La labor de la oposición

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Datos principales

Inicio 
1969DC
Fin 
1975DC
Rango 
1969DC to 1975DC
Periodo 
Final franquismo
Lugar 

Desarrollo

La labor de la oposición se concretó en la creación e impulso de una serie de movimientos sociales estrechamente vinculados, que favorecieron la aparición de conflictos continuados de naturaleza política. Tres características definen a la oposición desde los años sesenta hasta la muerte de Franco: 1) Hegemonía de la oposición interior sobre la exterior, lo cual representaba en numerosos casos un relevo generacional. Esta oposición interna tenía la virtud de conocer mejor la sociedad española, lo que la dotaba de un mayor realismo en sus planteamientos y, por tanto, de un creciente posibilismo en su actividad. 2) La división dentro de la oposición, que tan sólo se concretaría en esfuerzos de unidad de acción a partir de 1974 con la creación de la Junta Democrática de España (1974) y de la Plataforma de Convergencia Democrática (1975), aunque la existencia de ambos grupos mostró la imposibilidad de dicha unidad, que sólo se llevó a cabo en el caso de Cataluña. 3) Debilidad, tanto en el número de militantes como en la capacidad de movilización; aunque ésta creció de manera importante, nunca supuso un reto, o mejor dicho una alternativa, apoyada por el conjunto de los ciudadanos, a la dictadura. En el campo de las opciones ideológicas sobresalen dos: por un lado, las que se sitúan en el centro político, entre las opciones de reforma y ruptura, y que en función de los acontecimientos se aproximan más a un lado o a otro, representadas por ciertos sectores monárquicos, liberales, socialdemócratas y sobre todo demócrata-cristianos; por otro lado, las que apoyan sin ningún tipo de concesiones la opción rupturista, encabezada por los comunistas, y en la que también se encuentran los socialistas y la nueva izquierda. Tanto el PCE como el PSOE se mostraron en contra del nombramiento de Juan Carlos como sucesor y no dudaron en criticar a la persona ("Juan Carlos pelele", "Príncipe de opereta", "símbolo continuista", "Juan Carlos el Breve"...), así como a lo que implicaba de continuismo la instauración de la monarquía. Dicha posición se mantuvo al menos hasta la muerte de Franco, cambiando progresivamente durante el proceso de transición. En todo caso llama la atención la mayor dureza en el lenguaje utilizado por los socialistas frente a los comunistas; buen ejemplo de ello es la declaración conjunta de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT tras el asesinato de Carrero, que se titula: "Ante la ejecución de Carrero Blanco". Ya hemos visto los efectos que produjo el creciente número de huelgas al final del franquismo, así como su extensión a nuevos sectores de la población. Igualmente hemos señalado en este capítulo el distanciamiento de la Iglesia respecto de la política del régimen. Para completar el panorama vamos a referirnos al incremento de la rebelión estudiantil, a la aparición de los movimientos nacionalistas y al surgimiento de protestas en sectores hasta entonces mimados por el Régimen, como es el caso de la Justicia y el Ejército. A diferencia del movimiento obrero, la rebelión estudiantil fue más temprana, debido al proceso de pseudoliberalización llevado a cabo durante el ministerio de Ruiz Giménez. En efecto, el inicio de las protestas se vio favorecido por una cierta liberalización política en los medios universitarios, así como por la aparición de lo que Linz denomina oposición alegal. A ello hay que añadir la creciente presencia de militantes de la izquierda tradicional y de la nueva izquierda que tienden a desplazar el control que el SEU había tratado de ejercer sobre los estudiantes; de hecho, éste terminó por desaparecer en 1965. La mayor entrada de estudiantes en la Universidad, así como la paulatina pérdida del carácter elitista de la misma y la aparición de grupos de profesores que apoyan las demandas democráticas y de estudiantes que se organizan libremente (Sindicato Democrático de Estudiantes) llevan al movimiento estudiantil a una creciente politización, que ya se manifiesta claramente al final de la década de los sesenta, cuando las reivindicaciones políticas (amnistía, libertad de expresión y asociación, fin de la represión...) se sitúan en primera línea, junto a una creciente tendencia al asambleísmo y a la movilización (saltos y comandos). Entre 1965 y 1975 se asiste al auge permanente de las organizaciones estudiantiles, que tienden a perder su carácter clandestino para manifestarse abiertamente contra el régimen, a la vez que muestran su solidaridad con los movimientos antiimperialistas (Vietnam, recital de Raimon el 25 de mayo de 1968, mayo francés...). La respuesta del Régimen fue la de siempre: mayor represión, lo que provocó la muerte de algún estudiante (Enrique Ruano, enero 1969...), la presencia permanente de la policía en los campus universitarios, las medidas de excepción, o el cierre de universidades, como lo ocurrido en los distritos de Madrid, Barcelona, Valencia o Valladolid. Ya en los años setenta se produce la irrupción en la Universidad del movimiento de profesores no numerarios. Este profesorado vino a cubrir las crecientes necesidades que el incremento de alumnos requería, y supuso el acceso a dicho nivel de antiguos estudiantes que ya habían participado en las luchas de los años anteriores, con lo que el conflicto se fue extendiendo. Para el Régimen, la Universidad se había convertido en un búnker marxista. Ante esta situación, permitió y favoreció las actividades de los grupos ultra (Guerrilleros de Cristo Rey, Asociación de Universitarios Nacionalistas...), lo que mostraba la impotencia para recuperar su credibilidad