Busqueda de contenidos

Uno de los mayores acontecimientos de la historia del mundo musulmán medieval se produjo a comienzos del año 929 (final del año 316 de la hégira): la proclamación del califato de Córdoba por el emir Abd al-Rahman III, séptimo sucesor de su homónimo y fundador de la dinastía establecida desde el año 756 en al-Andalus. Este mismo año se reanudó la acuñación de dirhams, interrumpida durante unos treinta años, y se inauguró la de los dinares, nueva en al-Andalus. Ambas monedas designaban al soberano como Amir ai-Mu'minin. Este reconocimiento o restauración del título califal por los omeyas de Occidente no era una simple peripecia política en la historia de la dinastía ni en la cuenca occidental del Mediterráneo. Se podría considerar esta restauración como puramente simbólica o como un asunto de política interna y desde este punto de vista sería la consagración de la victoria definitiva que el poder cordobés había logrado unos meses antes sobre la interminable revuelta de Ibn Hafsun (la toma de Bobastro tuvo lugar en 21 dhu 1-qa,da 315/enero del 928 y la visita de Abd al-Rahman III al lugar de los hechos y la exhumación de los restos del gran rebelde se hicieron en muharram 316/marzo 928). Marcaría también el restablecimiento de la autoridad del poder central de Córdoba sobre la mayor parte del territorio y anunciaría la rendición de las últimas disidencias como la de Badajoz y de Toledo, que ya eran previsibles. Pero es preciso resaltar que este acontecimiento tuvo, además, otra dimensión. Por una parte, sólo se le encuentra explicación en el contexto general, especialmente perturbado, del mundo musulmán de los primeros decenios del siglo X y podríamos pensar que no hubiera sido posible al margen de estos aspectos político-religiosos de alcance internacional. Por otra parte, la naturaleza misma del poder dinástico cambió a causa de este acontecimiento, y el alcance histórico y cultural de la baya o reconocimiento y adhesión del pueblo a los califas de al-Andalus fue inmenso. Sin aceptar las tesis ni el método que ha desarrollado Gabriel Martínez Gros en su obra sobre la "Ideología omeya", me parece que este libro muestra bastante bien la ambición implícita o explícita del califato de Córdoba -en tanto en cuanto era un poder teóricamente universalista- de emprender en el espacio que le rodeaba una verdadera reconstrucción del mundo, en el orden geopolítico y cultural, parecida a la que emprendieron, en la misma época, los fatimíes y sobre todo a la que había caracterizado a los abasíes siendo esta última, en gran parte, fundamento de la civilización musulmana. Estas pretensiones, aparentemente desmesuradas en relación con el alcance político real de un poder cordobés que sólo logró imponerse en el Magreb occidental representaron, en el orden intelectual y artístico, los fundamentos de la cultura andalusí, considerada como una de las dimensiones esenciales de la civilización arabo-musulmana. Podemos pensar que sin el califato de Córdoba ni Ibn Hazm ni Ibn Rushd (Averroes), ni la transmisión del saber árabe al Occidente cristiano habrían existido. Tampoco habrían existido, con toda probabilidad, el arte almohade, extraordinaria síntesis de las tendencias artísticas beréberes y andalusíes en el espacio geográfico que los omeyas habían empezado a unificar y del cual se derivaron tanto el arte de la Alhambra como cualquier arte posterior del Magreb. En la carta que mandó el soberano a los gobernadores de provincias para anunciarles la restauración del califato, invocaba el derecho del soberano omeya al título de Amir al-Mu'minin (Príncipe de los Creyentes) que otros habían usurpado. Abd al-Rahman III, por primera vez entre los omeyas de Córdoba, tomó un sobrenombre o laqab, el de al-Nasir li-Dini Allah (el defensor de la religión de Dios). Se situaba así al nivel de los otros dos califatos existentes entonces en el mundo musulmán. En primer lugar, por supuesto, se refería al califato abasí de Bagdad, cuyos título y legitimidad no habían sido contestados abiertamente por los emires de Córdoba hasta entonces. En segundo lugar al de los fatimíes de Qairawan, proclamado en el 910, que fue sin duda la justificación implícita de la instauración del título califal en al-Andalus. El fuerte poder shií, instalado desde hacía una veintena de años en el Magreb, representaba indiscutiblemente un peligro para el Islam ortodoxo -sunní- en Occidente. Una propaganda mahdí, en la que sin embargo es difícil ver una influencia propiamente fatímí, secundó la revuelta de Ibn al-Qitt en el año 901. Ibn Hafsun había reconocido también formalmente el califato fatimí y, después de la toma de Bobastro, el soberano omeya hizo destruir la mezquita que había edificado allí al comienzo de su revuelta "de modo que fue arrasado y quemado el mimbar desde donde se había bendecido al apóstata y perversa estirpe, y mencionado a su aliado, el shií Ubayd Allah, a cuya cuerda había querido asirse, haciéndose de su partido (Muqtabis)". Sin embargo, no hay que exagerar la amenaza ideológica ni siquiera la social que representaba el movimiento fatimí para la Península. No se perciben tales influencias en el movimiento masarí, que se desarrolla en esta época en las zonas berberizadas situadas al norte de Córdoba. Tal vez fuera en el aspecto militar y probablemente en el económico en los que el califato fatimí parecía más peligroso a corto plazo. En el año 917 sus ejércitos se habían apoderado temporalmente de la ciudad de Nakur, puerto activo en la costa mediterránea de Marruecos actual donde desembocaba parte del comercio de África occidental y cuyos emires fueron siempre fieles aliados de Córdoba. Después del 922-923, las fuerzas leales a Qairawan invadieron el Magreb occidental, partiendo desde la ciudad de Tahart que habían conquistado nada más formarse la dinastía y se apoderaron de Fez, de donde expulsaron a los idrisíes. Las relaciones humanas y comerciales eran constantes a ambos lados del estrecho, y el poder cordobés, cuyos súbditos visitaban asiduamente las costas del Magreb, no podía permanecer indiferente a esta progresión. Desde antes de la proclamación del califato, en el 924, Abd al-Rahman había intentado aliarse con los jefes zanatas Banu Jazar -establecidos en los actuales confines argelino-marroquíes- que luchaban contra los fatimíes y luego mandó que se ocupara Melilla. En el año 931, las tropas andalusíes entraron en Ceuta, donde se levantaron fortificaciones importantes. Desde entonces se establecieron en las dos ciudades guarniciones andalusíes con carácter permanente y el califato omeya desplegó grandes esfuerzos para contener lo mejor posible el avance fatimí, siguiendo en su política de alianzas con las tribus Magrawa-Zanata del Magreb occidental, hostiles a los Sanhaya del centro que sostenían el poder fatimí.

