Organización político-administrativa inca
Compartir
Datos principales
Rango
América
Desarrollo
El gobierno de los incas se caracterizó por el ejercicio de un poder absoluto controlado por el Sapa Inca a través de una compleja red burocrática que alcanzaba a todos los súbditos, si bien las tradiciones de los grupos dominados se respetaron en el ámbito religioso, económico e incluso político. Se trataba de un Estado en el que se mezclaron, de forma original, instituciones y formas de gobierno "comunistas" con un régimen monárquico apoyado en principios teocráticos. El soberano del Tahuantinsuyu, cuya autoridad absoluta era acatada por sus súbditos con la reverencia debida al hijo del Sol, era prácticamente el dueño de todas las tierras del Imperio y de la fuerza de trabajo representada por la mayoritaria población campesina. La monarquía era hereditaria, aunque no forzosamente la sucesión tenía que recaer en el primogénito, ni siquiera en uno de los hijos de la Coya, esposa del Sapa Inca, que a partir de Pachacuti fue una de sus propias hermanas. La institución del matrimonio adelfogámico por el noveno soberano obedeció, tal vez, al afán de revitalizar el mítico origen de los hijos del Sol, como descendientes de la primitiva pareja de hermanos-esposos Manco Capac y Mama Ocllo, sacralizando así la estirpe conquistadora. El heredero era designado por el soberano, en función de su capacidad y aptitudes para el gobierno y la estrategia militar. Era en realidad un verdadero correinante con el padre, en las ocasiones en que por su edad pudiera desempeñar funciones de gobierno.
Pero no necesariamente ese heredero, en ocasiones correinante, tenía que llegar a ostentar la mascapaicha, la borla o insignia de la categoría imperial. Previamente tenía que ser reconocido como tal por la nobleza cuzqueña, y de hecho las sucesiones fueron frecuentemente tumultuosas y se decidieron después de motines y conspiraciones entre sectores de esa nobleza, originados por los intereses de los grupos familiares de las concubinas, madres de los pretendientes. Pero una vez que el heredero era reconocido y proclamado, su autoridad se consideraba indiscutible para la poderosa nobleza y por supuesto para el pueblo, ajeno por completo a las intrigas de la Corte. El Cuzco, centro físico y espiritual del Imperio, en el que residía el Sapa Inca, fue el eje y modelo de esa organización perfecta. La misma capital con su estructura cuatripartita generó la división del creciente Tahuantinsuyu en las cuatro regiones o Suyos del Imperio. En cada uno de ellos ejercía las altas funciones del gobierno, en representación del Soberano, uno de sus más cercanos parientes. Los cuatro Suyoyoc Apu formaban un Consejo que asistía al Sapa Inca y gobernaban en su demarcación, pero las decisiones importantes emanaban del soberano. A partir de esta demarcación, meramente política, se superponía la de carácter administrativo. En los suyos se encuadraban las provincias, equivalentes a los Estados preincaicos incorporados paulatinamente al Imperio, aunque no exactamente coincidentes con ellos, puesto que la organización central, aun respetando la homogeneidad étnica y cultural, se basaba más en la población que había de mantener su productividad, que en la extensión geográfica.
Cada una de las provincias debía ser el asentamiento de 40.000 familias. Pero contaban dos factores importantes que constituyeron las formas más originales de la organización político administrativa inca: la distribución decimal de la población y la división tripartita de las tierras del Imperio. Cuando el Inca conquistaba un territorio se procedía inmediatamente a la distribución de sus recursos naturales y humanos. Aun cuando la estructura del ayllu se respetaba (de hecho se tendió siempre a garantizar su autosuficiencia económica), y se mantuviera la propiedad de las tierras comunales, el soberano confiscaba un lote de ellas que destinaba al mantenimiento del Estado. Otro lote era reservado para atender a las exigencias del culto; eran las llamadas "tierras del Sol". Las del pueblo abarcaban las parcelas necesarias para el sustento de los ayllus. ¿Qué proporción había entre estos lotes y qué criterio se seguía para su distribución? Es cierto que se aseguraba la autosuficiencia de las comunidades, pero las necesidades de consumo de éstas se reglamentaban y se mantenían en un nivel mínimo, lo que permitía que la extensión de los otros lotes fuera considerable, y ésta era una exigencia impuesta por la cantidad de recursos que absorbía el sustento del Inca, las elites y el culto, que dependían de la explotación de esas tierras, confiada a las comunidades que residían en ellas. Por otra parte existía otro tipo de tierras, que se podrían considerar como de propiedad privada, que eran las patrimoniales de cada Inca, transmitidas a sus respectivas panacas y explotadas por población yana.
