La democracia sindical

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Datos principales

Inicio 
1957DC
Fin 
1969DC
Rango 
1957DC to 1969DC
Periodo 
Final franquismo
Lugar 

Desarrollo

Tras el Plan de Liberalización y Estabilización Económica de 1959, José Solís intentó intervenir en el control de las consecuencias sociales de la nueva política económica. De este modo, se entrevistó en varias ocasiones con el ministro Navarro Rubio trasladándole las inquietudes del sindicalismo del Movimiento. En todo caso, Solís deseaba no quedar marginado de la nueva era del desarrollismo, como quedó demostrado con una de las dos ponencias del primer Congreso Sindical de 1961, encargadas a Velarde Fuenres y Fuentes Quintana, sobre el desarrollo económico. Todavía en 1962 Solís intentó sin éxito que la Comisaría del Plan de Desarrollo dependiese de la Organización Sindical. Durante 1960 Solís ordenó una modificación importante del reglamento de elecciones sindicales mediante el cual se ampliaba la representatividad de los cargos sindicales. Toda la línea representativa elegida indirectamente desde los enlaces sindicales. Además, otra orden en diciembre de 1960 amplió la afectación de los jurados a las empresas con más de cien trabajadores, lo que suponía la práctica generalización de esta institución largamente demorada pese al decreto de 1947 y al reglamento de 1953. En este mismo año, en el mes de mayo, el presidente del Banco Rural, procedente de la familia nacional-católica, Francisco Giménez Torres sustituía en la secretaria general de la Organización Sindical Española (OSE) a José M. Martínez y Sánchez-Arjona, promovido al Ministerio de la Vivienda tras la salida de Arrese. Por si fueran pocos estos cambios, en 1960 se ordenaba la Creación del Congreso Sindical mixto de trabajadores, empresarios y técnicos, frente a la práctica anterior de tres Congresos de Trabajadores, y se constituía un comité de relaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y nuevas agregadurías laborales dentro del Servicio de Relaciones Exteriores. La modificación del reglamento de elecciones sindicales de julio de 1960 produjo un incidente con las asociaciones de apostolado obrero de Acción Católica y un interesante intercambio epistolar entre el arzobispo primado Plá y Deniel y José Solís. La Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC) criticaron las limitaciones que para la verdadera representatividad tenía el nuevo reglamento electoral de los Sindicatos, lo que fue acogido con indignación por las jerarquías del Movimiento. El primado salió en defensa de las asociaciones obreras de Acción Católica, en momentos de claro crecimiento de su influencia, aunque reconociendo que ni la obligatoriedad ni el carácter mixto de la OSE contradecían la doctrina social de la Iglesia. Según el arzobispo de Toledo, las relaciones entre las asociaciones obreras católicas y el sindicalismo del régimen llevaban a una situación sumamente peligrosa y la jerarquía había dicho con claridad a las Hermandades Obreras que los asuntos sindicales los debían realizar dentro de la OSE. El primer Congreso Sindical tuvo una gran significación propagandística para la OSE, al contar con la presencia del generalísimo Franco y de una nutrida representación de observadores y periodistas extranjeros. La ponencia sobre representatividad sindical eludía términos como sindicato vertical y nacional-sindicalismo para insistir en la democracia social orgánica frente al presunto desastre histórico de la democracia liberal en España. Las conclusiones aludían vagamente al deseo de participación de la OSE en todos los aspectos de la vida nacional al tiempo que se debían separar los Sindicatos del Estado. En cualquier caso, lo importante fue que desde este Congreso quedaba planteado el propósito de Solís de reformar la Ley Sindical de 1940, aunque no el sentido de la reforma. La gestión de Giménez Torres en la secretaría general de la OSE fue efímera. Antes de cumplir el segundo aniversario en el puesto se produjo un enfrentamiento con Solís en torno a un proyecto de reforma sindical que el primero había elaborado junto a Pío Cabanillas, Antonio Chozas Bermúdez y Emilio Romero. En vísperas del II Congreso Sindical, el 15 de febrero de 1962, Giménez Torres presentó la dimisión regresando, no obstante, a las actividades financieras gubernamentales al ser nombrado subdirector del Banco de España. El efímero secretario general de la OSE había tenido la enemiga del sector duro o inmovilista del Consejo Nacional del Movimiento encabezado por Fernández Cuesta y González Vicén. La ponencia reformista trataba de separar los Sindicatos del Movimiento y del Estado, así como de proceder a un incremento de la representatividad hasta la presidencia de los sindicatos nacionales y a una cierta horizontalización dentro de una especie de Confederación que preservara el principio del sindicato único y