P. Aelio Adriano, también originario de Italica, fue el segundo emperador promovido por el clan de senadores hispanos. Casado con Sabina, sobrina de Trajano, hizo una brillante carrera política durante el gobierno de éste: fue tribuno de la plebe (105), pretor (106), legado de la legión I Minervia en la guerra dácica (106), legado provincial en Panonia inferior (107), cónsul sufecto (108) y legado de Siria (117). La historiografía antigua atribuye a la mujer de Trajano, Plotina, el conseguir del emperador, que no tenía hijos, la adopción de Adriano. No es posible conocer el alcance del rumor sobre la desaprobación de tal adopción por un sector de los senadores; en todo caso, el supuesto o real descontento no se reflejó en actos públicos y la sucesión se realizó sin traumas. Todas las noticias de los autores antiguos reflejan cierta hostilidad de un sector de los senadores hacia Adriano. Sería simplificador atribuirlo a un acontecimiento o a una causa única. El cuerpo senatorial se encontró con muchas novedades introducidas por este emperador, unas incomprendidas y otras negativas a los intereses de algunos senadores. Desde Augusto había existido un consejo privado del emperador, inicialmente compuesto por senadores. Con los Flavios se advierte la participación en el mismo también de caballeros. Adriano da un carácter institucional a este consilium Principis al asignar a sus componentes un sueldo regular, obligarles a reuniones periódicas y atribuirles amplias competencias en la preparación y toma de decisiones con valor de leyes, constituciones. Desde este momento las decisiones del emperador y las de su consejo se confunden. El Senado sigue siendo formalmente consultado, pero la profesionalidad y preparación técnica de los componentes del consejo privado imperial no encuentran condiciones equivalentes entre el conjunto de los senadores, pues los mejores de éstos forman parte del consejo imperial.

Utilizó uno de los títulos de Gabriel Martínez Gros en su Ideología omeya, dedicado a los Anales de Isa b. Ahmad al-Razi, el primer auténtico historiador de la España musulmana a los ojos de Levi-Provençal. Hemos conservado de esta obra, que escribió el biógrafo de al-Hakam II en época del califa, largos extractos reproducidos por Ibn Hayyan en el siglo XI, traducidas por Emilio García Gómez bajo el título de Anales palatinos. Este texto voluminoso sólo corresponde a una parte de los anales del reino del segundo califa cordobés, al-Hakam II (961976), la correspondiente a los cinco años que iban del 360 al 364 (971-975). Relata los fastos del califato en su apogeo, justo antes de que los Amiríes se apoderaran del gobierno durante el reinado de Hisham II, hijo y sucesor de al-Hakam II. "La soberanía omeya se inmovilizó en el centro del espacio y del tiempo que ella había creado, por las armas y la escritura, a imagen de la tierra, inmóvil en el centro del Universo medieval" (Martínez Gros). La fórmula es afortunada pero también algo engañosa porque, bajo esta inmovilidad aparente, se presagiaban luchas por el poder, que muy pronto escapará de las manos de la dinastía. Sin embargo, acierta en reflejar la impresión de grandeza que daba el califato, tal como lo habían organizado los dos primeros califas, Abd al-Rahman III y su hijo al-Hakam, gracias al hieratismo de las ceremonias oficiales minuciosamente descritas. Tres temas acaparan de hecho estos Anales: las ceremonias que se desarrollaban en Madinat al-Zahra en torno al califa, los nombramientos y destituciones del personal gubernamental y administrativo, las relaciones diplomáticas y las campañas militares en la frontera cristiana por una parte y en el Magreb occidental por otra. En el lugar de honor figuran las interminables descripciones de fiestas, recepciones, revistas de tropas, que eran la ocasión de manifestar con brillo la majestuosidad y la potencia del califa a los ojos de sus súbditos y los visitantes extranjeros. La sede principal de todas estas manifestaciones era la ciudad palatina de Madinat al-Zahra, que Abd al-Rahman III mandó edificar en el año 936 y donde se trasladó con su gobierno y la corte desde antes del 945, fecha en la que organizó una fastuosa recepción registrada en las paredes de la nueva residencia que se siguió ampliando y embelleciendo a lo largo de los años. Las excavaciones y los trabajos que se han emprendido en la zona arqueológica permiten hacerse una idea muy precisa de lo que era esta nueva ciudad principesca, edificada a unos kilómetros al oeste de la capital, sobre las primeras colinas que limitan el valle del Guadalquivir en la orilla derecha. Los límites de la ciudad y las ondulaciones del terreno que señalan la presencia de edificios destruidos, hoy en día invisibles a ras de suelo, se ven claramente en las fotografías aéreas, mientras que la zona de los palacios está casi enteramente excavada. El plano es perfectamente geométrico, y corresponde a un amplio rectángulo cuyos lados sur, este y oeste son rectilíneos, mientras que el lado norte, que limita con las sinuosidades de las colinas circundantes, tiene trazos menos regulares. Los grandes lados del rectángulo miden 1.500 metros y los pequeños alrededor de 750 metros, lo que da una superficie total de más de 100 hectáreas. Nos haremos una idea de la importancia urbanística del conjunto comparando esta cifra con la superficie intramuros de las capitales provinciales de al-Andalus en su trazado de los siglos XI al XII: Toledo medía 80 hectáreas, Valencia, Málaga y Zaragoza entre 40 y 50. La única ciudad que rebasaba la dimensión de Madinat al-Zahra era Sevilla (250 hectáreas), en la época de su mayor extensión, cuando era, a su vez, una especie de capital andalusí del imperio almohade y en ella se volcaron todos los cuidados y las ampliaciones de los soberanos. En el siglo X, Madinat al-Zahra, que no era sino el Versalles de los califas omeyas, rebasaba en sus dimensiones todas las grandes urbes de provincias, mientras que, a su lado, se extendía la aglomeración cordobesa propiamente dicha que constituía, por sí sola, una inmensa capital. La parte palatina ocupaba una decena de hectáreas, lo que equivalía a las dimensiones de una importante urbe provincial como Lisboa, Guadix o Ronda. Se edificó en la parte más elevada