Economía y Hacienda pública
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Datos principales
Rango
Eco-Soc XVI
Desarrollo
Los efectos del intervencionismo estatal en la economía tuvieron una faceta primordial en la práctica hacendística. Las haciendas de los incipientes Estados nacionales europeos se enfrentaban en el siglo XVI a dos problemas fundamentales: la racionalización de la gestión de los recursos y la necesidad de aumentar sus ingresos. Ambos problemas estaban ligados al proceso de consolidación del aparato estatal y a las exigencias de la política bélica exterior. En realidad, aunque el aparato cortesano consumía importantes recursos y los gastos de la Administración real crecieron de acuerdo con el propio crecimiento de la maquinaria burocrática, fue la guerra, siempre acechante, la que exigió los mayores esfuerzos económicos. Ninguno de los dos problemas se resolvió de forma completamente eficaz, aunque se registraron indudables progresos. El primero de ellos se abordó mediante la reforma de las instituciones hacendísticas existentes. En Castilla correspondió esta misión a los Reyes Católicos, quienes crearon una doble contaduría: la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contaduría Mayor de Cuentas, la primera con carácter de gestión y, la segunda de control. Sin retocar en exceso las bases de la fiscalidad castellana, la mejor gestión hacendística se tradujo durante este reinado en un aumento importante de la recaudación. Más tarde, durante el reinado de Carlos I, se creó un Consejo de Hacienda con carácter ministerial que pasó a engrosar el sistema sinodal de gobierno de la Monarquía hispánica.
En Francia, a inicios del Quinientos, el sistema financiero era todavía el de Carlos VII, pero fue profundamente modificado durante el reinado de Francisco I, con la creación del "Trésor de l´Épargne, institución que contribuyó al progreso del poder real y a la centralización de los ingresos. En Inglaterra, Enrique VII acertó a organizar financieramente la Monarquía con medios modestos aunque sólidos, desarrollando los servicios financieros de la Cámara del Rey a costa de la lenta y burocrática Tesorería. Con ello la Monarquía logró también una mayor independencia económica respecto a las instituciones tradicionales (H. Lapevre). El segundo problema, el del aumento de los ingresos, se intentó solucionar por una doble vía. Por una parte, el incremento de la presión fiscal y la diversificación de las fuentes de recaudación. Por otra, el diseño de una política económica proteccionista que, al procurar un aumento de la riqueza del país, mejorara de paso las expectativas de recaudación tributaria. Los impuestos podían ser ordinarios o extraordinarios, directos o indirectos. Los impuestos directos requerían generalmente de la aprobación de las Asambleas estamentales. Así ocurría en Inglaterra, donde los subsidios extraordinarios debían ser votados por el Parlamento. En los reinos hispánicos eran las Cortes quienes daban su aprobación a la recaudación de los servicios ordinarios y extraordinarios.
En Francia la talla originariamente debía ser aprobada por los representantes de la nación, aunque su monto era señalado por el Consejo Real. En el norte del país la talla constituía una capitación personal, mientras en el sur consistía en un impuesto territorial. Entre los impuestos ordinarios eran frecuentes aquellos que gravaban el comercio o el consumo. En Castilla, la alcabala o impuesto sobre las compraventas constituía una de las fuentes más saneadas de ingresos de la Hacienda real. En Francia se cobraban ciertos impuestos sobre las mercancías ("aides", especialmente cobradas sobre el vino) y la exportación e importación de productos (traites), además de una tasa sobre la sal (gabelle). En Inglaterra, los derechos aduaneros (customs) formaban parte importante de las rentas ordinarias de la Corona. En los casos en los que el esfuerzo fiscal resultaba insuficiente, la Hacienda recurrió a otros expedientes extraordinarios que, a fuer de frecuentados, terminaron por hacerse procedimientos ordinarios. Entre ellos, la enajenación de bienes del patrimonio real, tales como baldíos y jurisdicciones señoriales. Pero, sobre todo, los monarcas recurrieron a la deuda pública. La demanda de empréstitos por parte del Estado contribuyó al desarrollo del mundo de las finanzas, dado que los principales prestamistas fueron grandes banqueros. Carlos V recurrió a ellos para obtener anticipadamente la liquidez necesaria para financiar sus campañas militares, con la garantía de la recaudación fiscal en Castilla y las remesas de plata americana.
Entre sus principales banqueros se contaron genoveses y alemanes, como los Spínola y los Fugger. El creciente volumen de la deuda pública, aumentado por los crecidos intereses de los préstamos, y la incapacidad de la Monarquía para hacer frente a los plazos de vencimiento obligaron a su sucesor en el trono, Felipe II, a recurrir en varias ocasiones a la bancarrota, declarando la insolvencia de las arcas públicas y convirtiendo la deuda flotante en deuda consolidada a largo plazo. Los réditos de los juros (títulos fiduciarios sobre la recaudación de ciertos impuestos) habían por entonces alcanzado un elevadísimo porcentaje del presupuesto anual de la Corona. La primera declaración de bancarrota se produjo en 1557, momento en que la deuda flotante alcanzaba las dos terceras partes de los ingresos ordinarios de la Corona. En 1560 se produjo una nueva suspensión de pagos. La solución no fue sino temporal. Un cálculo efectuado en 1574 por Juan de Ovando, presidente del Consejo de Hacienda, demostró que las deudas corrientes montaban 74.000.000 de ducados, mientras los ingresos previstos para el mismo año ascendían a sólo 5,6 millones. En 1576 el Estado hubo de declararse de nuevo en quiebra, provocando el colapso económico de Amberes, principal centro financiero de Europa, y la decadencia de las ferias castellanas, lugares de negociación del crédito estatal. A fines del reinado, en 1596, se llevó a cabo una nueva declaración de bancarrota, que no fue, ni mucho menos, la última, pues la serie continuó a lo largo del siglo XVII. Las bancarrotas de la Hacienda castellana son el más vivo ejemplo de las contradicciones del imperialismo hispánico, cuya política de dominio implicó costos económicos a la larga insostenibles.
