La administración de justicia
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Datos principales
Rango
América 1550-1700
Desarrollo
La impartición de justicia y la vigilancia de la administración fue confiada a las Audiencias. En 1511 se creó la de Santo Domingo, a la que siguieron la de México (1527), Panamá (1538), Guatemala y Lima (1542), Guadalajara y Santa Fe de Bogotá (1548), Charcas (1559), Quito y Chile (1563) y Buenos Aires (1661). Constaban de cuatro oidores y un Presidente. Este último no podía emitir voto en materia de justicia a menos que fuera Licenciado. Los oidores eran jueces (estaban graduados en leyes), que necesitaban oír a las partes para fallar los pleitos. La dificultad de completar el mínimo necesario para sostener una sala de Justicia, debido a los fallecimientos, traslados y visitas que debían realizar, condujo a elevar su número a cinco o seis y hasta ocho durante el siglo XVII. En este último caso formaban dos salas. En México y Lima hubo desde 1568 una sala especial para la justicia penal (sala del Crimen). La Corona trató de convertir a los oidores en unos hombres sin intereses particulares, para asegurar la pureza de sus fallos. Prohibió que ejercieran en los territorios donde habían nacido, que tuvieran bienes donde desempeñaban su trabajo y hasta que se casaran con mujeres del país (también sus hijos). En la época de la corrupción administrativa se violaron todas las prohibiciones. Se dieron casos escandalosos de oidores que regentaban garitos de juego, a los que había que acudir para perder dinero en ellos a cambio de lograr algunos favores en el tribunal.
Para vigilar a estos oidores y a todos los burócratas se implantaron dos instituciones que fueron el juicio de residencia y la visita. El primero procedía de la Edad Media española (se menciona ya en las Siete Partidas) y obligaba a todo funcionario (incluidos los virreyes) a dar cuenta de su actuación al término del mandato. Para realizar la residencia se nombraba un Juez (frecuentemente un oidor), que se trasladaba al lugar donde había ejercido el administrador y publicaba a bombo y platillo la apertura del juicio, pudiéndose presentar ante él todos los que tuvieran agravios o acusaciones acerca de la gestión del funcionario saliente. Para evitar que éste último presionara o coaccionara a los testigos se le enviaba a otra ciudad. El juez de residencia iniciaba las averiguaciones pertinentes con ayuda de un secretario y levantaba dos sumarios, uno secreto y otro público. En el primero recogía el fruto de sus pesquisas personales. En el segundo, los testimonios de los agraviados. Emitía finalmente una sentencia, que podía ser recurrida ante el Consejo de Indias o en última instancia ante el Rey, por vía de súplica. La idea del juicio de residencia era excelente, pero su ejecución estuvo llena de vicios que le hicieron perder eficiencia. Para evitar gastos se acostumbró que el nuevo funcionario que iba a ocupar una plaza fuese también el juez de residencia que juzgaba al funcionario saliente, resultando un curso acelerado del sistema de corrupción que debía emplear.
Por otra parte, era siempre difícil presentar pruebas de los sobornos y más aún de las presiones con que se coaccionaba a los gobernados. Además, la máquina justiciera fue ablandándose progresivamente. Durante el siglo XVI, hubo algunos casos de funcionarios que pagaron su mala actuación con la horca, pero en el siglo XVII todo se resolvía pagando multas. En cuanto a la visita, era un juicio de residencia extemporáneo que se hacía antes del término de un mandato, cuando existían acusaciones graves contra el funcionario o sospecha de una mala gestión administrativa. El Consejo proponía al rey el envío de un visitador, que llegaba investido de plenos poderes. Suspendía temporalmente al funcionario sospechoso y comenzaba las averiguaciones oportunas. Si consideraba que la acusación o sospecha era infundada procedía a reponerle en su cargo. En caso contrario, le enviaba a España con la sentencia condenatoria, comúnmente pecuniaria. La visita dio aún más problemas que el juicio de residencia, pues no era raro que el visitador pretendiera inculpar al funcionario bajo sospecha con objeto de quedarse con su plaza a título provisional. Además, era frecuente que se aprovechara la visita para inspeccionar las actuaciones de todos los tribunales de la circunscripción y especialmente de las Audiencias, lo que elevaba los costos de la misma y, además, la volvía interminable. Hasta 1700, las once audiencias recibieron entre 60 y 70 visitas. Algunas de ellas, como la de Cornejo al Nuevo Reino de Granada, fueron verdaderamente escandalosas, dividiendo a los pobladores en bandos y deponiendo y reponiendo varias veces al Presidente.
Para vigilar a estos oidores y a todos los burócratas se implantaron dos instituciones que fueron el juicio de residencia y la visita. El primero procedía de la Edad Media española (se menciona ya en las Siete Partidas) y obligaba a todo funcionario (incluidos los virreyes) a dar cuenta de su actuación al término del mandato. Para realizar la residencia se nombraba un Juez (frecuentemente un oidor), que se trasladaba al lugar donde había ejercido el administrador y publicaba a bombo y platillo la apertura del juicio, pudiéndose presentar ante él todos los que tuvieran agravios o acusaciones acerca de la gestión del funcionario saliente. Para evitar que éste último presionara o coaccionara a los testigos se le enviaba a otra ciudad. El juez de residencia iniciaba las averiguaciones pertinentes con ayuda de un secretario y levantaba dos sumarios, uno secreto y otro público. En el primero recogía el fruto de sus pesquisas personales. En el segundo, los testimonios de los agraviados. Emitía finalmente una sentencia, que podía ser recurrida ante el Consejo de Indias o en última instancia ante el Rey, por vía de súplica. La idea del juicio de residencia era excelente, pero su ejecución estuvo llena de vicios que le hicieron perder eficiencia. Para evitar gastos se acostumbró que el nuevo funcionario que iba a ocupar una plaza fuese también el juez de residencia que juzgaba al funcionario saliente, resultando un curso acelerado del sistema de corrupción que debía emplear.
Por otra parte, era siempre difícil presentar pruebas de los sobornos y más aún de las presiones con que se coaccionaba a los gobernados. Además, la máquina justiciera fue ablandándose progresivamente. Durante el siglo XVI, hubo algunos casos de funcionarios que pagaron su mala actuación con la horca, pero en el siglo XVII todo se resolvía pagando multas. En cuanto a la visita, era un juicio de residencia extemporáneo que se hacía antes del término de un mandato, cuando existían acusaciones graves contra el funcionario o sospecha de una mala gestión administrativa. El Consejo proponía al rey el envío de un visitador, que llegaba investido de plenos poderes. Suspendía temporalmente al funcionario sospechoso y comenzaba las averiguaciones oportunas. Si consideraba que la acusación o sospecha era infundada procedía a reponerle en su cargo. En caso contrario, le enviaba a España con la sentencia condenatoria, comúnmente pecuniaria. La visita dio aún más problemas que el juicio de residencia, pues no era raro que el visitador pretendiera inculpar al funcionario bajo sospecha con objeto de quedarse con su plaza a título provisional. Además, era frecuente que se aprovechara la visita para inspeccionar las actuaciones de todos los tribunales de la circunscripción y especialmente de las Audiencias, lo que elevaba los costos de la misma y, además, la volvía interminable. Hasta 1700, las once audiencias recibieron entre 60 y 70 visitas. Algunas de ellas, como la de Cornejo al Nuevo Reino de Granada, fueron verdaderamente escandalosas, dividiendo a los pobladores en bandos y deponiendo y reponiendo varias veces al Presidente.