del conjunto que se desarrolló en tres niveles. En el nivel inferior, que se extendía por el valle, se encontraba la ciudad y en el nivel intermedio las construcciones oficiales y jardines. La construcción de este gran complejo oficial costó enormes sumas y muchos medios, la tercera parte de los ingresos del Estado. En la zona de edificación, donde trabajaron diez mil albañiles, obreros para nivelar el suelo, mulateros, se transportaban cada día seis mil bloques de piedra tallada, además de las tejas y el morrillo. Tuvieron que traer de África más de cuatro mil columnas antiguas. Se utilizaron también grandes cantidades de mármol blanco, de la región de Málaga y de onyx veteado de las canteras de la sierra de Filabres, cerca de Almería. Hasta se mandó traer de Constantinopla y Siria un pilón y una fuente esculpidos con relieves que representaban figuras humanas. Se puede uno hacer una idea de la suntuosidad del conjunto por la gran cantidad de mármol y de los lujosos decorados en relieve que se han encontrado entre las ruinas, a pesar de que la zona sirvió de cantera durante un largo período de tiempo. Los inmensos palacios de Madinat al-Zahra son sólo el centro de la zona palatina de una enorme capital cuya importancia demográfica es muy difícil de precisar. Como para otras grandes megalópolis del mundo musulmán medieval, se han propuesto cifras contradictorias, desde algunas decenas de miles hasta cientos de miles. El único testimonio ocular de un observador extranjero que poseemos es el de Ibn Hawqal, que visitó Córdoba en la época de al-Hakam II y dijo que la ciudad tal vez no sea tan grande como una de las mitades de Bagdad, pero no está lejos de alcanzarlo, por poco que se desarrolle. Por tanto, con arrabales importantes, era una ciudad considerable, la única en el mundo musulmán comparable en su importancia con la capital abasí antes del crecimiento de El Cairo con los fatimíes. La superficie total urbanizada más o menos densamente la evalúa Levi-Provençal en unas 5.000 hectáreas, lo que significa que el conjunto edificado a final del siglo X, es decir tras la fundación de Madinat al-Zahra por al-Mansur, podía extenderse a lo largo de más de diez kilómetros. Este fenómeno urbano recuerda el enorme crecimiento del Bagdad abasí y tenía la misma naturaleza, aunque a menor escala. Más que Qairawan y anticipándose de alguna forma a El Cairo, Córdoba se puede considerar como una de las grandes megalópolis del Islam medieval, organizadas en torno a un califato, y concentrando una enorme cantidad de hombres, monedas, bienes muebles e inmuebles y de saber, que son algunos de los aspectos más específicos de la civilización islámica de los primeros siglos. En este marco se desarrollaron ceremonias cuidadosamente ordenadas para hacer resaltar la majestuosidad del soberano y su potencia. Cuando tuvo lugar la fiesta del rompimiento del ayuno que se celebró en julio del 973, por ejemplo, el Emir de los Creyentes se sentó en el trono, en el salón que daba sobre los jardines del palacio de al-Zahra (que los arqueólogos reconstituyeron con el nombre del Salón rico) para celebrar una recepción de mayor solemnidad, con una organización perfecta y un esplendor fulgurante. Una vez que se hubo dado la orden de entrar en el salón, entraron los hermanos del califa quienes, tras los saludos y las felicitaciones tradicionales, se sentaron a su lado; luego los visires se colocaron según su rango jerárquico y un jefe magrebí aliado a quien se quería rendir honores especiales. De pie y a los lados, estaban los sirvientes de origen servil como el gran halconero, el guardián de joyas, el jefe de correo y el encargado de los talleres de tejidos oficiales o tiraz, donde se fabricaban las prendas de lujo que el califa llevaba y ofrecía a los dignatarios y a los que quería agasajar. Luego y siempre según un orden protocolario estricto -cuyo importancia resalta Miquel Barceló en un artículo sobre el ceremonial de la corte- se situaban dos prefectos de la policía, seguidos por Yahya b. Idris, un príncipe idrisí del Magreb aliado y un jefe de la aristocracia árabe tuyibí de la frontera, Abd al-Rahman b. Hashim al-Tuyibí; luego los distintos funcionarios, los qurayshíes miembros de la tribu del soberano, los clientes omeyas de origen oriental y así sucesivamente hasta llegar a los cadíes de provincias, a los fuqaha', a los representantes de las tribus beréberes del Magreb aliadas y a los del yund tradicional, es decir, la aristocracia militar árabe y beréber andalusí. Se celebraban también festejos menos grandiosos con ocasión de la recepción de los embajadores extranjeros. Se ha conservado el relato pintoresco de la recepción que tuvo lugar para recibir al abad Juan de Gorze, enviado a Córdoba por el emperador germánico Otón I, a mediados del siglo X: "En el día fijado para la presentación, se desplegó todo un ceremonial capaz de traducir la pompa real. En todos los caminos que iban de la residencia de Juan hasta la ciudad, y de la ciudad hasta el palacio, los soldados formaban una valla (...) Moros con aspecto extraño, aterrador para los nuestros, los condujeron hasta el palacio, y sus increíbles ejercicios, que parecían de ensueño, levantaban una polvareda intensa a causa de la sequedad de la estación (...) Los dignatarios se adelantaron a su encuentro; desde el umbral del palacio, el suelo estaba recubierto por alfombras de alto precio. Finalmente, en la sala del trono, estaba el soberano; solitario como una divinidad inaccesible, recostado en un magnífico diván". En los Anales Palatinos se conserva el recuerdo de buen número de estos embajadores llegados principalmente de Marruecos y de los países cristianos. Así, en noviembre de 973, "se sentó el califa al-Mustansir bi-Llah en el trono, en el Alcazar de al-Zahra, para celebrar, con la mayor solemnidad y pompa, una audiencia a la que asistieron los visires y las jerarquías de funcionarios palatinos (...) Recibió primeramente a los Hasaníes Abd al-Rahman b. Muhammad b. Abi I-Aysh, Husayn b. Yahya b. Hasan b. Ibrahim y Hasan b. Guenun, con sus hombres. A continuación recibió a los jeques de la ciudad de al-Basra y a sus hombres (...) Por último, recibió a los embajadores de Elvira, tía paterna y tutora del tirano emir de Galicia (...)".