en dicho medio. Es conveniente señalar que la entrada de un mayor número de estudiantes en la Universidad no sólo favoreció la protesta, sino que a la vez permitió el reclutamiento para la oposición de los hijos de la clase media, que hasta el momento habían permanecido al margen de cualquier tipo de politización. Una de las obsesiones del Nuevo Estado fue la puesta en marcha de un proceso de centralización y uniformización, tratando de impedir con medios represivos la aparición de movimientos nacionalistas. Franco concibió como una de sus misiones el acabar con los separatismos. Los movimientos nacionalistas más intensos se dieron en Cataluña y en el País Vasco. En la primera de estas regiones hubo una lenta reconstrucción interior y un progresivo abandono de la etapa republicana. La izquierda hizo suya la causa nacionalista, junto con la presencia de diversas personalidades provenientes del campo católico, que trataron de orientar el movimiento nacionalista como un intento de reconstrucción cultural, como es el caso de Jordi Pujol, que sufrió directamente los efectos de la represión, o de Antón Canyellas. Símbolo de este tipo de oposición fue el abad de Montserrat (dom Aureli M. Escarré), que también fue víctima de la represión. En el caso de Cataluña, la moderación influyó decisivamente en la extensión de su influencia entre sectores de la burguesía que, junto a los partidos tradicionales de la izquierda, fueron capaces de crear organismos unitarios de la oposición con una importante implantación social. De hecho la Asamblea de Cataluña llegó a representar a una significativa parte de la población de dicha región y estar presente prácticamente en todas las localidades y en todos los movimientos de carácter cívico, cultural, político, etcétera, existentes en ese momento. Distinto fue el caso vasco, ya que el PNV vivió alejado de la realidad y demasiado ligado al pasado republicano, lo que propició la aparición de un vacío en la sociedad que sería cubierto por opciones nacionalistas radicales. El fenómeno de mayor repercusión es sin duda la aparición de ETA (Euskadi ta Askatasuna). El terrorismo aparece ligado generalmente a algún conflicto de interés existente en el seno de una sociedad. En el caso de ETA es el acoso a la minoría nacional lo que determina su aparición, y liga su existencia a la lucha por la liberalización nacional. Favoreció la aparición de dicho fenómeno el carácter autoritario del régimen. El objetivo de los miembros de dicha organización era abandonar la inactividad y diferenciarse así del nacionalismo moderado, apostando por la intransigencia, lo que les conducía a situar en primer lugar la necesidad de la independencia y a concebir el País Vasco como una nación ocupada por España y Francia. En 1968 comienza una dramática escalada de atentados. La respuesta desde el régimen franquista careció de cualquier restricción legal y se dirigió contra el nacionalismo vasco en su conjunto, lo que provocó el efecto contrario al deseado por las autoridades. De hecho, tanto el Régimen como el Estado fueron perdiendo legitimidad, mientras que ETA iba consiguiendo, amplios apoyos en la sociedad vasca. El proceso de Burgos (1970), en un momento de debilidad de la organización terrorista, otorgó publicidad y apoyo a ETA, que consiguió recuperarse e incorporar nuevos militantes, preferentemente de las zonas del País Vasco que estaban soportando una mayor transformación de sus estructuras tradicionales, debido a la intensa industrialización, y que por tanto, se encontraban más expuestas a la ruptura que la modernización implicaba en sus formas de vida. Los planteamientos nacionalistas estuvieron siempre por encima de la concepción marxista de la lucha armada, lo que dio lugar a diversas escisiones (Komunistok, 1966; VI Asamblea...) y a la ruptura de la organización en 1974 entre los polis-milis y los militares, en función del papel que asignaba cada uno a la lucha armada y al frente político. El atentado más espectacular por su eficacia e incidencia política fue el realizado contra el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. En estos años comenzaron a proliferar los secuestros, chantajes a empresarios vascos y atentados indiscriminados (cafetería Rolando, septiembre de 1974), mostrando así la dificultad que dicha organización iba a tener para adaptarse a los cambios democráticos y el pesado pasivo que supondría tanto dentro del campo del nacionalismo vasco, como para la normalización democrática en España. En todo caso, es obligado señalar que ETA contaba con apoyos sociales en el País Vasco. Por último, en los años finales de la vida de Franco aparecieron algunas muestras de discrepancia en sectores que hasta el momento habían sido firmes apoyo a su régimen. Tal es el caso de la Judicatura, con la creación de Justicia Democrática en 1972; o entre los propios abogados, algunos de los cuales se especializaron en temas laborales formando parte de una red de despachos que sostenían a los sindicatos ilegales; o, en general, en la profesión manifestándose a favor de cambios democráticos (Congresos de León, 1970). Dentro del propio Ejército se creó en diciembre de 1974 la Unión Militar Democrática (UMD) en una asamblea en la que, según el coronel Luis Otero, participaron entre ochenta o noventa oficiales. En la constitución de dicha organización supone una importante influencia el papel desempeñado por el Ejército portugués en la Revolución del 25 de abril. Los planteamientos de la UMD estaban en sintonía con los que representaban las opciones rupturistas. Su influencia fue más testimonial que real y su vida corta, ya que el 29 de julio de 1975 fueron detenidos sus principales dirigentes.


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