El funcionario que representaba en las provincias la máxima autoridad era el Ttocricuk, cuyas funciones, aunque eran esencialmente administrativas, abarcaban otros aspectos políticos y militares, y además ostentaba el poder ejecutivo de forma muy amplia. Para desempeñar sus funciones contaba con una red de funcionarios subalternos, residentes en las ciudades más pequeñas y en los pueblos de su demarcación, pero él mismo estaba sujeto a una vigilancia y supervisión de su gestión. Funcionarios volantes o inspectores recorrían constantemente las tierras del Tahuantinsuyu con misiones especiales encomendadas directamente por el soberano, cuya finalidad era recoger informes sobre todos los aspectos del gobierno y la administración. Esta organización central tan estricta, que hubiera podido ser la causa de disensiones y disturbios en el Imperio, no supuso un desequilibrio en la estructura tradicional de los pueblos que la componían. Gracias al respeto que se tuvo por las formas locales de gobierno, con las que se estableció una inteligente coexistencia mediante un estricto sistema de reciprocidad de servicios y de redistribución de bienes, se mantenía una absoluta comunidad de intereses entre el poder central y el de los curaca. Estos jefes locales, cuya autoridad fue respetada casi sin excepción, permitiéndoseles ejercer su autoridad sobre las comunidades que les estaban sujetas, eran de categoría muy variable. Dependían del número de individuos que controlaban y cuyos servicios personales tenían derecho a utilizar.
Su rango superior dentro de la comunidad era reconocido por ésta y por el Estado. Las obligaciones de los curaca eran velar por el rendimiento del trabajo de sus sujetos y controlar la entrega del tributo, del que debían rendir cuentas personalmente al Inca en el Cuzco periódicamente, entregando ellos mismos los artículos suntuarios procedentes de su localidad. A cambio recibían a su vez regalos del soberano, objetos preciosos procedentes de otras partes del Imperio a los que de otra forma no tendrían acceso, yanas para su servicio y concubinas procedentes de los Aclla huasi. De esta manera se establecía a través de la redistribución de bienes, una comunidad de intereses con los señores locales cuya lealtad era necesaria para el Inca. Lealtad y colaboración que se aseguraban, también, valiéndose del sistema de retener en la capital del Imperio, en calidad de rehenes a los hijos de los curaca que en su día habían de suceder a sus padres en el gobierno de las comunidades. Así, centralizando y unificando viejas tradiciones y superponiendo a ellas un engranaje de mecanismos burocráticos complejos, los Incas consiguieron mantener la unidad política de su Imperio.
Pero no necesariamente ese heredero, en ocasiones correinante, tenía que llegar a ostentar la mascapaicha, la borla o insignia de la categoría imperial. Previamente tenía que ser reconocido como tal por la nobleza cuzqueña, y de hecho las sucesiones fueron frecuentemente tumultuosas y se decidieron después de motines y conspiraciones entre sectores de esa nobleza, originados por los intereses de los grupos familiares de las concubinas, madres de los pretendientes. Pero una vez que el heredero era reconocido y proclamado, su autoridad se consideraba indiscutible para la poderosa nobleza y por supuesto para el pueblo, ajeno por completo a las intrigas de la Corte. El Cuzco, centro físico y espiritual del Imperio, en el que residía el Sapa Inca, fue el eje y modelo de esa organización perfecta. La misma capital con su estructura cuatripartita generó la división del creciente Tahuantinsuyu en las cuatro regiones o Suyos del Imperio. En cada uno de ellos ejercía las altas funciones del gobierno, en representación del Soberano, uno de sus más cercanos parientes. Los cuatro Suyoyoc Apu formaban un Consejo que asistía al Sapa Inca y gobernaban en su demarcación, pero las decisiones importantes emanaban del soberano. A partir de esta demarcación, meramente política, se superponía la de carácter administrativo. En los suyos se encuadraban las provincias, equivalentes a los Estados preincaicos incorporados paulatinamente al Imperio, aunque no exactamente coincidentes con ellos, puesto que la organización central, aun respetando la homogeneidad étnica y cultural, se basaba más en la población que había de mantener su productividad, que en la extensión geográfica.
