valor y que es muy probable se lleguen a detectar también en los otros conjuntos cementeriales de parejas características. En dicha necrópolis nos encontramos con un total de 285 inhumaciones, de las cuales muchas contienen en su interior elementos de adorno personal pertenecientes -en su mayoría- a la indumentaria femenina y cuyo abanico cronológico se extiende desde finales del siglo V hasta finales del siglo VI. Los tipos de materiales hallados permiten considerar algunas tumbas como propiamente visigodas y otras, quizás pertenecientes a una población romana, o al menos no características de la vestimenta visigoda. Estamos por tanto ante un cementerio que debe ser identificado con un núcleo de población mixto visigodo y romano. La evolución cronológica de la ocupación del conjunto funerario es también interesante, pues muestra la integración paulatina de los diferentes contingentes poblacionales. Las primeras inhumaciones, que se denominan sepulturas fundacionales, parecen corresponder a individuos visigodos de finales del siglo V. A partir de principios del siglo VI, el espacio funerario ha sido ya delimitado y las sepulturas típicamente visigodas y aquellas de posible atribución romana, van ocupando los diferentes sectores sin delimitar zonas específicas. Poco a poco y con la presencia de nuevas generaciones el conjunto funerario se irá densificando, hasta un momento indeterminado hacia finales del siglo VI o muy a principios del VII, en que el cementerio será abandonado. La organización del espacio se llevó a cabo a partir de unos grupos sociales y/o familiares. De este hecho se deduce que el sistema de parentela, con el paso del tiempo y el contacto con la civilización romanocristiana, se fue debilitando, a la vez que tomaba una mayor relevancia la familia de tipo conyugal. Es muy posible que el primer núcleo de ocupación de la necrópolis -el fundacional- responda a un sistema de parentela, para dejar paso, paulatinamente, a las sepulturas regidas por la estructura familiar monocelular. Este análisis e hipótesis de trabajo muestra no sólo el proceso de aculturación, sino también la incorporación o asimilación de individuos romanos a los grupos familiares visigodos. De todo ello podemos concluir que el núcleo de población al que correspondía la necrópolis de El Carpio de Tajo era un grupo poblacional mixto -romano y visigodo- y no exclusivo de las jerarquías y estructuras sociales tradicionales visigodas.

En su vertiginosa carrera, Rommel llegó a penetrar unos 50 kilómetros en Egipto. Mas su punta de lanza ya estaba roma y a sus espaldas resistía Tobruk. Recibió el gran refuerzo de la 15 División blindada, aunque casi siempre estuvieron sus carros faltos de carburante y municiones. Por vez primera Rommel pudo calibrar el problema de los abastecimientos en Libia, que un experto resume así: "Como un pedazo de goma elástica, la línea de comunicaciones de ambos ejércitos podía ser extendida con relativa seguridad entre 500 y 660 kilómetros de sus bases (Trípoli, para el Eje; Alejandría, para Gran Bretaña). Pero al hallarse separadas éstas por 2.225 kilómetros, el hecho de tensar aún más estas líneas de comunicaciones antes de haber establecido bases intermedias significaba arriesgarse a romperlas. El problema de