En el Reino de Aragón es posible asistir al desarrollo de un proceso similar al portugués en el llamado Pleito del Lugarteniente o Virrey Extranjero que desembocará en las alteraciones aragonesas de 1591, en las que se entremezcla el célebre caso de Antonio Pérez y la Inquisición. También aquí con protestas iniciales por el nombramiento como virrey de Juan de Lanuza (1520-1535) en sustitución del arzobispo don Alonso de Aragón, que era hijo natural de Fernando el Católico, la pretensión real de poder designar a no naturales para ocuparse del virreinato fue considerada por la Diputación de Aragón un ataque a las libertades aragonesas. En su argumentación sale a relucir idéntica intención de convertir al "alter ego" del rey en un testigo del cumplimiento de los privilegios regnícolas. El resultado final será el conocido: la entrada del ejército real al mando de Alonso de Vargas en Aragón en 1591 y la ejecución en Zaragoza del Justicia Mayor Juan de Lanuza, el Joven, que se había puesto al frente de los que se oponían a la invasión. Sin embargo, aunque Felipe II acabase imponiéndose mediante el recurso a la fuerza, es importante recordar que el Pleito del Virrey Extranjero fue, en su origen, precisamente eso, un pleito abierto en la Corte del Justicia a instancia real en 1587 para que "por justicia se declare no molestarme por los fueros y leyes de ese reino restringida la facultad que como rey y señor natural de él me pertenece de poner por mi lugarteniente general la persona que me pareciere más a propósito". Se presentaba, pues, en principio como una disputa judicial sobre la interpretación de los fueros privativos, no sobre si Aragón tenía fueros o no. Sin embargo, en la España de los Austrias un conflicto jurisdiccional no era otra cosa que la más natural de las expresiones de un conflicto político, y en el Pleito aragonés una parte de las elites locales -con nobles tan importantes como el Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza- hizo suya la defensa de que no estaba entre las facultades del rey la de imponerle al reino un "alter ego" no natural. La colaboración entre el Rey Católico y las elites de Aragón para el gobierno en ausencia del reino se había demostrado imposible y sus términos habían ido deteriorándose desde mediados del siglo. Como encontramos en un juicio general que se hizo del gobierno de Felipe II poco antes de su muerte en 1598: "Al reino de Aragón le deja reformadas sus leyes con yugo de guarnición en Zaragoza y otras partes, habiendo degollado a los que perturbaban la paz pública y la buena administración de la justicia y ha incorporado en su Corona Real el Maestrazgo de Montesa y el Condado de Ribagorza". En las Cortes de Tarazona de 1592, inmediatamente después de las alteraciones, Felipe II no suprimió ni las instituciones privativas ni los fueros aragoneses, pero, en la práctica, creó un nuevo equilibrio entre rey y reino que, sin duda, le era mucho más favorable al Rey Católico que a los "meliores terrae" que, hasta entonces, habían hablado por el Reino de Aragón. Los sucesos aragoneses no invalidan el principio general de que la colaboración con las elites territoriales era clave para arbitrar el gobierno práctico de los reinos que constituían la Monarquía Hispánica. Pero, sin embargo, habrá que tenerlos muy presentes porque prueban la capacidad de la Corona para adelantar posiciones en la tradicional relación rey-reino, cosa que, por otra parte, vino intentando a lo largo de todo el siglo. La evolución política de la Monarquía Hispánica a lo largo del XVI tenderá a ir robusteciendo el poder monárquico, aunque sin romper el marco general de estructura particularista de reinos distintos y estados diferenciados. Podría decirse que la relación rey-reino sigue siendo dualista, pero que el papel real es cada vez más determinante mediante la redefinición de los términos que fijan su equilibrio con las elites territoriales y sociales. Por la Corona pasarán desde la fundación de mayorazgos o la posibilidad de hipotecar una parte de los bienes vinculados, que tan importantes resultan para las estrategias familiares, a la provisión de encomiendas y de oficios cortesanos, que vendrán a aliviar la crisis que atraviesan las haciendas nobiliarias, pasando por el efectivo reforzamiento de las oligarquías locales mediante el sistema seguido para la recaudación de servicios o la sanción de los estatutos de limpieza de sangre en algunos regimientos. En términos generales, conseguirá que sus intereses sean compartidos por las elites, cuyo futuro y fortuna dependen cada vez más del crédito que consiga mantener la Monarquía. Hay, y habrá, privilegios y señores, pero, paradójicamente, su preservación empezará a pasar por el incremento del poder regio.