Cada una de las provincias debía ser el asentamiento de 40.000 familias. Pero contaban dos factores importantes que constituyeron las formas más originales de la organización político administrativa inca: la distribución decimal de la población y la división tripartita de las tierras del Imperio. Cuando el Inca conquistaba un territorio se procedía inmediatamente a la distribución de sus recursos naturales y humanos. Aun cuando la estructura del ayllu se respetaba (de hecho se tendió siempre a garantizar su autosuficiencia económica), y se mantuviera la propiedad de las tierras comunales, el soberano confiscaba un lote de ellas que destinaba al mantenimiento del Estado. Otro lote era reservado para atender a las exigencias del culto; eran las llamadas "tierras del Sol". Las del pueblo abarcaban las parcelas necesarias para el sustento de los ayllus. ¿Qué proporción había entre estos lotes y qué criterio se seguía para su distribución? Es cierto que se aseguraba la autosuficiencia de las comunidades, pero las necesidades de consumo de éstas se reglamentaban y se mantenían en un nivel mínimo, lo que permitía que la extensión de los otros lotes fuera considerable, y ésta era una exigencia impuesta por la cantidad de recursos que absorbía el sustento del Inca, las elites y el culto, que dependían de la explotación de esas tierras, confiada a las comunidades que residían en ellas. Por otra parte existía otro tipo de tierras, que se podrían considerar como de propiedad privada, que eran las patrimoniales de cada Inca, transmitidas a sus respectivas panacas y explotadas por población yana.
El funcionario que representaba en las provincias la máxima autoridad era el Ttocricuk, cuyas funciones, aunque eran esencialmente administrativas, abarcaban otros aspectos políticos y militares, y además ostentaba el poder ejecutivo de forma muy amplia. Para desempeñar sus funciones contaba con una red de funcionarios subalternos, residentes en las ciudades más pequeñas y en los pueblos de su demarcación, pero él mismo estaba sujeto a una vigilancia y supervisión de su gestión. Funcionarios volantes o inspectores recorrían constantemente las tierras del Tahuantinsuyu con misiones especiales encomendadas directamente por el soberano, cuya finalidad era recoger informes sobre todos los aspectos del gobierno y la administración. Esta organización central tan estricta, que hubiera podido ser la causa de disensiones y disturbios en el Imperio, no supuso un desequilibrio en la estructura tradicional de los pueblos que la componían. Gracias al respeto que se tuvo por las formas locales de gobierno, con las que se estableció una inteligente coexistencia mediante un estricto sistema de reciprocidad de servicios y de redistribución de bienes, se mantenía una absoluta comunidad de intereses entre el poder central y el de los curaca. Estos jefes locales, cuya autoridad fue respetada casi sin excepción, permitiéndoseles ejercer su autoridad sobre las comunidades que les estaban sujetas, eran de categoría muy variable. Dependían del número de individuos que controlaban y cuyos servicios personales tenían derecho a utilizar.
Su rango superior dentro de la comunidad era reconocido por ésta y por el Estado. Las obligaciones de los curaca eran velar por el rendimiento del trabajo de sus sujetos y controlar la entrega del tributo, del que debían rendir cuentas personalmente al Inca en el Cuzco periódicamente, entregando ellos mismos los artículos suntuarios procedentes de su localidad. A cambio recibían a su vez regalos del soberano, objetos preciosos procedentes de otras partes del Imperio a los que de otra forma no tendrían acceso, yanas para su servicio y concubinas procedentes de los Aclla huasi. De esta manera se establecía a través de la redistribución de bienes, una comunidad de intereses con los señores locales cuya lealtad era necesaria para el Inca. Lealtad y colaboración que se aseguraban, también, valiéndose del sistema de retener en la capital del Imperio, en calidad de rehenes a los hijos de los curaca que en su día habían de suceder a sus padres en el gobierno de las comunidades. Así, centralizando y unificando viejas tradiciones y superponiendo a ellas un engranaje de mecanismos burocráticos complejos, los Incas consiguieron mantener la unidad política de su Imperio.