En Francia, a inicios del Quinientos, el sistema financiero era todavía el de Carlos VII, pero fue profundamente modificado durante el reinado de Francisco I, con la creación del "Trésor de l´Épargne, institución que contribuyó al progreso del poder real y a la centralización de los ingresos. En Inglaterra, Enrique VII acertó a organizar financieramente la Monarquía con medios modestos aunque sólidos, desarrollando los servicios financieros de la Cámara del Rey a costa de la lenta y burocrática Tesorería. Con ello la Monarquía logró también una mayor independencia económica respecto a las instituciones tradicionales (H. Lapevre). El segundo problema, el del aumento de los ingresos, se intentó solucionar por una doble vía. Por una parte, el incremento de la presión fiscal y la diversificación de las fuentes de recaudación. Por otra, el diseño de una política económica proteccionista que, al procurar un aumento de la riqueza del país, mejorara de paso las expectativas de recaudación tributaria. Los impuestos podían ser ordinarios o extraordinarios, directos o indirectos. Los impuestos directos requerían generalmente de la aprobación de las Asambleas estamentales. Así ocurría en Inglaterra, donde los subsidios extraordinarios debían ser votados por el Parlamento. En los reinos hispánicos eran las Cortes quienes daban su aprobación a la recaudación de los servicios ordinarios y extraordinarios.
En Francia la talla originariamente debía ser aprobada por los representantes de la nación, aunque su monto era señalado por el Consejo Real. En el norte del país la talla constituía una capitación personal, mientras en el sur consistía en un impuesto territorial. Entre los impuestos ordinarios eran frecuentes aquellos que gravaban el comercio o el consumo. En Castilla, la alcabala o impuesto sobre las compraventas constituía una de las fuentes más saneadas de ingresos de la Hacienda real. En Francia se cobraban ciertos impuestos sobre las mercancías ("aides", especialmente cobradas sobre el vino) y la exportación e importación de productos (traites), además de una tasa sobre la sal (gabelle). En Inglaterra, los derechos aduaneros (customs) formaban parte importante de las rentas ordinarias de la Corona. En los casos en los que el esfuerzo fiscal resultaba insuficiente, la Hacienda recurrió a otros expedientes extraordinarios que, a fuer de frecuentados, terminaron por hacerse procedimientos ordinarios. Entre ellos, la enajenación de bienes del patrimonio real, tales como baldíos y jurisdicciones señoriales. Pero, sobre todo, los monarcas recurrieron a la deuda pública. La demanda de empréstitos por parte del Estado contribuyó al desarrollo del mundo de las finanzas, dado que los principales prestamistas fueron grandes banqueros. Carlos V recurrió a ellos para obtener anticipadamente la liquidez necesaria para financiar sus campañas militares, con la garantía de la recaudación fiscal en Castilla y las remesas de plata americana.
Entre sus principales banqueros se contaron genoveses y alemanes, como los Spínola y los Fugger. El creciente volumen de la deuda pública, aumentado por los crecidos intereses de los préstamos, y la incapacidad de la Monarquía para hacer frente a los plazos de vencimiento obligaron a su sucesor en el trono, Felipe II, a recurrir en varias ocasiones a la bancarrota, declarando la insolvencia de las arcas públicas y convirtiendo la deuda flotante en deuda consolidada a largo plazo. Los réditos de los juros (títulos fiduciarios sobre la recaudación de ciertos impuestos) habían por entonces alcanzado un elevadísimo porcentaje del presupuesto anual de la Corona. La primera declaración de bancarrota se produjo en 1557, momento en que la deuda flotante alcanzaba las dos terceras partes de los ingresos ordinarios de la Corona. En 1560 se produjo una nueva suspensión de pagos. La solución no fue sino temporal. Un cálculo efectuado en 1574 por Juan de Ovando, presidente del Consejo de Hacienda, demostró que las deudas corrientes montaban 74.000.000 de ducados, mientras los ingresos previstos para el mismo año ascendían a sólo 5,6 millones. En 1576 el Estado hubo de declararse de nuevo en quiebra, provocando el colapso económico de Amberes, principal centro financiero de Europa, y la decadencia de las ferias castellanas, lugares de negociación del crédito estatal. A fines del reinado, en 1596, se llevó a cabo una nueva declaración de bancarrota, que no fue, ni mucho menos, la última, pues la serie continuó a lo largo del siglo XVII. Las bancarrotas de la Hacienda castellana son el más vivo ejemplo de las contradicciones del imperialismo hispánico, cuya política de dominio implicó costos económicos a la larga insostenibles.