El relevo de Floridablanca y su sustitución por Aranda no era esperado y, como señala Richard Herr, cogió a los observadores coetáneos por sorpresa. El cambio no suponía sólo un giro en relación a Francia, sino el triunfo largamente esperado del partido aristocrático frente a los manteístas y la puesta en práctica de las ideas sobre la organización de la monarquía que el conde de Aranda había presentado en 1781 a Carlos IV cuando éste era Príncipe de Asturias. En Francia, los revolucionarios recibieron con alegría el ascenso del aristócrata aragonés, aunque en algunos casos, el júbilo y las expectativas creadas eran, o bien infundadas o bien claramente desproporcionadas, como la carta de felicitación que Condorcet remitió al conde, al que denominaba "defensor de la libertad contra la superstición y el despotismo". En las páginas del Diario de Aranda se comprueba que, antes de aceptar la Secretaría de Estado, el noble aragonés puso como condición al rey el fin de la Junta Suprema de Estado que su antecesor había creado en 1787 y su sustitución por un remozado Consejo de Estado. Aceptada la condición, ese fue el motivo por el que el 28 de febrero se dieron dos Reales Decretos: uno designaba a Aranda para la Secretaría de Estado; otro, restablecía el Consejo de Estado en sustitución de la Junta, con Aranda como decano. La simultaneidad de ambos decretos le convertía, de hecho, en primer ministro. El nuevo Consejo de Estado ofrecía algunas importantes novedades respecto al viejo Consejo, que durante el siglo XVIII no había tenido actividad alguna, arrastrando una existencia meramente nominal. Según Feliciano Barrios, todos los titulares de las Secretarías del Despacho -los verdaderos ministros-, pasaban automáticamente a ser miembros ordinarios del mismo; se instituía el cargo de decano; y se fijaba el palacio real como su sede para hacer más fácil la asistencia del rey a las sesiones, la primera de las cuales tuvo lugar el 10 de abril, y estuvo dedicada a la cuestión prioritaria para la monarquía: las relaciones con Francia y la situación europea. Aranda no introdujo ninguna remodelación en las Secretarías, y su gabinete estuvo compuesto por quienes habían colaborado hasta entonces con su antecesor al frente de la Secretaría de Estado, salvo la sustitución al poco tiempo de Porlier, titular de Gracia y Justicia, por Pedro de Acuña. El político aragonés dio pruebas de su disposición a relajar la presión inquisitorial, interviniendo personalmente en favor de Urquijo, perseguido por el Santo Oficio. Sin embargo, Floridablanca fue objeto de una lamentable persecución por quien había sido su contrincante político en los últimos quince años. Obligado a trasladarse a Murcia el mismo día en que le fue comunicado su cese, se dedicó a redactar un Testamento político, estudiado por Antonio Rumeu, donde reflexionaba sobre sus años de gobernante y los problemas que España tenía pendientes, pero en la madrugada del 11 de julio fue detenido en Hellín y trasladado preso a la ciudadela de Pamplona acusado de abuso de autoridad y de irregularidades en la administración de las obras del Canal Imperial de Aragón, permaneciendo en prisión hasta 1794, y siendo definitivamente rehabilitado en 1795. Con él cayeron en desgracia sus colaboradores más próximos: Mariano Colón de Larreátegui, superintendente general de la policía de Madrid; Pedro Antonio Burriel, gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; y Francisco Soria, cesado como fiscal del Consejo. Por el contrario, el Alcalde de Casa y Corte que llevó a cabo la detención de Floridablanca cuando éste se encontraba ya en su casa de Hellín, Domingo Codina, fue ascendido a Consejero de Castilla.

En el mes de febrero de 1910, José Canalejas sustituyó a Moret en la jefatura del gobierno. Era un regeneracionista a la manera de Maura: si éste quería atraerse a la masa neutra, Canalejas había representado durante años la propaganda popular desde el liberalismo monárquico. Poseía dotes de mando y gracias a él por primera vez desde la Restauración los liberales encontraron un verdadero jefe. Como prueba de las esperanzas que despertó su nombramiento algunos intelectuales republicanos ingresaron en el partido liberal. Rápidamente supo imponerse en la jefatura de su partido e incluso los propios partidarios de Moret aceptaron su dirección aunque les pesara. En los círculos palatinos fue recibido con temor, recelosos por el tono izquierdista con que siempre se había expresado. Por otro lado, si Maura no había experimentado dificultades en su gestión hasta casi el final de su mandato, Canalejas tuvo frecuentes problemas relacionados sobre todo con el orden público. Pero supo hacerles frente con autoridad, lo que tranquilizó a las clases conservadoras. En ocasiones fueron simples conflictos laborales aunque a veces complicados por afectar a los servicios públicos como, por ejemplo, la huelga de ferroviarios del verano del año 1912, en la que Canalejas hubo de recurrir a su militarización. Otras veces fueron súbitas explosiones de violencia sin que tuvieran un propósito revolucionario concreto. La labor legislativa de Canalejas, comparada con la de Maura, resulta mucho más discreta pero también muy efectiva. Presentó un proyecto para sustituir el Impuesto de Consumos por uno progresivo sobre las rentas urbanas, que causó las iras de los medios acomodados. Para pedir su aprobación, Canalejas hubo de recurrir a la llamada a la disciplina y aun así 30 liberales votaron en contra. Otra medida popular fue la reforma de la ley de Reclutamiento, por la que en tiempo de guerra el enrolamiento sería obligatorio y en tiempo de paz, sin embargo, sólo duraría cinco meses si se procedía al pago de una suma de dinero. Hasta entonces existía la redención en metálico, que permitía eludir la obligación de incorporarse a filas a los jóvenes burgueses. Sin duda las dos grandes cuestiones del gobierno de José Canalejas fueron la de las mancomunidades provinciales y la religiosa. En diciembre de 1911 