aprovisionamiento residía para ambos bandos en aumentar la elasticidad de sus respectivos sistemas, cosa que sólo podía obtenerse acumulando depósitos en las bases principales y adelantando paso a paso las bases avanzadas" (4). Alan Moorehead, que vivió como corresponsal de guerra la batalla del norte de África, valora en un 90 por 100 el esfuerzo y la lucha por los abastecimientos en esta guerra del desierto. La acción directa sólo requeriría un 10 por 100 (5). El frente quedó estabilizado durante siete meses. Rommel no logró tomar Tobruk, bien abastecido por mar, donde la guarnición (las ratas de Tobruk) peleó con singular denuedo entre los escombros. A más de 1.500 kilómetros de Trípoli el abastecimiento del Eje era deplorable; eso impedía cualquier posibilidad de avance. Londres, entre tanto, se dedicó a reforzar su ejército en África. Del mando en Oriente Medio se hizo cargo el general Auchinleck, que a fines de 1941 disponía de nueve divisiones de primera línea y 756 carros. Rommel sólo contaba con tres divisiones alemanas (había sido reforzado con la 90 ligera, mientras que la 5?, llegada en los primeros días de la guerra, había pasado a denominarse 21 División blindada) y seis italianas, cuyos efectivos apenas sobrepasan los de una brigada. La inferioridad blindada era también manifiesta: 569 tanques, más de la mitad italianos. Auchinleck ataca el 18 de noviembre. Tras duros combates en Sidi Rezeg, Halfaya, Fuerte Capuzzo, Bardia y Sollum, libera a la guarnición de Tobruk. Las tropas de Rommel abandonan Derna y Bengasi, pero se aferran a Agedabia, de donde son expulsadas por los ingleses el 11 de enero de 1942. Rommel acaba retirándose a El Agheila, su punto de partida. Sigue el rigodón, porque ahora son los británicos los que se encuentran en apuros. A 1.000 kilómetros de Alejandría, en un invierno lluvioso que enfanga los aeropuertos y dificulta el tráfico por la carretera de la costa, Auchinleck no puede seguir adelante. Rommel está cerca ahora de sus fuentes de suministros y, además, el tráfico entre Italia y Trípoli ha mejorado mucho. Sus divisiones comienzan a cubrir sus esquilmadas plantillas, llegan nuevos carros... Incluso los italianos cuentan con algo parecido a un blindado. (6). El 21 de enero de 1942, contraataca Rommel. El día 23 cerca a la primera división británica en Saunnu y se lanza hacia Tobruk. Con fuerte resistencia británica, pues hasta junio se combatirá sobre la línea de Ain el Gazala-Bir Hakeim, las tropas del Eje acaban rindiendo Tobruk. Los ingleses se retiran a Egipto dejando miles de prisioneros e inmensos depósitos de material intacto. El Afrika Korps y sus aliados italianos están exhaustos, pero Rommel ordena continuar el avance. Ha conseguido 10.000 toneladas de combustible inglés y pertrechos para sostener durante tres meses a 30.000 hombres. El canal parece ya al alcance de la mano. Sidi Barrani cae en manos germanas el 24 de junio. Marsa Matruh, el 29. El 30, las avanzadas del Afrika Korps, con 36 carros de combate como única fuerza acorada, chocan con las líneas inglesas establecidas en El Alemein. El Eje acaricia un grandioso proyecto militar: alcanzar los pozos de petróleo del Golfo Pérsico. Y aún más: enlazar por el sur con las fuerzas alemanas que marchan por la URSS.

