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La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales (art. 123 de la Constitución), con jurisdicción en todo el territorio nacional, fue una novedad introducida por la Segunda República. Su composición era muy compleja, ya que incluía a un presidente elegido por las Cortes, a dos miembros del Congreso de los Diputados, a los presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, a un representante de cada una de las regiones, a dos miembros de los Colegios de Abogados y a otros cuatro vocales por las Facultades de Derecho. El funcionamiento del Tribunal de Garantías fue regulado por Ley Orgánica de 14 de julio de 1933. Sus competencias se extendían al recurso de inconstitucionalidad de las leyes -aunque se rechazó la posibilidad de la acción popular en este supuesto, propuesta por el diputado Balbontín durante el debate constitucional- el recurso de amparo de las garantías individuales, en última instancia; los conflictos de competencias entre la Administración central y las autonomías; el control del proceso de elección del presidente de la República; la apreciación de responsabilidad criminal del jefe del Estado y de los miembros del Gobierno, así como la de los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República. La actuación del Tribunal de Garantías, que presidía Álvaro de Albornoz, confirió credibilidad a la aplicación de la Constitución, pero en su momento fue objeto de muchas críticas, comenzando por la del propio presidente de la República. La designación de sus miembros, políticos o juristas significados, implicaba ya una fuerte politización, como demostró por ejemplo la elección de representantes de los Colegios de Abogados, donde triunfó la candidatura antigubernamental, que incluía al el ex ministro Calvo Sotelo, en la confianza de que ello le permitiría volver del exilio. Por otra parte, sus resoluciones, en general basadas en análisis muy ponderados de la legislación constitucional, fueron objeto de apasionadas lecturas políticas que, como sucedió con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo promulgada por la Generalidad catalana en 1934, pusieron a veces en entredicho la independencia e imparcialidad del Tribunal. El simple hecho de que éste sirviera de última garantía a una Constitución que la derecha tachaba de sectaria se prestaba a que las fuerzas conservadoras recelasen del Tribunal o utilizasen sus sentencias para descalificar el impulso democratizador del régimen. Respecto a las previsiones de reforma de la Constitución, sus autores establecieron tal cantidad de cautelas que la hicieron, en la práctica, imposible. De acuerdo con el artículo 125, la Constitución podía ser revisada total o parcialmente a propuesta del Gobierno o de la cuarta parte de los diputados, lo que excluía en cualquier caso la iniciativa popular. Para que la medida prosperase se requerían dos tercios de los votos del Congreso durante los cuatro primeros años de vigencia del Código y luego la mayoría absoluta. Pero entonces era necesario disolver las Cortes y convocar elecciones, y sólo la nueva Cámara, en funciones de Cortes Constituyentes, podría acometer la reforma. Este sistema constituía un obstáculo insalvable, sobre todo durante el cuatrienio siguiente a la aprobación de la Constitución, es decir, hasta finales de 1935. Dada la complejidad e inestabilidad de las coaliciones que propiciaba el sistema electoral, era muy difícil que una mayoría parlamentaria en bloque se arriesgase a enfrentar unos comicios adelantados para impulsar una reforma constitucional que sólo sería viable si se repetía su predominio en el nuevo Congreso. Se daba el caso, además, de que dentro de un mismo bloque parlamentario solían existir opiniones dispares sobre temas concretos. Así, durante el segundo bienio, radicales y cedistas, que habían ganado las elecciones con una promesa de revisión, trataron de ponerse de acuerdo sobre la reforma del articulado religioso, sobre la introducción del Senado, sobre la limitación del régimen autonómico o de la socialización de la propiedad. Pero no fue posible el consenso y el proyecto, el único intento serio de reforma constitucional a lo largo del quinquenio, no pasó de la Comisión parlamentaría.

Nacido en el País Vasco, acompaña a Colón en su segundo viaje, participando en la conquista de La Española. Diego Colón le hace gobernador de Jamaica en sustitución de Juan de Esquivel, con el encargo de organizar la explotación económica de la isla, evangelizar a la población indígena y hacer de ella base para futuras expediciones. Así, mandó en 1519 a Alonso de Zorita buscar un estrecho en la Florida que sirviese de paso hacia el Panuco. Dos años más tarde consigue una capitulación para conquistar el litoral mexicano desde Pensacola hasta Cabo Rojo, lo que le otorga el cargo de Adelantado y gobernador de los territorios. Tras acabar en fracaso, se traslada a México, donde fallece poco después.

