La Península italiana

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Datos principales

Inicio 
1660DC
Fin 
1789DC
Rango 
1660DC to 1789DC
Periodo 
mosaico

Desarrollo

A comienzos del siglo XVIII la península italiana era un territorio fragmentado en unidades políticas independientes, cada una de ellas con un discurrir propio y con particularidades específicas a todos los niveles, donde la ausencia de una estructura institucional centralizada a nivel nacional las deja a merced de su propia historia, al tiempo que les proporciona una indudable debilidad; en esta época, como sucedía en etapas históricas anteriores, continuará la tendencia tradicional de las potencias europeas a luchar por su dominación, lo que convertirá frecuentemente a su territorio en escenario de lucha. Asimismo, la creciente atención por el Mediterráneo, espacio codiciado por naciones como Gran Bretaña o Austria, la convierte en zona estratégica fundamental, sobre todo tras la constatación de la decadencia turca y el relevo de soberanías resultante de las Paces de Utrecht. A partir de ahora, la península quedará a merced de los dictados de la Cuádruple Alianza, como pudo comprobarse en la crisis de 1718-1720 o en la Guerra de Sucesión polaca. En efecto, los resultados de la Guerra de Sucesión al trono español trajeron como consecuencia la sustitución de la soberanía española en la zona sur -Nápoles, Sicilia y Cerdeña- y en algunos puntos del norte (Ducado de Milán); al tiempo que la creación de una monarquía en el Piamonte introducirá un elemento distorsionador más. La decadencia de las grandes repúblicas Venecia y Génova- y la creciente pérdida de prestigio y poder del Papado son otros elementos a tener en cuenta para comprender en su complejidad la política italiana de esta centuria. Sin embargo, Utrecht no sentó las bases de la estabilidad, todo lo contrario; ni España ni Felipe V estaban dispuestos a aceptar este statu quo impuesto por los aliados por lo que desarrollan una política agresiva -el irredentismo italiano- para tratar de recuperar su dominio e influencia tradicionales, objetivo parcialmente conseguido cuando se reconozca a infantes de la Casa Borbón al frente de territorios políticamente independientes de la Monarquía española. La Guerra de Sucesión polaca (1733-1738) alteró de nuevo el panorama; la amenaza europea que se cierne sobre la península interrumpe la acción reformadora iniciada por doquier, y la primacía de la defensa se antepone a la solución de los problemas internos. Los hechos militares acaecidos en su suelo traen consigo el triunfo de los Borbones sobre los austriacos en Nápoles, marcando la desaparición del partido gibelino; en Turín la abdicación de Víctor Amadeo detuvo las reformas; en Milán se paralizó la elaboración del Catastro, y los Estados Pontificios se verán inmersos en una aguda crisis económica. La Guerra de Sucesión austríaca (1743-1748) provocó de nuevo grandes alteraciones, incluso un relevo de soberanías: los Borbones vuelven a Nápoles y Sicilia (Carlos VII) y a los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla (Felipe); Toscana fue transferida al duque de Lorena, y se advierte un avance de las fuerzas tradicionales. No obstante, la Paz de Aquisgrán supone una pacificación duradera, lo que permite a los países italianos volcarse sobre sí mismos, hasta que en los años noventa los revolucionarios franceses reabran este frente y de nuevo se convierta en escenario de conflicto internacional. Del mismo modo que señalamos la decadencia y la debilidad política italianas habría que resaltar los avances que en materia intelectual y cultural se operaron en su sociedad. Algunos países se convirtieron en modelo de Estados absolutistas, caracterizados por multitud de reformas que preludian un orden nuevo, y minan las bases del Antiguo Régimen. La Ilustración supo atraerse a muchos políticos y hombres de gobierno que se inclinaron por el progreso y la adopción de un nuevo espíritu racionalista y científico. Estos avances fueron posible por la pérdida de influencia de la Iglesia y por la acción regalista de los Estados, que sustraen la instrucción, el sistema educativo y la censura de libros a las instituciones eclesiásticas proclamando a las instancias civiles como únicas competentes en dichas materias.


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