Como se ha dicho, la resistencia a ultranza de las tropas francesas y el empleo por el régimen de Vichy de su escuadra, anclada en la base de Tolón, hubieran podido amenazar gravemente el éxito de Torch. La postura del mariscal Pétain era terminante: "Se abrirá fuego sin distinción contra cualquier agresor que intente invadir Marruecos, Argelia o Túnez". Para evitar esa probable resistencia francesa los cónsules norteamericanos en Marruecos y Argelia se encargaron de contactar con los elementos civiles enemigos del régimen de Vichy para que estuvieran dispuestos a apoyar una eventual operación de comandos. También trabajaron a los militares, situados en los puntos clave, distinguidos por su antinazismo y por sus escasas simpatías al régimen de Pétáin. Sin embargo, esto no era suficiente, porque la mayoría de los altos mandos, atados a la disciplina y a la lealtad hacia el gobierno de Vichy, no había resuelto qué hacer en el caso de una invasión. Por eso se consideró imprescindible contar con un general de superior jerarquía a los mandos de Marruecos y Argelia y, a la vez, que tuviera el suficiente prestigio como para eliminar suspicacias e insubordinaciones. Los aliados recurrieron a Giraud, que vivía en la clandestinidad tras su evasión de la fortaleza alemana de Koenigsberg. Henri Giraud, próximo ya a los 70 años, era el típico militar salido de Saint Cyr, estirado, pulcro, distinguido, pero carecía de la fogosidad y el carisma de un De Gaulle, por ejemplo. No era el hombre más apropiado para el proyecto, pero resultó ser el único candidato. En la noche del 4 al 5 de noviembre, el submarino británico Seraph emergió en las proximidades de la costa francesa de Lavandou. La mar estaba picada y hacía mucho frío. Los observadores del Seraph escudriñaron la costa próxima con sus prismáticos y, al fin, divisaron las señales de una linterna. Botaron una balsa y poco después recibieron en el sumergible a tres hombres con ropas de paisano, conducidos hasta allí por miembros de la resistencia francesa. Eran el general Giraud, su hijo Bernard y el capitán Beaufre. Treinta y seis horas después, lejos ya de las costas francesas, un hidroavión recogió a los tres hombres y les condujo a Gibraltar. La gran base británica estaba atestada de buques de transporte y de guerra. "¡Dios mío -pensó Giraud - cómo puede pasar desapercibido todo esto!"

Fue una cuestión política persistente a lo largo de todo el siglo XIX, como consecuencia de la nueva situación creada por el Acta de Unión de 1801, que había supuesto el final de una situación de relativa autonomía política, representada por un Parlamento propio. A partir de primeros de enero de aquel año Irlanda pasó a formar parte del Reino Unido, con 100 representantes en la Cámara de los Comunes. A ellos había que sumar 28 pares temporales y cuatro espirituales en la Cámara de los Lores.A la pérdida de autonomía política, que tenía como antecedente remoto la permanente sospecha de que los irlandeses podían poner en peligro la seguridad de las islas británicas, como potenciales aliados de los católicos del continente, se unía un grave problema social y religioso. Este último venía determinado por el hecho de que en una población, en la que más del 80 por 100 eran católicos, la Iglesia Anglicana exigía a todos el pago de diezmos, mientras que los católicos carecían inicialmente del derecho a ser elegidos diputados. Ya se ha visto en un capítulo anterior el importante papel que la Asociación Católica de Daniel O'Connell jugó en la promulgación de la Ley de Emancipación de los católicos de 1829. Su papel político, sin embargo, se diluyó pronto pues medidas de precaución como la elevación del censo permitieron que los electores protestantes mantuvieran la mayoría, y el número de parlamentarios seguidores de O'Connell disminuyó progresivamente a lo largo de los años treinta. Un intento de reactivar su movimiento (Repeal Association) con campañas de mítines condujo a O'Connell a la cárcel y a la desactivación de su movimiento. Las medidas conciliadoras de Peel, aunque le crearan tensiones en el seno del propio partido conservador, operaron en el mismo sentido.En cualquier caso, el contingente de los diputados irlandeses, entre los que predominaban los proclives a la política whig, supuso un permanente factor de inestabilidad en los avatares políticos de aquellos años.Mucho más grave, desde luego, era el problema social, derivado de la existencia de unos 10.000 propietarios agrarios anglicanos, ordinariamente absentistas, y unos sistemas de arrendamiento caros e inestables, que retraían las inversiones de los arrendatarios y los dejaban muy expuestos a cualquier cambio coyuntural. Por otra parte, el alto índice de crecimiento de la población (entre 1800 y 1845 pasó de cinco a ocho millones y medio) provocó un hambre de tierras y unos precios excesivos de los arrendamientos. La gran hambruna de los años 1845 a 1848, como consecuencia de una enfermedad de la patata, provocaría 1.000.000 de muertos y llevaría a 1.500.000 de irlandeses a la emigración. El problema irlandés seguiría aún sin resolverse durante muchos años, pero su importancia política decreció sensiblemente.