La política económica

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Datos principales

Inicio 
1931DC
Fin 
1939DC
Rango 
1931DC to 1939DC
Periodo 
Segunda República
Lugar 

Desarrollo

Los gobiernos republicanos dispusieron de un margen de actuación escaso en materia económica y aplicaron una política que casi todos los autores califican de conservadora. La izquierda heredó las dificultades hacendísticas de los últimos tiempos de la Dictadura y, enfrentada a una fuerte recesión, no tuvo tiempo ni medios para llevar a la práctica las transformaciones que demandaba su programa de reformas. El centro y la derecha, que gobernaron con una situación económica más favorable, intentaron compatibilizar una actuación ortodoxamente liberal con una elevada cota de protección sobre los sectores empresariales más afectados por la crisis. En líneas generales, los equipos económicos se mostraron preocupados por estabilizar los precios y equilibrar el presupuesto, conforme a pautas deflacionistas, así como por garantizar el tipo de cambio de la peseta, frenando su "deshonrosa" depreciación. Remedios clásicos y nada audaces que poco tenían que ver con los planteamientos de Keynes o con los modelos intervencionistas que aportaban en aquellos momentos el New Deal norteamericano y los fascismos europeos. El creciente endeudamiento del Estado convirtió en obsesiva la idea de cuadrar el presupuesto de ingresos y gastos. A partir de 1930 y, sobre todo, desde 1933, las autoridades renunciaron a sostener una política expansiva y centraron su atención en la reducción del déficit público. Desde Argüelles a Chapaprieta, pasando por Prieto y Carner, los ministros de Hacienda buscaron presupuestos de liquidación, que corrigiesen lo que se consideraba despilfarro de la Dictadura y permitieran reorientar las prioridades del gasto público. Uno de los mayores problemas lo planteaba el peso que tenían los gastos no productivos -defensa, clases pasivas, Deuda- que llegaron al 58 por ciento del total y que eran difíciles de reducir sin lesionar intereses muy amplios y arraigados. Además, la crisis afectó pronto a la recaudación de tributos y el superávit de 50 millones obtenido con los recortes de 1930 se convirtió en un déficit de 189 millones al año siguiente. El desarrollo de los programas generales de gobierno introdujo las lógicas variaciones en la política económica que, sin embargo, fueron menores de lo que podía esperarse de las fluctuaciones de mayorías parlamentarias. Al margen de las grandes líneas de la política de Hacienda, los gobernantes republicanos buscaron aplicar la iniciativa pública a la mejora del sistema productivo y al reforzamiento de las estructuras comerciales, aunque sin interferir en la libertad de empresa. Ello condujo a la creación de entidades de coordinación como la Comisión Mixta del Aceite, el Instituto para el Fomento del Cultivo del Algodón, el Comité Industrial Sedero o la Junta Naranjera Nacional. Y también mereció la atención de los responsables económicos otro tema pendiente: la política hidráulica. Inspirados por el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, y por su colaborador el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, se lanzaron en 1932-33 diversos proyectos, como la Ley de Obras de Puesta en Riego, destinada a crear zonas de regadío en Andalucía. Pero su meta más ambiciosa era el Plan General de Obras Hidráulicas. Prieto pretendía transformar las Confederaciones Hidrográficas en Mancomunidades ligadas por vínculos económicos y controladas por el Estado. Dentro de este plan, el equipo del Ministerio trabajó en la construcción de pantanos, como el de La Maya, en Salamanca, o el del Portillo del Cíjara (Badajoz), destinado a dar agua al campo extremeño, y en un proyecto de trasvase entre el Tajo, el Júcar y el Guadiana, cuyas aguas abastecerían al pantano de Alarcón y permitirían riegos regulares a las tierras de labor de Levante y de La Mancha. Pero el plan demandaba grandes cantidades de dinero y mucho tiempo -unos veinticinco años- y la República no dispuso ni de lo uno ni de lo otro. En otro orden de cosas, el ministro de Agricultura, Giménez Fernández, presentó en 1935 una Ley de Patrimonio Forestal del Estado, que buscaba proteger y aumentar el rendimiento de las superficies boscosas. Pero éstas y otras iniciativas -cuya bondad se demostraría bajo el franquismo- se vieron frustradas, igual que otras medidas reformistas, por las carencias presupuestarias y por la falta de continuidad que imponía a la planificación económica la inestabilidad crónica de los equipos gubernamentales.


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