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Desarrollo


Estos reducidos territorios, situados al norte de la península, eran propiedad de la familia Farnesio y cuando el duque Antonio murió sin descendencia, en 1731, la reina de España, Isabel, adujo sus derechos familiares y consiguió hacer recaer esta herencia en su primogénito Carlos. Pero en 1738, al firmarse la Paz de Viena, este infante obtuvo el reino de las Dos Sicilias, teniendo que ceder estos territorios a Austria. Diez años más tarde la suerte volvió a cambiar y el Tratado de Aquisgrán (1748) estipuló que el ducado y las plazas fueron para el segundogénito de Isabel, don Felipe de Borbón. Felipe (1748-1765) quiso ante todo reforzar su propio poder para, a continuación, iniciar una labor reformadora donde el objetivo principal era sanear la hacienda del Estado. Para ello se rodeó de hombres ilustrados, como Tillot, Condillac, Keraclio, etc. El primero es nombrado ministro de Finanzas y secretario de Estado y se convierte en el gran artífice de la renovación asumiendo postulados antijesuíticos, jansenistas, regalistas, ilustrados y jurisdiccionalistas. Atacó a fondo la riqueza de la Iglesia dictando un edicto en 1764 sobre sus propiedades vinculadas; un año más tarde se dicta otro sobre la desaparición de tribunales eclesiásticos propios; en 1768 expulsó a los jesuitas y desde entonces presta apoyo a los países borbónicos que instaban al Papado a abolir la compañía; y poco después la reforma de la educación mediante la creación de escuelas públicas con todos los grados (aunque un gran problema era la falta de docentes) y elaboración de nuevos planes de estudios universitarios, incidiendo mucho en los jurídicos.

A la muerte de Felipe le sucede su hijo Fernando (1765-1802), quien se mantuvo en la línea reformadora confiando en Tillot y sus colaboradores. Entre 1768-1771 se da una profusión legislativa afirmando las prerrogativas del Estado; supresión de la bula Por Coena Domini, abolición de la Inquisición y traslado de la censura de libros al poder laico. En el campo económico asestó un golpe a los estamentos privilegiados, al ser obligados al pago de impuestos con la declaración de igualdad fiscal; adopción de la libertad de comercio, se favorece la introducción de nuevos cultivos y se realizan obras de irrigación para potenciar la agricultura. También se reforma la asistencia social proclamando al Estado competente en esta materia, siendo sufragada por los ingresos resultantes de la venta de bienes de monasterios, cofradías y hermandades religiosas. Muchas de estas medidas tuvieron que ser suspendidas ante la presión desatada por las fuerzas conservadoras en los años setenta, que lograron la anulación de algunas leyes reformistas promulgadas por Tillot y el restablecimiento de antiguos privilegios a los estamentos superiores.

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