los catalanes le entregaron un proyecto de mancomunidades provinciales que suponía ciertas concesiones al regionalismo. En mayo de 1912 el gobierno presentó un proyecto menos amplio que éste pero que motivó las iras de centralistas y anticanalejistas. Hubo de recurrir el Presidente a uno de sus mejores discursos para lograr su apoyo y así consiguió que la medida fuera aprobada por el Congreso y estaba pendiente de su paso por el Senado cuando el jefe liberal fue asesinado. Con respecto a la cuestión religiosa, Canalejas consideraba que el atraso cultural del clero español se debía al concordato a través del cual se financiaba la Iglesia y, en consecuencia, pensaba que lo mejor era la separación entre la Iglesia y el Estado, a la que quería llegar a través de negociaciones. Roma no lo aceptó y las relaciones prácticamente se interrumpieron. En diciembre de 1910 se aprobó la Ley del Candado, que impedía durante dos años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas sin autorización previa. Pero esta ley no tuvo eficacia al aceptarse una enmienda según la cual la ley perdería su vigencia si al término de esos dos años no se hubiera aprobado una nueva ley de Asociaciones y, aunque dicha ley fue presentada al Congreso en mayo del año siguiente, sin duda era un plazo demasiado corto para el parlamentarismo de la época. La labor de gobierno de Canalejas concluyó de manera trágica cuando fue asesinado el día 12 de noviembre de 1912 en la Puerta del Sol a manos de un anarquista que no pretendía acabar con él sino con el monarca. A pesar de lo corto de su obra, Canalejas fue una esperanza del que podía esperarse mucho más y, desde luego, el único gran gobernante del partido liberal durante todo el reinado de Alfonso XIII. Sus sucesores, el primero de los cuales fue el Conde de Romanones, estuvieron sin duda muy por debajo de su talla política.

La historiografía antigua prosenatorial presenta una imagen deformada de Cómodo en la que se resaltan, entre otros elementos negativos, sus amistades con los gladiadores, su freno a la política fronteriza de Marco Aurelio y sus extravagancias religiosas. Ahora bien, cada día contamos con más datos que confirman la falsedad o deformación intencionada de la imagen del emperador en este tipo de relatos antiguos. Ciertamente, Cómodo solo tenía 19 años cuando se hizo cargo del poder imperial y fue asesinado al alcanzar la edad de 31 años. Pero no puede valorarse la obra de Cómodo como un simple resultado de su juventud, inexperiencia e inmadurez política. Hacía tiempo que el consejo privado imperial tenía un peso decisivo en toda la actividad política y administrativa. Y ese mismo consejo fue corresponsable en la elección de los prefectos del pretorio, brazo ejecutor principal de las decisiones colegiadas. El Senado de la época de Cómodo, compuesto mayoritariamente por orientales, debía mantener intereses encontrados con los de los caballeros. La elección de Perenne como prefecto del pretorio contribuyó a reforzar la posición de los caballeros en el gobierno. El incidente de la conjura para asesinar al emperador, en la que se encontraba implicada su propia hermana Lucilla, parece reflejar la decidida oposición senatorial a la política de apoyo a los caballeros. Descubierta la conjura (año 182), muchos senadores fueron condenados a muerte, hecho que determinó el odio irreconciliable entre el emperador y un amplio sector del Senado. Hasta el año 185, Perenne fue el auténtico hombre fuerte del gobierno. Su proyecto de encargar el mando de las legiones a caballeros provocó descontentos entre varios jefes militares y la acusación -probablemente falsa- de que pretendía hacerse con el gobierno. M. Aurelio Cleandro, el acusador de Perenne, fue su sucesor al frente del pretorio hasta el año 85 y el auténtico dirigente del Imperio. En ese marco de hegemonía de los caballeros, hay que entender la línea pacifista con la que se inicia y continúa el régimen de Cómodo. La guerra resultaba muy costosa y los beneficios de una hipotética victoria no muy grandes. Cómodo firmó la paz con los bárbaros danubianos, abriendo una nueva era de tranquilidad en las fronteras. Para las tradiciones orientales, no resultaba extraña la consideración del emperador como personaje divino y/o protegido especialmente por los dioses. Y el mundo occidental se estaba progresivamente orientalizando. El propio emperador se había hecho iniciar en los misterios del dios iranio Mithra, que contaba con muchas comunidades de seguidores en el Imperio, sobre todo en los medios militares del Danubio. Un paso más fue la vinculación del emperador con Hércules; muchos autores definen esta identificación de modo que el emperador resultaba ser también un dios. Pero en tales decisiones, hay muchas ambigüedades -sin duda buscadas-: Hércules era tanto un héroe como un dios, uno de los primeros del panteón. El Hércules del siglo II d.C. estaba asumiendo la mística de los dioses orientales; era un modelo de vida para el creyente: pecó, purgó su culpa con los Trabajos y se redimió. Esas y otras circunstancias permiten ofrecer una interpretación más matizada: Cómodo -sin duda bajo la inspiración de su consejo privado- se presentaba como si fuese Hércules, dios capaz de neutralizar la rápida expansión de los cultos orientales a la vez que de recibir una interpretación orientalizada. Ciertamente, las fuentes nos dicen que Cómodo fue llamado Heracles Romanus y que se creó en Roma un flamen Herculaneus Commodianus; contamos con representaciones en las que figura con los atributos de Hércules. Pero todo ello se explica dentro de la ideología orientalizante que se pretende dar como justificación del poder imperial y no es un reflejo de locuras o caprichos del emperador, como la historiografía prosenatorial quiere hacer creer. La tensas relaciones mantenidas entre el emperador y el Senado le valieron una damnatio memoriae, de cuya aplicación nos quedan testimonios en la epigrafía; su sucesor, Septimio Severo, rehabilito la figura de Cómodo.