obligatorio. Las huelgas del bienio 1962-1963 y la consiguiente campaña internacional antifranquista, supusieron que Solís encargara al nuevo secretario general de la OSE, Pedro Lamata Mejías, antiguo agregado laboral en Roma, el relanzamiento de la reforma sindical. La secretaría general de la OSE elaboró durante 1963 varios proyectos de reforma sindical, además de celebrar importantes contactos fuera de España con los sindicatos británicos y norteamericanos, organizar nuevas elecciones sindicales y capear los movimientos huelguísticos y la solidaridad internacional. Pedro Lamata Mejías abanderó, hasta su cese a finales de 1965, una nueva modulación ideológica de los sindicatos del Movimiento, conocida como sindicalismo de participación. La modernidad de la Organización Sindical frente al obsoleto sindicalismo de clase occidental del comienzo de la era industrial vendría dada por los cambios tecnológicos y la evolución reciente del capitalismo, que hacían que el ideal de la socialización de los medios de producción quedase superada por la realidad, reducida a mera opción técnica. El punto neurálgico del proyecto Lamata era la configuración de la cabeza de la OSE reservada, claro está, a José Solís. El secretario general propugnaba una separación respecto al Movimiento y al Estado sin abandonar el modelo de sindicato único obligatorio que participaba en las instituciones e influía en la política socioeconómica. La cuestión más peliaguda, una vez aceptada la separación formal respecto al Movimiento, era optar por que el presidente de la OSE fuera elegido por el Congreso Sindical o, como alternativa, por el jefe nacional del Movimiento y generalísimo Franco con carácter de ministro sin cartera. Con esta segunda opción, recomendada por Lamata en los sucesivos proyectos de julio y noviembre de 1963, se conseguiría posición de López Rodó como comisario del Plan de Desarrollo dentro de las comisiones delegadas del Gobierno antes de su ascenso ministerial tras la crisis de 1965. A partir de la constitución de los Consejos Nacionales de Trabajadores y de Empresarios en 1965, la Organización Sindical alcanzó plena autonomía presupuestaria y de personal respecto a la Secretaría General del Movimiento, si bien Solís continuó desempeñando la cabecera de ambas instituciones franquistas hasta la crisis de octubre de 1969. Aunque, en un principio, Solís pareció inclinar sus preferencias por la Delegación Nacional de Sindicatos y la Presidencia del Congreso de la OSE, dentro de la perspectiva de una futura separación de estos organismos respecto al Movimiento, pronto el agravamiento de las diferencias internas en el seno del Consejo de Ministros le llevaron a no descuidar el tema del partido único. En efecto, la Ley Orgánica del Estado había definido al Movimiento como comunión más que como organización política. Sin embargo, en la primavera de 1967 Solís impuso una Ley Orgánica del Movimiento que suponía un retorno a esquemas anteriores, reforzando la condición organizativa de dicha institución. Tras el ascenso del almirante Carrero a la Vicepresidencia del Gobierno, un contrariado Solís manifestó a López Rodó su proyecto para que se creara una nueva Vicepresidencia que englobara a los ministerios de Interior y del Movimiento, y de la que dependiera un nuevo Ministerio de Asuntos Sindicales. El nuevo presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CN de T), José Lafont Oliveras, falangista y responsable de los verticalistas bancarios, permaneció en el cargo apenas dos años. Su línea de defensa de un sindicalismo reivindicativo frente al mero sindicalismo de gestión o de participación de la etapa anterior de Lamata Mejías, junto a la retórica anticapitalista, la feroz crítica de los efectos sociales negativos de los Planes de Desarrollo y los contactos que mantuvo con la CNT colaboracionista y las Comisiones Obreras, provocaron los recelos de ultras y tecnócratas. Solís, dentro de su habitual ambigüedad calculada, decidió sustituirle tras la culminación de los comicios sindicales de 1966. Hay que tener en cuenta que los presidentes de los Consejos Nacionales fueron los principales cargos de carácter representativo en el seno del Vertical. Ejercían de vicepresidentes del Congreso Sindical, y como tales integraban el nuevo comité ejecutivo de la OSE creado en junio de 1967 y podían presidir las delegaciones de trabajadores y empresarios en las Conferencias de la OIT. Con el tiempo, el Consejo también desempeñó una limitada función reivindicativa, oponiéndose a decisiones del gobierno como la congelación de la negociación colectiva de 1968 e intentando condicionar los planes de desarrollo. El celo reivindicativo del Consejo Nacional de Trabajadores hizo que el vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, propusiera a Franco en julio de 1968, la sustitución de la Ley de Convenios Colectivos de 1958 por una nueva Ley de Régimen Salarial, aunque