Viajó a Asunción en 1568, donde desempeñó el cargo de Alguacil Mayor. Con el objetivo de encontrar una salida al mar por el estuario del Plata, fundó la ciudad de Santa Fe a orillas del Paraná, en 1573. Fue nombrado Teniente Gobernador y Capitán General de las provincias del Plata por el Adelantado Ortiz de Zárate. Posteriormente, recibió el encargo del oidor Juan Torres de fundar nuevamente Buenos Aires, que ya quedará constituida en su lugar definitivo, en 1580. Falleció en 1583 durante un enfrentamiento con los indios.

Educado en el seno de una familia militar, ingresó en el ejército a las órdenes de Carlos IV. Fue ascendiendo en el escalafón militar hasta ser intendente del ejército en el momento en que se produjo la entrada de las tropas galas en España. Cuando los franceses invadieron España, intervinieron sus propiedades. Paralelamente había iniciado una activa participación en la vida política. Fue miembro de la Junta Central y secretario de la misma. También estuvo como interino en el Ministerio de Estado. Su actuación en estos días fue suficiente para comprobar su autoritarismo. En 1809 sería sustituido por Francisco Saavedra. Apoyó la idea de que la junta detentara por un lado el poder ejecutivo y por otro el legislativo. En este tiempo adoptó importantes medidas. Cuando dejó la Junta Central se instaló en Cádiz, donde fue nombrado consejero de Estado. Sin embargo, perdería todos sus honores. En 1815 le eligieron director de la Sociedad Económica de Zaragoza. Fernando VII reestableció en esta época todos sus honores como consejero de Estado. De nuevo activo en la vida política, en 1816 se hizo cargo de la cartera de Hacienda. Le otorgaron la gran Cruz de Carlos III y presidió la Compañía de Filipinas, entre otros organismos. Para hacer frente a la deuda pública editó una "Memoria sobre el sistema del Crédito público", donde planteaba la desamortización como solución. El monarca se mostró en contra y Garay acabó dimitiendo. Tras una temporada en el exilio, regresó como presidente de la Sociedad Económica Aragonesa.

Dentro del judaísmo moderno es la tendencia más conservadora y designa las formas más tradicionalistas. A esta práctica también se le aplica el adjetivo de ultraortodoxa.

Como muchos otros franciscanos Fray Francisco Garcés se trasladó a América para evangelizar a los indios. Su primera misión fue en San Javier de Bac, en territorio de Arizona y desde allí realizó un buen número de viajes: la Apachería (1769) o los desiertos de Yuma y California (1771). En uno de estos viajes acompañó a Juan Bautista Anza hacia la región de Monterrey y en una segunda expedición fundaron San Francisco. En el viaje a la región de los yumas realizó un diario que se ha convertido en imprescindible documento para el conocimiento del oeste norteamericano. Precisamente la rebelión de los yumas del año 1781 acabó con la vida del misionero.

En 1528 llegó a México este fraile dominico, dedicándose desde el primer momento a tareas evangelizadoras en las que demostró su encendida defensa de la libertad de los indígenas, criticando a los españoles por su afán de destrucción. Incluso llegó a escribir al papa para hacerle partícipe de sus ideas sobre los indios, considerándoles dispuestos al aprendizaje evangélico, inteligentes y dóciles a la vez que incidía en su crítica contra los españoles. Precisamente por la defensa de esta doctrina mantuvo un fuerte enfrentamiento con su cabildo eclesiástico. Fue el primer obispo de Tlaxca-Puebla, falleciendo en 1542.

Apenas conocemos datos de esta arquitecto activo en el siglo XIX, autor de la reforma del Ayuntamiento de Cádiz empleando un estilo clasicista propio de la época.

Nacido en Portugal, formó parte de la expedición de Díaz de Solís al Río de la Plata (1516). Se le considera el descubridor del Paraguay, pues en 1524 emprendió una travesía junto con cuatro exploradores y 2000 indios guaraníes que cruzó la provincia de Santa Catalina, el Paraguay y el Chaco, arribando hasta las estribaciones de las sierras peruanas. Durante el viaje de vuelta fue atacado por los indios guaycurúes, falleciendo en el territorio del cacique Guacaní en 1525.