La historiografía viene utilizando la expresión Monarquía Hispánica para referirse al conjunto de reinos y provincias que estaban bajo la soberanía de los monarcas españoles. Pero este entramado político, que abarcaba territorios diseminados en cuatro continentes, no formaba una unidad compacta: cada reino tenía sus propias leyes y tradiciones, sus instituciones de gobierno, sus tribunales de justicia, su sistema fiscal y su moneda. Y dentro de cada uno de ellos existían, además, elementos peculiares que diferenciaban regiones y ciudades entre sí, sin olvidar los privilegios relacionados con la pertenencia de los súbditos a uno u otro estamento. Lo único que daba cohesión a este conjunto era el monarca, que estaba por encima de todo y de toda norma de derecho positivo, que no conoce superior en lo temporal, que puede dar leyes y derogarlas, mover guerra o tratar paz, instituir, nombrar o deponer ministros y oficiales, conceder gracias, acuñar moneda e imponer tributos. La suprema potestad del soberano se manifiesta, sin embargo, más en mandar que en ejecutar, y así el oficio de reinar consiste, como advierte Saavedra Fajardo, en valerse de los ministros y en dejarlos obrar, pero atendiendo a lo que obran con una dirección superior, más o menos inmediata o asistente en razón de la importancia de los negocios. De aquí, por tanto, que la Monarquía Hispánica, resultado de un pacto sellado de común acuerdo entre el rey y los reinos, requiera para ser gobernada de unas instituciones de gobierno centralizadas, unipersonales o colegiadas, que ejecuten las órdenes del soberano y que al mismo tiempo puedan asesorarlo en la toma de decisiones.

La Monarquía Hispánica era la suma de distintas sociedades de estados que, reunidas en torno a una única figura real, el Rey Católico, hubo de enfrentar el problema de la imposibilidad de que el monarca residiese en persona en todos esos dominios que teóricamente exigían su presencia. Las formas a través de las que cada uno de estos reinos mantuvo viva y abierta su relación con el monarca fueron variadas. Las consideradas de mayor eminencia fueron las celebraciones de Cortes, en las que el rey se reunía con el reino; en ellas, tanto podía conocer los problemas y necesidades que había que resolver como solicitar del reino consejo y auxilio. Pero ciertos virreinatos y gobernaciones territoriales o algunos consejos residentes en la corte pueden ser considerados expresión de esa misma voluntad de relacionar particularmente al rey con cada uno de los reinos. Sin embargo, también es cierto que la incorporación de tantos dominios bajo un único cetro -súmense a los ibéricos, los europeos y los ultramarinos- se tradujo en el nacimiento de un nuevo ámbito que era o podía ser más que la mera suma de los territorios particulares de que se componía. Aunque si la consideramos desde la escala de los reinos, la Monarquía del Rey Católico era un mosaico de partes individualizadas y no centralizadas; vista desde la perspectiva del Rey Católico era mucho más, en relación, ante todo, con la escena internacional en la que se pugnaba por una hegemonía de apariencia continental o, incluso, universal. En la corte se aunaban ambas dimensiones, la del particularismo que llegaba hasta ella para mantener viva la memoria de la existencia de los reinos, pero también la del conjunto que de alguna manera había que regir desde ese polo en el que se encontraba el monarca, quien, además, no se conformó siempre con ser nada más que el rey de muchos dominios distintos y que aunó recursos, diseñó estrategias y creó un sistema más globalizado, tanto para servir a los objetivos de su política internacional como para romper los límites que a su acción se le ponían en cada reino.

Hacia 1580 el Marqués de Aguilar describió la relajación en que se sumía el despacho de los negocios en la corte cuando Felipe II se alejaba de ella por sólo salir su Majestad de aquí al Pardo. "Entonces -escribe el Marqués- los ministros de todos consejos y estados dan larga a los negocios y no vienen a las horas ni a las juntas como deberían". Cuando el rey estaba en Madrid, aunque estuviera retirado, su sombra servía para que todo volviese a ponerse en marcha. Sin embargo, Aguilar temía que el caos más horrible se apoderase del gobierno si Felipe II partía hacia Portugal, como se decía que iba a hacer de inmediato, porque, entonces, "qué será faltando la sombra, que no solamente será sombra, sino la persona de Su Majestad". Que el rey se desplazara a una distancia que, sin mediar el mar, podía ser cubierta por un correo en apenas tres días no le tranquilizaba porque "en menos de éstos (tres días) suele haber alteraciones y revoluciones". Ante tal panorama, el Marqués de Aguilar no parecía tranquilizarse ni siquiera con la solución propuesta de dejar como Gobernadora a la reina Ana de Austria y de nombrar una especie de consejo de personas de sustancia para que la ayudasen en sus nuevas tareas. Felipe II acabó viajando a Portugal, no nombró a la reina Gobernadora -Ana de Austria moriría en Badajoz acompañando al rey- y no se produjeron ni alteraciones ni revoluciones durante su ausencia, que se prolongó durante tres años. Sin embargo, las disquisiciones del preocupado Aguilar nos sirven para ver algunos mecanismos que la Monarquía Hispánica ponía en marcha para solventar la ausencia del Rey Católico, así como algunos de los inconvenientes que se sabía, o se temía, que de ella podían resultar. Si Castilla se iba a convertir -ella también podía serlo- en el reino de un monarca ausente, como ya eran los demás territorios de la Monarquía, para reemplazar a la figura real se recurriría a la designación de un Gobernador, que, en este caso, sería de sangre real. Por otra parte, se confiaba a la correspondencia que el monarca pudiera seguir siendo informado para poder resolver directamente allí donde estuviera. Continuando con el testimonio de nuestro intranquilo Aguilar, podría decirse que Ana de Austria pasaba a convertirse en la "sombra" que supliría a la persona del monarca en Castilla como Gobernadora durante su ausencia, aunque al Marqués le parecía que una