también estimaba la dificultad del cambio debido al enfrentamiento entre Solís y el ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, quien parecía querer convertir a los Sindicatos del Movimiento en un nuevo Instituto Nacional de Previsión. En todo caso, el almirante consideraba inadmisible la pretensión de Sindicatos de dirigir la política económica y la actitud de oposición semipermanente de la prensa del Movimiento. Durante el verano de 1966, al calor de la preparación de las elecciones sindicales, José Solís anunció la necesidad de una nueva Ley Sindical. Por un lado, los verticalistas pretendían revisar la vieja ley de 1940, incorporando las novedades de 25 años de desarrollo sindical. Pero la significación de esta reforma, que polarizaría las tensiones internas de la clase política franquista y los debates de los medios de comunicación durante los siguientes cinco años, estaba en el deseo de Solís de asegurarse una esfera de poder, independiente no sólo del Movimiento sino del Gobierno, con vistas a la previsiblemente próxima sucesión de Franco. El siguiente paso importante fue la modificación del Fuero del Trabajo por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Aunque los cambios de la declaración XIII del Fuero no implicaban necesariamente la necesidad de una nueva Ley sindical, ésta fue reivindicada por la línea política de la OSE. En efecto, del Fuero del Trabajo desaparecían nociones como Organización Nacional Sindicalista del Estado o sindicato vertical, bajo la jerarquía de dirigentes del FET y de las JONS, para ser sustituidas por las de asociaciones representativas de trabajadores y de empresarios en el seno de la organización sindical. Finalizado el proceso de los comicios sindicales, la comisión permanente del Congreso Sindical acordó realizar una consulta-informe entre los representantes y dirigentes de la OSE, especialmente a través de los consejos provinciales de trabajadores y de empresarios. Las dieciséis preguntas abarcaban aspectos como las relaciones del sindicalismo con el Estado y el Movimiento, las garantías de los representantes de trabajadores o la vinculación con el mutualismo laboral. Esta consulta-informe, desarrollada durante los meses de abril y mayo de 1967, tuvo un notable impacto político y fue seguida con extraordinaria atención por los medios de comunicación. En marzo de 1968, una vez examinado por el comité ejecutivo del Congreso Sindical, el documento fue dictaminado por el Consejo Nacional de Trabajadores. El dilatado y masivo proceso de elaboración de la consulta-informe contribuyó a crear el clima enrarecido que se produjo durante la fase prelegislativa de la Ley Sindical. Para entonces, las tensiones dentro del Gobierno eran cada vez más enconadas. El sector tecnócrata, liderado por López Rodó, se oponía incluso a que el proceso de reforma fuese refrendado por el IV Congreso Sindical previsto para los días 19 a 22 de mayo de 1968. Este congreso, cuatro años después del último ordinario de 1964, tuvo un carácter extraordinario y monográfico respecto a la reforma sindical. Los debates más intensos se centraron en los puntos relativos a la naturaleza de las asociaciones sindicales de trabajadores, a las funciones sindicales con ocasión de los conflictos colectivos y, sobre todo, al alcance de la representatividad y el procedimiento de designación del futuro presidente de la OSE. Una fracción de delegados temía que la institucionalización de las asociaciones de trabajadores fuera la puerta que sustituyera la sagrada unidad por el pluralismo sindical. Por ello, esta corriente defendió con dureza la pervivencia de las Secciones Sociales y Económicas, y la unidad de la representación de trabajadores y técnicos. El encono de los debates fue cortado por Solis con el expediente de retirar la palabra al propio ponente del Congreso. Mas el duro enfrentamiento fue reconducido en las conclusiones del Congreso hacia una posición legalizadora de los cambios de hecho de la Organización Sindical durante las últimas décadas. En efecto, los criterios aprobados bajo el famoso Espíritu de Tarragona trataron de conseguir la extensión de la representatividad y del carácter reivindicativo de los sindicatos franquistas. Pero lo más peliagudo fue la fórmula para la designación de la cabeza de la Organización. El Congreso optó por la alternativa de elección de una terna que habría de presentarse a Franco. De esta manera se pretendía conjugar la representatividad con la dependencia respecto al Gobierno y la pertenencia al Estado. Sin embargo, esta fórmula fue lo que habría de provocar mayores rechazos entre el resto de la clase política franquista. Solís podría convertirse en una especie de ministro inamovible, con un poderosísimo grupo de presión incardinado dentro de la Administración con el que el Gobierno necesariamente tendría que contar.


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