reina en días de parir por ejemplo, a la infanta María (1580-1583) era "de poca autoridad". La cortísima edad del por entonces heredero de la Monarquía, Diego Félix de Austria (1575-1582), determinaba que, caso de continuarse el proceso, la persona elegida para ocupar esa dignidad fuera la cuarta esposa de Felipe II. Del establecimiento de una Gobernación se esperaban varias cosas. Primero, que permitiese continuar con el despacho general de los negocios, presidido ahora por la Gobernadora y su consejo; segundo, que despejase el continuo temor a las revueltas que se creía llevaba aparejada la ausencia de toda figura gubernativa y que, añadamos, en la conflictiva década de 1570 parecían poder surgir incluso estando Felipe II en el reino. Este esquema tan simple, que consiste, en primer lugar, en el nombramiento de una o varias personas que representaran al rey en el dominio del que "faltaba" y, en segundo, en el seguimiento continuo de su gobierno pese a la distancia, lo que mantenía tanto al alter ego real como al correspondiente territorio bajo el directo control monárquico, fue utilizado una y otra vez por los Austrias para gobernar "en ausencia" su múltiple Monarquía hasta convertir el envío de virreyes y gobernadores en un signo distintivo de dicho período. En la práctica, podía adoptar diversas formas, pues cabía que se tratase de un gobierno personal o colectivo, reservado a los connaturales o abierto a extranjeros, así como las resultantes de la combinación de estas posibilidades. En términos generales, el gobierno unipersonal suele identificarse con el virreinato y el colectivo con el establecimiento de un cuerpo de gobernadores, aunque hay dominios en los que la Gobernación era unipersonal, como sucede en los Países Bajos o en Milán, donde, al no ser reinos, nunca se hablaba de virreinato. Hubo virreyes en todos los territorios de la Corona de Aragón -Valencia, Cataluña, Aragón (1516) y Mallorca (1575)-, así como en Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Como se ha dicho, Milán y los Países Bajos, con el Franco Condado, cuentan con una gobernación unipersonal. En la Corona de Castilla, la incorporación de Navarra lleva aparejada la creación de un virrey y se recurre a idéntico sistema en las Indias, con la implantación de sendos virreinatos en Nueva España (1535) y Perú (1543). En Galicia también hubo un Gobernador, que estuvo dotado de amplios poderes similares a los de un virrey, aunque no parece habérsele concedido el rango de gobierno plenamente separado. En el Portugal de los Austrias, desde 1583, hubo tanto virreyes como gobernaciones colectivas de cinco o tres miembros; por su parte, existía, ya mucho antes de 1580, un virreinato de la India. En la institución se observa claramente la huella de las antiguas lugartenencias con las que la Monarquía aragonesa tardomedieval intentó resolver el problema de la articulación en su seno de Aragón, Cataluña y Valencia. También es posible ponerla en relación con las regencias durante una minoría de edad que, aunque constitucionalmente sean bien distintas, también venían a enfrentarse con el problema de una temporal falta monárquica plena. Por útimo, no se ha de olvidar la práctica de dejar al frente del gobierno en Castilla a una persona de sangre real durante las largas ausencias de Carlos I (emperatriz Isabel de Portugal, Felipe II como Príncipe o María y Maximiliano de Austria) y los primeros años de Felipe II (Juana de Austria, Princesa de Portugal). Las funciones encomendadas a los virreyes y gobernadores nacen de su condición de "alter nos" del rey en un territorio, es decir, "como representando nuestra propia persona", siguiendo la fórmula empleada por Carlos I en algunas ordenanzas para la gobernación de los Países Bajos. Dependiendo directamente del monarca y por un período cronológico no prefijado -el Duque de Calabria, solo o en compañía de Germana de Foix, ocupó el virreinato valenciano nada menos que entre 1526 y 1550-, se colocan teóricamente al frente de la administración de justicia y de las múltiples labores de gobierno, añadiendo, por lo general, la capitanía general militar a sus cometidos. Los virreyes debían obrar conforme a las instrucciones o regimientos que se les entregaban y eran los máximos veladores del cumplimiento de las regias prerrogativas en los respectivos territorios (rentas, fiscalidad, jurisdicción, etc.). En suma, habrían sido una de las columnas en que se basó la práctica de la Monarquía Hispánica porque hacían posible que, de alguna manera, ésta funcionase coordinada al servir como nexo principal de unión para la ejecución de las órdenes reales en los distintos territorios. Su impronta administrativista es evidente en los virreinatos americanos y en la gobernación de Galicia, donde los respectivos territorios no estaban dotados de la máxima caracterización eminente que mantendrán Portugal, Cataluña, Aragón o Navarra con, por ejemplo, sus correspondientes asambleas de cortes y tres estados. Pero, incluso en éstos, la figura del virrey ha de considerarse el instrumento básico de la acción monárquica, en especial si la Corona deseaba incrementar su capacidad ejecutiva. No obstante, virreinatos y gobernaciones fueron algo más que meros instrumentos de una alta administración periférica, de la misma forma que los territorios en que se encontraban podían ser mucho más que provincias. Dejando a un lado los casos indianos y gallego, el sistema resultaba ser un trasunto de la estructura politerritorial de la Monarquía Hispánica y los virreyes -"como representando nuestra propia persona"- eran, de por sí, una prueba del mantenimiento del particularismo de los dominios heredados de los Austrias. Sucedería algo parecido a lo que se señaló para los órganos de la polisinodia residentes en la corte, pues virreinatos y gobernaciones no fueron simple y exclusivamente el instrumento de un poder central ejercido sobre la periferia. No dudando de su condición útil dentro del aparato real de gobierno, si algunos consejos existían como memoria de los reinos junto al rey, los virreinatos podían constituir la memoria del rey en sus reinos.